DOF: 26/09/2011
SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 269/97, relativo a la ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Pie de la Cuesta, Municipio de San Juan Cacahuatepec, Oax

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 269/97, relativo a la ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Pie de la Cuesta, Municipio de San Juan Cacahuatepec, Oax.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 269/97, que corresponde al expediente administrativo número 1184, relativo a la solicitud de ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Pie de la Cuesta", ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca; en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo número D.A. 175/2008, de diez diciembre de dos mil ocho, y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por Resolución Presidencial de seis de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, publicada el quince de octubre del mismo año, se concedió por concepto de dotación de ejido, al poblado denominado "Pie de la Cuesta", Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, una superficie de 1,064-00-00 (mil sesenta y cuatro hectáreas), dicho fallo se ejecutó el veinticuatro de marzo de mil novecientos treinta y cinco.
SEGUNDO. Por escrito presentado el tres de mayo de mil novecientos treinta y ocho, un grupo de campesinos del poblado de referencia, solicitó ampliación de ejido; señalando como de probable afectación el predio propiedad de Juan Peláez Carmona.
TERCERO. La Comisión Agraria Mixta, instauró el expediente respectivo, el veinte de mayo de mil novecientos treinta y ocho, bajo el número 1184. La publicación se efectuó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el once de junio del mismo año.
CUARTO. Por oficio número 244, de veinticuatro de julio de mil novecientos cincuenta y siete, el Presidente de la Comisión Agraria Mixta, designó al ingeniero José F. Galindo, para que llevara a cabo la diligencia censal, quien rindió su informe el catorce de octubre del mismo año, señalando que el veintiuno de septiembre del referido año, instaló la junta censal, habiendo resultado doscientos setenta habitantes, de los cuales ciento dieciocho son jefes de hogar, cuarenta y nueve solteros mayores de dieciséis años con derecho a parcela, y resultaron ciento sesenta y siete campesinos capacitados.
La Comisión Agraria Mixta, por oficio número 48, de treinta de enero de mil novecientos sesenta y cinco, ordenó nuevas diligencias censales y para tal efecto comisionó a Juan Bazán Rodríguez, quien rindió su informe el veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y cinco, señalando que la diligencia censal se levantó el veintiuno de febrero del mismo año y resultaron doscientos cincuenta y cinco habitantes, de los cuales, ochenta y tres son jefes de hogar, ocho solteros mayores de dieciséis años, y finalmente resultaron noventa y un campesinos capacitados.
La Comisión Agraria Mixta, por oficio número 8, de catorce de abril de mil novecientos sesenta y nueve, ordenó nuevas diligencias censales, el comisionado Cuauhtémoc Ríos Ruíz, rindió su informe el siete de julio de mil novecientos sesenta y nueve, y del levantamiento censal obtuvo seiscientos veintiún habitantes, de los cuales resultaron sesenta y cuatro jefes de hogar, ochenta solteros mayores de dieciséis años, y ciento cuarenta y cuatro campesinos capacitados.
QUINTO. La Jefatura del Grupo de Trabajos de la Costa, el catorce de abril de mil novecientos sesenta y nueve, comisionó a Cuauhtémoc Ríos Ruíz para realizar trabajos técnicos informativos, y rindió su informe el siete de julio del mismo año, señalando que los campesinos solicitantes cultivan diversas fracciones con maíz, ajonjolí y chile, que respecto al predio señalado como de presunta afectación, propiedad de Juan Peláez, está amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 08395, que ampara una superficie de 266-67-00 (doscientas sesenta y seis hectáreas, sesenta y siete áreas) de agostadero con un cincuenta por ciento laborable, expedido el diez de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro. También investigó predios propiedad de Sabás Peláez Cruz y Bonifacio Carmona, el primero, con una superficie de 820-00-00 (ochocientas veinte hectáreas) de agostadero y el segundo, con superficie de 500-00-00 (quinientas hectáreas) de agostadero.
Compareció al procedimiento Sabás Peláez Cruz, el veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, y acompañó copia certificada de la escritura de su propiedad que obra a fojas de la 200 a la 204 del legajo 1.
SEXTO. El tres de noviembre de mil novecientos setenta, la Comisión Agraria Mixta emitió dictamen negando la ampliación de ejido, por falta de fincas afectables dentro del radio legal de siete kilómetros.
SEPTIMO. El Gobernador del Estado de Oaxaca, emitió su mandamiento el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el trece de febrero de mil novecientos setenta y uno, en el mismo sentido del dictamen de la Comisión Agraria Mixta.
OCTAVO. El dos de marzo de mil novecientos setenta y uno, el Delegado de Asuntos Agrarios en el Estado de Oaxaca, remitió el asunto para su resolución, a la Consultoría Agraria por el Estado de Oaxaca, la
que por acuerdo de siete de mayo de mil novecientos setenta y uno, ordenó a la Delegación de Asuntos Agrarios en el Estado de Oaxaca, para que comisionara personal de su adscripción y llevara a cabo la investigación de los predios propiedad de Lorenzo Alarcón, Matías Guzmán, Heladio Peña, Francisco Bernardino, Ignacio Rodríguez, Sabás Peláez, Toribio Infante y Andrés Hernández, para determinar la superficie, calidad de tierras y régimen legal de propiedad de los mismos y para la práctica de los trabajos, el trece de septiembre de mil novecientos setenta y seis, se comisionó a Germán Colmenares Hernández, y rindió su informe el treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete, señalando en primer lugar que en un informe anterior de siete de julio de mil novecientos sesenta y nueve, informó que dentro del radio legal de afectación no se localiza superficie alguna que pueda ser susceptible de afectación, ya que sólo se encontraban ejidos definitivos y pequeñas propiedades que no exceden de los límites que señala el Código Agrario.
Que se trasladó al poblado que nos ocupa donde los vecinos de Pié de la Cuesta le manifestaron que los terrenos que ellos solicitan son propiedad de Sabás Peláez, porque colindan con terrenos del ejido, el cual tenía una superficie de 1,766-26-46.58 (mil setecientas sesenta y seis hectáreas, veintiséis áreas, cuarenta y seis centiáreas, cincuenta y ocho miliáreas) y se encontró dividido en dos fracciones, una con superficie de 1,110-26-46.58 (mil ciento diez hectáreas, veintiséis áreas, cuarenta y seis centiáreas, cincuenta y ocho miliáreas) del predio "El Huanacaxtle", en posesión del grupo peticionario, derivado de un arrendamiento otorgado por el propietario; la otra fracción con 656-00-00 (seiscientas cincuenta y seis hectáreas) denominada "Las Huertas", se afectó por resolución presidencial de veinte de abril de mil novecientos treinta y siete, se encuentra en posesión de campesinos beneficiados del ejido "San Francisco Sayultepec".
Por otra parte, por resolución presidencial, de diez de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro, se afectaron 3,697-60-00 (tres mil seiscientas noventa y siete hectáreas, sesenta áreas) del predio denominado "La Hormiga", propiedad de Toribio Infante, para dotar al ejido San Antonio Ocotlán.
También por Resolución Presidencial, de veinte de abril de mil novecientos treinta y siete, se afectaron 996-20-00 (novecientas noventa y seis hectáreas, veinte áreas) de la propiedad de Ignacio Rodríguez, en favor del ejido de "San Francisco Sayultepec". Asimismo, al mismo propietario se le afectaron 1,040-00-00 (mil cuarenta hectáreas) para el ejido denominado "Camotinchán".
NOVENO. El Cuerpo Consultivo Agrario, aprobó acuerdo el trece de marzo de mil novecientos ochenta y uno, ordenando investigar el aprovechamiento de las tierras concedidas en dotación, así como la práctica de trabajos técnicos informativos complementarios, como lo disponían las fracciones II y III del artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y por oficio número 697, de seis de mayo del mismo año, se comisionó al ingeniero Danilo Gutiérrez Gil, quien rindió su informe el doce de junio del citado año, señalando que los predios solicitados propiedad de Sabás Peláez Cruz, pueden considerarse como baldíos, por no haber salido del dominio de la Nación, por título legalmente expedido, como lo dispone el artículo 4o. de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, en virtud de que el propietario tramitó diligencia de información de dominio en el expediente número 5/957, inscrita bajo el registro número 27, de doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, y respecto del predio propiedad de Roberto Carmona, señaló que fue afectado con 1,209-00-00 (mil doscientas nueve hectáreas), para el poblado "San Francisco Sayultepec", Municipio de San Juan Cacahuatepec.
Finalmente propuso como afectable al predio denominado "El Huanacaxtle", propiedad de Sabás Peláez Cruz.
Obra en autos a fojas de la 71 a la 73, el informe rendido por el Director del Registro Público de la Propiedad en el Municipio de Oaxaca, Estado de Oaxaca en el que aparece que bajo inscripción 106, de quince de noviembre de mil novecientos setenta y tres, se registró la venta otorgada por Sabás Peláez Cruz en favor de Dámaso Peña Vázquez sobre una superficie de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas), señalándose los límites y colindancias.
Obra en autos la escritura pública número 4918, otorgada el diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, ante la fe del licenciado Román Ruíz Silva, notario público número 47, en la ciudad de Pinotepa Nacional, municipio del mismo nombre, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 77, el diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, que corresponde a la protocolización del juicio sucesorio a bienes de Sabás Peláez Cruz, tramitado bajo el expediente civil número 101/989, ante el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, en dicho lugar, en la que se adjudicó el predio "El Huanacaxtle", propiedad del de cujus, propiedad de Gumesindo Peláez, Jerónima Peláez, Anastasia Peláez, Juventina Peláez Ibarra y Luisa Peláez Ibarra.
En el procedimiento agrario se intentó notificar a Dámaso Peña Vázquez de forma personal, y al no habérsele localizado se le emplazó por edictos que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado los días veintiséis de octubre y dos de noviembre de mil novecientos noventa y seis, así como en el Diario Noticias del Estado de Oaxaca, el veintitrés de noviembre del mismo año, haciéndole saber que el predio "El Huanacaxtle", ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Municipio de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, permaneció inexplotado por más de dos años consecutivos, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por lo que en los términos de los artículo 173 de la Ley Agraria, se le concedió un término de quince días para que compareciera a ofrecer pruebas y formulara
alegatos que a su derecho correspondiera; también obra certificación de que estos edictos se publicaron en los estrados de la Presidencia Municipal de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, así como en los estrados de la Coordinación Agraria, en ambos casos por un plazo de diez días naturales.
DECIMO. Por oficios números 3025 y 377, de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco y doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, respectivamente, el Coordinador Agrario en el Estado de Oaxaca, comisionó al ingeniero Genaro A. Cruz Rodríguez, a efecto de que llevara a cabo trabajos técnicos informativos complementarios, quien rindió su informe de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, señaló que se trasladó al poblado que nos ocupa, y dentro del radio legal se investigaron distintos predios de propiedad particular, que en dichos trabajos intervinieron los poblados de "Santa María Italapa" y "San Francisco Sayultepec", así como "San Juan Cacahuatepec", que recorrió los terrenos concedidos en dotación el poblado "Pie de la Cuesta", y los encontró totalmente aprovechados, en su mayor parte destinados a la ganadería, y los terrenos de temporal los dedica a la siembra de maíz, fríjol, chile, cacahuate, sandía, jamaica, tabaco y otros propios de la región, que llevó a cabo el levantamiento topográfico de distintos predios informando que Gumesindo Peláez Ibarra, se encuentra en posesión de 26-96-95.55 (veintiséis hectáreas, noventa y seis áreas, noventa y cinco centiáreas, cincuenta y cinco miliáreas); Florencio Peláez Ibarra se encontró en posesión de 3-95-16.87 (tres hectáreas, noventa y cinco áreas, dieciséis centiáreas, ochenta y siete miliáreas); Honorario Peláez Hernández se encontró en posesión de 4-21-72.57 (cuatro hectáreas, veintiún áreas, setenta y dos centiáreas, cincuenta y siete miliáreas); que el predio denominado "Las Huertas", propiedad de los Hermanos Carmona, arrojó una superficie de 536-16-27.11 (quinientas treinta y seis hectáreas, dieciséis áreas, veintisiete centiáreas, once miliáreas) que se encontraron en posesión del poblado "San Francisco Sayultepec"; que el predio denominado "Las Palmas", propiedad de los Hermanos Jiménez, arrojó una superficie de 167-95-19.14 (ciento sesenta y siete hectáreas, noventa y cinco áreas, diecinueve centiáreas, catorce miliáreas) y se encontraron totalmente explotados por sus propietarios; el predio denominado "El Huanacaxtle", arrojó una superficie de 933-43-73.55 (novecientas treinta y tres hectáreas, cuarenta y tres áreas, setenta y tres centiáreas, cincuenta y cinco miliáreas), excluidas las posesiones de Florencio y Gumesindo Peláez Ibarra y Honorario Peláez Hernández.
Asimismo señaló que en el radio legal se encuentra la propiedad de Ignacio Rodríguez con superficie de 537-08-45.50 (quinientas treinta y siete hectáreas, ocho áreas, cuarenta y cinco centiáreas, cincuenta miliáreas); terrenos propiedad de Francisco Bernardino con 274-00-00 (doscientas setenta y cuatro hectáreas); propiedad de Amadeo Baños con superficie de 375-00-00 (trescientas setenta y cinco hectáreas).
El comisionado también actualizó las diligencias censales, que arrojaron ciento cincuenta y un habitantes de los cuales treinta y dos son jefes de familia, diez son solteros mayores de dieciséis años.
Finalmente, señaló el comisionado, que en el radio legal de afectación se encuentran ubicados los poblados "San Pedro Amuzgos", con superficie de 11,194-00-00 (once mil ciento noventa y cuatro hectáreas); "Santa María Itapala", con superficie de 6,680-00-00 (seis mil seiscientas ochenta hectáreas); "San Francisco Sayultepec", con superficie de 996-20-00 (novecientas noventa y seis hectáreas, veinte áreas), "Camotinchán", con superficie de 1,040-00-00 (mil cuarenta hectáreas); terrenos comunales de "Camotinchán", "San Juan Cacahuatepec", con superficie de 3,279-56-00 (tres mil doscientas setenta y nueve hectáreas, cincuenta y seis áreas); terrenos del ejido de "San Antonio Ocotlán".
A su informe acompañó las actas circunstanciadas, y el plano informativo del radio legal este último que obra a fojas 175 del legajo 6 de los autos.
DECIMO PRIMERO. La Subcoordinación para la Atención del Rezago Agrario de la Coordinación Agraria en el Estado, el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, formuló resumen y opinión en la que propuso declarar procedente la acción de ampliación de ejidos, modificar el mandamiento del Gobernador del Estado de Oaxaca, emitido el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta, y conceder una superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) de terrenos de temporal que corresponden a baldíos propiedad de la Nación, para beneficiar a cuarenta y ocho campesinos capacitados en materia agraria.
DECIMO SEGUNDO. Consta en autos, que al procedimiento administrativo agrario, comparecieron a ofrecer pruebas: Florencio, Gumesindo, Luisa, Jerónima y Rodrigo de apellidos Peláez Ibarra, Agripina, Ignacia y Ofelia de apellidos Peláez Cruz; Angela Peláez Gasga, Andrés Peláez López, Honorio Peláez Hernández, así como el Comisariado Ejidal de "San Francisco Sayultepec" y "San Juan Cacahuatepec".
Gumesindo Peláez Ibarra exhibió escritura pública de adjudicación a favor de Gumesindo, Jerónima, Atanacia y Florentina Peláez Ibarra, por sucesión a bienes de Sabás Peláez Cruz.
DECIMO TERCERO. Consta en autos, copia certificada de la historia registral del predio denominado "El Huanacaxtle", expedida por el Registro Público de la Propiedad de Jamiltepec, -del Archivo General de Notarías del Estado de Oaxaca-, así como del Juzgado Mixto de Primera Instancia, como encargado de Registro Público de la Propiedad de Jamiltepec, de veintitrés de enero y catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis, respectivamente, de los que se conoce:
Predio "El Huanacaxtle", registrado con el número 27 de doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, en el que Sabás Peláez Cruz, exhibió para su registro diligencias de información de dominio a su
favor en una superficie de 816-80-00 (ochocientas dieciséis hectáreas, ochenta áreas).
Bajo el registro número 106, de quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, consta la venta otorgada por Sabás Peláez Cruz a Dámaso Peña Vázquez, respecto de una fracción con superficie de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas).
Por oficio número 720, de veintitrés de julio de dos mil uno, se comisionó al licenciado Arturo Márquez Mendoza, para que identificara el predio denominado "El Huanacaxtle", quien rindió su informe el cinco de septiembre de dos mil uno, señalando que el predio mencionado, en su totalidad se encuentra en posesión de los solicitantes del poblado "Pie de la Cuesta".
DECIMO CUARTO. La Delegación Agraria en el Estado, el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, emitió opinión proponiendo modificar el mandamiento Gubernamental, de veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta, en cuanto al sentido, para conceder una superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas), de temporal a tomarse del predio "El Huanacaxtle", propiedad de la Nación, para beneficiar a veintiocho campesinos capacitados; esto derivado de la revisión de los trabajos técnicos formulados por Salvador Ortíz Cisneros, quien rindió su informe el quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, del que se conoce que la superficie del predio "El Huanacaxtle", es la mencionada.
DECIMO QUINTO. El diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el Cuerpo Consultivo Agrario, emitió dictamen positivo, proponiendo conceder al grupo peticionario una superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) de temporal a tomarse del predio "El Huanacaxtle", ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, para beneficiar a cuarenta y ocho campesinos.
Cabe aclarar, que el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, no tiene carácter vinculatorio alguno, en virtud de que el Tribunal Superior Agrario está dotado de autonomía y plena jurisdicción conforme lo dispone la fracción XIX del artículo 27 constitucional.
La Secretaría de la Reforma Agraria turnó el expediente debidamente integrado, al Tribunal Superior Agrario, el siete de marzo de mil novecientos noventa y siete y se radicó el catorce del mismo mes y año, registrándose con el juicio agrario número 269/97, el auto de radicación se notificó a los interesados en términos de ley y a la Procuraduría Agraria, como consta en autos.
DECIMO SEXTO. El Tribunal Superior Agrario, dictó sentencia el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:
"PRIMERO. Es procedente la solicitud del poblado Pie de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca.
SEGUNDO. Se concede al poblado mencionado en el resolutivo anterior, la superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) de temporal propiedad de la Nación, a tomarse del predio El Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para beneficiar a cuarenta y ocho capacitados en materia agraria, indicados en el considerando tercero de conformidad con el plano proyecto que obra en autos.
La superficie que se afecta, pasa a propiedad del núcleo de población beneficiado con todos sus usos, servidumbre, costumbres accesiones, para beneficiar a cuarenta y ocho campesinos anotados en el considerando tercero. El destino de los terrenos al interior del ejido, le corresponde resolver a la asamblea, de conformidad con lo establecido por los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.
TERCERO. Se revoca el mandamiento del Gobernador del Estado, de veinticinco de diciembre de mil novecientos setenta, en sentido negativo, publicado el trece de febrero de mil novecientos setenta y cuatro.
CUARTO. Gírese oficio al Registro Público de la Propiedad mencionado, para los efectos legales conducentes, y al Registro Agrario Nacional para que expida en el momento oportuno, los certificados de derechos que corresponda. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y el Organo Oficial del Gobierno de Oaxaca; así mismo los puntos resolutivos en el Boletín Judicial Agrario.
QUINTO. Notifíquese a los interesados; comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Oaxaca, así como a la Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural; ejecútese; y en su oportunidad entréguese al órgano de representación del ejido en cuestión, los documentos fundamentales y archívese el presente como asunto concluido".
En contra de la sentencia anterior, Jerónima, Luisa Atanacia, Florentina y Gumesindo, de apellidos Peláez Ibarra, por escrito presentado el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, en la Oficialía de Partes de las Salas Metropolitanas del Tribunal Fiscal de la Federación, presentaron demanda de amparo, señalando como autoridad responsable al Tribunal Superior Agrario, y como tercero perjudicado al poblado denominado "Pie de la Cuesta", Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo número D.A. 6164/98 y pronunció ejecutoria el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, concediendo el
amparo y protección de la Justicia de la Unión, a las quejosas para los efectos precisados en el considerando quinto de dicha ejecutoria el cual se transcribe:
"QUINTO. Es fundado el único concepto de violación que hacen valer los quejosos, por las siguientes consideraciones:
En el substancialmente aducen que, la sentencia que reclaman viola en su contra las garantías de fundamentación y motivación que estatuyen los artículos 14 y 16 de la Constitución, debido a que sin tener facultades ni haber seguido el procedimiento a que se refieren los artículos 53, 68 y 69 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, en virtud de que de muto proprio y bajo su propia responsabilidad determina que el terreno rústico como lo es El Huanacaxtle' propiedad de los quejosos y que tienen en posesión, tenga el carácter de propiedad de la Nación o de Baldío, sin existir resolución administrativa y definitiva emitida por el Secretario de la Reforma Agraria, atribución exclusiva de esa autoridad conforme al artículo 50 de dicho ordenamiento.
Resulta fundado el concepto de violación en atención a que, efectivamente como lo alegan las quejosas, la autoridad responsable determinó en la resolución impugnada que, resultó afectable la superficie de 996-24-29.46 (novecientos noventa y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) del predio Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de Cacahuatepec, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, por considerarse baldío propiedad de la Nación, pero tal decisión lo hace únicamente con elementos que tuvo a su consideración sin fundar ni motivar en que forma concluyó de esa manera, ya que como lo alegan los quejosos, en momento alguno se sigue el procedimiento que para tal efecto se llega a la determinación de que el predio de su propiedad era un terreno baldío propiedad de la Nación, pues según se advierte de lo que establecen los artículos 53 a 69 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías establecen un procedimiento en el que se siguen determinados pasos, como es hacer un deslinde del terreno solicitado que deberán hacer un perito oficial deslindador, como se dará a conocer el aviso de deslinde, el plazo para los posibles afectados para presentar sus títulos de propiedad y certificado de Registro Público de la Propiedad, la fecha y como se realizará el deslinde realizado la que hará el estudio y resolverá si el terreno es o no nacional, la que deberá realizar a través de una resolución administrativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (hoy Secretaria de la Reforma Agraria).
Ahora bien, según se desprende de la resolución reclamada, la autoridad responsable sin señalar fundamento alguno que la autorice a realizar la determinación de que el predio a que se hace referencia es un terreno baldío propiedad de la Nación, sin que exista precepto alguno de los que cita en su sentencia, que le dé las facultades de resolver al respecto, y como en el caso existe un procedimiento específico por el que se puede llevar a la determinación si el predio es o no propiedad de la Nación, sin haber seguido los pasos a que se refiere la ley específica, no es suficiente que lo determine y cite artículos como el 3o. fracción I y 4o. de la Ley de Terrenos Baldíos para fundar su determinación, ya que estos artículos hacen alusión únicamente a qué terrenos son o pueden ser terrenos de la Nación, por lo que al no contener su sentencia como sustento la resolución administrativa a la que se refiere la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías es claro que ésta infundada e inmotivada la sentencia impugnada y por ello le ocasiona perjuicio a las quejosas y existe por ende la violación de garantías a que hace alusión, por lo que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan.
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos 4124/96, en sesión de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y seis".
En cumplimiento de esta ejecutoria, el Tribunal Superior Agrario, emitió acuerdo plenario el primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, dejando sin efectos la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio agrario número 269/97, y ordenó turnar los autos a la Secretaría de la Reforma Agraria, para efecto de que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito, y con fundamento en el artículo 160 de la Ley Agraria, se iniciara el procedimiento de deslinde del predio denominado "El Huanacaxtle", ubicado en el Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, por considerarse terreno baldío, propiedad de la Nación, y una vez emitida la resolución correspondiente, devolviera el expediente para efecto de que se emitiera la sentencia que en derecho correspondiera.
DECIMO SEPTIMO. Por otra parte, Marco Antonio Peña Duque, por escrito presentado el quince de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior Agrario, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada por este Organo Colegiado, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo número 7174/98, y pronunció ejecutoria el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario, en el expediente 269/97, de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, para los efectos precisados en el considerando quinto, el cual no se transcribe por contener el mismo criterio sostenido en la ejecutoria pronunciada en el amparo número D.A. 6164/98.
En cumplimiento de la anterior ejecutoria, el Tribunal Superior Agrario, por acuerdo plenario de primero de
julio de mil novecientos noventa y nueve, dejó sin efectos la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio agrario número 269/97, que corresponde al expediente administrativo agrario número 1184, relativo a la ampliación de ejido al poblado "Pie de la Cuesta", Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, y ordenó turnar los autos a la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto de la Unidad Técnica Operativa, para que con fundamento en el artículo 160 de la Ley Agraria, se iniciara el procedimiento de deslinde del predio denominado "El Huanacaxtle", ubicado en el Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, por considerarse terrenos baldíos, propiedad de la Nación, y una vez que se emitiera la resolución correspondiente, devolviera el expediente para efecto de dictar la sentencia definitiva.
En cumplimiento del acuerdo anterior, la Secretaría de la Reforma Agraria a través de la Subsecretaria de Ordenamiento de la Propiedad Rural, por conducto de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización y de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, emitió resolución el veintiuno de abril de dos mil cinco, en los siguientes términos:
"ACUERDO
PRIMERO.- Se atiende el requerimiento que formuló el Tribunal Superior Agrario, mediante Acuerdo dictado el primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, dentro del juicio agrario 269/97, relativo a la acción de ampliación de ejido del poblado denominado Pie de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, en acatamiento a la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo Directo D.A. 6164/98, que concedió el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos Jerónima, Luisa, Atanacia, Florentina y Gumersindo, de apellidos Peláez Ibarra.
SEGUNDO.- Tomando como base el acuerdo emitido el veintiocho de agosto del dos mil dos, por la Representación Agraria en el Estado de Oaxaca; las documentales exhibidas por la parte inconforme en sus escritos de fechas diecisiete de julio del dos mil dos y veinte de septiembre del dos mil cuatro, se tiene que el predio denominado El Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, con una superficie de 816-80-00 hectáreas, no constituye terreno baldío propiedad de la nación.
TERCERO.- Remítase el expediente relativo a la solicitud de Ampliación de Ejido que promovió el Poblado Pie de la Cuesta', a la Unidad Técnica Operativa, así como copia certificada del presente Acuerdo, a fin de que lo haga del conocimiento del Tribunal Superior Agrario, para todos los efectos legales que correspondan.
CUARTO.- Envíese copia de este Acuerdo a la Representación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Oaxaca, para su conocimiento y proceda a notificar el contenido del mismo a Jerónima, Luisa, Atanacia, Florentina y Gumersindo, de apellidos Peláez Ibarra".
DECIMO OCTAVO. Este Tribunal Superior Agrario, el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, dictó sentencia en los siguientes términos:
"PRIMERO. Es de negarse y se niega la ampliación de ejido del poblado denominado Pie de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, por falta de fincas afectables dentro del radio de siete kilómetros.
SEGUNDO. Se confirma el mandamiento del Gobernador del Estado de Oaxaca, el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el trece de febrero de mil novecientos setenta y uno.
TERCERO. Publíquense los puntos resolutivos de esta sentencia en el Boletín Judicial Agrario y en los estrados de este Tribunal Superior Agrario.
CUARTO. Notifíquese a los interesados; y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Oaxaca, a la Procuraduría Agraria, al Registro Público de la Propiedad correspondiente, para las cancelaciones a que haya lugar; y en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido".
DECIMO NOVENO. En contra de la sentencia anterior, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado que nos ocupa, por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil seis, en la Oficialía de Partes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, presentaron demanda de amparo, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y dictó ejecutoria el ocho de febrero de dos mil siete, en el amparo directo número D.A. 325/2006, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se investigara el predio propiedad de Dámaso Peña Vázquez, ubicado dentro del predio denominado "El Huanacaxtle", por considerar que no fueron investigados en el procedimiento administrativo agrario.
La concesión del amparo se sustentó en el considerando séptimo que a continuación se transcribe:
"SEPTIMO.- Los conceptos de violación transcritos son esencialmente fundados, de conformidad con los razonamientos que se vierten a continuación:
Para un mejor entendimiento del presente asunto, se estima necesario precisar los antecedentes de la resolución reclamada, los cuales se advierten del juicio agrario 269/97, derivado del expediente administrativo 25/1184.
 
