DOF: 03/08/2010
ACUERDO del Procurador General de la República por el que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de comunicaciones privadas, así como para el trámite de las solicitudes de datos e información a que se refiere el artículo 44 de la

ACUERDO del Procurador General de la República por el que se establecen diversas disposiciones en materia de intervención de comunicaciones privadas, así como para el trámite de las solicitudes de datos e información a que se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

ACUERDO A/ 181 /10
ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL QUE SE ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE INTERVENCION DE COMUNICACIONES PRIVADAS, ASI COMO PARA EL TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE DATOS E INFORMACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 44 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 278 Ter, del Código Federal de Procedimientos Penales; 8, 18 y 20, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 1, 2, 3, 4, 9, 10, 15 y 16, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1, 2, 5, 6, 10, 11, fracción VII, 15 y 73, de su Reglamento, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del Titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada;
Que en las averiguaciones previas iniciadas en contra de miembros de la delincuencia organizada, la intervención de comunicaciones se regula conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual confiere la facultad de solicitar la intervención de comunicaciones privadas, tanto al Procurador General de la República, como al Titular de la Unidad Especializada a que se refiere el artículo 8 de dicha Ley, actualmente denominada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada;
Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2009, se adicionó el artículo 278 Ter al Código Federal de Procedimientos Penales, en el cual se establece que el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, podrán formular a la autoridad judicial la solicitud de intervención de comunicaciones privadas, la cual será otorgada cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten la probable responsabilidad en la comisión de delitos graves;
Que mediante Acuerdo A/234/09, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2009, el Procurador General de la República delegó en los servidores públicos que en el mismo se indican, la facultad de solicitar la autorización judicial para la intervención de comunicaciones privadas a los Jueces Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones Privadas;
Que en el artículo sexto del Acuerdo mencionado en el considerando anterior, se establece que la intervención de comunicaciones será realizada por el cuerpo técnico de control de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en los términos de la autorización judicial;
Que el pasado 9 de febrero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas y adiciones entre ellas al artículo 44, fracción XI y XII, de la Ley Federal Telecomunicaciones, por el que se establece la obligación a los concesionarios y comercializadoras de servicios, de elaborar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil;
Que en términos de lo dispuesto por el artículo 44, fracción XIII, de la invocada Ley, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán entregar los datos conservados al Procurador General de la República, cuando se realicen funciones de investigación de los delitos de extorsión, amenazas, secuestro, en cualquiera de sus modalidades, o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada;
Que mediante Acuerdo A/284/09 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2009, el Procurador General de la República delegó en los servidores públicos que en el mismo se indican, la facultad de solicitar, gestionar y recibir de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones los datos e información a que se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones;
Que en dicho Acuerdo se establece que la Unidad de Análisis y Control de Información Ministerial
Estratégica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, será la ventanilla de la Procuraduría General de la República para gestionar ante los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios, los requerimientos de información en la materia;
Que en términos de los artículos Segundo y Sexto Transitorios de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en tanto se expide su Reglamento, se aplicará el Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio de 2003, reformado el 20 de agosto de 2008 y continuará en vigor la normatividad institucional emitida con base en la Ley abrogada, en todo aquello en lo que no se oponga a las disposiciones de la nueva Ley Orgánica de la Institución;
Que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia en lo sucesivo (CENAPI), es un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República, que en términos del artículo 73 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre otras funciones, tiene las de: "diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información relativa al fenómeno de la delincuencia en sus ámbitos nacional e internacional", "diseñar y promover el intercambio de información, para la oportuna prevención, detección e investigación de la delincuencia, en coordinación con las unidades administrativas competentes";
Que con la finalidad de no duplicar estructuras administrativas en la Institución, es oportuno transferir al CENAPI la infraestructura humana, operativa, informática y de sistemas que opera la Unidad de Análisis y Control de Información Ministerial Estratégica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Lo anterior, con excepción del Cuerpo Técnico de Control que conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se integra en la unidad a que se refiere el artículo 8 de la misma Ley y que desarrolla, entre otras, funciones en materia de intervención de comunicaciones privadas consistentes en verificar la autenticidad de sus resultados, establecer lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos; además de las previstas en el artículo 20 de la referida Ley;
Que en este contexto, considerando además la experiencia técnica y práctica que en materia de sistemas de telecomunicaciones y tecnología avanzada, con que cuentan los servidores públicos del CENAPI, y que por ende, están en aptitud de participar en la ejecución de la autorización del Juez competente para intervenir comunicaciones privadas, atento a lo dispuesto en el artículo 18, párrafo tercero, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 278 Ter del Código Federal de Procedimientos Penales, es necesario conferir a este Centro las atribuciones necesarias para tal efecto;
Que resulta necesario dotar de facultades al CENAPI que le permitan solicitar y gestionar la entrega de la información a que se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ante los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios, por lo que es preciso establecer las reglas administrativas conforme a las cuales se realizarán los trámites y gestiones antes indicados por conducto de este órgano desconcentrado, y
Que en términos del programa de remisión normativa instruido por el C. Presidente de la República, resulta adecuado concentrar en el presente Instrumento el catálogo de servidores públicos en que se delega la facultad para solicitar ante la autoridad judicial la autorización de intervención de comunicaciones privadas, en los términos que dispone el artículo 278 Ter del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, así como la de solicitar a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios los datos e información a que se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto:
I.     Delegar en los servidores públicos que se indican, la facultad para solicitar ante el Juez Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, la autorización para intervenir comunicaciones privadas, así como sus prórrogas en términos de las disposiciones aplicables;
II.     Delegar en los servidores públicos que se indican, la facultad para solicitar la información a que se refiere el artículo 44, fracciones XI y XII de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y comercializadoras de servicios, y
 
