alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 23/03/2009
PROGRAMA Nacional de Seguridad Pública 2008-2012

PROGRAMA Nacional de Seguridad Pública 2008-2012.

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2008-2012
CONTENIDO
Introducción
1. Marco de referencia
2. Objetivos del PND y metas de la Visión México 2030 a las que contribuye el PNSP 2008-2012
3. Estrategias, líneas de acción, indicadores y metas
4. Seguimiento, medición y evaluación de resultados
Notas
Introducción
Por años, la atención al problema de la criminalidad ha sido una de las más importantes preocupaciones de gobierno y sociedad. El modelo tradicional de actuación policial basado en políticas, estrategias y esquemas reactivos, no cumplió con las expectativas de mejorar las condiciones de seguridad en el país.
La percepción social de riesgo incrementó su presencia en la funcionalidad social y en la vida cotidiana. Esto ha implicado la modificación de hábitos y conductas colectivas e individuales, de las formas en que los ciudadanos se relacionan unos con otros, y también del tipo de vínculos que la sociedad establece con la autoridad.
Ante la inseguridad del entorno, la población ha optado por hábitos de autoprotección y prevención, tanto para sus personas, como para sus bienes.
El PNSP ha sido diseñado en congruencia con el PND, la Visión México 2030, el PSSP, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), y la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia (ENPDyCD). Establece las estrategias, objetivos, mecanismos de coordinación, líneas de acción e indicadores de medición que servirán de guía en la alineación de las capacidades y recursos del Estado mexicano para hacer más eficaz y optimizar el combate a la delincuencia.
Los objetivos, estrategias y líneas de acción que se plasman en este Programa privilegian:
·   La coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.
·   La participación de la sociedad en la prevención del delito, la evaluación de las acciones implementadas y la comunicación con las instancias encargadas de la seguridad pública.
·   El combate y sanción de la comisión de delitos mediante la modernización y mejora de los instrumentos empleados por las corporaciones en la operación policial.
·   La modernización de los recursos tecnológicos para la prevención del delito y el combate frontal a la delincuencia.
·   La generación de inteligencia policial a través de la integración y comunicación de información criminal.
·   La implementación en las corporaciones de los tres órdenes de gobierno del Servicio de Carrera Policial (SCP), procesos de evaluación del personal, esquemas de profesionalización y ascensos en la carrera policial.
·   El fortalecimiento del sistema penitenciario en su función de reinserción social.
Así, este Programa Nacional incentiva la concreción de un frente nacional por un México más seguro; un frente común por la seguridad, la legalidad y la prosperidad, fortaleciendo los esquemas de coordinación y trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, los poderes de la Unión y la sociedad.
1. Marco de referencia
Marco legal
El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
A su vez, el Artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tendrá a su cargo salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar la libertad, el orden y la paz públicos. El artículo 8 fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece la obligación de formular y ejecutar planes y programas.
La SSP, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), con fundamento en los artículos 26 apartado A constitucional, y 16, fracción IV, 21, 22, 26, 29, 32 y 37 de la Ley de Planeación, es responsable de elaborar el PNSP; que es el punto de convergencia de las distintas políticas públicas, programas y acciones de las diversas instituciones y organizaciones gubernamentales responsables de la seguridad en el país.
Las propuestas de contenido para la integración del PNSP se han formulado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 3 y 17, fracción I de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGEBC-SNSP), y con lo que establecen los artículos 9 y 15, fracción III del mismo ordenamiento. En el proceso de integración del PNSP se incluyeron tanto las consideraciones de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), como de la ciudadanía.
El PNSP concreta y expresa las inquietudes y demandas de gobierno y sociedad para el establecimiento e instrumentación de políticas y acciones integrales e intersectoriales en materia de seguridad pública.
México en Latinoamérica
Una perspectiva global e integral del fenómeno delictivo es indispensable para diseñar e instrumentar acciones que permitan prevenir y, en su caso, contrarrestar tanto sus impactos como la extensión y vigencia de sus efectos adversos.
La criminalidad es un problema global, compartido. Por eso, está ubicada entre los principales retos y desafíos en el mundo, a la par de la corrupción, el tráfico de drogas, la diseminación de enfermedades infecciosas y el cambio climático. Su alcance trasnacional es reforzado por su elevada capacidad y velocidad para adaptarse y aprovechar los resquicios de la globalización.
En el contexto internacional, de acuerdo con la encuesta Global Opinion Trends 2002-20071, realizada en 47 países, México ocupa el lugar 17 entre los países donde la delincuencia es considerada como problema muy grave.
Prácticamente en toda América Latina la criminalidad se percibe como problema muy grave. Esto es más evidente en Chile, Brasil y Perú. En México y Bolivia tal opinión es compartida casi por dos tercios de la ciudadanía.
 
Porcentaje que califica como
"muy grave" el problema de
la delincuencia en su país
Chile
85
Brasil
82
Perú
80
Argentina
79
Venezuela
75
Bolivia
64
México
64
Fuente: Global Opinion Trends 2002-2007.
En la región, más allá de coyunturas específicas que generan variaciones temporales, la confianza ciudadana en la policía presenta una tendencia ascendente pero lenta, pues ha pasado de 30 a 39 por ciento en los últimos 12 años. Esta tendencia deriva de un complejo proceso con múltiples y frecuentes dificultades, lo que se muestra en el hecho de que en los últimos cuatro años (2004-2007) la confianza ciudadana aumentó sólo dos puntos porcentuales, al pasar de 37 a 39 por ciento.
América Latina. Confianza en las Instituciones (%)
 
 
1996
1997
1998
1999-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuerzas Armadas
41
42
38
43
38
38
30
40
42
44
51
Policía
30
36
32
29
30
33
29
37
37
37
39
Sistema Judicial
33
36
32
34
27
25
20
32
31
36
30
Congreso
27
36
27
28
24
23
17
24
28
27
29
Partidos Políticos
20
28
21
20
19
14
11
18
18
22
20
Fuente: Informe Latinobarómetro 2007, publicado por Corporación Latinobarómetro, Santiago de Chile, 2007.
Percepciones sobre inseguridad pública y confianza en la policía
En México, la delincuencia e inseguridad se ubican entre los principales problemas del país y en ocasiones llegan a disputar el primer sitio a los problemas económicos, como sucedió en 2005 y 2006.
Según datos de la firma Consulta Mitofsky, actualmente delincuencia e inseguridad se ubican en segundo sitio como principal problema del país (17.7%), detrás de los problemas económicos (31.1%) con un considerable margen de diferencia entre unos y otros2.

Fuente: Consulta Mitofsky. "La Economía: Preocupación aún presente", Encuesta nacional en viviendas 2001-2007 (promedio anual) y Consulta Mitofsky. "Evaluación de Gobierno: seis trimestres de Felipe Calderón", Encuesta nacional en viviendas, junio de 2008.
La policía mantiene una imagen desfavorable entre la población nacional. En la valoración comparativa con distintas instituciones del país, se ubica entre aquellas a las que la sociedad confiere menores niveles de confianza.
 
Nivel de confianza en las instituciones (calificación de 1 a 10)
 
 
Las universidades
La iglesia
El ejército
Los medios
Los bancos
El IFE
Los empresarios
La presidencia
La SCJN
Los diputados
Los senadores
Los sindicatos
La policía
Los partidos políticos
2004
0
7.7
7.4
7
6.8
0
6.1
5.6
6
5.1
5
4.5
4.9
4.9
2005
8.1
7.8
7.7
7.2
7.2
0
6.5
5.9
6.4
5.4
5.2
4.9
5.4
5.4
2006
8.2
7.9
7.9
6.6
7.6
7.4
5.8
6.9
6.5
6.6
6
6
5.9
5.9
2007
8.1
8
8.05
7.15
7.15
6.75
6.8
6.35
6.7
5.7
5.7
5.55
6.05
5.45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008
7.9
7.9
7.8
7.7
6.8
7.0
6.9
6.9
7.0
5.7
6.1
5.9
5.9
5.6
Fuente: Consulta Mitofsky, Encuesta de confianza en las instituciones (ranking nacional), promedios anuales, 2007 y Consulta Mitofsky, Encuesta de confianza en las instituciones (ranking nacional), Reporte noviembre de 2007 a octubre de 2008.
Victimización
La victimización es un factor indispensable para estimar la cantidad de crímenes que se cometen en un ámbito geográfico específico, en un periodo temporal determinado. Permite tener una aproximación a la cifra negra de la incidencia delictiva y contar con mayores elementos para llevar a cabo diagnósticos que apoyen el diseño de estrategias y políticas públicas orientadas al abatimiento de la inseguridad.
Persiste en el país la preocupación por la posibilidad de ser víctima de algún delito. En las zonas urbanas, 72.5 por ciento de los entrevistados afirmó sentirse inseguro en la ciudad donde vive. Los lugares en los que la gente se siente más insegura son el transporte público (78.2%) y las calles (73.8%). En contraparte, los más seguros fueron "la casa" y "el trabajo" con 81 y 61.9 por ciento, respectivamente.3

