DOF: 20/01/2009
ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen medidas y compromisos de partidos y el propio Instituto, para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia, durante el resto del Proceso Electoral Feder

ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen medidas y compromisos de partidos y el propio Instituto, para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia, durante el resto del Proceso Electoral Federal 2008-2009.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG959/2008.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS Y COMPROMISOS DE PARTIDOS Y EL PROPIO INSTITUTO, PARA PROPICIAR CONDICIONES DE SEGURIDAD, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA, DURANTE EL RESTO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009
ANTECEDENTES
I.     En sesión extraordinaria del Consejo General de fecha 27 de enero de 1994, el Consejo General conoció el "Pacto para la paz, la democracia y la justicia" suscrito por 8 partidos políticos nacionales y sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República.
II.     En la sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el pasado 29 de septiembre de 2008, el Partido Socialdemócrata propuso la celebración de un convenio de colaboración entre el Instituto Federal Electoral y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), cuyo objeto consistiría en que las personas postuladas y registradas por el referido instituto político en el proceso federal electoral 2008-2009, fueran sometidas a revisión para determinar, en su caso, la existencia algún vínculo con el crimen organizado.
III.    Mediante escrito presentado el 2 de octubre de 2008, el Presidente Nacional del Partido Acción Nacional formuló diversas propuestas encaminadas a blindar el Proceso Electoral 2008-2009 de cualquier manifestación del crimen organizado. En dicho documento se señaló expresamente que la intención era "suscribir y apoyar las iniciativas del Instituto que busquen blindar al proceso electoral de cualquier manifestación del crimen organizado", sugiriendo la construcción de un acuerdo cuyo objeto fuera "erradicar el riesgo de la influencia del delito en las próximas elecciones, federales y locales"; para lo cual manifestó la disposición de firmar y aceptar diez compromisos específicos y evaluables que adjuntó a su escrito.
IV.   Derivado de lo anterior, se presentaron y, en su caso, generaron diversos documentos, propuestas, estudios, opiniones, etcétera, mismos que se relacionan a continuación:
1.   Documento presentado por el Partido Convergencia el 13 de octubre.
2.   Primer borrador del documento a suscribir con los partidos políticos 8 de octubre.
3.   Opinión legal elaborada con fecha 9 de octubre por la Dirección Jurídica respecto de la propuesta formulada por el Partido Acción Nacional.
4.   Comentarios al escrito del Partido Acción Nacional, elaborados por la Consejera Electoral Dra. María Macarita Elizondo Gasperín, de fecha 13 de octubre.
5.   Documento presentado por el Partido de la Revolución Democrática el 17 de octubre.
6.   Cuadro comparativo de las propuestas de los partidos políticos para impedir la influencia de factores ilícitos en el proceso electoral federal 2008-2009.
7.   Opinión legal elaborada por la Dirección Jurídica de fecha 22 de octubre, respecto de la propuesta formulada por el Partido Socialdemócrata.
8.   Documento presentado el 27 de octubre por el Partido Verde Ecologista de México, en relación a los 10 puntos propuestos por el Partido Acción Nacional.
9.   Opinión legal elaborada por la Dirección Jurídica, de fecha 31 de octubre, respecto al documento presentado por el Partido de la Revolución Democrática.
10.  Segundo borrador del documento a suscribir con los partidos políticos denominado "Acuerdo por la legalidad y contra la ingerencia del ilícito en el proceso electoral 2008-2009".
 
11.  Propuesta presentada el 29 de octubre por la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, presidida por el C. Marcos Fastlicht, a fin de realizar un foro conjunto denominado "Foro sobre el Blindaje Electoral".
12.  Opinión Legal elaborada por la Dirección Jurídica del 4 de noviembre, respeto del documento presentado por el Partido Verde Ecologista de México, en relación con las propuestas formuladas para blindar el proceso electoral federal.
13.  Comentarios de la Consejera Electoral Dra. María Macarita Elizondo Gasperín, respecto de la propuesta de "Acuerdo por la legalidad y contra la ingerencia del ilícito en el proceso electoral 2008-2009".
