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DOF: 30/04/2014
PROGRAMA Nacional de Derechos Humanos 2014-2018H

PROGRAMA Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
2014-2018
ÍNDICE
MARCO NORMATIVO
CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO
CAPÍTULO II. ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES Y A LOS PROGRAMAS SECTORIALES
CAPÍTULO III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
CAPÍTULO IV. INDICADORES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
TRANSPARENCIA
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
GLOSARIO
ANEXO 1. CORRESPONDENCIA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA POR ESTRATEGIA
MARCO NORMATIVO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instrumentos internacionales
Carta de las Naciones Unidas.
Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.
Retiro Parcial de las Declaraciones Interpretativas y de la Reserva que el Gobierno de México formuló al párrafo 3 del artículo 12 y al párrafo 2 del artículo 23 respectivamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité contra la Tortura, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Enmiendas a los artículos 17 párrafo 7, y 18 párrafo 5 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará".
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer.
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer.
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
Convención Internacional con el objeto de asegurar una protección eficaz contra el Tráfico Criminal conocido bajo el nombre de Trata de Blancas.
Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes.
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Convención Internacional para la supresión de la trata de mujeres y menores.
Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad.
Protocolo que modifica el Convenio para la represión de la trata de mujeres y niños, concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, concluido en la misma ciudad el 11 de octubre de 1933.
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
Enmiendas al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Convención relativa a la esclavitud.
Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud.
Protocolo que Enmienda la Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.
Convención sobre Asilo.
Convención sobre Asilo Político.
Convención sobre Asilo Territorial.
Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios.
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
Convención sobre Extradición.
Convención celebrada entre México y varias naciones, sobre Condiciones de los Extranjeros.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Retiro de la Declaración Interpretativa que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos formuló al aprobar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Convención sobre Nacionalidad de la Mujer.
 
Retiro de la Reserva que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos formuló al aprobar la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer.
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada.
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo.
Retiro de la Declaración Interpretativa a favor de las Personas con Discapacidad, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía.
Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.
Convenio 105 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso (1957).
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, 1989).
Convenio Internacional con el fin de asegurar una protección efectiva contra el Tráfico Criminal conocido bajo el nombre de Trata de Blancas.
Convenio (Número 100) relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor (Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, 1951).
Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (Convenio Número 111 de la Organización Internacional del Trabajo, 1958).
Convenio relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio (Convenio Número 29 de la Organización Internacional del Trabajo, 1930).
Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (Convenio Número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, 1999).
Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (Convenio Número 159 de la Organización Internacional del Trabajo, 1983).
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final.
Convenio sobre Asilo Diplomático.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Retiro Parcial de la Reserva que el Gobierno de México formuló al artículo 25 Inciso B) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Jurisdicciones Internacionales
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos   
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Corte Internacional de Justicia
Decreto que dispone que el Ejecutivo de la Unión haga al Secretario General de las Naciones Unidas la declaración que indica, reconociendo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en las controversias que señala.
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Reglamento de la Corte Internacional de Justicia.
Corte Penal Internacional
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.
Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión y a los elementos de los crímenes. Resolución RC/Res.6
Organismos internacionales
Organización de las Naciones Unidas
Comité de Derechos Humanos
Reglamento.
Consejo de Derechos Humanos
Resolución 60/251 de la Asamblea General estableciendo el Consejo de Derechos Humanos.
Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos. Construcción Institucional del Consejo de Derechos Humanos.
Código de Conducta para los Titulares de Mandatos para Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)   
Resolución de la Asamblea General 48/141 -Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Acuerdo entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos relativo al Establecimiento de una Oficina en México.
Sistema Interamericano
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Declaraciones
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Declaración de Brasilia de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana.
Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH-SIDA.
Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano.
Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Declaración de los Derechos de los Impedidos.
 
Declaración de los Derechos del Niño.
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental.
Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional.
Declaración de los Principios sobre Libertad de Expresión.
Declaración del Milenio.
Declaración Sobre Asilo Territorial.
Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo.
Declaración Sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.
Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
Declaración Sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de la Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos.
Declaración Sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social.
Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.
Declaración Sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.
Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Declaración Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones.
Declaración Sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado.
Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Declaración Sobre la Raza y los Prejuicios Raciales.
Declaración Sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad.
Declaración de las Naciones Unidas Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Declaración Sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.
Declaración Sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No son Nacionales del País en que Viven.
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
Declaración Sobre los Principios Fundamentales Relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra.
Declaración Sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional.
Declaración Universal Sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos.
Declaración Universal Sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición.
Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Declaración de Durbán).
Declaración y el Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993.
 
Cartas y otros instrumentos
Carta Democrática Interamericana.
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador.
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de Riad-.
Directrices sobre la Función de los Fiscales.
Manual de los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, o Degradantes (Protocolo de Estambul).
Manual para Parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos.
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura.
Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad.
Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en la Protección de Personas Presas y Detenidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad.
Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental.
Principios Rectores para la Reglamentación de los Ficheros Computadorizados de Datos Personales.
Principios Relativos a la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.
Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas.
Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las Controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.
Proclamación de Teherán Sobre el Respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales.
Recomendación sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios.
Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación Relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
 
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes -Reglas de Bangkok-.
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de Libertad -Reglas de Tokio-.
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte.
Tratados modelo
Tratado Modelo sobre la Remisión del Proceso en Materia Penal.
Tratado Modelo sobre el Traspaso de la Vigilancia de los Delincuentes Bajo Condena Condicional o en Libertad Condicional.
Leyes
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Asistencia Social.
Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.
Ley de la Policía Federal.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ley de Migración.
Ley de Nacionalidad.
Ley de Planeación.
Ley de Seguridad Nacional.
Ley de Vivienda.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Ley del Seguro Social.
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Ley Federal de Justicia para Adolescentes.
Ley Federal de Protección al Consumidor.
Ley Federal de Radio y Televisión.
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley Federal del Trabajo.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Ley General de Desarrollo Social.
Ley General de Educación.
Ley General de Población.
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Ley General de Salud.
Ley General de Turismo.
Ley General de Víctimas.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
Reglamentos
Reglamento de la Ley de la Policía Federal.
Reglamento de la Ley de Migración.
Reglamento de la Ley de Nacionalidad.
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión.
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Reglamento de la Ley General de Población.
Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
 
Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.
Reglamento del Servicio de Protección Federal.
Reglamento del Servicio de Televisión y Audio Restringidos.
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Reglamento Interior de la Secretaría de Marina.
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Acuerdos
Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos.
Acuerdo por el que se establecen las Bases del mecanismo de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno Federal, para el diseño y construcción de manera conjunta, de políticas públicas que contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo político del país.
Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República.
Acuerdo por el que se establecen las Reglas Generales para expedir las constancias que acrediten la realización de actividades a organizaciones de la sociedad civil, en materia Cívica o de Derechos Humanos.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2014.
 
Oficios circulares
Oficio Circular No. C/003/12, a través del cual se reitera a los Subprocuradores, Fiscales Especiales, Visitador General, Titular de la Agencia Federal de Investigación, Titulares de las Unidades Especializadas, Titulares de los Órganos Desconcentrados, Coordinadores, Directores Generales, Agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes de la Policía Federal Ministerial, que las personas que sean detenidas deberán ser puestas de manera inmediata y sin demora a disposición de la autoridad correspondiente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Acuerdo A/126/10.
Lineamientos
Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Lineamientos generales y normas técnicas para el funcionamiento del Sistema de Compilación de las Disposiciones Jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través de la red electrónica de datos.
Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Plan y programas
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.
Convenios
Convenio de Colaboración en el marco del respeto a los derechos humanos que celebran la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Convenio de Colaboración para implementar y desarrollar el Sistema de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, que celebran la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Convenio Marco de Coordinación en Materia de Derechos Humanos, que celebran la Secretaría de Gobernación, las 31 Entidades Federativas y el Gobierno del Distrito Federal.
CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO
El presente diagnóstico describe la problemática, causas y efectos relacionados con los derechos humanos en México. Para su elaboración se consultaron informes, estudios y reportes emitidos por el Estado mexicano, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y academia. Se retomaron los hallazgos de la evaluación de los Programas de Derechos Humanos 2004-2006 y 2008-2012,(1) las reuniones de trabajo y los resultados de la Consulta del Plan Nacional de Desarrollo (16 de abril de 2013), el Seminario Consultivo (17 y 18 de octubre de 2013) y el Foro de Consulta para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos (28 de octubre de 2013). Es de resaltar el esfuerzo que se realizó para que en sus contenidos estuvieran recogidas las exigencias y la visión de las organizaciones sociales especializadas en el tema, con la convicción de que sus aportaciones son una garantía de la incidencia de las acciones que se derivarán del Programa y de que impactarán de manera tangible en el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas.
Los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, permiten que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna. Son inherentes e inalienables y corresponden a todas las personas sin distinción de sexo, género, preferencias sexuales, edad, discapacidades y consecuencias de una discapacidad anterior o percepción de alguna discapacidad presente o pasada, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil, raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social(2).
El respeto de los derechos humanos es crucial en una democracia. Uno de los mayores retos está en acortar la distancia entre la aceptación discursiva(3) y la implementación práctica de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. El Estado mexicano tiene el firme compromiso de lograr un México en Paz en una sociedad de derechos.
México ha avanzado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. A nivel normativo, destacan las reformas constitucionales de justicia penal, derechos humanos y amparo; la adhesión
o ratificación a los principales tratados en la materia y algunos esfuerzos de armonización legislativa(4). A nivel de política pública se han implementado diversos programas que, por ejemplo, buscan combatir la discriminación y atender a distintos grupos de población, tales como niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, entre otras. Además, el país se encuentra abierto al escrutinio internacional y en colaboración con los mecanismos de derechos humanos del Sistema Universal(5) e Interamericano(6).
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) reconoce que "[a] pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que todas las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana"(7).
La Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 (ANDH) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentada en el marco de la consulta para la elaboración del PND, refleja cifras sostenidas e incremento de quejas recibidas por violaciones de derechos humanos(8).
Gráfica 1. Número de quejas por violaciones a derechos humanos según la CNDH, 2013(9)

La gráfica 1 refleja el incremento en quejas por violaciones a derechos humanos, especialmente en el tema de derechos laborales; mientras que en la gráfica 2 se ilustra el incremento en quejas presentadas por sectores específicos de población, como el indígena, periodistas, migrantes, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. De 2009 a 2012, el último grupo presenta un incremento más significativo.
Gráfica 2. Información sobre quejas presentadas de sectores específicos de la población, CNDH,
2013(10)
 

En este sentido, el problema que identifica el presente diagnóstico y que atenderá este Programa es la persistencia de violaciones de derechos humanos pese a la existencia de una infraestructura institucional, de un marco normativo y de políticas públicas en la materia. Así, es necesario instrumentar una política de Estado en Derechos Humanos.
Esta persistencia de violaciones a los derechos humanos constituye un problema que demanda la existencia de otros programas específicos dentro de la Administración Pública Federal (APF) que se avoquen a la atención de este problema por medio de acciones dirigidas a temas, grupos o derechos concretos(11). El PNDH convive con esos programas y se constituye como un instrumento rector y transversal que brindará las herramientas estructurales para facilitar la aplicación de los mismos. Con esta idea, se creó una Red de Enlaces para la Elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos (Red DH). El objetivo final de estos programas, que parten de un fundamento(12), premisa(13) y principios comunes(14), es el de consolidar la política de Derechos Humanos.
Así, a través del PNDH se pretende lograr mayor efectividad en las políticas públicas y su incidencia en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Para ello se han identificado áreas problemáticas que por su carácter estratégico suponen una oportunidad para el logro de este objetivo, éstas son:
·     La implementación de la reforma constitucional de derechos humanos;
·     La prevención de violaciones a los mismos;
·     Las acciones de garantía y protección de los derechos;
·     La articulación y coordinación entre los actores involucrados en la política de derechos humanos, y
·     La generación de información correctamente sistematizada y accesible en la materia.
I.1 Necesidad de implementar la reforma constitucional de derechos humanos
Una de las principales carencias de política pública de derechos humanos fue la falta de un marco constitucional y normativo que hiciera un reconocimiento expreso de los derechos humanos como fuente de las obligaciones para toda autoridad. En ese sentido, la relación de las autoridades con el tema se centraba en obligaciones de no hacer y existía poca certidumbre sobre el carácter de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.
La reforma constitucional de derechos humanos publicada en junio de 2011, plantea un nuevo paradigma que transforma esta visión en una obligación de toda autoridad, organizando el aparato gubernamental, para asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en beneficio de las personas.
La reforma tiene una potencialidad transformadora, por lo que debe implementarse en el menor plazo. El reto de su implementación es pasar de la norma, a través de un proceso de toma de decisiones, a políticas públicas que tengan efectos concretos en la realidad de las personas. Lo que significa que los servidores públicos deben conocer y aplicar los contenidos de todos los derechos en los programas y acciones de sus instituciones considerando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro persona.
La plena implementación de la reforma es fundamental para la construcción de una sociedad de derechos, por eso la necesidad de acelerar su implementación. La falta de articulación y coordinación de los órdenes federal y local, así como entre los Poderes de la Unión, ha limitado sus efectos. Entre el servicio público y entre la población, persiste el desconocimiento del contenido y alcances de la reforma, lo que limita las posibilidades para su aplicación en las instituciones y la exigibilidad de los derechos en México. Por otra parte, la mayoría de leyes reglamentarias previstas en los transitorios de la reforma están pendientes de emisión y el marco jurídico-administrativo no ha sido armonizado con los principios constitucionales. Asimismo, contiene disposiciones para la acción estatal como la no discriminación, los derechos humanos como la base del sistema educativo y de reinserción social, asilo y refugio, política exterior y ombudsman.
Se requiere la armonización de los marcos normativos locales a la reforma e implementar acciones que instrumenten los principios y obligaciones de los derechos humanos en el quehacer de la APF. Esto garantizará la correcta aplicación de los estándares internacionales en el ámbito local y redundará en el goce y ejercicio de los derechos de las personas.
El deber general de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos implica armonizar las normas a los estándares que mejor protejan a las personas, suprimir las normas que, por objeto o resultado, violen derechos, así como la correcta aplicación e implementación del marco normativo. También se debe revisar y, en su caso, adoptar o actualizar los reglamentos, manuales, protocolos, programas y demás instrumentos que regulan el servicio público.
I.2 Deficiencias en la prevención de violaciones a los derechos humanos
El marco normativo sienta las bases del reconocimiento de los derechos y de la gestión pública. Sin embargo, la existencia del mismo no es suficiente para prevenir violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha señalado que la legislación no debe transformarse en una mera formalidad distanciada de la realidad(15).
La aspiración de toda política pública es que las violaciones a derechos humanos no ocurran, que se prevengan. Ello no se ha logrado, en parte, debido a que la capacitación en derechos humanos no ha incidido de la manera esperada. Los modelos de formación no han tomado en cuenta las percepciones, requerimientos y capacidades instaladas de los servidores públicos. Asimismo, los instrumentos de evaluación y las materias de derechos humanos y género en los subsistemas y programas del servicio profesional de carrera no son suficientes. Tampoco existen incentivos institucionales que ayuden a fomentar la capacitación en la materia.
Es necesario que quienes integran el servicio público conozcan sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos y sean capaces de aplicarlos y desarrollarlos en las labores cotidianas que realizan. Así, podrán prevenirse violaciones a los derechos humanos.
La experiencia en los últimos años obliga a analizar y generar un diagnóstico sobre la normativa y obligatoriedad de capacitación en derechos humanos para servidores públicos, el cual será la pauta para la adecuación de los programas de formación, así como para la promoción de incentivos implementados bajo mecanismos de control y evaluación.
Es de fundamental importancia lograr que el servicio público se conciba como el medio para hacer realidad los derechos, por lo que la sensibilización que se haga al respecto resulta transcendental.
Por otro lado, la principal preocupación que deriva de la Consulta Ciudadana realizada en la página de Internet www.pnd.gob.mx, fue la educación(16). El informe del Programme for International Student Assessment (PISA) mostró que México está entre los países con más obstáculos en su contexto demográfico, social y económico. Si bien ha habido avances en la educación, México sigue siendo el país miembro de la OCDE con la posición más baja por su desempeño en la materia(17). Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por la feminización de ciertos ámbitos de la educación y la baja participación de las niñas en la enseñanza técnica, ya que a la larga entraña la segregación por sexos en el mercado de trabajo y la baja remuneración del empleo de la mujer(18). Este problema se debe en parte a que la política educativa nacional no se ha diseñado transversalmente bajo las perspectivas de derechos humanos, género, inclusión y no discriminación.
Los mecanismos de alerta son indispensables para prevenir violaciones a los derechos humanos, sin embargo, la efectividad de los existentes no ha sido integralmente evaluada y no se cuenta con protocolos interinstitucionales para dar respuesta a las necesidades de atención urgentes, tampoco existen parámetros de derechos humanos en las políticas de prevención del delito, procuración y administración de justicia. Esto repercute de manera directa en la calidad de atención a las cuestiones que pueden generar violaciones a los derechos humanos.
 
