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DOF: 31/12/2016
REGLAS de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2017

REGLAS de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en los artículos 14; 16; 17 bis, fracción III; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1; 74; 75; 77 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción I de la Ley de Vivienda; 176; 178 y 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los artículos 30 y 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y 1; 4; 5; y 6 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y
Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su artículo 74 dispone que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, de las entidades. Quienes ocupen la titularidad de éstas serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan, y podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales aplicables.
Asimismo en la fracción III del artículo 75 de dicha Ley se menciona que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros.
Que en este marco, el artículo 77, fracción I de la citada Ley, dispone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos de la Federación los criterios generales a los cuales se sujetarán las Reglas de Operación de los Programas.
Que la Ley de Vivienda establece en sus artículos 3; 5; 19 fracciones XIV y XXII y 86; que los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, las diversas necesidades habitacionales, así como la capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y suelo, promover la calidad de la vivienda, la formación, actualización y capacitación integral para profesionistas, técnicos y servidores públicos relacionados con la generación de vivienda.
Que en el marco de las responsabilidades internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; reconocen la relevancia del desarrollo urbano y territorial para mejorar el bienestar de toda la población. Alcanzar las condiciones adecuadas de habitabilidad en las ciudades y los asentamientos humanos para que sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles es una meta cuyo logro está vinculado con la superación de los desafíos que plantean la pobreza, cambio climático, energía e infraestructura, economía inclusiva entre otros.
Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, reconoce el Derecho a la Ciudad como un principio rector de la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, y lo define como el derecho de todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centro de Población a contar con el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento urbano y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia.
Que la Unidad Responsable del Programa deberá considerar que las acciones y apoyos del Programa, cumplan criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad social; por tal motivo, la infraestructura para la vivienda favorecerá la accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el hogar beneficiario.
Que para implementar dichas acciones, el Programa de Infraestructura podrá realizar los ajustes necesarios en su planeación y operación, estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional correspondientes, sin menoscabo de lo establecido en las presentes Reglas de Operación y de las metas establecidas, así como en función de la capacidad operativa, la disponibilidad presupuestal y normatividad aplicable.
Que el Programa se alinea con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, Objetivo Transversal 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar; en su Estrategia 4.3. Fortalecer el acceso
de las mujeres a la propiedad de la vivienda y en la Línea de Acción 4.3.1. Promover mecanismos de financiamiento para la adquisición y mejora de las viviendas de las mujeres pobres; 4.3.2. Apoyar alternativas de autoconstrucción de viviendas para mujeres; 4.3.3. Incrementar los apoyos para el mejoramiento y ampliación de las viviendas propiedad de mujeres; 4.3.4 Diseñar esquemas crediticios y de fomento para la adquisición de vivienda nueva para las mujeres jóvenes, solteras y adultas mayores; 4.3.5. Desarrollar acciones afirmativas para facilitar el acceso de las madres en hogares ampliados a la propiedad de la vivienda; 4.3.6. Diseñar acciones afirmativas para que las mujeres con discapacidad y adultas mayores tengan acceso a la propiedad de una vivienda 4.3.7. Realizar acciones afirmativas para que mujeres víctimas de desastres, reinsertadas, discapacitadas, o adultas mayores puedan rehabitar, regularizar o adquirir vivienda; 4.6.4 Promover programas de autoconstrucción de vivienda y títulos de propiedad para las mujeres en pobreza.
Objetivo transversal 5: Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas; Estrategia 5.1. Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, prevención de la violencia y la delincuencia; 5.1.7. Promover condiciones de movilidad segura, seguridad vial y peatonal, para niñas, mujeres y ancianas en los entornos comunitarios; Estrategia 5.3. Promover la movilidad segura de las mujeres y niñas estimulando mejoras al entorno y el transporte; 5.3.1. Impulsar acciones de seguridad vial, señalización, pasos peatonales, etcétera para incrementar la movilidad segura de mujeres y niñas; 5.3.2. Fomentar la construcción, conservación y remodelación del espacio público con condiciones adecuadas y seguras para mujeres, niñas y niños; 5.3.3. Mejorar el alumbrado en parques y calles para incrementar la seguridad de mujeres y niñas; Estrategia 5.4. Promover construcciones y adecuaciones del espacio público garantizando la seguridad de las mujeres, la convivencia familiar y la recreación; 5.4.1. Fomentar diseños urbanos compactos con perspectiva de género para impulsar la conciliación, convivencia familiar, corresponsabilidad y recreación; 5.4.2. Incorporar la participación de mujeres para mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales; 5.4.4. Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos para convivencia familiar; 5.4.5 Promover cruces vecinales seguros y accesibles, en vialidades urbanas primarias para la protección de mujeres, niñas y niños; 5.4.6. Promover la construcción de espacios de convivencia comunitaria para mujeres y niñas.
Por lo anterior, he tenido a bien expedir las siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2017
PRESENTACIÓN
El Programa de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en las zonas de actuación a través de la realización de obras de infraestructura básica y complementaria que promuevan la conectividad y la accesibilidad, participación comunitaria, acciones de desarrollo comunitario, así como intervenciones para revitalizar la dinámica de los centros históricos urbanos; y el rescate de espacios públicos.
ANTECEDENTES
En virtud de la reforma que tuvo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013, el Programa Rescate de Espacios Públicos (S175) y el Programa Hábitat (S048) dejaron de estar coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para sectorizarse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
De acuerdo a la Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, se contempla el Programa S273 "Programa de Infraestructura" mismo que resultó de la fusión de los Programas: S048 Hábitat, S256 Fomento a la Urbanización Rural (FUR), S175 Rescate de Espacios Públicos (PREP), S253 Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales (PRRUH) y S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP).
Hasta el ejercicio fiscal 2015, los programas presupuestarios que se fusionan atendían a poblaciones asentadas en zonas con problemáticas similares, a través de obras de mejoramiento del entorno urbano y acciones sociales que velaban por la integralidad del individuo y el desarrollo comunitario. Estas zonas presentan alto grado de rezago social, déficit de infraestructura básica, complementaria, además de condiciones de vulnerabilidad social.