14.  Propuesta de redacción alterna al documento denominado "Declaración de los Partidos contra la ingerencia del crimen organizado en las campañas electorales" (tercer borrador), presentada por el Partido de la Revolución Democrática.
15.  Comentarios elaborados por el Partido Convergencia respecto al "Acuerdo por la legalidad y contra la ingerencia del ilícito en el proceso electoral 2008-2009", de fecha 19 de noviembre.
16.  Observaciones al proyecto de "Acuerdo por la legalidad y contra la ingerencia del ilícito en el proceso electoral 2008-2009" presentadas por el Partido Revolucionario Institucional el 27 de noviembre.
17.  Proyecto de acuerdo presentado el 28 de noviembre por el Consejero Electoral, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen medidas y compromisos de partidos políticos y el propio Instituto para garantizar las condiciones de seguridad, legalidad y transparencia durante el resto del proceso electoral federal 2009".
18.  Cuarto borrador del documento denominado "Declaración de los Partidos contra la ingerencia del ilícito en el proceso electoral 2008-2009", de fecha 1 de diciembre, en cuya redacción fueron integradas las propuestas del Partido Revolucionario Institucional.
19.  Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se establecen reglas para fortalecer la legalidad, la transparencia y la fiscalización de los recursos de los partidos y coaliciones durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009, presentado por el Partido Acción Nacional el 22 de diciembre.
CONSIDERANDO
1.     Que de conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley y en las respectivas competencias que la propia Constitución señala.
2.     Que el artículo 41, base V, párrafo primero de la Norma Suprema dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
3.     Que atento a lo dispuesto por el articulo 89, fracción VI del mismo ordenamiento, las facultades y obligaciones del Presidente son preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejercito, de la armada y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
4.     Que el artículo 90 de la Constitución Federal establece que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
 
5.     Que de conformidad con el artículo 1, párrafo 2, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicho ordenamiento reglamenta las normas constitucionales relativas a la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
6.     Que según lo dispuesto por el artículo 2, párrafo 1 de la norma electoral, para el desempeño de sus funciones, las autoridades electorales contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales. Asimismo, el párrafo 4 del dispositivo señalado, menciona que el Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en el código de la materia.
7.     Que el artículo 3, párrafo 2 de la ley en cita establece que la interpretación del código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.
8.     Que el artículo 5, párrafo 1 del código referido establece que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y afiliarse a ellos individual y libremente.
9.     Que el artículo 23 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos ajustarán su conducta al código de la materia, por lo que el Instituto Federal Electoral vigilará que las actividades de los partidos se desarrollen con apego a la ley.
10.   Que el artículo 38, párrafo 1, incisos a) y b) del código comicial federal establece que son obligaciones de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; así como abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;
11.   Que de conformidad con el artículo 38, párrafo 1, inciso p) del código electoral federal, son obligaciones de los partidos políticos nacionales, la de abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.
12.   Que el artículo 42, párrafo 2, incisos c) y j) del ordenamiento anterior menciona que se considerará información pública de los partidos políticos los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; así como los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada uno. Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimientos de fiscalización correspondientes. Los partidos podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes de que concluyan los procedimientos referidos, sin que ello tenga efectos en los mismos
13.   Que el artículo 43 de la ley de la materia dispone que los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública, proporcionándola al Instituto con la periodicidad y en los formatos y medios electrónicos que aquél determine en acuerdos de carácter general.
14.   Que el artículo 44 de la norma mencionada establece que no será pública la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos; la correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Asimismo, refiere que será considerada confidencial la información que contenga los datos personales de los afiliados,
dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en los directorios establecidos en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado. Finalmente, dispone que se considerará reservada la información relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que los partidos políticos sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada.
15.   Que de conformidad con el artículo 45 del código electoral, el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos será sancionado en los términos que dispone el código electoral.
16.   Que el artículo 79, párrafo 3 del código comicial federal, establece que en el desempeño de sus facultades y atribuciones la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes. Las autoridades competentes están obligadas a atender y resolver, en un plazo máximo de treinta días hábiles, los requerimientos de información que en esas materias les presente la citada Unidad.