En materia de prevención, la confianza en las autoridades es fundamental. Sin embargo, la mayoría de la población tiene bajos niveles de confianza en los servidores públicos y la policía(19). Esto genera que las personas no acudan a las instancias correspondientes en busca de una solución a sus problemas, lo cual agrava su situación en materia de derechos humanos. La población tampoco confía en la policía ministerial y en los ministerios públicos(20). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 59.5% de los hombres y 58.1% de las mujeres desconfían de la policía ministerial o judicial(21). La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2012, señala que el 61.9% de la población tiene poca o nula confianza en sus policías.
Los resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2013 en el que se incluyen 177 países, indican que México se ubica en el lugar 106, estando entre los países con la percepción más baja de corrupción. Además, se obtuvo una calificación de 34 puntos donde "0" fue la percepción más alta en niveles de corrupción y "100" la más baja(22).
Estas cifras responden en parte al hecho de que las violaciones a derechos humanos no son debidamente atendidas por los mecanismos internos de control, lo que genera percepción negativa en las personas. La CoIDH resaltó la importancia de las acciones disciplinarias con el fin de controlar la actuación de los servidores públicos, particularmente cuando las violaciones de derechos humanos responden a patrones generalizados y sistemáticos. La CNDH recomienda en su Agenda Nacional "fortalecer los programas de inspección, supervisión, recepción e investigaciones de quejas, atención a recomendaciones y denuncias, en contra de servidores públicos que abusen del poder"(23).
Uno de los retos y demandas de la sociedad civil ha sido la adopción e instrumentación de sanciones en contra de quienes incurran en violaciones a derechos humanos. Además, en muchos casos, las autoridades desconocen cuál es el alcance que su actuar tiene en el goce y respeto de los derechos humanos, lo que puede ir desde la obstaculización de un derecho hasta la violación del mismo.
A ello se agrega el hecho de que el marco jurídico de responsabilidad de servidores públicos no tiene un enfoque de derechos humanos y las obligaciones en la materia no se contemplan en los códigos de conducta de la APF. Asimismo, los servidores responsables de violaciones no son sancionados debidamente y muchas veces continúan al servicio del Estado, perpetuando con esto las violaciones a los derechos humanos.
Tanto en los conflictos antes mencionados, como en todos los que se ven implicados los servidores públicos, hace falta impulsar la cultura de paz y resolución pacífica de conflictos.
I.3 Ineficiente garantía del ejercicio y goce de los derechos humanos
Los derechos humanos no han podido garantizarse de manera plena debido a la falta de transversalización del enfoque de derechos humanos(24) en la gestión administrativa. En efecto, hacen falta herramientas que lo permitan, así como reformas al marco jurídico en materia de planeación. El resultado de esta transverzalización será la transformación de la infraestructura, la normativa y las políticas públicas, así como reconceptualización del servicio público, como el medio para hacer realidad los derechos de las personas.
Por medio de la transversalización se puede "conseguir que las preocupaciones y experiencias de las personas (desde la diversidad y en condiciones de vulnerabilidad) sean parte integral de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas económicos y sociales; de manera que las personas, desde su diversidad, puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad"(25).
Por otro lado, existen señalamientos recurrentes por parte de organismos nacionales e internacionales que demandan acciones concretas de garantía. Si bien este Programa convive con otros que se enfocarán a la atención temática por derecho y por grupos señalados por dichos organismos, el PNDH se hará cargo de las problemáticas que son más mencionadas por estos organismos, así como de personas o grupos que no forman parte de otros programas.
Esto debido a que la situación de ciertos grupos específicos no ha sido visibilizada de forma adecuada y a la inexistencia de programas o políticas públicas que atiendan sus problemáticas y necesidades, lo cual impide garantizar el ejercicio y goce de sus derechos humanos, como es el caso de las personas afrodescendientes o LGBTTTI.
Es el caso también, de la desaparición forzada. La CNDH cuenta con un registro de aproximadamente 42,300 personas desaparecidas, de las cuales 15,921 tienen calidad de fallecidas no identificadas y 726 fueron objeto de desaparición forzada e involuntaria(26). Por su parte, la organización internacional Human Rights Watch documentó 249 desapariciones forzadas en el período de diciembre de 2006 a diciembre 2012 de las cuales en 149 casos se cuenta con pruebas de desapariciones forzadas con participación de agentes estatales(27).
La tortura es también un tema recurrente. De una queja registrada por la CNDH en 2005, se pasó a 2,126 en 2012(28). El Subcomité para la Prevención de la Tortura señala que durante las primeras 48 horas de detención del inculpado, el riesgo de sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes aumenta(29). También señala que del 50% de las personas en el Centro Nacional de Arraigo mostraban signos de violencia reciente(30). Por su parte, Human Rights Watch reportó 170 casos de tortura en 5 entidades federativas(31). En el caso Cabrera y Montiel la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró la necesidad de generar programas de capacitación para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes(32).
Por otro lado, existen señalamientos reiterados sobre la necesidad de llevar a cabo una profunda renovación del sistema penitenciario. De acuerdo con el PND, para poder cumplir la meta "México en Paz" es necesario construir un sistema efectivo de reinserción social, promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. Subsiste un problema de sobrepoblación, la infraestructura y los recursos son insuficientes y el personal no está profesionalizado ni sensibilizado en derechos humanos.
Los internos sufren represalias si presentan quejas ante la CNDH(33). La Coalición por los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en el Sistema Penitenciario Mexicano (CDPPL) recomendó que se aprobara la Ley General para la Protección de los Derechos Humanos en la Ejecución de Sanciones y Medidas Penales, que se revisaran los sistemas de clasificación de los internos, que se evitaran traslados forzados, que se promoviera la comunicación y visita de familiares y que se intensificara la capacitación en derechos humanos y género del personal de seguridad y custodia(34).
México ha sido receptor de diversas recomendaciones en materia de derechos humanos, especialmente los últimos seis años, ya que la situación de violencia en el país generó un incremento en las violaciones de derechos humanos. Entre ellas destaca la necesidad de contar con bases para que la política de seguridad pública tome en consideración estándares de derechos humanos. El Programa debe asegurar que exista una perspectiva de derechos humanos en los programas y políticas públicas, esto es particularmente necesario en áreas de especial problemática como las políticas encaminadas a garantizar la seguridad y el acceso a la justicia y a combatir las violencias.
La CoIDH ha señalado el incumplimiento del Estado mexicano en la adopción de disposiciones de derecho interno para garantizar y hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos(35) y en otros instrumentos internacionales. Además, existen tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México aún no es parte o a los cuales se les han realizado reservas o declaraciones interpretativas, lo que impide lograr una completa armonización con los estándares internacionales en la materia y garantizar el principio de progresividad en la materia.
I.4 Deficiente protección de los derechos humanos
Si la prevención y garantía de los derechos humanos no es adecuada, se generan violaciones a los derechos humanos que demandan una efectiva protección de los mismos a través de sus mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, lo cual pasa por la reparación del daño y la integral atención a las víctimas.
A pesar de que existen diversos mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, los cuales deben ser complementarios, en la práctica se percibe que éstos funcionan de manera aislada. Además, no existe una difusión pertinente de los mismos, ni un monitoreo y evaluación integral. En el caso de acceso a la justicia, la profesionalización de los actores involucrados es inadecuada y no se garantiza una debida diligencia que considere el principio de igualdad y no discriminación.
En las sentencias de la CoIDH contra México(36) se han detectado diversas irregularidades en el desarrollo de la investigación de los casos, las cuales incluyen fallas en el tratamiento de los asuntos de presuntas violaciones a los derechos humanos, falta de políticas públicas encaminadas a dotar de infraestructura, de procesos de trabajo y personal especializado para integrar investigaciones con rangos de confiabilidad aceptables, demora e inefectividad en las investigaciones, negativa de recibir denuncias, responsabilidad por debida diligencia, acumulación de averiguaciones previas, irregularidades en la determinación de responsables, presencia de prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y presencia de discriminación y estereotipos que obstaculizan el debido proceso y el acceso a la justicia. Asimismo, ha referido deficiencias en investigaciones e impartición de justicia y problemas de impunidad. Además, es emblemático que en varios de los casos ha señalado reiteradamente la incompatibilidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar(37) en la investigación y juicio en caso de violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles y con la atención adecuada de víctimas y sus demandas de justicia.
Dentro de los mecanismos de justiciabilidad se reconoce la existencia de discriminación estructural que genera violencia de género, una cultura de discriminación hacia la mujer, actitudes estereotipadas por parte de las autoridades, quienes minimizan el problema y atribuyen la responsabilidad de la violación a las víctimas(38). A ello se suma que no existe una política integral que responda al patrón de violencia y
mecanismos de atención a niñas, así como el consecuente impacto en la investigación penal carente de perspectiva de género. La impunidad y la violencia institucional de las autoridades que no investigan o no cuentan con protocolos de investigación, pericial, policial y ministerial con perspectiva de género y derechos humanos, constituye una de las mayores problemáticas detectadas(39).
La población indígena se encuentra en situación de vulnerabilidad, repercutiendo en diferentes ámbitos, pero en particular en la administración de justicia, debido a que los medios existentes no responden al hecho de que no hablen español, no cuenten con recursos económicos para pagar defensa legal y para acceder a los órganos judiciales. Además, comunidades, pueblos y personas indígenas son víctimas de prácticas abusivas o violatorias de la debida diligencia. Lo anterior provoca desconfianza y miedo a represalias, por lo que no se acude a los órganos de justicia o instancias públicas de protección de los derechos humanos, situación que se agrava para las mujeres indígenas puesto que la denuncia de ciertos hechos se ha convertido para ellas en un reto que requiere enfrentar muchas barreras, incluso el rechazo por parte de su comunidad(40).
Por otro lado, la atención a víctimas no se limita al acceso a la justicia y al debido proceso, sino a la reparación integral que tome en consideración aspectos físicos y psicológicos, por ejemplo, es prioritario atender las especificidades de género e interculturalidad y asegurar que las víctimas participen en las medidas de reparación para evitar la revictimización.
No existen en el marco jurídico disposiciones ni mecanismos que propicien la efectiva atención de resoluciones y la cooperación con organismos internacionales lo cual debilita la protección de los derechos humanos e incrementa los señalamientos tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, la protección de los derechos humanos pasa por la promoción y formación en la materia dentro del sector privado lo cual no se ha llevado a cabo de manera integral hasta el momento.
I.5 Ineficiente coordinación y colaboración entre los actores involucrados en la política de Estado de Derechos Humanos
Un factor que ha influido en que no se haya consolidado una efectiva política de Estado en materia de derechos humanos es la ineficiente coordinación y articulación del quehacer público, enfocado a dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de fuentes nacionales e internacionales en la materia. Ello se debe en parte a la falta de mecanismos y acciones concretas con los distintos órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión y los órganos autónomos.
Tampoco se ha logrado una interlocución efectiva con la sociedad civil ni un espacio fortalecido para lograr un mayor grado de entendimiento y mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. No existen mecanismos eficientes que garanticen la participación de la sociedad civil en el diseño, homologación, implementación y evaluación de políticas públicas y muchas veces no cuentan con los medios necesarios para lograr una incidencia eficaz en las políticas públicas, por lo cual no se sienten representadas. Por ello, además, deben fomentarse fuentes de financiamiento para hacer posible dicha participación.
Además, la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos(41) requiere ser fortalecida para lograr una coordinación eficiente entre las dependencias y entidades de la APF, así como mayor participación de la sociedad civil.
A nivel estatal y municipal no existen mecanismos coordinados que permitan impulsar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y hay un desfase entre las acciones que se realizan a nivel federal y estatal.
Por lo que se refiere a la APF, se han creado instituciones especializadas para la promoción y difusión de derechos humanos, así como para la atención de violaciones a los mismos(42). Además, existen organismos e instituciones federales dedicadas a la atención de derechos humanos, grupos o temas específicos(43).
La sola creación de estas instancias no ha sido suficiente, se requiere entre otras cosas, de coordinar acciones para prevenir violaciones, proteger y garantizar los derechos, así como transversalizar el enfoque de derechos humanos en la APF. Además, la CNDH señala que deben fortalecerse los procedimientos de selección de servidores públicos y capacitar a las autoridades federales y locales, por ejemplo, de seguridad pública(44). Igualmente, la CoIDH en sus sentencias relativas a México estableció la necesidad de formación y capacitación permanente sobre investigación penal, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales, superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.
Por otro lado, México es uno de los primeros países en adoptar un Programa de acuerdo con la Declaración y Programa de Acción de Viena. El Programa Nacional de Derechos Humanos 2004-2006 (PNDH
2004-2006) fue publicado el 5 de agosto de 2005 y el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH 2008-2012) el 29 de agosto de 2008. Al respecto, el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, establece: "La política pública en materia de derechos humanos se llevó a cabo a partir de dos programas nacionales (2004-2006 y 2008-2012). Sin embargo, su ejecución resultó poco eficaz. Diversos factores pudiesen explicar este resultado, tales como la deficiente interlocución y articulación de esfuerzos; fallas en los mecanismos de seguimiento y evaluación; escasa participación efectiva con los Poderes de la Unión y las entidades federativas, lo que impidió que se generara una política integral de Estado y el alejamiento de la sociedad civil en su elaboración y ejecución."
En efecto, dichos programas presentaron grandes dificultades para su ejecución(45). Hubo un desfase entre los tiempos de la planeación nacional y el diseño e implementación de los Programas. El diseño del PNDH 2004-2006 se finalizó un año antes de terminar la administración respectiva. En cambio, si bien el PNDH 2008-2012 tuvo un margen de cuatro años para su ejecución a partir de su publicación, su diseño estaba desvinculado de los programas sectoriales y especiales.
Otra dificultad que se observó respecto al PNDH 2004-2006 fue la generalidad de las líneas de acción, el no señalar a la autoridad responsable de ejecutarlas y la omisión, o bien deficiencia, de metas e indicadores(46). En cuanto al PNDH 2008-2012, éste se concentró en acciones del Poder Ejecutivo y sus indicadores no correspondían con las estrategias y acciones diseñadas(47).
Los Programas operaron bajo un diseño institucional en el que sólo algunas de las dependencias y entidades de la APF contaban con áreas o equipos al interior para incorporar el enfoque de derechos humanos en su gestión institucional. Además, no se contó con un mecanismo adecuado de seguimiento y evaluación ni presupuesto etiquetado para la ejecución de las líneas de acción. Asimismo, no se establecieron suficientes mecanismos o rutas de implementación para dichas líneas de acción. El diseño y ejecución del Programa se hace cargo de los hallazgos de esta evaluación.
Además, una deficiencia de los programas anteriores de derechos humanos fue la falta de un mecanismo independiente para su evaluación y seguimiento. La ausencia de dicho mecanismo no permite tener una evaluación objetiva de sus alcances. Destaca la falta de recursos financieros, técnicos, de información y tecnológicos. Para fortalecer este mecanismo, hace falta que los órganos internos de control verifiquen que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente las que se desprenden de este Programa.
I.6 Insuficiente generación y sistematización de información integral en materia de derechos humanos
Una de las dificultades más señaladas para tomar decisiones y dar cuenta del cumplimiento y avance de los derechos humanos en México, es la necesidad de información sistematizada, adecuada y oportuna, especialmente referida a su goce y ejercicio. Desde 2003, la evaluación y seguimiento al cumplimiento y realización de derechos humanos en México ha sido parte de las recomendaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Diez años después de su emisión, esta recomendación no ha sido ejecutada.
Asimismo, la CoIDH señala la falta de consenso sobre cifras y datos estadísticos, así como la ausencia de información o uniformidad en ésta sobre homicidios y desapariciones de mujeres, lo que igualmente puede ser trasladado a otras violaciones a derechos humanos(48).
Actualmente no existen sistemas de indicadores que logren medir el impacto general sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos, por lo tanto es indispensable retomar las metodologías de indicadores en los cuales se encuentran trabajando el Sistema de Naciones Unidas y el Interamericano. La toma de decisiones que repercutan en el ejercicio y goce de los derechos humanos, por tanto, en la reducción de violaciones a los mismos depende de una política de Estado basada en elementos de información y evaluación objetivas y confiables.
La falta de dicha información obstaculiza el goce y ejercicio de los derechos humanos ya que de ella depende, entre otras cosas, que las personas accedan a servicios, ejerzan sus derechos y exijan una rendición de cuentas. La información debe estar disponible, exacta y completa(49).
Además, el ejercicio de la función pública debe estar sujeto a las instancias de control y auditoría, así como al escrutinio público. La sociedad requiere conocer la información que le permita ejercer sus derechos. La transparencia e información pública son las herramientas que generaran un ambiente de confianza entre el gobierno y la sociedad. En este sentido, la política de derechos humanos debe contar con indicadores y mecanismos de evaluación que permitan conocer su eficacia y necesidades de adecuación.
El Estado debe "organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos"(50). Por lo cual es necesario construir una política de Estado en la materia, lo que implica dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales y convencionales de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos con un impacto real en el proyecto de vida de las personas. A ello se avoca el presente Programa a través de sus objetivos, estrategias y líneas de acción.
 
