DOF: 02/06/2010
SENTENCIA pronunciada en el expediente agrario 1576/2004, relativo al reconocimiento de comunidad y derecho a la posesión de terreno de la comunidad Santa Rosalía, contra el núcleo agrario denominado Santa Rosalía, Municipio de Ures, Son

SENTENCIA pronunciada en el expediente agrario 1576/2004, relativo al reconocimiento de comunidad y derecho a la posesión de terreno de la comunidad Santa Rosalía, contra el núcleo agrario denominado Santa Rosalía, Municipio de Ures, Son.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Unitario Agrario.- Secretaría de Acuerdos.- Distrito 28.- Hermosillo, Sonora.

Vistos, los autos del expediente agrario 1576/2004, que promueven Martín Pérez Peraza y otros, por el reconocimiento de comunidad y el derecho a la posesión de terreno, contra el núcleo agrario denominado Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora; en cumplimiento a la ejecutoria emitida el siete de enero de dos mil diez, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el Juicio de Amparo Directo Administrativo 180/2009, y
RESULTANDO
PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil cuatro, comparecieron ante este Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, Martín Pérez Peraza, Francisco Javier Peraza Ochoa y Elías Esparza Santacruz, en representación de la comunidad de hecho llamada Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, para demandar en contra del ejido Santa Rosalía, del mismo Municipio y Estado, las siguientes pretensiones:
"A. El reconocimiento judicial como Comunidad del núcleo agrario denominado Santa Rosalía, municipio de Ures, estado de Sonora, por virtud del estado comunal que guardan en el mencionado núcleo agrario los demandantes;
B. Como consecuencia de la procedencia de la demanda contenida en el punto anterior, la declaración judicial de que se surtan los efectos jurídicos previstos por el artículo 99 de la Ley Agraria.
C. La declaratoria judicial de que la Comunidad de Santa Rosalía, municipio de Ures, es propietaria del predio que actualmente ocupa y usufructúa, y la autorización y reconocimiento del plano que se anexa relativo al predio cuya propiedad demanda la Comunidad...". (sic).
El capítulo de hechos narrados en la demanda dice:
"... 1.- La comunidad de Santa Rosalía data de tiempos inmemoriales, siendo reconocida como tal desde la época colonial, cuyos órganos de gobierno reconocieron su existencia, la pro8piedad y posesión de los naturales sobre los terrenos que hasta la fecha han venido poseyendo y usufructuando. 2.- Los promoventes del juicio, hemos conservado desde su origen el estado comunal respecto de los terrenos que se precisan y delimitan en el plano que se anexa, manteniendo la posesión continua, pacífica y pública sobre los mismos, así como el usufructo derivado del trabajo y ocupación de los mencionados terrenos mediante la explotación ganadera y agricultura temporal y de riego. 3.- El ejido demandado fue dotado mediante resolución presidencial de fecha 26 de marzo de 1935, publicada en el Diario Oficial de fecha 06 de agosto del mismo o, y en la misma, se consideró como beneficiados a diversos solicitantes del poblado de Santa Rosalía de Ures, que según dicha resolución reunían los requisitos para tal reconocimiento, sin embargo, la resolución presidencial mencionada, no incluye declaración alguna sobre la existencia o no de la comunidad de Santa Rosalía, ni afecta los terrenos propiedad y posesión de la comunidad para surtir la dotación dada a los pobladores solicitantes en ese procedimiento. 4.- Por virtud de que la comunidad de Santa Rosalía, requiere del reconocimiento formal de la misma para tener acceso a programas de apoyo para la producción y sustentar diversas actividades relacionadas con la gestión administrativa, promovió ante este mismo tribunal agrario diligencias de jurisdicción voluntaria a efecto de obtener el mencionado reconocimiento, notificando para ello a los diversos colindantes tanto particulares como el ejido Santa Rosalía, por lo que se radicó el juicio correspondiente bajo el expediente mero T.U.A. 28.-179/01, al que ocurrieron los colindantes emplazados, en audiencia de fecha 29 de enero de 2001, en la que se obtuvo el consentimiento y conformidad de los colindantes particulares con las diligencias para el reconocimiento de la comunidad, no así del ejido Santa Rosalía, el que en términos generales manifestó oposición con las mencionadas diligencias, razón por la cual la abogada asesora de la Procuraduría Agraria se desistió de las mismas en representación de la comunidad, para ejercitar la acción en la vía contenciosa. 5.- En el acuerdo de la misma fecha de la audiencia, el tribunal resolvió tener por desistidos a los promoventes de las diligencias de jurisdicción voluntaria, Comunidad de Santa Rosalía, municipio de Ures, mediante las cuales pretendían el reconocimiento como entidad jurídica, y seguidamente su constitución legal sobre los terrenos que ha venido usufructuando (alrededor de 4000-00-00 hecreas), dejando a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía y forma correspondientes, es decir en juicio controvertido agrario: por lo que a través de la presente demanda se ejerce la acción de reconocimiento de comunidad y su constitución legal sobre los terrenos que actualmente
ocupa y usufructúa, prestaciones que reclamamos los suscritos, en atención además a los hechos supervenientes a la resolución mencionada, que se exponen en el punto siguiente. 6.- El poblado Santa Rosalía, municipio de Ures, a través de su comisariado ejidal, en el juicio de jurisdicción voluntaria promovido por la Comunidad, pretendió fundar su oposición al reconocimiento demandado, en la solicitud de ampliación de ejidos que tenía planteada ante las autoridades agrarias, que involucraban entre otros predios al que ocupa la comunidad, en virtud de encontrarse dentro del radio legal de afectación de siete kilómetros. 7.- El Ejido llevó a cabo gestiones para que se le resolvieran sus pretensiones de ampliación en vía diversa a la planteada, por lo que llegó a un acuerdo con las autoridades agrarias de incluir sus demandas en el Programa de Atención a Conflictos en el Medio Rural (FOCOS AMARILLOS), por lo que mediante el acuerdo conciliatorio de fecha 22 de agosto de 2003, se adquirió en su beneficio un predio alternativo denominado rancho "El Zacatón", con superficie de 2018-06-80 hectáreas ubicado en el municipio de Soyopa, Sonora. 8.- En el convenio mencionado celebrado el 22 de agosto de 2003 y ratificado ante el Tribunal Agrario número 28, a través del juicio agrario número 458/2003, que lo elevó a categoría de sentencia definitiva y cosa juzgada, estableciéndose en la Cláusula SEPTIMA del multicitado Convenio, que los ejidatarios del Ejido Santa Rosalía, Municipio de Ures, manifiestan "NO RESERVARSE NINGUNA ACCION QUE HACER VALER EN EL FUTURO, QUE TRASTOQUE EL PRESENTE CONVENIO", lo que implica el total desistimiento de la acción agraria de ampliación de ejidos promovida por el mismo; por lo que automáticamente desaparecen las causas de oposición manifestadas por los ejidatarios para el reconocimiento de la Comunidad como ente jurídico y su propiedad sobre el predio que posee y usufructúa ...." (sic), (hojas 2-4, legajo 1).
SEGUNDO. Por proveído de trece de diciembre de dos mil cuatro, se admitió a trámite la demanda, ordenando notificar al actor y emplazar a la contraria, para que comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria (hojas 52-53, Tomo I).
TERCERO. En audiencia de primero de febrero de dos mil cinco, se hizo constar la asistencia de Jesús María Pérez Peraza, Francisco Javier Peraza Ochoa y Elías Esparza Cruz, en su carácter de representantes del poblado actor, debidamente asesorados; por el ejido demandado únicamente asistieron Alfonso Peraza Badilla y Francisco López Merardo, en calidad de presidente y tesorero, respectivamente, del comisariado ejidal, sin asesor legal, motivo por el que se suspendió la audiencia, y por oficio se solicitó a la Procuraduría Agraria en el Estado, les proporcionara defensor jurídico.
Por otra parte, para allegar al expediente mayores datos respecto de la acción que nos ocupa, con fundamento en el artículo 186 de la Ley Agraria, se ordenó tener a la vista los expedientes agrarios 179/2001 y 458/2003, y se requirió a diversas dependencias para que proporcionaran la información en relación con la comunidad promovente (hojas 41-42, 55-57, Tomo I).