a) Por resolución presidencial de seis de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, publicada el quince de octubre de ese mismo año, se concedió por concepto de dotación de ejido, al Poblado denominado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, una superficie de 1,064-00-00 (mil sesenta y cuatro hectáreas).
b) Por escrito presentado el tres de mayo de mil novecientos treinta y ocho, un grupo de campesinos del poblado de referencia, solicitó una ampliación de ejido, manifestando como probable afectación las tierras o terrenos que se encuentran en colindancia con dicho poblado, propiedad de los señores Peláez y Carmona (folio 2 a 4, del tomo I de pruebas);
c) En virtud de dicha solicitud, la Comisión Agraria Mixta, instauró el veinte de mayo de mil novecientos treinta y ocho, el expediente número 25/1184 (folio 5 del tomo I de pruebas);
d) Seguidos los trámites, el catorce de abril de mil novecientos sesenta y nueve, la Jefatura del Grupo de Trabajos de la Costa, comisionó al ingeniero Cuauhtémoc Ríos Ruiz, para que realizara trabajos técnicos e informativos del Poblado denominado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, necesarios para sustanciar el expediente por concepto de ampliación de ejidos, el cual rindió su informe el siete de julio de ese mismo año, señalando que los campesinos solicitantes sí cultivan sus terrenos, asimismo, informó que respecto del predio señalado como de presunta afectación propiedad de Juan Peláez, está amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 08395, inscrito en el Registro Agrario Nacional, expedido el diez de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, que ampara una superficie de 266-67-00 (doscientas sesenta y seis hectáreas y sesenta y siete áreas), de igual manera, investigó los predios propiedad de Sabás Peláez Cruz y Bonifacio Carmona, el primero con una superficie de 820-00-00 (ochocientas veinte hectáreas), y el segundo con una superficie de 500-00-00 (quinientas hectáreas) (folios 94 a 111 del tomo I de pruebas);
e) El tres de noviembre de mil novecientos setenta, la Comisión Agraria Mixta emitió dictamen negando la ampliación de ejido, por la falta de fincas afectables dentro del radio legal de siete kilómetros (folio 151 a 153 del tomo I de pruebas);
f) El gobernador del Estado de Oaxaca, emitió el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta, su mandamiento publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, el trece de febrero de mil novecientos setenta y uno, en el mismo sentido del dictamen de la Comisión Agraria Mixta (folio 159 a 161 del tomo 1);
g) El dos de marzo de mil novecientos setenta y uno, el delegado de Asuntos Agrarios en el Estado de Oaxaca, remitió el asunto de que se trata, para su estudio y resolución en segunda instancia, a la Consultoría Agraria en dicho Estado (folio 175), la que por acuerdo de siete de mayo de ese mismo año, solicitó la investigación de los predios aledaños para determinar la superficie, calidad de tierras y régimen legal de propiedad, comisionando para tal efecto al comisionado Germán Colmenares Hernández (folio 177), quien rindió su informe el treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete, manifestando que dentro del radio legal de afectación no se localiza superficie alguna que pueda ser susceptible de afectación, ya que sólo se encontraron ejidos definitivos y pequeñas propiedades que no exceden los límites que señala la ley; asimismo, se traslado el terreno propiedad del señor Sabás Peláez, el cual tiene dividido en dos fracciones, una con superficie de 1,110-26-46.58 denominada El Huanacaxtle', que está en posesión de los quejosos, en virtud de un contrato de arrendamiento (folio 5 a 9 del tomo II de pruebas);
h) El Cuerpo Consultivo Agrario aprobó el acuerdo de trece de marzo de mil novecientos ochenta y uno, el cual ordena investigar el aprovechamiento de las tierras concedidas en dotación, así como la práctica de trabajos técnicos informativos complementarios, comisionando para ello al ingeniero Danilo Gutiérrez Gil (folio 2 a 10 del tomo III de pruebas), quien rindió su informe el doce de junio de ese mismo año, manifestando que los predios solicitados, propiedad de Sabás Peláez Cruz, pueden considerarse como baldíos, por no haber salido del dominio de la Nación por título legalmente expedido, específicamente propuso como afectable el predio denominado El Huanacaxtle' (folio 14 a 16 del tomo III);
i) El diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen concediendo al Poblado de Pie de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, una superficie e 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas y cuarenta y seis miliáreas) de temporal a tomarse del predio denominado El Huanacaxtle' (folio 5 a 29 del tomo VIII de pruebas);
j) Posteriormente, la Secretaría de la Reforma Agraria turnó el expediente al Tribunal Superior Agrario, en donde se radicó con el número 269/97, y que por resolución de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, concediendo al referido Poblado de Pié de la Cuesta', la superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas y cuarenta y seis miliáreas) de temporal, propiedad de la Nación, a tomarse del predio denominado El Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca (folio 189 a 214 del juicio agrario de origen );
k) Inconformes tal determinación, los terceros perjudicados Jerónima, Luisa, Atanacia y Florentina, todas ellas de apellidos Peláez Ibarra, y Marco Antonio Peña Duque demandaron, respectivamente, el amparo y la protección de la Justicia Federal, asuntos de los cuales conoció este tribunal colegiado, bajo los toca números
D.A. 6164/98 Y D.A. 7174/98, quien por ejecutorias de veinticuatro de febrero y dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve, concedió el amparo a los quejosos, ahora terceros perjudicados, al considerar que la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, no fundó ni motivó debidamente su determinación, relativa a que resultó afectable la superficie de 996-24-29.46 (novecientos noventa y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas y cuarenta y seis miliáreas), del predio de Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, por considerarlo terreno baldío propiedad de la Nación; en virtud de que dicha autoridad carece de facultades para resolver sobre ese tema, toda vez que es la Secretaría de la Reforma Agraria, quien determina, previo procedimiento, si el terreno es o no propiedad de la Nación, y en el caso, no se llevó a cabo procedimiento específico alguno, por lo que se concedió el amparo a los terceros perjudicados.
l) En cumplimiento a dichas ejecutorias, (previa resolución emitida el veintiuno de abril de dos mil cinco, por la Secretaría de la Reforma Agraria, quien determinó que el predio denominado El Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, no constituye terreno baldío propiedad de la Nación), el Tribunal Superior Agrario emitió una nueva sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, que constituye el acto reclamado en el presente asunto, en la que negó la ampliación del ejido del Poblado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, por falta de fincas afectables dentro del radio de siete kilómetros, con base esencialmente, en las siguientes consideraciones:
1.- Que en cumplimiento a las ejecutorias dictadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los amparos directos 6164/98 y 7174/98, el Tribunal Superior Agrario remitió los autos del juicio agrario número 269/97, a la Secretaría de la Reforma Agraria, quien emitió resolución el veintiuno de abril de dos mil cinco, declarando que el predio mencionado no constituye un terreno baldío propiedad de la Nación.
2.- Que la resolución emitida por la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Subsecretaria de Ordenamiento de la Propiedad Rural, por conducto de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización y de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, en el sentido de que el predio El Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, con superficie de 316-80-00 (trescientas dieciséis hectáreas, ochenta áreas) no constituye terreno baldío propiedad de la Nación, y como en el registro número 27, de doce de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete, aparece inscrito a nombre de Sabás Peláez, y desprendiéndose de los informes técnicos, que la calidad de tierras de este predio son de agostadero, en los términos de los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, constituye una pequeña propiedad y no puede contribuir para satisfacer las necesidades agrarias del poblado denominado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca.
3.- Que si bien es cierto que desde el informe rendido por el ingeniero Germán Colmenares Hernández, el treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete, reportó éste predio en posesión del grupo solicitante, también lo es que dicha posesión la detentaba el núcleo a virtud de un contrato de arrendamiento otorgado en su favor por el propietario, por lo tanto, no se actualiza la causal de inexplotación a que se refiere el artículo 251 de la Ley Agraria, interpretado en sentido contrario; antes bien, el predio se mantenía en explotación por el núcleo solicitante, con autorización del propietario con quien celebraron contrato de arrendamiento.
4.- Que se negó la ampliación del ejido del poblado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, por falta de fincas afectables dentro del radio de siete kilómetros.
En contra de dicha resolución, la parte actora, ahora quejosa, interpuso demanda de amparo, en cuyo primer concepto de violación, plantea los siguientes argumentos:
1.- Que la sentencia reclamada viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la autoridad responsable, Tribunal Superior Agrario, omitió tomar en consideración la totalidad de las pruebas aportadas durante el procedimiento agrario, lo que trajo como consecuencia que se negara al poblado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, la solicitud de ampliación de ejido, respecto del predio denominado El Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de Cacahuatepec, en esa misma entidad, al considerar que no hay predios afectables para la procedencia de dicha solicitud, sin que dicha autoridad haya analizado exhaustiva mente las pruebas aportadas en el juicio.
En principio, para estar en condiciones de resolver este asunto, es necesario tener presente que el artículo 189 de la Ley Agraria, establece lo siguiente:
ARTICULO 189.- Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimar en debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones.'
El precepto transcrito establece que las sentencias emitidas por los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida, apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimen debido en conciencia, por lo que todas las consideraciones vertidas en cada una de las sentencias que dicten dichos tribunales deben ser acordes no sólo con las reglas que rigen esta clase de juicios, sino también con las de la lógica; por ello, los medios de prueba que las partes aportan en tiempo y forma legales deben ser objeto de un cuidadoso análisis, cuyo resultado debe reflejarse en la parte considerativa del fallo respectivo.
 