La apuesta de la presente administración es garantizar una efectiva ejecución del Programa por parte de las distintas dependencias del Ejecutivo Federal, así como contar con la colaboración de los otros poderes, órganos autónomos, estados, municipios y sociedad civil, en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales. El fin de este Programa es llegar al 2018 con la efectiva implementación de la reforma constitucional, con mecanismos fortalecidos de prevención y protección de violaciones a derechos humanos, así como de garantías sólidas de los mismos. Asimismo, se aspira a contar con una eficiente coordinación entre las instancias involucradas en la política de Estado en la materia, así como de información que permita evaluar el impacto y resultado de dicha política. Con ello, se consolidarán las bases de una sociedad de derechos y se contribuirá a una nueva etapa en el desarrollo de México.
CAPÍTULO II. ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES Y A LOS PROGRAMAS SECTORIALES
Programa Sectorial de Gobernación
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Gobernación
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
I. México
en Paz
1.5. Garantizar el
respeto y
protección de los
derechos
humanos y la
erradicación de la
discriminación.
1.5.1. Instrumentar
una política de Estado
en derechos
humanos.
3. Garantizar el respeto y
protección de los derechos
humanos, reducir la
discriminación y la violencia
contra las mujeres.
Estrategia 3.1. Instrumentar
una política de Estado en
Derechos Humanos
Estrategia 3.2. Impulsar la
implementación de los
principios contenidos en la
reforma constitucional de
derechos humanos y adecuar
el marco jurídico aplicable.
Estrategia 3.3. Coordinar el
cumplimiento de
recomendaciones y sentencias
en materia de derechos
humanos.
Estrategia 3.4. Fortalecer la
asistencia a víctimas de delitos
y violaciones a derechos
humanos, así como a
personas en situación de
vulnerabilidad.
Estrategia 3.5. Establecer una
política nacional de promoción
de la igualdad y combate a la
discriminación.
Objetivo 1
Lograr la efectiva
implementación de la
reforma constitucional de
derechos humanos.
Objetivo 2
Prevenir violaciones de
derechos humanos.
Objetivo 3
Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
Objetivo 4
Fortalecer la protección de
los derechos humanos.
Objetivo 5
Generar una adecuada
articulación de los actores
involucrados en la política
de Estado de Derechos
Humanos.
Objetivo 6
Sistematizar información
en materia de derechos
humanos para fortalecer
las políticas públicas
I. México
en Paz
 
1.5. Garantizar el
respeto y
protección de los
derechos
humanos y la
erradicación de la
discriminación.
1.5.2. Hacer frente a
la violencia contra los
niños, niñas y
adolescentes en
todas sus formas,
sobre la base de una
coordinación eficiente
que asegure la
participación de todos
los sectores
responsables de su
prevención, atención,
monitoreo y
evaluación.
3. Garantizar el respeto y
protección de los derechos
humanos, reducir la
discriminación y la violencia
contra las mujeres.
Estrategia 3.1. Instrumentar
una política de Estado en
Derechos Humanos.
Estrategia 3.3. Coordinar el
cumplimiento de
recomendaciones y sentencias
en materia de derechos
humanos.
Objetivo 5
Generar una adecuada
articulación de los actores
involucrados en la política
de Estado de Derechos
Humanos.
I. México
en Paz
 
1.5. Garantizar el
respeto y
protección de los
derechos
humanos y la
erradicación de la
discriminación.
1.5.3. Proporcionar
servicios integrales a
las víctimas u
ofendidos de delitos.
3. Garantizar el respeto y
protección de los derechos
humanos, reducir la
discriminación y la violencia
contra las mujeres.
Estrategia 3.1. Instrumentar
una política de Estado en
Derechos Humanos.
Estrategia 3.3. Coordinar el
cumplimiento de
recomendaciones y sentencias
en materia de derechos
humanos.
Estrategia 3.4. Fortalecer la
asistencia a víctimas de delitos
y violaciones a derechos
humanos, así como a
personas en situación de
vulnerabilidad.
Objetivo 3
Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
Objetivo 4
Fortalecer la protección de
los derechos humanos.
I. México
en Paz
1.5. Garantizar el
respeto y
protección de los
derechos
humanos y la
erradicación de la
discriminación.
1.5.4. Establecer una
política de igualdad y
no discriminación.
3. Garantizar el respeto y
protección de los derechos
humanos, reducir la
discriminación y la violencia
contra las mujeres.
Estrategia 3.1. Instrumentar
una política de Estado en
Derechos Humanos.
Estrategia 3.3. Coordinar el
cumplimiento de
recomendaciones y sentencias
en materia de derechos
humanos.
Estrategia 3.4. Fortalecer la
asistencia a víctimas de delitos
y violaciones a derechos
humanos, así como a
personas en situación de
vulnerabilidad.
Estrategia 3.5. Establecer una
política nacional de promoción
de la igualdad y combate a la
discriminación.
Objetivo 2
Prevenir violaciones de
derechos humanos.
Objetivo 3
Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos.
Objetivo 4
Fortalecer la protección de
los derechos humanos.
 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Medio Ambiente
y Recursos Naturales
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
IV. México
Próspero
4.4. Impulsar y
orientar un
crecimiento Verde
incluyente y
facilitador que
preserve nuestro
patrimonio natural
al mismo tiempo
que genere
riqueza,
competitividad y
empleo.
4.4.1. Implementar
una política integral
de desarrollo que
vincule la
sustentabilidad
ambiental con costos
y beneficios para la
sociedad.
5. Detener y revertir la pérdida
de capital natural y la
contaminación del agua, aire y
suelo.
Estrategia 5.5 Contribuir a
mejorar la protección del medio
ambiente y recursos naturales
en las actividades mineras y
de la industria petrolera.
Estrategia 5.6. Fortalecer la
verificación del cumplimiento
de la normatividad ambiental
en materia de recursos
naturales e industria de
competencia federal.
Estrategia 5.7 Fortalecer a la
PROFEPA para vigilar y
verificar el cumplimiento de la
normatividad ambiental para la
industria y recursos naturales.
6. Desarrollar, promover y
aplicar instrumentos de
política, información
investigación, educación,
capacitación, participación y
derechos humanos para
fortalecer la gobernanza
ambiental.
Estrategia 6.1. Promover la
participación ciudadana en la
política ambiental e incorporar
en ésta el respeto al derecho
humano al medio ambiente
sano.
1. Lograr la efectiva
implementación de la
reforma constitucional de
derechos humanos.
2. Prevenir violaciones de
derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
4. Fortalecer la protección
de los derechos humanos.
5. Generar una adecuada
articulación de los actores
involucrados en la política
de Estado de Derechos
Humanos.
 
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Relaciones
Exteriores
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
V. México con Responsabili-dad Global
5.1 Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo.
5.1.6 Consolidar el papel de México como un actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de beneficios globales y compatibles con el interés nacional.
2. Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo.
Estrategia 2.3 Promover los más altos estándares de derechos humanos en los foros multilaterales pertinentes.
Estrategia 2.4 Difundir las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos y fortalecer su implementación.
Estrategia 2.5 Fortalecer la coordinación interinstitucional para atender solicitudes de mecanismos internacionales sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos.
4. Fortalecer la protección de los derechos humanos.
5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de estado de derechos humanos.
6. Sistematizar información en materia de derechos humanos para fortalecer las políticas públicas.
Programa Sectorial de Marina
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Marina.
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
I. México en
Paz
1.2. Garantizar la
Seguridad
Nacional.
1.2.1. Preservar la
integridad,
estabilidad y
permanencia del
Estado Mexicano.
1.2.2. Preservar la
paz, la
independencia y
soberanía de la
Nación.
1. Emplear el Poder Naval de
la Federación contribuyendo
a la permanencia del Estado
Mexicano, la paz,
independencia y Soberanía
Nacional.
Estrategia 1.4 Mantener y
fomentar el respeto a los
Derechos Humanos.
2. Prevenir violaciones de
derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
4. Fortalecer la protección
de los derechos humanos.
5. Generar una adecuada
articulación de los actores
involucrados en la política
de Estado de Derechos
Humanos.
 
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Trabajo y
Previsión Social
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
IV. México
Próspero
4.3. Promover el
empleo de calidad.
4.3.2 Promover el
trabajo digno o
decente.
4.3.4 Perfeccionar
los sistemas y
procedimientos de
protección de los
derechos del
trabajador.
Objetivo 3 Salvaguardar los
derechos de los trabajadores
y personas en situación de
vulnerabilidad y vigilar el
cumplimiento de la
normatividad laboral.
Estrategia 3.1
Contribuir a eliminar la
desigualdad y discriminación
del mercado laboral y
promover el trabajo digno y
decente.
2.Prevenir las violaciones
de derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
4. Fortalecer la protección
de los derechos humanos.
5. Generar una adecuada
articulación de los actores
involucrados en la política
de Estado de Derechos
Humanos.
 
Programa Sectorial de Educación
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Educación
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
III. México con
Educación de
Calidad
3.1. Desarrollar el
potencial humano
de los mexicanos
con educación de
calidad.
3.2. Garantizar la
inclusión y la
equidad en el
Sistema
Educativo.
3.1.1 Establecer un
sistema de
profesionalización
docente que
promueva la
formación,
selección,
actualización y
evaluación del
personal docente y
de apoyo técnico-
pedagógico.
3.1.2. Modernizar la
infraestructura y el
equipamiento de los
centros educativos.
3.1.3. Garantizar
que los planes y
programas de
estudio sean
pertinentes y
contribuyan a que
los estudiantes
puedan avanzar
exitosamente en su
trayectoria
educativa, al tiempo
que desarrollen
aprendizajes
significativos y
competencias que
les sirvan a lo largo
de la vida.
3.1.6. Impulsar un
Sistema Nacional de
Evaluación que
ordene, articule y
racionalice los
elementos y
ejercicios de
medición y
evaluación de la
educación.
3.2.1. Ampliar las
oportunidades de
acceso a la
educación en todas
las regiones y
sectores de la
población.
3.2.2. Ampliar los
apoyos a niños y
jóvenes en situación
de desventaja o
1. Asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación
básica y la formación integral
de todos los grupos de la
población.
2. Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación
media superior, superior y
formación para el trabajo, a
fin de que contribuyan al
desarrollo de México.
3. Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la
población para la
construcción de una
sociedad más justa.
4. Fortalecer la práctica de
actividades físicas y
deportivas como un
componente de la educación
integral.
5. Promover y difundir el arte
y la cultura como recursos
formativos privilegiados para
impulsar la educación
integral.
6. Impulsar la educación
científica y tecnológica como
elemento indispensable para
la transformación de México
en una sociedad del
conocimiento.
2. Prevenir violaciones de
derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
4. Fortalecer la protección
de los derechos humanos
 
3.2.2. Ampliar los
apoyos a niños y
jóvenes en situación
de desventaja o
vulnerabilidad.
3.2.3. Crear nuevos
servicios educativos,
ampliar los
existentes y
aprovechar la
capacidad instalada
de los planteles.
 
Programa Sectorial de Defensa Nacional
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Defensa
Nacional
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
I. México en
Paz.
 
1.2. Garantizar la
Seguridad
Nacional.
 
1.2.1. Preservar la
integridad,
estabilidad y
permanencia del
Estado Mexicano.
1. Contribuir a preservar la
integridad, estabilidad,
independencia y soberanía
del Estado Mexicano.
Estrategia 1.3. Enfocar el
Adiestramiento Militar hacia
aspectos sustantivos de las
Fuerzas Armadas
relacionadas con la Defensa
Nacional y Seguridad Interior.
1.3.6. Conducir las
actividades militares con
estricto apego al Estado de
Derecho para reducir las
quejas de Derechos
Humanos.
1.3.7. Fortalecer la
capacitación de Derechos
Humanos y Derecho
Internacional Humanitario,
mediante acciones
encaminadas a la educación
y adiestramiento.
2. Prevenir violaciones de
derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
4. Fortalecer la protección
de los derechos humanos.
 
 
Programa Sectorial de Salud
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la
Meta Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Salud
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
II. México
Incluyente
2.3. Asegurar el
acceso a los
servicios de
salud.
2.3.1. Avanzar en la
construcción de un
Sistema Nacional
de Salud Universal.
2.3.3. Mejorar la
atención de la salud
a la población en
situaciones de
vulnerabilidad.
2.3.4. Garantizar el
acceso efectivo a
servicios de salud
de calidad.
2.3.5. Promover la
cooperación
internacional en
salud.
2. Asegurar el acceso efectivo
a servicios de salud con
calidad.
Estrategia 2.1. Avanzar en el
acceso efectivo a servicios de
salud de la población
mexicana,
independientemente de su
condición social o laboral
2.1.7. Brindar atención
médica, psicológica y
servicios integrales a las
víctimas asegurando que se
respeten sus derechos
humanos.
Estrategia 2.4. Fortalecer la
atención integral y la
reinserción social de los
pacientes con trastornos
mentales y del
comportamiento.
2.4.3.Fortalecer la cobertura
de atención a los trastornos
mentales con enfoque
familiar, comunitario y respeto
a los derechos humanos
6. Avanzar en la construcción
de un Sistema Nacional de
Salud Universal bajo la
rectoría de la Secretaría de
Salud.
Estrategia 6.5. Situar a la
bioética como política de
gestión y de desarrollo del
Sistema Nacional de Salud
Universal.
6.5.1. Fomentar el respeto a
la dignidad, la autonomía y
los derechos humanos en la
prestación de servicios de
salud.
6.5.2. Fomentar que la
investigación atienda a
criterios éticos, de pertinencia
e integridad científica y
protección de los derechos
humanos.
Estrategia 6.6. Promover un
México con responsabilidad
global en salud
6.6.4. Cumplir con los
tratados internacionales en
materia de salud en el marco
de los derechos humanos.
2. Prevenir violaciones de
derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
4. Fortalecer la protección
de los derechos humanos.
 
IV. México
Próspero.
4.1. Mantener la
estabilidad
macroeconómica
del país.
4.1.3. Promover un
ejercicio eficiente
de los recursos
presupuestarios
disponibles, que
permita generar
ahorros para
fortalecer los
programas
prioritarios de las
dependencias y
entidades.
5. Asegurar la generación y el
uso efectivo de los recursos
en salud.
Estrategia 5.1. Fortalecer la
formación y gestión de
recursos humanos en salud
5.1.6. Contribuir a la
integración de contenidos
básicos de género, derechos
humanos e interculturalidad
en la formación de
profesionales.
Estrategia 5.4. Impulsar la
innovación e investigación
científica y tecnológica para el
mejoramiento de la salud de
la población.
5.4.9. Fomentar que la
investigación atienda a
criterios éticos, de pertinencia
e integridad científica y
protección de los derechos
humanos.
2. Prevenir violaciones de
derechos humanos.
 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y
Alimentario
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
II. México Incluyente
2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.
5. Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.
Estrategia 5.1 Coadyuvar a la alimentación y nutrición de la población mexicana, particularmente aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.
3. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos.
 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Social
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la
Meta Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Desarrollo
Social
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
II. México
Incluyente.
2.1. Garantizar el
ejercicio efectivo
de los derechos
sociales para toda
la población.
2.1.1. Asegurar una
alimentación y
nutrición adecuada
de los mexicanos,
en particular para
aquellos en
extrema pobreza o
con carencia
alimentaria severa.
2.1.2. Fortalecer el
desarrollo de
capacidades en los
hogares con
carencias para
contribuir a mejorar
su calidad de vida e
incrementar su
capacidad
productiva.
1. Fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos
sociales que potencien las
capacidades de las personas
en situación de pobreza, a
través de acciones que
incidan positivamente en la
alimentación, la salud y la
educación.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
5. Generar una adecuada
articulación de los actores
involucrados en la política de
Estado de Derechos
Humanos.
II. México
Incluyente
2.5. Proveer un
entorno adecuado
para el desarrollo
de una vida
digna.
2.5.3. Lograr una
mayor y mejor
coordinación
interinstitucional
que garantice la
concurrencia y
corresponsabilidad
de los tres órdenes
de gobierno para el
ordenamiento
sustentable del
territorio, así como
para el impulso al
desarrollo regional,
urbano,
metropolitano y de
vivienda.
2. Construir un entorno digno
que propicie el desarrollo a
través de la mejora en los
servicios básicos, la calidad y
espacios de la vivienda y la
infraestructura social.
 
II. México
Incluyente
2.4. Ampliar el
acceso a la
seguridad social.
2.4.1. Proteger a la
sociedad ante
eventualidades que
afecten el ejercicio
pleno de sus
derechos sociales.
3. Dotar de esquemas de
seguridad social que protejan
el bienestar socioeconómico
de la población en situación
de carencia o pobreza.
2. Prevenir violaciones de
derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
II. México
Incluyente
2.2. Transitar
hacia una
sociedad
equitativa e
incluyente.
2.2.2. Articular
políticas que
atiendan de manera
específica cada
etapa del ciclo de
vida de la
población.
2.2.4. Proteger los
derechos de las
personas con
discapacidad y
contribuir a su
desarrollo integral e
inclusión plena.
4. Construir una sociedad
igualitaria donde exista
acceso irrestricto al bienestar
social mediante acciones que
protejan el ejercicio de los
derechos de todas las
personas.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
4. Fortalecer la protección
de los derechos humanos.
 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la
Meta Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
II. México
Incluyente
2.5. Proveer un
entorno adecuado
para el desarrollo
de una
vida digna.
2.5.1. Transitar
hacia un modelo de
Desarrollo Urbano
Sustentable e
Inteligente que
procure vivienda
digna para los
mexicanos.
2.5.2. Reducir de
manera
responsable el
rezago de vivienda
a través del
mejoramiento y
ampliación de
vivienda existente y
el fomento de la
adquisición de
vivienda nueva.
2.5.3. Lograr una
mayor y mejor
coordinación
interinstitucional
que garantice la
concurrencia y
corresponsabilidad
de los tres órdenes
de gobierno, para el
ordenamiento
sustentable del
territorio, así como
para el impulso al
desarrollo regional,
urbano,
metropolitano y de
vivienda.
4. Fomentar el acceso a la
vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas,
dignas y de acuerdo a
estándares de calidad
internacional.
5. Fomentar el desarrollo de
los núcleos agrarios mediante
acciones en materia de
cohesión territorial,
productividad, suelo, vivienda
rural y gobernabilidad.
Estrategia 5.5. Procurar
justicia agraria y defender los
derechos de los sujetos
agrarios.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
4. Fortalecer la protección
de los derechos humanos.
5. Generar una adecuada
articulación de los actores
involucrados en la política de
Estado de Derechos
Humanos.
 