La Cuarta Encuesta Nacional sobre Inseguridad en Zonas Urbanas realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C. (ICESI)4, refleja que antes de 2005, en promedio, 25.1 por ciento de los entrevistados afirmaron haber sido víctimas de la criminalidad al menos una vez. Del total de aquellos que sufrieron algún ilícito, sólo el 21 por ciento acudió al Ministerio Público a denunciarlo.
Según lo refiere otra encuesta sobre criminalidad y victimización realizada en julio de 2004 por el ICESI, las víctimas de la delincuencia optan por no levantar denuncia ante las autoridades competentes porque "desconfían de la efectividad de las instituciones" y consideran una "pérdida de tiempo" acudir a ellas.
La percepción de inseguridad también ha influido en el estilo de vida de la población. La primera encuesta mencionada señala que 13.5 por ciento de los entrevistados afirmaron que la criminalidad ha afectado su calidad de vida y ha provocado el cambio de algunos hábitos: más de la mitad afirmó haber dejado de usar joyas, salir de noche y llevar dinero en efectivo; entre otras acciones y actitudes de autoprotección.
Incidencia delictiva
La disminución de la incidencia delictiva en nuestro país se mantiene como prioridad en la agenda de los tres órdenes de gobierno.
El trabajo interinstitucional e intergubernamental concibe la acción coordinada de las autoridades de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, como la columna vertebral de la política pública para garantizar la seguridad que demanda la sociedad.
El punto de partida para la identificación de mecanismos y acciones concretas para afrontar la problemática delictiva, requiere de datos cuantitativos e información cualitativa sobre incidencia delictiva y sus consecuencias e impactos en la sociedad.
En el periodo comprendido entre 1997-2007, las denuncias a escala nacional de hechos probablemente delictivos, sumaron un total de 16 millones 725 mil 550.
En 2007, las entidades federativas con mayor número de delitos denunciados por cada 100 mil habitantes fueron: Baja California, Baja California Sur, Yucatán, Tabasco y Morelos. En contraste, los estados de Campeche, Tlaxcala, Durango, Chiapas y Guerrero, presentaron los niveles más bajos.
Hechos probablemente delictivos denunciados en los fueros federal y común por entidad federativa
2007
 
Entidad
Federativa
Total cifras
absolutas
Tasa por
cada 100 mil
hab.
Aguascalientes
19,331
1,747.33
Baja California
142,641
4,765.15
Baja California Sur
21,786
4,052.56
Campeche
2,385
306.75
Chiapas
31,169
706.49
Chihuahua
55,338
1,663.36
Coahuila
34,437
1,337.90
Colima
12,023
2,053.71
D.F.
181,743
2,058.38
Durango
10,170
661.14
Guanajuato
94,864
1,899.06
Guerrero
26,886
853.60
Hidalgo
33,251
1,387.65
Jalisco
97,071
1,406.19
México
255,246
1,768.21
Michoacán
40,843
1,023.33
Morelos
45,279
2,746.74
Nayarit
15,632
1,621.10
Nuevo León
57,843
1,333.68
Oaxaca
34,563
972.76
Puebla
55,417
1,000.56
Querétaro
18,613
1,121.65
Quintana Roo
28,171
2,307.41
San Luis Potosí
48,816
1,983.08
Sinaloa
31,607
1,195.63
Sonora
47,604
1,932.21
Tabasco
60,274
2,970.57
Tamaulipas
54,713
1,755.84
Tlaxcala
7,150
647.30
Veracruz
72,757
1,004.63
Yucatán
59,937
3,197.94
Zacatecas
14,361
1,038.71
Fuente: Consejo Nacional de Población. República Mexicana: Población al 1o. de enero de cada año por sexo y edad y
por Entidad Federativa. www.conapo.gob.mx/oocifras/prog/RM.xls. y Procuraduría General de la República, Total de incidencia de delitos enero-diciembre 2007.
La delincuencia ha diversificado sus mecanismos de operación. Esto le ha posibilitado eludir las capacidades de prevención y persecución de las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país.
En 2001-2007, las denuncias del fuero común sumaron 10 millones 203 mil 823, que equivalen al 94 por ciento del total de la incidencia delictiva nacional registrada en dicho periodo.
Entre los delitos del fuero común más frecuentes, destaca el robo, pues en sus diferentes modalidades representa el 36.7 por ciento del total de los ilícitos del fuero común. Le siguen en importancia las lesiones y el daño en propiedad ajena, con el 17.1 y el 10.5 por ciento, respectivamente.
En el caso de los delitos del fuero federal, en el mismo periodo, la mayor incidencia correspondió a aquellos contra la salud y portación de arma de fuego, con 43.7 y 15.8 por ciento del total, respectivamente.
Denuncias del fuero común 2001-2007
Denuncias del fuero federal 2001-2007
 

Privación ilegal de la libertad
El secuestro es uno de los delitos de mayor agravio social, personal y familiar. En el periodo 2000-2005, este delito presentó una clara tendencia a la baja, al pasar de 591 a 325 casos. Esto significa una reducción de 45 por ciento en cinco años. Sin embargo, en el periodo 2005-2007 se registró un incremento en la incidencia de este ilícito, pues pasó de 325 a 596 casos.

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, 2008.
Corrupción
De acuerdo con el más reciente estudio de Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 20085 ubica a México en el lugar 72 de 180 países, en los que se midió el nivel de corrupción en distintas áreas. Nuestro país comparte posición con Bulgaria, Macedonia, Perú, China, Surinam, Trinidad y Tobago, y Swazilandia.
En el Continente Americano, México se ubica en el sitio 14 de 32 países en los que se estimó el IPC. La decimocuarta posición es compartida con Trinidad y Tobago, Perú y Surinam.
Transparencia Internacional ha llamado la atención sobre el vínculo de la corrupción con la ineficacia institucional en el cumplimiento de sus funciones, la debilidad de los mecanismos de control, el soborno y la pobreza; factores que obstaculizan importantes procesos de reforma, modernización y transparencia institucional.
Índice de Percepción de la Corrupción
Transparencia Internacional 2008
 