En audiencia del veinticinco de abril de dos mil cinco, la parte actora ratificó en todos y cada uno de sus términos su demanda inicial a través de los representantes; por su parte, al contestar la demanda el poblado ejidal argumentó que eran improcedentes las prestaciones (hojas 71-72, del Torno I), y respecto a los hechos refutó lo siguiente:
"... 1.- Es verdad; sin embargo la posesión de las tierras ha estado en poder del ejido "Santa Rosalía", ya que se entregó al poblado en el año de 1935 las mas de 4,000-00-00 has que hoy reclaman los actores. 2.- En relación al segundo hecho de la infundada demanda, este hecho resulta ser falso, ya que los actores no tienen la posesión que alegan, por el contrario, los integrantes de nuestro ejido, somos quienes nos hemos mantenido en posesión de los terrenos que se reclaman, esto lo acreditaremos con los medios de prueba idóneos al respecto. 3.- En relación al tercer hecho es cierto que con fecha 26 de marzo del año de 1935, se dotó al poblado "santa Rosalía", municipio de Ures, Sonora, y se entregaron las tierras que se solicitaron, mas las 4,000 has. que reclaman los actores, de ahí lo improcedente del asunto para que se les declare judicialmente como comunidad. 4.- Este hecho es cierto, sin embargo cabe destacar que los solicitantes de tierra no tienen la posesión de las tierras que solicitan les sea declarado como comunidad, esto es, no son poseedores, de ahí que resulte infundado lo manifestado por lo actores, en el sentido de que requieren de documentos para apoyos a la comunidad, si no realizan actividades ni agrícolas, ganaderas o agropecuarias, siendo falso lo señalado en esta sentido. 5.- Este hecho es cierto. 6.- Este hecho es cierto. 7.- Este hecho es cierto. 8.- Este hecho es falso y lo que señalan respecto al citado convenio, es muy cuestionable, pues si bien es cierto que nuestro grupo en diversas ocasiones solicitamos ampliación de ejidos, que por una u otra razón no se nos concedió, firmamos un acuerdo en el que aceptábamos un predio de manera alternativa para continuar con nuestros trabajos de campo; sin embargo se aclara que esto se hizo para compensar la división de tierras que se hizo dentro de nuestro poblado, con la conformación del nuevo ejido denominado "El
seguro", acción por la cual perdimos mas de la mitad de las tierras con que fuimos dotados, pero esto nada tuvo que ver con la posesión de tierras que desde antes de la creación de nuestro ejido, mantenemos sobre los terrenos que piden su reconocimiento los actores, de ahí pues que este argumento es intrascendente e irrelevante en el presente juicio; nosotros jamás hemos renunciado a la posesión y propiedad de las tierras que hoy dicen ser bienes comunales, por el contrario, desde que se entregó nuestro poblado, en la resolución presidencial hacia saber que se dotaban de 6,414-00-00 has., mas 4,000, que son las que hoy están en conflicto, además el referido convenio no se firmó o se pactó cláusula alguna con los accionantes, de ahí que no hemos hecho ningún compromiso formal con ello, y que estemos en consecuencia incumpliendo, por lo que no existe ninguna relación entre los accionantes con el citado convenio que se ratificó ante este Unitario..." (sic).
Asimismo, en reconvención pretendieron lo siguiente:
Que por resolución firme que dicte este H. Tribunal Agrario, se nos reconozca al ejido "Santa Rosalía", municipio de Ures, Sonora, el mejor derecho a poseer una superficie de 4,274-00-00 has. que desde por lo menos el año de 1934 a la fecha venimos ejerciendo posesión de manera pacífica, continua, pública y de buena fe; terrenos que son las que vienen reclamando los actores en lo principal, señalando además que el mandamiento gubernamental expedido en el año de 1934 y acta de posesión provisional, son los documentos que representan la causa generadora de nuestra posesión, toda vez que desde ese año hemos permanecido en este lugar nuestros antepasados y ahora los suscritos, tiempo en el cual nos hemos conducido en concepto de titular de derechos sobre esta propiedad, de tal modo que la posesión a que hacemos alusión es de carácter originaria, ostentándose en todo momento como dueños de la superficie señalada.
B).- En consecuencia de lo anterior y con fundamento en el artículo 98 fracción III y 99 de la ley agraria, se otorgue mediante Resolución Jurisdiccional el reconocimiento formal como comunidad a favor de nuestro núcleo agrario, en virtud de que guardamos el estado comunal sobre las tierras materia de la litis con superficie de 4,274-00-00 has., ya que hemos mantenido la posesión de las mismas desde el año de 1934.- AD CAUTELAM- C).- En caso de no proceder lo anterior, en consecuencia entonces se deberá ordenar a la Representación Regional de la Secretaría de la Reforma Agraria, lleve a cabo el procedimiento administrativo, en el cual, se otorgue preferencia a los suscritos para que, una vez que nos sea reconocido el mejor derecho a la posesión de estas tierras, las mismas sean tituladas a nuestro favor, derivado de que se trata de terrenos de origen presuntamente nacional, debiendo entonces ordenar los trabajos técnicos de deslinde y levantamiento topográfico y demás diligencias..." (sic). (hojas 72-75, legajo 1).
La narrativa de hechos en los que se sustentó la reconvención, dice:
"... 1.- Que el poblado "Santa Rosalía", Municipio de Ures, Estado de Sonora, fue creado por la vía de Dotación de Tierras mediante resolución Presidencial de fecha 26 de marzo del año de 1935, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo del mismo año y ejecutada totalmente el 26 de febrero de 1936, entregándose las 6,414-00-00 has concedidas a 111 beneficiados, mas 4,274-00-00 has. que fueron expresamente confirmadas en el mandamiento gubernamental del 04 de noviembre de 1934. 2.- Posteriormente el día 21 de noviembre del año de 1966, un grupo de 82 campesinos avecindados en el poblado, solicitaron la ampliación de ejidos, publicándose la solicitud en el Boletín Oficial del Estado el día 30 del mismo mes y año, mientras que el mandamiento gubernamental se emitió el 23 de agosto de 1967, en sentido negativo; confirmando el dictamen que en iguales términos dictó la Comisión Agraria Mixta el día 07 de agosto de 1967. 3.- Posteriormente, derivado de unos trabajos técnicos informativos defectuosos, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió un primer dictamen positivo el 18 de enero de 1978, contemplando una superficie a conceder de 7,974-25-93 has. y posteriormente, al subsanarse dichos trabajos, se dejó sin material tal dictamen, emitiéndose el negativo de fecha 23 de enero de 1991, por falta de fincas afectables en el radio legal de 7 kms., toda vez que se detectó la existencia de los títulos de propiedad expedidos sobre los predios "Santa Rosalía" y sus demasías o pueblo viejo", también conocido como "Rancho Santa Patricia"; "Noria blanca" y la "Junta de o juntas de abajo o Zamorate", este ultimo amparado también por el Certificado de Inafectabilidad Ganadera # 384318, expedido el 22 de mayo de 1987. Relacionados entre sí estos primeros tres hechos que se mencionan, demuestran que los suscritos siempre hemos permanecido en posesión de los predios que hoy quieren reclamar los actores, pues desde el mandamiento gubernamental ya se concedía a los suscritos la propiedad provisional del citado terreno, además de las solicitudes de ampliación que sobre este terreno se tramitó. 4.- Por otra parte se tiene que se iniciaron dos procedimientos de Restitución de Tierras, además del primero (Resolución Presidencial), que al no proceder por esa vía, se resolvió por la dotatoria, a saber. A)- fecha de solicitud 03 de julio de 1985. Dictamen de la Comisión Agraria