17.   Que de conformidad con el artículo 81, párrafo 1, incisos a), c), g), h), i) y s) de la norma referida, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:
·  Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento de la materia, y los demás acuerdos, para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido en la norma aplicable.
·  Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en el código.
·  Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos.
·  Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes.
·  Presentar al Consejo General los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. Los informes especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.
·  Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos, la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido.
18.   Que de conformidad con el artículo 81, párrafo 1, incisos p) y q) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos tiene como facultades la de celebrar convenios de coordinación con las autoridades competentes en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos en las entidades federativas, con la aprobación del Consejo General; y prestar y recibir apoyos establecidos en los convenios señalados.
19.   Que según lo establecido por el artículo 85, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en casos de excepción y previo acuerdo del Consejo General, la Unidad podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo 84. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral.
20.   Que el artículo 86 del código comicial federal establece que el personal de la Unidad de Fiscalización está obligado a guardar reserva sobre el curso de las revisiones y auditorías en las que tenga participación o sobre las que disponga de información. La Contraloría General del Instituto conocerá de las violaciones a esta norma y en su caso impondrá las sanciones que correspondan conforme al
código. Asimismo, dispone que el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo recibirán del director general de la Unidad informes periódicos respecto del avance en las revisiones y auditorías que la misma realice.
21.   Que de conformidad con el artículo 105, párrafo 1, incisos d) y e) del código comicial federal, son fines del Instituto asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
22.   Que el artículo 106, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
23.   Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del código comicial federal, los órganos centrales del Instituto Federal Electoral son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva, la Secretaria Ejecutiva y la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.
24.   Que el artículo 109 del mismo código, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
25.   Que el artículo 118, párrafo 1, incisos a) y z) del código electoral establece que el Consejo General tiene como atribuciones la de aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto; así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en el código referido.
26.   Que el artículo 119, párrafo 1, incisos a), b) y d) del código comicial federal señala que corresponden al presidente del Consejo General garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto Federal Electoral; establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto; y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo.
27.   Que el artículo 120, párrafo 1, incisos a) y b) del código electoral federal, establece que corresponde al secretario del Consejo General auxiliar al propio Consejo y a su presidente en el ejercicio de sus atribuciones; así como informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo.
28.   Que el artículo 125, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que el Secretario Ejecutivo representa legalmente al Instituto.
29.   Que de conformidad con el artículo 230, párrafo 3 del código electoral, el presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter. Las medidas que adopte la autoridad competente serán informadas al consejero presidente.
30.   Que de conformidad artículo 286, párrafo 1 de la norma aplicable, para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de seguridad pública de la Federación, de los estados y de los municipios o, en su caso, las fuerzas armadas, deben prestar el auxilio que les requieran los órganos del Instituto Federal Electoral y los presidentes de las mesas directivas de casilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a las disposiciones del código.
31.   Que los artículos 1, numeral 1.8; 3, numeral 3.9; 4, numeral 4.9; y 6, numeral 6.4 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, establecen reglas claras y precisas sobre el origen de los recursos de los partidos políticos, en específico sobre aportaciones o donativos en efectivo, aportaciones de militantes, aportaciones de simpatizantes, y a través de la modalidad del autofinanciamiento.
 
32.   Que los artículos 15, numerales 15.2; 15.3, inciso b); 15.4; y 15.5 del citado Reglamento, establece reglas y requisitos fiscales a través de los cuales los partidos políticos deberán realizar sus erogaciones por concepto de servicios personales.
33.   Que en vista del interés común respecto del riesgo de que existan recursos de procedencia ilícita durante las campañas electorales, resulta necesario establecer medidas y compromisos por parte de partidos políticos y el propio Instituto para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia durante el resto del proceso electoral 2008-2009.