Posición mundial
Posición en América
País
Puntuación del IPC 2008
9
1
Canadá
8.7
18
2
EE.UU.
7.3
21
3
Santa Lucía
7.1
22
4
Barbados
7.0
23
5
Chile
6.9
23
5
Uruguay
6.9
28
7
San Vicente y Las
Granadinas
6.5
33
8
Dominica
6.0
36
9
Puerto Rico
5.8
47
10
Costa Rica
5.1
65
11
Cuba
4.3
67
12
El Salvador
3.9
70
13
Colombia
3.8
72
14
Trinidad y Tobago
3.6
72
14
México
3.6
72
14
Perú
3.6
72
14
Surinam
3.6
Fuente: http://www.transparencia.org.es/INDICE DE PERCEPCIÓN 2007/IPC2007Tablasintéticaderesultados.doc
Prevención del delito y participación ciudadana
Las acciones emprendidas por el Estado mexicano para combatir frontalmente a la delincuencia deben acompañarse del fortalecimiento de aquellos elementos que permitan prevenir la comisión de ilícitos.
Ningún esfuerzo de prevención y combate a la delincuencia estará en condiciones de alcanzar sus objetivos y metas sin la participación y apoyo de la ciudadanía. La participación social en la prevención del delito debe centrarse en privilegiar la cultura de la legalidad, la denuncia y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.
La prevención del delito tiene su origen en instituciones sociales como la familia y la escuela. Para arraigar la cultura preventiva habrá que mejorar y desarrollar nuevos canales de comunicación entre la sociedad y las dependencias gubernamentales, mediante el establecimiento y consolidación de instancias y mecanismos de participación ciudadana en los distintos órdenes de gobierno.
Tenemos la oportunidad de consolidar la participación ciudadana en las tareas propias de la seguridad pública. Con la participación ciudadana se identificarán y conocerán mejor los problemas, además de que será posible generar respuestas y acciones eficaces para enfrentarla, más allá del enfoque unidimensional de la autoridad.
Gobierno y sociedad trabajan ya conjuntamente en el diseño de políticas públicas y de mecanismos de seguimiento y evaluación.
Sistema penitenciario
La política nacional en materia penitenciaria presenta importantes ventanas de oportunidad. Es necesario articular los programas y mecanismos de reclusión y de reinserción de los internos sentenciados en los tres ámbitos de gobierno, así como recuperar el sentido original de los centros penitenciarios, como espacios donde se promueva la reincorporación de los sentenciados a la sociedad.
La sobrepoblación y el abuso de la prisión preventiva son problemas estructurales vinculados al sistema de administración de justicia. Ambas dificultan tanto el control y la vigilancia de los internos, como la atención diferenciada en razón de su situación jurídica.
Más aún, la sobrepoblación obstaculiza la adecuada clasificación de los internos a partir de su perfil clínico criminológico, cuyo propósito es evitar la contaminación criminógena e identificar los medios más adecuados para la reinserción.
Adicionalmente, la convivencia de la población primodelincuente con internos reincidentes o de mayor peligrosidad dentro de los centros penitenciarios, se ha traducido en una especie de "escuela del delito" que tiene impactos directos en la reincidencia y, a la vez, retrasa las posibilidades de reinserción a la sociedad.
La prisión debe concebirse como un mecanismo para reintegrar a la sociedad a quien ha transgredido las normas de convivencia social.
Por ello, actualmente se promueve que se apliquen programas educativos y de capacitación para el trabajo de los internos, y que se realicen actividades de esparcimiento, deportivas e incluso culturales, que permiten el restablecimiento de los vínculos familiares y la readquisición de valores.
A julio de este año, la población de los 441 centros penitenciarios del país era de 218 mil 865 internos; de los cuales 129 mil 513 (59.17%) contaban con sentencia, mientras que el resto, 89 mil 352 (40.83%) se encontraban sujetos a proceso.
La capacidad total instalada es de 167 mil 346 espacios, lo que implica un déficit de alrededor de 30.79 por ciento y la imposibilidad de mantener debidamente separados a los internos procesados de los sentenciados.
Los esfuerzos que permitan hacer del sistema penitenciario un espacio de dignidad y legalidad han de acompañarse de un profundo cambio cualitativo en el perfil de los servidores públicos.
Se debe lograr la profesionalización y especialización del personal de los centros penitenciarios, a través de la implementación de esquemas que les permitan desarrollar sus capacidades, obtener mayor experiencia, fortalecer su vocación de servicio, así como su honradez, lo que, a su vez, deberá verse reflejado en mecanismos de ascenso.
Derechos humanos
Un compromiso ineludible que contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, es el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La seguridad es un derecho humano fundamental. Garantizarla es una de las tareas prioritarias del Estado y su cumplimiento es un indicador clave de su eficacia.
El desafío es inhibir la corrupción, la impunidad, la violencia y la desconfianza. Para enfrentarlo, hay que capacitar y profesionalizar a los cuerpos policiales, propiciando con ello que la respuesta del Estado sea mucho más eficaz. Para lograrlo se deben considerar los siguientes aspectos:
-      Evaluación del trabajo policial, tanto por sus resultados como por los medios empleados.
-      Formación del personal policial orientada al respeto del orden legal y de los derechos humanos.
-      Dignificación de la actividad policial, mediante el respeto a sus derechos y la satisfacción de sus necesidades elementales.
Esta labor deberá ser permanente y en ella no sólo habrá de intervenir el Estado sino también la sociedad, que debe convertirse en un actor coadyuvante de las distintas etapas de la estrategia integral de seguridad pública.
Desarrollo humano y seguridad pública
La generación de sinergias que favorezcan la sustentabilidad del desarrollo humano es un imperativo nacional.
La inseguridad es un factor adverso para la sustentabilidad del desarrollo humano. En el Informe Sobre Desarrollo Humano, México 20046, se considera a la protección de la integridad personal y patrimonial, así como a la preservación de los derechos civiles, como elementos esenciales para el logro del desarrollo humano sustentable.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), diseñado como parte de los esfuerzos desplegados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) incluye factores que influyen en el desarrollo humano, pero deja fuera a los vinculados con la compleja problemática de la seguridad pública.
Entre otros aspectos, se pone en claro que las desigualdades en educación, ingreso y salud se ven reforzadas por factores propios de la seguridad y la justicia, con lo cual la difícil situación de los sectores menos favorecidos se acentúa y agudiza.
Problemática y retos
En la agenda nacional, la seguridad es una prioridad constante. Es un ámbito donde nuestro país enfrenta múltiples y complejos retos, entre los que se encuentran:
Seguridad en espacios públicos y el entorno escolar; respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
Los esfuerzos conjuntos y coordinados entre la autoridad y la ciudadanía son fundamentales para que los espacios públicos de esparcimiento y convivencia, así como las inmediaciones de planteles educativos que hayan sido recuperados, se mantengan seguros. Por ello, entre otras, el PNSP contempla la promoción de las siguientes acciones:
-      Fortalecer la participación de las corporaciones policiales en la recuperación de espacios públicos y el entorno escolar.
-      Fomentar campañas para la promoción de la cultura de la legalidad y la protección de los derechos humanos, particularmente de aquellos segmentos más vulnerables.
-      Reforzar las estrategias de atención a las víctimas del delito mediante el fortalecimiento y consolidación de redes de atención en todo el país.
Incidencia delictiva
El combate al fenómeno delictivo requiere de una política integral de seguridad pública que mediante la alineación de las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno y de la articulación de esfuerzos con los otros poderes de la Unión y la sociedad, inhiba y combata de manera eficaz la incidencia delictiva. Para ello, se habrá de:
-      Desarrollar, promover y consolidar programas de prevención del delito con la activa participación de la sociedad.
-      Fortalecer las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno en materia de inteligencia criminal y operativos conjuntos para el combate a la criminalidad y la desarticulación de redes delictivas.
-      Consolidar la cultura de la denuncia, optimizar los mecanismos de respuesta eficaz y oportuna a las llamadas de emergencia, así como la atención y seguimiento de la denuncia anónima.
Reinserción social
La política nacional en materia penitenciaria se orienta a recuperar el sentido original de los centros de reclusión y a promover la reinserción de los sentenciados; entre otras, a través de acciones como:
-      Impulsar la modernización de los centros penitenciarios mediante su actualización en materia de tecnología, equipamiento e infraestructura.
-      Incrementar la participación de los internos sentenciados de todo el sistema penitenciario en programas de reinserción social.
-      Mantener programas permanentes de profesionalización de la administración penitenciaria del país.
Plataforma México
La información constituye un insumo insustituible para estructurar programas y acciones de combate al fenómeno delictivo; su obtención, procesamiento y explotación, requiere de la modernización y optimización de la infraestructura de telecomunicaciones en los tres órdenes de gobierno.
-      Integrar la información criminal de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno a Plataforma México.
-      Homologar el diseño y operación de sistemas y bases de datos para la recolección, clasificación, registro y evaluación de información.
-      Estandarizar los sistemas tecnológicos para la elaboración de mapas de incidencia delictiva que hagan posible optimizar la eficiencia de programas y acciones tanto de prevención como de combate a la criminalidad.
Profesionalización de las corporaciones policiales
Para cumplir eficazmente con la tarea de proteger y servir, es indispensable que las instituciones de seguridad pública fortalezcan los programas de profesionalización y los mecanismos de capacitación de sus integrantes. Sólo así será posible instaurar un verdadero Servicio de Carrera Policial que propicie el sentido de pertenencia y responda mejor a las necesidades de la sociedad.
-      Homologar criterios para el ingreso, promoción, permanencia, profesionalización y capacitación del personal policial en los tres órdenes de gobierno.
-      Crear unidades especializadas para los delitos de mayor impacto e importancia.
-      Incrementar la eficiencia y la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales, a través de la optimización del intercambio de información de inteligencia criminal con criterios de seguridad homologados.
Participación y confianza ciudadana
Superar la limitada confianza de la ciudadanía en las organizaciones policiales es uno de los principales retos. Esto posibilitará una mayor y mejor participación social en la prevención y combate a la delincuencia.
-      Consolidar la participación ciudadana en las políticas, programas y acciones de las instituciones responsables de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
-      Reforzar las instancias y mecanismos para el seguimiento y evaluación de metas y resultados en materia de seguridad pública.
-      Diseñar y establecer mecanismos institucionales que permitan el seguimiento y evaluación de la eficacia y transparencia en el ejercicio del gasto en seguridad pública.
2. Objetivos del PND y metas de la Visión México 2030 a las que contribuye el PNSP 2008-2012 Planeación Estratégica
El enfoque de planeación estratégica en materia de seguridad pública se enmarca en los principios y postulados de la Visión México 2030, el PND y el SNPD. En ellos, el Ejecutivo Federal definió los objetivos y estrategias que guían la instrumentación, participación y coordinación de acciones que llevan a cabo las dependencias de gobierno para el logro de los objetivos nacionales.
El PNSP también incorpora a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, los establecidos en el PSSP. Asimismo, se alinea con el ANSJL y la ENPDyCD.
Bajo el principio de proteger y servir, el PNSP articula los esfuerzos de las dependencias e instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, regulados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), a través del CNSP, instancia superior de coordinación del mismo Sistema. Dicho Consejo Nacional está integrado por el Secretario de Seguridad Pública, quien lo preside; los Gobernadores de los Estados; el Secretario de la Defensa Nacional; el Secretario de Marina; el Secretario de Comunicaciones y Transportes; el Procurador General de la República; el Jefe del Gobierno del Distrito Federal y el Secretario Ejecutivo del SNSP.
Como órgano superior de coordinación, sus acuerdos y resoluciones para promover la implementación de políticas y estrategias en la materia tienen validez y aplicación en todo el territorio nacional.
Asimismo, la LGEBC-SNSP dispone que contará con las conferencias de prevención y readaptación social, la de procuración de justicia, la de secretarios de seguridad pública o sus equivalentes y la de participación municipal, dejando abierta la posibilidad para formar las comisiones necesarias para las diferentes áreas de la materia y, en particular, para el estudio especializado de la incidencia delictiva. En tales comisiones podrán participar las dependencias y entidades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios que, por razón de su competencia, tengan relación con el Sistema Nacional.
La participación social es piedra angular de la prevención del delito y de la promoción de la cultura de la denuncia y la legalidad. Funciona como vía de comunicación básica entre la sociedad y las instancias de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
Aunado a ello, en este documento se plantean mecanismos de seguimiento y evaluación en el que participan directamente los ciudadanos, con el objeto de enriquecer la medición de resultados y el impacto de las estrategias y acciones implementadas en materia de seguridad pública.
Así, las instancias de seguridad pública conocerán la evaluación que la población realiza a su desempeño, la confianza en las corporaciones y la situación de la seguridad. Esta información deberá tenerse presente en la elaboración de políticas públicas en la materia.
La integración de la sociedad en la ejecución y evaluación de este Programa contribuye directamente al cumplimento del compromiso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con la rendición de cuentas y la transparencia. Ambas contribuyen al fomento de la credibilidad y confianza de la sociedad en la autoridad.
Planeación Estratégica
 