Mixta en el Estado: 21 de septiembre de 1988 (negativo). Dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario fecha: 30 de noviembre de 1989 (negativo) nuevo dictamen del C.C.A., fecha: 29 de noviembre de 1992 (negativo) Resolución definitiva, emitida por el tribunal Agrario competente en el juicio agrario 336/94, fecha: 17 de junio de 1997 (negativa) B).- fecha de la solicitud: 21 de junio de 1992. Resolución Definitiva, dictada también por el T.U.A., No. 28, en el diverso juicio agrario No. 75/92, fecha: 31 de agosto de 1994. (negativa). 5.- Así las cosas y a manera de antecedente, se destaca que en fecha 25 de febrero de 1943, un grupo de ejidatarios pertenecientes al poblado "El seguro" (que se encontraba dentro del poblado Santa Rosalía) solicitó la separación o división de este anexo de su núcleo principal el ejido "Santa Rosalía", dicho procedimiento culminó con Resolución Presidencial de fecha 28 de junio del año de 1944, en el que se negó el primer intento de división de ejidos. Posteriormente y después de varios intentos, en fecha 30 de marzo del año 2003, se llegó a un acuerdo, por lo que en la referida fecha, se aprobó en asamblea la división formal de los dos ejidos "Santa Rosalía" y "El Seguro"; quedándole una superficie de 3,303-88-96.45 has. para 65 beneficiados al poblado "Santa Rosalía"; mientras que al poblado "El seguro", se le dejaron 3,195-76-40.45 has. para 45 beneficiados; asamblea que tuvo como fin además de la división, la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, la elección de órganos de representación y vigilancia, la presentación de los reglamentos internos, entre otras cosas, para cada núcleo ejidal; se señala lo anterior, ya que está íntimamente ligado con lo argumentado por la actora en lo principal, al decir que nuestro poblado renunció a las tierras que son comunales, una vez que firmó el convenio de fecha 22 de agosto de 2003 y ratificado ante este Unitario en el juicio agrario número 458/2003, en el cual una de sus cláusulas señala que los suscritos declaramos no "reservarnos ninguna acción que hacer valer en el futuro que trastoque el presente convenio" ...Efectivamente, los suscritos no estamos haciendo nada que trastoque el referido convenio, pero es pertinente aclarar, que este convenio se suscribió precisamente para compensar la pérdida de tierras que sufrió nuestro poblado al celebrarse la citada división de ejidos, pero en ningún momento los suscritos pactamos con los actores para renunciar a estas tierras, ni adquirimos compromiso alguno para que ellos pretendan ahora ejercer la acción de reconocimiento sobre las tierras comunales que desde hace tantos años poseemos. 6.- Es necesario manifestar que los que hoy reclaman son personas que si bien manifiestan ser originarios de ahí, ello resulta muy cuestionable, pues la mayoría de ellos, viven en la Cd. de Hermosillo, y solo unos cuantos residen en el poblado, así mismo carecen de posesión sobre las tierras reclamadas, pues se valieron de que dichas tierras aun no cuentan con documentos que acrediten la propiedad a nuestro favor para intentar buscar algún reconocimiento sobre dichas tierras. 7.- De igual forma se señala que los trabajos de constitución de comunidad, siempre fueron llevados a cabo por nuestro ejido, de modo tal que no se nos ha otorgado por autoridad competente la propiedad de las tierras que señalamos, pues como ya se describió en lo antecedentes del caso, siempre se nos han negado los procedimientos respectivos; como son el de Restitución de Tierras, así como de ampliación de ejidos; pero cabe precisar que ha sido nuestro propio núcleo quienes hemos tratado de constituirnos como comunidad, reclamando el respeto y derecho sobre nuestras tierras, que como ya lo hemos señalado, las mantenemos en posesión, pues el hecho de que ahora se presente este grupo, que se integró aproximadamente hace cinco años; ante esta Autoridad, valiéndose de los antecedentes del caso, aprovechando la lucha que hemos llevado a cabo por tantos años, no les da derecho o no se les debe de reconocer ningún derecho para el reclamo de estas tierras; no están legitimados para ello; pues jamás han estado en la lucha que nosotros hemos sostenido por el respeto de nuestras tierras, solo buscan confundir a las autoridades para que se les reconozca o cree algún derecho que no les asiste; ya que el 100% de las tierras que reclaman están en posesión de nuestro ejido; de ahí que no es posible que se les reconozca o cree algún derecho, por la simple razón de que no están en posesión de los predios reclamados, y el supuesto estado comunal que guardan las tierras, es verdad, pero ese estado comunal se ejerce por los ejidatarios o comuneros, que en ambos casos, somos los integrantes del ejido "Santa Rosalía", pero no son ellos (actores en principal), ya que se presentan bajo ese contexto haciéndose llamar comuneros, cuando nunca han realizado ninguna solicitud ante instancias del gobierno para solicitar el reconocimiento de tierras como comunidad, esa lucha la hemos hecho nosotros, repetimos, los integrantes del ejido "Santa Rosalía", que desde el año de 1934 hemos permanecido en este lugar, estas personas son solo oportunistas, que buscan la manera de tener tierras, cuando no les ha costado la lucha que nosotros si hemos tenido...." (sic) (hojas 71-76, legajo 1).
Admitida la reconvención, la parte demandada dio contestación el once de mayo del dos mil cinco, a través de sus representantes, en los términos siguientes:
"...AL CAPITULO DE PRESTACIONES: Se niegan por improcedentes e infundadas las prestaciones
reclamadas por la contrademandante y que encuadra en los incisos A y B del capítulo de PRESTACIOINES de la RECONVENCION: Se niega por improcedente e infundada la prestación enlistada bajo el inciso C del capítulo que se contesta. CONTESTACION AL CAPITULO DE HECHOS. 1.- Los hechos que se relatan en este punto y que ahora se contestan, son ciertos parcialmente y falsos parcialmente, por lo que se confirman los ciertos y se niegan los falsos. Es cierto que el poblado "Santa Rosalía", fue creado por la vía de Dotación de Tierras mediante Resolución Presidencial de fecha 26 de marzo de 1935; es falso que se haya publicado en el Diario Oficial de la federación el mismo día, sino que la fecha de su publicación fue el día 6 de agosto de 1935; es falso que la ejecución de la Resolución Presidencial haya incluido las 4274-00-00 hectáreas mencionadas en el mandamiento gubernamental publicado el 15 de diciembre de 1934, y menos en mandamiento que alude la reconvencionista de fecha "04 de noviembre de 1934" (que no existe), siendo la realidad que tal pronunciamiento de primera instancia (el mandamiento gubernamental) fue modificado por la Resolución Presidencial, misma que no incluyó las 4274-00-00 hectáreas que venían siendo poseídas por la comunidad desde tiempos inmemoriales. 2.- Los hechos del punto correlativo, son ciertos y se confirman, agregando que los solicitantes en vía de ampliación, incluyeron en su demanda los terrenos objeto de este litigio que se hallaban en posesión material e inmemorial de la Comunidad, lo que resulta contradictorio en virtud de que no media congruencia ni lógica en el hecho de solicitar se les dote de un terreno que supuestamente ya se tiene. 3.- Los hechos del punto "3" correlativo que se contesta, en su primer párrafo, ni se afirman ni se confirman ni se niegan por no ser propios y resultar inconducentes en el presente litigio. Lo expresado en el párrafo segundo, resulta contradictorio toda vez que confunde, tal vez deliberadamente los conceptos de "posesión" y "propiedad"; asimismo, en la Reconvención afirma la demandada haber estado en posesión de los terrenos desde siempre, y en la Contestación de la demanda asegura que en posesión data de 1934 a la fecha. 4.- Los hechos del punto correlativo, ni se afirman, ni se confirman ni se niegan, por ser inconducentes en el litigio. 5.- los hechos del punto cinco que se contesta, ni se afirman, ni se confirman, ni se niegan en cuanto resulten inconducentes con el presente litigio; negando expresamente que el proceso de división de ejido relacionado con el poblado "El Seguro", le haya significado al ejido pérdida de terreno como lo afirma, sino que se trató de un reparto o distribución proporcional del terreno ejidal entre ejidatarios de un mismo ejido que decidieron estar en distintos poblados y ser independientes uno de otro, posibilidad prevista por la ley agraria. 6.- En relación con los hechos expuestos en el correlativo, negamos que seamos ajenos al derecho que mantenemos como comuneros, siendo que mantenemos la posesión de los terrenos en cuestión, en ellos trabajamos en la medida que nos permite nuestra capacidad económica y el abandono por parte de las instituciones de gobierno en cuanto a crédito y apoyos financieros, generándose esto último precisamente por nuestra condición de comunidad de hecho, que carece de personalidad jurídica y de falta de reconocimiento como sujeto agrario susceptible de ser considerado en los programas gubernamentales de apoyo al campo y a los campesinos. 7.- Los hechos del punto siete, son falsos en cuanto pretende la demandada presentarnos como personas ajenas a la comunidad y al derecho sobre los terrenos que ocupa la misma; es falso también y se niega terminantemente que la demandada sea quien en forma absoluta tenga derecho sobre la tierra objeto parcial del juicio, toda vez que la verdad es la sostenemos los suscritos en el sentido de que los comuneros mantenemos la posesión sobre la mencionada tierra, y reconocemos que algunos ejidatarios se hallan también en posesión de las tierras de la comunidad, y que tal derecho se los reconocemos así como las derivaciones que se den con motivo de tal posesión; pero es falso, lo negamos y nos oponemos a la pretensión del ejido de ser el titular de dicho terreno. ..." (sic), (hojas 120-122, del Tomo I).
CUARTO. Acto seguido, se admitieron y desahogaron las pruebas. Posteriormente, en diligencia para mejor proveer se ordenó la pericial en materia de topografía (hojas 152-156 y 411-412, Tomo I, y hojas 643-644 Tomo II).