Programa Sectorial de Turismo
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la
Meta Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Turismo
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
IV. México
Próspero
4.11.1.
Aprovechar el
potencial turístico
de México para
generar una
mayor derrama
económica en el
país.
4.11.4. Impulsar la
sustentabilidad y
que los ingresos
generados por el
turismo sean fuente
de bienestar social.
5. Fomentar el desarrollo
sustentable de los destinos
turísticos y ampliar los
beneficios sociales y
económicos de las
comunidades receptoras.
Estrategia 5.3. Fortalecer la
contribución del turismo a la
conservación del patrimonio
nacional y a su uso
sustentable.
5.3.4 Impulsar la puesta en
valor de la oferta turística
cultural de los pueblos
originarios, protegiendo y
respetando su identidad y
tradiciones.
Estrategia 5.5. Crear
instrumentos para que el
turismo sea una actividad
incluyente que brinde
oportunidades para que más
mexicanos viajen.
5.5.1 Impulsar políticas
transversales para que el
turismo sea accesible a todos
los grupos sociales en
igualdad de oportunidades.
5.5.4 Promover el turismo
accesible, la no
discriminación en el acceso a
servicios turísticos y los
derechos culturales.
3. Garantizar el ejercicio y
goce de los derechos
humanos.
5. Generar una adecuada
articulación de los actores
involucrados en la política de
Estado de Derechos
Humanos.
 
Programa Sectorial de Energía
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la
Meta Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de Energía
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
IV. México Próspero
4.6 Abastecer de Energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.
4.6.1 Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país.
4.6.2 Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país.
4. Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y electricidad en las distintas zonas del país.
5. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.
Estrategia 5.4. Instrumentar programas de responsabilidad ambiental y social relacionados con el sector energía
5.4.1. Adoptar mejores prácticas de inclusión social y participación comunitaria en el desarrollo de proyectos del sector energético.
3. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos.
5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de Derechos Humanos.
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa
Sectorial de
Comunicaciones y
Transportes
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
IV. México en
Paz.
1.5. Garantizar el
respeto y
protección de los
derechos
humanos y la
erradicación de la
discriminación
1.5.1. Instrumentar
una política de Estado
en derechos humanos.
Líneas de acción.
Actualizar, sensibilizar
y estandarizar los
niveles de
conocimiento y
práctica de los
servidores públicos
federales en materia
de derechos humanos.
Promover acciones
para la difusión del
conocimiento y
práctica de los
derechos humanos.
5. Consolidar un modelo de
administración de los
recursos públicos como
práctica reproducible para
la Administración Pública
Federal.
Estrategia 5.4 Establecer
un sistema de desarrollo del
capital humano que
fortalezca las capacidades
del personal.
 
1. Lograr la efectiva
implementación de la
reforma constitucional de
derechos humanos.
2. Prevenir violaciones de
derechos humanos.
 
 
Programa de Desarrollo Innovador (Secretaría de Economía)
Meta
Nacional
Objetivo de la
Meta Nacional
Estrategia del
Objetivo de la Meta
Nacional
Objetivo del Programa de
Desarrollo Innovador
Objetivo (s) del Programa
Nacional de Derechos
Humanos
IV. México Próspero.
4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
4.7.1 Apuntalar la competencia en el mercado interno.
4.7.2. Implementar una mejora regulatoria integral.
4.7.3 Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de la conformidad con las normas.
4.7.4 Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente.
4.7.5 Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras.
4. Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.
Estrategia 4.5. Conciliar la economía de mercado con la defensa de los derechos del consumidor.
4.5.1. Modernizar los sistemas de atención y procuración de justicia respecto a los derechos del consumidor.
4.5.2. Desarrollar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que integre las acciones de los gobiernos, poderes y sociedad civil.
4.5.3. Fortalecer la Red Inteligente de Atención al Consumidor para atender eficientemente las demandas de la población.
4.5.4. Establecer el Acuerdo Nacional para la Protección de los Derechos de los Consumidores.
4.5.5. Desarrollar sistemas informáticos que contribuyan a innovar la atención y los procesos de defensa del consumidor.
3. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos
4.Fortalecer la protección de los derechos humanos
5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de Derechos Humanos.
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
Meta Nacional
Objetivo de la Meta Nacional
Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional
Objetivo del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
Objetivo (s) del Programa Nacional de Derechos Humanos
IV. México Próspero.
4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
4.1.1 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.
1. Ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico.
Estrategia 1.3. Fortalecer el marco institucional relevante para orientar el gasto, los programas y políticas públicas a elevar y democratizar la productividad.
2. Prevenir violaciones de derechos humanos.
3. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos.
4.Fortalecer la protección de los derechos humanos.
5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de Derechos Humanos.
 
CAPÍTULO III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo 1. Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos
La existencia de un marco jurídico adecuado es una condición para consolidar la política de Estado de Derechos Humanos. La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 dota a nuestro país de un esquema normativo con la potencialidad transformadora necesaria para hacer de México una sociedad de derechos. Por tanto, es prioritario realizar un proceso de implementación efectiva con el compromiso de los tres Poderes de la Unión y de los órdenes de gobierno, así como la participación de los actores sociales. La efectiva implementación implica pasar del contenido de la Reforma en cuanto a las obligaciones de las autoridades, los principios y las disposiciones específicas, a políticas públicas con beneficios concretos en la vida de las personas.
Es por ello que se incluye como un objetivo específico en el Programa, contemplando tres vertientes fundamentales: articulación, capacitación y difusión.
Son muchas las implicaciones de este proceso, entre otras: revisión del marco normativo y administrativo a los estándares internacionales de derechos humanos; elaboración de guías para facilitar la aplicación de sus contenidos y alcances en las instituciones públicas, difusión entre la población para su exigibilidad, desarrollo de capacidades y formación de las y los servidores públicos para la aplicación práctica de la reforma y adecuar su actuación conforme a los principios constitucionales, dado que los servidores públicos son actores estratégicos para el respeto y garantía de los derechos humanos, así como para prevenir posibles violaciones.
Estrategia 1.1. Asegurar que la gestión de la Administración Pública Federal se apegue a la reforma.
Líneas de acción
1.1.1. Capacitar y sensibilizar a servidores públicos de la Administración Pública Federal en los contenidos e implicaciones de la reforma constitucional.
1.1.2. Actualizar y armonizar los manuales, reglamentos y demás disposiciones internas para adecuarlos a la reforma constitucional.
1.1.3. Elaborar y difundir directrices para la adopción de los principios contenidos en la reforma constitucional dirigidas a los servidores públicos.
1.1.4. Generar un acervo electrónico del marco internacional de derechos humanos para cada dependencia y entidad.
1.1.5. Promover la participación de sociedad civil en los procesos derivados de la implementación de la reforma.
Estrategia 1.2. Promover la armonización legislativa conforme a los contenidos constitucionales establecidos en la reforma.
Líneas de acción
1.2.1. Impulsar, en colaboración con el poder legislativo federal, la expedición de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional.
 
1.2.2. Presentar iniciativas para la armonización legislativa respecto de los contenidos de la reforma constitucional.
1.2.3. Colaborar con las autoridades locales competentes para la armonización de su marco normativo.
1.2.4. Impulsar la participación de sociedad civil en la elaboración de iniciativas de ley relacionadas con la reforma de derechos humanos.
Estrategia 1.3. Impulsar la colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno en el proceso de implementación de la reforma.
Líneas de acción
1.3.1. Celebrar convenios o acuerdos con Poderes, órganos y órdenes de gobierno para articular los procesos de implementación de la reforma.
1.3.2. Promover procesos de capacitación y difusión en los órdenes local y municipal.
1.3.3. Promover mecanismos de monitoreo sobre los avances de la implementación de la reforma en los tres Poderes de la Unión.
1.3.4. Colaborar con las entidades federativas y municipios para el seguimiento del proceso de implementación de la reforma.
Estrategia 1.4. Difundir entre la población los contenidos de la reforma constitucional de derechos humanos.
Líneas de acción
1.4.1. Dar a conocer, de manera accesible, a través de medios de comunicación los contenidos constitucionales de derechos humanos.
1.4.2. Promover la difusión sobre el contenido e implicaciones de la Reforma constitucional en las entidades federativas.
1.4.3. Promover acercamientos y generar sinergias con distintos grupos de la sociedad para la difusión de la reforma.
1.4.4. Promover entre las instituciones de educación superior, a nivel nacional, la enseñanza de los contenidos de la reforma constitucional.
Estrategia 1.5. Evaluar el proceso y los impactos de la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos.
Líneas de acción
1.5.1. Establecer mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información en torno a la implementación de la reforma.
1.5.2. Conformar y garantizar el funcionamiento de un Consejo Ciudadano que colabore en la evaluación de la implementación de la reforma.
1.5.3. Coordinar estudios y evaluaciones de impacto en derechos humanos intersecretariales e intersectoriales.
1.5.4. Asegurar que la sociedad civil participe en la observación y vigilancia de la implementación y seguimiento de la reforma constitucional.
Objetivo 2. Prevenir las violaciones de derechos humanos
Los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y la sociedad civil han insistido en la necesidad de reforzar las políticas de prevención de violaciones de derechos humanos como una condición para disminuirlas. Por lo cual, es necesario reforzar la capacitación de derechos humanos en los servidores públicos ya que se ha detectado que los modelos de formación en la materia no han logrado incidir en la prevención de violaciones a los derechos humanos debido a que no se han identificado las percepciones, requerimientos y capacidades instaladas de los servidores públicos. Al mismo tiempo, resulta indispensable incorporar las perspectivas de derechos humanos, inclusión, género y no discriminación en la política educativa nacional.
La prevención requiere que el ejercicio de la función pública se apegue al cumplimiento de los derechos humanos. De aquí que su actuación debe sujetarse a las instancias de control y de auditoría respectivas, así como al escrutinio público. Uno de los retos y demandas de la sociedad civil es la adopción e instrumentación de sanciones contra quienes incurran en violaciones a derechos humanos como una medida que las inhiba.
Asimismo, el incremento en los índices de violencia destaca la ausencia de una cultura de paz y la incapacidad para resolver los conflictos de forma pacífica, generando ambientes violentos que propician violaciones de derechos humanos.
Estrategia 2.1. Fortalecer la incidencia de la capacitación de derechos humanos en la Administración Pública Federal.
Líneas de acción
2.1.1. Identificar las necesidades de formación a partir de las percepciones, requerimientos y capacidades instaladas de los servidores públicos.
2.1.2. Implementar un modelo de formación integral para servidores públicos en derechos humanos y género.
2.1.3. Generar instrumentos de evaluación del modelo de formación que midan conocimientos y capacidad de aplicarlos en la gestión administrativa.
2.1.4. Diseñar y mejorar instrumentos de capacitación y sensibilización para atender a la ciudadanía con enfoque intercultural y de derechos humanos.
2.1.5. Incluir materias de derechos humanos y género en los subsistemas y programas del servicio profesional de carrera.
2.1.6. Crear incentivos institucionales para fomentar la capacitación y formación en la materia.
2.1.7. Promover la exigencia de conocimientos de derechos humanos para el ingreso, permanencia, ascenso y certificación del servicio público.
Estrategia 2.2. Transversalizar las perspectivas de derechos humanos, de género, de inclusión y no discriminación en la política educativa nacional.
Líneas de acción
2.2.1. Fomentar investigaciones y estudios que analicen la situación de los derechos humanos en los diversos ámbitos del sistema educativo.
2.2.2. Incluir estas perspectivas en la normatividad, procesos, sistemas de planeación, programación, ejecución, información, estadística y evaluación de la política educativa.
2.2.3. Incorporar en los planes, programas y materiales el estudio de todos los tipos, niveles y modalidades educativas estas perspectivas.
2.2.4. Institucionalizar estas perspectivas en los programas de formación y profesionalización docente.
2.2.5. Crear entornos de aprendizaje libres de violencia que favorezcan la participación, el goce de los derechos humanos y la inclusión.
2.2.6. Adecuar las disposiciones que regulan los centros educativos para eliminar los obstáculos que inhiben el derecho a la educación.
2.2.7. Fomentar acciones para una educación incluyente que garantice la no discriminación y plena incorporación de personas en situación de vulnerabilidad.
2.2.8. Fortalecer la educación sexual con estas perspectivas y competencias para la vida en todos los tipos, niveles y modalidades educativas.
2.2.9. Aplicar protocolos para detectar, atender y sancionar la violencia en centros educativos, culturales y deportivos.
Estrategia 2.3. Impulsar y fortalecer los mecanismos de alerta para prevenir violaciones de derechos humanos.
Líneas de acción
2.3.1. Evaluar la efectividad de los mecanismos de alerta y prevención con los que actualmente se cuenta.
2.3.2. Aplicar un protocolo interinstitucional de respuesta rápida a las necesidades de atención urgentes.
2.3.3. Incorporar parámetros de derechos humanos en las políticas de prevención del delito, procuración y administración de justicia.
2.3.4. Fortalecer el mecanismo de alerta de género para la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.
 
Estrategia 2.4. Fortalecer los mecanismos internos de control y sanción de la Administración Pública Federal relacionados con derechos humanos.
Líneas de acción
2.4.1. Promover una cultura de denuncia en contra de servidores públicos que vulneren derechos humanos.
2.4.2. Detectar las causas estructurales que generan violaciones a derechos humanos y combatirlas para evitar su repetición.
2.4.3. Promover la reforma del marco jurídico en materia de responsabilidad de servidores públicos para incluir el enfoque de derechos humanos.
2.4.4. Generar estímulos y reconocer el trabajo y capacidad de los servidores públicos en materia de derechos humanos.
2.4.5. Contemplar en los códigos de conducta de la Administración Pública Federal las obligaciones en materia de derechos humanos.
2.4.6. Atender las necesidades de servidores públicos que realizan actividades de alto riesgo para optimizar sus condiciones de trabajo.
2.4.7. Garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos sean sancionadas efectiva y proporcionalmente.
2.4.8. Asegurar que aquellos servidores públicos responsables de violaciones graves a derechos humanos no sean reincorporados al servicio del Estado.
Estrategia 2.5. Impulsar la cultura de paz y resolución pacífica de conflictos.
Líneas de acción
2.5.1. Difundir materiales que cubran las dimensiones conceptuales básicas de la construcción de paz y resolución pacífica de conflictos.
2.5.2. Fomentar ofertas educativas a nivel superior en materia de derechos humanos, cultura de paz y resolución pacífica de conflictos.
2.5.3. Capacitar, de acuerdo a sus funciones, a servidores públicos a fin de desarrollar habilidades para la solución pacífica de conflictos.
2.5.4. Utilizar tecnologías de la información y comunicación para la promoción de la cultura de paz y resolución pacífica de conflictos.
Objetivo 3. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos
Hacer efectivos los derechos humanos y reducir las violaciones a los mismos requiere acciones del Estado que garanticen su goce y ejercicio para todas las personas. Esto implica alinear la actuación de las autoridades al enfoque de derechos humanos.
Para ello, se requiere la revisión de la normatividad y procesos de planeación; la alineación y vinculación de los programas con contenido de derechos humanos; la adecuación de las reglas de operación de los programas y, la elaboración de protocolos de actuación ajustados a los estándares de derechos humanos.
En esta tarea de garantizar los derechos humanos para todas las personas se debe dar una especial atención a las necesidades de las personas y grupos específicos que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad. Por ello, en este objetivo se contiene estrategias para atender a los grupos y a los temas más señalados por organismos de protección de derechos humanos internacionales y nacionales, o que no quedan incluidos en otros programas.
Como otra estrategia para este objetivo se contempla la necesidad de estudiar el retiro de reservas y declaraciones interpretativas, así como de ratificar o adherirse a los tratados pendientes, además de evaluar la aceptación de la competencia de los órganos de tratados.
Estrategia 3.1. Asegurar el enfoque de derechos humanos en la gestión de la Administración Pública Federal.
Líneas de acción
 
3.1.1. Proponer reformas al marco jurídico en materia de planeación para transversalizar e institucionalizar el enfoque de derechos humanos.
3.1.2. Generar herramientas para la incorporación del enfoque de derechos humanos en los procesos de planeación, programación y presupuestación.
3.1.3. Transversalizar en las reglas de operación de programas de atención a poblaciones, el enfoque de derechos humanos, igualdad y sustentabilidad.
3.1.4. Institucionalizar el enfoque de derechos humanos en los programas para combatir: violencia, corrupción, pobreza, hambre y desigualdad.
3.1.5. Incluir el enfoque de derechos humanos y etnicidad en normas y protocolos de actuación de policías y fuerzas armadas.
3.1.6. Combatir los estereotipos discriminatorios en la gestión pública, incluyendo la no criminalización de la pobreza.
3.1.7. Promover una política de incentivos para servidores públicos que dignifique sus condiciones labores.
3.1.8. Asegurar que la cruzada nacional contra el hambre integre el enfoque de derechos humanos.
Estrategia 3.2. Responder a las problemáticas de derechos humanos de personas y grupos específicos
Líneas de acción
3.2.1. Formar en la defensa de sus derechos humanos a los grupos en situación de vulnerabilidad.
3.2.2. Implementar acciones afirmativas para hacer realidad el derecho a la igualdad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
3.2.3. Impulsar una cultura de respeto de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales.
3.2.4. Prevenir e investigar los casos de trata y explotación sexual contra mujeres y niñas.
3.2.5. Mejorar la infraestructura y el entorno de los centros psiquiátricos para garantizar la seguridad, salud y alimentación.
3.2.6. Proporcionar atención médica oportuna y medicamentos a las personas privadas de su libertad, especialmente las que viven con VIH-SIDA.
3.2.7. Visibilizar en las políticas públicas a las personas afrodescendientes.
Estrategia 3.3. Atender las problemáticas de derechos humanos más señaladas por organismos nacionales e internacionales.
Líneas de acción
3.3.1. Determinar las bases para que la política de seguridad pública observe los estándares de derechos humanos.
3.3.2. Reforzar el proceso del registro nacional oficial para la localización de personas desaparecidas, así como del registro nacional de víctimas.
3.3.3. Promover el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales.
3.3.4. Eficientar los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.
3.3.5. Impulsar el enfoque de derechos humanos y género en la instrumentación de la reforma sobre justicia penal y para adolescentes.
3.3.6. Fortalecer el equipamiento y formación para que la investigación y persecución de delitos requiera cada vez menos empleo del arraigo.
3.3.7. Transformar la política y el sistema penitenciario para garantizar el enfoque de derechos humanos.
3.3.8. Crear un sistema que monitoree las quejas y sistematice las denuncias por tortura, feminicidio, desaparición forzada y detención arbitraria.
3.3.9. Asegurar la debida diligencia en la investigación de denuncias por tortura e incluir la coadyuvancia de las víctimas.
 