Alineación
Es la concordancia que guarda el PNSP con el PND y los programas que emanan de él, a fin de consolidar los esfuerzos de las diversas instituciones que convergen en el SNSP para que, con base en sus facultades, orienten, coordinen y refuercen sus respectivas capacidades.
El PNSP contribuye al logro de los objetivos del PND y de las metas planteadas en los ejes rectores de la Visión México 2030, que a continuación se indican:
 
Estado de Derecho y seguridad
1.   Estado de Derecho
2.   Seguridad personal
3.   Seguridad patrimonial
4.   Percepción ciudadana sobre la seguridad
Democracia efectiva y política exterior responsable
1.   Transparencia y combate a la corrupción
2.   Gobernabilidad
3.   Derechos humanos
 
El gobierno de la República está comprometido con una misión y visión de largo plazo que permita construir un futuro de prosperidad y certidumbre para las nuevas generaciones.
El proyecto Visión México 2030 es un instrumento que contribuye a la edificación de ese futuro prometedor para el país.
Esto no podría ser posible sin la activa y decidida participación de ciudadanos, organizaciones y actores políticos que representan las bases sociales indispensables para el éxito de políticas, estrategias y programas de gobierno.
Los ejes de la Visión México 2030 se conciben bajo una perspectiva integral, con base en un análisis que aglutina las áreas estratégicas para el desarrollo armónico del país.
En este proceso se han establecido metas cuantificables y sus correspondientes indicadores para cada uno de los objetivos formulados, con el propósito de dar estrecho seguimiento al cumplimiento de los mismos.
La Visión México 2030 permite construir un nuevo enfoque sobre el progreso y la seguridad de la sociedad mexicana.
Las herramientas son el PND, el PSSP y éste, donde convergen políticas, estrategias y líneas de acción. Un paso muy importante en este esfuerzo se dio con el establecimiento del ANSJL.
A continuación se identifica la congruencia de los objetivos de tales herramientas.
Alineación de objetivos del PNSP con las Metas de la Visión México 2030
 

Estado de Derecho. Plena vigencia del Estado de Derecho y cultura de respeto a la legalidad.
Seguridad personal. Familias que vivan tranquilas y en paz.
Seguridad patrimonial. Familias que vivan tranquilas y en paz.
Percepción ciudadana de la seguridad. Que los mexicanos se sientan seguros y perciban que los delitos y la violencia han disminuido significativamente.
 
Transparencia y combate a la corrupción. Fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Gobernabilidad. Que la democracia aporte beneficios tangibles a los ciudadanos.
Derechos humanos. Queremos que en México haya un pleno respeto a los derechos humanos.
1. Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en lugares públicos y en el entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos de la población, por parte de los encargados de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de Derecho con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Recuperar el sentido original del sistema penitenciario, para que en los centros de reclusión se garantice el cumplimiento de las sanciones impuestas a los internos con estricto apego a la ley y se procure la creación de condiciones propicias para la reinserción social, a partir de políticas públicas armonizadas en los tres ámbitos de gobierno.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Profesionalizar a las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y vocación, para que se conduzcan éticamente, y se obtenga el reconocimiento de la sociedad como instituciones a su servicio.
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad pública, mediante la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación que propicien la credibilidad en el compromiso gubernamental de preservar el orden y la paz públicos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineación de objetivos del PNSP con los objetivos del PND
 

1. Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en lugares públicos y en el entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos de la población, por parte de los encargados de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
2. Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de Derecho con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Recuperar el sentido original del sistema penitenciario, para que en los centros de reclusión se garantice el cumplimiento de las sanciones impuestas a los internos con estricto apego a la ley y se procure la creación de condiciones propicias para la reinserción social, a partir de políticas públicas armonizadas en los tres ámbitos de gobierno.
4. Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
5. Profesionalizar a las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y vocación, para que se conduzcan éticamente, y se obtenga el reconocimiento de la sociedad como instituciones a su servicio.
6. Fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad pública, mediante la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación que propicien la credibilidad en el compromiso gubernamental de preservar el orden y la paz públicos.
2. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.
 
 
 
 
 
 
3. Garantizar la protección a los derechos de propiedad.
 
 
 
 
 
 
4. Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
 
 
 
 
 
 
5. Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.
 
 
 
 
 
 
6. Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.
 
 
 
 
 
 
7. Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.
 
 
 
 
 
 
8. Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.
 
 
 
 
 
 
9. Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
 
 
 
 
 
 
10. Combatir a la corrupción de forma frontal.
 
 
 
 
 
 
11. Fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.
 
 
 
 
 
 
12. Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.
 
 
 
 
 
 
14. Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas, como de los emigrantes.
 
 
 
 
 
 
16. Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.
 
 
 
 
 
 
17. Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.
 
 
 
 
 
 
18. Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
 
 
 
 
 
 
 
Alineación de objetivos del PNSP con el objetivo del Eje 3 del PND
 

1. Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en lugares públicos y en el entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos de la población, por parte de los encargados de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
2. Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de Derecho con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Recuperar el sentido original del sistema penitenciario, para que en los centros de reclusión se garantice el cumplimiento de las sanciones impuestas a los internos con estricto apego a la ley y se procure la creación de condiciones propicias para la reinserción social, a partir de políticas públicas armonizadas en los tres ámbitos de gobierno.
4. Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
5. Profesionalizar a las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y vocación, para que se conduzcan éticamente, y se obtenga el reconocimiento de la sociedad como instituciones a su servicio.
6. Fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad pública, mediante la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación que propicien la credibilidad en el compromiso gubernamental de preservar el orden y la paz públicos.
16. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.
 
 
 
 
 
 
 
Alineación de objetivos del PNSP con los objetivos del Eje 5 del PND
 

1. Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en lugares públicos y en el entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos de la población, por parte de los encargados de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
2. Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de Derecho con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Recuperar el sentido original del sistema penitenciario, para que en los centros de reclusión se garantice el cumplimiento de las sanciones impuestas a los internos con estricto apego a la ley y se procure la creación de condiciones propicias para la reinserción social, a partir de políticas públicas armonizadas en los tres ámbitos de gobierno.
4. Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
5. Profesionalizar a las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y vocación, para que se conduzcan éticamente, y se obtenga el reconocimiento de la sociedad como instituciones a su servicio.
6. Fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad pública, mediante la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación que propicien la credibilidad en el compromiso gubernamental de preservar el orden y la paz públicos.
4. Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
 
 
 
 
 
 
5. Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.
 
 
 
 
 
 
Alineación de objetivos del PNSP 2008-2012 con el PSSP 2007-2012
 

1. Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en lugares públicos y en el entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos de la población, por parte de los encargados de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
2. Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de Derecho con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Recuperar el sentido original del sistema penitenciario, para que en los centros de reclusión se garantice el cumplimiento de las sanciones impuestas a los internos con estricto apego a la ley y se procure la creación de condiciones propicias para la reinserción social, a partir de políticas públicas armonizadas en los tres ámbitos de gobierno.
4. Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
5. Profesionalizar a las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y vocación, para que se conduzcan éticamente, y se obtenga el reconocimiento de la sociedad como instituciones a su servicio.
6. Fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad pública, mediante la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación que propicien la credibilidad en el compromiso gubernamental de preservar el orden y la paz públicos.
1. Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.
 
 
 
 
 
 
2. Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.
 
 
 
 
 
 
3. Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia del orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.
 
 
 
 
 
 
4. Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.
 
 
 
 
 
 
5. Profesionalizar a las corporaciones policiales a fin de que se conduzcan éticamente, con formación especializada y de calidad, basada en técnicas de investigación y estándares internacionales de actuación para la prevención y combate al delito.
 
 
 
 
 
 
6. Garantizar el escrutinio, seguimiento, evaluación y mejora de la gestión de las instituciones de seguridad pública, fomentando la credibilidad y confianza de la sociedad.
 
 
 
 
 
 
Alineación de objetivos del PNSP 2008-2012 con los ejes de la
Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia
 
1. Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en lugares públicos y en el entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos de la población, por parte de los encargados de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
2. Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de Derecho con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. Recuperar el sentido original del sistema penitenciario, para que en los centros de reclusión se garantice el cumplimiento de las sanciones impuestas a los internos con estricto apego a la ley y se procure la creación de condiciones propicias para la reinserción social, a partir de políticas públicas armonizadas en los tres ámbitos de gobierno
4. Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
5. Profesionalizar a las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y vocación, para que se conduzcan éticamente, y se obtenga el reconocimiento de la sociedad como instituciones a su servicio.
6. Fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad pública, mediante la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación que propicien la credibilidad en el compromiso gubernamental de preservar el orden y la paz públicos.
 