Lo expuesto, hace referencia al principio de congruencia que debe regir en todas las sentencias, que consiste en que éstas deben de dictarse en concordancia con las constancias que integran el expediente, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna.
Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento noventa y tres, del tomo: Cuarta Parte, XI, Sexta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictar se en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó.'
Ahora bien, dentro de las constancias que obran en el expediente administrativo número 25/1184, relativo a la solicitud de ampliación de ejido, formulada por el Poblado denominado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, se encuentran las siguientes pruebas:
1.- Informe rendido el catorce de octubre de mil novecientos cincuenta y siete, por el ingeniero José F. Galindo, por el cual llevó a cabo el censo general agrario, necesario para substanciar el expediente que por concepto de ampliación de ejido promovió el poblado de Pié de la Cuesta', Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, en el cual determinó que son doscientos setenta habitantes con un número total de capacitados de ciento sesenta y siete (folio 42 a 43 del tomo I de pruebas);
2.- Por escrito de veinte de agosto de mil novecientos sesenta y dos, los quejosos adjuntaron un tanto del acta de elección del Comité Ejecutivo Agrario Particular de Ampliación, para que se aprobará el nombramiento de Luis Herrera Javier como presidente, Elías Peláez Melo como secretario, y Eustorgio Peláez Javier como tesorero, a fin de que éstos sigan las gestiones de la solicitud de ampliación (folio 127 a 129 del tomo 1);
3.- Informe rendido el veintisiete de febrero de mil novecientos sesenta y cinco, por Juan Bazan Rodríguez, relativo al censo general agrario, en el cual manifestó que resultaron doscientos cincuenta y cinco habitantes con un número total de noventa y un habitantes capacitados para la ampliación de ejidos (folio 74 a 75 del tomo I de pruebas);
4.- Informe rendido el siete de julio de mil novecientos sesenta y nueve, por el comisionado Cuauhtémoc Ríos Ruiz, por el cual realizó el censo general agrario, determinando que son seiscientos veintiún habitantes con un total de ciento cuarenta y cuatro campesinos capacitados (folio 91 a 92); asimismo, informó que respecto del predio señalado como de presunta afectación propiedad de Juan Peláez, está amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 08395, inscrito en el Registro Agrario Nacional, expedido el diez de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, que ampara una superficie de 266-67-00 (doscientas sesenta y seis hectáreas y sesenta y áreas) (folios 94 a 95 del tomo 1);
5.- Informe rendido el treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete, por el comisionado Germán Colmenares Hernández, por el cual concluyó que dentro del radio de siete kilómetros del poblado solicitante, no se localizó superficie alguna que pueda ser susceptible de afectación, ya que sólo se encontraron ejidos definitivos y pequeñas propiedades que no exceden los límites que señala la ley; asimismo, informó que se trasladó al terreno propiedad del señor Sabás Peláez, el cual lo tiene dividido en dos fracciones una con superficie de 1,110-26-46.58 denominado el El Huanacaxtle', que está en posesión de los quejosos, en virtud de un arrendamiento (folio 5 a 9 del tomo II de pruebas);
6.- Informe rendido el doce de junio de mil novecientos ochenta y uno, por el ingeniero Danilo Gutiérrez Gil, por el cual informa que los predios solicitados propiedad de Sabás Peláez Cruz, pueden considerarse como baldíos, por no haber salido del dominio de la Nación por título legalmente expedido específicamente propuso como afectable el predio denominado El Huanacaxtle', (folio 14 1 16 del tomo III);
7.- Informe rendido el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, por el comisionado Genaro A. Cruz Rodríguez, quien actualizó las diligencias censales determinando que existen ciento cincuenta y un habitantes, asimismo, determinó los predios y las hectáreas de éstos, que se encuentran en el radio legal de afectación (folio 31 a 54 del tomo VII de pruebas);
8.- Informe de revisión técnica rendido el quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, por el arquitecto Salvador Ortiz Cisneros, por el que recomienda sean verificados en campo los terrenos que tienen una superficie de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas), supuestamente propiedad del doctor Dámaso Peña Vázquez, ubicado dentro del predio El Huanacaxtle', que no fueron tomados en cuenta en los actuales trabajos (en los informes), dejando este punto a consideración del área legal en donde se tomará la decisión final sobre el trámite subsecuente de la solicitud de ampliación de ejido (folio 1 a 30 del tomo VI de pruebas).
 
Ahora bien, la autoridad responsable al emitir la sentencia reclamada estimó, en la parte que interesa, lo siguiente:
...se comisionó a Cuauhtémoc Ríos Ruiz, quien rindió su informe el siete de julio de mil novecientos sesenta y nueve, ...llegando al conocimiento que el predio señalado como afectable, propiedad de Juan Peláez, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola número 08395, ...que ampara una superficie de 266-67-00 ...el mismo comisionado también investigó el predio propiedad de Sabás Peláez Cruz, con superficie de 820-00-00 de agostadero, así como el predio propiedad de Bonifacio Carmona, con superficie de 500-00-00 de agostadero.- Con base en el informe anterior, la Comisión Agraria Mixta ...emitió dictamen negativo, por falta de fincas afectables dentro del radio legal de afectación (...) y ordenó que se investigaran los predios propiedad de Lorenzo Alarcón, Matías Guzmán, Heladio Peña, Francisco Bernardino, Ignacio Rodríguez, Sabás Peláez, Toribio Infante y Andrés Hernández, para determinar la superficie, calidad de tierras y régimen de propiedad de los mismos, comisionando a Germán Colmenares Hernández, quien rindió su informe el treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete ...investigó la propiedad de Sabás Peláez, y la encontró dividida en dos fracciones una de 1,110-26-58 ...que se encuentra en posesión del grupo solicitante derivado de un contrato de arrendamiento ...y otra fracción de 656-00-00 denominada Las Huertas', se afectó por resolución presidencial ...del informe del ingeniero Germán Colmenares Hernández, se conoce que todos los predios investigados, ya habían sido afectados para satisfacer necesidades agrarias de otros núcleos ...a excepción del predio El Huanacaxtle' ...del informe rendido por el ingeniero Danilo Gutiérrez Gil, ...indica que los predios señalados como afectables, debían considerarse baldíos, por no haber salido del dominio de la Nación ...también, investigó el predio propiedad de Roberto Carmona, el cual fue afectado ...en favor del poblado propiedad de San Francisco Sayultepec'.- Finalmente, el comisionado propuso como afectable al predio denominado El Huanacaxtle', propiedad de Sabás Peláez Cruz ...del informe rendido por el ingeniero Genaro A. Cruz Rodríguez, se advierte que ...investigó los terrenos concedidos en dotación al poblado solicitante y los encontró totalmente explotados, y en el radio legal investigó los predios: propiedad de Gumersindo Peláez Ibarra, 26-96-95.55 ...Florencio Peláez Ibarra, 3-95-16.87 ... Horario Peláez Hernández, 4-21-72.57 ...estos predios resultan inafectables ...por no rebasar los límites establecidos para la pequeña propiedad y por haberse encontrado totalmente explotados (...) se investigó la propiedad de Ignacio Rodríguez, ...Francisco Bernardino ...Amadeo Baños ...de otros informes se conoce que los terrenos son de agostadero, en consecuencia ...resultan inafectables para satisfacer las necesidades agrarias del poblado que nos ocupa. - Dicho comisionado también proporcionó datos respecto de los núcleos agrarios que se encuentran ubicados en el radio legal, y que corresponden a los poblados denominados San Pedro Amuzgos', Santa María Italapa', San Francisco Sayultepec', Camotinchán', San Juan Cacahuatepec' y San Antonio Ocotlán'.- Del análisis de los trabajos técnicos ...efectuados por Genaro A. Cruz Rodríguez, se conoce que el predio denominado El Huanacaxtle', tiene una superficie real de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas), inscrita a nombre de Sabás Peláez Cruz, con una superficie de 81680-00 (ochocientas dieciséis hectáreas, ochenta áreas) que la adquirió por vía de diligencias de información de dominio, según inscripción en el Registro Público de la Propiedad ...de las cuales 933-43-75.55 (novecientas treinta y tres hectáreas, cuarenta y tres áreas, setenta y centiáreas, cincuenta y cinco miliáreas) las tienen en posesión el poblado promovente, desprendiéndose ...que Sabás Peláez Cruz, vendió a Dámaso Peña Velázquez 120-00-00 (ciento veinte hectáreas).'
De lo anterior debe decirse que si bien es cierto que la autoridad responsable al emitir su fallo tomó en consideración y analizó los informes rendidos por los comisionados: Cuauhtémoc Ríos Ruiz, Germán Colmenares Hernández, Danilo Gutiérrez Gil y Genaro A. Cruz Rodríguez; también lo es que dicha autoridad no analizó debidamente el diverso informe rendido el quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, por el arquitecto Salvador Ortiz Cisneros, quien revisó, analizó y detalló todas y cada una de las pruebas aportadas en el juicio agrario, asimismo, estudió los informes rendidos por los comisionados antes referidos, emitiendo su informe denominado de revisión técnica, en el cual estimó:
4.- Durante la realización de los trabajos técnicos informativos, el comisionado en ningún momento hace referencia a una propiedad presuntamente perteneciente al Dr. Dámaso Peña Vázquez, que de acuerdo a los datos enviados por el ... director del Registro Público de la Propiedad y Archivo General de Notarios, que contiene la historia traslativa de dominio de los predios denominados ... EL HUANACAXTLE' ... se pudo detectar que en el libro correspondiente al año 1993, registro número 106, de fecha 15 de noviembre, se encuentra inscrita la escritura pública de compra-venta, otorgada por el señor Sabás Pérez Cruz a favor del Dr. Dámaso Peña Vázquez, terrenos que tiene una superficie de 120-00-00 has., que de acuerdo a las colindancias se encuentra ubicado dentro del predio de EL HUANACAXTLE' ... Una vez terminada la presente revisión de los trabajos técnicos, relacionados con la integración del expediente de ampliación de ejido que solicita un grupo de campesinos del poblado ... soy de la OPINION, que aunque los trabajos adolecen de pequeñas deficiencias, se encuentran técnicamente aceptables, sin embargo, el suscrito recomienda sean verificados en campo los terrenos supuestamente propiedad del Dr. Dámaso Peña Vázquez, ubicado dentro de predio EL HUANACAXTLE' que no fueron tomados en cuenta en los actuales trabajos, dejando este punto a consideración del Area legal en donde se tomará la decisión final sobre el trámite subsecuente del expediente.' (folios 1 a 30 del tomo VI de pruebas).
 
Esto es, el revisor técnico arquitecto Salvador Ortiz Cisneros, al emitir su informe denominado de revisión técnica, estudió todas y cada una de las pruebas aportadas en el juicio y estimó que aunque los trabajos adolecen de pequeñas deficiencias, se encuentran técnicamente aceptables, asimismo, recomendó que sean verificados en campo los terrenos supuestamente propiedad del doctor Dámaso Peña Vázquez, ubicado dentro del predio denominado El Huanacaxtle', que no fueron tomados en cuenta en los actuales trabajados, esto es, en los informes rendidos por los comisionados referidos, dejando dicho revisor técnico ese punto a consideración del área legal, quien tomará la decisión sobre el trámite del asunto.
Bajo esta tesitura decirse que anteriormente el comisionado Danilo Gutiérrez Gil, al rendir su informe el doce de junio de mil novecientos ochenta y uno, dictaminó que puede considerarse afectable el predio denominado El Huanacaxtle' en su calidad de terreno baldío propiedad de la Nación, y que posteriormente, la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Subsecretaria de Ordenamiento de la Propiedad Rural, por conducto de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización y de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, emitió resolución el veintiuno de abril de dos mil cinco, en el cual declaró que el predio mencionado no constituye propiedad de la Nación, sino propiedad, privada señalando a diversos propietarios (sin mencionar a Dámaso Peña Vázquez) y no fue sino hasta el informe rendido por el revisor técnico Salvador Ortiz Cisneros, quien recomendó que sean verificados en campo los terrenos supuestamente propiedad del doctor Dámaso Peña Vázquez, de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas), ubicado dentro del predio denominado El Huanacaxtle', que no fueron tomados en cuenta en los actuales trabajados, esto es, en los informes rendidos por los comisionados antes mencionados, ya que ninguno de ellos hizo referencia a la propiedad de Dámaso Peña Vázquez.
De lo expuesto, se considera que si bien el Poblado quejoso denominado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, solicitó la ampliación de ejido, y que las autoridades estudiaron los predios aledaños, dentro de un radio de siete kilómetros, para saber si eran afectables o no, la autoridad responsable, Tribunal Superior Agrario, en resolución del veinticinco de noviembre de dos mil cinco, que constituye la resolución reclamada, negó la ampliación de ejido, por falta de fincas afectables dentro del radio de siete kilómetros, sin que dicha autoridad haya analizado ni tomado en consideración el informe técnico de revisión rendido por el arquitecto Salvador Ortiz Cisneros, específicamente, lo relativo a la recomendación de que sean verificados en campo los terrenos supuestamente propiedad del doctor Dámaso Peña Vázquez, ubicado dentro del predio denominado El Huanacaxtle', que no fueron tomados en cuenta en los informes rendidos por los comisionados.
En efecto, la autoridad responsable debió tomar en consideración dicha documental, la cual da pauta a un análisis de la propiedad del señor Dámaso Peña Vázquez, ubicado dentro del predio denominado Huanacaxtle', el cual está dentro del radio legal de siete kilómetros en relación con los predios que pueden ser afectados a favor del poblado solicitante, esto es, que la autoridad responsable antes de resolver que no existe predio alguno afectable, debió realizar detalladamente los estudios correspondientes para determinar, entre otras cosas, si ese predio está debidamente explotado, quien tiene la propiedad legal, si es considerado pequeña propiedad, etc., lo que en la especie no aconteció, puesto que dicha documental ni siquiera fue tomada en consideración por la autoridad.
En ese orden de ideas, debe decirse que asiste razón a la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable, Tribunal Superior Agrario, omitió tomar en consideración la prueba documental consistente en el informe de revisión técnica rendido el quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, por el arquitecto Salvador Ortiz Cisneros, específicamente, la parte en donde recomienda que sean verificados en campo los terrenos que tienen una superficie de 120-OO-00 (ciento veinte hectáreas), supuestamente propiedad del doctor Dámaso Peña Vázquez, ubicado dentro del predio El Huanacaxtle', por lo que con tal omisión, el tribunal responsable actuó en contravención al artículo 189 de la Ley Agraria, pues omitió examinar y valorar la prueba antes mencionada, a pesar de que es relevante en la medida de que dicho predio puede resultar afectado a favor del poblado solicitante, lo cual fue soslayado por la responsable, razón por la cual resulta fundado el concepto de violación sujeto a estudio.
En tal virtud, procede otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar dicte otra con plenitud de jurisdicción, valorando la totalidad de las pruebas que fueron aportadas en el juicio agrario, de manera específica el informe de revisión técnica rendido el quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, por el arquitecto Salvador Ortiz Cisneros, en la parte en la que recomienda sean verificados en campo los terrenos que tienen una superficie de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas), supuestamente propiedad del doctor Dámaso Peña Vázquez, ubicado dentro del predio denominado El Huanacaxtle', Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, y lo analice de manera congruente con la litis a fin de decidir la cuestión planteada.
Apoya a la anterior consideración, la tesis X11.20. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con quien este tribunal comparte criterio, consultable en la página 1036, del tomo: VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
 