3.3.10. Asegurar el ejercicio de la libertad de expresión como una de las bases que conforma un estado democrático de derecho.
Estrategia 3.4. Establecer un esquema para la revisión de reservas, declaraciones interpretativas y tratados pendientes de ratificar.
Líneas de acción
3.4.1. Promover la ratificación y/o adhesión de tratados internacionales de derechos humanos.
3.4.2. Revisar, analizar y, en su caso, promover el retiro de reservas y declaraciones interpretativas vinculadas a derechos humanos.
3.4.3. Impulsar la armonización legislativa de las leyes federales y locales con respecto al Protocolo de Estambul.
Objetivo 4. Fortalecer la protección de los derechos humanos
La consolidación de una política de Estado que resulte efectiva para proteger los derechos humanos frente a violaciones cometidas por autoridades o agentes no estatales, requiere la adopción de diversas medidas y la creación de instancias enfocadas a la protección y defensa de derechos humanos. En una política en la materia es necesario considerar de manera paralela, tanto los medios de reconocimiento de derechos, como los de protección.
Del diagnóstico realizado, se identifica que, no obstante el desarrollo que han tenido los mecanismos de protección, tanto los jurisdiccionales como los de otra naturaleza, persiste la percepción de que los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad funcionan de manera aislada y poco efectiva, lo cual obstaculiza ofrecer una protección integral y garantizar una verdadera protección de los derechos.
La reparación del daño, la justicia y la verdad son elementos esenciales en la protección de los derechos humanos. Por ello, como parte de la política que garantice los derechos de las víctimas, se deben diseñar metodologías e impulsar modelos de reparación integral, transformativos, no revictimizantes y emblemáticos. A ello se suma la necesidad de atender las sentencias, resoluciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
En la protección de los derechos humanos no se puede soslayar la necesidad de normar y regular las acciones de particulares. Por ello, en este objetivo se contempla la promoción y fomento de acciones que propicien en las empresas o instituciones privadas, el respeto a los derechos humanos.
Estrategia 4.1. Fortalecer los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos.
Líneas de acción
4.1.1. Proponer medidas para la complementariedad de los distintos mecanismos de protección a derechos humanos.
4.1.2. Difundir con pertinencia cultural y lingüística los mecanismos de defensa disponibles.
4.1.3. Promover el monitoreo y evaluación de los mecanismos existentes de protección de derechos humanos.
4.1.4. Fortalecer, con participación civil, las metodologías para la evaluación de riesgos de violaciones de derechos humanos en casos concretos.
4.1.5. Aplicar un protocolo sobre la debida diligencia que garantice el acceso a la justicia sin discriminación.
4.1.6. Impulsar la adopción de soluciones amistosas y reparación del daño a nivel internacional con el consentimiento de la víctima.
4.1.7. Difundir las resoluciones amistosas y unificar los criterios para su efectivo cumplimiento.
4.1.8. Promover medidas para la profesionalización de los actores involucrados en los procesos de procuración y administración de justicia.
4.1.9. Garantizar y defender los derechos agrarios con un enfoque de derechos humanos.
Estrategia 4.2. Garantizar la reparación del daño y la atención integral a víctimas.
 
Líneas de acción
4.2.1. Asegurar la participación de las víctimas y sus defensores en la definición y ejecución de las medidas de reparación.
4.2.2. Brindar atención integral, especializada y adecuada a las víctimas y sus familiares atendiendo a sus especificidades de género e interculturalidad.
4.2.3. Diseñar metodologías con enfoque de derechos humanos e interculturalidad para la atención a víctimas y para la reparación del daño.
4.2.4. Impulsar modelos de reparación del daño transformativos, no revictimizantes y emblemáticos.
4.2.5. Promover la armonización legislativa en materia de reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos.
4.2.6. Elaborar, difundir y promover la aplicación de una guía de atención a víctimas u ofendidos para las entidades federativas.
4.2.7. Fomentar mecanismos y fondos para garantizar la justicia, la reconciliación, la verdad y la reparación.
Estrategia 4.3. Garantizar la efectividad de los mecanismos para atender sentencias, resoluciones o recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Líneas de acción
4.3.1. Generar un sistema de evaluación permanente sobre el cumplimiento de recomendaciones, resoluciones y sentencias.
4.3.2. Promover reformas al marco jurídico para la efectiva atención de resoluciones de organismos internacionales y cooperación con los mismos.
4.3.3. Asegurar que en la ejecución de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo se atiendan recomendaciones, resoluciones y sentencias.
4.3.4. Impulsar que los informes de los Poderes y órdenes de gobierno reporten el cumplimiento de recomendaciones, resoluciones y sentencias.
Estrategia 4.4. Promover el enfoque de derechos humanos y género en el sector privado, así como en las políticas y actividades empresariales.
Líneas de acción
4.4.1. Fortalecer los mecanismos dirigidos a garantizar el respeto a los derechos humanos en las empresas y el sector privado.
4.4.2. Fomentar que las empresas difundan los derechos humanos y los incluyan en sus declaraciones de principios, códigos y políticas.
4.4.3. Impulsar el enfoque de derechos humanos en la responsabilidad social empresarial.
4.4.4. Promover que la legislación que regula a las empresas garantice el respeto a los derechos humanos.
4.4.5. Coadyuvar a que las empresas conozcan sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto a sus trabajadores y usuarios.
Objetivo 5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de derechos humanos.
Una de las principales debilidades identificadas en la política de derechos humanos ha sido la falta de articulación de los actores responsables, tanto entre las autoridades como con la sociedad civil. En los últimos 15 años se han conformado espacios de acercamiento con sociedad civil para construir una agenda de derechos humanos, sin embargo, se requiere generar las condiciones que permitan ampliar y fortalecer su participación con mayor incidencia en las políticas públicas. Un aspecto fundamental de este proceso es su evaluación, por ello, se contempla crear un mecanismo independiente y participativo de seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos.
Una política de Estado de derechos humanos requiere, además, la articulación de todos los actores responsables para lograr una eficiente coordinación de acciones en la APF. Al mismo tiempo es necesaria la participación de los poderes de la Unión y de los órganos con autonomía constitucional, con los que debe establecerse una vinculación específica. La política de derechos humanos debe tener alcance nacional por lo que se contemplan mecanismos de vinculación y colaboración con los poderes de las entidades federativas y de los municipios.
Al interior de la APF es necesario fortalecer a la Red de enlaces creada para la elaboración de este Programa y reformar la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos. En colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Conferencia Nacional de Municipios de México, se buscará fortalecer la implementación del Programa y promover el desarrollo de políticas alineadas al mismo.
Estrategia 5.1. Garantizar la participación de la sociedad civil en el diseño, homologación, implementación y evaluación de políticas públicas.
Líneas de acción
5.1.1. Fortalecer y ampliar los mecanismos de participación de la sociedad civil en las políticas públicas en materia de derechos humanos.
5.1.2. Propiciar fondos de coinversión para fortalecer las capacidades y participación de la sociedad civil en el seguimiento de políticas públicas.
5.1.3. Impulsar la participación de las organizaciones sociales de las entidades federativas en los procesos de política pública de derechos humanos.
5.1.4. Evaluar los espacios de participación vinculados a derechos humanos en la Administración Pública Federal para promover su fortalecimiento.
5.1.5. Promover el intercambio nacional e internacional de buenas prácticas sobre la participación de la sociedad civil en políticas públicas.
Estrategia 5.2. Rediseñar los espacios de coordinación entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de derechos humanos.
Líneas de acción
5.2.1. Fortalecer a la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos.
5.2.2. Institucionalizar y consolidar la Red de Enlaces de la Administración Pública Federal creada en el marco de este Programa.
5.2.3. Establecer mecanismos de coordinación para la atención de recomendaciones, resoluciones o sentencias de organismos nacionales e internacionales.
Estrategia 5.3. Fortalecer los mecanismos de vinculación con las entidades federativas y municipios.
Líneas de acción
5.3.1. Promover un mecanismo de vinculación con la Conferencia Nacional de Gobernadores para la implementación de este Programa a nivel local.
5.3.2. Impulsar un mecanismo de vinculación con la Conferencia Nacional de Municipios de México para la implementación de este Programa.
5.3.3. Fomentar la elaboración de programas de derechos humanos en estados y municipios.
5.3.4. Proponer mecanismos de coordinación para atender recomendaciones, resoluciones o sentencias de organismos nacionales e internacionales.
5.3.5. Generar diálogos con las entidades federativas y municipios para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
5.3.6. Aplicar un manual para transversalizar el enfoque de derechos humanos e interculturalidad en políticas públicas de entidades federativas y municipios.
 
Estrategia 5.4. Establecer mecanismos de articulación con el Poder Legislativo.
Líneas de acción
5.4.1. Impulsar la creación de un Grupo Bicameral para la colaboración del Poder Legislativo en la política de derechos humanos.
5.4.2. Identificar las necesidades de armonización legislativa para diseñar y ejecutar una agenda común de trabajo.
5.4.3. Fomentar el seguimiento legislativo en torno a la implementación y evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos.
5.4.4. Diseñar un mecanismo de revisión previa del enfoque de derechos humanos en las iniciativas que presente el Poder Ejecutivo.
5.4.5. Establecer mecanismos efectivos para atender recomendaciones, resoluciones o sentencias de organismos nacionales e internacionales.
5.4.6. Promover diálogos interparlamentarios y encuentros sobre los derechos humanos en la legislación y en las políticas públicas.
Estrategia 5.5. Establecer mecanismos de articulación con el Poder Judicial de la Federación.
Líneas de acción
5.5.1. Promover un mecanismo de vinculación con el Poder Judicial de la Federación para la implementación de este Programa.
5.5.2. Fomentar espacios de actualización continuos sobre los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
5.5.3. Sistematizar y difundir, en colaboración con el Poder Judicial, los criterios jurisprudenciales que impactan en la gestión pública.
5.5.4. Impulsar espacios de intercambio entre actores vinculados con la administración y procuración de justicia en temas que involucren derechos humanos.
5.5.5. Generar diálogos entre la sociedad civil y los Poderes sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en proceso de judicialización.
5.5.6. Establecer mecanismos efectivos de colaboración para atender sentencias, resoluciones o recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
5.5.7. Institucionalizar un mecanismo de colaboración para compartir y difundir experiencias institucionales en materia de género y derechos humanos.
5.5.8. Proponer mecanismos que faciliten la ejecución de las sentencias de amparo al interior de la Administración Pública Federal.
5.5.9. Propiciar conjuntamente espacios académicos para el análisis del ejercicio del control de convencionalidad.
Estrategia 5.6. Establecer mecanismos de colaboración con órganos constitucionales autónomos.
Líneas de acción
5.6.1. Diseñar un sistema de seguimiento y verificación del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
5.6.2. Dar a conocer entre los organismos públicos autónomos de derechos humanos los productos derivados del Programa Nacional de Derechos Humanos.
5.6.3. Promover con los institutos de acceso a la información y protección de datos la difusión de información sobre derechos humanos.
5.6.4. Institucionalizar un mecanismo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para sistematizar información de derechos humanos.
5.6.5. Colaborar con el Instituto Nacional Electoral a fin de obtener y difundir información para la promoción de los derechos políticos.
 
Estrategia 5.7. Establecer un mecanismo independiente para la evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos.
Líneas de acción
5.7.1. Sustentar el mecanismo de evaluación y seguimiento mediante recursos financieros, técnicos, de información y tecnológicos.
5.7.2. Retomar la información que generan las organizaciones civiles para dar seguimiento y evaluar este Programa.
5.7.3. Presentar informes públicos periódicos sobre los avances en la ejecución de este Programa.
5.7.4. Mantener una permanente actualización de este Programa a partir de la información derivada de los resultados de la evaluación.
5.7.5. Garantizar que los órganos internos de control observen que los servidores públicos cumplan con las acciones de este Programa.
Objetivo 6. Sistematizar información en materia de derechos humanos para fortalecer las políticas públicas.
Una de las dificultades en torno a la posibilidad de hacer efectiva la política de derechos humanos es contar con información sistematizada a fin de tener una evaluación integral y poder así medir el avance en el respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos en México como base para la toma de decisiones. Aunque existen fuentes importantes de generación de información en materia de derechos humanos, existe la dificultad de que no se sistematiza o bien, la información que generan las instancias competentes, no tiene suficientes componentes de derechos humanos.
En este objetivo se proponen acciones dirigidas a contar con información actualizada, accesible, oportuna, confiable y objetiva en la materia. La evaluación y seguimiento al cumplimiento de derechos humanos en México fue una de las recomendaciones instrumentales del Diagnóstico de 2003 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por otra parte, el compromiso del Estado mexicano de informar periódicamente el cumplimiento de los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales que ha firmado, implica la necesidad de generar información e implementar sistemas de indicadores de derechos humanos.
Estrategia 6.1. Facilitar la generación y el acceso a la información de derechos humanos.
6.1.1. Elaborar reglas de coordinación interinstitucional que permitan la identificación, generación, desglose, sistematización y publicación de información sobre derechos humanos.
6.1.2. Promover la difusión de recomendaciones, sentencias e instrumentos de derechos humanos entre servidores públicos y sociedad civil.
6.1.3. Crear una plataforma virtual que conjunte y haga accesible la información en materia de derechos humanos.
Estrategia 6.2. Desarrollar sistemas de indicadores que permitan evaluar el goce y ejercicio de los derechos humanos.
6.2.1. Implementar la metodología de indicadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para conocer avances y retos de derechos humanos.
6.2.2. Implementar la metodología de indicadores sobre derechos económicos, sociales y culturales de la Organización de Estados Americanos.
6.2.3. Incentivar, con la colaboración del sector académico, un Sistema Nacional de Evaluación del nivel de cumplimiento de los derechos humanos.
 
CAPÍTULO IV. INDICADORES
OBJETIVO
INDICADORES
1. Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos
1.1 Índice de capacitación a servidores públicos sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
1.2 Porcentaje de avance en la elaboración de propuestas de armonización de la normatividad administrativa de las Dependencias del gobierno de la República conforme a la Reforma constitucional.
2. Prevenir las violaciones de derechos humanos
2.1. Índice de resolución de conflictos de impacto regional
2.2 Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de servidores públicos de la Administración Pública Federal por violaciones a derechos humanos derivados de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos
3.1 Índice de Integridad Física de CIRI Human Rights Data Project.
3.2. Índice de avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los Tratados Internacionales de derechos humanos.
4. Fortalecer la protección de los derechos humanos
4.1 Porcentaje de reducción de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal con respecto al año 2012.
4.2 Eficacia de las medidas preventivas y de protección otorgadas por el Mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de derechos humanos
5.1 Porcentaje de entidades federativas que cuentan con diagnóstico sobre su situación en materia de derechos humanos, y con un Programa Estatal de Derechos Humanos presentado.
5.2 Percepción sobre la efectividad del mecanismo de evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos.
6. Sistematizar información en materia de derechos humanos para fortalecer las políticas públicas
6.1 Porcentaje de avance en la elaboración de sistemas de indicadores por derechos humanos.
 

