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DOF: 03/01/2018
REGLAS de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2018

REGLAS de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2018. (Continúa en la Tercera Sección).

MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en los artículos 14; 16; 17 bis, fracción III; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1; 74; 75; 77 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 23, fracción I de la Ley de Vivienda; 176; 178 y 179 del Reglamento de la LFPRH; 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los artículos 28 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y 1; 4; 5; y 6, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y
CONSIDERANDO
Que la LFPRH en su artículo 74 dispone que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizará la ministración de los subsidios y transferencias con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, de las entidades. Quienes ocupen la titularidad de éstas serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan, y podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales aplicables.
Que el artículo 75 de dicha Ley menciona que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán cumplir con lo que especifica este artículo.
Que el artículo 77 de la citada Ley, dispone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a Reglas de Operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece los criterios generales a los cuales se sujetarán las Reglas de Operación de los Programas.
Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), reconoce el Derecho a la Ciudad como un principio rector de la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, y lo define como la obligación del Estado de garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centro de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento urbano y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia.
Que la Ley de Vivienda establece en sus artículos 3; 5; 19, fracciones XIV y XXII, y 85; que los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, las diversas necesidades habitacionales, promover la calidad de la vivienda, así como la capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y suelo,
Que en el marco de los tratados internacionales a los cuales se ha adherido México, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles"; reconocen la relevancia del desarrollo urbano y territorial para mejorar el bienestar de toda la población. Alcanzar las condiciones adecuadas de habitabilidad en las ciudades y los asentamientos humanos para que sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles es una meta cuyo logro está vinculado con la superación de los desafíos que plantean la pobreza, cambio climático, energía e infraestructura, economía inclusiva entre otros.
Que en específico, la meta 11.7 establece "De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad".
Que el Programa deberá considerar que sus acciones y apoyos, cumplan con los criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad social; a fin de favorecer el acceso efectivo de todas las personas que integran el hogar beneficiario, sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física o condición de discapacidad, u orientación sexual.
Que para implementar dichas acciones, el Programa de Infraestructura podrá realizar los ajustes
necesarios en su planeación y operación, estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional correspondientes, sin menoscabo de lo establecido en las presentes Reglas de Operación y de las metas establecidas, así como en función de la capacidad operativa, la disponibilidad presupuestal y normatividad aplicable.
Por lo anterior, he tenido a bien expedir las siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
En virtud de la reforma que tuvo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013, el Programa Rescate de Espacios Públicos (S175) y el Programa Hábitat (S048) dejaron de estar coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para sectorizarse a la SEDATU.
De acuerdo a la Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, se contempla el Programa S273 "Programa de Infraestructura" mismo que resultó de la fusión de los Programas: S048 Hábitat, S256 Fomento a la Urbanización Rural (FUR), S175 Rescate de Espacios Públicos (PREP), S253 Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales (PRRUH) y S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP).
Hasta el ejercicio fiscal 2015, los programas presupuestarios que se fusionan atendían a poblaciones asentadas en zonas con problemáticas similares, a través de obras de mejoramiento del entorno urbano y acciones de desarrollo comunitario que velaban por la integralidad del individuo y el desarrollo comunitario. Estas zonas presentan alto grado de rezago social, déficit de infraestructura básica, complementaria, además de condiciones de vulnerabilidad social.
A partir de 2016, el Programa de Infraestructura, además de dar continuidad al mejoramiento de la infraestructura básica y complementaria en el contexto urbano y rural, contribuye al Derecho a la Ciudad con una visión transversal que fomentan entornos seguros, sostenibles, incluyentes y sustentables, a través de disminuir las deficiencias derivadas de las carencias por en la calidad y los espacios en la vivienda, así como en las carencias en acceso a los servicios básicos de las mismas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo tiene como objetivo fundamental el "mejorar las condiciones de vida de la población y proporcionarle los medios para participar plenamente en las esferas económica, política y social".
En el informe que ofrece el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, se establece que el desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades reales de las que gozan las personas. De acuerdo a este enfoque, el ser humano es el objeto central del desarrollo y parte de éste implica concentrar recursos para la vivienda, infraestructura básica, equipamiento urbano y servicios con la finalidad de que las personas tengan acceso a una vida digna.