1. Alinear las capacidades
del Estado mexicano
contra la delincuencia
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prevención del delito y
participación ciudadana
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desarrollo institucional
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sistema penitenciario
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Combate a la corrupción
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tecnología (Plataforma
México)
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Indicadores de medición
establecidos con la
sociedad civil
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Estrategias, líneas de acción, indicadores y metas
El desarrollo humano sustentable de un país requiere de instituciones de seguridad sólidas y modernas, con mecanismos de coordinación que posibiliten hacer frente de manera eficaz a la delincuencia.
El PNSP, acorde con los planteamientos del PSSP, incorpora principios y criterios fundamentales de la ENPDyCD, los cuales delinean los ejes y contenidos de un nuevo modelo policial, diseñado para optimizar acciones y resultados en el combate a la criminalidad.
Este Programa representa un instrumento que guía la acción gubernamental, establece objetivos y metas de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, para así generar las condiciones propicias para la recuperación de la confianza ciudadana, con base en el desempeño de las instituciones responsables de la seguridad pública.
Se vincula clara y directamente con los compromisos del ANSJL, suscrito por los tres órdenes de gobierno, los poderes de la Unión y la sociedad.
El ANSJL es un conjunto de compromisos con metas y responsables concretos a corto y mediano plazos para el fortalecimiento institucional, el combate a la delincuencia y la protección social.
Quienes lo han suscrito reconocen que su éxito exige fortalecer la capacidad financiera del Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia. Demanda también un ejercicio mucho más cuidadoso y transparente de los recursos destinados a tales fines en todos los poderes y órdenes de gobierno.
El Acuerdo es parte fundamental del proceso de construcción de una nueva institucionalidad, ya que incluye -entre otros objetivos- optimizar el marco normativo en materia de seguridad pública.
El PNSP busca también fomentar y fortalecer la cultura de la legalidad, prevenir la violencia intrafamiliar y promover la equidad de género.
A ello han estado dirigidas las acciones desplegadas por la SSP a través del Programa de Equidad de Género, el cual incluye talleres de formación de multiplicadores y pláticas de sensibilización; en ambos casos, con la activa participación de la sociedad.
Al tercer trimestre del presente año, se han realizado 81 talleres para el fomento de la cultura de la prevención de la violencia familiar y de género, con la participación de 11,056 personas.
En este año, se sumó al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM). A tal Sistema se han incorporado las Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial, cuyo propósito es estrechar los vínculos de cooperación y coordinación de ciudadanos, representantes de cámaras empresariales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), con la Policía Federal.
OBJETIVO 1
Prevenir conductas delictivas con mecanismos que garanticen la convivencia social y familiar segura en lugares públicos y en el entorno escolar; fortalecer la cultura de la legalidad y la atención a víctimas del delito, así como el respeto y protección a los derechos humanos de la población por parte de los encargados de la seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
La participación de la sociedad es determinante en la cultura de la legalidad y de la prevención del delito. Las posibilidades de éxito de los programas de seguridad dependen, en buena medida, del apoyo ciudadano.
La puesta en marcha de una política nacional de prevención del delito tiene como fin disminuir la comisión de ilícitos. Permite, también, proveer a los ciudadanos de mejores condiciones de seguridad en sus comunidades y espacios urbanos.
Entre los elementos en que se apoya la prevención de ilícitos está el análisis situacional y de entorno, que propicia la colaboración preventiva de instituciones de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil organizada.
A partir de la puesta en marcha de "Limpiemos México" se han abierto mayores espacios a la participación social, lo cual se ha expresado en el fortalecimiento de 76 Consejos Ciudadanos y 87 Redes Ciudadanas en municipios participantes. A través del programa "Comunidad Segura" también se ha contribuido a la prevención integral del delito.
Se han delineado las siguientes estrategias, líneas de acción, indicadores y metas:
Estrategia 1.1
Incrementar la presencia y efectividad policial en lugares públicos y de convivencia familiar en entidades federativas y municipios, como mecanismo para prevenir la comisión de delitos y propiciar un entorno más seguro.
Línea de acción 1.1.1
Recuperar, con la participación de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, lugares públicos y de convivencia familiar como escuelas, parques, jardines, plazas y centros de entretenimiento, que han sido invadidos por la delincuencia.
Estrategia 1.2
Reforzar los vínculos de colaboración con las instancias de participación ciudadana en los tres órdenes de gobierno, para que funjan como canales de interlocución en la recuperación de la seguridad.
Línea de acción 1.2.1
Fortalecer las acciones con la sociedad civil en la prevención del delito y la cultura de la denuncia, a través de las instancias de participación ciudadana en los tres órdenes de gobierno para lograr un entorno escolar seguro.
Estrategia 1.3
Promover la cultura del respeto a los derechos humanos entre los servidores públicos encargados de la seguridad en los tres órdenes de gobierno.
Línea de acción 1.3.1
Capacitar, en materia de derechos humanos, a los servidores públicos encargados de la función de seguridad, y promover la cultura de respeto y protección a los mismos, para circunscribir su actuación al plano de la legalidad.
Estrategia 1.4
Fortalecer y consolidar la red nacional de atención a víctimas del delito.
Línea de acción 1.4.1
Celebrar convenios con entidades federativas y municipios para integrar la red nacional de atención a víctimas del delito, fortaleciendo el intercambio de información entre los diferentes órdenes de gobierno.
 
Nombre del indicador
Unidad de medida
Línea base 2006
Meta 2012
Patrullaje policial en
espacios públicos
Porcentaje de espacios
públicos con patrullaje
policial
Nuevo indicador
Cobertura con patrullaje policial
del 100% de espacios públicos
deteriorados, abandonados y
recuperados por SEDESOL
(Programa de espacios públicos
recuperados), en entidades
federativas y municipios
Municipios con
acciones en materia de
prevención del delito
Porcentaje de los
municipios con al
menos 25,000
habitantes
Nuevo indicador
100% de los municipios con al
menos 25,000 habitantes
Patrullaje policial en el
entorno de escuelas
primarias y secundarias
públicas
Porcentaje de escuelas
primarias y secundarias
públicas
Nuevo indicador
Cobertura con patrullaje policial
del 100% de escuelas primarias
y secundarias públicas
identificadas por la SEP
(Programa de Escuela Segura)
en entidades federativas y
municipios
Capacitación de
personal policial en
derechos humanos
Número de personal
policial operativo
capacitado
16,364 elementos
capacitados en el
año
348,580 elementos policiales
operativos capacitados en
materia de derechos humanos
Recomendaciones
emitidas por la
Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH)
Recomendaciones
emitidas por la CNDH
10
recomendaciones
emitidas en el año
por la CNDH
Menos de 10 recomendaciones
anuales emitidas por la CNDH a
instituciones de seguridad
pública, en los tres órdenes de
gobierno
Actualización de la red
nacional de atención a
víctimas del delito
Entidades y municipios
integrados a la red
nacional de atención a
víctimas del delito
Nuevo indicador
100% de las 32 entidades
federativas y de los municipios
beneficiados con el
SUBSEMUN, integrados a la
red nacional de atención a
víctimas del delito.
 
OBJETIVO 2
Combatir frontalmente el fenómeno delictivo y consolidar el Estado de Derecho con la coordinación y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se han logrado concretar estrategias y acciones conjuntas tanto con poderes de la Unión, como con órdenes de gobierno, encaminadas a afrontar el fenómeno delictivo.
Con las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad y justicia penal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se dotó de nuevos y mejores instrumentos para fortalecer la investigación policial y ministerial en el combate a la delincuencia.
Por primera vez, en el texto del Artículo 21 constitucional, se le reconoce a las instituciones policiales la facultad de investigar delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, el cual continuará con el control legal de las investigaciones.
Las coincidencias del Ejecutivo y el Legislativo sobre la prioridad del combate a la delincuencia y la necesidad de apoyar los esfuerzos que llevan a cabo estados y municipios, hicieron posible que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 hubiera un incremento sustancial del 20 por ciento en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), al pasar de 5 mil a 6 mil millones de pesos.
Asimismo, se logró que del presupuesto asignado a la SSP se destinaran 3 mil 589.4 millones de pesos al otorgamiento de subsidios para la seguridad en municipios. A través del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) se apoya a 135 municipios y 15 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en materia de profesionalización, equipamiento e infraestructura policial. En ellos se concentra aproximadamente el 70 y el 60 por ciento de la incidencia delictiva y de la población nacional, respectivamente.
Para el ejercicio fiscal 2009, el Ejecutivo y el Legislativo refrendaron la prioridad de apoyar el combate a la criminalidad en entidades federativas y municipios. Esto hizo posible que los recursos del FASP se incrementaran a 6 mil 916.8 millones de pesos y los correspondientes al SUBSEMUN a 4 mil 137.9 millones de pesos.
Para el combate de los delitos de alto impacto en estados y municipios, se han reforzado las acciones conjuntas emprendidas con las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR), así como con la Procuraduría General de la República (PGR), la Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y autoridades de seguridad pública y procuración de justicia locales; entre otras.
El gobierno federal se trazó como uno de sus objetivos centrales en materia de seguridad pública la recuperación de los espacios públicos invadidos por la delincuencia, para devolver la tranquilidad a la sociedad que quiere un México libre de drogas y de violencia.
Para hacer realidad este compromiso se ha hecho un esfuerzo de coordinación sin precedente entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, para desarticular las estructuras logísticas y financieras de las redes criminales.
En lo que va de la presente Administración, destaca la detención de importantes líderes criminales, gracias a la realización de operativos conjuntos en:
-      Michoacán
-      Tijuana
-      Guerrero
-      Sierra Madre (Chihuahua, Durango y Sinaloa)
-      Nuevo León-Tamaulipas
-      Chiapas-Campeche-Tabasco
-      CuliacánNavolato
-      Cancún
-      Aguascalientes
-      Tamaulipas
-      La Laguna, Torreón-Lerdo-Gómez Palacio
 