34.   Que en congruencia con el principio de certeza, resulta necesario conformar un grupo de trabajo con el objeto de proponer al Consejo General, las reformas necesarias en materia de fiscalización
De conformidad con los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo; 41, base V, párrafo primero; 89, fracción VI; y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 2, inciso c); 2, párrafos 1 y 4; 3, párrafo 2; 5, párrafo 1; 23; 38, párrafo 1, incisos a), b) y p); 42, párrafo 2, incisos c) y j); 43; 44; 45; 79, párrafo 3; 81, párrafo 1, incisos a), c), g), h), i), s), p) y q); 85, párrafo 1; 105, párrafo 1, incisos d) y e); 106, numeral 1; 108; 109; 118, párrafo 1, incisos a) y z); 119, párrafo 1, incisos a), b) y d); 120, párrafo 1, incisos a) y b); 125, numeral 1, inciso a); 230, párrafo 3; 286, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, numeral 1.8; 3, numeral 3.9; 4, numeral 4.9; 6, numeral 6.4; y 15, numerales 15.2; 15.3, inciso b); 15.4; y 15.5 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales; se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- El presente acuerdo establece medidas y compromisos por parte de partidos políticos y el propio Instituto para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia durante el resto del proceso electoral federal 2008-2009.
SEGUNDO.- Para coadyuvar a cumplir con el objeto del presente Acuerdo, los partidos políticos asumen los compromisos siguientes:
I.     Tomar las medidas pertinentes, tanto internas como de carácter informativo, para garantizar que todos sus precandidatos y candidatos cuenten con una trayectoria honorable y transparente en el ámbito profesional y personal, sin nexos con actividades ilícitas, así como las que procedan conforme a sus normas internas para que los propios precandidatos y candidatos den a conocer su declaración patrimonial en el seno de sus propios partidos.
II.     Redoblar las medidas internas para fiscalizar debidamente las fuentes de ingreso y destino del gasto llevados a cabo por todos sus precandidatos, candidatos y estructuras a nivel nacional, local, distrital o municipal. Según sea el caso, los partidos políticos vigilarán escrupulosamente la identidad de los aportantes en dinero y de los propietarios de los bienes recibidos en especie; el origen y flujo del dinero en efectivo legalmente permitido; y el listado de proveedores que vayan siendo contratados durante el proceso electoral. Asimismo, los partidos procurarán políticas de financiamiento y gasto tendientes a disminuir el uso del dinero en efectivo.
III.    Maximizar el principio de publicidad y transparencia hacia la sociedad respecto de la información sobre sus precandidatos y candidatos, así como de las operaciones financieras que vayan realizando durante el transcurso de las precampañas y campañas.
IV.   Entregar al Instituto un listado de personas políticamente expuestas lo más extenso posible, que procure abarcar los nombres de todos los integrantes de sus comités ejecutivos o equivalentes de todos sus ámbitos territoriales; de los del resto de sus órganos directivos; de quienes integren al órgano responsable de sus finanzas; de sus miembros actuales en todos los cargos de elección popular, así como de sus precandidatos y candidatos.
V.    Comunicar al Instituto y, en su caso, denunciar ante las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia a nivel federal o local -por los mecanismos pertinentes y que consideren más seguros y confiables-, cualquier anomalía, amenaza o situación que constituya indicio de injerencia
ilícita o que ponga en riesgo las condiciones de legalidad y seguridad de los procesos electorales, o de cualquier precandidato, candidato, militante, simpatizante o autoridad electoral, a fin de que dichas autoridades tomen las medidas pertinentes.
VI.   Solicitar a las autoridades competentes, con aviso simultáneo al Instituto, que se les brinden las medidas de seguridad que consideren pertinentes para garantizar la protección e integridad de sus oficinas; actividades partidarias, de precampaña y de campaña; así como de sus dirigentes, precandidatos y candidatos.
VII.   Establecer estrategias de propaganda y comunicación con sentido de responsabilidad, a fin de evitar señalamientos públicos sin sustento que impliquen calumnia respecto a involucramientos y participación de partidos, militantes, precandidatos o candidatos en presuntas actividades ilícitas.
TERCERO.- Para coadyuvar a cumplir con el objeto del presente Acuerdo, el Instituto Federal Electoral asume los compromisos siguientes:
I.     Colaborar con los partidos políticos con orientación y, en su caso, capacitación y diseño de instrumentos, a fin de que cuenten con todos los elementos formales y técnicos que les permitan cumplir óptimamente con los compromisos de transparencia y fiscalización por ellos asumidos.