Periodicidad
Anual
Fuente
Registros de asistencia en los cursos de capacitación y registro de los resultados del ejercicio de evaluación de la información.
Referencias Adicionales
Dirección General de Políticas Públicas de Derechos Humanos. SEGOB.
Línea Base
37%
Meta 2018
93%
Evolución de la meta
2014
2015
2016
2017
48%
61%
74%
87%
 
 
Anexo meta 2018
Un elemento crucial para implementar la reforma constitucional y avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos es capacitar a los servidores públicos. La capacitación servirá para sensibilizar a los servidores en el sentido de que están obligados por mandato constitucional a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, dando las herramientas conceptuales y prácticas para que incorporen el enfoque de derechos en sus actividades.
Con este índice se intenta cuantificar tanto el número de beneficiarios de las capacitaciones, como el nivel de conocimiento que obtuvieron los servidores públicos capacitados.
La Dirección General de Políticas Públicas de Derechos Humanos desarrollará materiales y contenidos para capacitar anualmente a 4,000 servidores públicos, tomando como base que en 2013 se capacitó a 1,000 servidores públicos en un trimestre.
Al tratarse de un indicador de nueva creación, no se cuenta con una serie de datos históricos. Por ello, a partir de los procesos de capacitación en torno a la reforma constitucional de derechos humanos realizados en el año 2013 se fija el número de servidores públicos (SPC) capacitados durante dicho año. El número es representativo ya que la capacitación se dirige a la formación de servidores públicos que replican la capacitación al interior de sus instituciones.
Además de capacitar a los servidores públicos, es importante determinar la eficacia calidad de los cursos de capacitación, ya que ésta tiene una relación directa con la comprensión de la información provista. Por ello, el indicador del número de servidores públicos capacitados se acompaña de un indicador sobre la evaluación de la capacitación sobre la reforma constitucional de derechos humanos.
Los resultados de la evaluación de los servidores públicos capacitados en 2013 indican que sólo el 52.1% adquiere por lo menos un nivel medio de conocimiento después de la capacitación. Conjugando una parte teórica y un taller práctico en los procesos de capacitación, así como con el incremento del tiempo de capacitación, además del desarrollo de programas especializados para cubrir las especificidades de las diferentes Dependencias de la APF, se busca una mejor apropiación de los contenidos, por lo que se espera mejorar esta situación en el grupo de quienes reciben la capacitación en al menos 10% cada año, para que en 2018 el total de los servidores públicos que se hayan capacitado logren un nivel de conocimiento medio y alto sobre los contenidos y alcances de la Reforma constitucional, tanto en la parte teórica como en su aplicación práctica, logrando un efecto acumulativo en el nivel de apropiación de la reforma de derechos humanos.
El nivel de conocimiento de la reforma (BN) previo a la capacitación, se considera según la percepción de los propios servidores públicos. La muestra de 2013 sólo representa a ese conjunto de servidores públicos, no obstante se toma como base debido a la falta de información disponible. Las proyecciones han sido calculadas conforme a esta base y podrán ser revisadas anualmente de acuerdo con la percepción y el instrumento aplicado a los nuevos grupos de servidores públicos que reciban la capacitación.
 
Año
Ponderación
Evolución de la
Meta
# Capacitados
Evaluación
0.3
0.7
2014
4,000
60%
48%
2015
8,000
70%
61%
2016
12,000
80%
74%
2017
16,000
90%
87%
2018
20,000
90%
93%
 

Periodicidad
Anual
Fuente
Mesa permanente de revisión de la normatividad de las Dependencias de la APF.
Referencias Adicionales
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. SEGOB.
Línea Base 2013
0%(51)
Meta 2018
100%
Evolución de la meta
2014
2015
2016
2017
15%
30%
50%
70%
 
Anexo meta 2018
 
Para cumplir con el mandato constitucional de derechos humanos es fundamental revisar la totalidad de la normatividad de las Dependencias de la APF, a fin de detectar las disposiciones que pudieran ser inconformes con las normas constitucionales reformadas, suprimir cualquier contradicción que pudiera existir y facilitar el cumplimiento de la Constitución por parte de los servidores públicos. Se trata de un proceso inédito de armonización, por lo que se tendrá que establecer con cada Dependencia, sus necesidades de armonización para la elaboración de las propuestas correspondientes. La reforma constitucional debe permear el quehacer diario de las Dependencias, por lo que se requiere la detección de necesidades y la elaboración de propuestas para la armonización de la normatividad administrativa federal.
Hasta el momento ninguna Dependencias de la APF ha revisado su normatividad interna para su armonización con la reforma constitucional, por ello se parte de una línea base de 0 y se espera llegar gradualmente a la meta de 100%. Durante 2014 se instalará la Mesa permanente de armonización administrativa para detectar las necesidades de armonización con la Reforma de Derechos Humanos y definir el universo de normatividad en las Dependencias de la APF para iniciar con los procedimientos a fin de ajustar contenidos conforme a la reforma. Así, la primera etapa será paulatina, previendo un avance de 15% para los dos primeros años, el cual se elevará de acuerdo con la apropiación de las técnicas para la armonización hasta un 20% en los dos años siguientes, a fin de alcanzar la meta del 100% de propuestas de armonización en las Dependencias de la APF en 2018.
Ficha de indicador 2.1
Indicador
Índice de resolución de conflictos de impacto regional
Objetivo del programa nacional
2. Prevenir las violaciones de Derechos Humanos
Descripción General
El índice de resolución de conflictos de impacto regional mide el porcentaje de conflictos solucionados respecto a los atendidos por las áreas de la Subsecretaría de Gobierno, del mes de enero a diciembre de cada año.
Observaciones
El indicador mide la eficacia para solucionar los conflictos en el ámbito estatal y/o regional, evitando el escalamiento y la radicalización de acciones de los grupos sociales.
El escalamiento se entiende como la situación de un conflicto que requiera la atención por parte de funcionarios federales de alto nivel.
El concepto de escalamiento nacional tiene las características:
Acciones de protesta que sobrepasan el ámbito local, estatal y/o regional.
Involucramiento de 2 o más movimientos y/o líderes sociales afines, fuera de la esfera local y/o regional.
Interrupción de la continuidad de operaciones en oficinas centrales de las dependencias de la Administración Pública Federal.
Presencia del conflicto en medios de comunicación nacional.
El indicador se obtiene con la información mensual sobre la situación que guardan los conflictos que atienden las tres unidades sustantivas de la Subsecretaría de Gobierno: Gobierno, Enlace Federal y Coordinación con
Entidades Federativas, y para la Atención de Organizaciones Sociales.
Se cuenta con datos acumulativos desde el 2007, que pueden desagregarse por mes, semestre o año. El indicador forma parte de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y se contempla para el Informe Anual de Cuenta Pública que se entrega a la Cámara de Diputados.
Método de cálculo:
(Número de conflictos de impacto regional solucionados / Número de conflictos atendidos) * 100
Unidad de medida:
Porcentaje
Periodicidad
Mensual
Fuente
Informe mensual de metas
Referencias Adicionales
Subsecretaría de Gobierno, Secretaría de Gobernación.
Línea Base
Diciembre de 2012
59.72% (86/144)
Meta 2018
71%
Evolución de la meta
2013
2014
2015
2016
2017
61%
63%
65%
67%
69%
 
 
Anexo meta 2018
El indicador tiene fundamento metodológico en la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Al tratarse de un indicador de nueva creación no existe una serie de datos históricos que permitan su proyección. Por ello, se consideró pertinente fijar un crecimiento moderado del 2% anual para alcanzar un resultado de 70% de eficiencia al finalizar el sexenio. En este sentido, es pertinente aclarar que en la solución definitiva de los conflictos intervienen dependencias y órdenes de gobierno, así como marcos legales distintos según la naturaleza del conflicto.
Matriz de Indicadores de Resultados
 
Resumen Narrativo
Objetivo al que
corresponde el
indicador
Contribuir en la consolidación de un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, lo actores sociales y los ciudadanos.
Supuestos
Que los actores involucrados acepten los términos de la negociación y las propuestas de solución; ambiente político y social favorable y que las autoridades locales estén interesadas en la solución de los conflictos.
 
Viabilidad de la meta
Sentido del Indicador
Ascendente
 
Línea Base
Año
Valor
Periodo al que corresponde
el valor
Inicial
Numerador
Denominador
2012
57.71%
86
149
Enero-Diciembre
 
Ficha de indicador 2.2
 
Indicador
Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de servidores públicos de la Administración Pública Federal por violaciones a derechos humanos derivados de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Objetivo del programa
nacional
2. Prevenir las Violaciones de Derechos Humanos
Descripción General
Indica el porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de servidores públicos por violar los derechos humanos, esto derivado de las acciones que realizaron las dependencias y entidades para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Observaciones

PADH = Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de servidores públicos de la Administración Pública Federal por violaciones a derechos humanos derivados de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
SR = Número de recomendaciones de la CNDH que dieron lugar a un procedimiento para los servidores públicos de la Administración Pública Federal
N = Número total de recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF sobre violaciones a los derechos humanos
Periodicidad
Bienal
Fuente
Las OIC de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal.
Referencias
Adicionales
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. SEGOB.
Línea Base 2014
0(52)
Meta 2018
60%
Evolución de la meta
2016
40%
 
 
Anexo meta 2018
La prevención es un elemento fundamental, para ello se requiere de estrategias integrales enfocadas a guiar el actuar de los servidores públicos de la Administración Pública Federal al cumplimiento de los derechos humanos, a las instancias de control y de auditoría respectiva, así como al escrutinio público. Lo anterior en razón de que uno de los retos y demandas de la sociedad civil es la adopción e instrumentación de sanciones contra quienes incurran en violaciones a derechos humanos como una medida que las inhiba.
Con las acciones que forman parte del PNDH se buscará modificar la normatividad y la gestión dentro de la APF para combatir la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos, y con esto se contribuya a cumplir el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por estas razones, se parte de una meta conservadora que se incrementando a lo largo del sexenio.
En relación con lo anterior se espera que la evolución hacia la meta 2018 sea gradual. Se fijó esta meta en el 60% considerando que no todas las recomendaciones de la CNDH tienen identificadas a los responsables de la violación a los derechos humanos, además, la evolución de la meta se dará en razón de que una vez que se remite copia de la recomendación a la Contraloría Interna, ésta analiza si iniciará o no el procedimiento administrativo (en caso de iniciarse implicaría una etapa de investigación).
La línea base se ha fijado en cero pues durante el 2014 la CNDH ha emitido 3 recomendaciones las cuales aún no han informado si se iniciará el correspondiente procedimiento administrativo en contra de algún servidor público.
Ficha de indicador 3.1
Indicador
Índice de Integridad Física de CIRI Human Rights Data Project
Objetivo del programa
nacional
3. Garantizar el ejercicio y goce de los Derechos Humanos
Descripción General
El Índice de Integridad Física (Physical Integrity Index) es publicado por CIRI Human Rights Data Project. Mide el respeto del derecho a la integridad física basándose en: tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición y encarcelamiento por razones políticas.
Observaciones
El CIRI Human Rights Data Project provee información sobre el respeto que tiene el Estado o Gobierno a una extensa lista de derechos humanos y existe información para casi todos los países del mundo.
Este proyecto cubre 32 años, 15 prácticas de derechos humanos, 195 países, además publica dos índices de derechos humanos (Empowerment y Physical Integrity), lo que la convierte en una de las bases de datos de derechos humanos más grandes del mundo.
Para cada uno de los cuatro elementos, se asigna una calificación que toma el valor de 0 si el gobierno no respeta el derecho, 1 si lo respeta parcialmente y 2 si lo respeta. El índice es el resultado de agregar las calificaciones obtenidas en los cuatro derechos. Por lo tanto, toma valores de 0 a 8.
En los últimos 14 años, el valor máximo que ha tomado este indicador es 3.
Periodicidad
Bienal
Fuente
CIRI Human Rights Data Project
http://www.humanrightsdata.org
Referencias Adicionales
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. SEGOB.
Línea Base 2011
2
Meta 2018
3
Evolución de la meta
 
2014
(a publicarse en 2016)
2016
(a publicarse en 2018)
2
2
 
 
Anexo meta 2018
Para garantizar los derechos humanos a nivel nacional se deberá tomar en cuenta las necesidades de las personas y grupos específicos que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, por ello se requiere que el Estado garantice el goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas y reduzca las violaciones a los mismos, a través de acciones que permitan alinear la actuación de las autoridades al enfoque de derechos humanos.
A través del trabajo que se realice en el marco del PNDH se obtendrá información sobre las quejas o denuncias por actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y encarcelamiento por razones políticas, a efecto de lograr su mayor protección y evitar que suceda con otras personas.
Por ello, se consideró el Índice de Integridad Física, el cual es parte del The CIRI Human Rights Data Project, ya que su medición es independiente de la SEGOB. El objetivo de este índice es medir el respeto que tienen los gobiernos a varios derechos humanos. Mide las prácticas de los gobiernos que permiten o impiden que los ciudadanos ejerzan sus derechos, no mide políticas públicas, ni condiciones generales de los derechos humanos.
El índice se calcula anualmente, pero la publicación tiene demora dos años. En enero de 2014 se publicarán los datos de 2012 y así en adelante. Por lo tanto, el valor de indicador para 2018 se conocerá en la siguiente Administración.
Este índice se obtiene de un análisis profundo de los reportes anuales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y del reporte anual de Amnistía Internacional, por lo que en caso de que el índice dejará de reportarse existirían las fuentes para contar con la información para la evaluación respectiva.
 
En los últimos 14 años, el máximo valor que ha tomado este indicador es 3 (la escala va del 0 al 8), sin embargo, las acciones que el PNDH establece para garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos, será un factor determinante para considerar que para el 2018 la meta sea 3. Por lo que al establecer una meta ambiciosa, al final del sexenio, México se ubicará en una situación mejor que este máximo observado hasta el momento, además esta meta corresponde a mejorar el 100 por ciento de la calificación obtenida en el último reporte.
Año
Physical
Integrity
Index
Tortura
Ejecuciones
extrajudiciales
Encarcelamiento
político
Desapariciones
1998
3
0
1
1
1
1999
3
0
1
1
1
2000
2
0
0
1
1
2001
2
0
0
1
1
2002
2
0
0
1
1
2003
3
0
1
1
1
2004
3
0
1
1
1
2005
3
0
1
1
1
2006
1
0
0
0
1
2007
2
0
1
0
1
2008
2
0
0
1
1
2009
3
0
1
1
1
2010
3
0
1
1
1
2011
2
0
1
1
0
Fuente: http://www.humanrightsdata.org/

Periodicidad
Anual
Fuente
Secretaría de Relaciones Exteriores y Senado de la República.
Referencias Adicionales
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. SEGOB.
Línea Base 2014
0(53)
Meta 2018
70%
Evolución de la meta
2014
2015
2016
2017
15%
30%
40%
55%
* La evolución de la meta es acumulativa
 
Anexo meta 2018
El Estado mexicano ha ratificado aproximadamente 47 Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos (el número depende de si se consideran también a los tratados en materia de asilo y refugio, derecho penal internacional y derecho internacional humanitario), sin embargo existen reservas y declaraciones interpretativas en algunos de éstos tratados. En el marco del PNDH se hará una revisión de dichos tratados así como de las reservas y declaraciones interpretativas hechas a los mismos ya que, dichas reservas y declaraciones limitan la aplicación de los tratados en el ámbito interno.
Como consecuencia de la armonización normativa con respecto a la reforma constitucional en materia de derechos humanos que procurará la SEGOB y la SRE en el marco del PNDH se realizarán las acciones necesarias a fin de retirar reservas y declaraciones interpretativas y se impulsará este proceso ante el Senado de la República. Este trabajo implica factores externos a la SEGOB, así como a diversos actores, por lo que se estimó alcanzar una meta de 70% hacia 2018.

Periodicidad
Anual
Comportamiento descendente
Fuente
Información publicada en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones
Referencias
Adicionales
Subsecretaría de Derechos Humanos.
Línea Base 2012
0% (63
recomendaciones).
Meta 2018
-12%
Evolución de la meta
2014
2015
2016
2017
-4%
-6%
-8%
-10%
 
 
 
Anexo meta 2018
La información actualizada sobre el número de recomendaciones, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), constituye un referente muy importante para elaborar políticas públicas destinadas a combatir las violaciones de los derechos humanos por parte de los servidores públicos de la Administración Pública Federal.
La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos cuenta con el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones (SISER), herramienta que permite conocer el número exacto de recomendaciones emitidas por la CNDH en tiempo real, así como su aceptación y estado de cumplimiento por parte de la autoridad responsable.
El SISER permitirá conocer el número de recomendaciones que se emitan durante cada año, por lo que será el instrumento necesario para conocer el porcentaje de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal, en relación con años anteriores, permitiendo así cuantificar la eficacia de las políticas públicas en materia de derechos humanos implementadas por la presente administración.
Se estimó una reducción del 2% anual, lo que representa una disminución de 1 a 2 recomendaciones por año, para logar una meta en el 2018 de 55 recomendación emitidas a la Administración Pública Federal, lo que representaría un gran avance en la materia y un reflejo de una adecuada implementación de la política de Estado en la materia, tomado en cuenta que el número de recomendaciones tiende a aumentar derivado de un mayor acercamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con sociedad.
Ficha de indicador 4.2
Indicador
Eficacia de las medidas preventivas y de protección otorgadas por el Mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Objetivo del
programa nacional
4. Fortalecer la protección de los Derechos Humanos
Descripción General
Muestra la eficacia de las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo para evitar amenazas o agresiones a personas que se encuentran en situación de riesgo a fin de salvaguardar y proteger su derecho a la vida y la integridad física.
Es el cociente del número de beneficiarios del Mecanismo que no han recibido amenazas o agresiones posteriores al otorgamiento de medidas preventivas y de protección, entre el total de beneficiarios del Mecanismo.
 