-      Veracruz
-      San Luis Potosí
El incremento de la violencia por parte del crimen organizado exige llevar a cabo con mayor eficiencia y eficacia las labores de prevención, investigación, persecución y sanción de delitos.
La creación y fortalecimiento de unidades especializadas en el combate al secuestro con protocolos homologados, así como el reforzamiento de las labores de inteligencia criminal, ha sido la respuesta unificada ante el incremento de casos de privación ilegal de la libertad.
Evidencia de los avances en la materia, en 2008 se desarticularon peligrosas bandas de secuestradores y se detuvo a numerosos probables responsables de este delito.
En el marco de la LGEBC-SNSP, las instituciones federales se coordinan con autoridades locales en acciones de disuasión y prevención del delito; así como en operativos en contra de la piratería, el narcotráfico, el secuestro, los delitos ambientales, el narcomenudeo y las violaciones a leyes federales en el territorio nacional.
También se llevan a cabo múltiples operaciones conjuntas en las fronteras norte y sur del país. En la norte se crearon Grupos de Trabajo sobre Violencia Fronteriza, localizados en 16 centros de operación a lo largo de la frontera, para la prevención de fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas; entre otros.
Con el fin de estrechar los vínculos de la Policía Federal con la sociedad, y fortalecer la cooperación y coordinación con autoridades estatales y municipales, se instauró la figura de Enlaces de Prevención en las entidades federativas del país.
Con relación a la Prevención Integral del Delito Juvenil, se han impartido talleres a población, servidores públicos, miembros de ONGs y universitarios; además de la capacitación para la formación de multiplicadores.
Como parte de las actividades desarrolladas en materia de prevención contra delitos cibernéticos, mediante talleres se advierte a la ciudadanía de los riesgos de ser víctima de algún ilícito a través de Internet.
La participación de la sociedad civil en la presentación de denuncias es fundamental en la prevención y combate a la delincuencia. Para ello se cuenta con el Sistema de Denuncia Anónima 089, instalado en 2 mil 454 ayuntamientos del país, el Programa de Seguridad Comunitaria y las campañas de promoción de la cultura de la denuncia.
Por otra parte, el Servicio de Emergencia 066, se encuentra instalado y funcionando en 2 mil 257 municipios, con una cobertura de población atendida de 95 millones de mexicanos.
A efecto de dar continuidad a las acciones planteadas para combatir el fenómeno delictivo, se han implementado las estrategias, líneas de acción e indicadores que enseguida se mencionan.
Estrategia 2.1
Apoyar a las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la sociedad.
Línea de acción 2.1.1
Elaborar, de acuerdo a las competencias de cada orden de gobierno, acciones para disminuir la incidencia de secuestros, homicidios dolosos y robos con violencia.
Estrategia 2.2
Promover la cultura de la denuncia ciudadana de hechos probablemente delictivos, en los tres órdenes de gobierno.
Línea de acción 2.2.1
 
Impulsar y fortalecer la cultura de la denuncia a través de campañas de difusión.
 
Nombre del indicador
Unidad de medida
Línea base 2006
Meta 2012
Privaciones ilegales de
la libertad
Número de privaciones
ilegales de la libertad
595 privaciones ilegales
de la libertad
Disminución, en cada
una de las 32 entidades
federativas, del 50% en
el número de privaciones
ilegales de la libertad
Homicidios dolosos por
cada 100 mil habitantes
Tasa de homicidios
dolosos por cada 100
mil habitantes
13 homicidios dolosos por
cada 100 mil habitantes
Disminución, en cada
una de las 32 entidades
federativas, del 10% en
el número de homicidios
dolosos, por cada 100
mil habitantes
Robos con violencia por
cada 100 mil habitantes
Tasa de robos con
violencia por cada 100
mil habitantes
187 robos con violencia
por cada 100 mil
habitantes
Disminución, en cada
una de las 32 entidades
federativas, del 25% en
el número de robos con
violencia, por cada 100
mil habitantes
 
OBJETIVO 3
Recuperar el sentido original del sistema penitenciario, para que en los centros de reclusión se garantice el cumplimiento de las sanciones impuestas a los internos con estricto apego a la ley y se procure la creación de condiciones propicias para la reinserción social, a partir de políticas públicas armonizadas en los tres ámbitos de gobierno.
La Federación, los estados y los municipios no pueden seguir trabajando de manera aislada en el ámbito penitenciario. Deben instrumentarse los medios que permitan la transmisión de mejores prácticas y la aplicación de políticas y estrategias que incidan tanto en una administración eficiente de los centros de reclusión, como en la profesionalización de todas sus estructuras.
Debe trabajarse en la estandarización de sus protocolos de operación diaria, así como en la armonización de sus plataformas tecnológicas y de sus sistemas de seguridad, control, vigilancia y monitoreo. Sólo así podrá hablarse de un sistema penitenciario verdaderamente integrado y de estructuras que operen a partir de bases homogéneas.
Se requiere de información oportuna. Para ello, debe fortalecerse la infraestructura penitenciaria y promoverse la integración de bases de datos que mantengan actualizados los perfiles criminológicos de los sentenciados y sea posible elaborar estudios más acabados sobre la población penitenciaria, los cuales ayudarán a perfeccionar las estrategias de reinserción y permitirán, también, la generación de inteligencia en materia de combate y prevención al delito intramuros.
Todas estas acciones necesitan del firme compromiso y la participación de los tres ámbitos de gobierno para avanzar hacia la construcción de un sistema penitenciario eficiente y moderno.
Para garantizar la seguridad en los centros de reclusión se cuenta con radios de comunicación, inhibidores de señal celular y sistemas de circuito cerrado de televisión. Se avanza también en el fortalecimiento de los sistemas y procesos de revisión y vigilancia, mediante la adquisición de equipos de alta tecnología para la detección de metales, objetos adheridos al cuerpo y cavidades, así como aparatos de rayos X para detectar narcóticos y explosivos.
Como parte de las acciones para disminuir la sobrepoblación penitenciaria, a nivel nacional, accedieron a beneficios de libertad anticipada o sustitutivos de pena, 84 mil 15 sentenciados del fuero común y 7 mil 525 del fuero federal, que cumplieron con los requisitos de ley.
La reforma constitucional del sistema de justicia penal prevé un modelo de Telesalud, basado en medicina preventiva y en la atención médica especializada mediante la utilización de telecomunicaciones en centros penitenciarios.
La reinserción a la sociedad de quienes han transgredido las normas sociales de convivencia, requiere de la instrumentación de estrategias, líneas de acción e indicadores adecuados para tal efecto.
Estrategia 3.1
Modernización del sistema penitenciario del país a través de la estandarización de sus sistemas de operación y su actualización tecnológica.
Línea de acción 3.1.1
Promover entre las entidades federativas la adopción de un sistema compartido de protocolos homogéneos de control, seguridad y vigilancia para lograr una administración eficiente de los mismos.
Línea de acción 3.1.2
Integrar el Sistema de Información y Administración Penitenciaria.
Estrategia 3.2
Crear las condiciones para la reinserción de los sentenciados mediante programas en materia de empleo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte.
Línea de acción 3.2.1
Impulsar la participación de internos en programas de reinserción.
Línea de acción 3.2.2
Construir Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) de alta seguridad, incluyendo módulos especiales para secuestradores.
 