QUINTO. Una vez que se desahogó el procedimiento, el veintidós de enero de dos mil nueve, se dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos fueron:
"PRIMERO. En el juicio principal, se reconoce y titula a favor de la comunidad de Santa Rosalía, Municipio de Ures, Sonora, una superficie de 4,378-63-47.376 (cuatro mil trescientas setenta y ocho hectáreas, sesenta y tres áreas, cuarenta y siete centiáreas, trescientos setenta y seis miliáreas), comprendidas entre las mojoneras "Cerro de la Campana", "El Yaqui", "Cerro del Puertecito", y "Piedra Colgada", cuyos rumbos, distancias y linderos quedaron precisados en el dictamen de veintinueve de septiembre de dos mil siete, ratificado ante este Tribunal el cuatro de octubre del dos mil siete, emitido por el perito único de las partes, para beneficiar a los cincuenta y cinco listados en el considerando SEPTIMO de este fallo.
 
SEGUNDO. Se declara resuelto el conflicto por posesión y límites de terrenos comunales que venían sosteniendo la comunidad de Santa Rosalía, y el ejido del mismo nombre, ubicados ambos en el Municipio de Ures, Sonora, por lo expuesto y fundado en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO. Por ende, la superficie reconocida como terrenos comunales a la comunidad Santa Rosalía, Municipio de Ures, Sonora, es inalienable, imprescriptible e inembargable, por lo que para garantizar su posesión y disfrute por parte de la citada comunidad a que pertenecen, se sujetarán a las disposiciones, limitaciones y modalidades que señala la Ley Agraria.
CUARTO. En la reconvención el ejido Santa Rosalía, Municipio de Ures, Sonora, no demostró sus pretensiones, por lo que en esta última vía se absuelve a la comunidad accionante en el principal, de las reclamaciones en su contra.
QUINTO. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para lo cual gírese los oficios que corresponda acompañando certificación de esta resolución; asimismo, al Registro Agrario Nacional acompañando además de la certificación de esta resolución copia certificada del plano correspondiente a la comunidad que nos ocupa, realizado por el perito único en el presente asunto, para los efectos de los artículos 152 fracción I de la Ley Agraria y 48 segundo párrafo, en concordancia con el 46 del reglamento interior de esa dependencia; de igual manera al Registro Público de la Propiedad correspondiente para los efectos de su inscripción.
SEXTO.- Igualmente, gírese atento oficio al Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria, al que se acompañe copia certificada de esta sentencia, para que conforme a sus facultades legales, asesores a la asamblea general de comuneros y se lleve a cabo la elección de los órganos de representación de la comunidad de Santa Rosalía, Municipio de Ures, Sonora, en términos del considerando final de este fallo.
SEPTIMO.- Notifíquese personalmente a la comunidad denominada Santa Rosalía, y al ejido del mismo nombre, ubicados ambos en el Municipio de Ures, Sonora, por medio de sus respectivos representantes legales, autorizados en autos.
OCTAVO.- Previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido." (sic), (hojas 763-765).
SEXTO. Inconformes con dicho fallo, José Alberto Daniel Pérez, María del Carmen Martínez Ochoa, Ramón Martín Ochoa Badilla, Jorge Enrique Pérez Romero, Margarita Judit Pérez Peraza, José Amador Pérez Peraza, Sergio Ochoa Badilla, Mario Alejandro Ochoa Peraza, Miguel Daniel Pérez, Jesús Ignacio Daniel Pérez, Antonio Rosalío Pérez Peraza, José Refugio Peraza Ochoa y Manuel Alfonso Peraza Ochoa, por conducto de su asesor legal, licenciado José María Gastélum Barraza, promovieron juicio de amparo directo, que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el expediente número 180/2009, en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, en ejecutoria de siete de enero de dos mil diez.
SEPTIMO. En cumplimiento a dicha ejecutoria, por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil diez, este Tribunal Unitario Agrario, por una parte, dejó intocada la sentencia que había dictado el veintidós de enero de dos mil nueve, en lo que respecta a lo considerando y puntos resolutivos que no fueron materia de amparo, y por la otra, dejó insubsistente aquella parte que sí fue materia de la concesión del amparo, y en consecuencia turnó el asunto para el dictado de una nueva resolución, y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Este Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el numeral 189 de la Ley Agraria; y por el artículo 18, fracción III, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
SEGUNDO. Motiva la competencia constitucional y legal de este Tribunal Unitario Agrario, el hecho de que las personas que integran a la parte actora, en la demanda inicial pretenden se declare el reconocimiento judicial de comunidad denominada Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, en virtud del estado comunal que guarda la citada población, para que se surtan los efectos previstos en el artículo 99 de la Ley Agraria.
Lo anterior justifica plenamente que este Tribunal Agrario, acorde con lo previsto en el artículo 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armónica interpretación con lo
dispuesto en el artículo 18, fracción III, de la Ley Orgánica de Tribunales Agrarios, resuelva las pretensiones hechas valer en la demanda por los campesinos promoventes, y en consecuencia, declare si procede o no, el reconocimiento de comunidad y el derecho a la posesión de terrenos, con la finalidad de que la comunidad de hecho se traduzca en comunidad de derecho, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley Agraria, adminiculado con los numerales 100 y 101 del mismo ordenamiento.
TERCERO. Es necesario reiterar que esta sentencia se dicta en cumplimiento a la ejecutoria aprobada el siete de enero de dos mil diez, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el juicio de amparo directo número 180/2009, promovido por Martín Pérez Peraza y otros, cuyo lineamiento es el siguiente:
"QUINTO.- Así pues, en sus conceptos de violación, los quejosos alegan:
- Que el agravio fundamental que les causa la sentencia reclamada es que no se les incluyó en el censo de comuneros que se determinó, no obstante formar parte de la lista de los representados por los promoventes, además de que fueron propuestos para conformar dicho padrón y acreditaron su interés jurídico y legitimación, así como su capacidad agraria para ser titulares de derechos comunales.
- Que el Tribunal responsable aplicó un criterio de selección sin sustento legal y propio de acciones distintas a la ejercitada; que indebidamente decidió reconocer como titulares de derechos a la comunidad reconocida, sólo a aquellos que acreditaron mantener parcelas en posesión, sin importar si ya habían sido beneficiados con otras acciones agrarias, como la de dotación y ampliación en la vía ejidal.
- Que soslayó que quienes suscribieron la demanda inicial manifestaron que la posesión sobre los terrenos reclamados era de carácter originario y no derivado, circunstancia aceptada por el ejido demandado; que su objetivo era ser reconocido como titulares de derechos comunales, en virtud de ser campesinos con capacidad agraria y derechos a salvo, que habían sido excluidos en acciones agrarias previas del poblado, como la dotación y ampliación de ejidos.
- Que además, le solicitaron se reconociera en el padrón definitivo de la comunidad, en forma preferencial, a todos aquellos que se habían manifestado y reclamaban ser comuneros con capacidad agraria, que no habían sido tomados en cuenta en la acción de dotación original ni, en la de ampliación del ejido para su incorporación como ejidatarios, también a quienes por su forma de vida radicaban en la comunidad, empleándose como jornaleros o realizando otro tipo de actividades que los mantenían arraigados a la misma y a quienes radicaban fuera de la comunidad por necesidad, pero que por las actividades productivas que realizaban dentro de la misma, de manera permanente, su presencia era constante en el medio, como lo hicieron valer en la objeción a la lista propuesta por el ejido para conformar el padrón comunal.
- Que la comunidad actora oportunamente señaló que la circunstancia de que hubiese posesionarios de parcelas en sus terrenos, sólo tendría como consecuencia que en la sentencia se excluyeran las mismas, pero no que se tuviera tal circunstancia como base para reconocerles derecho a los ejidatarios poseedores de ser titulares de derechos comunales.
- Que la sentencia reclamada era incongruente (transcriben diversos apartados); que el Tribunal responsable no la fundó cuando arribó a la conclusión de que por las posesiones que tenían en las tierras de que se trata, encontradas en la diligencia que antecedía (inspección judicial), se debía comprender como integrantes de la comunidad a sus poseedores.
- Que no expuso el fundamento mediante el cual adoptó tal criterio y reconoció como titulares de derechos comunales a los ejidatarios vencidos en el juicio; que la incongruencia en que incurrió se patentiza, porque declaró procedente la acción y absolvió a los comuneros de hecho de la demanda reconvencional y reconoció como titulares de los derechos obtenidos en el juicio, a individuos representados por la contraparte, es decir, a ejidatarios que tenían el papel de demandados y que resultaron beneficiados por la demanda que controvirtieron.
- Que tal incongruencia se concretaba con el hecho de haber interpuesto el ejido demandado recurso de revisión contra la sentencia reclamada, en donde planteó como agravio fundamental el reconocimiento de la comunidad; que existía jurisprudencia en el sentido de que cuando en el juicio agrario se debatían acciones diversas a las previstas en el artículo 198 de la Ley Agraria, procedería precisamente el juicio de amparo y no el recurso, por lo que al admitirse, no se previó la posibilidad de que la comunidad que obtuvo interpusiera
juicio de amparo, en representación de los aspirantes a comuneros que fueron excluidos del padrón comunal.