PRUEBAS, APRECIACION DE LAS. POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS. Del texto del artículo 189 de la nueva Ley Agraria, se desprende que los tribunales agrarios no están obligados a valorar las pruebas conforme a reglas abstractamente preestablecidas, toda vez que se les capacita incluso para emitir el fallo a verdad sabida, apreciando los hechos y los documentos según lo estimar en debido en conciencia. Ahora bien, esta atribución no implica que en los juicios agrarios la verdad histórica penda por entero del íntimo convencimiento de aquellos tribunales, al extremo de considerarlos autorizados para dictar una sentencia sin apoyo objetivo. Apreciar en conciencia los hechos es pesar con justo criterio lógico el valor de las pruebas rendidas con la finalidad de acreditarlos, pues la conciencia que debe formarse para decidir el conflicto, ha de ser precisamente el resultado del estudio de esos elementos, para justificar la conclusión obtenida, y nunca puede consistir en la sola creencia o convicción puramente subjetiva del que juzgue.'.
Asimismo, tiene aplicación la tesis número XXIII. J/8, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con quien este tribunal comparte criterio, consultable en la página: 758, del tomo: V, marzo de mil novecientos noventa y siete, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
TRIBUNALES AGRARIOS. SUS RESOLUCIONES DEBEN CONTENER EL ESTUDIO DE TODAS LAS PRUEBAS RENDIDAS. Si bien es cierto que, en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, los tribunales agrarios no se encuentran obligados a sujetarse a reglas para la apreciación de las pruebas, ello no les faculta para realizar un análisis parcial de las aportadas en el juicio, sino que sus resoluciones deben contener el estudio de todas las rendidas por las partes, exponiendo las razones por las que les merecieron, o no, valor probatorio.'
En las apuntadas condiciones, al haber resultado fundado el concepto de violación sujeto a estudio, se hace innecesario el análisis de los conceptos de violación restantes, en atención al contenido de la tesis jurisprudencial número 693, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 466, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, que dice:
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la demanda de garantías".
VIGESIMO. En cumplimiento de la anterior ejecutoria, por acuerdo plenario de veintisiete de febrero de dos mil siete, este Tribunal Superior Agrario, dejó insubsistente la sentencia definitiva de veinticinco de noviembre de dos mil cinco, pronunciada en el juicio agrario número 269/97, que corresponde al expediente administrativo número 1184, relativo a la acción de ampliación de ejidos, promovida por el poblado denominado "Pie de la Cuesta", Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca; se ordenó turnar los autos al Magistrado ponente para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad formulara el proyecto de sentencia correspondiente, y lo sometiera a la aprobación del Pleno de este Tribunal Superior Agrario.
El Magistrado instructor dictó acuerdo para mejor proveer, el trece de marzo de dos mil siete, de conformidad con el siguiente punto resolutivo:
"UNICO. Con copia certificada de este acuerdo remítase al Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en la Ciudad de Huajuapán de León, Estado de Oaxaca, a efecto de que en los términos del artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que tiene aplicación en los términos del artículo tercero transitorio de la Ley Agraria, se sirva ordenar la práctica de trabajos técnicos informativos complementarios en el predio propiedad de Dámaso Peña Vásquez, que proviene del predio denominado "El Huanacaxtle", propiedad de Sabás Peláez, a fin de conocer su superficie y si el predio está debidamente explotado, debiendo señalar el tipo de explotación, si está delimitado, y para conocer quien tiene la propiedad legal, o la posesión del mismo, debiendo levantar acta circunstanciada, en la que con toda precisión se señale la ubicación del predio y si está delimitado precisar si existen cercos, alambradas u otro tipo de obras para poder determinar si existe alguna causa de afectación.
Además de lo anterior, deberá solicitarse los antecedentes registrales que sobre dicho predio obren en el Registro Público de la Propiedad, hecho lo anterior, deberán remitirse las actuaciones a este Tribunal Superior Agrario para el trámite legal subsecuente".
Para dar cumplimiento al acuerdo del Magistrado instructor, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en Huajuapán de León, Estado de Oaxaca, comisionó a los integrantes de la brigada agraria adscrita a dicho Tribunal, integrada por el ingeniero topógrafo Máximo Orta Longinos y el licenciado Juan Mijangos Chin, quienes rindieron su informe el catorce de mayo de dos mil siete, manifestando que el tres del mismo mes y año, notificaron a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado; el cuatro del mismo mes y año, se fijaron en la Agencia Municipal y en la Casa Ejidal del poblado las cédulas de notificación común dirigida a los propietarios y/o poseedores.
Señalaron los comisionados que el ocho de mayo de dos mil siete, iniciaron los trabajos y los concluyeron el doce del mismo mes y año citados, levantando el acta circunstanciada, en primer lugar, manifestaron que se constituyeron en el predio a investigar, y no se encontró a ninguna persona con el carácter de propietario,
que entendieron la diligencia con Nery Eleuterio Castro Ibáñez, Gudelia Ibáñez Valdés, Onofre Santiago Luna, Gilberto Luna Ibáñez, Nazario Tomás Javier Luna y Adán Valdés Ibáñez y realizaron los levantamientos topográficos del predio "El Huanacaxtle", y obtuvieron una superficie de 966-37-17 (novecientas sesenta y seis hectáreas, treinta y siete áreas, diecisiete centiáreas), así como del predio presunta propiedad de Dámaso Peña Vázquez, con superficie registral de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas) pero el levantamiento topográfico arrojó 135-83-31 (ciento treinta y cinco hectáreas, ochenta y tres áreas, treinta y un centiáreas).
Del resultado de la inspección judicial practicada los días nueve, diez y once de mayo, encontraron que la posesión la detentan las personas mencionadas, que la calidad de las tierras son de temporal y agostadero susceptible de cultivo, que en las diversas fracciones se cultiva maíz, fríjol y chile principalmente, así como el cultivo de pastos mejorados de las variedades: llanero, jaragua, estrella y tanzania, así como ciento veinticinco cabezas de ganado mayor de la raza suiza cruzada con cebú, diez caballos y dos burros, el predio se encontró totalmente delimitado con cerca de madera muerta y viva de la región y alambre de púas de cuatro, cinco y seis hilos, que los árboles que sirven de cerca tienen troncos muy gruesos y en el interior del predio existen subdivisiones con alambre de púas y postes de madera, corrales, caminos o veredas.
El predio se encuentra en posesión de las seis personas con las cuales se entendió la diligencias, con una antigüedad de aproximadamente cincuenta años, y cada una de ellas tiene en posesión aproximadamente 20-00-00 (veinte hectáreas), y además algunas fracciones cerriles. A su informe, anexaron las actas circunstanciadas, los cuadros de construcción, el plano correspondiente, así como las notificaciones practicadas.
A fojas de la 672 a la 675, obra el acta circunstanciada levantada por los comisionados, señalando que el doce de mayo de dos mil siete, se ubicaron en el predio "El Huanacaxtle" y del levantamiento topográfico arrojó una superficie de 966-37-17 (novecientas sesenta y seis hectáreas, treinta y siete áreas, diecisiete centiáreas), y el predio supuesta propiedad de Dámaso Peña Vázquez, arrojó una superficie de 135-83-31 (ciento treinta y cinco hectáreas, ochenta y tres áreas, treinta y un centiáreas), que tiene una forma irregular, con límites y colindancias al norte colinda con Olivia Castro García, Ignacio Castellanos Peláez y José Carmona Castellanos, que son campesinos pertenecientes al núcleo de la ampliación de ejidos, al sur, con terrenos en posesión de campesinos del poblado de "San Francisco Sayultepec", al oriente, con campesinos de "Pie de la Cuesta".
Manifiestan los comisionados que la superficie de este predio presunta propiedad de Dámaso Peña Vázquez, está incluida en el predio "El Huanacaxtle", y se encontró totalmente delimitado con madera muerta y viva de la región, destacándose entre las especies vivas las conocidas como cacahuananche, nanche, pipe real, tamalocote, mango, zopilote o caoba, y los poseedores manifestaron que son originarios y vecinos de "Pie de la Cuesta", y el predio está destinado a la explotación ganadera y agrícola y cada uno de los posesionarios proporciono la marca del fierro de herrar; que los comisionados constataron la existencia de pasto mejorado de las variedades llanero, jaragua, estrella y tanzania, así como grama natural, y en el momento de la inspección encontraron tierra preparada para el cultivo del ciclo de primavera, también pudieron observar la existencia de mango, cuapinol, tolotote y parota.
Al Registro Público de la Propiedad, se le solicitaron los antecedentes registrales del predio propiedad de Dámaso Peña Vázquez, y por oficio número DRPPC/JDJ/616/2007, de tres de julio de dos mil siete, informó al Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en Huajuapán de León, Estado de Oaxaca, que realizada la búsqueda en los archivos de esa dependencia no se encontró inscrito bajo el registro número 106, de quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, la propiedad a nombre de la persona mencionada.
VIGESIMO PRIMERO. Este Tribunal Superior Agrario dictó sentencia el once de octubre de dos mil siete, de conformidad con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Es de negarse y se niega la ampliación de ejido del poblado denominado Pie de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, por falta de fincas afectables dentro del radio de siete kilómetros.
SEGUNDO. Se confirma el mandamiento del Gobernador del Estado de Oaxaca, el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el trece de febrero de mil novecientos setenta y uno.
TERCERO. Publíquense los puntos resolutivos de esta sentencia en el Boletín Judicial Agrario y en los estrados de este Tribunal Superior Agrario.
CUARTO. Notifíquese a las partes, comuníquese a la Procuraduría Agraria, y con copia certificada de esta sentencia, al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sobre el cumplimiento que se esta dando a la ejecutoria de amparo dictada el ocho de febrero de dos mil siete, en el juicio de amparo directo D.A. 325/2006, y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Tribunal Unitario Agrario de origen, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido".
VIGESIMO SEGUNDO. Inconformes con la sentencia anterior, mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil ocho, ante el Tribunal Superior Agrario, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del poblado que nos ocupa, interpusieron demanda de amparo, de la cual conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo D.A. 175/2008, y dictó ejecutoria el diez de diciembre del mismo año, de conformidad con el siguiente punto resolutivo:
 
"UNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE al COMITE PARTICULAR EJECUTIVO DE AMPLIACION DE EJIDO DEL EJIDO PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, DISTRITO JUDICIAL DE JAMILTEPEC, OAXACA, en contra de la sentencia de once de octubre de dos mil siete, dictada por el Tribunal Superior Agrario en el juicio agrario 269/97 relativo a la acción de ampliación de ejido".
La protección constitucional se contiene en el considerando sexto, del orden literal siguiente:
"SEXTO.- Previo al estudio de los conceptos de violación resulta conveniente resaltar los antecedentes del asunto, mismos que se desprenden de las constancias que integran el expediente relativo al juicio agrario número 269/97 y sus respectivos tomos de prueba.
a) Por Resolución Presidencial de seis de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, publicada el quince de octubre de ese mismo año, se concedió por concepto de dotación de ejido, al Poblado denominado Pie de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, una superficie de 1,064-00-00 (mil sesenta y cuatro hectáreas).
b) Por escrito presentado el tres de mayo de mil novecientos treinta y ocho, un grupo de campesinos del poblado de referencia, solicitó una ampliación de ejido, manifestando como probable afectación las tierras o terrenos que se encuentran en colindancia con dicho poblado, propiedad de los señores Peláez y Carmona (folio 2 a 4, del tomo I de pruebas);
c) En virtud de dicha solicitud, la Comisión Agraria Mixta, instauró el veinte de mayo de mil novecientos treinta y ocho, el expediente número 25/1184 (folio 5 del tomo I de pruebas);
d) Seguidos los trámites, el catorce de abril de mil novecientos sesenta y nueve, la Jefatura del Grupo de Trabajos de la Costa, comisionó al ingeniero Cuauhtémoc Ríos Ruíz, para que realizar trabajos técnicos e informativos del Poblado denominado Pie de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, necesarios para sustanciar el expediente por concepto de ampliación de ejidos, el cual rindió su informe el siete de julio del mismo año, señalando que los campesinos solicitantes sí cultivan sus terrenos, asimismo, informó que respecto del predio señalado como de presunta afectación propiedad de Juan Peláez, está amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola número 08395, inscrito en el Registro Agrario Nacional, expedido el diez de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, que ampara una superficie de 266-67-00 (doscientas sesenta y seis hectáreas y sesenta y siete áreas), de igual manera, investigó los predios propiedad de Sabás Peláez Cruz y Bonifacio Carmona, el primero con una superficie de 820-00-00 (ochocientas veinte hectáreas) y el segundo con superficie de 500-00-00 (quinientas hectáreas) (folios 94 a 111 del tomo I de pruebas);
e) El tres de noviembre de mil novecientos setenta, la Comisión Agraria Mixta emitió dictamen negando la ampliación de ejido, por falta de fincas afectables dentro del radio legal de siete kilómetros (folio 151 a 153 del tomo I de pruebas);
f) El Gobernador del Estado de Oaxaca, emitió el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta, su mandamiento publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado, el trece de febrero de mil novecientos setenta y uno, en el mismo sentido del dictamen de la Comisión Agraria Mixta (folio 159 a 161 del tomo I de pruebas);
g) El dos de marzo de mil novecientos setenta y uno, el delegado de Asuntos Agrarios en el Estado de Oaxaca, remitió el asunto de que se trata, para su estudio y resolución en segunda instancia, a la Consultoría Agraria en dicho Estado (folio 175), la que por acuerdo de siete de mayo de ese mismo año, solicitó la investigación de los predios aledaños para determinar la superficie, calidad de tierras y régimen legal de propiedad, comisionando para tal efecto al comisionado Germán Colmenares Hernández (folio 177), quien rindió su informe el treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete, manifestando que dentro del radio legal de afectación no se localiza superficie alguna que pueda ser susceptible de afectación, ya que solo se encontraban ejidos definitivos y pequeñas propiedades que no exceden los límites que señala la ley; asimismo, se traslado al terreno propiedad del señor Sabás Peláez, el cual lo tiene dividido en dos fracciones, una con superficie de 1,110-26-46.58 denominada El Huanacaxtle', que está en posesión de los quejosos, en virtud de un contrato de arrendamiento (folio 5 a 9 del tomo I de pruebas);
h) El Cuerpo Consultivo Agrario aprobó el acuerdo de trece de marzo de mil novecientos ochenta y uno, el cual ordena investigar el aprovechamiento de las tierras concedidas en dotación, así como la práctica de trabajos técnicos informativos complementarios comisionando para ello al ingeniero Danilo Gutiérrez Gil (folio 2 a 10 del tomo II de pruebas), quien rindió su informe el doce de junio de ese mismo año, manifestando que los predios solicitados, propiedad de Sabás Peláez Cruz, pueden considerarse como baldíos, por no haber salido del dominio de la Nación por título legalmente expedido, específicamente propuso como afectable el predio denominado El Huanacaxtle', (folio 14 a 16 del tomo III);
i) El diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió dictamen concediendo al Poblado de Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, una superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) de temporal a tomarse del predio denominado El Huanacaxtle', (folio 5 a 9 del tomo VIII de pruebas);
 
j) Posteriormente la Secretaría de la Reforma Agraria turnó el expediente al Tribunal Superior Agrario, en donde se radicó con el número 269/97, y que por resolución de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, concediendo al referido Poblado de Pié de la Cuesta', la superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) de temporal, propiedad de la Nación, a tomarse del predio denominado El Huanacaxtle', Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, (folio 189 a 214 del juicio agrario de origen);
k) Inconformes con tal determinación, los terceros perjudicados Jerónima, Luisa, Atanacia y Florentina, todas ellas de apelllidos Peláez Ibarra, y Marco Antonio Peña Duque demandaron, respectivamente, el amparo y protección de la Justicia Federal, asuntos de los cuales conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quedando radicados bajo el toca números D.A. 6164/98 Y D.A. 7174/98, quien por ejecutorias de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, concedió el amparo a los quejosos, ahora terceros perjudicados, al considerar que la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, no fundó ni motivó debidamente su determinación relativa a que resultó afectable la superficie de 996-24-29.46 (novecientos noventa y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas y cuarenta y seis miliáreas), del predio de Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, por considerarlo terreno baldío propiedad de la Nación; en virtud de que dicha autoridad carece de facultades para resolver sobre ese tema, toda vez que es la Secretaría de la Reforma Agraria, quien determina, previo procedimiento, si el terreno es o no propiedad de la Nación, y en el caso, no se llevó a cabo procedimiento específico alguno, por lo que se concedió el amparo a los terceros perjudicados. (fojas 56 a 65 y 126 a 157 del juicio agrario de origen).
l) En cumplimiento de dichas ejecutorias, (previa resolución emitida el veintiuno de abril de dos mil cinco, por la Secretaría de la Reforma Agraria, quien determinó que el predio denominado Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, no constituye terreno baldío propiedad de la Nación), el Tribunal Superior Agrario emitió una nueva sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, en la que determinó negar la ampliación solicitada por el ejido Pié de la Cuesta', por falta de fincas afectables dentro del radio legal de siete kilómetros. (fojas 189 a 214).
m) Inconformes con tal determinación, los integrantes del Comité Particular Ejecutivo del Núcleo de Población ejidal denominado de Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, asunto del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quedando radicado bajo el toca número D.A. 325/2006, quien por ejecutoria de ocho de febrero de dos mil siete, concedió el amparo a dicho Comité, al considerar que la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, omitió tomar en consideración la prueba documental consistente en el informe de revisión técnica rendido el quince de agosto de mil novecientos noventa y seis, por el arquitecto Salvador Ortiz Cisneros, específicamente la parte en donde recomienda que sean verificados en campo los terrenos que tienen una superficie de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas), supuestamente propiedad del doctor Dámaso Peña Vázquez, ubicado dentro del predio El Huanacaxtle'. (fojas 315 a 339)
n) En cumplimiento a dicha ejecutoria, el Tribunal Superior Agrario (previo a la investigación realizada respecto del predio propiedad de Dámaso Peña Vázquez) emitió una nueva sentencia el once de octubre de dos mil siete, que constituye el acto reclamado en el presente asunto, en la que determinó negar la ampliación solicitada por el ejido Pie de la Cuesta', por falta de fincas afectables dentro del radio de siete kilómetros, con base en las consideraciones que estimó pertinentes. (fojas 730 a 781).
Una vez relatados los antecedentes del asunto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa.
En su primer agravio, en esencia, manifiesta la parte quejosa que es ilegal la resolución del Tribunal Superior Agrario, al haber considerado que no resultaba procedente la ampliación de ejido solicitada pues el predio que el ejido consideró como afectable denominado El Huanacaxtle' es propiedad de Sabás Peláez Cruz, el cual acreditó dicha propiedad con una diligencia de información de dominio; lo cual es ilegal, toda vez que esa diligencia no puede considerarse como título legalmente expedido, máxime que dicha diligencia se realizó diecinueve años después de la solicitud de ampliación de ejido, esto es, la solicitud se realizó el tres de mayo de mil novecientos treinta y ocho y la diligencia de información de dominio se llevó a cabo en el año de mil novecientos cincuenta y siete.
Además, señala la parte quejosa en su segundo concepto de violación, que el Tribunal Superior Agrario no debió tomar en consideración la determinación de la Secretaría de la Reforma Agraria, en la que consideró que el terreno denominado El Huanacaxtle', no es terreno baldío o nacional, porque no se cumplieron las formalidades y requisitos para realizar dicha determinación, ya que no intervino un deslindador administrativo debidamente acreditado, además no se le dio la intervención legal a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y por último, que la información de dominio promovida vía jurisdicción voluntaria, es una constancia que no tiene efectos jurídicos de título de propiedad, porque se trata de una información testimonial confeccionada unilateralmente, sin la intervención de terceros interesados, como en el caso.
 