Nombre del indicador
Unidad de medida
Línea base 2006
Meta 2012
Implementación de
protocolos homogéneos de
control, seguridad y vigilancia
Número de
entidades que
adoptan los
protocolos
homogéneos
Nuevo indicador
31 estados y el Distrito
Federal que adoptan los
protocolos homogéneos
de operación
penitenciaria
Incorporación de bases de
datos al Sistema de
Información y Administración
Penitenciaria (SIAP)
Número de
entidades
federativas
integradas
Nuevo indicador
31 estados y el Distrito
Federal que incorporan
sus bases de datos al
SIAP
Participación de internos en
programas de reinserción
Número de internos
participantes
33,673 internos
(27.9% de la población
sentenciada)
50% de la población total
de sentenciados que
participan en al menos
un programa de
reinserción
CEFERESO de alta
seguridad construidos
Número de
CEFERESO de alta
seguridad
construidos
Nuevo indicador
Dos CEFERESO de alta
seguridad construidos,
incluyendo módulos
especiales para
secuestradores
 
OBJETIVO 4
Garantizar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones avanzado que dé soporte a la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, para compartir oportunamente información entre las corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno.
Plataforma México es la herramienta que interconecta la infraestructura de información y telecomunicaciones, a través de la integración de las diversas bases de datos de los estados y municipios, para compartir información y generar inteligencia policial que eficazmente prevenga el delito y combata a la delincuencia.
La modernización de la Red Nacional de Radiocomunicaciones y de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) que fueron escalados a Nodos de Interconexión de Telecomunicaciones (NIT), contribuye a aumentar la cobertura e incrementar los niveles de seguridad en la transferencia de información.
Con la interconexión de las entidades federativas a la Plataforma México, se garantiza el flujo de datos en tiempo real, además de que se crean nuevos servicios de información homologados que redundan en una mejor explotación y análisis de la misma, para dar soporte a la toma de decisiones en el combate a la delincuencia.
La SSP construyó el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), el cual integra diversas bases de datos a disposición de las instancias policiales y de procuración de justicia. Con este sistema, se reduce el tiempo en la búsqueda de información, se facilita su almacenamiento y actualización en tiempo real, y se favorece la homologación de procedimientos policiales a nivel nacional.
Como parte de los mecanismos implementados para afrontar el fenómeno delictivo, se adoptó el Informe Policial Homologado (IPH) en las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, cuyo propósito fundamental es articular y potenciar capacidades con métodos uniformes de actuación.
La labor de inteligencia policial está entrando en una nueva etapa al crearse las condiciones para compartir bases de datos policiales. Cada entidad federativa dispone de bases de datos integradas a Plataforma México.
En este contexto de coordinación interinstitucional. Se enlazaron a Plataforma México instancias federales como el Instituto Nacional de Migración (INAMI), SEDENA, SEMAR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como con los Centros de Monitoreo y Alarmas de los organismos que integran el Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas (GCIE).
Se ha avanzado en la integración de instancias locales a la Plataforma México, lo que permite a estados y municipios establecer comunicación y compartir información entre sí y a nivel nacional.
El Registro Público Vehicular (REPUVE) colabora con su sistema en la captura, almacenamiento, suministro e intercambio de información vehicular, al compartir datos relevantes para fortalecer la función y operación policial con los gobiernos de toda la República, con un total de 26.6 millones de unidades validadas al mes de septiembre.
En la infraestructura de telecomunicaciones se cuenta, a nivel nacional, con 31 C4 y 44 subcentros. La Red Nacional de Telefonía tiene presencia en 875 puntos, de los cuales se tienen 472 con voz en 221 ciudades del país.
Como resultado de la estrategia de coordinación, se han incrementado los Registros Nacionales de Personal de Seguridad Pública, de Mandamientos Judiciales y el de Identificación y Huellas Digitales de Internos en Centros de Readaptación Social Locales y Federales.
La denuncia de las víctimas es pieza fundamental para la generación de insumos de inteligencia policial y para la instrumentación de acciones concretas orientadas a disminuir la incidencia delictiva, por lo que su seguimiento, a través de redes de atención de víctimas de delito, es de vital importancia para la función policial.
Para consolidar un sistema tecnológico de información y telecomunicaciones, este objetivo plantea las siguientes estrategias, líneas de acción e indicadores.
Estrategia 4.1
Contribuir a la puesta en marcha de la Plataforma México en los tres órdenes de gobierno, para generar información que optimice la función policial.
Línea de acción 4.1.1
Interconectar la infraestructura de información y de telecomunicaciones de seguridad pública.
Línea de acción 4.1.2
Compartir información y generar inteligencia policial para el combate a la delincuencia.
Línea de acción 4.1.3
Instrumentar y adoptar el informe policial homologado.
Línea de acción 4.1.4
Uso y explotación de la base de datos del REPUVE para proporcionar información veraz, oportuna y confiable.
Estrategia 4.2
Actualización de bases de datos de elementos policiales dados de baja.
 
Línea de acción 4.2.1
Mantener el registro histórico de elementos policiales dados de baja.
 
Nombre del indicador
Unidad de medida
Línea base 2006
Meta 2012
Conectividad a
Plataforma México
Número de conexiones
seguras virtuales (VPN)
Nuevo indicador
2,075 conexiones
seguras virtuales (VPN)
a Plataforma México
 
Integración a Plataforma
México de las bases de
datos de las entidades
federativas y de los
municipios
Número de bases de
datos de las entidades
federativas y de los
municipios
Nuevo indicador
160 bases de datos de
las entidades federativas
y 382 de los municipios
con población mayor a
50,000 habitantes
integradas a Plataforma
México, de seguridad
pública; prevención y
reinserción social;
procuración e impartición
de justicia, finanzas y
transportes y vialidad
 
Porcentaje de informes
policiales registrados y
homologados
Porcentaje de informes
policiales registrados y
homologados en
Plataforma México
Nuevo indicador
100% informes policiales
homologados
incorporados a
Plataforma México, en
los tres órdenes de
gobierno
 
Operación del módulo
para el combate al
secuestro en el SUIC
Porcentaje de Unidades
para el combate al
secuestro conectadas y
operando en el SUIC
Nuevo indicador
100% de las unidades
para el combate al
secuestro conectadas y
operando el módulo
Procedimientos
homologados en el SUIC
Porcentaje de entidades
y municipios que aplican
los procedimientos
homologados en el SUIC
Nuevo indicador
100% de operación de
los procedimientos para
el acceso, carga y
análisis de datos
homologados en el SUIC
 
Actualización de la base
de datos del REPUVE
Porcentaje de registros
Nuevo indicador
33 millones de registros
actualizados de la base
de datos del REPUVE
del total de vehículos
que circulan en el país
Tiempo promedio de
reacción a la llamada de
emergencia
Minutos promedio que
transcurren entre la
atención de las llamadas
reales de emergencia y
la llegada de las
instancias de seguridad
pública al lugar requerido
45 minutos
10 minutos en promedio
para que la autoridad
acuda al lugar donde es
requerida.
Registro de elementos
policiales dados de baja
Porcentaje de registros
de elementos policiales
dados de baja
Nuevo indicador
100% de registros de
elementos policiales
dados de baja, a nivel
nacional
 
OBJETIVO 5
Profesionalizar a las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y vocación, para que se conduzcan éticamente, y se obtenga el reconocimiento de la sociedad como instituciones a su servicio.
El nuevo modelo policial, acorde con los planteamientos de la ENPDyCD, considera la implementación en las corporaciones de los tres órdenes de gobierno del SCP, su formación y especialización homologada, con procesos de evaluación del personal y ascensos en la carrera policial.
Para generar las sinergias que permitan a las instituciones de seguridad pública cumplir con la tarea de proteger y servir, es indispensable que la sociedad las reconozca como confiables, profesionales y éticas.
El SCP está concebido como un sistema que garantiza la igualdad de oportunidades en el proceso de ingreso, desarrollo y separación. Eleva y fomenta el sentido de pertenencia y permanencia en la corporación, lo que se traduce en un mejor desempeño de su función en beneficio de la sociedad.
Para ello, se instrumentarán mecanismos que, por un lado, dignifiquen la función policial y del personal de seguridad y custodia penitenciaria; y, por otro, garanticen que los elementos cumplan con perfiles que les permitan conducirse con vocación de servicio.
Las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno cuentan con áreas en las que se maneja información sensible, indispensable para la función de seguridad pública. Los servidores públicos adscritos a ellas deberán cubrir perfiles de características específicamente determinadas para asegurar la confidencialidad en la recepción, operación, manejo y explotación de información sensible.
La homologación del marco normativo de los sistemas de formación y profesionalización se expresan en el Plan Rector de Profesionalización para la policía, el cual cuenta con un mapa curricular de casi 400 materias para la formación sistemática y progresiva de los policías.
Con base en un sistema de méritos, formación y profesionalización, se continúa trabajando en la integración de la nueva policía con un perfil profesional, científico y de estándares internacionales.
Con el propósito de garantizar el ingreso de personal policial con vocación de servicio, se creó el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza (CNECC), a efecto de realizar las evaluaciones del personal de nuevo ingreso y en activo bajo mecanismos y criterios homogéneos.
La profesionalización de las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno se fortalece mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y vocación para conducirse éticamente.
Para lograr la consolidación del SCP se establecen las siguientes estrategias, líneas de acción e indicadores.
 
Estrategia 5.1
Homologar el SCP en los tres órdenes de gobierno para el ingreso, promoción y permanencia del personal policial.
Línea de acción 5.1.1
Homologar los procesos del SCP de los elementos de los tres órdenes de gobierno, que permita generar un perfil con espíritu de servicio altamente calificado y con valores éticos.
Línea de acción 5.1.2
Evaluar a las corporaciones policiales con criterios homologados, para obtener un estado de fuerza confiable y profesional.
Estrategia 5.2
Fortalecer el sistema de desarrollo policial para la profesionalización integral de las corporaciones.
Línea de acción 5.2.1
Profesionalizar al personal policial, así como al de seguridad y custodia penitenciaria con el esquema del SCP.
Línea de acción 5.2.2
Aplicar esquemas de ascensos a partir de los criterios y méritos establecidos por el SCP.
 