- Los reseñados motivos de inconformidad, como se anunció, resultan parcialmente fundados.
- Lo anterior, pues no obstante que los aquí quejosos efectivamente formaron parte de la lista de los representados por los promoventes de la demanda natural y que también fueron propuestos para conformar el padrón de comuneros relativo, por la parte actora, como se vio, ciertamente el Tribunal responsable se limitó a señalar que analizadas las propuestas y objeciones de las partes, -declaró infundadas las del ejido demandado-, por las posesiones que tenían en las tierras respectivas, encontradas durante el desahogo de la inspección ocular ofrecida, se debía comprender únicamente como integrantes de la comunidad a sus poseedores cuyos nombres enlistó.
- Sin embargo, acorde a lo que se alega, ciertamente no invocó precepto alguno de donde derivara la premisa que consideró como indispensable para que una persona pudiera ser reconocido como miembro de una determinada comunidad, a saber: estar en posesión de los terrenos respectivos.
- Antes bien, sin justificarlo, limitó el aludido término de "posesión", a la circunstancia de que el interesado estuviera ocupando visiblemente alguna porción de dichos terrenos, con determinadas colindancias, como aquellas a que se aludió en la diligencia de inspección respectiva, probanza en la cual se basó para concluir que únicamente a las personas mencionadas en la misma y que según dijo estaban en posesión de los terrenos relativos, debían ser titulares de los derechos respectivos.
- Ello, no obstante previamente haber señalado, el propio Tribunal, que la legislación agraria de vigencia actual, no obligaba a los comuneros o ejidatarios a residir precisamente en las tierras que poseían (foja 743 primer párrafo); y además, sin desestimar dicha autoridad, de manera suficientemente razonada, lo que, entre otras cosas, sostuvo la parte actora, en los diversos escritos que ante el mismo Tribunal presentó, entre los que destacan los siguientes:
- El presentado el treinta de mayo de dos mil cinco, en donde señalaron que el objeto de la ampliación de la referida inspección, era acreditar que algunos comuneros, promoventes del juicio y reconvenidos en el sentido de que no mantenían posesión de los terrenos de la comunidad, sí tenían interés jurídico en la demanda y sí mantenían dicha posesión, a través del uso y disfrute de dichos terrenos con el ganado de su propiedad que pastoreaba en el mismo (fojas 309 a 310).
-El presentado el trece de julio del propio año, en donde manifestaron que la comunidad, en su oportunidad, reconocería y respetaría las parcelas que mantuvieran, en calidad de poseedores, los ejidatarios que así lo acreditaran, sin que ello significara su aceptación de que se les reconocieran derechos como comuneros, cuando ya eran titulares de derechos de ejidatarios y mantenían derechos sobre los terrenos de uso común del ejido (fojas 359 a 361).
- El presentado el nueve de agosto de dos mil seis, en donde dijeron:
"2.- Los comuneros de hecho que promueven el juicio de constitución y reconocimiento jurídico de la comunidad, consideran lo siguiente: Se reconozca en forma preferencial en el padrón definitivo de la comunidad a todos aquellos que se han manifestado y reclaman ser comuneros con capacidad agraria que no han sido tomados en cuenta en la acción de dotación ni en la de ampliación del ejido, para su incorporación como ejidatarios. También preferentemente a quienes por su forma de vida radican en la comunidad empleándose como jornaleros o bien realizando otro tipo de actividades que los mantienen arraigados a la misma. Así mismo se reconozca preferencialmente a quienes radican fuera de la comunidad (por necesidades de trabajo remunerado e hijos en la escuela), pero que por las actividades productivas que realizan dentro de la misma de manera permanente, su presencia es constante en el medio. 3.- La lista propuesta por el ejido demandado, se constituye sólo de ejidatarios (salvo siete vecinos de la comunidad que no lo son), y no contempla a aquéllos que teniendo capacidad agraria y aspiraciones a ser ejidatarios no fueron beneficiados con la acción de ampliación ni con la de dotación original, mismos beneficios que fueron obtenidos por los mismos ejidatarios que hoy pretenden ser también beneficiados con la dotación comunal. Los comuneros promoventes del juicio de reconocimiento, son todos vecinos de la comunidad de Santa Rosalía de Ures y así quedó acreditado en autos, y no han sido beneficiados por la dotación ejidal, ni por el posterior procedimiento de ampliación de ejido, los cuales fueron manipulados por el ejido para beneficio de los ejidatarios que ya contaban con su derechos ejidal; actitud que se traduce en la actual pretensión de no admitir nuevos miembros en el núcleo agrario; aún se trate de una acción legítima como es la ejercitada por el grupo comunal en este juicio. En consecuencia el Tribunal Agrario debe contemplar preferentemente a los campesinos con
capacidad agraria que carecen de un derecho agrario sobre los que ya cuentan con un derecho ejidal y que además fueron beneficiados con la compra de un rancho (aproximadamente 2500-00-00 has.) mismo que debió beneficiar no a los ejidatarios que fueron dotados originalmente, sino a los aspirantes en la acción de ampliación de ejido, que son precisamente los actuales comuneros de hechos promoventes del juicio" (fojas 677 a 678 del tomo II).
- Así, lejos de desestimar cada una de tales manifestaciones, de manera suficientemente razonada, el Tribunal responsable, en cuanto a la propuesta del padrón de comuneros de la parte actora en lo principal y las pruebas relativas, destacando también los argumentos en vía de objeción planteados por su contraria, se concretó a señalar que se advertía que las documentales de mérito, conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se expidieron para los trámites que referían, a quienes aparecían relacionados, esto es, constancias de licitud de su actividad ganadera, expedidas en su mayoría en mil novecientos noventa y siete, pero no desvirtuaban los señalamientos de objeción, ya que al menos en el período de su vigencia, los ganaderos justificaron ante las autoridades competentes esa actividad y el derecho a recibir tales documentos, con independencia de que manifestaran tener su asiento de producción en el ejido demandado, pues para efecto de referencia, se comprendía en la zona de competencia de la autoridad que Ios expidió y la comunidad en sí misma no contaba con reconocimiento y titulación de sus bienes, con independencia del lugar en que radicaran los comuneros o los ejidatarios de los núcleos del mismo nombre en el Municipio de Ures, de esta Entidad, pues la legislación agraria de vigencia actual, no les obligaba a residir precisamente en las tierras que poseían.
- Para luego referirse a la inspección ocular desahogada y afirmar que su resultado, al tenor del artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, adquiría valor probatorio y corroboraba que, como se señalaba en el escrito inicial de demanda, existían terrenos comunales, en los cuales diversos individuos, que se decían comuneros, como posesionarios, ejidatarios y avecindados, los usufructuaban, es decir, sea que se autodenominaran comuneros o no, las poseían trabajándolas y mantenían en explotación.
- Y finalmente, señalar, como se dijo, sin fundamento alguno, que analizadas las propuestas y objeciones de las partes, -declaró infundadas las del ejido demandado-, por las posesiones que tenían en las tierras respectivas, encontradas durante el desahogo de la inspección ocular ofrecida, se debía comprender únicamente como integrantes de la comunidad a sus poseedores, cuyos nombres enlistó, de todo lo cual deriva lo parcialmente fundado de los conceptos de violación hechos valer.
- Sin que sea obstáculo a ello la circunstancia de que el propio Tribunal hubiera señalado de que en todo caso, de existir "posesionarios" que no se hubieran tomado en cuenta en el censo señalado, tendrían expedito su derecho para hacerlo valer ante el máximo órgano comunal, que es su asamblea, en que se tratara cada caso particular en aplicación de las facultades legales de ese núcleo agrario, y de no ser atendido su reclamo y considerar que ello resultaba violatorio de sus derechos, de manera particular, podrían, en su oportunidad, comparecer al Tribunal para deducir su acción, conforme a los numerales 23, fracción II, y 163 de la Ley Agraria, en relación con lo dispuesto para las comunidades, en el artículo 107 de la mencionada Ley, pues además de que sujeta también la procedencia de la solicitud a que alude al hecho de ser "posesionario", en todo caso, con su planteamiento estaría obligando a los interesados (quejosos) a acudir a otras instancias, cuando desde la sentencia relativa pudiera haber hecho, sin mayor demora, el reconocimiento respectivo.
- Por último, debe decirse que no serán materia de análisis los conceptos de violación, en la parte en donde los quejosos se manifiestan inconformes con el reconocimiento como comuneros que dicen realiza al Tribunal responsable a favor de diversos ejidatarios, pues no debe pasarse por alto que no fueron reconocidos como comuneros por dicho Tribunal, aunque la determinación que al efecto adoptó dicha autoridad se encuentre sujeta a lo resuelto en esta ejecutoria, ya que, en todo caso, su interés jurídico para reclamar la determinación relativa, derivaría precisamente del reconocimiento que de tal carácter se hubiera efectuado.
- En ese orden de ideas y ante la evidente violación a lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley Agraria por parte del Tribunal responsable, al no cumplir con su obligación de fundar y motivar debidamente su resolución, tal organo jurisdiccional violentó las garantías de legalidad, seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal en perjuicio de los quejosos, lo que conduce a otorgarles el amparo solicitado, para el efecto de que dicho tribunal deje insubsistente la sentencia reclamada, únicamente en la parte respecto de la cual se pronunció este Tribunal, y emita otra, en la que, reiterando los restantes razonamientos, de manera suficientemente fundada y motivada, determine si los quejosos deben o no ser reconocidos como
beneficiarios de la acción de reconocimiento de comunidad que estimó procedente". (sic), (hojas 880 vuelta-885 vuelta).
Pues bien, la mesurada lectura a esta ejecutoria arroja que la concesión del amparo fue para que este Tribunal Unitario Agrario dejara insubsistente la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil nueve, con la salvedad de que dicha insubsistencia no es absoluta, sino únicamente en la parte respecto de la cual se pronunció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, esto es, en aquella porción en la que estimó que los quejosos no fueron incluidos como titulares de derechos comunales; y en consecuencia, dicte una nueva sentencia en la que, reiterando los restantes razonamientos, fundada y motivadamente resuelva si los quejosos deben o no ser incluidos como miembros de la comunidad, cuyo reconocimiento se estimó procedente.
CUARTO. En seguimiento de lo anterior, el suscrito Magistrado considera saludable precisar que este asunto no se trata de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales; ya que fue una vía o un procedimiento estatuidos en la hoy derogada Ley Federal de Reforma Agraria, y que tampoco se está ante un asunto de rezago agrario que haga factible la aplicación de los artículos terceros transitorios de los Decretos que contienen la reforma al artículo 27 Constitucional y la promulgación de la Ley Agraria, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de enero y veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, respectivamente, sino que lo pretendido por los promoventes es el reconocimiento de comunidad, por virtud del estado comunal que se presenta a partir de su organización social y de la tenencia de la tierra, por lo que se surte el supuesto previsto en el artículo 98, fracción lll, de la Ley Agraria.
Se justifica la precisión que antecede, porque en el primer punto resolutivo de la sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil nueve, se dijo que, en el juicio principal, se reconoce y titula a favor de la comunidad de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, una superficie de 4,378-63-47.376 (cuatro mil trescientas setenta y ocho hectáreas, sesenta y tres áreas, cuarenta y siete centiáreas, trescientos setenta y seis miliáreas), comprendidas entre las mojoneras "Cerro de la Campana", "El Yaqui", "Cerro de Puertecito", y "Piedra Colgada", cuyos rumbos, distancias y linderos quedaron precisados en el dictamen ratificado ante este Tribunal Agrario, el cuatro de octubre de dos mil siete, por el único perito que al efecto se nombró, para beneficiar a cincuenta y. cinco campesinos cuyos nombres aparecen en el considerando séptimo de dicha sentencia, en la que se repitió el nombre de Hernán Rivera Peraza, en los números 15 y 20, respectivamente, y también se repitió el número 51.
No obstante lo anterior, lo legalmente correcto es sentenciar si es procedente o no, el reconocimiento como comunidad de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora y, por ende, como legítima propietaria de la superficie antes mencionada, para beneficiar no sólo a los cincuenta y cinco campesinos cuyos nombres aparecen en el considerando séptimo de la mencionada sentencia, y resolver, sobre la base de tomar en cuenta los medios de prueba que obran en el expediente, si procede o no, reconocer como miembros de la comunidad en comento a José Alberto Daniel Pérez, María del Carmen Martínez Ochoa, Ramón Martín Ochoa Badilla, Jorge Enrique Pérez Romero, Margarita Judit Pérez Peraza, José Amador Pérez Peraza, Sergio Ochoa Badilla, Mario Alejandro Ochoa Peraza, Miguel Daniel Pérez, Jesús Ignacio Daniel Pérez, Antonio Rosalío Pérez Peraza, José Refugio Peraza Ochoa y Manuel Alfonso Peraza Ochoa.
QUINTO. En esa línea de pensamiento, y en apego a lo dispuesto en los artículos 186, 187 y 189 de la Ley Agraria, a continuación se entra al estudio y valoración de los medios de prueba que obran en el expediente, con la finalidad de resolver lo que en derecho proceda.
Como punto de partida se fija el acta de asamblea de los miembros de la comunidad celebrada el diez de octubre de dos mil tres, consultable en las hojas 29, 30 y 31, así como en las hojas 123, 124 y 125, Tomo I, del expediente.
Pues bien, de la lectura a este documento se advierte que el propósito de dicha reunión fue discutir el problema de la regularización de los terrenos que los comuneros poseen y utilizan en la producción de granos y forrajes, así como para el pastoreo de ganado vacuno, ovino, y caballar; aunado a lo antes expuesto, también se advierte que otro propósito de esa reunión fue analizar la falta de documentación que los acredite como legítimos propietarios de los terrenos que poseen, a efecto de plantear ante las autoridades competentes el reconocimiento de los allí reunidos como comuneros.
Se hace referencia a tales circunstancias, porque en el acta objeto de estudio aparecen los nombres y las
firmas de las personas que asistieron, lo que adminiculado con los trabajos censales que obran en autos, se corrobora que dichas personas sí forman parte del colectivo que solicitó el reconocimiento de comunidad, como se precisó en la hoja veintisiete de la sentencia dictada anteriormente (folio 740, Tomo II).
Ahora bien, es cierto que en las inspecciones judiciales desahogadas el veinte de mayo y trece de octubre de dos mil cinco, respectivamente (hojas 160 a 164, 375 a 382, Tomo I), se advierte que los promoventes del juicio de amparo directo no aparecen en posesión de terrenos.
Sin embargo, también es cierto que lo asentado en dichas inspecciones judiciales no es motivo suficiente para que los quejoso no sean tomados en cuenta en el procedimiento que se resuelve, toda vez que la inspección judicial es un medio de prueba que se desahoga a través de la percepción del servidor público encargado de llevarla a cabo, y que dada su naturaleza transitoria y falta de continuidad no es idónea para demostrar hechos relativos a la posesión de terrenos; de ahí que resulta ineficaz para que se niegue el reconocimiento de comunidad, así como el de comuneros de las personas que la integran, pues no pasa inadvertido que con la documentación recibida el diecinueve de mayo de dos mil cinco (hojas 168 a 273, 275 a 308, Tomo I), se evidencia que estas personas tienen títulos de marca de herrar y señal de sangre, expedidos por la Dirección General de Control y Servicios Ganaderos de la Secretaría de Fomento Ganadero del Gobierno del estado de Sonora, lo que viene a corroborar que se dedican a la ganadería por ser la actividad económica típica de esa región del estado de Sonora, dada la calidad de sus suelos, documentos cuyo contenido hace prueba plena, en términos de lo normado en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica de manera supletoria a la Ley Agraria.
De igual forma, no se pierde de vista que los quejosos reúnen los requisitos para obtener el reconocimiento de comuneros, previstos en el artículo 15 de la Ley Agraria, adminiculado con lo dispuesto por el numeral 107 del mismo ordenamiento, ya que con las respectivas actas de nacimiento demostraron ser mexicanos de nacimiento, y con las testimoniales demostraron que radican en la población de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, como se precisará más adelante.
Otro aspecto que merece ser considerado consiste en que este Tribunal Agrario, en diligencias para mejor proveer, el veintisiete de abril de dos mil seis, acordó el desahogo de la prueba pericial en materia de topografía, con el objeto de determinar la ubicación, superficie y colindancias del terreno que los promoventes manifestaron poseer, y para que se aportara el censo de comuneros que se debería tomar en cuenta al momento de resolver este asunto (hojas 395 a 402, Tomo I).
En cumplimiento a lo anterior, los representantes de la parte actora, por escrito de nueve de mayo de dos mil seis, designaron como perito en materia de topografía al ingeniero Moisés Martínez Ramírez, y presentaron el padrón de comuneros consultable a hojas 403 a 406, Tomo I, en el que se advierte que los quejosos sí forman parte del colectivo que solicitó el reconocimiento de comunidad, padrón que fue ratificado en audiencia desahogada el siete de junio de dos mil seis (hojas 411 a 412, Tomo I).