 

Periodicidad
Anual
Fuente
Registro administrativo del mecanismo.
Referencias
Adicionales
Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. SEGOB.
Línea Base 2013
92%
Meta 2018
93%
Evolución de la meta
2014
2015
2016
2017
92.2%
92.4%
92.6%
92.8%
 
 
Anexo meta 2018
El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se creó con el objeto de implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. (Artículo 1o. de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas).
Se determinó que el desempeño del mecanismo en 2013, su primer año de funcionamiento que se utilizó como línea base, es sobresaliente, aún con estos niveles de desempeño se fijó la meta de incrementar la eficacia del mecanismo cada año en por lo menos 0.2%.
Las Medidas Urgentes de Protección incluyen: evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados y protección de inmuebles. (Art. 32 de la Ley). Las Medidas de Protección incluyen: Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona, chalecos antibalas, detector de metales, instalación de botón de pánico y autos blindados. (Art. 33 de la Ley). Las medidas preventivas incluyen: Instructivos, manuales, cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos, acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodistas. (Art. 34 de la Ley).
Para efecto de otorgar medidas de protección se realiza primeramente un análisis de acción inmediata para determinar las medidas urgentes de protección y posteriormente un Estudio de Evaluación de riesgo que será sometido a la consideración de la Junta de Gobierno del Mecanismo la cual aprobará las medidas de protección procedentes.
Las medidas preventivas, las medidas de protección y las medidas urgentes de protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, en este sentido estas medidas están sujetas a evaluación periódica pudiéndose determinar su ampliación o disminución, o bien la Junta de Gobierno podrá terminarlas cuando se constate, que el nivel de riesgo ha disminuido a tal grado que ya no son necesarias para la protección del Beneficiario.
De esta manera el presente indicador nos permitirá medir la eficacia de las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección otorgadas por el Mecanismo para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de los beneficiarios que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio del periodismo. La consolidación de una política de Estado, que resulte efectiva para proteger los derechos humanos frente a violaciones cometidas por autoridades o agentes no estatales, requiere la adopción de diversas medidas y la creación de instancias enfocadas a la protección y defensa de derechos humanos.
Como parte de la política que garantice los derechos de las víctimas se deben diseñar metodologías e impulsar modelos de reparación integral, transformativos, no revictimizantes y emblemáticos. La reparación del daño, la justicia y la verdad son elementos esenciales en la protección de los derechos humanos. A ello se suma la necesidad de atender las sentencias, resoluciones y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
Con este indicador, se pretende verificar el debido cumplimiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos, no sólo a nivel nacional, sino también internacional.
Ficha de indicador 5.1
Indicador
Porcentaje de entidades federativas que cuentan con diagnóstico sobre su situación en materia de derechos humanos y/o con un Programa Estatal de Derechos Humanos presentado
Objetivo
5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de Derechos Humanos
Descripción General
El indicador muestra el avance en las entidades federativas en la creación de un diagnóstico y/o Programa Estatal de Derechos Humanos
 

Periodicidad
Anual
Fuente
Reportes de las entidades federativas.
Referencias Adicionales
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. SEGOB.
Línea Base 2013
6.25%
Meta 2018
71%
Evolución de la meta
2014
2015
2016
2017
15%
26%
39%
54%
 
Anexo meta 2018
A diciembre de 2013 se cuenta con dos entidades federativas (Distrito Federal y Coahuila) que han presentado su Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos, asimismo Oaxaca lleva un avance considerable en su diagnóstico, Guerrero reporta trabajo en la materia, Morelos inició un proceso y, desde 2013, Baja California ha comenzado el suyo.
Considerando que es necesario que las entidades federativas tengan lineamientos locales que retomen los estándares internacionales para mejorar la situación de los derechos humanos, es de suma importancia que este Plan Nacional de Derechos Humanos permeé los distintos órdenes de gobierno.
En este porcentaje se le da mayor importancia a la elaboración de un programa estatal de derechos humanos, sin embargo se considera que la creación del diagnóstico es un punto esencial para su elaboración, por esta razón la existencia del diagnóstico también tiene una ponderación en este indicador.
Se espera que para 2018 por lo menos el 71% de los estados cuenten con un diagnóstico sobre su situación en materia de derechos humanos, y que por lo menos el 69% tenga un plan estatal de derechos humanos. La evolución de la meta tiene un desfase entre diagnóstico y programa pues se considera que los recursos y el tiempo necesario para elaborar un diagnóstico y un programa son muy distintos, además de que en este momento tres estados ya están elaborando o están empezando a elaborar su diagnóstico.
Consideraciones para el cálculo de las metas
Año
Numerador (Entidades Federativas)
Meta Esperada
Diagnóstico
Programa
2014
7
4
15%
2015
11
7
26%
2016
16
11
39%
2017
20
16
54%
2018
24
22
71%
 
Ficha de indicador 5.2
 
Indicador
Percepción sobre la efectividad del mecanismo de evaluación y seguimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos
Objetivo del programa nacional
5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de estado de Derechos Humanos
Descripción General
Mide la percepción de la efectividad del mecanismo de evaluación y seguimiento de acuerdo con expertos, académicos, defensores y organizaciones de la sociedad civil.
Observaciones
 
Escala
1
2
3
4
Valor
Muy poco
efectivo
Poco
efectivo
Efectivo
Muy
efectivo
 
A partir de una encuesta bianual de percepción que se realizará a expertos, académicos, defensores y organizaciones de la sociedad civil, se determinará la efectividad del mecanismo. En esta encuesta no sólo participarán quienes integran el mecanismo, sino aquellas instancias vinculadas con él y que conozcan su trabajo. El universo, además, se integraría por todas las instancias que integran el mecanismo, así como por otros actores relevantes.
Los encuestados opinarán sobre las características necesarias para considerar eficaz del mecanismo: participación de la sociedad civil, seguimiento e implementación del PNDH, acceso y utilidad de la información que genere transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de líneas de acción del PNDH.
Periodicidad
Bienal
Fuente
Encuesta coordinada por la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la SEGOB.
Referencias Adicionales
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. SEGOB.
Línea Base 2014
0(54)
Meta 2018
3
Evolución de la meta
2016
3
 
 
Anexo meta 2018
Durante 2014 se establecerán las características y alcances del mecanismo de evaluación y seguimiento del PNDH. Este mecanismo es una iniciativa del presente Programa por lo que es relevante conocer qué percepción tienen los representantes de la sociedad civil, expertos, académicos, periodistas, defensores y organizaciones de la sociedad civil sobre su efectividad. Para ello se harán encuestas para recabar las opiniones de personas involucradas en el mecanismo o relacionadas con el trabajo que éste realice.
Los encuestados opinarán sobre si el mecanismo cumple y en qué grado respecto a: la participación de la sociedad civil, seguimiento e implementación del PNDH el acceso y utilidad de la información que genere el mecanismo, transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de obligaciones que deriven del mecanismo.
Por estas razones se considera que sería deseable que en su primera evaluación, el mecanismo tuviera una calificación de 3 (considerada como "efectiva") por parte de los usuarios y lograr que se mantenga así hasta el 2018.
 

Periodicidad
Anual
Fuente
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Secretarías de Estado, Procuraduría General de la República y Entidades Federativas responsables de dar seguimiento a los indicadores desarrollados.
Referencias
Adicionales
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. SEGOB.
Línea Base 2013
6%(55)
Meta 2018
60%
Evolución de la meta
2014
2015
2016
2017
6%
20.40%
30.61%
40.81%
 
 
Anexo meta 2018
La metodología de la ACNUDH de indicadores de derechos humanos es una herramienta de sistematización y medición que busca orientar a los Estados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de promoción, protección y prevención en materia de derechos humanos, así como el progreso y evolución de sus programas de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.
Los indicadores de derechos humanos deben sujetarse a un proceso participativo y de contextualización que tome en cuenta la situación económica, política y social en cada caso particular. La Oficina del Alto Comisionado en México ya ha realizado esfuerzos con distintas dependencias para generar sistemas de indicadores, por ejemplo indicadores sobre el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de opinión y expresión, a la vida y a la libertad y seguridad de la persona desarrollados por INEGI, CNDH, OACNUDH; indicadores sobre el derecho a un juicio justo con los 32 Poderes Judiciales a través de CONATRIB; "¿Cómo Medir la Violencia contra las Mujeres?" desarrollado por CONAVIM y OACNUDH; indicadores en materia del derecho humano a un ambiente sano y el derecho al agua con SEMARNAT e indicadores de derechos humanos para los programas locales y federales sobre derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo con la OACNUDH, no existe ni la adopción del sistema de indicadores, ni la generación de información de calidad con la periodicidad requerida por parte de todas las dependencias que tienen la obligación de dar cumplimiento a un derecho.
En este contexto se espera que el primer año se tracen las bases de colaboración con diferentes Secretarías de Estado, la Procuraduría General de la República y las entidades federativas para el desarrollo de sistemas de indicadores y, a partir del 2015, se incremente gradualmente el porcentaje de sistema de indicadores propuestos y elaborados. Asimismo, se dará seguimiento a los sistemas ya desarrollados.
Consideraciones para el cálculo de las metas
Año
Numerador (Secretarías de Estado, Procuraduría
General de la República y Entidades Federativas)
Meta acumulada
esperada
2014
2
6%
2015
5
20.40%
2016
5
30.61%
2017
5
40.81%
2018
6
60%
 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Dependencias
·     Secretaría de Gobernación
·     Secretaría de Relaciones Exteriores
·     Secretaría de la Defensa Nacional
·     Secretaría de Marina
·     Secretaría de Hacienda y Crédito Público
·     Secretaría de Desarrollo Social
·     Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
·     Secretaría de Energía
·     Secretaría de Economía
·     Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
·     Secretaría de Comunicaciones y Transportes
·     Secretaría de Educación Pública
·     Secretaría de Salud
·     Secretaría del Trabajo y Previsión Social
·     Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
·     Secretaría de Turismo
·     Secretaría de la Función Pública
·     Consejería Jurídica del Ejecutiva Federal
·     Procuraduría General de la República
Entidades
 
·     Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
·     Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
·     Instituto Mexicano de la Juventud
·     Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
·     Procuraduría Federal del Consumidor
·     Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
·     Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
·     Comisión Nacional de Protección Social en Salud
·     Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
·     Instituto Mexicano del Seguro Social
·     Comisión Nacional de Arbitraje Médico
·     Consejo Nacional de Población
·     Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
·     Procuraduría Agraria
·     Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
·     Comisión Nacional de Vivienda
·     Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
·     Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
·     Instituto Nacional de las Mujeres
·     Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Si bien el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), están considerados en la Red DH, su participación en el Programa estará de acuerdo con su naturaleza y funciones en estricto apego a lo dispuesto en el marco jurídico vigente.
La relación de dependencias y entidades aquí referida no es exhaustiva ni limitativa pues podrán incorporarse otras que, en el marco de sus atribuciones, contribuyan a la ejecución del Programa. Además, la perspectiva nacional y de cooperación interinstitucional del Programa comprende la participación y/o colaboración de los poderes de la unión, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, los órganos autónomos y las demás instancias e instituciones nacionales e internacionales que coadyuven a su adecuado cumplimiento, en estricto apego a lo establecido en la Constitución, las leyes y demás disposiciones normativas aplicables.
La correspondencia entre las dependencias y entidades participantes y los objetivos y estrategias del Programa se detallan en el Anexo 1.
TRANSPARENCIA
Con el propósito de cumplir con el mandato de transparencia y rendición de cuentas al que la Secretaria de Gobernación está obligada, el Programa Nacional de Derechos Humanos y sus informes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas se harán públicos en: www.gobernacion.gob.mx y http://portaltransparencia.gob.mx/
La Secretaría de Gobernación pondrá a disposición de la sociedad mexicana, no sólo el PNDH, sino los informes, reportes de avance, evaluaciones y evolución de los indicadores que den cuenta de su cumplimiento.
Asimismo, conforme al Acuerdo 01/2013 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el PNDH será publicado en la página electrónica de la Secretaría de Gobernación al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ANDH - Agenda Nacional de Derechos Humanos
ANUIES - Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México
APF - Administración Pública Federal
CDI - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
CDPPL - Coalición por los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en el Sistema Penitenciario Mexicano
CoIDH - Corte Interamericana de Derechos Humanos
CNDH - Comisión Nacional de los Derechos Humanos
COMAR - Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
CONADIS - Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
CONAGO - Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAPRED - Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
CONATRIB - Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia se los Estados Unidos Mexicanos
CONAVI - Comisión Nacional de Vivienda
CONAVIM - Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
CONEVAL - Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
EPU - Examen Periódico Universal
FEADLE Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas
FEPADE - Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales
FEVIMTRA - Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas
IMJUVE - Instituto Mexicano de la Juventud
INALI - Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
INAPAM - Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM - Instituto Nacional de Migración
INMUJERES - Instituto Nacional de las Mujeres
ISSSTE - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
OACNUDH - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OCDE - Organización para el Desarrollo Económico
OMS - Organización Mundial de la Salud
ONU- Organización de las Naciones Unidas
OIC - Órgano Interno de Control
PGR - Procuraduría General de la República
PND - Plan Nacional de Desarrollo
PNDH - Programa Nacional de Derechos Humanos
PP - Programas presupuestarios
 
Red DH - Red de entidades y dependencias de la Administración Pública creada en el marco de la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos
ROP - Reglas de Operación de la Administración Pública
SCT - Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SED - Sistema de Evaluación del Desempeño
SEDENA - Secretaría de la Defensa Nacional
SEDESOL - Secretaría de Desarrollo Social
SEGOB - Secretaría de Gobernación
SEMAR - Secretario de Marina
SEMARNAT- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEP - Secretaría de Educación Pública
SIDA - Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SNDIF - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores
SS - Secretaría de Salud
SSP - Secretaría de Seguridad Pública
VIH - Virus de Inmunodeficiencia Humana
GLOSARIO
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
De acuerdo al artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Tiene competencia para conocer de quejas contra actos u omisiones administrativas de cualquier autoridad o servidor público (a excepción del Poder Judicial de la Federación) que violen derechos humanos (salvo en materia electoral y jurisdiccional).
La CNDH formula recomendaciones no vinculantes y todo servidor público está obligado a responder aquellas que le sean presentadas. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades, éstas deberán hacer pública su negativa, así como fundarla y motivarla. A solicitud de la CNDH, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente podrán llamar a comparecencia a aquellas autoridades o servidores que se nieguen a aceptar o cumplir dichas recomendaciones. Además, la CNDH tiene la facultad constitucional de investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos.
Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos
El 11 de marzo de 2003, el Presidente de la República expidió el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos.
Su objetivo es coordinar las acciones que lleven a cabo, a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de política de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de estos derechos.
La Comisión está conformada por 8 integrantes permanentes (Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Salud) y 8 invitados permanentes (Procuraduría General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de la Función Pública).
A la fecha, está conformada por 12 subcomisiones coordinadas por un representante de la Administración Pública Federal y un representante de la Sociedad Civil. Las 12 subcomisiones son las siguientes:
 
Subcomisión de Armonización Legislativa
Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos
Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Subcomisión de Derechos de la Niñez
Subcomisión de Grupos Vulnerables
Subcomisión de Educación de Derechos Humanos
Subcomisión de Derechos Indígenas
Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes
Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez
Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en el Territorio Nacional
Subcomisión de Derechos Humanos y Medio Ambiente
Subcomisión de Seguimiento y Evaluación del PNDH 2008-2012
Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, es una institución judicial autónoma, integrada por siete juristas. Su objetivo es la aplicación e interpretación de, entre otros instrumentos interamericanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte tiene competencia contenciosa y consultiva y puede, en casos de extrema gravedad y urgencia, ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes para evitar daños irreparables a las personas.
Género
De acuerdo con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018 (PROIGUALDAD) establece que es una "[c]ategoría analítica que cruza transversalmente toda la estructura social y puede ser aplicada en todas las áreas del desarrollo social: lo político, lo económico, lo ambiental, lo social, lo cultural y lo institucional. Permite comprender cómo en las sociedades, lo femenino y lo masculino no son simples derivaciones de las diferencias biológicas, sino complejas construcciones sociales cargadas de significación, que se proyectan y activan en las estructuras discursivas y regulatorias de las sociedades.
El género es un principio de organización que afecta todo el conjunto de las relaciones sociales. La diferencia sexual y su construcción social, permean todo el marco institucional y normativo de las sociedades modernas. Todas las relaciones: económicas, políticas y simbólicas que regulan los intercambios entre los individuos, están modeladas por las jerarquías del género, que se expresan en la desigualdad social, económica y política entre mujeres y hombres y entre diferentes grupos de mujeres y de hombres."(56)
Grupos sociales en situación de vulnerabilidad
En la Ley General de Desarrollo Social (artículo 5) se les define como "aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar."
Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos
La exigibilidad es un proceso social, político y legal cuyo objetivo es que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En términos generales, y de acuerdo con el tipo de estrategias que se definen y aplican, se puede hablar de dos tipos de exigibilidad. La jurídica, conocida también como justiciabilidad, implica la defensa de los derechos ante instancias jurisdiccionales (tribunales) nacionales e internacionales. Por su parte, la exigibilidad política, implica acciones variadas para promover el ejercicio de los derechos y/o resolver situaciones violatorias, por ejemplo: cabildeo de leyes, diseño de campañas, incidencia en políticas públicas, denuncia pública en medios de comunicación, acciones urgentes, manifestaciones, informes alternativos, así como quejas ante instancias no jurisdiccionales nacionales o internacionales como los organismos de protección de los derechos humanos, los mecanismos de relatores temáticos de Naciones Unidas, entre otros.(57)
Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos
 