Por otra parte, en su tercer concepto de violación, aduce la parte quejosa que el Tribunal Superior responsable deja de aplicar los criterios sustentados por nuestro más alto Tribunal Judicial, porque no se acreditó la propiedad del extinto Sabás Peláez Cruz ni de quienes dicen ser sus herederos respecto del predio denominado El Huanacaxtle', toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 530 y 538 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las diligencias de información de dominio o ad-perpetuam se tramitan en vía de jurisdicción voluntaria, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes, por lo que no pueden surtir efectos en juicios contradictorios contra terceros que no fueron oídos ni vencidos en juicio.
En relación a dicho argumento, la parte quejosa refirió que las tesis que dejó de observar el Tribunal Superior Agrario, son las que citó con los rubros: INFORMACION DE DOMINIO, NO APTA PARA DEMOSTRAR LA PROPIEDAD EN JUICIO CONTRADICTORIO', INFORMACION DE DOMINIO, DEBEN SATISFACER LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA PRESCRIPCION ADQUISITIVAS EN LAS DILIGENCIAS', AGRARIO. POSESION, PRUEBA DE LA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 66 DEL CODIGO AGRARIO (ARTICULO 252 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA). DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM', AGRARIO. POSESION PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 252 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA (66 DEL CODIGO AGRARIO DEROGADO). TITULOS DE PROPIEDAD NO BASTAN PARA DEMOSTRARLA', AGRARIO POSESION PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 252 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. TITULOS DE PROPIEDAD NO BASTAN PARA DEMOSTRARLA', AGRARIO. POSESION, PRUEBA DE LA, PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 66 DEL CODIGO AGRARIO (ARTICULO 252 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA). DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM', AGRARIO. POSESION, PRUEBA PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 252 DE LA LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA (66 DEL CODIGO AGRARIO). RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL NO LA ACREDITAN', AGRARIO. PREDIOS AFECTABLES. TRANSMISION. NO PRODUCE EFECTOS JURIDICOS EN MATERIA AGRARIA, CUANDO SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ES POSTERIOR A LA SOLICITUD EJIDAL', INFORMACION AD PERPETUAM, SE REQUIERE ACREDITAR TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PRESCRIPCION POSITIVA EN LA', PRESCRIPCION POSITIVA. INFORMACIONES AD PERPETUAM' y JURISDICCION VOLUNTARIA, INCOMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PARA CONOCER DE LAS DILIGENCIAS DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE OAXACA)'.
Al respecto, este órgano colegiado considera que, son fundados los conceptos de violación, antes sintetizados y estudiados en su conjunto dada su íntima relación, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, en razón de lo siguiente:
En principio, para estar en condiciones de resolver este asunto, es necesario tener presente que el artículo 189 de la Ley Agraria, establece lo siguiente:
ARTICULO 189.- Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones'.
El precepto transcrito establece que las sentencias emitidas por los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida, apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimen debido en conciencia, por lo que todas las consideraciones vertidas en cada una de las sentencias que dicten dichos tribunales deben ser acordes no sólo con las reglas que rigen esta clase de juicios, sino también con las de la lógica; por ello, los medios de prueba que las partes aportan en tiempo y forma legales deben ser objeto de un cuidadoso análisis, cuyo resultado debe reflejarse en la parte considerativa del fallo respectivo.
Lo expuesto, hace referencia al principio de congruencia que debe regir en todas las sentencias, que consiste en que éstas deben de dictarse en concordancia con las constancias que integran el expediente, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna.
Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento noventa y tres, del tomo: Cuarta Parte, XI, Sexta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones Y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó'.
 
Ahora de la sentencia reclamada, en su parte conducente se observa que, el Tribunal Superior Agrario determinó que no resultaba procedente la ampliación de ejido solicitado por la parte quejosa, en razón de que el predio que el ejido consideró como afectable denominado El Huanacaxtle', no es un terreno baldío ni propiedad de la Nación, ya que de conformidad con la resolución emitida por la Secretaría de la Reforma Agraria de veintiuno de abril de dos mil cinco, ese predio es propiedad del extinto Sabás Peláez Cruz y actualmente de sus herederos Y que a su vez el terreno de 12000-00 (ciento veinte hectáreas) ubicadas dentro del referido predio son propiedad del Doctor Dámaso Peña Vázquez, por virtud de la venta realizada por Sabás Peláez Cruz; por lo que en términos de los artículo 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, constituye una pequeña propiedad, la cual se encuentra debidamente explotada y no puede contribuir para satisfacer las necesidades agrarias del poblado solicitante denominado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca.
Por otra parte, dentro de las constancias que obran en el tomo 15 de pruebas relativo al expedite agrario 269/97 (fojas 4 a 14), relativo a la solicitud de ampliación de ejido, formulada por el Poblado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, se encuentra la resolución de veintiuno de abril de dos mil cinco, emitida por la Secretaría de la Reforma Agraria, por la que se determinó lo siguiente:
...ACUERDO.- PRIMERO.- Se atiende el requerimiento que formuló el Tribunal Superior Agrario, mediante Acuerdo dictado el primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, dentro del juicio agrario 269/97, relativo a la acción de ampliación de ejido del poblado denominado Pié de la Cuesta', Municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, en acatamiento a la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo Directo D.A.6164/98, que concedió el amparo y protección de la justicia Federal a los quejosos Jerómina, Luisa, Atanacia, Florentina y Gumecindo, de apellidos Peláez Ibarra.- SEGUNDO.- Tomando como base el acuerdo emitido el veintiocho de agosto del dos mil dos, por la Representación Agraria en el Estado de Oaxaca; las documentales exhibidas por la parte inconforme en sus escritos de fechas diecisiete de julio del dos mil dos y veinte de septiembre del dos mil cuatro, se tiene que el predio denominado 'El Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, con una superficie de 816-80-00 hectáreas, no constituye terreno baldío propiedad de la nación. TERCERO.- Remítase el expediente relativo a la solicitud de Ampliación de Ejido que promovió el Poblado 'Pié de la Cuesta', a la Unidad Técnica Operativa, así como copia certificada del presente Acuerdo, a fin de que lo haga del conocimiento del Tribunal Superior Agrario, para todos los efectos legales que correspondan.- CUARTO.- Envíese copia de este Acuerdo a la Representación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Oaxaca, para su conocimiento y proceda a notificar el contenido del mismo a Jerónima, Luisa, Atanacia, Florentina y Gumecindo, de apellidos Peláez Ibarra.- Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 21 ABR. 2005.- EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION.- (rúbrica). LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA.- EL DIRECTOR DE REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL.- (rúbrica).- LIC. CARLOS ALBERTO MEDINA RODAS'.
Dicha determinación se emitió con base en las siguientes consideraciones:
...CONSIDERANDOS.- I.- La Secretaría de la Reforma Agraria, es competente para emitir el presente Acuerdo, en términos de lo previsto por el artículo 160 de la Ley Agraria; correlativo del 68 y 69 de la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías; 11 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; 12 fracciones V y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria, que disponen que esta Secretaría, a través de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, debe dictaminar si el terreno pretendido es o no nacional, dictar el Acuerdo que proceda previo estudio que realice a la documentación de las operaciones de deslinde, cuyo acuerdo deberá también contener el análisis de las inconformidades que se hubieren presentado con motivo de las diligencias de deslinde.- II.- Que resulta importante mencionar y destacar que el presente Acuerdo es dictado con el fin de dar cumplimiento al diverso dictado el primero de junio de mil novecientos noventa y nueve por el Tribunal Superior Agrario, en acatamiento a la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de febrero del mismo año, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Juicio de Amparo D.A. 6164/98, mediante el cual se ordenó a esta Secretaría de la Reforma Agraria, desahogar el procedimiento tendente a determinar si el predio conocido como El Huanacaxtle', con superficie de 816-80-00 hectáreas, del que se ostentan como propietarias Jerónima, Luisa, Atanacia, Florentina y Gumecindo, de apellidos Peláez Ibarra, es un baldío propiedad de la Nación o bien se trata de un Terreno Nacional, en términos de lo establecido por los artículos 53 a 63 de la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías, en relación con los artículos 68 y 69 de la citada Ley, para lo cual resulta procedente realizar el estudio correspondiente a la documentación obtenida con motivo de las operaciones de deslinde, así como de las documentales presentadas por los oferentes para acreditar su dicho.- III.- Que con el fin de determinar fehacientemente la situación jurídica que guarda el predio 'El Huanacaxtle', resulta procedente destacar que esta Secretaría se abocó a realizar el deslinde correspondiente del referido predio, observando para tal efecto las disposiciones de la Ley Agraria y su reglamento en materia de ordenamiento de la propiedad rural en sus artículo 104, 105 y 108, llevando a cabo los trabajos de deslinde que quedaron asentados en el Resultando 4 del presente acuerdo, trabajos a los que
se opusieron Jerónima, Luisa, Atanacia, Florentina y Gumecindo, de apellidos Peláez Ibarra, en escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil dos, manifestando que el predio denominado 'El Huanacaxtle', no puede ser considerado como terreno baldío, toda vez que es propiedad particular, ya que desde hace mucho tiempo han estado en posesión de los terrenos que comprenden el predio en estudio y para acreditar su dicho exhibieron diversa documentación, en términos de lo preceptuado por el artículo 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, ya que los inconformes demostraron tener la propiedad del predio referido, situación que motivó a la emisión del acuerdo de suspensión de las diligencias de deslinde el veintiocho de agosto de dos mil dos, derivado lo cual, los presuntos propietarios aportaron otras documentales relacionadas en el resultando 6 de este acuerdo.- IV.- Del análisis a las documentales antes descritas, detalladas en los resultandos 6o. y 7o. del presente Acuerdo, que se valoraron en términos de los Artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley Agraria, dado que su formación está encomendada por la Ley a una persona revestida de Fe Pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, los oferentes demuestran, las operaciones traslativas de dominio que se consignan en las escrituras públicas, de dichas constancias, también se advierte que su causante Ramón Peláez, adquirió el predio denominado 'El Huanacaxtle', a través de una compraventa que celebró con Rosa Peláez, viuda de Juan Nepomuceno, y que a la muerte de Ramón Peláez el predio referido fue adjudicado por herencia a favor de José Angel Peláez y Domingo Peláez; posteriormente por acta de cesión de derechos del cinco de junio de mil novecientos veinte, Prisciliano Peláez Rojas cede a Sabás Peláez Cruz el sitio de tierra denominado 'El Huanacaxtle' el cual se lo adjudicaron por herencia Jerónima, Luisa, Atanacia, Florentina y Gumecindo, de apellidos Peláez Ibarra, documentales públicas con las que acreditaron que dicho terreno denominado 'El Huanacaxtle', es de su propiedad. Reiterando lo anterior, y tomando como base el acuerdo de suspensión de las diligencias de deslinde emitido el veintiocho de agosto de dos mil dos, dictado por la Representación Agraria en el Estado de Oaxaca, las documentales exhibidas por la parte inconforme en sus escritos fechados el diecisiete de julio de dos mil dos y veinte de septiembre de dos mil cuatro y demás documentales que obran en el expediente, se tiene que el predio denominado 'El Huanacaxtle', ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, con superficie de 818-80-00 hectáreas, no constituye terreno baldío propiedad de la nación, por haber acreditado la propiedad.- V.- Por lo anterior se arriba a la conclusión que el predio denominado 'El Huanacaxtle', no es un terreno baldío propiedad de la nación, en virtud de no estar comprendido dentro de los alcances del artículo 157 de la Ley Agraria y así también de que su antecedente se remonta al año de mil ochocientos treinta y seis, fecha en la cual no existía legislación en materia agraria y consecuentemente tampoco de terrenos baldíos y nacionales. Situación que deberá ser, comunicada en cumplimiento al Acuerdo dictado el primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, al Tribunal Superior Agrario, a través de la Unidad Técnica Operativa, a efecto de que determine lo procedente respecto a la naturaleza jurídica que actualmente guarda el predio 'El Huanacaxtle', así como a la Representación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Oaxaca, a efecto de que notifique el presente acuerdo a los inconformes y/o representantes legales de los mismos ....'.
Por último, las pruebas exhibidas ante la Secretaría de la Reforma Agraria y que sirvieron de fundamento para su determinación, son las siguientes:
...5.- Por escrito del diecisiete de julio de dos mil dos, Jerónima, Luisa, Atanacia, Florentina y Gumecindo, de apellidos Peláez Ibarra, presentaron escrito de inconformidad en contra de los trabajos de deslinde argumentando entre otras cosas que el predio denominado EL Huanacaxtle' constituye propiedad privada, al que acompañaron la (sic) siguientes pruebas que obran en el legajo trece: a).- Copia certificada de la sentencia del juicio de amparo D.A. 6164/98 promovida ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. (vista a foja veintinueve).- b).- Copia certificada de la escritura pública número 8627 del dieciséis de mayo de dos mil dos, pasada ante la fe del Notario Público número 47, de la ciudad de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, que contiene la protocolización de su similar del seis de febrero de mil ochocientos treinta y seis, por la que Rosa Peláez, viuda de Juan Nepomuceno, enajenó y dio en venta real a Ramón Peláez las tierras que comprenden el predio IEI Huanacaxtle'. (vista a foja cuarenta y cuatro).- c).- Copia certificada de la escritura pública número 8623 de seis de mayo de dos mil dos, pasada ante la fe del mismo Notario Público, relativa a la protocolización de su similar del cinco de agosto de mil ochocientos ochenta, por la que se formaliza el testamento privado de José Angel Peláez, en el cual el predio IEI Huanacaxtle' aparece como de su propiedad. (vista a foja cuarenta y siete).- d).Copia certificada de la escritura pública número 8602 del once de mayo de dos mil dos, pasada ante la fe del Notario Público número 47, de la ciudad de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, que contiene la protocolización del instrumento del cinco de agosto de mil ochocientos ochenta, encontrado en el libro de títulos traslativos de dominio del Registro Público de la Propiedad de Jamiltepec, Oaxaca, en el año de mil ochocientos ochenta, bajo el registro número 3, de la elevación del instrumento privado a público, del testamento otorgado por José Angel Peláez, entre cuyos bienes se encuentra el predio EI Huanacaxtle'. (vista a foja cincuenta y cinco).- e).- Copia certificada de la escritura pública número 8698 del once de mayo de dos mil dos, pasada ante la fe del Notario Público número 47, de la ciudad de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, que contiene la protocolización del acta de cesión de derechos de cinco de junio de mil novecientos veinte, en la que Prisciliano Peláez Rojas, cede un sitio de tierra denominado 'El Huanacaxtle', a favor de su hijo Sabás Peláez Cruz. (vista a foja
cincuenta y siete).- f).- Copia certificada de la escritura Pública número 18 de doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, pasada ante la fe del Juez Mixto de Primera Instancia, relativa a la protocolización de las diligencias de información de dominio, promovidas por Sabás Peláez Cruz, respecto del predio 'El Huanacaxtle', en el cual pretende acreditar su propiedad. (vista a foja sesenta).- g).- Copia certificada de la escritura Pública número 4918 de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del Notario Público número 47, de la ciudad de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, relativa a las declaraciones de Gumecindo Peláez Ibarra, Celestino Javier Ortega y Servanco Cortés Javier, para acreditar la copropiedad que existe entre el primero de los nombrados y los señores Jerónima, Atanacia, Florentina y Luisa, de apellidos Peláez Ibarra, respecto del predio denominado 'El Huanacaxtle', que adquirieron por adjudicación por herencia a bienes de Sabás Peláez Cruz. (vista a foja sesenta y siete).- h). Copia certificada de la escritura pública número 4725 del diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, pasada ante la fe del Notario Público número 47, de la ciudad de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, relativa a la adjudicación por herencia a bienes de la sucesión de Sabás Peláez Cruz, a favor de Gumecindo, Jerónima, Atanacia, Florentina y Luisa, de apellidos Peláez Ibarra, entre los que se encuentra el predio denominado 'El Huanacaxtle'. (vista a foja setenta)'.
Así las cosas, tomando en consideración los antecedentes del presente asunto y la determinación tomada por el Tribunal Superior responsable con base en la resolución emitida por la Secretaría de la Reforma Agraria, como ya se adelantó, este órgano colegiado considera que le asiste la razón a los quejosos, pues dicho responsable pasó por alto los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas a las diligencias de información de dominio o ad perpetuam y otorgó pleno valor probatorio a la resolución de la referida Secretaría de la Reforma Agraria, en la que consideró que se acreditó la propiedad del terreno que el quejoso consideró como afectable, con base en la referida diligencia de información de dominio.
En efecto, de la resolución emitida por la Secretaría de la Reforma Agraria el veintiuno de abril de dos mil cinco, se advierte que dicha Secretaría consideró que el terreno señalado por los quejosos como afectable no era un terreno baldío ni propiedad de la Nación, ya que se acreditó la propiedad del predio denominado El Huanacaxtle' a favor de Sabás Peláez Cruz, pues se exhibió la diligencia de información de dominio que éste promovió con el fin de que se le adjudicara dicha propiedad, que a su vez, sus herederos adquirieron por herencia y que una proporción de ese terreno de 120-00-00 (ciento veinte hectáreas) fue vendida al Doctor Dámaso Peña Vázquez.
Con base en esa determinación, fue que el Tribunal responsable consideró que, aun y cuando los solicitantes de la ampliación de ejido estuvieran en posesión de ese terreno (lo cual no está en controversia), no era procedente concederles la ampliación solicitada, por no haber terrenos afectables dentro del radio de siete kilómetros; sin embargo, como ya se dijo, dicho Tribunal no tomó en consideración los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se citan.
Novena Epoca
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Julio de 2008
Página: 11
Tesis: 1 a./J. 53/2008
Jurisprudencia
Materia(s): Civil
ACCION REIVINDICATORIA. NO QUEDA PROBADO EL ELEMENTO PROPIEDAD NECESARIO PARA SU PROCEDENCIA, SI EL TITULO EXHIBIDO POR EL ACTOR TIENE COMO ANTECEDENTE CAUSAL DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE INFORMACION AD PERPETUAM (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO).- Acorde con la jurisprudencia 1a./J. 91/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XXII, agosto de 2005, página 86, con el rubro: INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCION QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO).', la resolución recaída a diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam no es apta para acreditar la propiedad, sino sólo la posesión; de ahí que por virtud de la institución jurídica de la causahabiencia, quien posee un bien en esas condiciones, al transmitirlo única y exclusivamente puede trasladar la posesión, ya que el causahabiente sólo puede sustituirse en los derechos de que disponga su causante. En congruencia con lo anterior, se concluye que no queda probado el elemento propiedad, necesario para la procedencia de la acción reivindicatoria, si el título exhibido por el actor para acreditar tal extremo tiene como antecedente causal diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, aun cuando esté revestido de la forma de un acto jurídico por el que es factible adquirir la propiedad (venta, donación, testamento, permuta, etcétera), pues con ello sólo se demuestra que se adquirió la posesión del bien, pero no su propiedad'.
 