III.    Otorgar facultades al CENAPI, para ejecutar la autorización judicial de intervención de comunicaciones privadas y las necesarias para gestionar las solicitudes de información a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios.
CAPITULO PRIMERO
DE LA INTERVENCION DE COMUNICACIONES PRIVADAS
SEGUNDO. Se delega la facultad para solicitar ante el Juez Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones en turno la autorización para intervenir comunicaciones privadas, así como sus prórrogas, conforme a lo dispuesto por el artículo 278 Ter del Código Federal de Procedimientos Penales, en los titulares de las unidades administrativas siguientes:
I.     Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo;
II.    Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada;
III.    Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, y
IV.   Visitaduría General.
La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de autorización judicial de intervención de comunicaciones privadas al Juez Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones en turno.
Tratándose de averiguaciones previas en contra de la delincuencia organizada, la solicitud de intervención de comunicaciones, así como su sustanciación se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
TERCERO. Los agentes del Ministerio Público de la Federación que consideren necesaria la intervención de comunicaciones privadas para la debida integración de las averiguaciones previas a su cargo instruidas por delitos graves de competencia federal, solicitarán por escrito a los titulares de las unidades administrativas a que se refiere el artículo Segundo, que presenten la solicitud correspondiente ante la autoridad judicial federal competente.
La solicitud a que se refiere el párrafo que antecede deberá contener el acuerdo del Agente del Ministerio Público de la Federación en el que funde y motive su procedencia, y la indicación del tipo de comunicaciones materia de la intervención, los sujetos y lugares a intervenir y el periodo que abarcará la intervención, así como los demás datos que resulten necesarios.
CUARTO. Los servidores públicos a que se refiere el artículo Segundo de este Acuerdo presentarán las solicitudes de autorización de intervención de comunicaciones privadas conforme a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 75/2008 y 25/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por los que se crean los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2008 y el 17 de junio de 2009, respectivamente, y demás disposiciones aplicables.
QUINTO. Una vez recibida la resolución judicial por la que se autorice la intervención de comunicaciones privadas, el Agente del Ministerio Público de la Federación ordenará la práctica de las diligencias correspondientes conforme a las características, modalidades y límites que en la misma se establezcan.
Asimismo, el Agente del Ministerio Público de la Federación dictará las medidas que resulten necesarias para hacer efectiva la colaboración de las instituciones públicas y privadas, en los términos que establezca la resolución judicial.
SEXTO. La autorización judicial para la intervención de comunicaciones privadas, se ejecutará bajo la responsabilidad del Agente del Ministerio Público de la Federación, por conducto del CENAPI, en los términos previstos en dicha autorización.
El CENAPI deberá informar periódicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación sobre los resultados de la intervención, y le transmitirá las transcripciones, así como los medios digitales que contengan los datos, sonidos e imágenes captadas durante la intervención, para efectos de la averiguación previa, con
excepción de los casos de delincuencia organizada, que serán responsabilidad del Cuerpo Técnico de Control.
SEPTIMO. Al término de la intervención, el Agente del Ministerio Público de la Federación deberá levantar el acta circunstanciada a que se refiere el artículo 278 Ter del Código Federal de Procedimientos Penales. Al formular el informe sobre los resultados de la intervención que se entregará al Juez que autorizó la intervención, deberá tomar las medidas conducentes y procedentes para evitar el quebrantamiento de la reserva de la información y su repercusión en la averiguación previa de que se trate.
En caso de no ejercicio de la acción penal, los originales y copias de los medios digitales, de las cintas de audio y video resultado de las investigaciones, se pondrán a disposición del Juez Federal Penal Especializado que haya autorizado la intervención, por conducto de los servidores públicos a que se refiere el artículo Segundo de este Acuerdo.
OCTAVO. Las solicitudes de prórroga y de ampliación de la intervención de comunicaciones privadas a otros sujetos o lugares, se tramitarán en los términos establecidos en este Acuerdo y de las disposiciones aplicables, y serán formuladas a la autoridad judicial por los servidores públicos a que se refiere el artículo Segundo.
NOVENO. Los servidores públicos a que se refiere el artículo Segundo de este Acuerdo deberán realizar los trámites conducentes ante el Consejo de la Judicatura Federal para obtener su firma digital, en los términos establecidos en los Acuerdos Generales 75/2008 y 25/2009, por los que se crean los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones y demás disposiciones aplicables.
DECIMO. El CENAPI, prestará auxilio y orientación técnica a los agentes del Ministerio Público de la Federación para la correcta formulación de las solicitudes de autorización judicial para la intervención de comunicaciones privadas y, en su caso, recomendarán métodos específicos de colaboración a cargo de las concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones, que podrán formar parte de la solicitud que se haga de la intervención ante la autoridad judicial.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA SOLICITUD A LOS CONCESIONARIOS Y A LAS COMERCIALIZADORAS DE SERVICIOS DE
REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES
DECIMO PRIMERO. Se delega la facultad para requerir a los concesionarios y las comercializadoras de servicios, la información a que se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en los titulares de las unidades administrativas siguientes:
I.     La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, así como de:
a)   La Coordinación General de Delegaciones, y
b)   Las Delegaciones de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas.
II.    La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, así como de:
a)   La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud;
b)   La Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas;
c)   La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda;
d)   La Unidad Especializada en Investigación de Secuestros;
e)   La Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Organos, y
f)    La Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos.
III.    La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, así como de:
a)   La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial;
b)   La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros;
 