II.     De conformidad con la legislación electoral vigente reforzar, con acuerdos, lineamientos, normas y reformas a reglamentos en materia de fiscalización, las medidas que permitan prevenir y vigilar rigurosamente las fuentes de los recursos de los partidos políticos, de sus precandidatos y candidatos; el destino de sus gastos; y la verificación permanente de sus operaciones financieras.
III.    Acelerar los trabajos y las gestiones para firmar, en términos de la legislación electoral vigente, los convenios con las autoridades hacendarias y financieras que garanticen el óptimo y oportuno seguimiento mutuo de la información respecto de las personas políticamente expuestas, así como de la que requiera del rompimiento del secreto bancario, fiduciario o fiscal, según lo defina la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, para transparentar debidamente las operaciones de los partidos políticos, así como de sus precandidatos y candidatos.
IV.   Establecer los mecanismos para remitir oportunamente a las autoridades competentes del Gobierno Federal toda información ciudadana o de los partidos políticos vinculada con presunta injerencia ilícita en el proceso electoral.
V.    Solicitar por conducto del Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo a las instancias competentes del Gobierno Federal en materia de seguridad pública y de seguridad nacional, así como de los gobiernos locales y municipales, la colaboración, ayuda e información pertinente para detectar con oportunidad zonas y situaciones de riesgo, a fin de proteger y garantizar la integridad de las actividades del proceso electoral a nivel nacional, local y distrital, así como de los ciudadanos, en aspectos tales como los siguientes:
a)   El registro federal de electores y la expedición de credenciales para votar;
b)   Las actividades de precampaña y de campaña;
c)   La seguridad de precandidatos y candidatos;
d)   La operación de los sistemas en materia de radio y televisión;
e)   La capacitación de los ciudadanos como potenciales funcionaros de casilla;
f)    La transportación y resguardo de los materiales electorales;
g)   Las oficinas centrales, locales y distritales del Instituto, así como de sus oficinas municipales;
h)   La seguridad del personal, de los supervisores y capacitadores, así como de los funcionarios y consejeros del Instituto en todos sus niveles;
i)    La debida instalación de las mesas directivas de casilla;
j)    Las actividades de los observadores electorales y los visitantes extranjeros;
k)   El desarrollo pacífico de la jornada electoral, y del escrutinio y cómputo de las casillas;
 
l)    La transmisión de los resultados electorales preliminares;
m)  El traslado de los paquetes electorales y su resguardo; y
n)   Los cómputos distritales y las remisiones de los expedientes.
Entre las instancias a las que el Instituto les solicitará la información y colaboración, por su grado de corresponsabilidad en vigilar y garantizar la seguridad del proceso electoral, se encuentran las siguientes:
a)   Secretaría de Gobernación;
b)   Secretaría de Relaciones Exteriores;
c)   Secretaría de la Defensa Nacional;
d)   Secretaría de Marina;
e)   Secretaría de Seguridad Pública;
f)    Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
g)   Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
h)   Consejo Nacional de Seguridad Pública;
i)    Consejo de Seguridad Nacional;
j)    Procuraduría General de la República;
k)   Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales; y
l)    Gobiernos Locales y Municipales.
VI.   Informar en cada sesión ordinaria del Consejo General sobre los avances o firmas de los acuerdos y convenios que se lleven a cabo con las instancias mencionadas.
VII.   Conformar una instancia de trabajo con los integrantes del Consejo General, así como con los funcionarios del Instituto que correspondan, con el objeto de proponer al propio Consejo, a más tardar en sesión extraordinaria el 14 de enero de 2009, las reformas reglamentarias necesarias en la materia, conforme a lo señalado en el compromiso II del presente Acuerdo Tercero.
CUARTO.- Notifíquese el presente Acuerdo a los Poderes de la Unión, a los partidos políticos, a los Gobiernos Locales y Municipales, así como a los institutos electorales locales con elecciones concurrentes.
QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General del Instituto.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 22 de diciembre de dos mil ocho.- El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
 

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