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Agosto de 2005
Página: 86
Tesis: 1a./J. 91/2005
Jurisprudencia
Materia(s): Civil
INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCION QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De la interpretación conjunta de los artículos 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles y 1252 del Código Civil, ambos para el Estado de Guanajuato, se advierte que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam, sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello. Esto es así, porque la propiedad es un derecho erga omnes por definición, mientras que la declaración hecha en las informaciones ad perpetuam sólo es oponible respecto de algunas personas. Por ello, de dichas diligencias no puede desprenderse un derecho de propiedad que no sea oponible a los demás. De igual forma, la declaración emitida en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria.
Quinta Epoca
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
CXXX
Página: 693
Tesis aislada
Materia(s): Civil
INFORMACIONES AD-PERPETUAM. SU VALOR PROBATORIO EN MATERIA PRESCRIPCION. Aun cuando las constancias relativas a las diligencias de información ad perpetuam establecen una presunción de la posesión, no bastan para probar que se trata de una posesión útil para la prescripción, porque las declaraciones de las personas que en ellas intervienen, no engendran, en manera alguna los efectos de la prueba testimonial por no satisfacer las garantías de publicidad y protección del derecho de contradicción reconocido a las partes por las normas que regulan la recepción de la prueba en el juicio. La eficacia jurídica de las diligencias de información ad perpetuam promovidas en jurisdicción voluntaria con objeto de constituir un título de dominio, está condicionada a que no haya mejores derechos de tercera persona, puesto que se reciben sin perjuicio de terceros y la resolución que en dicho procedimiento se pronuncia carece de la autoridad de cosa juzgada inherente a la sentencia.
De las tesis antes transcritas se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que las diligencias de información testimonial ad perpetuam son procedimientos, por su naturaleza, de jurisdicción voluntaria, puesto que no resuelven controversias entre partes, sino que el órgano jurisdiccional interviene a solicitud de un interesado y consisten en justificar con testigos ciertos hechos que al promovente le interesa que queden consignados de modo solemne, a fin de que consten en lo sucesivo, es decir, sirve para hacer constar hechos que pudieren afectar en lo sucesivo el interés o el derecho de quienes las promueven, toda vez que estas informaciones tienen por objeto exteriorizar en forma solemne y documental el derecho que asiste a la persona que las promueve, o bien, preconstituir una prueba, fuera de juicio, de determinados hechos.
Por tanto, se puede concluir que la resolución que se dicte en un procedimiento de diligencias de información ad perpetuam, solamente puede tener como alcance probatorio, el de demostrar que se ha tenido la posesión con los requisitos que la ley establece, pues sólo a eso se limitan las testimoniales desahogadas en esas diligencias y de manera alguna puede probar la propiedad sobre el inmueble en cuestión.
 
Sirve de apoyo para lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe:
Quinta Epoca
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: XLV
Página: 3799
INFORMACION AD PERPETUAM, VALOR PROBATORIO DE LA. Aun concediendo a la información ad perpetuam, como actuación judicial, todo el valor probatorio que, de acuerdo con el artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, le corresponde, de ello no se deduce que determinada persona sea la propietaria de los inmuebles que trata de reivindicar, puesto que dicha información sólo contiene la declaración de testigos sobre la posesión de determinada persona, y de esa declaración no puede deducirse, en manera alguna, la propiedad del reivindicante'.
Lo anterior resulta lógico si se toma en cuenta que, como ya se ha dicho, por su naturaleza de procedimiento seguido en la vía de jurisdicción voluntaria, las diligencias de información ad perpetuam comprenden actos en los que requiere la intervención del Juez sin que se promueva cuestión alguna entre las partes y que, precisamente por eso, la declaración que se haga en este procedimiento no surtirá efectos frente a terceros y no implicará cosa juzgada, pues el Juez podrá variar las providencias que dicte.
Por ello, la declaración que se hace en las diligencias de información ad perpetuam, como todas las que se hacen en jurisdicción voluntaria, solamente tiene efectos declarativos, pues simplemente declaran el estado que guarda en ese momento el hecho o acto de que se trata, pero no constituye ningún derecho, sino que sólo se reconoce la posesión que, de hecho, ya tenía el solicitante, y el alcance probatorio de esas diligencias sólo se limita a acreditar lo señalado por los testigos que desahogaron las diligencias.
Por lo anterior, se concluye que la declaración que se hace en las informaciones ad perpetuam no hace más que establecer que se ha tenido la posesión de un inmueble bajo determinadas circunstancias, pero de ninguna manera puede acreditar la propiedad del mismo, ya que esto sólo es posible mediante el juicio contencioso en el que se acredite que se han reunido las condiciones requeridas en la ley para ello. Es decir, el resultado de las informaciones ad perpetuam es apto para acreditar la posesión del inmueble y puede servir de base para que en un juicio contencioso posterior, como pudiera ser el de prescripción o alguno similar, se pudiera determinar respecto de los derechos de propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para ello.
Dichas consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/2005-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Quinto, todos del Décimo Sexto Circuito, el quince de junio de dos mil cinco, ejecutoria de la que en su parte conducente se advierte:
...Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.
Las diligencias de información testimonial ad perpetuam son procedimientos, por su naturaleza, de jurisdicción voluntaria, puesto que no resuelven controversias entre partes, sino que el órgano jurisdiccional interviene a solicitud de un interesado.
Se puede considerar que las informaciones ad perpetuam consisten en justificar con testigos ciertos hechos que al promovente le interesa que queden consignados de modo solemne, a fin de que consten en lo sucesivo, es decir, sirve para hacer constar hechos que pudieren afectar en lo sucesivo el interés o el derecho de quienes las promueven. Estas informaciones tienen por objeto exteriorizar en forma solemne y documental el derecho que asiste a la persona que las promueve, o bien, preconstituir una prueba, fuera de juicio, de determinados hechos.
En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, las informaciones ad perpetuam se encuentran reguladas por los artículos 731 al 735. De ellos es conveniente destacar lo dispuesto por el artículo 731, el cual establece lo siguiente:
Artículo 731. Las informaciones ad perpetuam podrán recibirse cuando no tenga interés más que el promovente y se trate:
..
II. De justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble.
Al darse entrada a la promoción el Juez ordenará: que se dé publicidad a la solicitud del promovente por medio de dos avisos que se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de ocho en ocho días, y en los lugares públicos; y que se pida a cargo del promovente, un certificado del Registro Público, del último registro del inmueble de que se trate.
 
La información se recibirá con citación del Ministerio Público y de los colindantes; los testigos deben ser por lo menos tres de notorio arraigo en el lugar de la ubicación de los bienes a que la información se refiera.
Estimada la prueba, en su caso, el Juez hará la declaratoria que se menciona en el artículo 1252 del Código Civil y ordenará la protocolización...
De acuerdo con lo anterior, el trámite para seguir las diligencias de información testimonial ad perpetuam, es el siguiente: cuando se da entrada a la promoción, se da publicidad a la solicitud del interesado y se le pide un certificado del Registro Público de la última inscripción del inmueble; posteriormente, se cita al Ministerio Público y a los colindantes; en el caso de que estos últimos no estén de acuerdo con la solicitud, se terminará inmediatamente la jurisdicción voluntaria (3); si los colindantes están de acuerdo con la solicitud del promovente y el Ministerio Público no se opone, se cita a varios testigos que tengan arraigo en el lugar, para que declaren sobre la posesión que el solicitante ha tenido respecto del inmueble.
Ya rendidas las testimoniales correspondientes, el artículo establece que si el Juez estima que sí se acreditó la posesión del solicitante, se dictará la declaración establecida en el artículo 1252 del Código Civil.
Aquí es donde surgen los problemas de interpretación de los efectos que tiene la declaración que se hace en las diligencias de información ad perpetuam y que han llevado a la contradicción de criterios, por lo que es necesario analizar el contenido y alcances del mencionado artículo 1252 del Código Civil para el Estado de Guanajuato.
Dicho precepto establece lo siguiente:
Artículo 1252. El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público de la Propiedad a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad.
Comprobada debidamente la posesión, el Juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrito en el Registro Público previa su protocolización.
Cuando no se esté en el caso de deducir la acción que se menciona en el párrafo primero, por no estar inscrita en el Registro de la Propiedad de los bienes en favor de persona alguna, se podrá demostrar ante el Juez competente, que se ha tenido la posesión, rindiendo la información respectiva en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.'
El anterior artículo previene dos hipótesis distintas; por un lado, establece una vía contenciosa que puede presentarse cuando existe un propietario inscrito en el Registro Público y un poseedor pretende adquirir por prescripción el bien inscrito, y por otra parte, establece la posibilidad de que si no existe ninguna persona inscrita en el registro, se pueda demostrar la posesión.
En el primer caso, lo que debe hacer el que pretenda adquirir por prescripción es promover juicio contra el que aparezca como propietario de los bienes en el Registro Público de la Propiedad. Dicho juicio, precisamente por serlo, tendrá por objeto la resolución de dos pretensiones antagónicas respecto del derecho de propiedad del inmueble en cuestión.
Si el Juez considera procedente la acción de prescripción positiva, debe declarar en su resolución que el poseedor se ha convertido en propietario, en virtud de la prescripción. Esta declaración se manda protocolizar ante notario e inscribir en el Registro Público y se tendrá como título de propiedad.
La eficacia de esa resolución para funcionar como título de propiedad no solamente se desprende de la fracción segunda del artículo 1252 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, sino que el artículo 1254 del mismo ordenamiento, repite que cuando La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción, se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor.'
Entonces, se concluye que cuando se ejercita la acción de prescripción positiva y la misma es procedente, la resolución correspondiente es un título de propiedad y, por ello, da al beneficiario de la resolución el poder jurídico directo e inmediato sobre el inmueble para aprovecharlo totalmente, lo cual incluye la capacidad de transmitir el dominio del inmueble y poder establecer gravámenes sobre el mismo. Este derecho, por definición, es oponible a un sujeto pasivo universal constituido por todos los sujetos que no tienen el derecho de propiedad y que tienen el deber jurídico de respetarlo.
En los casos en que se actualiza el segundo supuesto, como no hay nadie que aparezca como propietario en el Registro Público, no se va a deducir acción alguna y el artículo remite al Código de Procedimientos Civiles respecto del trámite para poder demostrar únicamente que se ha tenido la posesión de un inmueble.
Ahora bien, la declaración establecida en el artículo 371, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato a que se ha hecho alusión con anterioridad, no es la que se establece en el párrafo segundo del artículo 1252 del Código Civil de Guanajuato, en el sentido de que se declarará que el promovente de las diligencias ya adquirió la propiedad y la resolución funcionará como título de propiedad, sino que se refiere a la declaración del tercer párrafo del mismo artículo, relativa a que se demostró que el promovente tiene la posesión en los mismos términos en que, de conformidad a la ley, puede ejercitarse la acción de prescripción adquisitiva, es decir, lo que se declara en la resolución de las informaciones ad perpetuam no es que se adquirió la propiedad, sino que se ha demostrado la posesión en los términos legales (pública, pacífica, continua, etcétera).
 
Esto se corrobora, si se interpreta sistemáticamente esta disposición con lo que señala el artículo 734 del Código de Procedimientos Civiles, que establece que cuando el promovente demuestre haber tenido la posesión, el Juez dictará resolución en ese sentido', es decir, en el sentido de que se demostró la posesión con las testimoniales ofrecidas.
Por tanto, se puede concluir que la ley señala que la resolución que se dicte en un procedimiento de diligencias de información ad perpetuam, solamente puede tener como alcance probatorio, el de demostrar que se ha tenido la posesión con los requisitos que la ley establece, pues sólo a eso se limitan las testimoniales desahogadas en esas diligencias y de manera alguna puede probar la propiedad sobre el inmueble en cuestión.
Sirve de apoyo para lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe:
Quinta Epoca
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: XLV
Página: 3799
INFORMACION AD PERPETUAM, VALOR PROBATORIO DE LA. Aun concediendo a la información ad perpetuam, como actuación judicial, todo el valor probatorio que, de acuerdo con el artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, le corresponde, de ello no se deduce que determinada persona sea la propietaria de los inmuebles que trata de reivindicar, puesto que dicha información sólo contiene la declaración de testigos sobre la posesión de determinada persona, y de esa declaración no puede deducirse, en manera alguna, la propiedad del reivindicante.
Amparo civil directo 14734/32. Oropeza Román, sucesión de. 28 de agosto de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Abenamar Eboli Paniagua. La publicación no menciona el nombre del ponente.'
Lo anterior resulta lógico si se toma en cuenta que, como ya se ha dicho, por su naturaleza de procedimiento seguido en la vía de jurisdicción voluntaria, las diligencias de información ad perpetuam comprenden actos en los que requiere la intervención del Juez sin que se promueva cuestión alguna entre las partes (4) y que, precisamente por eso, la declaración que se haga en este procedimiento no surtirá efectos frente a terceros y no implicará cosa juzgada, pues el Juez podrá variar las providencias que dicte.
Por ello, la declaración que se hace en las diligencias de información ad perpetuam, como todas las que se hacen en jurisdicción voluntaria, solamente tiene efectos declarativos, pues simplemente declaran el estado que guarda en ese momento el hecho o acto de que se trata, pero no constituye ningún derecho, sino que sólo se reconoce la posesión que, de hecho, ya tenía el solicitante, y el alcance probatorio de esas diligencias sólo se limita a acreditar lo señalado por los testigos que desahogaron las diligencias.
Una sentencia en la cual se determina que una persona es propietaria de un bien inmueble es siempre de naturaleza constitutiva, pues establece un cambio en la situación sustancial preexistente al procedimiento (alguien que no era propietario, ya lo es), y para que esta resolución pueda constituir obligaciones y derechos, debe derivarse de un procedimiento contencioso, ya que los derechos que se constituyen podrían traducirse en actos privativos en contra de otros sujetos, por lo que sería necesario oír a éstos para cumplir con la garantía de audiencia y, en su caso, privarlos válidamente de sus derechos.
Si se determina que una persona se ha convertido en propietaria de un bien, ello implica que la misma tiene el derecho a gozar y disponer de él, derecho que por definición y esencia es oponible erga omnes, es decir, contra todos los terceros; en efecto, el derecho de propiedad es, por definición, la facultad jurídica de usar, disfrutar y disponer de un bien, misma que es oponible a todos y surte efectos erga omnes, es decir, frente a un sujeto pasivo universal constituido por todos los demás. En este sentido, no se puede considerar que exista un título de propiedad que sólo sea oponible frente a determinadas personas, pues, como se ha expuesto, la propiedad surte sus efectos respecto de todos los que no son propietarios.
Por tanto, si el artículo 734 del Código de Procedimientos Civiles establece que la resolución de las diligencias de información ad perpetuam no surte efectos contra personas ajenas al procedimiento, es claro que no puede ser un título de propiedad, porque éste, como ya se dijo, por definición surte efectos contra un sujeto pasivo universal compuesto por todos los terceros.
Respecto de lo anterior, son aplicables las siguientes tesis:
Quinta Epoca
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CXXVII
Página: 396
ACCION REIVINDICATORIA. UNA INFORMACION AD PERPETUAM, POR sí SOLA ES INEFICAZ PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD EN CASO DE. Quien ejercita la acción reivindicatoria debe acreditar, en primer término, que es propietario del inmueble materia de la reivindicación, y acreditarlo en forma plena. La prueba anterior no puede obtenerse merced sólo a una información ad perpetuam, ya que ésta, por su naturaleza, es incapaz de surtir efectos contra tercero.
Amparo directo 4474/54. Sotera Piña. 2 de febrero de 1956. Cinco votos. Ponente: Hilario Medina.'
 
Quinta Epoca
Instancia: Sala Auxiliar
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CXVIII
Página: 319
REIVINDICACION, INFORMACIONES AD PERPETUAM EN LOS JUICIOS DE (LEGISLACION DE AGUASCALIENTES). En los términos del artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, el actor debe acreditar como primer elemento de la acción reivindicatoria la propiedad del bien cuya entrega se reclama; y la circunstancia de que el demandado carezca de título o éste sea defectuoso no demuestra la propiedad en favor del actor, y por ende, el demandado debe ser mantenido en la posesión del bien.
Si el actor fundó su acción en el testimonio de protocolización de unas diligencias de información ad perpetuam, tales diligencias no bastan para probar el derecho de propiedad. La Suprema Corte ha sustentado la tesis de que: para que se tenga como probada la acción reivindicatoria, es preciso demostrar que la cosa que se trata de reivindicar pertenece al promovente y que la posesión de la misma la tiene el demandado. Si el título con el que se pretende demostrar el primer elemento, es una información ad perpetuam, no es suficiente, toda vez que, por su naturaleza sólo comprende los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, por lo que las declaraciones de los testigos que aparecen en dicha información, en el sentido de que el propio interesado se encontraba en posesión del bien que se pretende reivindicar, no pueden surtir efectos contra terceros, como lo es el demandado.
Amparo civil directo 9300/49. Acevedo Alanís Juan. 29 de octubre de 1953. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.'
Por todo lo anterior, se concluye que la declaración que se hace en las informaciones ad perpetuam no hace más que establecer que se ha tenido la posesión de un inmueble bajo determinadas circunstancias, pero de ninguna manera puede acreditar la propiedad del mismo, ya que esto sólo es posible mediante el juicio contencioso en el que se acredite que se han reunido las condiciones requeridas en la ley para ello. Es decir, el resultado de las informaciones ad perpetuam es apto para acreditar la posesión del inmueble y puede servir de base para que en un juicio contencioso posterior, como pudiera ser el de prescripción o alguno similar, se pudiera determinar respecto de los derechos de propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para ello.
De acuerdo con la exposición precedente, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a continuación:
INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCION QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De la interpretación conjunta de los artículos 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles y 1252 del Código Civil, ambos para el Estado de Guanajuato, se advierte que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam, sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello. Esto es así, porque la propiedad es un derecho erga omnes por definición, mientras que la declaración hecha en las informaciones ad perpetuam sólo es oponible respecto de algunas personas. Por ello, de dichas diligencias no puede desprenderse un derecho de propiedad que no sea oponible a los demás. De igual forma, la declaración emitida en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria.'
Así las cosas, como la determinación del Tribunal Superior Agrario, para negar la ampliación de ejido solicitada se basó fundamentalmente en que la resolución que emitió la Secretaría de la Reforma Agraria el veintiuno de abril de dos mil cinco en la que determinó que el predio que los quejosos consideraron como afectable denominado El Huanacaxtla', no era un terreno baldío sino propiedad de Sabás Peláez Cruz y ahora de sus herederos, así como del Doctor Dámaso Peña Vázquez por haberle vendido una porción de dicho terreno y que la propiedad del primero de los nombrados quedó acreditada con las diligencias de información de dominio o ad perpetuam que éste realizó, es dable considerar que la resolución reclamada es ilegal, pues no tomó en consideración las tesis antes transcritas, de las que se advierte que las referidas diligencias de dominio o ad perpetuam no son aptas para acreditar la propiedad de un bien, sino solamente su posesión.
 