A partir de 2016, el Programa de Infraestructura, además de dar continuidad al mejoramiento del contexto urbano, contribuye a disminuir las deficiencias en la calidad y los espacios en la vivienda, así como en las
carencias en los servicios básicos de las mismas.
Con la implementación del Programa de Infraestructura, se atiende la problemática en zonas urbanas y rurales de los hogares con rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes.
El Programa se encarga de proveer bienes y servicios, tanto de infraestructura básica, complementaria; así como, de equipamiento urbano y acciones que fomenten la participación comunitaria, que contribuyan a crear un espacio público adecuado y favorable para el desarrollo comunitario de los hogares y un entorno seguro que propicie el fortalecimiento del tejido social y la vida en comunidad.
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene como objetivo fundamental el "mejorar las condiciones de vida de la población y proporcionarle los medios para participar plenamente en las esferas económica, política y social".
En el informe que ofrece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, se establece que el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades reales de las que gozan las personas. De acuerdo a este enfoque, el ser humano es el objeto central del desarrollo y parte de éste implica concentrar recursos para la vivienda, infraestructura básica, equipamiento urbano y servicios con la finalidad de que las personas tengan acceso a una vida digna.
En el marco de la Planeación Nacional del Desarrollo, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre otras acciones, impulsar la construcción de vivienda digna, obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano para el desarrollo regional, en el ámbito rural y urbano.
A través de la dotación de vivienda, infraestructura básica, complementaria, equipamiento urbano y servicios a la población, se generan las condiciones físicas y espaciales para que la población lleve a cabo, de manera satisfactoria, sus actividades diarias dentro del territorio que habita propiciando un mayor desarrollo individual y colectivo.
En este contexto, la SEDATU a través del Programa de Infraestructura, promueve la realización de obras de ampliación y mejoramiento de la vivienda, infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, que faciliten el funcionamiento y el desarrollo de actividades en las ciudades así como las acciones de Participación Comunitaria para las personas que habitan en las Zonas de Actuación del Programa.
1.1. PROBLEMÁTICA
Las ciudades y zonas metropolitanas concentran a siete de cada 10 mexicanas y mexicanos y continuarán creciendo como resultado del incremento natural de la población; asimismo, la configuración político-geográfica del país promoverá un aumento de las zonas conurbadas y metropolitanas en los próximos años; se prevé que para el 2030 la población urbana representará el 75.2% de la población total nacional.
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), al comienzo del Siglo XXI, México alcanzó un alto grado de urbanización y en 2010 el 72.3% vivía en zonas metropolitanas, conurbadas y centros urbanos, lo cual exige mayor atención en materia no sólo de salud, educación y empleo, sino también dotación de transporte público, calles, espacios públicos, abasto de agua, vivienda, reserva territorial, así como la atención de requerimientos nuevos que surgen con el crecimiento de las ciudades.
El crecimiento urbano ha sido generalmente desordenado, sin planificación, generando así zonas urbanas poco consolidadas y con condiciones precarias de habitabilidad, sin garantizar la accesibilidad y conectividad entre distintos puntos de las ciudades donde se ofrecen servicios públicos indispensables, para garantizar a los hogares la calidad de vida que necesitan.
En las últimas décadas, la expansión de la mancha urbana se ha caracterizado por el crecimiento de las ciudades hacia las zonas periféricas, por una disminución de la concentración poblacional y en la densificación de sus zonas centrales. Ello ha ocasionado entre otras problemáticas, un abandono creciente de viviendas en los centros urbanos y el crecimiento de la demanda de mayores recursos para dotar con infraestructura básica a las áreas suburbanas.
Otro factor trascendental que afecta las condiciones de vida de los habitantes de las zonas urbanas, es la problemática generada por el fenómeno delictivo que inhibe y afecta, entre otras situaciones, el adecuado aprovechamiento y las condiciones físicas de la infraestructura destinada a la convivencia, la interacción y la relación comunitaria, que de manera general tienen un impacto negativo en el tejido y la cohesión social. Del mismo modo, se han desatendido las necesidades de movilidad y accesibilidad del sector con menor ingreso económico. Es decir, la mayor parte de la población usuaria del transporte público, la bicicleta o el desplazamiento a pie, carecen de opciones de calidad para trasladarse a sus lugares de empleo, así como el
acceso a bienes y servicios.
Este proceso ha traído consecuencias negativas en las condiciones de la vivienda. De acuerdo con datos del CONEVAL, en 2014, 14.8 millones de mexicanas y mexicanos se encuentran en situación de carencia de calidad y espacios de la vivienda, de los cuales 10.2 millones presentan hacinamiento y 25.4 millones de personas carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, de las cuales 16.1 millones no tienen chimenea cuando usan carbón o leña para cocinar, 9.9 millones no tienen agua potable y 9.7 millones carecen de drenaje. Además el crecimiento desordenado ha producido un entorno deteriorado, calles y accesos de calidades deficientes, o inexistentes en algunas zonas, lo cual, además, afecta a la población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad social que aumentan las posibilidades de generar violencia e inseguridad.
La situación de rezago social y pobreza que presentan los 1,115 municipios del país, que integran las Zonas de Atención Prioritaria Rurales 2017(1), así como las localidades con grado de marginación alto o muy alto, donde la incidencia en los rezagos en servicios básicos y calidad y espacios de vivienda, insuficiencia en la infraestructura básica, y el alto índice de mujeres sin ejercer sus derechos humanos debido a su posición y condición que las hace susceptibles de vivir episodios de violencia, exclusión y discriminación, son expresión de la contrastante desigualdad que se observa a nivel nacional entre entidades federativas. Este contexto determina la necesidad -en el ámbito de la política pública- de contar con estrategias diferenciadas de desarrollo local y regional, que tengan como objetivo cerrar las brechas de desigualdad que existen en el país.
De acuerdo con el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, alrededor de un 15% de las mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura, de espacio o de servicios. Entre la población indígena el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la vivienda alcanza al 42% de las mujeres y por carencias en los servicios básicos un 50.6%.
La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las cargas de trabajo de las mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo al agua entubada, se estima que las horas que dedican las mujeres a los quehaceres domésticos se incrementan en un 15%; cuando tienen que acarrear el agua el incremento llega a ser del 40%. La calidad de la vivienda también afecta el tiempo de las mujeres, cuando una vivienda tiene piso de tierra los incrementos son alrededor del 17%.
En relación a la percepción sobre seguridad en los espacios públicos, en uno de cada tres hogares en México (30.6%), alguno de sus integrantes fue víctima de un delito, esto arroja 18.7 millones de víctimas por año y afecta al 22% de las mujeres. Los datos muestran que ocurrieron casi 22.4 millones de delitos, de los cuales no se denuncian un 87.1% por considerar que no es posible confiar en las autoridades y que denunciar sólo es una pérdida de tiempo.
58.3% de las mujeres considera que la inseguridad es el principal problema que tiene el país, seguido del desempleo (49.3%) y la pobreza (34%). Un 66.6% de la población percibe la inseguridad como problema en su comunidad; y sólo un 22.5% de las mujeres considera que la situación de inseguridad en el país mejorará en el futuro.
En relación con la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, una de cada cuatro ha sido objeto de agresiones verbales que la denigran o molestan; 14% ha sufrido tocamientos o manoseos sin su consentimiento; 8% ha tenido miedo de ser atacada sexualmente; y un 1.3% han sido violadas.
El problema de la inseguridad se acompaña del miedo al abuso y a la violencia; ser víctima de un robo es una de las situaciones que más preocupa a las mujeres 31%. Esto explica porqué muchas mujeres limitan su movilidad, abandonan su educación y reducen sus oportunidades si ello implica moverse en zonas o en horarios inseguros que las exponen a ser atacadas.
La problemática asociada a falta de infraestructura básica, complementaria y rezago deriva primordialmente de las condiciones de aislamiento y dispersión geográfica de las localidades, característica naturalmente asociada a una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, situación que limita la ejecución de los programas y políticas públicas; asimismo, es frecuente observar que estos territorios son los que presentan finanzas públicas débiles, imposibilitando a las autoridades locales la resolución de los rezagos mencionados, y donde los ingresos familiares resultan insuficientes para cubrir las necesidades más básicas.
De acuerdo con esta perspectiva, la SEDATU a través del Programa de Infraestructura, busca atender de forma integral en coordinación con los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, el mejoramiento de la vivienda, así como el déficit de infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, tanto en el ámbito rural como urbano, a través de la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo humano en las Zonas de Actuación del Programa.
En este mismo sentido, es de suma importancia contar con instrumentos de política pública que permitan la atención de los distintos ámbitos del bienestar, tanto en el espacio físico de la localidad como en aquél donde se desarrolla la vida cotidiana y social más próxima âla viviendaâ a fin de propiciar la atención integral de los territorios.
 
Como parte de las políticas de inclusión social, y un Estado democrático y políticamente plural, se sigue considerando como principio esencial la perspectiva de género, por lo que se procura la habilitación de espacios públicos donde se refuerce el modelo de empoderamiento para las mujeres, superando de tal forma la violencia de género, basándose en tres principios transversales: Derechos Humanos, de Género e Interculturalidad; en estos espacios se busca garantizar los servicios para fortalecer económicamente a la mujer, y en particular a las jefas de familia, procurar la impartición de temas de interés mediante la educación colectiva, atención a la educación y salud sexual y reproductiva de las mujeres, el cuidado y la educación infantil, la capacitación y sensibilización en temas vinculados a los derechos, atención y seguimiento a la problemática de la violencia intrafamiliar, así como cualquier tipo de violencia presentada principalmente en niñas, adolescentes y mujeres adultas para disminuir las brechas de desigualdad y discriminación en las mujeres mexicanas.
Para poder dimensionar la problemática en el territorio nacional, este Programa considera la metodología de Regionalización Funcional de México que elaboró la SEDATU, la cual permite analizar el territorio nacional a partir de dinámicas económicas y sociales de la población y clasificar cada región en el país, además busca ser la base de las acciones en favor de la reducción de la desigualdad, del impulso a las regiones rezagadas, del aumento y acceso a oportunidades y el impulso al crecimiento económico, la productividad y el empleo.
Se compone de cinco niveles de análisis:
Sistemas Urbano Rurales (SUR).
Subsistemas Urbano Rurales (SubSUR).
Centros Articuladores del Sistema (CAS).
Centros Integradores de Servicios Básicos Urbanos (CISBaU).
Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales (CISBaR).
Esto le permite al Programa, tener un referente para la focalización de sus obras y acciones; considerando las localidades que formen parte de los niveles SuR y SubSUR, se impulsa el desarrollo del territorio nacional.
Dicha metodología se encuentra disponible en la página de internet: http://www.gob.mx/sedatu/articulos/regionalizacion-funcional-de-mexico-15196
De esta manera, el Programa constituye una herramienta fundamental de la política social con enfoque territorial, bajo la cual se articulan proyectos que a través de obras y acciones puedan brindar accesibilidad, seguridad y sustentabilidad y otorgar oportunidades de desarrollo a la población que habita en las Zonas de Actuación del Programa.
1.2. Alineación con los instrumentos de Planeación Nacional
La SEDATU a través del Programa de Infraestructura se alinea a los instrumentos de Planeación Nacional para contribuir al:
Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), Meta Nacional II. México Incluyente, Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, las Estrategias 2.2.1. Generar esquemas de desarrollo a través de procesos de participación social; 2.2.3. Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y ejercicio de sus derechos humanos; Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna; Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos; y 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2013-2018 Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes; la Estrategia 3.3. Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad urbana sustentable en coordinación con gobiernos estatales y municipales; Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo y vivienda rural y gobernabilidad, así como la Estrategia 5.1. Impulsar la urbanización de localidades rurales; 5.2 Fomentar la dotación de servicios básicos en localidades rurales con condiciones de alto y muy alto rezago social; más concretamente en sus líneas de acción 5.2.2. Brindar acciones de acceso a infraestructura y equipamiento urbano familiar y comunitario; 5.2.3 Promover la coordinación interinstitucional para otorgar servicios básicos a las localidades rurales con alto y muy alto rezago social y 5.2.5 Incentivar la recuperación de espacios públicos para la vida en común de los poblados de ejidos y comunidades.
 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano (2014-2018), Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, Estrategia 1.5. Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas; Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental; Estrategia 2.1. que busca reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria de la población que habita en Zonas de Atención Prioritaria, así como a la Estrategia 2.2. Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de convivencia y participación ciudadana y fortaleciendo el tejido social de las comunidades.
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, objetivos: 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda; 2. Mejorar la calidad de la vivienda urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda; 3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda eficazmente a las diversas necesidades de la población; 4. Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda; 5. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de Vivienda, y 6. Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones en el sector de la vivienda.
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en el objetivo relativo a impulsar el desarrollo urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotadas de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado al suelo, apoyando entre otras las líneas de acción, las tendientes a inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas; a promover el uso intensivo del suelo intraurbano y el aprovechamiento del parque habitacional existente; a fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población, y a incentivar una política de regularización integral del suelo.
Decreto por el que se establece la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012, dispone que las autoridades de los Gobiernos Federal, de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas, a través de acciones para favorecer la cohesión social, combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos, entre otras.
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos consistentes en cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
Decreto por el que se establece la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2011 en el que se determinan las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
La instancia normativa dictará las medidas de equidad, inclusión y sustentabilidad social para que en la ejecución de las acciones de vivienda, la instancia ejecutora cumpla con las especificaciones de accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el hogar beneficiario. Para ello el proyecto arquitectónico se deberá realizar en base al Diseño Universal, con las adaptaciones y ajustes necesarios para que la vivienda ofrezca una completa solución a las necesidades de acceso, libre ingreso y desplazamiento de la persona con discapacidad a las diferentes áreas de la vivienda, así como en la misma unidad habitacional y su periferia.
En cuanto a las prioridades sectoriales, este Programa se alinea al objetivo 2 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, el cual tiene como propósito construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social.
De la misma manera se alinea con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018,
mismo que remarca la importancia y liderazgo que la SEDATU debe asumir en la implementación de una Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable; su objetivo 3 establece la necesidad de generar condiciones para una movilidad integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.
El Programa también se alinea al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, en el que se resalta el liderazgo de la SEDATU, a través de su objetivo 2, donde señala la importancia de promover el diseño e instrumentación de una planeación urbana que promueva el transporte y la movilidad; así como a la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013-2018, haciendo énfasis en lo establecido en su Eje Estratégico 3. Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.
1.3. Glosario de Términos
Para los efectos de estas Reglas de Operación, se entenderá y utilizará cada uno de los siguientes términos, en singular o plural, según corresponda, con inicial mayúscula o con mayúsculas, como indica su definición:
I.           Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas sin discriminación de género, edad, capacidad o condición social, en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, tanto en zonas urbanas como rurales;
II.          Acta de entrega-recepción: Se refiere al documento que elabora el ejecutor al término de la obra física y que es suscrito por representantes de la Delegación de la SEDATU, de los gobiernos locales y la comunidad beneficiada. En ella se describen los conceptos de obra realizados y el presupuesto ejercido, asimismo, se establecen los compromisos y/o acuerdos entre participantes para el óptimo funcionamiento, cuidado y conservación de la obra;
III.          AGEB: Área Geoestadística Básica, definida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las Áreas Geoestadísticas Municipales. Constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus características se clasifican en dos tipos: rurales y urbanas;
IV.         Anexo técnico de autorización: Documento que contiene la información básica del proyecto para su autorización, modificación o cancelación, que es elaborado por el ejecutor y se imprime a través del Sistema de Información determinado por la SEDATU;
V.          Anteproyecto arquitectónico: Planteamiento general de la propuesta arquitectónica del espacio público a rescatar que responde a las necesidades de la comunidad, el entorno y la normatividad aplicable; integrado por al menos un plano arquitectónico de conjunto y presupuesto de obra. El plano arquitectónico de conjunto deberá reflejar el diseño de la superficie total del proyecto a intervenir;
VI.         Aportación local: La participación en recursos monetarios directos o en especie aportados por los gobiernos locales o por otras dependencias, organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios u otros aportantes que se encuentren legalmente reconocidos y cumplan con la normatividad respectiva;
VII.        Área de influencia: Define el marco de referencia geográfico en el cual se realiza la intervención del Programa;
VIII.        Áreas y bienes de uso común: Son aquellos que pertenecen en forma proindiviso a los condóminos y su uso está regulado por la legislación aplicable en cada entidad federativa, la escritura constitutiva y el reglamento interno de la unidad habitacional;
IX.         Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
X.          Áreas Responsables: Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS), Responsable de las Vertientes: Infraestructura para el Hábitat y Mejoramiento de la Vivienda; Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP), Responsable de la Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria; y Dirección General de Organización Social y
Vivienda Rural (DGOSVR), Responsable de la modalidad de Mejoramiento del Entorno en núcleos agrarios;
XI.         Asamblea Agraria: Órgano supremo del Ejido y/o Comunidad, en el que participan todos los ejidatarios y/o comuneros;
XII.        Asamblea General: Es el órgano máximo de representación de los condóminos, constituye la máxima instancia en la toma de decisiones en asuntos de interés propio o común, constituida legalmente en los términos de la legislación aplicable de cada entidad federativa;
XIII.        Baños ecológicos: Baños con tanques sépticos eficientes, sustentables y autolimpiables que evitan la contaminación al medio ambiente, por lo que brinda una alternativa para evitar riesgos a la salud.
XIV.       Barrio: zona urbanizada de un centro de población dotado de identidad y características propias;
XV.        Beneficiarios: Son los hogares que directamente recibieron un apoyo y/o que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación, en donde se realizan obras y acciones apoyadas con recursos del Programa;
XVI.       Calidad de vida: Alude al bienestar en todas las facetas de la población, atendiendo satisfactores como: salud, educación, crear condiciones de habitabilidad; así como de sentido de pertenencia a una comunidad o grupo social, entre otros;
XVII.      Calle completa: Se trata de la redistribución del espacio de la vialidad para permitir el acceso seguro para todas las personas usuarias: las y los peatones, ciclistas, personas usuarias de transporte público y automovilistas de todas edades y habilidades. Esta técnica aplica principalmente en vialidades primarias. Las estrategias de Calles Completas dan prioridad a las y los peatones y ciclistas, así como las condiciones para moverse de forma segura;
XVIII.      Calle integral: Espacio del entorno que cuenta con elementos de infraestructura básica e infraestructura complementaria y que permite la movilidad segura, eficiente e incluyente de personas con discapacidad, peatones, ciclistas y vehículos;
XIX.       Carencia por calidad y espacios en la vivienda: los hogares que no cuentan con alguno de los siguientes elementos:
a)   piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera);
b)   techos de losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado con viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad superior;
c)   muros de tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de calidad superior o,
d)   cuartos suficiente para que el número de personas por cuarto sea mayor a 2.5 (hacinamiento);
XX.        Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda: los hogares que no cuenten con alguno de los siguientes servicios:
a) agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del terreno; drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica;
b) electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, planta particular, o
c) que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, y si es leña o carbón que la cocina cuente con chimenea;
XXI.       Cédula de Proyectos Hábitat (CPH): Instrumento para el registro de beneficiarios de las obras apoyadas en la Vertiente Infraestructura para el Hábitat;
XXII.      Centro de Desarrollo Comunitario (CDC): Espacio público donde convergen los programas sociales de los tres niveles de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, donde se fomenta la identidad colectiva, se promueve la organización y participación comunitaria, a través de la realización de acciones, cursos y talleres enfocadas al fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades;
XXIII.      Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA): Nombre genérico para los espacios de aprendizaje y capacitación para la comunidad;
XXIV.     Centros Históricos: Ciudades históricas que se encuentran inscritas en la Lista del Patrimonio
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
XXV.      Centros urbanos: Ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen características de conurbación o zona metropolitana;
XXVI.     Ciudad: agrupación de personas en un espacio físico continuo, en donde históricamente se han manifestado las realidades sociales, económicas y demográficas. El concepto alude principalmente al componente físico territorial;
XXVII.     Ciudad de las Mujeres: Espacio público en el que se brinda atención integral para la mujer, con servicios especializados en salud sexual y reproductiva, atención a la violencia de género, empoderamiento económico, atención infantil, entre otros;
XXVIII.    CLC: Cuenta por Liquidar Certificada;
XXIX.     Cohesión social: Se refiere a la construcción de sociedades más inclusivas, en las que las personas integrantes de una comunidad participan de manera activa en los asuntos públicos, reconocen y toleran las diferencias, tienen acceso a los bienes y servicios públicos para mejorar su calidad de vida, todo esto en un entorno donde las instituciones promueven entre la colectividad, relaciones de unidad, confianza, equidad y solidaridad;
XXX.      Comité Comunitario: Órgano de participación social y representación de una Zona de Actuación del Programa, electo de manera democrática en asamblea general, que tiene como objetivo establecer el mecanismo de participación ciudadana en el proceso de planeación, programación y ejecución de las obras y acciones del Programa;
XXXI.     Comité de Contraloría Social: Forma de organización social y participación ciudadana constituida por un grupo de beneficiarios de las obras y acciones apoyadas por el Programa en las Zonas de actuación y que forman parte de la contraloría social, a fin de dar seguimiento, supervisión y verificación, de la aplicación de los recursos;
XXXII.     Comité de Validación: Es el máximo órgano de decisión del Programa;
XXXIII.    Comité vecinal: Personas integrantes de una colonia que de forma consensuada identifican los problemas que aquejan a los espacios públicos y su área de influencia, priorizan las posibles alternativas de solución, además gestionan apoyos ante las autoridades competentes;
XXXIV.   Condiciones de habitabilidad: Son los elementos que contribuyen al ejercicio efectivo del Derecho a la Ciudad y a mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la apropiación del espacio y la participación ciudadana desde los siguientes niveles básicos:
1.- Vivienda: refieren a la características del material y los espacios de la vivienda, así como la infraestructura para acceder a los servicios básicos, definido por el CONEVAL;
2.- Barrio: los cuales consideran la vinculación de las viviendas con su entorno próximo, a través del acceso a la infraestructura básica y complementaria, así como, el equipamiento urbano;
3.- Ciudad: en términos de la planeación urbana, esquemas de accesibilidad y conectividad, espacios públicos, así como la prevención social de la violencia y la inclusión social;
XXXV.    Condominio o unidad habitacional: Inmueble de interés social cuya propiedad pertenece proindivisa a varias personas, que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil Federal o en la legislación aplicable en cada entidad federativa;
XXXVI.   Condómino: Persona física propietaria de una o más viviendas ubicadas en un edificio de la unidad habitacional;
XXXVII.   Conductas antisociales: Cualquier acción o conducta que atente contra la integridad personal y/o el orden socialmente aceptado;
XXXVIII.  Conductas de riesgo: Todos aquellos comportamientos que implican factores que incrementan la aparición de consecuencias adversas o desfavorables para el individuo, los cuales lo pueden llevar a involucrar en problemáticas como: violencia, adicciones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados en adolescentes, suicidio, entre otros;
XXXIX.   Conectividad: Cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de vínculos entre territorios y actividades que se interrelacionan. De esta manera, la representación física del concepto abstracto de conectividad es el de una estructura que está conformada por una red de
corredores que sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas entre distintos puntos del territorio;
XL.        CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
XLI.       Contexto territorial: Son los aspectos que trascienden el ámbito individual e influyen en las opciones de vida de las personas. Su análisis considera elementos comunitarios o locales, cuya identificación descansa en criterios territoriales. Considera el entorno en el cual se desenvuelven los procesos sociales que comprenden u originan la pobreza;
XLII.       Contraloría Social: Mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al Programa de Infraestructura;
XLIII.      Conurbación: Conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más localidades geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana de por lo menos 15 mil habitantes;
XLIV.      Crecimiento de las ciudades: Se refiere a la expansión de la superficie de la ciudad, es decir del área urbana; así como al aumento de población;
XLV.      Cruzada: a la Cruzada contra el Hambre;
XLVI.      Delegación: La representación de la SEDATU en las entidades federativas;
XLVII.     Desarrollo habitacional: Grupo de viviendas integradas de manera horizontal o vertical que cuenta con la dotación de infraestructura y servicios urbanos;
XLVIII.    Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
XLIX.      DGPP: Dirección General de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
L.          Diagnóstico del espacio público: Es un instrumento que permite registrar las condiciones físicas del espacio público y la problemática social de su entorno mediante la participación de los habitantes del área de influencia;
LI.         Diagnóstico Municipal de necesidades en núcleos agrarios: Documento elaborado por la Instancia Ejecutora, en el cual se describe la priorización de la obra solicitada con respecto a otras, el beneficio a las localidades inmersas dentro del núcleo agrario, así como su coherencia con el Plan Municipal Vigente y los Planes de Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México;
LII.         Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;
LIII.        Ecotecnias: innovaciones tecnológicas diseñadas con el fin de preservar y restablecer el equilibrio ecológico en la naturaleza, minimizando el impacto negativo en los ecosistemas;
LIV.       Ecotecnologías: A todas las formas de ingeniería ecológica que utilizan los avances de la tecnología para satisfacer las necesidades humanas, minimizando el impacto ambiental en sus procesos y operación, adopta fundamentos holísticos y de desarrollo sostenible con dispositivos ahorradores de agua, luz y gas entre otros;
LV.        Empoderamiento de las mujeres: Proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía. Se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.
LVI.       Equipamiento: Conjunto de bienes, muebles, instalaciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los satisfactores y desarrollar actividades económicas y sociales;
LVII.       Equipamiento urbano: Conjunto de edificios, instalaciones y espacios abiertos acondicionados donde la comunidad efectúa actividades distintas o complementarias a las de habitación y trabajo;
LVIII.      Espacio público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito;
 
LIX.       Espacio público intervenido: Se refiere a un espacio público que presentaba deterioro físico, abandono o inseguridad y que al ser intervenido con proyectos de mejoramiento, desarrolla condiciones físicas y sociales que son favorables para el uso y disfrute de la comunidad; todo ello en un ambiente de seguridad y propicio para la sana convivencia de la comunidad;
LX.        Espacios generales nuevos: Espacios públicos que no fueron rescatados por el Programa en ninguno de sus tipos de intervención;
LXI.       Estufa ahorradora de leña: Aparato eficiente destinado a la cocción de alimentos, utilizado en hogares que carecen de combustibles limpios, la cual puede ser, prefabricada o hecha en obra, que cuenta con tuberías de descarga de humo y todos los elementos para su correcto funcionamiento y produce beneficios tangibles tanto para la salud como para la economía familiar y el ambiente;
LXII.       Etapas posteriores: Se refiere a los espacios públicos que han sido apoyados mediante el tipo de intervención general nuevo a partir de 2013;
LXIII.      Gestión de la movilidad: Conjunto de estrategias encaminadas a cambiar el comportamiento de viaje de las personas para reducir el uso del automóvil y propiciar traslados sustentables;
LXIV.      Gobiernos locales: Hace referencia a las entidades federativas, municipios, y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
LXV.      Hábitat: Se refiere a las infraestructuras y servicios básicos, complementarios y equipamientos en el entorno de una población, que junto con acciones de desarrollo comunitario, condicionan la mejora de vida de un grupo de personas;
LXVI.      Hacinamiento: Situación que presentan los habitantes de una vivienda en la cual el número de personas por cuarto dormitorio es mayor a 2.5, tal y como lo establece el INEGI.
LXVII.     Hogares: Persona o conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina. Para efectos de estas Reglas de Operación, se utilizarán indistintamente los términos hogar y familia conforme a la presente definición;
LXVIII.    Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades, al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
LXIX.      Informe de resultados: Es el documento que elabora la Instancia Ejecutora y será aplicable para las Vertientes del Programa que lo requieran;
LXX.      Infraestructura básica: Son las redes básicas de conducción y distribución de agua potable, electricidad, drenaje pluvial y sanitario;
LXXI.      Infraestructura complementaria: Se refiere a guarniciones, banquetas, rampas, pasos peatonales y/o vehiculares, pavimento, señalización y alumbrado público;
LXXII.     Instancias Ejecutoras: Instancias responsables de llevar a cabo las obras y acciones apoyadas con recursos de este Programa; dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, organizaciones de la sociedad civil en las vertientes o modalidades que aplique y que acorde a su objeto o fines, cuenten con las autorizaciones que la SEDATU requiera;
LXXIII.    Instrumento de recolección de información socioeconómica: Cédula, encuesta o cuestionario que permita obtener la información socioeconómica, demográfica y de las características, servicios y equipamiento de las viviendas y los hogares, para poder identificar la población potencial de ser atendida por el Programa.
LXXIV.    Instrumento jurídico: Acuerdo, convenio o anexo de ejecución, coordinación o concertación y contratos en general que suscriba la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con los ejecutores y/o el gobierno de la entidad federativa y/o municipio correspondiente, con Organizaciones de la Sociedad Civil, u otras instancias legalmente reconocidas para acordar su instrumentación, compromisos y responsabilidades de las instancias participantes en apego a las Reglas de Operación y demás legislación aplicable, así como el monto de los recursos federales convenidos para llevar a cabo las acciones determinadas;
LXXV.    Localidad rural: Son localidades que tienen una población menor a 2,500 habitantes y no son cabeceras municipales;
 
LXXVI.    Localidad urbana: Son las localidades que tienen una población igual o mayor a 2,500 habitantes o es cabecera municipal;
LXXVII.   Manual de Operación: Documento que contiene los procesos administrativos y operativos internos a los que se deben apegar las instancias participantes para orientar las actividades contempladas en las presentes Reglas de Operación. Este Manual de Operación estará disponible en el portal electrónico de la SEDATU http://www.gob.mx/sedatu;
LXXVIII.  Mejoramiento de vivienda: Solución habitacional tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de reparación, reforzamiento estructural, rehabilitación y/o ampliación, pudiendo incluir criterios de eficiencia en el uso de recurso naturales que promuevan la mejora del confort térmico y la habitabilidad de la vivienda, tales como Ecotecnias, ecotecnologías y criterios de diseño bioclimático tanto envolvente como en el interior, que propicien una vivienda digna, decorosa y sustentable;
LXXIX.    Mitigación de cambio climático: Tiene como objetivo reducir los efectos del cambio climático, minimizar daños potenciales a través de acciones y obras específicas en un espacio físico determinado;
LXXX.    Modalidad: Se refiere a las estrategias específicas de cada una de las Vertientes del Programa;
LXXXI.    Movilidad: Derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de personas y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de comunicación entre distintos espacios que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo;
LXXXII.   Movilidad urbana sustentable: Se refiere a aquellos desplazamientos multimodales, seguros y eficientes que propician la reducción del uso de vehículos particulares motorizados y se realizan en condiciones de equidad, tanto en las vialidades como en el espacio público de un área urbana consolidada;
LXXXIII.  Necesidades de vivienda: Son las viviendas del parque habitacional que requieren ser reemplazadas, o necesitan una ampliación y/o mejoramiento debido a sus características en materiales, espacio y/o instalaciones, más la suma de las viviendas que se necesitan debido al crecimiento poblacional;
LXXXIV.  Núcleo agrario: Término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o comunales, que han sido beneficiados por una resolución presidencial dotatoria, o sentencia de los tribunales agrarios.
LXXXV.  Organizaciones de la sociedad civil: Aquella entidad privada sin ánimo de lucro con personalidad jurídica plena integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines específicos, inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
LXXXVI.  Participación comunitaria: Intervención de las y los habitantes de las comunidades en el diagnóstico, planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos, a fin de asegurar que las propuestas atiendan a las necesidades locales;
LXXXVII. Peatón: persona que transita por la vía a pie y/o que utiliza ayudas técnicas por su condición de discapacidad o movilidad limitada, así como en patines, patineta u otros vehículos recreativos;
LXXXVIII.Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;
LXXXIX.  Perspectiva de derechos humanos: Se entenderá como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos;
XC.        Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite
entonces entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está "naturalmente" determinada. Ayuda a comprender más profundamente tanto en la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos;
XCI.       Perspectiva de interculturalidad: Está orientada al reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como pueblos;
XCII.      Pertenencia comunitaria: Proceso que permite a la ciudadanía el establecimiento de vínculos para su participación en una comunidad, una red social o de relación de confianza entre grupos;
XCIII.      Plan de Acción Integral (PAI): Documento derivado de un diagnóstico que contiene las líneas de acción de la propuesta de inversión, basado en un proceso de análisis, definición y priorización de obras y acciones a realizar en las Zonas de Actuación de la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, que contendrá costos paramétricos y su georreferenciación;
XCIV.     Plan de Actuación Local para la Prevención de la Violencia: Instrumento de planeación a partir del cual se definen las zonas con mayores índices de inseguridad, delincuencia y presencia de conductas de riesgo y se identifican los espacios públicos que de acuerdo a sus condiciones de deterioro, abandono o inseguridad sean susceptibles de intervención. Su elaboración promueve la coordinación interinstitucional para la búsqueda de alternativas integrales en materia de inseguridad. El documento estará integrado por un diagnóstico, estrategias de intervención, pautas de gestión, aplicación y medidas de evaluación;
XCV.      Plan o Programa de Desarrollo Urbano: Se refiere al instrumento de planeación que contiene las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y que tiene como objeto establecer las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano sustentable, mediante la determinación de la zonificación, los destinos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población;
XCVI.     Prevención: Medidas dirigidas a detectar, sensibilizar, informar y formar a la población con el propósito de evitar la aparición de factores que provocan la ocurrencia de conductas de riesgo y/o antisociales;
XCVII.    Prevención social de la violencia y la delincuencia: Es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan;
XCVIII.    Programa: Al Programa de Infraestructura;
XCIX.     Proindiviso: Se emplea para los bienes muebles o inmuebles en el que existen varios copropietarios;
C.          Proyecto: Obras o acciones que corresponden a una modalidad del Programa y que es apoyado con subsidios federales y/o aportaciones locales;
CI.         Proyecto integral: Conjunto de obras y/o acciones de cada una de las modalidades del Programa que se complementan y contribuyen a un objetivo común;
CII.        Reglamento Interno de la unidad habitacional: Documento mediante el cual se establecen los derechos y obligaciones de los propietarios de inmuebles ubicados en una unidad habitacional;
CIII.       Reglas de Operación: a las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura;
CIV.       Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos;
CV.        Rezago social: Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. La fuente oficial para determinar el grado de rezago social a nivel de entidad federativa, municipio y localidad es el CONEVAL;
CVI.       SEDATU: A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
 
CVII.      Seguridad comunitaria: El concepto se distingue del de seguridad pública por la participación de nuevos actores sociales en su procuración. La seguridad comunitaria asume que otras instituciones locales, estatales, del sector privado y sobre todo de la sociedad civil, es decir, la ciudadanía y sus organizaciones sociales o barriales, juegan un rol importante en la seguridad. La seguridad comunitaria pone énfasis en las labores de prevención y control -antes que represión- de los factores que generan violencia e inseguridad;
CVIII.      Servicio de Agua: Conjunto de componentes para el mejoramiento de las viviendas que por carencia de infraestructura básica, requieren Sistemas Integrales de sanitización de agua para las comunidades y de captación de precipitación pluvial.
CIX.       SFP: A la Secretaría de la Función Pública;
CX.        SHCP: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
CXI.       Sistema de Información: Sistema Informático de captura y seguimiento de los proyectos del Programa determinado por la SEDATU;
CXII.      Sistema Nacional Territorial: delimita las regiones y Sistemas Urbano Rurales que las integran y establece la jerarquización y caracterización de las zonas metropolitanas, conurbaciones y centros de población, así como sus interrelaciones funcionales;
CXIII.      Sistema Urbano Nacional (SUN): Conjunto de ciudades de 15 mil y más habitantes que se encuentran relacionadas funcionalmente, y cualquier cambio significativo en alguna de ellas propicia en mayor o menor medida, alteraciones en las otras. Éste se integra por 384 ciudades que se clasifican en: zonas metropolitanas, conurbaciones y centros urbanos, identificados y definidos a partir del marco geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2010;
CXIV.     Sistema Urbano Rural: Unidades espaciales básicas del ordenamiento territorial, que agrupan a áreas no urbanizadas, centro urbanos y asentamientos vinculados funcionalmente;
CXV.      Sitios Históricos: Lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico;
CXVI.     Subsecretaría: A la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
CXVII.    Subsistema Urbano Rural: son espacios de menor jerarquía urbano-regional, por ser ciudades entre pequeñas y medias, mayores de 15 mil habitantes y menores de 300 mil pero de alta capacidad productiva tanto en bienes como servicios. Conectan, complementan y apoyan las actividades realizadas en los SUR al estar ubicados, principalmente, sobre los corredores comerciales del país. Se cuenta con la capacidad de producir población calificada, así como con infraestructura que facilita el intercambio de mercancías e información a nivel nacional;
CXVIII.    Tejido social: Conjunto de relaciones efectivas que inciden en la forma personal para interactuar, producir, y relacionarse en los ámbitos familiar, comunitario y laboral; constituyen un activo para las personas y la sociedad para ampliar y mejorar su calidad de vida;
CXIX.     UPPEI: Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU;
CXX.      URP: Unidad Responsable del Programa, es decir, la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
CXXI.     Viaje: Traslado que se hace de un lugar a otro, partiendo de un origen hasta su destino. Los motivos de viaje son variados, acceso a bienes y servicios, relaciones sociales, trabajo, etc.;
CXXII.    Vertientes: Son las estrategias generales de intervención dentro del Programa, las cuales se encuentran enumeradas en el capítulo 4 de las presentes Reglas de Operación;
CXXIII.    Vivienda: Espacio fijo delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, que se construyó o adaptó para el alojamiento de personas;
CXXIV.   Zona Arqueológica: Vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos;
CXXV.    Zona de Actuación del Programa: Áreas definidas por cada Vertiente y/o modalidad para la realización de las obras y/o acciones dentro de las localidades inmersas en el Sistema Urbano Rural y Subsistema Urbano Rural.
CXXVI.   Zona de Riesgo: Áreas vulnerables ante diferentes fenómenos naturales o tecnológicos,
provocando afectaciones en el nivel de vida de los habitantes;
CXXVII.  Zonas metropolitanas: Agrupación en una sola unidad de municipios completos que comparten una unidad central y están altamente interrelacionados funcionalmente. También se consideran a los centros urbanos mayores a un millón de habitantes aunque no hayan rebasado su límite municipal y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas transfronterizas mayores a 250 mil habitantes.
CAPÍTULO 2. DE LOS OBJETIVOS
2.1. General
Contribuir a mejorar la disponibilidad de la infraestructura básica, complementaria y equipamiento, imagen, entorno, ampliación y mejoramiento de la vivienda, y así a las condiciones de habitabilidad de los hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa.
2.2. Específicos
2.2.1. Apoyar la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento que beneficie a los hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa.
2.2.2. Apoyar la ejecución de proyectos para el rescate de espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad mejorando la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios.
2.2.3. Impulsar obras de mejoramiento físico para la rehabilitación de áreas comunes deterioradas que se encuentren en viviendas en condominio, Unidades y Desarrollos Habitacionales.
2.2.4. Apoyar la realización de obras, acciones y servicios para el mejoramiento en los hogares con carencias por calidad y espacios en la vivienda y acceso a servicios básicos.
2.2.5. Fomentar el desarrollo de los Núcleos Agrarios y las localidades inmersas en ellos, por medio de obras de infraestructura básica, complementaria, y equipamiento urbano, que beneficie a los hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa.
CAPÍTULO 3. DE LOS LINEAMIENTOS
3.1. Población Potencial
La población potencial está conformada por los hogares que presentan deficientes y/o poca disponibilidad de condiciones de habitabilidad en el territorio nacional.
3.2. Población Objetivo
Está conformada por aquellos hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa, susceptibles de intervención que presenten deficientes y/o poca disponibilidad de condiciones de habitabilidad.
3.3. Cobertura
El Programa tendrá una cobertura a nivel nacional y se instrumentará en las Zonas de Actuación del Programa definidas por cada Vertiente, con base en la disponibilidad presupuestal, la capacidad operativa, los criterios de priorización y de elegibilidad que permitan su operación.
3.4. Focalización
Con el propósito de fortalecer y contribuir al diseño e implementación de las estrategias y políticas de la planeación sectorial, la URP deberá remitir a la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI), la documentación referente a la metodología empleada para la determinación, verificación y evaluación de los criterios de elegibilidad, los instrumentos de recolección de información, y los espacios territoriales donde intervendrá (agregación máxima a nivel municipio).
La URP deberá remitir a la UPPEI, a más tardar 30 días antes de la conclusión del año fiscal la documentación referida en el párrafo anterior, misma que se empleará para diseñar las estrategias de políticas para la planeación sectorial y evaluación de resultados para el siguiente ejercicio fiscal.
3.5. De los beneficiarios
Son beneficiarios los hogares que directamente recibieron un apoyo y/o que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa, en donde se realizan las obras y acciones.
3.5.1. Derechos y obligaciones de los beneficiarios
 
Los beneficiarios tendrán los derechos siguientes:
a) Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo y sin discriminación alguna;
b) Recibir asesoría por parte de las Delegaciones y/o instancias ejecutoras, respecto al Programa y procedimientos para la solicitud de apoyos;
c) Recibir de la instancia ejecutora los apoyos conforme a las disposiciones del Programa;
d) Interponer las quejas y denuncias en los términos establecidos en el Capítulo 12 de las presentes Reglas