Nombre del indicador
Unidad de medida
Línea base 2006
Meta 2012
Mecanismos de
reclutamiento, selección,
capacitación, promoción
y retiro de los elementos
de las instituciones
policiales
Corporaciones policiales
con mecanismos
perfeccionados de
reclutamiento, selección,
capacitación, promoción
y retiro
Nuevo indicador
Corporaciones policiales de
las 32 entidades federativas
y municipios beneficiados
con el SUBSEMUN, con
mecanismos perfeccionados
de reclutamiento, selección,
capacitación, promoción y
retiro de los elementos de
las instituciones policiales
del país
Porcentaje de elementos
en funciones
incorporados al SCP
homologado
Porcentaje de elementos
de la Policía en
funciones incorporados
al SCP homologado
4.4% (11,711)
policías incorporados
al SCP
100% (62,389) policías
incorporados al SCP
homologado en las
entidades federativas y
municipios
Porcentaje de elementos
certificados de personal
policial
Porcentaje de
evaluaciones de control
de confianza realizadas
al personal Policial,
durante el año.
100% de las
evaluaciones
realizadas en el año
100% de las evaluaciones
realizadas del personal
policial en los tres órdenes
de gobierno, para contar con
un estado de fuerza
confiable y profesional
Evaluaciones del
personal policial de
áreas sensibles
Porcentaje de
evaluaciones al personal
policial de áreas
sensibles
Nuevo indicador
100% personal policial
evaluado de áreas
sensibles, en los tres
órdenes de gobierno
Personal policial de
nuevo ingreso con
formación inicial
Personal policial de
nuevo ingreso con
formación inicial
18,289 policías de
nuevo ingreso con
formación inicial
100% del personal policial
de nuevo ingreso con
formación inicial
(adiestramiento físico,
armamento, patrullaje, y
detención, entre otros), en
los tres órdenes de gobierno
 
OBJETIVO 6
Fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la seguridad pública, mediante la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación que propicien la credibilidad en el compromiso gubernamental de preservar el orden y la paz públicos.
El seguimiento y la evaluación son funciones que el gobierno realiza con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones, metas y compromisos contraídos, así como para transparentar y rendir cuentas a la sociedad.
La aplicación de encuestas permitirá medir la percepción de seguridad, evaluar el desempeño de la función policial y la confianza en las corporaciones.
 
En el Centro Nacional de Atención a la Denuncia Ciudadana (CND) se reciben quejas contra elementos de seguridad pública. Se ha equipado con tecnología de punta para incrementar su capacidad de operación y recepción de quejas y denuncias. En el periodo septiembre de 2007 a agosto de 2008, se recibieron 70 mil 630 denuncias ciudadanas.
Se ampliaron las estrategias y acciones para abatir los índices de corrupción y generalizar el apego a la legalidad. Se realizaron auditorias financieras, administrativas, operativas y especiales, entre otras, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, racionalizar el uso y aplicación de los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales.
El fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus instituciones depende en gran medida de los mecanismos que se instrumenten para ese efecto. Por ello, se consideran las estrategias, líneas de acción e indicadores que a continuación se enuncian.
Estrategia 6.1
Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en los tres órdenes de gobierno que permitan transparentar y rendir cuentas de las acciones en materia de seguridad pública.
Línea de acción 6.1.1
Establecer mecanismos de seguimiento al ejercicio de los recursos federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública.
Estrategia 6.2
Realizar encuestas de opinión pública para medir la percepción ciudadana sobre seguridad pública.
Línea de acción 6.2.1
Aplicar un sistema de evaluación y seguimiento que mida metas y resultados institucionales.
 
Nombre del indicador
Unidad de medida
Línea base 2006
Meta 2012
Recepción y atención de la
denuncia ciudadana
Número de denuncias
ciudadanas canalizadas
a instancias
competentes (DIF,
PGJE, PGR, PF y otras)
38,779 denuncias
ciudadanas canalizadas
a instancias
competentes (DIF,
PGJE, PGR, PF y
otras)
91,943 denuncias ciudadanas canalizadas a instancias competentes (DIF, PGJE, PGR, PF y otras), a nivel nacional
Eficacia en la aplicación del
gasto en seguridad pública
Porcentaje de recursos
presupuestales
ejercidos anualmente
Ejercicio de 37.5% de
los recursos asignados
en el año
Incremento anual de al menos cinco puntos porcentuales en el ejercicio de los recursos asignados, destinados a:
1.  Alienación de las
capacidades del
estado mexicano
contra la
delincuencia
2.  Prevención del delito
y participación
ciudadana
3.  Desarrollo
Institucional
4.  Sistema penitenciario
5.  Combate a la
corrupción
6.  Plataforma México
7.  Indicadores de
medición
Porcentaje de población
que se siente insegura en la
localidad donde vive
Porcentaje de la
población encuestada
mayor de 18 años que
se siente insegura en la
localidad donde vive
54% de la población de
18 años o más se
siente insegura
Lograr que menos del
50% de la población de
18 años o más se sienta
insegura
Porcentaje de ciudadanos
que sienten confianza en
las corporaciones policiales
Porcentaje de la
población encuestada
mayor de 18 años que
siente confianza en las
corporaciones
policiales.
59% por ciento de la
población siente
confianza 6
Incrementar a 63% por
ciento la población que
siente confianza
4. Seguimiento, medición y evaluación de resultados
El claro compromiso con los resultados está respaldado por un enfoque de medición y valoración objetiva del desempeño.
El seguimiento y la evaluación de los esfuerzos de las instituciones y organizaciones responsables de la seguridad pública en el país se hará con base en indicadores empíricos específicos.
Las estrategias, objetivos y líneas de acción establecidos en este Programa serán objeto de seguimiento, medición y evaluación a través de la información que las dependencias públicas de los distintos órdenes de gobierno deberán remitir con la periodicidad establecida para alimentar las bases de datos que integrarán el Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSyE) del PNSP.
Tal Sistema estará incorporado a Plataforma México. Las dependencias y organizaciones públicas de los distintos órdenes de gobierno que participan de este programa podrán tener acceso al SSyE a través de los enlaces que se definan.
El fin último del SSyE es contribuir con información objetiva, confiable y oportuna tanto a la toma de decisiones, como a la definición de acciones que permitan alcanzar u optimizar el logro de los objetivos y metas de este Programa.
Sistema de seguimiento y evaluación
Con el objeto de contribuir a la ejecución eficiente de las acciones y estrategias planteadas en este Programa, el SSyE considerará:
-      Seguimiento de metas e indicadores. Cada uno de los indicadores establecidos en este Programa será sujeto de seguimiento periódico a fin de conocer su avance.
-      Medición y evaluación de resultados. Su objetivo es ponderar, a partir de los resultados arrojados por los indicadores, los logros alcanzados. A partir la medición de resultados, se analizará la pertinencia de la continuidad, o posibles correcciones o ajustes, según sea el caso, para optimizar el logro de compromisos y objetivos del Programa.
Seguimiento de metas e indicadores
Los indicadores plasmados en el PNSP desempeñan dos funciones básicas para una acción de gobierno eficaz: una informativa y otra de evaluación.
En este proceso participarán todas las instituciones y órdenes de gobierno involucrados en el desarrollo de las acciones del Programa. Los reportes de avance se realizarán en los tiempos, formas y mecanismos que se determinen para la oportunidad y utilidad de la información.
Factor esencial de los informes de avance en la ejecución de acciones y compromisos será la identificación, por parte de las dependencias participantes, de los elementos internos o externos que contribuyan o impidan el logro de los objetivos y metas establecidos.
Medición y evaluación de resultados
Los resultados obtenidos serán la base para corroborar si se van alcanzando las metas planteadas en el Programa, o bien para determinar si existen desviaciones.
Informes de resultados
La rendición de cuentas es un elemento fundamental que considera el PNSP para informar con objetividad y transparencia los resultados e impactos de las acciones instrumentadas.
Se informará oportunamente de los avances y demás aspectos asociados al cumplimiento de
compromisos y al logro de los resultados establecidos en este Programa.
Lo anterior se fortalecerá con la participación social a través de observatorios ciudadanos y otros mecanismos e instancias de seguimiento y evaluación de los avances de este programa.
Notas
 

En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
tramites Normas Oficiales
suscripcion Suscripción
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
Publicaciones relevantes Publicaciones Relevantes
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
filtros rss Filtros RSS
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Estadísticas
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
La traducción es automática y puede contener errores o inconsistencias
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 23/09/2014

DOLAR
13.2566

UDIS
5.171535

TIIE 28 DIAS
3.2865%

TIIE 91 DIAS
3.2955%

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.514386001208453418.gif 0.035783001208452443.gif 0.436403001208454938.jpg 0.102098001232588584.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.506143001224004954.jpg 0.821786001312920061.gif 0.347960001208453242.jpg 0.404109001378823317.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P 06500 México D.F.
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Correo electrónico: dof@segob.gob.mx
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

111

AVISO LEGAL | PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL