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DOF: 31/12/2015
REGLAS de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016

REGLAS de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2016.

MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en los Artículos 14, 16, 17 bis Fracción III, 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 74, 75, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción I de la Ley de Vivienda; 176, 178 y 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los Artículos aplicables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente y 1, 4, 5 y 6 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y
CONSIDERANDO
Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su artículo 74 dispone que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, de las entidades. Los titulares de éstas serán responsables, en el ámbito de sus competencias, que éstos se otorguen y ejerzan, y podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales aplicables.
Que en este marco, el Articulo 77, Fracción I de la citada Ley, dispone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación los criterios generales a los cuales se sujetarán las Reglas de Operación de los programas.
Que la Ley de Vivienda establece en sus artículos 5, 19 fracciones XIV y XXII y 86, que los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, las diversas necesidades habitacionales, así como la capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y suelo, promover la calidad de la vivienda, la formación, actualización y capacitación integral para profesionistas.
Que el día 16 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprobó el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2013-2018, cuyos objetivos 3 y 4 relativos a la política de vivienda establecen "Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes" y "Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional", respectivamente. De manera que estas Reglas de Operación comparten estos propósitos.
Que con fecha 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, mismo que recoge las estrategias de la Política Nacional de Vivienda presentada por el Presidente de la República el 11 de febrero de 2013, la cual presenta un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda rural. Que con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales, el Programa de Infraestructura, dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación, deberá identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de los Programas Transversales del Ejecutivo Federal.
Que la Unidad Responsable del Programa deberá considerar que las acciones y apoyos del Programa, cumplan criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad social; por tal motivo, la infraestructura de vivienda favorecerá la accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el hogar beneficiario.
Que para implementar dichas acciones, el Programa de Infraestructura podrá realizar los ajustes necesarios en su planeación y operación, estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional correspondientes, sin menoscabo de lo establecido en las presentes Reglas de Operación y de las metas establecidas, así como en función de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal.
 
Por lo que se tiene a bien emitir las presentes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2016
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Introducción
En el marco de la Planeación Nacional del Desarrollo, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre otras acciones, impulsar la construcción de vivienda digna, obras de infraestructura básica y equipamiento para el desarrollo regional, en sus vertientes rural y urbana.
El desarrollo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene como objetivo fundamental el "mejorar las condiciones de vida de la población y proporcionarle los medios para participar plenamente en las esferas económica, política y social".
En el informe que ofrece el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, se establece que el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades reales de las que gozan las personas. De acuerdo a este enfoque, el ser humano es el objeto central del desarrollo y parte de éste implica concentrar recursos para la vivienda, infraestructura básica, equipamiento urbano y servicios con la finalidad de que las personas tengan acceso a una vida digna.
A través de la dotación de vivienda, infraestructura básica, equipamiento urbano y servicios a la población, se generan las condiciones físicas y espaciales para que la población lleve a cabo, de manera satisfactoria, sus actividades diarias dentro del territorio que habitan propiciando un mayor desarrollo individual y colectivo.
En este contexto, la SEDATU a través del Programa de Infraestructura, promueve la realización de obras de ampliación y mejoramiento de la vivienda, infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, que faciliten el funcionamiento y el desarrollo de actividades en las ciudades así como las acciones de Participación Comunitaria para las personas que habitan en las Zonas de Actuación del Programa.
ANTECEDENTES
En virtud de la reforma que tuvo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013, el Programa Rescate de Espacios Públicos (S175) y el Programa Hábitat (S048) dejaron de estar coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para sectorizarse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
De acuerdo a la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, se estableció la fusión de los Programas: S048 Hábitat, S256 Fomento a la Urbanización Rural (FUR), S175 Rescate de Espacios Públicos (PREP), S253 Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales (PRRUH) y S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (re-sectorizado del Ramo 20, Desarrollo Social en el nuevo Programa S273 "Programa de Infraestructura" que se instrumentará a partir del Ejercicio Fiscal 2016, conforme a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.
Hasta el ejercicio 2015, los programas presupuestarios que se fusionan atendieron a poblaciones asentadas en zonas con problemáticas similares, con obras de mejoramiento del entorno urbano y acciones sociales que atienden la integralidad del individuo y el desarrollo comunitario. Estas zonas presentan alto grado de rezago social, déficit de servicios urbanos básicos e infraestructura comunitaria, además de condiciones de vulnerabilidad social. Con esta fusión se logrará mejorar la atención a la población beneficiaria de una manera integral, considerando tanto las deficiencias en la calidad y los espacios en la vivienda, como las carencias en los servicios básicos de las mismas.
Cabe señalar que estas zonas se ubican en localidades de distintos tamaños, es decir, con población menor a 2,500 habitantes (FUR, PDZP), hasta ciudades de más de 15,000 habitantes que pertenecen al Sistema Urbano Nacional (Hábitat, PREP, PRRUH).
La fusión involucra además el Programa S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), operado por SEDESOL, el cual, aunque atiende a población en condiciones de pobreza, tiene un enfoque territorial y cuyos instrumentos de intervención están relacionados con mejoramiento de la vivienda e
infraestructura social, por lo que es más congruente su resectorización al Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, responsable del aspecto territorial y de la vivienda, de acuerdo con el Artículo 41 Fracción I de la Ley Orgánica de la Ley de la Administración Pública Federal. Esto es congruente con lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación a través de la Auditoría de Desempeño 13-0-20100-07-0180 de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013.
La creación del Programa de Infraestructura, pretende resolver la problemática asociada a la presencia de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes.
Este nuevo programa tiene como objetivo proveer bienes y servicios, tanto de infraestructura como de participación social, que contribuyan a crear un espacio público adecuado y favorable para el desarrollo comunitario de los hogares y un entorno seguro que propicie el fortalecimiento del tejido social y la vida en comunidad.
PROBLEMÁTICA
Las ciudades y zonas metropolitanas concentran a siete de cada 10 mexicanas y mexicanos y continuarán creciendo como resultado del incremento natural de la población; asimismo, la configuración político-geográfica del país promoverá un aumento de las zonas conurbadas y metropolitanas en los próximos años; se prevé que para el 2030 la población urbana representará el 75.2 por ciento de la población total nacional.
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), al comienzo del Siglo XXI, México alcanzó un alto grado de urbanización y en 2010 más de la mitad de su población (72.3%) vive en Zonas Metropolitanas, conurbadas y centros urbanos lo cual exige mayor atención en materia no sólo de salud, educación y empleo, sino también de transporte público, calles, espacios públicos, abasto de agua, vivienda, reserva territorial, así como requerimientos nuevos que surgen con el crecimiento de las ciudades.
Sin embargo, este crecimiento ha sido generalmente desordenado, sin planificación, generando así zonas urbanas poco consolidadas y con condiciones precarias de habitabilidad, sin garantizar la accesibilidad y conectividad entre distintos puntos de las ciudades donde se ofrecen servicios públicos indispensables, para garantizar a los hogares la calidad de vida que merecen.
En las últimas décadas, la expansión de la mancha urbana se ha caracterizado por el crecimiento de las ciudades hacia las zonas periféricas, y por una disminución de la concentración poblacional y la densificación en sus zonas centrales. Ello, se ha traducido en un abandono creciente de viviendas en los centros urbanos y en el crecimiento de la demanda de mayores recursos para dotar con infraestructura básica a las áreas suburbanas.
Otro factor trascendental que afecta las condiciones de vida de los habitantes de las zonas urbanas, es la problemática generada por el fenómeno delictivo que inhibe y afecta, entre otras situaciones, el adecuado aprovechamiento y las condiciones físicas de la infraestructura destinada a la convivencia, la interacción y la relación comunitaria, que de manera general tienen un impacto negativo en el tejido y la cohesión social. Del mismo modo, se han desatendido las necesidades de movilidad y accesibilidad del sector con menor ingreso económico. Es decir, la mayor parte de los usuarios del transporte público, la bicicleta o el desplazamiento a pie, carecen de opciones de calidad para acceder a empleo, bienes y servicios.
Este proceso ha traído consecuencias negativas como una caída en las condiciones de la vivienda. De acuerdo con datos del CONEVAL, 14.8 millones de mexicanas y mexicanos se encuentran en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda, de los cuales 10.2 millones presentan hacinamiento; y 25.4 millones en situación de carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, de los cuales 16.1 millones aún no tienen chimenea cuando usan carbón o leña para cocinar, 9.9 millones aún no tienen agua potable y 9.7 millones aún no tienen drenaje. Además este proceso de crecimiento desordenado ha producido un entorno deteriorado, calles y acceso de calidad deficiente o inexistentes en algunas zonas, en donde, además,
la población se enfrenta a condiciones de vulnerabilidad social que aumentan las posibilidades de generar violencia e inseguridad.
La situación de rezago social y pobreza que presentan los 1,080 municipios del país, que integran las Zonas de Atención Prioritaria Rurales 20151, así como las localidades con grado de marginación alto o muy alto, donde la incidencia en los rezagos por servicios básicos y calidad y espacios de vivienda, así como insuficiencia en la infraestructura social básica es alta, son expresión de la contrastante desigualdad que se observa a nivel nacional entre entidades federativas. Este contexto determina la necesidad -en el ámbito de la política pública- de contar con estrategias diferenciadas de desarrollo local y regional, que tengan como objetivo último cerrar las brechas de desigualdad que existen en el país.
Esta problemática deriva primordialmente de las condiciones de aislamiento y dispersión geográfica de las localidades, característica naturalmente asociada a una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, situación que limita la ejecución de los programas y políticas públicas; asimismo, es frecuente observar que estos territorios son los que presentan finanzas públicas débiles, imposibilitando a las autoridades locales la resolución de los rezagos mencionados, y donde los ingresos familiares resultan insuficientes para cubrir las necesidades más básicas.
De acuerdo con esta perspectiva, la SEDATU a través del Programa de Infraestructura, busca atender de forma integral en coordinación con los gobiernos locales y la sociedad organizada, el déficit de la vivienda, servicios urbanos básicos, infraestructura y equipamiento, tanto en el ámbito rural como urbano, a través de la ejecución de proyectos integrales que contribuyan al desarrollo humano en las Zonas de Actuación del Programa.
En este mismo sentido, es de suma importancia contar con instrumentos de política pública que permitan la atención de los distintos ámbitos del bienestar, tanto en el espacio físico de la localidad como en aquél donde se desarrolla la vida cotidiana y social más próxima âla viviendaâ a fin de propiciar la atención integral de los territorios.
Como parte de las políticas de inclusión social, y un Estado democrático y políticamente plural, se incorpora como principio esencial la perspectiva de género, por lo que se procura la habilitación de espacios públicos donde se concrete un nuevo modelo de empoderamiento para las mujeres, superando de tal forma la violencia de género, basándose en tres ejes rectores: Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Interculturalidad; en estos espacios se busca garantizar los servicios para fortalecer económicamente a la mujer, y en particular a las jefas de familia, procurar la impartición de temas de interés mediante la educación colectiva, atención a la educación y salud sexual y reproductiva de las mujeres, el cuidado y la educación infantil, la capacitación y sensibilización en temas vinculados a los derechos, atención y seguimiento a la problemática de la violencia intrafamiliar, así como cualquier tipo de violencia presentada principalmente en niñas, adolescentes y mujeres adultas y disminuir las brechas de desigualdad y discriminación en las mujeres mexicanas.
De esta manera, el Programa de Infraestructura constituye una herramienta fundamental de la política social con enfoque territorial, bajo la cual se articulan proyectos y acciones para brindar en sus dimensiones de accesibilidad, seguridad y sustentabilidad y otorgar oportunidades de desarrollo a la población que habita en los territorios enunciados.
1.2.  Alineación con los instrumentos de la Planeación Nacional
La SEDATU a través del Programa de Infraestructura se alinea a los instrumentos de planeación nacional para contribuir al:
Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), Meta Nacional II. México Incluyente, Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, las Estrategia 2.2.1 Generar esquemas de desarrollo a través de procesos de participación social, 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda, Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna y la Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure vivienda digna.
 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2013-2018 Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes, la Estrategia 3.3. Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad urbana sustentable en coordinación con gobiernos estatales y municipales, Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo y vivienda rural y gobernabilidad, así como la Estrategia 5.1. Impulsar la urbanización de localidades rurales.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano (2014-2018), Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, Estrategia 1.5. Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas, Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental, Estrategia 2.2. Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de convivencia y participación ciudadana y fortaleciendo el tejido social de las comunidades, así como a la Estrategia 2.1, que busca reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria de la población que habita en Zonas de Atención Prioritaria y localidades marginadas.
Programa Nacional de Vivienda 2014- 2018, objetivos a) Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda; b) Mejorar la calidad de la vivienda urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda; c) Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda eficazmente a las diversas necesidades de la población; d) Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda; e) Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de Vivienda, y e) Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones en el sector de la vivienda.
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en el objetivo relativo a impulsar el desarrollo urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotadas de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado al suelo, apoyando entre otras las líneas de acción, las tendientes a inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas; a promover el uso intensivo del suelo intraurbano y el aprovechamiento del parque habitacional existente; a fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población, y a incentivar una política de regularización integral del suelo.
Decreto por el que se establece la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012 dispone que las autoridades de los Gobiernos Federal, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones deberán incluir a la prevención social de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas, a través de acciones para favorecer la cohesión social, combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos entre otras.
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos consistentes en cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
Decreto por el que se establece la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2011 en el que se determinan las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
 
El programa se alinea con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, Objetivo Transversal 4 "Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar", en su Estrategia 4.3 "Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda" y en la Línea de Acción 4.3.1 "Promover mecanismos de financiamiento para la adquisición y mejora de las viviendas de las mujeres pobres"
En cuanto a las prioridades sectoriales, este Programa se alinea al Objetivo 2 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2014-2018, el cual tiene como propósito construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social.
De la misma manera se alinea con el Programa Sectorial Comunicaciones y Transporte 2013-2018, mismo que remarca la importancia y liderazgo que SEDATU debe asumir en la implementación de una Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable. Su Objetivo 3 establece la necesidad de generar condiciones para una movilidad integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.
Este programa también se alinea al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2014-2018, en el que se hace énfasis en el liderazgo de SEDATU a través de su Objetivo 2 donde señala la importancia de promover el diseño e instrumentación de una planeación urbana que promueva el transporte y la movilidad; así como a la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013-2018, haciendo énfasis en lo establecido en su Eje Estratégico 3 transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.
1.3.  Glosario de Términos
Para los efectos de estas Reglas de Operación se entenderá y utilizará cada uno de los siguientes términos, en singular o plural, según corresponda, con inicial mayúscula o con mayúsculas, como indica su definición.
I.     Accesibilidad: Garantizar que el acceso físico esté al alcance visual de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad, o condición social;
II.    Accesibilidad universal: Se refiere a las condiciones de diseño y operatividad que deben cumplir los entornos y servicios para ser aprovechados por todas las personas, atendiendo los distintos tipos de capacidades, en condiciones de seguridad, calidad y comodidad;
III.    Acta de entrega-recepción: Se refiere al documento que elabora el ejecutor al término de la obra física y que es suscrito por representantes de la Delegación de la SEDATU, de los gobiernos locales y la comunidad beneficiada. En ella se describen los conceptos de obra realizados y el presupuesto ejercido, asimismo, se establecen los compromisos y/o acuerdos entre participantes para el óptimo funcionamiento, cuidado y conservación del proyecto integral;
IV.   AGEB: Área Geoestadística Básica, definida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las Áreas Geoestadísticas Municipales. Constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus características se clasifican en dos tipos: rurales y urbanas;
V.    Ampliación de la vivienda: Modalidad del Programa en la que la solución habitacional consiste en el incremento en la superficie construida de la vivienda, que implique la adición de al menos una cocina, baño o dormitorio, pudiendo incluir criterios de eficiencia en el uso de recursos naturales, asi como ecotécnias y ecotecologías para la implementación del diseño bioclimático en la rehabilitación tanto de la envolvente como al interior;
VI.   Anexo técnico de autorización: Documento que contiene la información básica del proyecto para su autorización, modificación o cancelación, que es elaborado por el ejecutor y se imprime a través del Sistema de Información;
VII.  Anteproyecto arquitectónico: Planteamiento general de la propuesta arquitectónica del espacio público a rescatar que responde a las necesidades de la comunidad, el entorno y la normatividad aplicable; integrado por al menos un plano arquitectónico de conjunto y presupuesto de obra. El plano arquitectónico de conjunto deberá reflejar el diseño de la superficie total del proyecto a intervenir;
VIII.  Aportación local: La participación en recursos monetarios directos o en especie aportados por los
gobiernos locales o por otras dependencias, organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios u otros aportantes que se encuentren legalmente reconocidos y cumplan con la normatividad respectiva;
IX.   Área de influencia: Define el marco de referencia geográfico en el cual se realiza la(s) intervención del Programa;
X.    Áreas y bienes de uso común: Son aquellos que pertenecen en forma proindiviso a los condóminos y su uso está regulado por la legislación aplicable en cada entidad federativa, la escritura constitutiva y el reglamento interno de la unidad habitacional;
XI.   Asamblea General: Es el órgano máximo de representación de los condóminos, constituye la máxima instancia en la toma de decisiones en asuntos de interés propio o común, constituida legalmente en los términos de la legislación aplicable en cada entidad federativa;
XII.  Beneficiarios: Son los hogares que reciban o resulten beneficiados por la realización de acciones o proyectos del Programa.
XIII.  Calidad de vida: Alude al bienestar en todas las facetas de la población, atendiendo satisfactores como: salud, educación, crear condiciones de habitabilidad en los barrios existentes; así como de sentido de pertenencia a una comunidad o grupo social, entre otros;
XIV. Calle completa: Se trata de la redistribución del espacio de la vialidad para permitir el acceso seguro para todas las personas usuarias: las y los peatones, ciclistas, personas usuarias de transporte público y automovilistas de todas edades y habilidades. Esta técnica aplica principalmente en vialidades primarias. Las estrategias de Calles Completas dan prioridad a las y los peatones y ciclistas, así como las condiciones para moverse de forma segura;
XV.  CDC: Centro de Desarrollo Comunitario, espacio público donde se promueve la organización y participación comunitaria, a través de la realización de acciones sociales;
XVI. Centros urbanos: Ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen características de conurbación o zona metropolitana;
XVII.Ciudad: A los centros urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas de acuerdo al Sistema Urbano Nacional (SUN), que constituyen el ámbito territorial del Programa;
XVIII.           Ciudad de las Mujeres: Espacio público en el que se brinda atención integral para la mujer, con servicios especializados en salud sexual y reproductiva, atención a la violencia de género, empoderamiento económico y atención infantil;
XIX. CLC: Cuenta por Liquidar Certificada;
XX.  Cohesión social: Se refiere a la construcción de sociedades más inclusivas, en la que las personas integrantes de una comunidad  participan de manera activa en los asuntos públicos, reconocen y toleran las diferencias, tienen acceso a los bienes y servicios públicos para mejorar su calidad de vida, todo esto en un entorno dónde las instituciones promueven entre la colectividad relaciones de unidad, confianza, equidad y solidaridad;
XXI. Comité de Validación: Es el máximo órgano de decisión del Programa;
XXII.Comité vecinal: Personas integrantes de una colonia que de forma consensuada, identifican los problemas que aquejan a los espacios públicos y su área de influencia, priorizan las posibles alternativas de solución, además gestionan apoyos ante las autoridades competentes;
XXIII.           CONAVI: a la Comisión Nacional de Vivienda;
XXIV.           Condominio o unidad habitacional: Inmueble de interés social cuya propiedad pertenece proindivisa a varias personas, que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil Federal o en la legislación aplicable en cada entidad federativa, constituidos con un mínimo de 100 viviendas bajo el régimen de propiedad condominal construidas en forma vertical, horizontal o mixta, y que poseen áreas de uso común susceptibles de ser intervenidas por el Programa;
XXV.Condómino: Persona física propietaria de una o mas viviendas ubicadas en un edificio de la unidad habitacional;
XXVI.           Conductas antisociales: Cualquier acción o conducta que atente contra la integridad
personal y/o el orden socialmente aceptado;
XXVII.          Conductas de riesgo: Todos aquellos comportamientos que implican factores que incrementan la aparición de consecuencias adversas o desfavorables para el individuo, los cuales lo pueden llevar a involucrar en problemáticas como: violencia, adicciones, infecciones de transmisión sexual, embarazos no planeados en adolescentes, suicidio, entre otros;
XXVIII.         Conectividad: Cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de vínculos entre territorios y actividades que se interrelacionan. De esta manera, la representación física del concepto abstracto de conectividad es el que de una estructura que está conformada por una red de corredores que sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas entre distintos puntos del territorio;
XXIX.           CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
XXX.Contexto territorial: Son los aspectos que trascienden el ámbito individual e influyen en las opciones de vida de las personas. Su análisis considera elementos comunitarios o locales, cuya identificación descansa en criterios territoriales. Considera el entorno en el cual se desenvuelven los procesos sociales que comprenden u originan la pobreza;
XXXI.           Contraloría social: Forma de organización y participación comunitaria para el seguimiento y verificación de la realización de las obras y acciones y la correcta aplicación de los recursos del Programa de Infraestructura;
XXXII.          Conurbación: Conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más localidades geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana de por lo menos 15 mil habitantes;
XXXIII.         Convocatoria pública: Se refiere a la invitación que emitirá la SEDATU para la presentación de las propuestas de intervención en los espacios públicos que realizarán los gobiernos locales;
XXXIV.         Crecimiento de las ciudades: Se refiere a la expansión de la superficie de la ciudad, es decir del área urbana; así como al aumento de población;
XXXV.          Cruzada: a la Cruzada Nacional contra el Hambre;
XXXVI.         CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica;
XXXVII.        Delegación: la representación de la SEDATU en las entidades federativas;
XXXVIII.       Desarrollo Habitacional: Grupo de viviendas integradas de manera horizontal o vertical que cuenta con la dotación de infraestructura y servicios urbanos;
XXXIX.         Diagnóstico del espacio público: Es un instrumento que permite registrar las condiciones físicas del espacio público y la problemática social de su entorno con la participación de los habitantes del área de influencia;
XL.  Discapacidad: Concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y de las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás;
XLI. Diseño universal de espacio público: Aquél espacio que tiene como objetivo desde su planeación, diseño, construcción y mantenimiento, garantizar la continuidad de rutas accesibles, libre de obstáculos, asi como la dotación de servicios e infraestructura, con el fin de garantizar a todas las personas su accesibilidad, aprovechamiento y disfrute;
XLII. DGPP: Dirección General de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
XLIII.           Ecotecnologías: A todas las formas de ingeniería ecológica que utilizan los avances de la tecnología para satisfacer las necesidades humanas, minimizando el impacto ambiental en sus procesos y operación, adopta fundamentos holísticos y de desarrollo sostenible con dispositivos ahorradores de agua, luz y gas entre otros;
 
XLIV.           Ejecutores o ejecutoras: Instancias responsables de llevar a cabo las obras y acciones apoyadas con recursos de este Programa; dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, o cualquier persona moral, que acorde a su objeto o fines y contando con las autorizaciones que la SEDATU requiera.
XLV.Equipamiento: Bien mueble y/o inmueble que complementa la funcionalidad de la infraestructura;
XLVI.           Espacios generales nuevos: Espacios públicos que no fueron rescatados por el Programa en ninguno de sus tipos de intervención;
XLVII.          Espacio público: Lugar de encuentro como plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines, espacios deportivos, culturales y turísticos, centros de barrio, centros de desarrollo comunitario, Ciudad de las Mujeres, calles, zonas aledañas a corredores y estaciones de transporte masivo, entre otros, donde cualquier persona tiene derecho de acceder y se caracteriza por ser un ámbito por y para el ejercicio de la vida en sociedad; representa el lugar idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, de desarrollo personal, de capacidades y de esparcimiento; destinados al uso y disfrute de la comunidad;
XLVIII.         Espacio público, inmueble o área de valor histórico: Sitio público que está considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, y otras instancias federales competentes como de valor histórico, artístico o cultural;
XLIX.           Espacio público intervenido: Se refiere a un espacio público que presentaba deterioro físico, abandono o inseguridad y que al ser intervenido con proyectos gubernamentales, desarrolla condiciones físicas y sociales que son favorables para el uso y disfrute de la comunidad; todo ello en un ambiente de seguridad y propicio para la sana convivencia de la comunidad;
L.    Etapas posteriores: Se refiere a los espacios públicos que han sido apoyados mediante el tipo de intervención general a partir de 2013;
LI.   Gestión de la movilidad: Conjunto de estrategias encaminadas a cambiar el comportamiento de viaje de las personas para reducir el uso del automóvil y propiciar viajes sustentables;
LII.   Gobiernos locales: Hace referencia a los Estados y Distrito Federal, municipios, y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
LIII.  Hábitat: Infraestructuras y servicios básicos y complementarios en el entorno de una población, que junto con otros factores materiales condicionan la calidad de vida de un grupo de personas en zonas determinadas ya sea Urbana, Suburbana o Rural;
LIV. Hacinamiento: Situación que presentan los habitantes de una vivienda en la cual el número de personas por cuarto âcontando la cocina pero excluyendo pasillos y bañosâ es mayor o igual a 2.5, tal y como lo establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en la Metodología para la Medición de la Pobreza;
LV.  Hogares: persona o conjunto de personas que viven en una misma vivienda, que hacen vida en común y que son beneficiarios por las obras y/o acciones del Programa.
LVI. Informe de resultados: es el documento que elabora la Instancia Ejecutora y será aplicable para las vertientes del programa que lo requiera;
LVII. Infraestructura básica: Son las redes básicas de conducción y distribución, de agua potable, electricidad, drenaje pluvial, sanitario y planta de tratamiento de agua;
LVIII.           Infraestructura complementaria: Se refiere a guarniciones, banquetas, rampas, pasos peatonales, pavimento, señalización y alumbrado público;
LIX. Instancias ejecutoras: Son las responsables de llevar a cabo las obras y acciones apoyadas con recursos del programa;
LX.  Instrumento jurídico: Acuerdo, anexo o convenio de ejecución, coordinación o concertación que suscriba la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con los ejecutores y/o el gobierno de la entidad federativa y/o municipio correspondiente, con Organizaciones de la Sociedad Civil, beneficiarios u otras instancias legalmente reconocidas para acordar su instrumentación, compromisos y
responsabilidades de las instancias participantes en apego a las Reglas de Operación y demás legislación aplicable, así como el monto de los recursos federales convenidos para llevar a cabo las acciones determinadas;
LXI. Inventario de espacios públicos: Es la relación de espacios públicos existentes en el ámbito territorial susceptible de intervención por parte del Programa y que presentan problemas de deterioro, abandono o inseguridad.
LXII. Manual de Operación: Documento que contiene los procesos administrativos y operativos internos a los que se deben apegar las instancias participantes para orientar las actividades contempladas en las presentes Reglas de Operación. Este Manual de Operación estará disponible en el portal electrónico de la SEDATU;
LXIII.           Marginación: Fenómeno estructural múltiple que valora dimensiones, formas e intensidades de exclusión en el proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios. La fuente oficial para determinar el grado de marginación a nivel de entidad federativa, municipio y localidad, así como en el ámbito urbano, es el Consejo Nacional de Población;
LXIV.           Mejoramiento de vivienda: Modalidad del Programa en la que la solución habitacional consiste en la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación, pudiendo incluir criterios de eficiencia en el uso de recurso naturales que promuevan la mejora del confort térmico y la habitabilidad de la vivienda, tales como ecotécnias, ecotecnologías y criterios de diseño bioclimático tanto en la envolvente como en el interior, que propicien una vivienda digna, decorosa y sustentable;
LXV.Mitigación de cambio climático: Tiene como objetivo reducir los efectos del cambio climático, minimizar daños potenciales a través de acciones y obras específicas en un espacio físico determinado;
LXVI.           Modalidad: Se refiere a las estratégicas específicas de cada una de las vertientes del Programa;
LXVII.          Movilidad: Derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de personas y bienes para acceder mediante capacidad de desplazarse de un lugar a otro;
LXVIII.         Movilidad urbana sustentable: Se refiere a aquellos desplazamientos multimodales, seguros y eficientes que propician la reducción del uso de vehículos particulares motorizados y se realizan en condiciones de equidad, tanto en las vialidades como en el espacio público de un área urbana consolidada;
LXIX.           Necesidades de vivienda: Son las viviendas del parque habitacional que requieren ser reemplazadas, o necesitan una ampliación y/o mejoramiento debido a sus características en materiales, espacio y/o instalaciones, más la suma de las viviendas que se necesitan debido al crecimiento poblacional;
LXX.Organizaciones de la sociedad civil: Aquella entidad privada sin ánimo de lucro con personalidad jurídica plena integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines específicos;
LXXI.           Participación comunitaria: Intervención de las y los habitantes de las comunidades en el diagnóstico, planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos integrales, a fin de asegurar que las propuestas atiendan a las necesidades locales;
LXXII.          Personas o población beneficiada: Son las personas que habitan los hogares beneficiados por el Programa de Infraestructura;
LXXIII.         Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;
LXXIV.         Pertenencia comunitaria: Proceso que permite a la ciudadanía el establecimiento de
vínculos para su participación en una comunidad, una red social o de relación de confianza entre grupos;
LXXV.          Plan de Actuación Local para la Prevención de la Violencia: Instrumento de planeación a partir del cual se definen las zonas con mayores índices de inseguridad, delincuencia y presencia de conductas de riesgo y se identifican los espacios públicos que de acuerdo a sus condiciones de deterioro, abandono o inseguridad sean susceptibles de intervención. Su elaboración promueve la coordinación interinstitucional para la búsqueda de alternativas integrales en materia de inseguridad. El documento estará integrado por un diagnóstico, estrategias de intervención, pautas de gestión y aplicación y medidas de evaluación;
LXXVI.         Pobreza extrema de alimentación: Hogares y sus integrantes que se encuentran en situación de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación.
LXXVII.        Prevención: Medidas dirigidas a detectar, sensibilizar, informar y formar a la población con el propósito de evitar la aparición de factores que provocan la ocurrencia de conductas de riesgo y/o antisociales;
LXXVIII.       Prevención social de la violencia y la delincuencia: Es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan;
LXXIX.         Programa: al Programa de Infraestructura;
LXXX.          Proindiviso: Se emplea para los bienes muebles o inmuebles en el que existen varios copropietarios;
LXXXI.         Proyecto: Obras o acciones que corresponden a una modalidad del Programa y que es apoyado con subsidios federales y aportaciones locales;
LXXXII.        Proyecto integral: Conjunto de obras y/o acciones de cada una de las modalidades del Programa que se complementan y contribuyen a un objetivo común;
LXXXIII.       Reglamento Interno de la Unidad Habitacional: Documento mediante el cual se establecen los derechos y obligaciones de los propietarios de inmuebles ubicados en una unidad habitacional;
LXXXIV.       Reglas de Operación: a las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura;
LXXXV.        Rezago social: Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. La fuente oficial para determinar el grado de rezago social a nivel de entidad federativa, municipio y localidad es el CONEVAL;
LXXXVI.       SEDATU: a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
LXXXVII.      Seguridad ciudadana: El concepto se distingue del de seguridad pública por la participación de nuevos actores sociales en su procuración. La seguridad ciudadana asume que otras instituciones locales, estatales, del sector privado y sobre todo de la sociedad civil, es decir, la ciudadanía y sus organizaciones sociales o barriales, juegan un rol importante en la seguridad. La seguridad ciudadana pone énfasis en las labores de prevención y control -antes que represión- de los factores que generan violencia e inseguridad;
LXXXVIII.     SFP: a la Secretaría de la Función Pública;
LXXXIX.       SHCP: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XC.  Sistema de Información: Sistema Informático de captura y seguimiento de los proyectos del Programa de la SEDATU;
XCI. Sitios Históricos: Lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico, así como los centros históricos de las ciudades que se encuentran inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
 
XCII.Subsecretaría: A la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XCIII.           SUN: Sistema Urbano Nacional, conjunto de ciudades de 15 mil y más habitantes, que se encuentran relacionadas funcionalmente, y cualquier cambio significativo en alguna de ellas propicia, en mayor o menor medida, alteraciones en las otras. Éste se integra por 384 ciudades que se clasifican en: zonas metropolitanas, conurbaciones y centros urbanos, identificados y definidos a partir del marco geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2010;
XCIV.           Tejido social: Conjunto de relaciones efectivas que inciden en la forma personal para interactuar, producir, y relacionarse en los ámbitos familiar, comunitario y laboral; constituyen un activo para las personas y la sociedad para ampliar y mejorar su calidad de vida;
XCV.           UPPEI: Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU.
XCVI.           URP: Unidad Responsable del Programa, es decir, la Unidad de Apoyo a la Infraestructura y Servicios adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
XCVII.          Viaje: Traslado que se hace de un lugar a otro, partiendo de un origen hasta su destino. Los motivos de viaje son variados, acceso a bienes y servicios, relaciones sociales, trabajo, etc.;
XCVIII.         Vertientes: Son las estrategias generales de intervención dentro del Programa, las cuales se encuentran enumeradas en el capítulo 4 de las presentes Reglas de Operación;
XCIX.           Vivienda: Ámbito físico espacial que presenta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones vitales básicas ubicadas dentro de un desarrollo habitacional;
C.    Zona de Actuación del Programa: Área Geoestadística Básica (AGEB) con déficit en infraestructura básica y complementaria, que no presenta asentamientos irregulares ni zonas de alto riesgo;
CI.   Zonas metropolitanas: Agrupación en una sola unidad de municipios completos que comparten una unidad central y están altamente interrelacionados funcionalmente. También se consideran a los centros urbanos mayores a un millón de habitantes aunque no hayan rebasado su límite municipal y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas transfronterizas mayores a 250 mil habitantes;
CAPÍTULO 2. DE LOS OBJETIVOS
2.1.  General
Mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza.
2.2.  Específicos
Efectuar intervenciones públicas integrales mediante la ejecución de proyectos que correspondan a una o varias de las siguientes premisas:
2.2.1   Dotar de infraestructura básica y complementaria a los hogares asentados en áreas urbanas, suburbanas y rurales, bajo un enfoque sustentable.
2.2.2   Rescatar calles y espacios públicos en condiciones de deterioro, abandono o inseguridad y mejorar la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios.
2.2.3   Ejecutar proyectos de Participación Social en los Centros de Desarrollo Comunitario, Espacios Públicos y Unidades Habitacionales, que fortalezcan las capacidades individuales y colectivas de los habitantes y atiendan la integralidad de las personas y su comunidad, el desarrollo de habilidades para el trabajo, la promoción de la equidad de género e inclusión social, la organización y la participación comunitaria.
2.2.4   Rehabilitar áreas comunes que se encuentren en viviendas en condominio, Unidades y Desarrollos Habitacionales, mediante obras de mejoramiento físico.
2.2.5   Mejorar la disponibilidad de servicios básicos, así como la calidad y espacios de la vivienda, bajo un enfoque incluyente y sustentable, mediante obras de ampliación y/o mejoramiento; e infraestructura
social comunitaria, y la conectividad, seguridad y accesibilidad en los desplazamientos de los peatones, usuarios de bicicleta y del transporte público.
2.2.6   Incentivar la implementación de proyectos de alto impacto social que sean replicables y escalables por los municipios, y que busquen la concurrencia de recursos con otras entidades del gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y la sociedad.
2.2.7   Fortalecer las capacidades de las instancias ejecutoras en términos de formulación de proyectos, monitoreo y ejecución del programa.
2.2.8   Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la incorporación gradual de la Perspectiva de Género.
2.2.9   Promover la participación comunitaria en las obras de infraestructura y de mejoramiento y/o ampliación de la vivienda.
CAPÍTULO 3. LINEAMIENTOS
3.1.  Población Potencial
La población potencial está conformada por aquellos hogares que se encuentran ubicados en AGEB'S con necesidades de vivienda o; déficit de infraestructura básica y complementaria; o con espacios públicos que presentan condiciones de deterioro, abandono o inseguridad; o con población asentada en unidades y desarrollos habitacionales cuyas áreas y bienes comunes presentan condiciones de deterioro.
3.2.  Población Objetivo
La población objetivo está conformada por los hogares que se encuentran ubicados en AGEB'S con déficit alto y muy alto de infraestructura básica, complementaria y equipamiento pertenecientes a municipios con grado de marginación medio, alto y muy alto, así como localidades con espacios públicos que presentan condiciones de deterioro, abandono o inseguridad, o con población asentada en unidades y desarrollos habitacionales cuyas áreas y bienes comunes presentan condiciones de deterioro.
3.3.  Cobertura
El Programa tendrá una cobertura a nivel nacional.
3.4.  De los beneficiarios
Son beneficiarios del programa los hogares pertenecientes a la Población Objetivo que reciban o resulten beneficiados por la realización de acciones de mejoramiento y/o ampliación de vivienda, de proyectos integrales de infraestructura básica o complementaria y/o acciones de Participación Comunitaria.
3.4.1. Derechos y obligaciones de los beneficiarios
La población beneficiaria tiene derecho a:
a)    Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo y sin discriminación alguna;
b)    Recibir asesoría por parte de la URP, Delegaciones y/o instancias ejecutoras, respecto al Programa y procedimientos para la solicitud de apoyos;
c)     Recibir del ejecutor los apoyos conforme a las disposiciones del Programa;
d)    Interponer las quejas y denuncias en los términos establecidos en el Capítulo 13 de las presentes Reglas de Operación; y
e)    Formar parte de los comités comunitarios de obra o acción del Programa, de conformidad con lo establecido en los Programas Sociales Federales, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de julio de 2013;
La población beneficiada de los proyectos integrales realizados por el Programa tendrán las siguientes obligaciones:
a)    Cumplir con lo establecido en las presentes Reglas de Operación;
b)    Manifestar, si les fuera requerido bajo protesta de decir verdad, datos personales relativos a nombre,
edad, sexo, domicilio, situación socio-económica, grado máximo de estudios, número de dependientes económicos, fecha y lugar de nacimiento, CURP; así como la información relativa al ejercicio de los recursos otorgados (tal como el destino final de los recursos);
c)     Aplicar para los fines autorizados los apoyos recibidos;
d)    Aceptar y facilitar verificaciones, auditorías e inspecciones;
e)    Proporcionar la información requerida por la URP, Delegaciones, instancias ejecutoras, instancias fiscalizadoras o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos otorgados, así como la supervisión de parte de las instancias de la SEDATU y las que ésta determine;
3.4.2. Padrones de Beneficiarios
La URP deberá elaborar, administrar e integrar padrones de beneficiarios, ya sean personas físicas y/o morales para lo cual tendrá que ajustarse a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). Dichos padrones serán remitidos a la UPPEI dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su Artículo 15, numeral XI.
Acorde a la mecánica de operación de las vertientes, será obligación de las Instancias Ejecutoras la alimentación del Padrón de Beneficiarios.
Para el caso de Personas físicas o de cualquier otro tipo de registro administrativo que por su naturaleza dentro de la información recabada se encuentre la Clave Única de Registro de Población (CURP), ésta será el identificador principal para la conformación del Registro Universal de Participantes Agrarios, Territoriales y Urbanos (RUPATU), por lo que se deberá capturar al momento del llenado del instrumento de información socioeconómica que corresponda, sin que la presentación de la CURP sea condicionante para la aplicación del instrumento y en su caso, tampoco para la incorporación ni para el otorgamiento de los apoyos, debiendo prever en la misma operación del Programa, los periodos y mecanismos para complementar los registros con esta clave.
Las claves y nombres geográficos de entidades federativas, municipios y localidades registradas en los padrones de personas beneficiarias, deberán corresponder a las establecidas en el Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades (INEGI) del periodo correspondiente. El catálogo podrá ser consultado a través de la página de internet: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx
Para realizar aclaraciones de las localidades que in situ no existan o difieran en la ubicación geográfica, claves o nombres geográficos a los registrados en el Catálogo, las personas interesadas deberán apegarse al procedimiento de actualización permanente del catálogo, mismo que podrá consultarse en el portal del INEGI a través de la siguiente URL: http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2kData/evidencias/PHC.pdf
El domicilio geográfico para la integración de los padrones de personas físicas y/o, personas morales, deberá regirse por el modelo de estructura de datos establecido en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos vigente emitida por el INEGI, misma que podrá ser consultada a través de la página de internet:
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/dom_geo.aspx; el Programa deberá considerar que aquellas localidades levantadas en el último evento censal pudieran presentar cambios en su clave geográfica, lo que representa que modifiquen o pierdan su información censal.
CAPÍTULO 4. DE LAS VERTIENTES DEL PROGRAMA
4.1.  Vertientes
El Programa de infraestructura se dividirá para su ejecución en las siguientes vertientes:
a)    Infraestructura para el Hábitat.
 
b)    Espacios Públicos y Participación Comunitaria:
b.1. Habilitación y Rescate de Espacios Públicos.
b.2. Rescate y Reordenamiento de Unidades Habitacionales.
b.3. Ciudad de las Mujeres.
c)    Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda.
4.1.1 Obras y acciones generales de las Vertientes
Las obras y acciones generales de las Vertientes estarán orientadas a los siguientes rubros:
a)    INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT
a.1. Obras para introducción o mejoramiento de servicios, infraestructura básica y complementaria en el medio urbano, suburbano y rural.
a.2. Construcción o rehabilitación de vialidades que mejoren la accesibilidad, conectividad y seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
a.3. Protección, conservación y revitalización de sitios históricos.
b)    ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
b.1. Habilitación y Rescate de Espacios Públicos y Participación Comunitaria
b.1.1. Proceso de construcción y apropiación social del espacio desde el diagnóstico del espacio público, diseño participativo, supervisiones y construcción social, gestión y mantenimiento.
b.1.2. Impulsar la organización y participación de la ciudadanía en los procesos de diagnóstico del espacio público y evaluación de la situación de inseguridad y violencia, así como de planeación, ejecución y operación de los proyectos de infraestructura, con la finalidad de promover desde el inicio su apropiación, pertenencia y conservación.
b.1.3. Construir, ampliar, habilitar o rehabilitar espacios públicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, turísticas, deportivas que favorezcan procesos de activación, convivencia y cohesión social comunitaria, así como de movilidad sustentable con sentido de accesibilidad universal.
b.1.4. Construir, ampliar y mejorar el alumbrado público, infraestructura peatonal y ciclista, intersecciones y otras obras necesarias alrededor del espacio para la vinculación con equipamientos públicos, así como con otros espacios públicos y con estaciones de transporte público, que brinden accesibilidad universal y seguridad a la población en general.
b.1.5. Construir, ampliar, dotar y/o rehabilitar el mobiliario urbano y equipamientos para el correcto funcionamiento de los espacios públicos, tomando en cuenta, entre otros aspectos, la prevención situacional del delito, con sentido de equidad e inclusión social.
b.1.6. Implementar acciones de mejora, conservación y adecuación de los espacios públicos para su debido aprovechamiento y que contribuyan a su sustentabilidad y la seguridad ciudadana.
b.1.7. Mejoramiento de vías y accesos, así como el establecimiento de rutas, senderos y paraderos seguros para las y los peatones, ciclistas y señalización, que incentiven la intermodalidad con corredores y estaciones de transporte público.
b.1.8. Impulsar la conformación de contraloría social, comité vecinal y redes sociales como forma de organización y participación comunitaria para impulsar los procesos de apropiación, uso, aprovechamiento, y cuidado del espacio público, para fortalecer los procesos de convivencia y cohesión social comunitaria, desarrollo de ciudadanía, así como para que se realicen acciones de seguimiento, supervisión y vigilancia de
la ejecución de las obras y acciones y la correcta aplicación de los recursos públicos.
b.1.9. Promover e implementar estrategias para el uso y aprovechamiento del espacio público, tales como actividades recreativas, artístico-culturales, turísticas y deportivas y las que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de interacción, integración, convivencia y aprovechamiento del tiempo libre en la comunidad, así como el desarrollo de habilidades para el trabajo, la inclusión social, perspectiva de género, seguridad comunitaria y otras medidas dirigidas a prevenir conductas antisociales y de riesgo.
b.2. Rescate y Reordenamiento de Unidades Habitacionales.
Las siguientes acciones estarán orientadas a unidades y desarrollos habitacionales ubicados en los municipios o localidades que forman parte de la población objetivo:
b.2.1 Remozamiento y pintura de fachadas, techos y guarniciones, así como impermeabilización de azoteas;
b.2.2 Rehabilitación, habilitación o equipamiento de corredores, escaleras, senderos, explanadas, locales de administración, portería, caseta de vigilancia, y los destinados a las instalaciones generales y servicios comunes; instalaciones deportivas, áreas de recreo, de ornato y convivencia; estacionamientos; biciestacionamientos, calles interiores, placas de nomenclatura y señalamientos viales; pórticos, galerías, rejas y puertas de entrada; bardas o rejas perimetrales; sitios y depósitos para el acopio de basura, sustitución de luminarias, tinacos, cisternas, tanques de gas estacionarios comunitarios.
b.3. Ciudad de las Mujeres
b.3.1 Habilitar espacios públicos adaptables a cada región donde se concrete un nuevo modelo de empoderamiento económico que integra la provisión de servicios de calidad bajo un mismo techo.
b.3.2 Estos espacios serán destinados a la construcción y habilitación de centros integrales para servir a la mujer, donde los diferentes órdenes de gobierno, implementaran distintos módulos de servicios de fortalecimiento económico, educación colectiva, atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, atención a la problemática de las adolescentes, atención a la problemática de la violencia intrafamiliar.
b.3.3 Se contemplarán bibliotecas, zonas de recreación y estimulación infantil, entre otras en favor de los descendientes de las mujeres beneficiarias.
c)    AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Se destinarán apoyos para obras y acciones de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda en población en situación de pobreza y con carencia por calidad y espacios en la vivienda, en los términos definidos por El CONEVAL, preferentemente se apoyará la construcción de un cuarto adicional en aquellas viviendas cuyos habitantes presenten hacinamiento.
4.2.  Tipos y montos de apoyo
Para cada vertiente se enuncian a continuación las categorías generales de apoyo:
4.2.1. Infraestructura para el Hábitat
Para la ejecución de esta vertiente se contemplarán los siguientes tipos de intervención, obras y acciones, así como los montos máximos y las aportaciones federales y locales, conforme a la siguiente tabla:
 
Tipos de Obras y Acciones
Monto Máximo
Aportación
Federal
Aportación
Local
General
 
·   Obras de introducción o mejoramiento de servicios.
·   Obras de Infraestructura básica en el medio urbano, suburbano y rural.
·   Obras de infraestructura complementaria en el medio urbano, suburbano y rural.
$4,000,000
Hasta el 60% del costo del proyecto
Al menos el 40% del costo del proyecto
Movilidad
·   Construcción o rehabilitación de vialidades que mejoren la accesibilidad, conectividad y seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
Hasta el 50% del costo del proyecto
Al menos el 50% del costo del proyecto
Históricos
Obras y acciones dirigidas a la protección, conservación, revitalización y repoblamiento, aplicadas únicamente dentro del ámbito territorial reconocido como sitio histórico y en sus accesos viales que sean autorizados por la URP.
Hasta el 50% del costo del proyecto
Al menos el 50%del costo del proyecto
 
4.2.2. Habilitación y Rescate de Espacios Públicos
El apoyo federal cubrirá hasta el 50 por ciento del costo del proyecto y se complementará con la aportación de los gobiernos locales que deberá representar al menos el otro 50 por ciento, en los casos que se requiera la aplicación de acciones sociales se destinará el 10 por ciento del total del costo del proyecto. Las propuestas de espacios públicos se llevarán a cabo a través de tres tipos de intervención:
I.     General Nuevo: Corresponde a propuestas de espacios públicos intervenidos por primera ocasión. Se incluye a aquellos espacios públicos de nueva participación en el programa que únicamente requieran apoyos para su consolidación.
II.     Etapa Posterior: Aquellos espacios intervenidos en ejercicios anteriores y que por su magnitud fueron contemplados a rescatar en más de un ejercicio fiscal.
III.    Consolidación: Aplica para las propuestas de espacios públicos rescatados a partir del ejercicio 2013 que requieren de apoyos para realizar obras y/o acciones que complementen sus requerimientos de operación.
El monto máximo de apoyo federal estará determinado por el tipo de intervención y de espacio público, conforme a la siguiente tabla:
Tipos de intervención
Tipos de espacio
Monto
Máximo
Aportación
Federal
Aportación
Local
General Nuevo
Espacios recreativos, parques, plazas, unidades deportivas, riberas, frentes de mar, parques lineales, infraestructura peatonal y ciclista, intersecciones seguras para peatones y ciclistas, zonas de transito calmado, calles completas y accesos a equipamiento y servicios, bahías para el ascenso y descenso de usuarios del transporte público biciestacionamientos, sistemas de bicicletas públicas, espacios de intermodalidad e integración en corredores y estaciones de transporte público, sistemas para la gestión de la movilidad y andadores, Centros de Desarrollo Comunitario, entre otros.
3,000,000.00
Hasta el 50% del costo del proyecto
Al menos el 50% del costo del proyecto
Etapa Posterior
3,000,000.00
Hasta el 50% del costo del proyecto
Al menos el 50% del costo del proyecto
Consolidación
750,000.00
Hasta el 50% del costo del Proyecto.
Al menos el 50% del costo del proyecto
 
Participación Comunitaria
Acciones para potenciar su funcionamiento, ofrecer una mayor seguridad y dar continuidad a los trabajos realizados por la comunidad.
Al menos el 10% del costo total de los proyectos será destinado a este tipo de intervención.
4.2.3. Rescate y Reordenamiento de Unidades Habitacionales
Se apoyará la realización de proyectos dirigidos a rehabilitar, habilitar o equipar las áreas y los bienes de uso común que se encuentran dentro de las Unidades y Desarrollos Habitacionales tales como espacios resilientes y seguros en caso de siniestros, mejora en áreas comunes, rescate de jardines y áreas verdes y cuidado de los mismos, habilitación de áreas recreativas y deportivas, educación y armonía condominal, entre otras.
Las acciones deberán estar disponibles para uso y aprovechamiento de los residentes. Los montos de apoyo máximo de los subsidios federales por unidad habitacional serán de:
Modalidad
Concepto
Monto Máximo
(pesos)
Aportación
Federal
Aportación
Local
Mejoramiento Físico (MF)
Exterior por vivienda
10,000.00
Al menos el
80% del
costo total
de las obras
y acciones
Hasta el
20% del
costo total
de las obras
y acciones
Mantenimiento,
infraestructura en áreas
comunes y estudios
técnicos asociados a la
realización de las obras
de MF.
9,000,000.00
 
Para el caso de la aportación de los beneficiarios ésta será con recursos monetarios directos, o bien, a través de la aportación en mano de obra, materiales, maquinaria y/o equipo, lo cual será acordado previamente con la URP. El registro de las aportaciones de los beneficiarios corresponderá a la instancia ejecutora.
La Asamblea General de condóminos será responsable de sufragar el costo del uso de los servicios públicos que generen las obras y servicios apoyados por el Programa.
En los casos en que las propuestas de intervención consideren en su totalidad la realización de acciones de sustentabilidad, imagen urbana, utilización de eco tecnologías y equipamientos urbanos que contribuyan a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, la URP dará prioridad para aprobar la intervención de viviendas en su exterior, en los desarrollos y unidades habitacionales hasta por tres
intervenciones conforme a las necesidades y prioridades, con los mismos porcentajes señalados en el primer párrafo de este artículo. Los proyectos respectivos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé realizar las obras y acciones.
4.2.4. Ciudad de las mujeres
El apoyo federal cubrirá hasta el 80 por ciento del costo del proyecto, siendo el monto máximo de $80,000,000 y se complementará con la aportación local que deberá representar al menos el otro 20 por ciento del valor total del proyecto.
Los gobiernos locales podrán acreditar este porcentaje poniendo a disposición del proyecto un lote con servicios y vialidades previamente valuado, que deberá ser aprobado por el Comité de Validación.
Modalidad
Concepto
Monto Máximo
(pesos)
Aportación
Federal
Aportación
Local
Ciudad de las Mujeres
Construcción y habilitación de espacios públicos integrados por distintos módulos que conforman centros integrales donde se proporcionan diversos servicios en favor de las mujeres.
80,000,000.00
Hasta el
80% del
costo total
del proyecto
Al menos el
20% del
costo total
de las obras
y acciones
4.2.5. Participación Comunitaria
Preferentemente, las vertientes de este Programa, deberán contener un componente de participación comunitaria para impulsar los procesos de apropiación, uso, aprovechamiento y cuidado del espacio público y otros equipamientos públicos.
Las acciones sociales estarán enfocadas al fortalecimiento de la cohesión social comunitaria y el desarrollo de ciudadanía bajo un enfoque de derechos, perspectiva de género e inclusión social, permitiendo así mejorar la calidad de vida de la población beneficiada con la ejecución de actividades integrales.
El programa podrá intervenir bajo las siguientes modalidades:
a)    Organización y participación comunitaria.
b)    Desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo.
c)     Promoción de habilidades individuales y sociales para la equidad de género, la prevención de violencias, inclusión social y el acceso a derechos.
Las acciones y los talleres que se implementen, así como las actividades que fortalezcan las capacidades y fomenten la organización y participación comunitaria, serán determinados conforme a las necesidades que se detecten en torno a las zonas con rezago social.
4.2.6. Ampliación y/o mejoramiento de la vivienda
El programa apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del Programa y cuyos habitantes se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda. Se dará prioridad a la construcción del cuarto adicional en hogares que presenten hacinamiento.
Modalidad
Concepto
Monto Máximo
(pesos)
Aportación
Federal
Aportación
Local
Ampliación y/o Mejoramiento
de la Vivienda
Construcción de un
cuarto adicional
45,000.00
Hasta el
100%
Hasta el
66%
Piso (24 m2)
7,200.00
Hasta el
100%
Hasta el
66%
Muro (40m2)
22,000.00
Hasta el
100%
Hasta el
66%
Techo (40m2)
22,000.00
Hasta el
100%
Hasta el
66%
Estufa ahorradora de
leña
Hasta 3,000.00
Hasta el
100%
Hasta el
66%
Baños ecológicos
Hasta 30,000.00
Hasta el
100%
Hasta el
66%
 
Las obras y acciones financiadas con el Programa podrán estar en coinversión con otros programas, órdenes de gobierno y fondos federales, en particular con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. La coinversión de recursos se realizará en estricto apego a la normatividad aplicable.
4.3.  Criterios y requisitos de elegibilidad
El programa dará prioridad a las obras y acciones que:
a)    Contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada.
b)    Incluyan participación financiera de estados y/o municipios.
c)     Incluyan mano de obra de la comunidad donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
d)    Habiendo sido aprobados en ejercicios fiscales anteriores, no hubiesen sido ejecutados en todo o en parte por razones de índole presupuestaria.
e)    Cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares del padrón de personas beneficiarias de PROSPERA Programa de Inclusión Social y del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del Programa.
f)     No obstante el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario del programa, la URP, tomará en cuenta para su decisión de apoyo, que el proyecto propuesto cumpla con criterios de inclusión social, sustentabilidad social y equidad en términos de la legislación y programas en la materia, enunciando sin limitar, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, Programa Nacional de Juventud, Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia entre otros.
4.3.1. Criterios y requisitos de elegibilidad para la vertiente de Infraestructura para el Hábitat
Bajo el principio de focalización y para evitar la dispersión de los recursos, el Programa dirige los subsidios federales y las aportaciones de recursos financieros de los gobiernos locales para apoyar la ejecución de obras y acciones en las Zonas de Actuación del Programa que cumplan los siguientes requisitos:
I.     Presentar déficit en infraestructura básica y complementaria.
II.     Estar claramente delimitadas y localizadas dentro de las AGEBs.
III.    Estar en situación regular con respecto a la propiedad de la tierra y al uso del suelo.
IV.   No estar ubicadas en zonas de reserva ecológica, áreas de riesgo, zonas arqueológicas y áreas naturales protegidas.
4.3.2.           Criterios y requisitos de elegibilidad para la vertiente de Espacios Públicos y
Participación Comunitaria
4.3.2.1. Habilitación y Rescate de Espacios Públicos
Se podrán contemplar los sitios no confinados de espacios públicos, inmuebles o áreas de valor histórico, artístico, cultural o turístico, siempre y cuando no interfieran o afecten dicho valor. En este caso, se deberá cumplir estrictamente con las disposiciones legales y normativas aplicables para realizar cualquier acción en este tipo de espacios.
Los espacios públicos propuestos para ser intervenidos deberán cubrir los siguientes requisitos:
a)    Estar ubicados en el ámbito territorial de la población potencial del Programa conformada por los municipios con 15,000 o más habitantes que integran SUN y estar debidamente delimitados.
b)    Los ejecutores deberán entregar el formato de elegibilidad del espacio público debidamente requisitado, en el que se incluirá la documentación que acredite la propiedad, posesión, usufructo o servidumbre de la federación o del estado a favor del municipio.
c)     Presentar problemas de deterioro, abandono o inseguridad.
d)    Los proyectos integrales de intervención general de primera vez o espacios de nueva participación, deberán estar acompañados de un diagnóstico del espacio público sobre el deterioro físico del espacio público a rescatar y la problemática social que presenta la población que vive en las colonias y barrios ubicados a su alrededor. Dicho diagnóstico será elaborado por el municipio y deberá estar avalado por la Delegación de la SEDATU y representantes de la comunidad.
e)    Presentar el anteproyecto arquitectónico de los espacios públicos que por su dimensión territorial sea necesario rescatar en diferentes etapas, señalando todas las áreas susceptibles de apoyo por parte del Programa. En todos los casos se evitará la dispersión de obras.
f)     Contar con los anexos técnicos de autorización de las obras y acciones del proyecto integral
4.3.2.2. Rescate y Reordenamiento de Unidades Habitacionales.
Los criterios de selección serán los siguientes:
a)    Las unidades habitacionales susceptibles de selección deberán ser de interés social con al menos 20 años de antigedad, constituidas con un mínimo de 100 viviendas, que presenten condiciones de deterioro de sus áreas y bienes comunes, y estar ubicadas en las ciudades con más de 50,000 habitantes.
b)    Podrán ser susceptibles de apoyo los desarrollos habitacionales, viviendas en su exterior y áreas comunes para mejorar la imagen urbana y su entorno.
c)     Para efectos del acceso a los apoyos del Programa, se considerará de interés social la vivienda vertical cuya superficie máxima sea de 90 metros cuadrados en uno o más niveles, o, en su caso, lotes de hasta 120 metros cuadrados en vivienda horizontal.
d)    Serán susceptibles de apoyo las unidades habitacionales de interés social que cumplan con los siguientes requisitos: El municipio donde se asienta la unidad habitacional deberá contar con una norma sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, o bien, hacer constar que para la realización de acciones en la materia se rigen conforme a lo dispuesto en la normativa estatal;
e)    Contar con el acta constitutiva de los condóminos como asociación civil sin fines de lucro;
f)     Cumplir con las disposiciones normativas locales que garanticen la propiedad condominal;
g)    Presentar condiciones de deterioro de sus áreas y bienes comunes;
h)    Garantizar la conservación y mantenimiento de los trabajos de mejoramiento físico financiados por el Programa.
La solicitud de apoyo deberá presentarse a través del representante formal determinado por la Asamblea General, entregada de manera oficial en la Delegación y/o en la URP.
 
I)     Solicitud de un representante del desarrollo habitacional, especificando los datos de la Organización de la Sociedad Civil bajo la cual se realizarán los trabajos de Mejoramiento Físico;
II)    Diagnóstico con número de viviendas, superficie del desarrollo habitacional y población beneficiaria;
III)    Anexo Técnico de Autorización para Mejoramiento Físico correspondiente.
4.3.2.3. Ciudad de las Mujeres.
Los criterios de selección serán los siguientes:
a)    Contar con el 20 por ciento de aportación por parte de los gobiernos locales, en los términos del numeral 4.2.4 de las presentes Reglas de Operación.
4.3.3.           Criterios y requisitos de elegibilidad para la vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda
Cualquier persona, sin distinción alguna podrá obtener el subsidio federal siempre que:
a)    Acredite la carencia de calidad y espacios de la vivienda o la de servicios básicos de la vivienda a través del levantamiento de la CUIS correspondiente.
b)    No ser propietario de una vivienda distinta a aquella en la que se aplicará el subsidio federal.
c)     Que la vivienda no esté ubicada en zonas de reserva ecológica, áreas de riesgo, zonas arqueológicas, y áreas naturales protegidas.
d)    Presente la solicitud del subsidio debidamente requisitada, la cual será proporcionada por la entidad ejecutora.
CAPÍTULO 5. DE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES
5.1.  Instancia Normativa
La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la URP, será la instancia normativa del programa y encargada de dirigir, planear, programar, coordinar y evaluar su funcionamiento.
5.2.  Instancias Ejecutoras
Podrán ser Instancias Ejecutoras del Programa de Infraestructura las siguientes:
a)    Los gobiernos municipales o demarcaciones territoriales del Distrito Federal;
b)    Los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal;
c)     Las organizaciones de la sociedad civil;
d)    Los propios beneficiarios o beneficiarias constituidos en comités comunitarios de obra o acción del Programa;
e)    La SEDATU en aquellos casos que el Comité de Validación determine.
f)     Las dependencias de la Administración Pública Federal o entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal.
g)    Personas morales.
Cuando las organizaciones de la sociedad civil y las personas beneficiarias, constituidos en comités comunitarios de obra o acción del Programa, según sea el caso, actúen como instancia ejecutora del Programa en los términos señalados en el presente numeral, podrán ejecutar varios proyectos, siempre que la suma total de los apoyos de los proyectos no rebase la cantidad de $10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) por Estado, en el ejercicio fiscal correspondiente, cualquier caso de excepción previa justificación deberá ser aprobado por el Comité de Validación.
En los casos que resulte conveniente realizar adquisiciones o contrataciones consolidadas, y a efecto de eficientar el uso de los subsidios federales, la URP será la instancia solicitante y, en su caso, la coordinadora
del proceso ante las instancias correspondientes.
5.2.1 Obligaciones de las Instancias Ejecutoras
Las Instancias Ejecutoras de los proyectos del Programa tendrán las siguientes obligaciones generales:
I.     Suscribir los instrumentos jurídicos de coordinación que correspondan, de acuerdo con las disposiciones aplicables, en estos instrumentos deberá incluirse la conformidad de las partes para acatar la normatividad del Programa y la legislación federal aplicable.
II.     Convenir con las instancias locales competentes la obligación de mantener en buen estado las acciones, obras y equipos apoyados con recursos del Programa, así como vigilar y sufragar su continua y adecuada operación, ésta responsabilidad será considerada como criterio de elegibilidad para las asignaciones presupuestales en el presente y próximos ejercicios fiscales.
III.    Ejercer los subsidios federales conforme a lo dispuesto en estas Reglas de Operación y en la normatividad federal aplicable.
IV.   Proporcionar la información sobre los avances y resultados físicos y financieros de los proyectos, así como la que permita efectuar el seguimiento del Programa, utilizando para ello el Sistema de Información.
V.    Acreditar la propiedad de los inmuebles en los que se desarrollan los proyectos de obra de la modalidad Centros de Desarrollo Comunitario.
VI.   Georreferenciar las obras o acciones usando como base la cartografía digital proporcionada por la URP.
VII.   Integrar y conservar, conforme se establece en la legislación aplicable y en el numeral 7.5, el expediente técnico de cada proyecto, que incluya toda la documentación comprobatoria de los actos que se realicen en su ejecución y de los gastos efectuados con recursos del Programa.
VIII.  Elaborar y mantener actualizado un registro de los subsidios federales y de los recursos financieros locales aportados y ejercidos.
IX.   Abrir una cuenta bancaria productiva para la administración de los recursos federales aportados por el Programa y otra para los recursos locales, mismas que deberán ser verificadas por la Delegación y posteriormente notificadas a la URP, en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a sus aperturas, remitir mensualmente a la Delegación copia de los estados de cuenta correspondientes; enterar los recursos no ejercidos y los rendimientos financieros a la TESOFE, así como informar de esto último a la Delegación, a la URP y a la DGPP.
X.    La supervisión directa de las obras y acciones estará a cargo del Ejecutor, por lo que éste deberá dar todas las facilidades a las áreas y órganos competentes para llevar a cabo la fiscalización y verificación de las acciones y proyectos apoyados por el Programa.
5.3 Instancias Auxiliares
Las Delegaciones, en coordinación con las instancias ejecutoras, serán responsables de dar cumplimiento, verificar y atender lo dispuesto en estas Reglas de Operación y en la normatividad aplicable al Programa.
Las Delegaciones en general, y en particular los representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Programa de Infraestructura en cada entidad federativa, serán los responsables directos de verificar en campo los proyectos que se autoricen y que se presenten para su validación en las áreas responsables de la vertiente.
Asimismo, deberán dar seguimiento a la ejecución, operación y ejercicio del gasto de los proyectos e informar mensualmente su evolución a la URP a través del área responsable de la vertiente.
Para el desarrollo de las acciones del Programa, las aportaciones de los gobiernos locales podrán hacerse a través de recursos monetarios directos o bien mediante la realización de proyectos complementarios o
aportaciones en especie, incluida la provisión de materiales, uso de maquinaria y equipo siempre y cuando sean acordadas previamente con la Delegación y los costos imputados estén dentro de las condiciones de mercado.
a)    Las aportaciones locales y de la SEDATU, se llevarán a cabo de acuerdo a lo señalado en la normatividad aplicable. Cada instancia será responsable de mantener un registro de sus aportaciones conforme proceda.
b)    En el caso de que los gobiernos locales acuerden con Organizaciones de la Sociedad Civil, personas beneficiarias u otras instancias reconocidas, aportaciones en mano de obra o en especie, la o el ejecutor será el responsable de cuantificarlas de conformidad con el salario mínimo vigente y/o los precios locales de los bienes aportados; la Delegación verificará lo anterior.
Los solicitantes, por conducto de las instancias ejecutoras, podrán presentar los proyectos de apoyo y propuestas de inversión a la Delegación que corresponda, instancia que de acuerdo al análisis técnico-normativo de cada uno de los proyectos y conforme a la disponibilidad presupuestaria del Programa, analizará la viabilidad o no de los mismos, de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.3 de estas Reglas de Operación.
Los domicilios y datos telefónicos de las Delegaciones donde los interesados podrán acudir o solicitar información, pueden ser consultados en la página electrónica de la SEDATU. Las solicitudes de apoyo deberán ser presentadas de conformidad con las presentes Reglas de Operación y acompañadas de la documentación requerida que corresponda, de no ser así se hará del conocimiento de las personas interesadas antes de ingresar la solicitud explicándole el procedimiento a seguir.
Las Delegaciones deberán enviar al área responsable de la vertiente un informe mensual de las solicitudes presentadas, durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato al mes que se reporta, en el que se especifiquen las causas por las que fueron consideradas viables o no. Asimismo, deberán informar al área responsable de la vertiente el listado de ejecutores que hayan incumplido con los compromisos adquiridos en las presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.
Las Delegaciones no apoyarán obras y/o acciones que estén recibiendo o hayan recibido apoyo por los mismos conceptos de este Programa o de otros programas de la Administración Pública Federal, que implique que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. Asimismo, no podrán apoyar obras o acciones en el ejercicio fiscal correspondiente cuando la instancia ejecutora que solicite el proyecto hubiera recibido apoyos en ejercicios fiscales anteriores y no haya completado en tiempo y forma la comprobación administrativa de la correcta aplicación de los apoyos. No se considerará que se duplican los apoyos en los términos del párrafo anterior, cuando para el cumplimiento de los objetivos del Programa se otorguen distintos tipos de apoyo en la misma localidad o vivienda, para atender de manera integral los rezagos en las carencias de calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda o incrementar el grado de cohesión social.
5.4 Otras instancias
También podrán participar otras instancias públicas, privadas y sociales reconocidas que tengan interés en contribuir al logro de los objetivos del Programa, conforme a las disposiciones normativas aplicables. En todos los casos se suscribirá el instrumento jurídico correspondiente.
CAPÍTULO 6. DE LA UNIDAD RESPONSABLE
6.1.  Unidad Responsable del Programa
La URP será responsable del Programa y estará facultada para:
a)    Interpretar las presentes Reglas de Operación, así como resolver los casos no previstos en las mismas, previa opinión del Comité de Validación.
 
b)    Asesorar a las instancias ejecutoras y otras participantes, en los distintos procesos relacionados con la intervención, operación, conservación y mantenimiento de los proyectos integrales.
c)     Proponer al Comité de Validación la asignación o reasignación de los recursos presupuestarios del programa entre sus diferentes vertientes, así como entre las entidades federativas.
d)    Proponer al Comité de Validación proyectos aquellos que excedan el monto establecido.
e)    Contratar servicios de supervisión externa relacionados con obra pública que se ejecuten en el marco del Programa para atender las funciones previstas en el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
f)     El titular de la URP podrá delegar, mediante oficio circular, atribuciones respecto a la revisión, supervisión, aprobación presupuestal y aquellas que considere necesarias para el ejercicio adecuado del Programa.
g)    Coordinar la consolidación de los padrones de beneficiarios de acuerdo con el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G)
h)    Emitir oficio de distribución de los techos presupuestarios por entidad federativa, aprobados por los Titulares de la Secretaría y de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
La URP, con base en la información proporcionada por las áreas responsables de las vertientes sobre los avances y resultados físicos y financieros de los proyectos aprobados, integrará los informes institucionales correspondientes, asimismo, integrará los informes trimestrales respecto a las acciones realizadas, al presupuesto ejercido y a los avances en las metas e indicadores y los remitirá a la DGPP.
CAPÍTULO 7. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
7.1.  Mecánica de operación
El proceso de operación se sujetará a lo descrito en los siguientes principios generales:
1)    La Instancia Normativa definirá los mecanismos de difusión adecuados para promover y difundir el Programa entre la población Objetivo, y deberá instrumentar a través de su área de Comunicación Social y los recursos con los que ella cuente, un programa de promoción y difusión con cobertura para dar a conocer el Programa.
2)    Las delegaciones deberán brindar asesoría a los solicitantes respecto a los procedimientos a seguir para la presentación y en su caso, aprobación de proyectos.
3)    Los solicitantes podrán presentar la solicitud de apoyo y propuesta de inversión, siempre con apego a lo establecido en estas Reglas de Operación
4)    Las delegaciones recibirán las propuestas de los solicitantes, y una vez recibida la solicitud, si ésta no contiene los datos o no se cumplen los requisitos aplicables, la Delegación tendrá un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su recepción para prevenir al solicitante por una sola vez, para que subsane la omisión en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación, por lo que transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se tendrá por no presentada la solicitud.
5)    Cuando el solicitante presente completos los requisitos, se dará continuidad al trámite. La Delegación enviará oficio con la finalidad de notificar por escrito al interesado la viabilidad o no del proyecto, dentro de los 10 días hábiles siguientes, a partir de que cuente con todos los elementos necesarios para dictaminar, lo cual, entre otros factores, se sujetará a la disponibilidad presupuestaria del Programa. La SEDATU podrá rechazar propuestas de inversión de una instancia ejecutora que haya incumplido compromisos de mantenimiento, operación, o comprobación documental, de otras obras que le hayan sido autorizadas con anterioridad, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar.
 
6)    Los solicitantes, dentro de los 30 días hábiles siguientes, deberán recibir una respuesta por escrito respecto a la viabilidad o no del proyecto una vez analizado por parte de la Delegación.
7)    Una vez aprobado y antes de ejecutar los proyectos, obras o acciones, los participantes deberán suscribir el instrumento jurídico que corresponda para acordar su instrumentación, compromisos y responsabilidades de las partes, así como el monto de recursos federales convenidos para llevar a cabo las acciones.
8)    Las partes deberán captar la información correspondiente al tipo de padrón que se integre.
7.2.  Disponibilidad Presupuestal
De los recursos autorizados al Programa en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, se distribuirá de la siguiente manera: 95.3 por ciento para subsidios y 4.7 por ciento para gastos de operación.
La URP, con base en la emisión de las Declaratorias de Emergencia o Declaratorias de Desastre publicadas por la Secretaría de Gobernación, podrá destinar recursos para la atención y apoyo de las tareas derivadas de la causa de fuerza mayor establecida en dichas Declaratorias, Ejercicio y aprovechamiento de recursos
La SEDATU suscribirá con los gobiernos locales y/o ejecutores, los instrumentos jurídicos respectivos para la instrumentación y operación de los proyectos apoyados por el Programa, donde manifiesten su disposición de participar conforme a lo dispuesto en estas Reglas de Operación y en la normatividad aplicable, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Para lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, la URP, en coordinación con las áreas responsables de las vertientes, realizará una calendarización eficiente de los subsidios federales; asimismo, preverá que las aportaciones se realicen y ejerzan de manera oportuna, en apego a la normatividad aplicable.
Adicionalmente, a partir del 30 de mayo la URP iniciará el proceso de revisión del avance de las obras y acciones, y del ejercicio y comprobación de los recursos en cada municipio. Los recursos que no hubieren sido ejercidos o comprometidos, o cuyas acciones no tuvieren avance de acuerdo a lo programado, podrán ser redistribuidos por la URP, con base en los criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación.
7.3.  De las solicitudes
Los subsidios federales se distribuirán de acuerdo al monto de los recursos acordados en el instrumento jurídico correspondiente a la vertiente del Programa, al orden de recepción de las propuestas de obras y acciones que presenten los gobiernos locales y/o ejecutores en la Delegación de la SEDATU o en la URP según sea el caso y sean registradas en el Sistema de Información, previo cumplimiento de lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación.
7.3.1. Selección y autorización de solicitudes
La selección y autorización de las solicitudes se llevarán a cabo de la forma siguiente:
a)    Para la vertiente de Infraestructura para el Hábitat, mediante la elaboración de un diagnóstico a nivel municipal, se determinarán la problemática, necesidades y prioridades. Con esta base, se determinarán las obras y acciones a realizar y conformará los expedientes técnicos correspondientes.
b)    Para la vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria:
I.     Para la modalidad de Espacios Públicos el gobierno local en conjunto con la comunidad identificará los proyectos integrales a realizar e integrará los expedientes técnicos correspondientes.
II.    Para la modalidad de Unidades Habitacionales, la persona representante de las y los condóminos, hará el planteamiento de las necesidades para el reordenamiento y rescate que serán apoyadas por el programa.
 
c)     Para la vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda, a través del levantamiento del CUIS, las instancias ejecutoras presentarán las solicitudes de apoyo.
Posteriormente, se capturarán las propuestas en el Sistema de Información e imprimirá los anexos técnicos que presentará debidamente requisitados a la Delegación para su análisis y autorización, dentro de la fecha límite señalada en el Oficio de Distribución que establece los plazos de los procesos para la operación del Programa.
La Delegación, en un plazo no mayor a diez días hábiles, remitirá a la URP las propuestas recibidas, a fin de proceder a su validación técnica y normativa y, en un plazo hasta de 20 días hábiles posteriores a su recepción oficial autorizar mediante el otorgamiento de número de expediente.
Los proyectos revisados que presenten observaciones técnicas deberán ser corregidos por la Instancia Ejecutora en un plazo no mayor a diez días hábiles; en caso de no cumplir esta disposición o que sean observadas en más de tres ocasiones se desecharán las propuestas recibidas.
7.3.2. Solicitud de recursos para el apoyo de los proyectos
Una vez aprobado el proyecto, el área responsable de la vertiente emitirá el oficio correspondiente para que a través de la Delegación se haga del conocimiento de la Instancia Ejecutora el número de expediente asignado y posteriormente se hagan los depósitos correspondientes de acuerdo a la estructura financiera del proyecto por parte de la instancia ejecutora y la SEDATU, debiendo ejecutarse las obras dentro del ejercicio fiscal correspondiente.
La instancia ejecutora, una vez que reciba el oficio de aprobación, iniciará los procesos para la contratación y ejecución de las obras y acciones.
La instancia ejecutora en el logro de las metas y ejercicio de los recursos, deberá dar cumplimiento a lo establecido en:
a) El Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que se trate.
b) Las Reglas de Operación.
c) La Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.
d) La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, su Reglamento y su Manual Administrativo de aplicación general.
e) La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y su Manual Administrativo de aplicación general.
f) La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
g) La Ley General de Contabilidad Gubernamental.
h) La Ley de Planeación.
i) La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
j) Lo dispuesto en otras disposiciones legales y normativas federales aplicables.
7.4.  Administración de recursos
Las Instancias Ejecutoras aperturarán cuentas bancarias productivas para administrar los subsidios federales, gestionarán ante la Delegación la liberación respectiva hasta la terminación del proyecto, y serán responsables de presentar a ésta, previo a su captura en el sistema determinado por la SEDATU, la documentación que compruebe el gasto y la conclusión de los proyectos. En caso que la Delegación lo considere necesario podrá solicitar a la Instancia Ejecutora la presentación de la documentación comprobatoria original. Las cuentas bancarias aperturadas por las Delegaciones para administrar los subsidios del Programa, en todos los casos deberán ser productivas y sus rendimientos financieros se
enterarán mensualmente a la Tesorería de la Federación (TESOFE), los cuales se harán del conocimiento de la URP y se remitirá copia de la conciliación bancaria e informará a la Dirección General de Programación y Presupuestación (DGPP).
La radicación de subsidios federales estará sujeta al calendario de gasto anual que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a su debida comprobación por parte de los ejecutores.
Las Instancias Ejecutoras serán responsables de realizar las actividades relacionadas con la operación, administración y ejecución de los recursos, de acuerdo a lo que se establece en las Presentes Reglas de Operación.
En el marco del ejercicio de los subsidios federales, la Delegación deberá verificar durante la ejecución de las obras y acciones, que la Instancia Ejecutora cumpla con la normatividad vigente.
7.5.  Control del ejercicio presupuestario
La instancia ejecutora será responsable de llevar el registro y control de los recursos ejercidos.
I.     Para efectos de comprobación, la URP contará con la siguiente documentación justificatoria:
a)    El convenio de concertación y el anexo técnico de autorización, así como la documentación que se desprenda de ambos.
b)    Copia del expediente técnico del proyecto.
c)    Copia de la CLC que ampara la entrega de los recursos.
d)    Relación de gastos efectuados que incluya la fecha y número de factura o recibo (conforme a las disposiciones emitidas por el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A9), proveedor, Registro Federal de Contribuyentes, descripción del gasto, monto total y, en su caso, la relación de pagos de personal.
II.     Para el ejecutor o la ejecutora la documentación justificatoria estará integrada por lo siguiente:
a)    El anexo técnico de autorización;
b)    El expediente técnico original;
c)    El convenio de concertación celebrado con la SEDATU;
d)    Los contratos con proveedores y contratistas;
e)    Solicitud de apoyo;
f)     Facturas de gastos y nóminas;
g)    Recibos originales que amparan la entrega de los subsidios;
h)    Reintegros, cuando sea el caso;
i)     Relación de Gastos
j)     El acta de entrega recepción de los trabajos ejecutados.
La instancia ejecutora deberá conservar la documentación original que comprueba el gasto efectuado, durante los plazos que dispone la Norma "NACG Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental", publicada por la SHCP en diciembre de 2011; y, estar disponible para ser presentada ante las instancias normativa y fiscalizadoras que lo requieran y para efectos de seguimiento y control, y para su consulta en los términos que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
 
7.6.  Supervisión
Con el propósito de mejorar la operación del Programa, la URP implementará un mecanismo de supervisión físico y operativo de los avances del ejercicio de recursos fiscales, obras y acciones financiadas que deberá ejecutar el área de la vertiente responsable
Adicionalmente, la Delegación de la SEDATU y el área responsable de la vertiente realizarán las acciones de seguimiento para verificar el mantenimiento, conservación y operación las obras y/o acciones. Por su parte, la Instancia Ejecutora proporcionará al personal de la SEDATU todas las facilidades para la realización de estas actividades y será responsable de supervisar la ejecución de las obras, así como de garantizar su cumplimiento conforme a las presentes Reglas de Operación.
7.7.  Avances físico-financieros
Para el seguimiento de los proyectos:
Las Delegaciones deberán reportar de manera trimestral los avances financieros a la URP conforme al formato correspondiente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la conclusión del trimestre correspondiente.
Las Instancias Ejecutoras deberán reportar trimestralmente a la Delegación de la SEDATU, durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato al trimestre que se reporta, y conforme al formato correspondiente al que se apegarán las actividades contempladas en estas Reglas de Operación, los avances físico-financieros de los proyectos aprobados.
En caso de que la Delegación detecte información faltante, comunicará la situación a la Instancia Ejecutora respectiva, detalladamente y por escrito dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción del reporte. En este caso, la Instancia Ejecutora deberá presentar la información y documentación faltante en un plazo que no exceda 5 días hábiles contados a partir de la recepción del comunicado de la Delegación.
La instancia ejecutora será responsable de actualizar permanentemente la información física y financiera en el Sistema de Información, la Delegación verificará y validará lo anterior.
La URP remitirá a la DGPP, el Informe Trimestral sobre el presupuesto ejercido entregado a la instancia ejecutora a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación, a efecto de que la DGPP lo remita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
7.8.  Acta de entrega-recepción
Corresponderá la elaboración del Acta de entrega-recepción de las obras y/o acciones a la comunidad y del informe de resultados a:
a)    La Instancia Ejecutora, será responsable de elaborar y firmar el acta de entrega-recepción de cada una de las obras y/o acciones a la comunidad, así como un informe de resultados cuando se trate de acciones, asegurando la participación en los actos, de los gobiernos locales, de la Delegación de la SEDATU y la comunidad beneficiada a través de comités comunitarios, Organizaciones de la Sociedad Civil y, en su caso, de otros aportantes al proyecto.
b)    La Delegación verificará antes de la elaboración del acta de entrega-recepción de las obras y/o acciones a la comunidad o del informe de resultados, el cierre de obras y la conclusión de acciones, así
como el mecanismo que haya establecido para el mantenimiento y conservación de las obras, precisando, en su caso, la coordinación con empresas, Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas o educativas, u otra instancia; en caso que detecte información faltante, lo hará del conocimiento de la Instancia Ejecutora en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la verificación, para que ésta, a su vez, la complemente y/o solvente en los siguientes 10 días hábiles.
c)     Al concluir la obra o acción, la Instancia Ejecutora, en un plazo no mayor a 30 días naturales, remitirá a la Delegación, al gobierno municipal o estatal, al comité comunitario conformado y, en su caso, a los otros aportantes al proyecto, copia del acta de entrega-recepción de las obras y/o acciones a la comunidad y del informe de resultados.
d)    Los bienes muebles adquiridos a través del Programa deberán estar debidamente relacionados e identificados; dicha relación deberá anexarse al acta de entrega-recepción de las obras a la comunidad o informe de resultado, según corresponda.
7.9.  Cierre de ejercicio
Previo a la elaboración del cierre de ejercicio, las Delegaciones conciliarán con la URP los reintegros reportados por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como las aprobaciones y reintegros extemporáneos, posteriormente con apoyo de las Instancias Ejecutoras, integrarán el Cierre de Ejercicio debidamente firmado por todas las autoridades que intervienen en la elaboración del mismo y remitirán copia a la URP en medios impreso y magnético, dentro de los primeros 30 días naturales posteriores a la publicación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
La URP verificará la congruencia de la información entre el documento y el archivo electrónico. Esta información considerará todos los movimientos presupuestarios de los subsidios federales en el ejercicio fiscal y deberá coincidir con lo registrado en el sistema presupuestario de la SEDATU.
Las instancias ejecutoras no gubernamentales deberán presentar a la SEDATU el informe final de actividades en impresión y medios magnéticos, en los mismos términos señalados en el numeral 7.8 de las presentes Reglas de Operación.
7.10.Cancelación de proyectos y reasignación de recursos
En caso de que los compromisos establecidos por la Instancia Ejecutora no se cumplan, la URP previa solicitud del área responsable de la vertiente propondrá al Comité de Validación la redistribución de las asignaciones originales a otros proyectos en municipios de la misma entidad federativa o a diferentes municipios de otras entidades federativas que participan en el Programa.
Cuando la URP detecte saldos disponibles con base en el calendario de recursos, realizará el movimiento de afectación presupuestal a otra entidad federativa con base en los criterios establecidos en la presente fracción, a efecto de evitar el subejercicio.
Causas de incumplimiento, reducción, retención y suspensión de subsidios federales.
a)    Cuando las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social o de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por medio del Órgano Interno de Control, en el ámbito de sus respectivas competencias, detecten irregularidades en el ejercicio del presupuesto u operación del Programa y sea notificado a la URP, ésta suspenderá la radicación de recursos, e inclusive podrá solicitar su reintegro, así como los rendimientos financieros que, en su caso, se hubieren generado, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables.
b)    Cuando la Delegación detecte faltas de comprobación, desviaciones o incumplimiento a lo convenido en el instrumento jurídico o en la entrega de información de avances y metas alcanzadas, deberá documentar esta situación y notificar a la URP, para tomar una decisión de forma coordinada con base en la normatividad aplicable.
 
c)     La comprobación del gasto deberá realizarse con la documentación que reúna los requisitos fiscales, conforme a las disposiciones vigentes aplicables.
d)    La Delegación verificará que la Instancia Ejecutora cumpla con la normatividad correspondiente en la aplicación de los subsidios federales, así como con la aportación que corresponde a los gobiernos locales.
e)    La Instancia Ejecutora deberá garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en estas Reglas de Operación y demás normatividad aplicable; en caso de incumplimiento, la SEDATU podrá solicitar el reintegro de los subsidios federales y los rendimientos que se hayan generado, independientemente de las acciones procedentes.
f)     En caso de que la Delegación o la URP detecten condiciones inadecuadas de operación y mantenimiento en las obras financiadas con recursos del Programa en el año en curso o en ejercicios anteriores, la SEDATU podrá suspender la ministración de recursos autorizados al Ejecutor en el presente ejercicio fiscal.
7.11.Recursos no devengados
La instancia ejecutora deberá reintegrar a la TESOFE los recursos que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre, más los rendimientos obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal. En el mismo plazo, deberán remitir copia del reintegro a la Delegación y ésta a su vez a la URP y a la DGPP, para su registro correspondiente.
En caso de que las obras o acciones se concluyan antes del 31 de diciembre, las instancias ejecutoras deberán enterar a la TESOFE los recursos no ejercidos, a más tardar 15 días naturales después de la firma del acta de entrega recepción a la comunidad o el informe de resultados.
7.12.Operación y mantenimiento
La operación y mantenimiento de las obras se realizará como se describe a continuación:
I. La instancia Ejecutora, deberá hacer explícito en el acta de entrega-recepción de la obra a la comunidad, su compromiso de proporcionar mantenimiento, conservación, vigilancia y operación, en el caso de los espacios públicos, el mantenimiento deberá estar comprometido al menos durante tres años posteriores a la intervención del Programa, además se garantizará que las obras mantendrán invariablemente su carácter de uso público y su vocación original; en todos los casos, se deberá prever la participación e involucramiento de los beneficiarios y de Organizaciones de la Sociedad Civil, promoviendo la apropiación comunitaria.
II. Los bienes muebles adquiridos con recursos del Programa se utilizarán para el cumplimento de sus objetivos, deberán estar inventariados, así como informar a la Delegación sobre el responsable de su uso y resguardo. Además deberán contar con la identidad gráfica de la SEDATU.
En caso de que sea indispensable reubicarlos a un inmueble o espacio distinto al que fue asignado originalmente, su reubicación deberá efectuarse a un inmueble o espacio apoyado por el Programa en el presente ejercicio fiscal o en años anteriores dentro de la misma zona de actuación del Programa o del mismo municipio. En ningún momento la propiedad de dichos bienes podrá transferirse a particulares, ni desviar su utilización, durante su vida útil, a fines distintos a los del Programa.
III. La instancia ejecutora será responsable de sufragar el costo del uso de los servicios de las obras.
IV. La instancia ejecutora de cualquier obra perteneciente a la modalidad de Espacios Públicos deberá presentar a la Delegación el programa de mantenimiento de las obras realizadas por el Programa, por al menos tres años posteriores a su intervención, en apego a la legislación aplicable; para ello podrá impulsar diversas acciones como pueden ser:
a) Concertar el mantenimiento con instituciones educativas o académicas u Organizaciones de la Sociedad Civil;
 
b) La adopción de obras o espacios por parte de empresas privadas que garantice su conservación;
c) La participación de patronatos que aporten recursos para la continuidad de acciones y la preservación de las obras;
V. En todos los casos, se suscribirá el instrumento jurídico correspondiente entre el ejecutor y alguna de las instancias señaladas en la fracción anterior, debiendo informar a la URP sobre las acciones que se llevarán a cabo, para su conservación, así como para mantener su vocación original y su carácter público.
VI. Las participaciones del sector privado y social deberán destinarse exclusivamente al apoyo de las acciones determinadas en el instrumento jurídico suscrito para tal efecto.
CAPÍTULO 8. INDICADORES
Los indicadores de propósito y componente de la MIR del Programa están contenidos en el Anexo I de las Presentes Reglas de Operación. La información correspondiente a estos indicadores será reportada por la URP a la UPPEI para la integración de los informes correspondientes.
CAPÍTULO 9. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO
La Instancia Ejecutora correspondiente será responsable de la supervisión directa de las obras o acciones, así como de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable. Considerando que los recursos federales de este Programa no pierden su carácter federal al ser entregados a los mismos, su ejercicio está sujeto a las disposiciones federales aplicables y podrán ser auditados por las siguientes instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: Por el Órgano Interno de Control (OIC) en la SEDATU; por la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social en coordinación con los órganos de control de los gobiernos locales; así como por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Instancia Ejecutora dará todas las facilidades a dichas instancias fiscalizadoras para realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que consideren necesarias; asimismo, efectuará el seguimiento y la solventación de las observaciones planteadas por los órganos de control. La inobservancia de esta disposición, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, limitará la ministración de los recursos federales en el siguiente ejercicio presupuestal.
9.1.  Evaluación
9.1.1Interna
El Programa reportará mensual, bimestral o trimestralmente según corresponda, en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) los avances respecto a las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa.
9.1.2Externa
Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con el objeto de enfocar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos, se realizarán evaluaciones externas al Programa.
Las evaluaciones se complementarán con un monitoreo periódico de los recursos ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas, orientado a consolidar una presupuestación basada en resultados.
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán coordinadas por la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI), conforme a lo señalado en los "Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal" (Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, y deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Los Lineamientos y el PAE pueden consultarse en la página electrónica www.coneval.gob.mx
Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el PAE, se podrán llevar a cabo las evaluaciones que se consideren apropiadas conforme a las necesidades del Programa y los recursos disponibles, las cuales también serán coordinadas por la UPPEI. La UPPEI presentará los resultados de las evaluaciones externas de acuerdo con los plazos y términos previstos en la normatividad aplicable y los difundirá a través de la página de Internet de la SEDATU (www.sedatu.gob.mx).
CAPÍTULO 10. COMITÉ DE VALIDACION
10.1 Del Comité de Validación
El Programa contará con un Comité de Validación, el cual es un órgano colegiado que tiene por objeto conocer las propuestas que le presenten las Delegaciones y la URP para que, considerando la importancia e impacto social que las justifiquen, y su congruencia con estas Reglas de Operación, apruebe o no la viabilidad de las mismas.
El Comité de Validación, estará conformado por los siguientes miembros titulares (con voz y voto):
I.     Presidencia: Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el o la cual contará con voto de calidad en caso de empate;
II.     Secretario Ejecutivo: Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
III.    Secretario Técnico: Titular de la URP
       Vocales, las y los titulares de las siguientes unidades administrativas:
I.     Dirección General de Programación y Presupuestación;
II.     Dirección General de Rescate de Espacios Públicos;
III.    Dirección General de Coordinación de Delegaciones;
IV.   Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural;
V.    Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional;
       Invitados permanentes (con voz y sin voto):
VI.   Unidad de Asuntos Jurídicos
VII.   Órgano Interno de Control en la SEDATU
El o la Titular de la SEDATU tendrá atribuciones para asignar o remover miembros del Comité de Validación.
El Comité de Validación operará de conformidad con su Acuerdo de Integración y Funcionamiento.
El Comité de Validación podrá autorizar:
I. Proyectos Institucionales que promuevan política pública para el desarrollo de acciones y proyectos que cubran las necesidades de nichos no atendidos o no suficientemente atendidos por las vertientes del Programa.
II. Proyectos Institucionales para promover y ejecutar programas de interés del gobierno federal con la participación de los sectores público y/o privado, encaminados a brindar soluciones en concordancia con los objetivos del Programa.
 
III. Proyectos Extraordinarios que atiendan una problemática específica, que por su relevancia requiera de un tratamiento especial, con la condicionante que la misma se encuentre en el ámbito de competencia del Programa.
Los proyectos Institucionales y Extraordinarios, deberán atender necesidades que por su propia naturaleza, contingente o excepcional, no se encuentren contempladas en las presentes Reglas de Operación y cuyos objetivos estén alineados con los del Programa.
Los proyectos Institucionales y Extraordinarios serán presentados al Comité de Validación con la recomendación, análisis técnico y normativo, de los grupos de trabajo que se integren para abordar los temas a tratar y que para tal efecto establezca la URP.
El Comité operará de conformidad con su Reglamento Interior, sesionará por lo menos una vez al año, para su instalación, o las veces necesarias para el debido cumplimiento de sus objetivos, en las cuales podrán participar invitados especiales, cuya experiencia pueda generar opiniones importantes para la toma de decisiones.
CAPÍTULO 11. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
La Instancia Normativa establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal.
La coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad, reducir gastos administrativos y fortalecer las acciones de seguimiento y supervisión, así como contribuir a reforzar la cohesión social como atributo del contexto territorial. Para contribuir a dicho fin, se establecerán mecanismos para el intercambio de información con otras dependencias o entidades del Gobierno de la República y reporte de avances y resultados de las acciones y proyectos.
Con este mismo propósito, establecerá a través del instrumento jurídico acciones de coordinación con los gobiernos locales, las cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de las presentes Reglas de Operación y de la normatividad aplicable.
Para apoyar la consecución de los fines del Programa, la SEDATU y los ejecutores promoverán que las zonas de actuación seleccionadas por el Programa sean utilizadas como referencia para la ejecución de acciones de otras dependencias federales, entidades federativas y municipios.
La participación de otros programas federales o locales en los proyectos realizados por el Programa, deberán considerar su carácter complementario y contribuir preferentemente al fortalecimiento del tejido social; a resolver problemas de imagen y movilidad urbana, funcionalidad e inseguridad o; a potencializar el impacto de las acciones.
En estas situaciones, la instancia ejecutora deberá presentar a la Delegación o a la URP, según sea el caso, la propuesta y justificación del proyecto en su conjunto en donde se precisen las obras y acciones a realizar por cada uno de los programas participantes. En todos los casos, la participación complementaria de otros programas institucionales deberá observar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de evitar la duplicidad en el ejercicio de los recursos.
CAPÍTULO 12. TRANSPARENCIA.
 
12.1.Difusión
La promoción y difusión de las Reglas de Operación corresponderá a las instancias participantes como se detalla a continuación:
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, están disponibles para su consulta en las Delegaciones, así como en la página electrónica de la SEDATU www.sedatu.gob.mx.
Las Delegaciones, en coordinación con la URP, de dirigir el Programa a Nivel Nacional, y los gobiernos locales, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión del Programa; se darán a conocer las acciones a realizar y las comunidades beneficiadas.
Para conocer los servicios que ofrece este Programa, así como los demás que están a cargo de la SEDATU, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades del Sector, puede consultar la página electrónica www.sedatu.gob.mx.
Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, la publicidad y la información relativa a este Programa deberá identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e incluir la siguiente leyenda "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
En todas las obras y acciones que se realicen con apoyo del Programa, se deberá instalar, desde su arranque y en un lugar visible de las mismas, un letrero que indique fecha de inicio y término, el monto de recursos aportados por la Federación y por los gobiernos locales, en su caso, por otras instancias; señalando la población beneficiada. Al concluir las obras, el ejecutor deberá instalar una placa en un lugar visible donde se reconozca el correspondiente apoyo del Programa.
En todos los obras o acciones apoyadas por el Programa, el ejecutor deberá asegurar la presencia en áreas visibles y fachadas la identidad gráfica del Gobierno de la República con base en lo que se establece en la página electrónica www.sedatu.gob.mx.
Todos los eventos públicos de inicio y conclusión de obras y acciones deberán programarse, de manera coordinada, entre las Instancias Ejecutoras, las Delegaciones estatales, las personas beneficiarias cuando menos con 10 días de anticipación. Las características y contenidos de los materiales utilizados se ajustarán a lo que se establece en la página electrónica www.sedatu.gob.mx.
12.2.Acciones de Blindaje Electoral
En la operación y ejecución de los recursos de este Programa se deberán observar y atender las medidas que al efecto se emitan.
12.3.Contraloría Social
Las acciones de Contraloría Social serán impulsadas bajo la modalidad de Participación Comunitaria, ya que son el complemento en la ejecución de los proyectos integrales que estarán a cargo de los Ejecutores y tienen por objeto impulsar la organización y participación de la ciudadanía en los procesos de planeación, ejecución y operación de los proyectos con la finalidad de fortalecer la pertenencia comunitaria.
La SEDATU en coordinación con la instancia ejecutora, propiciará la participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración y operación de comités de contraloría social para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como
de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.
La SEDATU y las instancias ejecutoras deberán sujetarse a los "Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, para que promuevan y realicen las acciones necesarias para la integración y operación de la contraloría social, bajo el Esquema de Contraloría Social validado por la Secretaría de la Función Pública.
CAPÍTULO 13. QUEJAS Y DENUNCIAS
13.1.De las quejas y denuncias
Las personas beneficiarias pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes Reglas de Operación o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad aplicable.
Las quejas y denuncias derivadas de alguna irregularidad en la Operación del Programa, podrán realizarse por escrito y/o vía telefónica, las cuales se captarán a través de:
I.     El Órgano Interno de Control en la Secretaría, en el domicilio ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Militar número 701, Edificio Revolución, primer piso, Colonia Presidentes Ejidales Segunda Sección, Código Postal 04470, Delegación Coyoacán, México, D.F. o vía telefónica a los números (01 55) 36 01 91 76 y (01 55) 36 01 91 29.
II.     La Secretaría de la Función Pública, en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F., o vía telefónica al número 01552000-3000 y a la página electrónica http://www.funcionpublica.gob.mx.
III.    La Delegación de la SEDATU, de conformidad con el directorio ubicado en la página electrónica http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/delegaciones/.
CAPÍTULO 14. DERECHOS HUMANOS
14.1 De la promoción de los Derechos Humanos dentro del Programa
La Unidad Administrativa Ejecutora deberá considerar que las acciones y apoyos del Programa, cumplan con criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad social; por tal motivo la infraestructura de vivienda favorecerá la accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el hogar del beneficiario.
Las y los servidores públicos deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas relacionadas con la operación del Programa, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En cumplimiento a los derechos de igualdad y no discriminación, se brindará en todo momento un trato digno y de respeto a toda la población.
Las Reglas de Operación deberán interpretarse de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas, en armonía con la cobertura, disposición presupuestal, requisitos de elegibilidad y objetivos del Programa.
 
De conformidad con las acciones de política y justicia social, mediante solicitud escrita de autoridad competente en materia de derechos humanos, se favorecerá el acceso al Programa de las personas en situación de víctimas o por violación a sus derechos fundamentales, que se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas."
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor el día primero de enero de dos mil dieciséis.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se contarán con treinta días hábiles para expedir el Manual de Operación, documento que contiene los procesos administrativos y operativos internos a los que se deben apegar las instancias participantes para orientar las actividades contempladas en las presentes Reglas de Operación.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa."
México, Distrito Federal, a treinta de diciembre de dos mil quince.- En suplencia por ausencia de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, María del Rosario Robles Berlanga, con fundamento en los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, suscribe el presente instrumento el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Juan Carlos Lastiri Quirós.- Rúbrica.
ANEXO I MATRIZ DE INDICADORES
Indicador
Definición
Método de Calculo
Tipo de Valor de la
Meta
Unidad de Medida
Crecimiento de la
superficie de los
polígonos de
contención urbana
Muestra el
crecimiento de los
perímetros de
contención urbana.
Este indicador
permite monitorear la
evolución de la
mancha urbana. Un
menor crecimiento de
los polígonos de
contención urbana
refleja un mayor
control del
crecimiento urbano.
A= A2-A1 Donde: A=
Área total de los
perímetros de
contención urbana A1=
Área total de los
perímetros de
contención urbana en
el primer período de
medición (A1 = U11 +
U21 + U31) A2=Área
total de los perímetros
de contención urbana
en el segundo período
de medición (A2 = U12
+ U22 + U32)
Absoluto
Hectáreas
Inversión federal en
movilidad
Línea de acción:
Incentivar que el
crecimiento y
reemplazo del parque
habitacional se
concentre al interior
de los centros
urbanos existentes.
(Inversión pública total
en movilidad/Inversión
pública total)*100
Relativo
Porcentaje
Índice de
disponibilidad de
servicios básicos en
las zonas de
actuación del
Programa.
Muestra el porcentaje
de viviendas con
disponibilidad de
servicios básicos
(agua en el terreno,
drenaje y electricidad)
en las zonas de
actuación del
Programa, como una
variable importante de
las condiciones de
habitabilidad de los
hogares.
(Porcentaje de
viviendas con agua en
el terreno en las zonas
de actuación del
Programa en el año t +
Porcentaje de
viviendas con drenaje
en las zonas de
actuación del
Programa en el año t +
Porcentaje de
viviendas con
electricidad en las
zonas de actuación del
Programa en el año t) /
3
Relativo
Pocentaje
 
Porcentaje de
viviendas en situación
de hacinamiento
identificadas en las
zonas de actuación
del Programa
Mide el número de
viviendas en las que
el número de
personas por cuarto,
contando la cocina
pero excluyendo
pasillos y baños, sea
mayor a 2.5
(hacinamiento) en las
zonas de actuación
del Programa.
(Número de viviendas
en las que el número
de personas por cuarto
sea igual o mayor a
2.5 identificadas en las
zonas de actuación /
Número total de
viviendas en las zonas
de actuación del
Programa)*100
Relativo
Porcentaje
Índice de acceso a la
infraestructura social
básica
El índice se construye
como el promedio
simple de las
siguientes variables:
Porcentaje de
viviendas con agua
entubada a la red
pública, Porcentaje de
viviendas con
electricidad,
Porcentaje de
viviendas con
sanitario, Porcentaje
de viviendas con piso
firme, Porcentaje de
viviendas con
drenaje, Porcentaje
de viviendas con
muros (que el
material de muros sea
tabique, ladrillo, block,
piedra, concreto,
madera, adobe, o de
calidad superior),
Porcentaje de
viviendas cuyo
combustible para
cocinar sea gas LP,
natural o electricidad.
((Porcentaje de
viviendas con agua
entubada a la red
pública) + (Porcentaje
de viviendas con
electricidad) +
(Porcentaje de
viviendas con piso
firme) + (Porcentaje de
viviendas con drenaje)
+ (Porcentaje de
viviendas con muros
(que el material de
muros sea tabique,
ladrillo, block, piedra,
concreto, madera,
adobe, o de calidad
superior)) +
(Porcentaje de
viviendas cuyo
combustible para
cocinar sea gas LP,
natural o electricidad))
/ 6
Relativo
Porcentaje
 
Porcentaje de
hogares que asisten a
los espacios públicos
intervenidos
El indicador mide la
asistencia de la
población a los
espacios públicos
atendidos por el
Programa
(Número de hogares
que asisten a los
espacios públicos
intervenidos / Número
de hogares en torno a
los espacios públicos
intervenidos )*100
Relativo
Porcentaje
Grado de satisfacción
con condiciones
sociales en las zonas
de actuación del
Programa
Muestra el grado de
satisfacción con
condiciones sociales
en zonas de
actuación.
(Porcentaje de
hogares satisfechos
con la convivencia
entre sus vecinos +
Porcentaje de hogares
satisfechos con la
convivencia dentro de
sus familias+
Porcentaje de hogares
satisfechos con la
confianza y solidaridad
entre sus vecinos)/3
Relativo
Porcentaje
 
______________________________
 
 

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