En las relatadas condiciones, al haber resultado fundados los conceptos de violación de la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el Tribunal responsable deje sin efectos la resolución reclamada y en su lugar dicte otra en la que tome en consideración lo dispuesto en esta ejecutoria.
Atento a lo anterior, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, toda vez que en nada variaría el sentido de la presente resolución.
Lo anterior, en términos de la tesis de Jurisprudencia, cuyos datos de identificación son:
Séptima Epoca
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Informes
Informe 1982, Parte 11
Página: 8
Tesis: 3
Jurisprudencia
Materia(s): Común
CONCEPTOS DE VIOLACION, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.- Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja'.
Así también, resulta aplicable por analogía, la tesis siguiente:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXI, Febrero de 2005
Página: 5
Tesis: P.lJ. 3/2005
Jurisprudencia
Materia(s): Común
CONCEPTOS DE VIOLACION EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESION DEBE A TENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIENDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.- De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional".
VIGESIMO TERCERO. Para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, este Tribunal Superior Agrario, emitió acuerdo plenario el trece de enero de dos mil nueve, dejando sin efectos la sentencia de once de octubre de dos mil siete, pronunciada por este Organo Colegiado en el juicio agrario número 269/97, que corresponde al juicio agrario número 1184, relativo a la acción de ampliación de ejidos; y ordenó turnar los autos al Magistrado Ponente para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su oportunidad formulara el proyecto de sentencia correspondiente y lo sometiera a la aprobación del Pleno de este Tribunal Superior Agrario; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta sentencia se dicta para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo directo número D.A. 175/2008, de diez diciembre de dos mil ocho.
SEGUNDO. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos Tercero Transitorio del decreto que reformó el dispositivo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 9o., fracción VIII y cuarto transitorio,
fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
TERCERO. El requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, quedó satisfecho al comprobarse que las tierras concedidas por concepto de dotación al poblado peticionario se encontraron debidamente explotadas.
CUARTO. La capacidad agraria, individual y colectiva del núcleo solicitante, quedó acreditada de conformidad con los artículos 195, 197, fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con la última actualización censal levantada por el ingeniero Genaro A. Cruz Rodríguez, quien rindió su informe el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, trabajos que fueron revisados por el Area de Revisión Técnica de la Coordinación Agraria de la Subcoordinación para la Atención del Rezago Agrario, quien señaló que resultaron cuarenta y ocho campesinos capacitados,s tres campesinos que se encuentran en posesión de terrenos que detenta el núcleo, reportados por los comisionados: ingeniero topógrafo Máximo Orta Longinos y licenciado Juan Mijangos Chin, en su informe de catorce de mayo de dos mil siete, en el que se listan a seis campesinos de los cuales tres aparecen en el censo, por lo tanto, deben considerarse a cincuenta y un campesinos capacitados para la acción agraria que nos ocupa, siendo los siguientes:
1. Adán Valdés Ibáñez. 2. Maurilio Montes Marcelo. 3. Lorenza Castro Baños. 4. Juan de Dios Hernández García. 5. Ricarda Reyna Peláez. 6. Hipólito Domínguez Barrios. 7. Domingo Javier Peláez. 8. Adrián Fuentes Infantes. 9. Simón Montes Marcelo. 10. Margarito Peláez Castro. 11. Enrique Santiago Guerrero. 12. Florencio Domínguez Barrios. 13. Fermín Javier Luna. 14. Javier Peláez Rojas. 15. Mario A. Fuentes Martínez. 16. Magdaleno Javier Luna. 17. Dámaso Peláez García. 18. Fidelia Javier Ortega. 19. Nieves Melo Gómez. 20. Benjamín Fuentes Javier. 21. Balbina Castellanos Peláez. 22. Eloisa Pérez Peláez. 23. Hipólito Santiago Luna. 24. Gilberto Luna Ibáñez. 25. Angel Cortés Santiago. 26. Pedro Luis Peláez Zarate. 27. Isidro García Melo. 28. Epifanio Ortega Juárez. 29. Luis Ortega Bernabé. 30. Mateo Castañeda Javier. 31. Pablo Javier Luna. 32. Santa Cruz Fuentes Sotelo. 33. Daniel Ortega Melo. 34. Jesús Alejandro Peláez Ibáñez. 35. Rodrigo García Javier. 36. Federico Peláez Melo. 37. Victoriano Luna González. 38. Rodolfo Reyna Castellanos. 39. Hermelinda Peláez Melo. 40. Ignacio Castellanos Peláez. 41. Epifanio Hernández Castellanos. 42. Raúl Peláez Ortega. 43. Adelina Angélica Tapia Vásquez. 44. Enemorio García Melo. 45. Miguel Jesús Ortega Bernabé. 46. Floriberto Fuentes Peláez. 47. Leonardo Pérez Pelas. 48. Nazario Tomás Javier Luna. 49. Nery Eleuterio Castro Ibáñez. 50. Gudelia Ibáñez Valdés. 51. Onofre Santiago Luna.
QUINTO. El procedimiento seguido en el trámite de este juicio agrario se ajustó a lo que para los efectos establecen los artículos 249, 250, 251, 272, 275, 286, 287, 292, 293 y 304 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual resulta aplicable en los términos del citado artículo Tercero Transitorio del decreto de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos.
SEXTO. Con las constancias que obran en autos, se llega al conocimiento, que el poblado que nos ocupa presentó su solicitud de ampliación de ejido el tres de mayo de mil novecientos treinta y ocho, habiéndose instaurado el expediente respectivo por la Comisión Agraria Mixta, el veinte de mayo del mismo año, y la solicitud se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el once de julio del citado año.
En la instauración del procedimiento se cumplió con lo previsto por el artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y sus correlativos 232 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, artículo 209 del Código Agrario de mil novecientos cuarenta y 63 del Código Agrario de mil novecientos treinta y cuatro; el primer comisionado fue Cuauhtémoc Ríos Ruíz, quien rindió su informe el siete de julio de mil novecientos sesenta y nueve, y de la información proporcionada se llegó al conocimiento que el predio señalado como afectable, propiedad de Juan Peláez Carmona, cuenta con certificado de inafectabilidad agrícola número 08395, expedido el diez de febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, que ampara una superficie de 266-67-00 (doscientas sesenta y seis hectáreas, sesenta y siete áreas), y también investigó el predio propiedad de Sabás Peláez Cruz, con superficie de 820-00-00 (ochocientas veinte hectáreas) de agostadero, así como el predio propiedad de Bonifacio Carmona, con superficie de 500-00-00 (quinientas hectáreas) de agostadero.
Con base en el informe anterior, la Comisión Agraria Mixta, el tres de noviembre de mil novecientos setenta, emitió dictamen negativo, por falta de fincas afectables dentro del radio legal de afectación, y en los mismos términos emitió su mandamiento el Gobernador del Estado, el trece de febrero de mil novecientos setenta y uno.
Remitidos los autos al Cuerpo Consultivo Agrario, la Consultoría Agraria por el Estado de Oaxaca, por acuerdo de siete de mayo de mil novecientos setenta y uno, ordenó que se investigaran los predios propiedad de Lorenzo Alarcón, Matías Guzmán, Heladio Peña, Francisco Bernardino, Ignacio Rodríguez, Sabás Peláez, Toribio Infante y Andrés Hernández, para que se determinara la superficie, calidad de tierras y régimen de propiedad de los mismos, y para tal efecto se comisionó a Germán Colmenares Hernández, quien rindió su informe el treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete, señalando que investigó la propiedad de Sabás Peláez Cruz, y la encontró dividida en dos fracciones, una de 1,110-26-46.58 (mil ciento diez hectáreas, veintiséis áreas, cuarenta y seis centiáreas, cincuenta y ocho miliáreas) que se encuentra en posesión del grupo solicitante derivado de un contrato de arrendamiento otorgado por el propietario y otra fracción de 656-00-00 (seiscientos cincuenta y seis hectáreas) denominada "Las Huertas", que se afectó por resolución
presidencial de veinte de abril de mil novecientos treinta y siete, en favor del poblado "San Francisco Sayultepec", la propiedad de Toribio Infante, con 3,697-60-00 (tres mil seiscientos noventa y siete hectáreas, sesenta áreas) se afectó por resolución presidencial de diez de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro, en favor de "San Francisco Sayultepec", y en favor de este último poblado también se afectaron 996-20-00 (novecientas noventa y seis hectáreas, veinte áreas) del predio propiedad de Ignacio Rodríguez, y de este último propietario también se afectaron 1,040-00-00 (mil cuarenta hectáreas) para el ejido denominado "Camotinchán".
Como se advierte del informe del ingeniero Germán Colmenares Hernández, se conoce que todos los predios investigados, ya habían sido afectados para satisfacer necesidades agrarias de otros núcleos agrarios comprendidos en el radio legal de afectación, a excepción del predio "El Huanacaxtle", que se encontraba en posesión del grupo solicitante derivado de un contrato de arrendamiento.
También obra en autos, el informe rendido por el ingeniero Danilo Gutiérrez Gil, quien fue comisionado para dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Sala Estatal número 7, del Cuerpo Consultivo Agrario en el Estado de Oaxaca, quien ordenó que se investigaran todos los predios enclavados en el radio legal, así como para que se informara si las tierras concedidas en dotación al poblado peticionario, se encontraban debidamente aprovechadas.
El comisionado rindió su informe el doce de junio de mil novecientos ochenta y uno, señalando que los predios señalados como afectables, debían considerarse baldíos, por no haber salido del dominio de la Nación, como lo establece el artículo 4o. de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, porque sólo están amparados por diligencias de información de dominio, tramitadas por Sabás Peláez Cruz, como se demuestra con la constancia expedida por el Registro Público de la Propiedad, que se encuentran inscritas en el Registro Público de la propiedad bajo el número 27, el doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve.
De este informe también se conoce que se investigó el predio propiedad de Roberto Carmona, del cual se conoció que fue afectado con una superficie de 1,009-00-00 (mil nueve hectáreas) en favor del poblado "San Francisco Sayultepec".
Finalmente el comisionado propuso como afectable al predio denominado "El Huanacaxtle", propiedad de Sabás Peláez Cruz.
También obra en autos el informe rendido por el ingeniero Genaro A. Cruz Rodríguez, de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis, quien fue comisionado por el Coordinador Agrario en el Estado de Oaxaca, de este informe se conoce que investigó los terrenos concedidos en dotación al poblado solicitante y los encontró totalmente explotados, y en el radio legal investigó los siguientes predios:
De la propiedad de Gumesindo Peláez Ibarra, 26-96-95.55 (veintiséis hectáreas, noventa y seis áreas, noventa y cinco centiáreas, cincuenta y cinco miliáreas; de Florencio Peláez Ibarra, 3-95-16.87 (tres hectáreas, noventa y cinco áreas, dieciséis centiáreas, ochenta y siete miliáreas); de Honorario Peláez Hernández, 4-21-72.57 (cuatro hectáreas, veintiún áreas, setenta y dos centiáreas, cincuenta y siete miliáreas), estos predios por su superficie resultan inafectables en los términos de los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por no rebasar los límites establecidos para la pequeña propiedad y por haberse encontrado totalmente explotados.
El mismo comisionado investigó la propiedad de los Hermanos Jiménez, llegándose al conocimiento que eran propietarios de 167-95-19.14 (ciento sesenta y siete hectáreas, noventa y cinco áreas, diecinueve centiáreas, catorce miliáreas), los cuales se encontraron totalmente explotadas, por ende, también resultan inafectables para satisfacer las necesidades agrarias del grupo solicitante, por constituir una pequeña propiedad inafectable, con fundamento en las disposiciones legales citadas en el párrafo anterior.
También investigó la propiedad de Ignacio Rodríguez, con superficie de 537-08-45.50 (quinientas treinta y siete hectáreas, ocho áreas, cuarenta y cinco centiáreas, cincuenta miliáreas); de Francisco Bernardino con superficie de 274-00-00 (doscientas setenta y cuatro hectáreas); de Amadeo Baños con superficie de 375-00-00 (trescientas setenta y cinco hectáreas); de otros informes se conoce que los terrenos son de agostadero, en consecuencia con aplicación de los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, resultan inafectables para satisfacer las necesidades agrarias del poblado que nos ocupa.
Dicho comisionado, también proporcionó datos respecto de los núcleos agrarios que se encuentran ubicados en el radio legal, y que corresponden a los poblados denominados "San Pedro Amuzgos", "Santa María Italapa", "San Francisco Sayultepec", "Camotinchán", "San Juan Cacahuatepec" y "San Antonio Ocotlán".
Del análisis de los trabajos técnicos informativos complementarios, efectuados por Genaro A. Cruz Rodríguez, se conoce que el predio denominado "El Huanacaxtle", tiene una superficie real de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas), inscrita a nombre de Sabás Peláez Cruz, con una superficie de 816-80-00 (ochocientas dieciséis hectáreas, ochenta áreas) que la adquirió por vía de diligencias de información de dominio, según inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Jamiltepec, Oaxaca, de las cuales 933-43-75.55 (novecientas treinta y
tres hectáreas, cuarenta y tres áreas, setenta y cinco centiáreas, cincuenta y cinco miliáreas) las tienen en posesión el poblado promovente, desprendiéndose de los antecedentes registrales que Sabás Peláez Cruz, vendió a Dámaso Peña Vázquez 120-00-00 (ciento veinte hectáreas).
SEPTIMO. El Tribunal Superior Agrario dictó sentencia el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, declarando procedente la solicitud de ampliación de ejido al poblado que nos ocupa, y se le concedió por concepto de ampliación de ejido una superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) de temporal propiedad de la Nación, a tomarse del predio denominado "El Huanacaxtle", ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, para beneficiar a cuarenta y ocho capacitados en materia agraria, afectable en los términos del artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por haberse considerado como terrenos baldíos propiedad de la Nación.
La sentencia anterior fue impugnada mediante el juicio de garantías, por Jerónima, Luisa, Atanacia, Florentino y Gumesindo de apellidos Peláez Ibarra, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo número D.A. 6164/98, y por ejecutoria de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que este Tribunal Superior Agrario dejara insubsistente la sentencia pronunciada el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, y proveyera lo necesario a fin de que se siguiera el procedimiento establecido por los artículos 53 al 69 de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, debiendo la Secretaría de la Reforma Agraria emitir la resolución correspondiente, para determinar si el terreno afectado por la sentencia de mérito es o no terreno nacional.
En cumplimiento de esta ejecutoria, por acuerdo plenario de primero de junio de mil novecientos noventa y nueve, se dejó sin efectos la sentencia aludida, y se ordenó turnar los autos a la Secretaría de la Reforma Agraria para que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de mérito, y con fundamento en el artículo 160 de la Ley Agraria, se iniciará el procedimiento de deslinde del predio denominado "El Huanacaxtle", para que se emitiera la resolución correspondiente.
En contra de la misma sentencia dictada por este Tribunal Superior Agrario, en el juicio agrario número 269/97, Marco Antonio Peña Duque, interpuso otro juicio de amparo del cual conoció el mismo Tribunal Colegiado señalado en el párrafo anterior, en el juicio agrario número 7174/98, y por ejecutoria de dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los mismos efectos del amparo anterior, al cual se dio cumplimiento inicial, por acuerdo plenario de primero de julio del mismo año, dejando sin efectos la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio agrario número 269/97, y ordenó turnar los autos a la Secretaría de la Reforma Agraria, para que una vez que practicara el deslinde respectivo, en su oportunidad emitiera la resolución correspondiente a fin de determinar si el predio denominado "El Huanacaxtle", corresponde o no a terrenos baldíos propiedad de la nación.
La Secretaría de la Reforma Agraria, emitió resolución el veintiuno de abril de dos mil cinco, declarando que el predio mencionado no constituye terrenos baldíos propiedad de la nación.
OCTAVO. Este Tribunal Superior Agrario dictó sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, confirmando el mandamiento del Gobernador del Estado de Oaxaca, emitido el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el trece de febrero de mil novecientos setenta y uno, negando la ampliación del ejido al grupo solicitante, por falta de fincas afectables.
Contra la sentencia anterior, el Comité Particular Ejecutivo, interpuso demanda de amparo de la cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y emitió ejecutoria el ocho de febrero de dos mil siete, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos para el efecto de que la autoridad responsable, ordenara investigar 120-00-00 (ciento veinte hectáreas) comprendidas dentro del radio legal, propiedad del Doctor Dámaso Peña Vázquez, ubicadas dentro del predio denominado "El Huanacaxtle", Municipio de Cacahuatepec, Estado de Oaxaca.
En cumplimiento de esta ejecutoria el Tribunal Superior Agrario, por acuerdo plenario de veintisiete de febrero de dos mil siete, dejó insubsistente la sentencia pronunciada el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, y turnó los autos al Magistrado Ponente para en su oportunidad formulara el proyecto de sentencia correspondiente.
El Magistrado instructor dictó acuerdo para mejor proveer el trece de marzo de dos mil siete, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario correspondiente al Distrito 46, con sede en Huajuapán de León, Estado de Oaxaca, ordenara investigar el predio mencionado.
Para tal efecto se comisionó a la brigada agraria adscrita a dicho Tribunal, integrada por el ingeniero topógrafo Máximo Orta Longinos y el licenciado Juan Mijangos Chin, quienes rindieron su informe el catorce de mayo de dos mil siete, al que anexaron las actas circunstanciadas, los cuadros de construcción, el plano correspondiente y las cédulas notificatorias respectivas.
 