Esta última circunstancia revierte vital trascendencia toda vez que los representantes legales de la parte actora, no sólo se concretaron a presentar ante este órgano jurisdiccional el citado padrón, sino que ratificaron su contenido en audiencia, lo que corrobora que los quejosos sí forman parte del colectivo que solicitó el reconocimiento de la comunidad que nos ocupa, y los legitima procesalmente y en la causa dado su interés por formar parte de ese ente agrario.
Continuando con el estudio y valoración de los medios de prueba que obran en autos, de la testimonial a cargo del señor Francisco Porchas Ballesteros, desahogada el dieciocho de mayo de dos mil cinco, se advierte que cuando el suscrito Magistrado le preguntó si el grupo de personas que dirige Martín Pérez Peraza, tienen en posesión o disfrutan de una parte de los terrenos, contestó que no tienen posesión, que algunos de ellos tienen ganado y potreros, pero que no siembran; el testigo declaró que las personas que demandan el reconocimiento de la comunidad, son originarios y algunos de ellos viven en ese poblado, aunque precisó que en esos terrenos también agosta ganado de ejidatarios de ese núcleo, porque siempre han considerado que esas tierras son propiedad del ejido "Santa Rosalía".
En esa misma audiencia, el testigo Hernán Rivera Peraza contestó que desde hace aproximadamente cuarenta años conoce a los campesinos que son parte de este proceso, que el poblado ejidal de Santa Rosalía, se dotó de tierras y que los ejidatarios la destinan, en su mayor parte, a la ganadería y, en menor proporción, a la agricultura; que todo el terreno, incluido el que se considera comunidad, está cercado, que a su interior hay corrales de manejo para el ganado, represos, pozos y desde luego la zona de caserío que es el pueblo de Santa Rosalía; también declaró que un grupo de cuatro o cinco de los solicitantes del reconocimiento de comunidad, son los que tienen ganado en esos terrenos, y los disfrutan desde hace aproximadamente cinco años. A preguntas formuladas por el suscrito Magistrado, contestó que el problema se
ha ocasionado porque los promoventes quieren el terreno que los ejidatarios de Santa Rosalía, consideran que es ejido desde mil novecientos treinta y cinco, cuando se les dotó a través de una resolución Presidencial; precisó que los promoventes son hijos o nietos de ejidatarios, a quien se pretendió beneficiarlos con la ampliación de ejido, pero que nunca se les concedió; aclaro que diez de los promoventes viven en Santa Rosalía, y el resto en esta ciudad.
Con las testimoniales que anteceden queda claro que quienes promueven el reconocimiento de comunidad son originarios del poblado de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora; que algunos de ellos se dedican a la agricultura y radican allí, no así otro tanto de personas que radican en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, lo que se entiende como algo natural, debido a la necesidad que tienen de cursar estudios en los centros educativos de esta capital o en busca de un empleo, oportunidades que aquélla región no ofrece a sus habitantes; por ello, se estima procedente la pretensión de que se declare el reconocimiento de comunidad, máxime que en este caso el procedimiento no deriva de la restitución de tierras, sino que es a partir de que los promoventes, de alguna manera, ejercen el derecho real de usufructo en los terrenos, a través de la agricultura y la actividad ganadera, circunstancias que los legitiman para pretender que este Tribunal Agrario, declare que tienen derecho a la posesión de esos terrenos, sin perder de vista que esa posesión es pública, pacífica, de buena fe, no ocasiona perjuicio a los ejidatarios de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, y que la causa generadora de la misma obedece a la necesidad de dedicarse a la agricultura y a la ganadería en esa zona del estado de Sonora.
En seguimiento a la ejecutoria de amparo que se cumple, se toma en cuenta el escrito de treinta de mayo de dos mil cinco, (hojas 309 a 310, Tomo I), mediante el cual los promoventes manifestaron que la ampliación de la inspección judicial que solicitaron es para demostrar que si tienen interés jurídico en alcanzar el reconocimiento de comunidad, a partir de que disfrutan los terrenos con el ganado se su propiedad que allí pastoreaba, pero no para demostrar "posesión" de terrenos.
Igualmente es menester considerar que con el escrito de trece de julio de dos mil cinco, (hojas 369 a 351, Tomo I), los promoventes manifestaron que, en su oportunidad, la comunidad reconocería y respetaría las parcelas que mantuvieran, en calidad de poseedores, los ejidatarios que así lo acreditaran, sin que ello signifique que se aceptarían como comuneros, porque ya eran ejidatarios y tienen derecho al uso común en las tierras del ejido Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora.
El contenido de este escrito hace patente que en las tierras materia de reconocimiento comunal, hay campesinos que mantienen posesión de parcelas; empero, tal circunstancia no conlleva a que sean reconocidos como miembros de la comunidad, justamente porque ya son ejidatarios titulares de derechos agrarios en el poblado ejidal denominado Santa Rosalía, que a la vez es el mismo poblado en el que radican los solicitantes de la comunidad, pues en todo caso será la asamblea de comuneros quien, en su oportunidad, se ocupe de ese aspecto, ya que la posesión es un derecho sustantivo protegido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para que el poseedor sea molestado o privado de ese derecho, se le debe seguir un procedimiento en el que se cumplan las formalidades básicas, esto es, se le notifique del inicio de dicho procedimiento, se le brinde la oportunidad de ofrecer sus medios probatorios, así como de formular sus alegatos, y que se dicte la resolución o se tome el acuerdo que en derecho corresponda; y si se trata de la asamblea de comuneros, también se deberán observar las formalidades previstas en los artículos 24 al 32 de la Ley Agraria, en armónica vinculación con el artículo 107 de ese ordenamiento, considerando que la asamblea de comuneros, si bien es cierto, que es el máximo órgano de decisión de una comunidad, también lo es, que no tiene el carácter de autoridad, y que sus actos deben ajustarse a las formalidades previstas en la Ley Agraria, pero sobre todo a respetar los derechos de posesión y usufructo que personas que no sean miembros de la comunidad, ejerzan en una parte de sus terrenos.
En seguimiento de lo antes expuesto, este Tribunal Unitario Agrario, se abstiene de emitir pronunciamiento por cuanto a la posesión de terrenos comunales por parte de ejidatarios del poblado de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, en principio, porque tal circunstancia no forma parte del litigio sometido a su jurisdicción de la demanda, su contestación, así como en la reconvención y la respuesta dada a éste, y en segundo lugar, porque tal circunstancia no es materia de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en la ejecutoria número 180/2009.
La misma consideración merece el escrito recibido en este Tribunal Agrario, el nueve de agosto de dos mil seis (hojas 677 a 679, Tomo II), de cuya lectura se advierte que la pretensión expuesta en la demanda inicial, consiste en que a partir del padrón de comuneros que no fueron beneficiados en la dotación de tierras del
ejido de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, se reconozcan preferentemente como miembros de la comunidad también denominada Santa Rosalía, a las personas cuyos nombres allí aparecen, toda vez que son originarios de ese poblado, algunos de ellos se emplean como jornaleros o realizan otras actividades propias del campo; y en el caso de quienes no radican en esa población rural, debido a la necesidad que establece su residencia en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, o en otras, ya sea por motivos de trabajo o para que sus hijos estuvieran en condiciones de asistir a centros de educación superior, también se les reconozca como miembros de esa comunidad.
Asimismo, se advierte que en este caso los ejidatarios de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, que mantengan posesión en terrenos de la comunidad, su situación deberá ser tratada por la asamblea de comuneros, toda vez que dicho núcleo agrario y los propios ejidatarios ya tienen dotación de tierras y además fueron beneficiados con la adquisición de un terreno de aproximadamente 2,500-00-00 hectáreas.
Lo expuesto en el escrito objeto de estudio, merece ser tomado en cuenta ya que adminiculado con el caudal probatorio que obra en autos, resulta eficaz para arribar a la convicción de que los campesinos que demandaron el amparo y protección de la justicia federal, no sólo tienen capacidad agraria para ser miembros de la comunidad, sino que demuestran fehacientemente estar legitimados procesalmente y en la causa para ser considerados integrantes de la comunidad, cuyo reconocimiento judicial pretenden.