De acuerdo con el artículo primero de la Constitución mexicana, "(t)odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley".
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 1 que los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". Además, en el artículo 2 señala que los Estados "se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."
Del mismo modo, en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los Estados Partes del Pacto se comprometen "a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (...) a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter (...) a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
El 1 de julio de 2002, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Estado mexicano suscribieron un acuerdo para el establecimiento de una Oficina en México. Asimismo, se acordó un marco de cooperación para la instrumentalización de programas a largo plazo que incidan en la protección de los derechos humanos. La Oficina presta su cooperación a las autoridades para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en México.
La Oficina en México del Alto Comisionado trabaja con el Gobierno mexicano y otras entidades y autoridades estatales, tanto a nivel nacional como de los estados, así como con instituciones nacionales, defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones regionales e internacionales y el Sistema de las Naciones Unidas en México.
Perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas
Introducir la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas supone que toda aquella acción de gobierno, responda o atienda un problema público bajo un sistema de derechos, el cual a su vez, tiene su fundamento en las normas y principios constitucionales e instrumentos internacionales que se orientan a la consolidación de una sociedad de derechos.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha identificado atributos fundamentales de cómo la perspectiva de derechos humanos puede transversalizarse en las políticas públicas:
1. Cuando se formulen las políticas públicas, el objetivo principal deberá ser la realización de los derechos humanos de las personas;
2. Identificar a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, así como a los correspondientes portadores de obligaciones;
3. Los principios y normas contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar la planeación, programación y presupuesto de las políticas públicas.(58)
Principio Pro-persona
Este principio está previsto en el artículo primero de la Constitución de la siguiente manera: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."
En palabras de Mónica Pinto, este principio "es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de
los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre."(59)
La Tesis de jurisprudencia 107/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que:
"De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano."
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
Es el mecanismo de la Organización de los Estados Americanos, conformado por órganos e instrumentos internacionales, que tiene por objeto la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano.(60)
Dentro de los órganos con los que cuenta el Sistema Interamericano destacan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Mujeres y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Dentro de los principales instrumentos de protección están la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, entre otras.
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos
Es el Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción y protección de los derechos humanos. Se compone de instrumentos internacionales y de órganos que son creados por la Carta de la ONU o por tratados.
Dentro de los principales tratados de derechos humanos se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Cada uno de estos tratados cuenta con un Comité que, por medio de determinadas facultades, se encarga de velar el cumplimiento de las obligaciones que los Estados asumen a través de dichos tratados.
Los órganos basados en la Carta incluyen al Consejo de Derechos Humanos y a los Procedimientos Especiales creados para situaciones específicas en los países o cuestiones temáticas en todo el mundo.
Transversalidad
De acuerdo con el PROIGUALDAD 2013-2018, la transversalidad es un "[m]étodo de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito o programa, cuando los objetivos son complejos y traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales sectorizadas. En este sentido, la transversalidad es un proceso activo de cambio o transformación en las concepciones de un problema público y un método de gestión que requiere de una planeación concertada y coordinada entre agencias, actores y proyectos entre agencias diversas que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para responder con mayor eficacia a los problemas sociales".
ANEXO 1. CORRESPONDENCIA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA POR ESTRATEGIA
En el presente Anexo se establece de manera enunciativa y no limitativa la correspondencia por estrategia de las instituciones participantes en la ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.
Tomando en cuenta el carácter transversal de este Programa, así como de sus líneas acción, la correspondencia de estrategias de las dependencias y entidades incluye en su mayor parte a quienes integran la Red DH(61). Se hace mención específica de algunas dependencias, atendiendo a la relevancia que tendrá su participación en estrategias determinadas. Las excepciones mencionadas obedecen a que las facultades de las dependencias no determinan una participación directa.
Objetivo 1. Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos
Estrategia
Dependencias/entidades
1.1. Asegurar que la gestión de la
Administración Pública Federal se apegue a la
reforma
Red DH
1.2. Promover la armonización legislativa
conforme a los contenidos constitucionales
establecidos en la reforma
Secretaría de Gobernación
1.3. Impulsar la colaboración entre los Poderes y
órdenes de gobierno en el proceso de
implementación de la reforma
Red DH (con excepción de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo)
Secretaría de Gobernación
1.4. Difundir entre la población los contenidos
de la reforma constitucional de derechos
humanos
Red DH (con excepción de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico)
1.5. Evaluar el proceso y los impactos de la
implementación de la reforma constitucional de
derechos humanos
Red DH (con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes)
 
Objetivo 2. Prevenir las violaciones de derechos humanos
Estrategia
Dependencias/entidades
2.1. Fortalecer la incidencia de la capacitación
de derechos humanos en la Administración
Pública Federal
Red DH
Secretaría de la Función Pública
Procuraduría Agraria
2.2. Transversalizar las perspectivas de
derechos humanos, de género, de inclusión y no
discriminación en la política educativa nacional
Secretaría de Educación Pública
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Consejo Nacional de Población
Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
2.3. Impulsar y fortalecer los mecanismos de
alerta para prevenir violaciones de derechos
humanos
Red DH (con excepción de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y Secretaría de Comunicaciones y Transportes)
Instituto Nacional de las Mujeres
Procuraduría Agraria
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
2.4. Fortalecer los mecanismos internos de
control y sanción de la Administración Pública
Federal relacionados con derechos humanos
Red DH
Secretaría de la Función Pública
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
2.5. Impulsar la cultura de paz y resolución
pacífica de conflictos
Red DH (con excepción de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
Procuraduría Agraria
 
Objetivo 3. Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos
Estrategia
Dependencias/entidades
3.1. Asegurar el enfoque de derechos humanos
en la gestión de la Administración Pública
Federal
Red DH (con excepción de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
3.2. Responder a las problemáticas de derechos
humanos de personas y grupos específicos
Red DH (con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes)
Procuraduría Agraria
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Instituto Nacional de las Mujeres.
3.3. Atender las problemáticas de derechos
humanos más señaladas por organismos
nacionales e internacionales
Red DH (con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo)
Secretaría de Salud
Secretaría de Gobernación
Comisión Nacional de Seguridad
Secretaría de la Defensa Nacional
Procuraduría General de la República
Instituto Nacional de las Mujeres
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
3.4. Establecer un esquema para la revisión de
reservas, declaraciones interpretativas y
tratados pendientes de ratificar
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Procuraduría General de la República
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
 
Objetivo 4. Fortalecer la protección de los derechos humanos
Estrategia
Dependencias/entidades
4.1. Fortalecer los mecanismos de exigibilidad y
justiciabilidad de los derechos humanos
Red DH (con excepción de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes)
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Instituto Nacional de las Mujeres
4.2. Garantizar la reparación del daño y la
atención integral a víctimas.
Red DH (con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
Secretaría de Gobernación
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Procuraduría General de la República
Instituto Nacional de las Mujeres
4.3. Garantizar la efectividad de los mecanismos
para atender sentencias, resoluciones o
recomendaciones de organismos nacionales e
internacionales
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Comisión Nacional para Prevenir
Erradicar la Violencia contra las Mujeres
4.4. Promover el enfoque de derechos humanos
y género en el sector privado, así como en las
políticas y actividades empresariales
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Energía
Secretaría de Economía
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Turismo
Instituto Mexicano del Seguro Social
Procuraduría Federal del Consumidor
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Instituto Nacional de las Mujeres
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
 
Objetivo 5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de estado de derechos humanos
Estrategia
Dependencias/entidades
5.1. Garantizar la participación de la sociedad
civil en el diseño, homologación,
implementación y evaluación de políticas
públicas
Red DH (con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo)
Secretaría de Gobernación
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
5.2. Rediseñar los espacios de coordinación
entre dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, en materia de
derechos humanos
Red DH (con excepción de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
Secretaría de Gobernación
5.3. Fortalecer los mecanismos de vinculación
con las entidades federativas y municipios.
Red DH (con excepción de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
Secretaría de Gobernación
5.4. Establecer mecanismos de articulación con
el Poder Legislativo
Secretaría de Gobernación
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
5.5. Establecer mecanismos de articulación con
el Poder Judicial de la Federación
Red DH (con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
Secretaría de Gobernación
5.6. Establecer mecanismos de colaboración
con órganos constitucionales autónomos
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
5.7. Establecer un mecanismo independiente
para la evaluación y seguimiento del Programa
Nacional de Derechos Humanos
Red DH (con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
Secretaría de Gobernación
Secretaría de la Función Pública
 
Objetivo 6. Sistematizar información en materia de derechos humanos para fortalecer las políticas públicas
Estrategia
Dependencias/entidades
6.1. Facilitar la generación y el acceso a la información de derechos humanos
Red DH (con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo)
Secretaría de la Función Pública
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
6.2. Desarrollar sistemas de indicadores que permitan evaluar el goce y ejercicio de los derechos humanos
Red DH (con excepción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
 
________________________
 
 
1     Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Evaluación de impacto de los Programas Nacionales de Derechos Humanos 2004-2006 y 2008-2012, mimeo, diciembre 2013.
2     Ver, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Mexicana, artículo 1.1. de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y artículo I.2.a de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
3     Mayor información disponible en: Anaya, Alejandro. Internalización de las normas internacionales de derechos humanos en México: El papel del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México, 2011.
4     Mayor información en Informe Nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del Anexo de la Resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, 2013, A/HRC/WG.6/17/MEX/1.
5     Una de las acciones más significativas es la suscripción de un Programa de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en diciembre de 2000.
6     Mayor información en: Secretaría de Relaciones Exteriores. Informe de México: Avances y Desafíos en Materia de Derechos Humanos, México, 2011.
7     Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México, 2013, p. 35.
8     El aumento en el número de quejas puede derivarse de varios factores como el incremento real en las violaciones a derechos humanos, mayor accesibilidad de las víctimas a la CNDH para presentar quejas, entre otros.
9     Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, 2013, pp. 18, 19 y 22. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/imagenes_diarios/conocenos/Agenda_2013_1.pdf
10    Ibid. pp. 26, 27, 30, 31, 33, 35 y 36.
11    Por ejemplo, el Programa Nacional Para La Igualdad y no Discriminación, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 y el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos Delitos.
12    Los programas constituyen herramientas para cumplir con el mandato del artículo 1 y 26 constitucionales, por lo que su fundamento es el mismo: los principios de la reforma constitucional y los estándares internacionales.
13    De acuerdo con el artículo primero constitucional, las autoridades de la APF tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidady progresividad.
14    Igualdad y no discriminación, pro persona, enfoque de género, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
15    Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Sentencia de 4 de julio de 2006, párr. 98.
16    Anexo: Resultados del Proceso de Consulta, op. cit., p.179.
17    OECD, PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I), PISA, OECD Publishing, 2013, pp. 26, 36, 104, 113 y 318. Disponible en: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-I.pdf
18    CEDAW, Respuesta al 7° y 8° informe periódico de México presentado el 17 de julio de 2012. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 2012. CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr.27. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-MEX-CO-7-8.pdf
19    Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad, de las instituciones y rediseño del Estado. Informe. Instituto Federal Electoral (IFE) e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), Mayo, 2011, p. 75.
 
20    Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la No Violencia, Datos Nacionales, México, 2013, p. 6.
21    Ibid. p.7.
22    Unidad de Comunicación Estratégica de Transparencia Mexicana. Índice de percepción de la corrupción 2013. Enfoque para México. 2013, p. 2. Disponible en: http://issuu.com/transparenciamexicana/docs/ipc_2013/3?e=7138783/5865792
23    Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, op. cit., p. 39.
24    Cuando en este Programa se hable del enfoque/perspectivas de derechos humanos se estarán incluyendo: la dimensión de edad o de ciclo de vida, el enfoque de igualdad y no discriminación, inclusión, género, interculturalidad, etnicidad y sustentabilidad.
25    Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. Manual para la Transversalización del Enfoque de Derechos Humanos con Equidad, Guatemala. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/28829.pdf
26    Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, México, 2013, p.42. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/imagenes_diarios/conocenos/Agenda_2013_1.pdf
27    Human Rights Watch. Los desparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada, 2013. Disponible en: http://www.hrw.org/node/113779
28    Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, op.cit., p. 47.
29    Informe sobre la visita a México, Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Doc. CAT/OP/MEX/1, 2010, párr.144
30    Ibid. párr. 225.
31    Human Rights Watch, Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, Desapariciones y Tortura en la guerra contra el narcotráfico de México, 2011, p. 6.
32    Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr. 245.
33    Más información en el Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del EPU, párr. 25-30.
34    Coalición por los derechos de las personas privadas de la libertad en el Sistema Penitenciario Mexicano, Informe EPU sobre Sistema Penitenciario en México 2013, México, 2013, pp. 9 y 10.
35    Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman vs México, Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 133.
36    Caso García Cruz y Sánchez Silvestre (16 de diciembre de 2013), caso Cabrera García y Montiel Flores (26 de noviembre de 2010), caso Rosendo Cantú y otra (31 de agosto 2010), caso Fernández Ortega y otros (30 de agosto 2010), caso Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2009), caso González y otras (campo algodonero) (16 de noviembre de 2009), caso Castañeda Gutman (6 de agosto de 2008).
37    La reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar no ha sido aprobada por el Congreso. Mayor información en Acceso a la justicia en México: La constante impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. Informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos con motivo del Examen periódico Universal, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 2013.
38    Respecto al tema, el caso González y Otras (Campo Algodonero) vs. México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es emblemático.
39    Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del EPU, 2013, párrafos. 60-66
40    Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega y otros vs México, Sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafos. 78, 146, 195.
41    El 11 de marzo de 2003 se creó la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos para contar con una política integral en materia de derechos humanos que permita dar uniformidad a las acciones tanto en el ámbito nacional como en el exterior y logre la coordinación en la toma de decisiones para fortalecer el cumplimiento del mandato constitucional en derechos humanos. En ella participan 9 Secretarías de Estado y, con carácter de invitadas, organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos y representantes de otros Poderes.
42    Se cuenta con áreas de derechos humanos en las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Desarrollo Social, Salud, Comunicaciones y Transportes, así como en la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También la Procuraduría General de la República tiene un área específica.
43    La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADLE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).
44    Consejo de Derechos Humanos, Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo, Ginebra, 2013, párr. 6.
45    Evaluación de impacto de los Programas Nacionales de Derechos Humanos 2004-2006 y 2008-2012, op. cit.
46    Comité Coordinador de Seguimiento y Evaluación del PNDH, Primer Informe de Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos, SEGOB, 2006.
47    Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Análisis del Programa Nacional de Derechos Humanos (2008- 2012), México, D. F., septiembre 2008, p. 4.
48    Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y Otras (Campo Algodonero) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009, párr. 118 y 120.
49    INCIDE Social, Consultoría para el seguimiento a la institucionalización del Enfoque de Derechos Humanos e implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), Marco conceptual y metodológico, 2013, p. 7.
50    Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 142.
51    Al tratarse de un indicador de nueva creación, no se cuenta con una serie de datos históricos. La línea base se plantea en cero ya que se carece de información en torno a la posible revisión y propuesta de armonización de alguna norma administrativa partiendo de la reforma constitucional de derechos humanos. Se trata de un proceso inédito. Al no contarse con una compilación de la totalidad de disposiciones normativas administrativas en cada Dependencia del gobierno de la República, a través de la Mesa permanente de revisión, se establecerá la base de la cual se partirá.
52    Al tratarse de un indicador de nueva creación, no se cuenta con una serie de datos históricos que se establezca en la línea base.
53    Al tratarse de un indicador de nueva creación, no se cuenta con una serie de datos históricos que se establezca en la línea base.
54    Al tratarse de un indicador de nueva creación, no se cuenta con una serie de datos históricos que se establezca en la línea base.
55    Se toman en cuenta los indicadores desarrollados por CONAVIM y OACNUDH en materia de violencia contra las mujeres, los indicadores en materia del derecho humano a un ambiente sano y el derecho al agua con SEMARNAT, así como los elaborados por el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
56    Tomado del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018. Dicho Programa toma como referencia a Scott, J. W., Gender and the politics of History Columbia, University Press. 1999.
57    Exigibilidad y justiciabilidad de la DESCA en la Ciudad de México. Coedición con Deca, Equipo Pueblo, A. C.1a ed., núm. 4, México,2006, p.8.
 
58    Tomado del Manual y Protocolo para la elaboración de políticas públicas de Derechos Humanos conforme a los nuevos Principios Constitucionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Secretaría de Gobernación, en presa.
59    Pinto, Mónica, El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos, La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales, Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales-Editorial del Puerto, 1997, p. 163.
60    Faúndez Ledesma, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: aspectos institucionales y procesales. San José, Costa Rica, 2004, p.27.
61    La RED-DH se encuentra conformada por: Secretaría de Gobernación (SEGOB), Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH), Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos (DGPPDH), Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos (DGEADH), Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH), Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC), Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Instituto Nacional de Migración (INM), Unidad de Política Migratoria (UPM), Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Consejo Nacional de Población (CONAPO), Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Economía (SE), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Secretaría de Salud (SS), Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Procuraduría Agraria, Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de la Función Pública (SFP), Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), Consejería Jurídica del Ejecutiva Federal (CJEF), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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