Del estudio integral de todos los trabajos técnicos informativos complementarios del predio "El Huanacaxtle", a los cuales se les concede valor pleno en los términos del artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia agraria, por tener el carácter de una prueba pericial desahogada por técnicos en la materia, se conoce que los comisionados: ingenieros Cuauhtémoc Ríos Ruíz, Germán Colmenares Hernández, Danilo Gutiérrez Gil y Genaro A. Cruz Rodríguez, investigaron el predio citado y todos ellos, de forma aproximada fueron coincidentes en cuanto a la superficie del predio, sin que pase desapercibido para este Organo Colegiado, que desde el treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete, en que rindió su informe el ingeniero Germán Colmenares Hernández, reportó a este predio en posesión del grupo solicitante supuestamente derivado de un contrato de arrendamiento otorgado por el propietario y en el informe rendido por el ingeniero Arturo Márquez Mendoza, el cinco de septiembre de dos mil uno, señaló que este predio en su totalidad, se encontraba en posesión de los solicitantes del poblado "Pie de la Cuesta".
Los comisionados ingeniero topógrafo Máximo Orta Longinos y el licenciado Juan Mijangos Chin, con la intervención tanto de los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, como de los poseedores del predio investigado y del informe respectivo y de las actas circunstanciadas, así como de los levantamientos topográficos, de los cuadros de construcción y del plano respectivo, de manera indubitable se llega a la plena convicción, de que el predio propiedad de Dámaso Peña Vázquez, se encuentra comprendido dentro del predio "El Huanacaxtle", y que al llevarse a cabo la investigación del predio, se encontró en posesión de seis personas de nombres: Nery Eleuterio Castro Ibáñez, Gudelia Ibáñez Valdés, Onofre Santiago Luna, Gilberto Luna Ibáñez, Nazario Tomás Javier Luna y Adán Valdés Ibáñez, quienes tienen perfectamente delimitado el predio, y aprovechado en su totalidad con explotación ganadera, apoyada con cultivos de pastos forrajeros de las variedades: llanero, jaragua, estrella y tanzania, cada uno de los poseedores tiene en posesión aproximadamente 20-00-00 (veinte hectáreas).
Sabás Peláez Cruz, por escrito de veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Jamiltepec, Estado de Oaxaca, promovió información ad perpetuam, para acreditar que desde hacía más de veinte años se encontraba en posesión con carácter de propietario y de una manera pacífica, continua y no interrumpida del predio rústico denominado "Huanacaxtle", ubicado en la jurisdicción de "Pie de la Cuesta", Municipio de Cacahuatepec, con superficie de 816-80-00 (ochocientas dieciséis hectáreas, ochenta áreas), con las siguientes colindancias: al norte, con pequeña propiedad y ejido definitivo de "Ipalapa"; al sur, con pequeña propiedad de Juana Estévez viuda de Carmona; al oriente, con ejido de "Pie de la Cuesta", y al poniente, con el ejido de "Ipalapa", al procedimiento acompañó copia certificada de la Dirección General de Notarías y Archivo de la Ciudad de Oaxaca, en la que aparece que el predio de que se trata no estaba registrado a favor de persona alguna, y ofreció el desahogo de la prueba testimonial de Joaquín Carmona, Pedro Ibáñez y Aureo Valdez, desahogada la diligencia se dictó sentencia el siete de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, declarando en el resolutivo primero: "El señor Sabás Peláez Cruz por haber poseído con las condiciones exigidas por la ley para prescribir el predio rústico denominado Huanacaxtle', ubicado en la jurisdicción de Pie de la Cuesta, Municipio de Cacahuatepec, de este Distrito, con superficie de 816-80 Hs. y con las colindancias siguientes: al norte, con pequeña propiedad y ejido definitivo de Ipalapa'; al sur, con pequeña propiedad de Juana Estévez viuda de Carmona; al oriente, con ejido de Pie de la Cuesta', y al poniente, con el ejido de Ipalapa', se ha convertido en propietario, en virtud de la prescripción. SEGUNDO: Tan luego como cause ejecutoria esta sentencia, expídase copia certificada de la misma al interesado para que sea protocolizada en el Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial, para que le sirva de título de propiedad del citado predio".
Del predio anterior Sabás Peláez Cruz transmitió en favor de Dámaso Peña Vázquez 120-00-00 (ciento veinte hectáreas) como se demuestra con la constancia expedida el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y seis, por el Director del Registro Público de la Propiedad en el Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, que obra a fojas de la 110 a la 112 del legajo 7, la cual fue inscrita con el registro 106, el quince de noviembre de mil novecientos setenta y tres.
El resto de la superficie se la adjudicaron por herencia Gumesindo, Luisa, Jerónima y Florentina de apellidos Peláez Ibarra, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Sabás Peláez Cruz, número 101/989, ante el Juez Primero Mixto de Primera Instancia en Jamiltepec, Estado de Oaxaca, protocolizada el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante la fe del notario público número 47, licenciado Román Ruíz Silva, inscrita bajo el número 77, sección primera en el Registro Público de la Propiedad de Pinotepa Nacional, Estado de Oaxaca, el diez de octubre del mismo año.
El predio denominado "El Huanacaxtle", ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca, se investigó por el ingeniero Germán Colmenares Hernández, quien rindió su informe el treinta de mayo de mil novecientos setenta y siete, y desde esa fecha lo reportó en posesión del grupo solicitante; el ingeniero Danilo Gutiérrez Gil, en su informe de doce de julio de mil novecientos ochenta y uno, lo reportó como terrenos baldíos, propiedad de la Nación, el ingeniero Máximo Orta Longinos y el licenciado Juan Mijangos Chin, integrantes de la brigada agraria del Tribunal Unitario Agrario Distrito 46, con sede en la Ciudad de Huajuapán de León, Estado de Oaxaca, rindieron su informe el catorce de mayo de dos mil siete,
señalando que realizaron el levantamiento topográfico del predio "El Huanacaxtle", señalando que dentro de éstas se encuentran comprendidas las 120-00-00 (ciento veinte hectáreas), propiedad de Dámaso Peña Vázquez, y que se encontró en posesión de Nery Eleuterio Castro Ibáñez, Gudelia Ibáñez Valdés, Onofre Santiago Luna, Gilberto Luna Ibáñez, Nazario Tomás Javier Luna y Adán Valdés Ibáñez.
El predio "El Huanacaxtle", es el único que se ha venido señalando como afectable en el juicio agrario que nos ocupa, al efecto procede analizar si a las diligencias de información ad perpetuam tramitadas en jurisdicción voluntaria por Sabás Peláez Cruz, se les debe reconocer valor para acreditar la propiedad del predio citado; sobre este tema el artículo 27 Constitucional en el primer párrafo establece: "la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada".
En la escritura pública número 18, otorgada el doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, ante el Secretario encargado por Ministerio de Ley en el Juzgado Mixto de Primera Instancia, en Villa de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, inscrita bajo el número 127, el doce de noviembre de mil novecientos sesenta, en el Registro Público de la Propiedad, del lugar citado, aparece que en su escrito inicial Sabás Peláez Cruz, presentado el veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, señaló que promovía diligencias de información de dominio en la vía de jurisdicción voluntaria, señalando que detentaba la posesión desde hacía más de veinte años del predio rústico denominado "El Huanacaxtle", señaló límites y colindancias y manifestó que el predio de que se trata, no estaba registrado a favor de persona alguna.
A esta documental se le concede valor pleno en los términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de documentos públicos expedidos por fedatario público en pleno ejercicio de su derecho y con él se demuestra que el predio no había salido del dominio de la Nación como lo establece la fracción I del artículo 27 Constitucional, puesto que no estaba inscrito a nombre de persona alguna, por lo tanto la escrituración de la resolución recaída en el juicio 5/959, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, lo único que acredita es que Sabás Peláez Cruz, tenía la posesión del citado predio, pero no le acredita que hubiese sido propietario.
Sobre este tema el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia agraria, regula el procedimiento que debe seguirse en las diligencias de información ad perpetuam contenida en los siguientes:
"Artículo 538. Las informaciones ad perpetuam podrán decretarse cuando no tenga interés más que el promovente, y se trate:
I. De justificar la posesión, como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble, y
II. De comprobar la posesión de un derecho real sobre inmuebles.
La información se recibirá con citación del Ministerio Público Federal y del propietario y copartícipes, en su caso, del derecho real.
El Ministerio Público Federal y las personas con cuya citación se reciba la información, puede tachar a los testigos, por circunstancias que afecten su credibilidad.
Artículo 539. El juez está obligado a ampliar el examen de los testigos con las preguntas que estime pertinentes, para asegurarse de la veracidad de su dicho.
Artículo 540. Si los testigos no fueren conocidos del juez o del secretario, la parte deberá presente dos de conocimiento, por cada uno de los presentados.
Artículo 541. Las informaciones se protocolizarán en la notaría que designe el promovente.
Artículo 542. En ningún caso se admitirán, en jurisdicción voluntaria, informaciones de testigos sobre hechos que fueren materia de un juicio comenzado".
Como se advierte con este procedimiento, los interesados únicamente comparecen ante los Tribunales de la Materia, a solicitar que se les reconozca la posesión que detenten sobre determinadas superficies, como en el caso que nos ocupa, pero de ninguna manera mediante estos procedimientos se puede reconocer la propiedad de superficie alguna.
El artículo 536 del Código Federal de Procedimientos Civiles, prevé "Nunca se practicará diligencia alguna de jurisdicción voluntaria y que pueda resultar perjuicio a la Federación. Las que se practicaren en contravención de este precepto serán nulas de pleno derecho y no producirán efecto alguno".
Conforme a este fundamento legal aun cuando en la resolución dictada en las citadas diligencias se haya declarado que Sabás Peláez Cruz, por haber poseído de buena fe y con las condiciones exigidas por la ley, se había convertido en propietario del predio en cuestión, no surte efecto alguno, atendiendo a lo mandatado por el artículo anterior.
En la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, vigente en la fecha en que se tramitaron las citadas diligencias establecía en los siguientes artículos lo siguiente:
 
"Art. 3o.- Los terrenos propiedad de la Nación que son objeto de la presente ley, se considerarán, para sus efectos divididos en las siguientes clases:
I. Baldíos;
II. Nacionales;
III. Demasías.
Art. 4o.- Son baldíos, los terrenos de la Nación que no han salido de su dominio por título legalmente expedido y que no han sido deslindados ni medidos.
Art. 5o.- Son nacionales:
I. Los terrenos baldíos deslindados y medidos en los términos del capítulo VI de esta ley;
II. Los terrenos provenientes de demasías cuyos poseedores no las adquieran;
III. Los terrenos que recobre la Nación por virtud de nulidad de los títulos que respecto de ellos se hubieren otorgado.
No quedan comprendidos en esta fracción los terrenos cuyos títulos hayan sido nulificados o se nulifiquen, de conformidad con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 27 constitucional, los cuales se considerarán como baldíos según lo establecido en el artículo 64.
Art. 6o.- Son demasías los terrenos poseídos por particulares con título primordial y en extensión mayor de la que éste determine, encontrándose el e4xceso dentro de los linderos demarcados por el título y, por lo mismo, confundido en su totalidad con la superficie titulada.
Art. 7o.- El Ejecutivo de la Unión está facultado para enajenar, a título oneroso o gratuito, o arrendar a los particulares capacitados, conforme a esta ley, terrenos nacional, así como para entrar en composición con los poseedores de demasías.
Esta facultad se ejercerá por conducto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
En ningún caso los terrenos baldíos podrán ser objeto de las operaciones a que se refiere este artículo.
Art. 86.- No prescriben los terrenos baldíos, nacionales o demasías. Su adquisición sólo podrá realizarse en los términos y con los requisitos que establece la presente ley".
Las anteriores disposiciones legales vigentes en el momento en que se tramitaron las diligencias de información ad perpetuam, señalaba que eran terrenos baldíos, los terrenos de la Nación que no hubieran salido de su dominio por título legalmente expedido y que no hubieran sido deslindados ni medidos, como en el caso que nos ocupa, por confesión expresa de Sabás Peláez Cruz, señaló que el predio "El Huanacaxtle", cuando tramitó las diligencias no se encontraba inscrito a nombre de persona alguna, luego entonces, correspondían a terrenos baldíos, propiedad de la Nación, la citada ley establecía el procedimiento que debían seguir los particulares para adquirir los terrenos propiedad de la Nación, y el artículo 86 transcrito prohibía que los terrenos nacionales pudieran prescribirse, por posesión.
Por otra parte, el artículo 159 de la Ley Agraria, señala:
"Artículo 159.- Los terrenos baldíos y los nacionales serán inembargables e imprescriptibles".
Con los preceptos legales enumerados con anterioridad, queda plenamente probado que la posesión sobre terrenos baldíos, propiedad de la Nación, no da derecho a adquirir la propiedad porque todas las disposiciones citadas prohíben la prescripción adquisitiva de derechos por la posesión de terrenos propiedad de la Nación.
También resultan aplicables las tesis de jurisprudencia transcritas con anterioridad en esta sentencia, y que se tienen aquí por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias.
A mayor abundamiento existe criterio del Poder Judicial de la Federación consultable en el registro 359, 689, Quinta Epoca, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XLV, Tesis: Página: 3799, del rubro y texto siguiente:
"INFORMACION AD PERPETUAM, VALOR PROBATORIO DE LA. Aun concediendo a la información ad perpetuam, como actuación judicial, todo el valor probatorio que, de acuerdo con el artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, le corresponde, de ello no se deduce que determinada persona sea la propietaria de los inmueble que trata de reivindicar, puesto que dicha información sólo contiene la declaración de testigos sobre la posesión de determinada persona, y de esa declaración no puede deducirse, en manera alguna, la propiedad del reivindicante.
Amparo civil directo 14734/32. Oropeza Román, sucesión de. 28 de agosto de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Abenamar Eboli Paniagua. La publicación no menciona el nombre del ponente".
Por lo anterior, se concluye que el predio "El Huanacaxtle", corresponde a terrenos baldíos, propiedad de la Nación, y no surten efectos en materia agraria la venta realizada por Sabás Peláez Cruz en favor de Dámaso Peña Vázquez, ni la adjudicación efectuada en favor de Gumesindo, Jerónima, Atanacia y Florentina de apellidos Peláez Ibarra, en el juicio sucesorio intestamentario tramitado bajo el expediente civil número 101/989, ante el Juez Primero Mixto de Primera Instancia en Jamiltepec, Estado de Oaxaca, protocolizado el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, ante la fe del notario público número 47,
licenciado Román Ruíz Silva, inscrita bajo el número 77, sección primera en el Registro Público de la Propiedad de Pinotepa Nacional, Estado de Oaxaca, el diez de octubre del mismo año; no es óbice para llegar a esta conclusión el hecho de que la Dirección de la Regularización de la Propiedad Rural, de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria, por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil cinco, haya determinado que dicho predio no constituye terrenos baldíos, propiedad de la Nación.
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria, así como en los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías, se concede una superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) de temporal que corresponden a terrenos baldíos propiedad de la Nación, que deberán tomarse del predio denominado "Huacanaxtle", ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca. La anterior superficie deberá localizarse de acuerdo al plano proyecto que para tal efecto se elabore, para constituir los derechos correspondientes a favor de los cincuenta y un campesinos capacitados que se relacionan en el considerando cuarto de esta sentencia. Tal superficie pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; y 1o., 7o., así como la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, 80, 104 y 105 de la Ley de Amparo, se
RESUELVE:
PRIMERO. Es procedente la solicitud del poblado denominado "Pie de la Cuesta", Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca.
SEGUNDO. Se concede al poblado señalado en el resolutivo anterior, una superficie de 966-24-29.46 (novecientas sesenta y seis hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) de temporal que corresponden a terrenos baldíos propiedad de la Nación, que deberán tomarse del predio denominado "Huacanaxtle", ubicado en el Municipio de San Juan Cacahuatepec, Estado de Oaxaca. La anterior superficie deberá localizarse de acuerdo al plano proyecto que para tal efecto se elabore, para constituir los derechos correspondientes a favor de los cincuenta y un campesinos capacitados que se relacionan en el considerando cuarto de esta sentencia. Tal superficie pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.
TERCERO. Se modifica el mandamiento del Gobernador del Estado de Oaxaca, el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el trece de febrero de mil novecientos setenta y uno.
CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca; y los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario, en los estrados de este Tribunal Superior Agrario; comuníquese al Registro Público de la Propiedad correspondiente, para las cancelaciones a que haya lugar; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo con las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.
QUINTO. Notifíquese a las partes, comuníquese a la Procuraduría Agraria y al Gobernador del Estado de Oaxaca, y con copia certificada de esta sentencia, al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sobre el cumplimiento que se está dando a la ejecutoria de amparo dictada el diez de diciembre de dos mil ocho, en el juicio de amparo directo D.A. 175/2008, y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Tribunal Unitario Agrario de origen, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.
México, Distrito Federal, a diecisiete de febrero de dos mil nueve.- El Magistrado Presidente, Ricardo García Villalobos Gálvez.- Rúbrica.- Los Magistrados: Luis Octavio Porte Petit Moreno, Rodolfo Veloz Bañuelos, Luis Angel López Escutia, Carmen Laura López Almaraz.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, Humberto Jesús Quintana Miranda.- Rúbrica.
El C. Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario, que suscribe CERTIFICA: Que las copias que anteceden, son fiel reproducción de sus originales, que obran en el Juicio Agrario número 269/97, relativo a la acción ampliación de ejido (cumplimiento de ejecutoria), del poblado Pie de la Cuesta, Municipio, San Juan Cacahuatepec, Estado Oaxaca, y se expide en noventa y tres fojas útiles, selladas y cotejadas, para ser enviadas al Diario Oficial de la Federación.- Doy fe.- México, D.F., a cuatro de agosto de dos mi once.- El Secretario General de Acuerdos, Jesús Anlen López.- Rúbrica.
 
 

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