c)   La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, y
d)   La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.
IV.   La Visitaduría General, así como de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución.
La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se refiere el presente artículo.
DECIMO SEGUNDO. Los agentes del Ministerio Público de la Federación que consideren necesario requerir a los concesionarios y a las comercializadoras de servicios de redes públicas de telecomunicaciones, la información a que se refiere el artículo 44, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, deberán presentar el requerimiento debidamente fundado y motivado, al Titular de la Unidad Administrativa de su adscripción, que esté facultado en términos del artículo anterior.
En el requerimiento se deberá especificar la información solicitada, para lo cual el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá pedir auxilio y orientación técnica al CENAPI para la correcta formulación de los requerimientos.
DECIMO TERCERO. Los servidores públicos a que se refiere el artículo Décimo Primero del presente Acuerdo, verificarán que la solicitud de información cumpla los requisitos de fundamentación y motivación que establecen las normas aplicables.
Una vez verificada la solicitud, los servidores públicos a que se refiere el artículo Décimo Primero del presente Acuerdo, la remitirán al CENAPI, a través del formato y de los mecanismos que para tal efecto se implementen.
DECIMO CUARTO. El CENAPI, será la unidad administrativa de la Procuraduría General de la República encargada de gestionar las solicitudes de información y de recibir las respuestas de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de servicios, a través de los mecanismos que para tal efecto se implementen, así como de remitir inmediatamente dicha información al correspondiente servidor público facultado en términos del artículo Décimo Primero del presente Acuerdo.
DECIMO QUINTO. El CENAPI, será el responsable de dar puntual seguimiento a la forma y plazos en que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y comercializadoras de servicios den cumplimiento a los requerimientos de información que se les formulen. En caso de incumplimiento, el Titular del CENAPI solicitará a la Comisión de Federal de Telecomunicaciones que inicie el proceso de sanción por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y aportará los elementos con que cuente.
DECIMO SEXTO. El servidor público que quebrante la reserva de la intervención de comunicaciones privadas, así como de la información que proporcionen los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones de que se trate, o proporcione copia de los documentos correspondientes, será sujeto de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, de conformidad con el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y demás disposiciones aplicables.
CAPITULO TERCERO
DE LOS MECANISMOS DE COLABORACION
DECIMO SEPTIMO. El CENAPI, propondrá al Procurador General de la República la celebración de convenios con los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y comercializadoras de servicios, así como con las autoridades federales y estatales involucradas, donde se establezcan acuerdos, normas, procedimientos y, protocolos para el uso de medios digitales alternos a los escritos, implementación de software y sistemas digitales, medidas de seguridad, consideraciones especiales para la gestión de solicitudes y el intercambio de información, así como criterios técnicos, administrativos y operativos necesarios para la adecuada operación de la intervención de comunicaciones privadas, conforme a las disposiciones aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los 30 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se abrogan los Acuerdos números A/234/09 y A/284/09 del Procurador General de la República por los que se delegan en los servidores públicos que se indican, facultades en materia de intervención de comunicaciones privadas, y la facultad de solicitar, gestionar y recibir de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones los datos e información a que se refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio y 4 de agosto de 2009, respectivamente.
La infraestructura humana, operativa, informática y de sistemas de la Unidad de Análisis y Control de Información Ministerial Estratégica de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, será transferida al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, con excepción del Cuerpo Técnico de Control de la Unidad a que se refiere el artículo 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
TERCERO. Se instruye a los titulares de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y al Oficial Mayor realizar las acciones necesarias para la aplicación del presente Acuerdo, en el ámbito de sus atribuciones.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 27 de julio de 2010.- El Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez.- Rúbrica.
 

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