Así las cosas, y en congruencia con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Agraria, se declara el reconocimiento como comunidad jurídica agraria a Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, por ende, como legítima propietaria de 4,378-63-47.376 (cuatro mil trescientas setenta y ocho hectáreas, sesenta y tres áreas, cuarenta y siete centiáreas, trescientos setenta y seis miliáreas), comprendidas entre las mojoneras "Cerro de la Campana", "El Yaqui", "Cerro de Puertecito", y "Piedra Colgada", cuyos rumbos, distancias y linderos quedaron precisados en el dictamen ratificado por el ingeniero Enrique Estrada González, ante este Tribunal Agrario, el cuatro de octubre de dos mil siete, (hojas 690 a 694, Tomo II), para beneficiar a las siguientes personas:
1.- José Maldonado Castillo, 2.- Reyna Maldonado Castillo, 3.- Manuel Maldonado Castillo, 4.- Jesús Peraza Ochoa, 5.- Francisco Peraza Ochoa, 6.- Gerardo Ochoa, 7.- Francisco Zazueta Jiménez, 8.- Moisés Franco Figueroa, 9.- José Maldonado Castillo Villa, 10.- Everardo Pérez Peraza, 11.- Antonio Ochoa Peraza, 12.- Alma Lorena Espinoza Pérez, 13.- Manuel Badilla Porchas, 14.- Hilaria Rivera Hernández, 15.- Hernán Rivera Peraza, 16.- José Luis Peraza Bracamontes, 17.- Olegarío Ochoa Badilla, 18.- Rosalío Ochoa Badilla, 19.- Marco Antonio Peraza Careaga, 20.- Manuel Peraza Gracia, 21.- José María Rivera Peraza, 22- Crescencio Maldonado Careaga, 23.- Orlando Peraza Ochoa, 24.- Everardo Stemplesca Santacruz, 25.- Germán Pérez Peraza, 26.- Rubén Ochoa Badilla, 27.- Jesús Peraza Gracia, 28.- Martín Peraza Gracia, 29.- Jesús Peraza Pérez, 30.- Francisco Javier Peraza Ochoa, 31.- José Jesús Peraza Pérez, 32.- Alfonso Peraza Badilla, 33.- José Peraza Gracia, 34.- Raymundo Daniel Ochoa, 35.- Juan Antonio Badilla Coronado, 36.- Elías Esparza Cruz, 37.- Aristeo Daniel Molina, 38.- Cosme Peraza Ochoa, 39.- Manuel Paz Romero, 40.- Facundo León Maldonado, 41.- Héctor Paz Romero, 42.- Manuel Careaga Alday, 43.- Francisco Careaga Pérez, 44.- José Peraza Badilla, 45.- José Franco Bustamante, 46.- Eduardo Ochoa Porchas, 47.- José Ochoa Aguirre, 48.- Raúl Ochoa, 49.- Juan León Maldonado, 50.- Berta o Humberta Ochoa Coronado, 51.- Antonio Ochoa Coronado, 52.- Abelardo Ochoa Coronado, 53.- Josefina Ochoa Coronado, 54.- Martín Pérez Peraza y 55.- Rubiano Munguía Francisco.
Consecuentemente, y en congruencia con la ejecutoria de amparo que se cumple, también se reconocen como miembros de esa comunidad a:
1. José Alberto Daniel Pérez, 2. María del Carmen Martínez Ochoa, 3. Ramón Martín Ochoa Badilla, 4. Jorge Enrique Pérez Romero, 5. Margarita Judith Pérez Peraza, 6. José Amador Pérez Peraza, 7. Sergio Ochoa Badilla, 8. Mario Alejandro Ochoa Peraza, 9. Miguel Daniel Pérez, 10. Jesús Ignacio Daniel Pérez, 11. Antonio Rosalío Pérez Peraza, 12. José Refugio Peraza Ochoa y, 13. Manuel Alfonso Peraza Ochoa.
Los motivos por los que se reconoce como miembros de la comunidad a las personas cuyos nombres anteceden, son:
Porque son originarios y vecinos del asentamiento humano denominado Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora.
 
Porque son mexicanos de nacimiento y demostraron capacidad legal para adquirir la calidad de comuneros.
Porque demostraron dedicarse a las actividades propias del medio rural, como son la agricultura y la ganadería, y en el caso de quienes no lo hacen de manera directa, es porque tuvieron necesidad de establecer su residencia en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, o en otra, en busca de trabajo y de mejores oportunidad de superación personal de sus hijos o de ellos mismos, lo que está plenamente justificado desde la perspectiva social y cultural.
Porque desde el inicio del procedimiento, esto es, desde la presentación de la demanda y con las pruebas documentales y testimoniales desahogadas, demostraron que forman parte del padrón de solicitantes del reconocimiento judicial de la comunidad, y
Por último, porque del estudio a los medios de prueba que obran en autos, este Tribunal Agrario no encontró causas que impidan su reconocimiento como miembros de la comunidad, desde el punto de vista material o legal.
Los fundamentos en los que se apoya esta decisión son los artículos 15, 98, 99, 100 y demás relativos de la Ley Agraria.
Como consecuencia directa de lo anterior, es pertinente establecer que uno de los efectos de este reconocimiento, consiste en que la comunidad en cita, a través de esta sentencia, adquiere patrimonio, y se le confirma la personalidad jurídica que tiene como comunidad de hecho, porque tal situación está reconocida en los artículos 27, fracción VII, y 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido que deja de ser una comunidad de hecho y se convierte en una comunidad de derecho. Se confirma su existencia jurídica como un ente propio, como una persona moral con capacidad jurídica, en términos del artículo 9 de la Ley Agraria, por lo que está en aptitud de celebrar actos jurídicos, en apego a las disposiciones legales vigentes.
De igual forma, la existencia de un comisariado de bienes comunales como un órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros, en los términos que establezca el estatuto comunal, que al efecto debe ser discutido y aprobado en asamblea, es otra consecuencia directa del reconocimiento de esta comunidad, en virtud de que sus integrantes, en ejercicio de su derecho democrático podrán elegir a los integrantes del comisariado de bienes comunales, para que los represente legalmente, el que deberá integrarse por un presidente, un secretario y un tesorero, con sus respectivos suplentes, en tanto que el consejo de vigilancia se deberá integrar por un presidente y dos secretarios, respectivamente.
Tocante a la asamblea de comuneros, deberá ejercer sus facultades en estricto apego a las disposiciones agrarias vigentes, respetando los derechos de los comuneros que la integran, así como velar por la protección y conservación de los derechos inherentes al propio ente jurídico agrario.
Otro efecto directo de este reconocimiento consiste en la protección especial de las tierras comunales, ya que son inalienables, imprescriptibles e inembargables; y finalmente el establecimiento de derechos y obligaciones de los comuneros conforme a lo previsto en la legislación vigente y a lo que en su momento se estipule en el estatuto comunal.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 189 de la Ley Agraria, se:
RESUELVE
PRIMERO. Esta sentencia se dicta en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el siete de enero de dos mil diez, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el juicio de amparo directo administrativo 180/2009; por tanto, se reiteran los razonamientos y puntos resolutivos contenidos en la sentencia dictada por este Tribunal Unitario Agrario, el veintidós de enero de dos mil nueve, con excepción de lo resuelto en esta fecha.
SEGUNDO. Se declara el reconocimiento de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, como comunidad agraria, por ende, como legítima propietaria de 4,378-63-47.376 (cuatro mil trescientas setenta y ocho hectáreas, sesenta y tres áreas, cuarenta y siete centiáreas, trescientos setenta y seis miliáreas), comprendidas entre las mojoneras "Cerro de la Campana", "El Yaqui", "Cerro del Puertecito", y "Piedra
Colgada", cuyos rumbos, distancias y linderos quedaron precisados en el dictamen ratificado ante este Tribunal el cuatro de octubre del dos mil siete, para beneficiar a sesenta y ocho personas cuyos nombres aparecen en el último considerando de este fallo.
TERCERO. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para lo cual gírese los oficios que corresponda acompañando certificación de esta resolución; asimismo, al Registro Agrario Nacional acompañando, además, de la certificación de esta resolución, copia certificada del plano correspondiente a la comunidad que nos ocupa, realizado por el perito único en el presente asunto, para los efectos de los artículos 152 fracción I, de la Ley Agraria y 48 segundo párrafo, en concordancia con el 46 del Reglamento Interior de esa dependencia; de igual manera al Registro Público de la Propiedad del estado de Sonora, para su inscripción.
CUARTO. También, gírese atento oficio al Delegado Estatal de la Procuraduría Agraria, al que se acompañe copia certificada de esta sentencia, para que conforme a sus facultades legales, asesore a la asamblea de comuneros y se lleve a cabo la elección de los órganos de representación de la comunidad de Santa Rosalía, municipio de Ures, Sonora, en términos del considerando final de este fallo.
QUINTO. Notifíquese personalmente a la comunidad denominada Santa Rosalía, y al ejido del mismo nombre, ubicados ambos en el municipio de Ures, Sonora, por medio de sus respectivos representantes legales, autorizados en autos.
SEXTO. Previas las anotaciones de estilo en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
Hermosillo, Sonora, a veinticinco de febrero de dos mil diez.- Así lo resolvió y firma el doctor en derecho Aldo Saúl Muñoz López, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, asistido por el licenciado Carlos Eduardo Meza Rojas, Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.- Doy fe.- Rúbricas.
 

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