Asimismo, del concepto de Derecho a la Ciudad, que define la LGAHOTDU, se desprenden elementos que contribuyen al ejercicio efectivo del mismo y a la mejora de la calidad de vida de la población. Estos elementos constituyen las Condiciones de Habitabilidad que fomentan la apropiación del espacio y la participación ciudadana desde la vivienda, el barrio y la ciudad.
En este contexto, la SEDATU a través del Programa de Infraestructura, promueve la realización de obras de ampliación y mejoramiento de la vivienda, infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, que faciliten el funcionamiento y el desarrollo de actividades en las ciudades así como las acciones de participación comunitaria para las personas que habitan en las Zonas de Actuación del Programa.
La problemática que se circunscribe al ámbito del Desarrollo Humano para el ejercicio efectivo del Derecho a la Ciudad, constituye la materia de atención del Programa de Infraestructura, misma que se define a continuación.
1.2 Problemática
Las ciudades y zonas metropolitanas concentran a siete de cada 10 mexicanas y mexicanos y continuarán creciendo como resultado del incremento natural de la población; asimismo, la configuración político geográfica del país promoverá un aumento de las zonas conurbadas y metropolitanas en los próximos años;
se prevé que para el 2030 la población urbana representará el 75.2% de la población total nacional.
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), al comienzo del Siglo XXI, México alcanzó un alto grado de urbanización y en 2010 el 72.3% vivía en zonas metropolitanas, conurbadas y centros urbanos, lo cual exige mayor atención en materia no sólo de salud, educación y empleo, sino también dotación de transporte público, calles, espacios públicos, abasto de agua, vivienda, reserva territorial, así como la atención de requerimientos nuevos que surgen con el crecimiento de las ciudades.
El crecimiento urbano ha sido generalmente desordenado, sin planificación, generando así zonas urbanas poco consolidadas y con condiciones precarias de habitabilidad, sin garantizar la accesibilidad y conectividad entre distintos puntos de las ciudades donde se ofrecen servicios públicos indispensables, para garantizar a los hogares la calidad de vida que necesitan.
En las últimas décadas, la expansión de la mancha urbana se ha caracterizado por el crecimiento de las ciudades hacia las zonas periféricas, por una disminución de la concentración poblacional y en la densificación de sus zonas centrales. Ello ha ocasionado, entre otras problemáticas, un abandono creciente de viviendas en los centros urbanos y el crecimiento de la demanda de mayores recursos para dotar con infraestructura básica a las áreas suburbanas.
Otro factor trascendental que afecta las condiciones de vida de quienes habitan en las zonas urbanas, es la problemática generada por el fenómeno delictivo que inhibe y afecta su desarrollo humano, así como el adecuado aprovechamiento y las condiciones físicas de la infraestructura destinada a la convivencia, la interacción y la relación comunitaria, que de manera general tienen un impacto negativo en el tejido y la cohesión social.
De igual forma, el crecimiento acelerado de las zonas urbanas, requiere la atención de las necesidades de movilidad y accesibilidad de los sectores más vulnerables. Asimismo, la población usuaria del transporte público, bicicleta o quien se desplaza a pie, requiere de mayores opciones de calidad para trasladarse a sus lugares de empleo, incluso los tiempos perdidos de traslado a los mismos, son elementos que afectan la calidad de vida de la población. Lo anterior, también tiene como consecuencia la disminución del acceso a bienes y servicios en su propio entorno.
Sumado a lo anterior y de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2016, 14.8 millones de mexicanas y mexicanos se encontraban en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda, de los cuales 10.2 millones presentan hacinamiento y 23.7 millones de personas presentan carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda; de las cuales, 14.4 millones no tienen chimenea cuando usan carbón o leña para cocinar, 9.3 millones no tienen agua potable y 8.4 millones carecen de drenaje. Además el crecimiento desordenado ha producido un entorno deteriorado, calles y accesos de calidades deficientes, o inexistentes en algunas zonas, lo cual, además, afecta a la población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad social que aumentan las posibilidades de generar violencia e inseguridad.
De acuerdo con el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, alrededor de un 15% de las mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura, de espacio o de servicios. Entre la población indígena el porcentaje con carencias por calidad y espacios de la vivienda alcanza al 42% de las mujeres y por carencias en los servicios básicos un 50.6%.
La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las cargas de trabajo de las mujeres. De acuerdo con el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, considerando las viviendas sin acceso directo al agua entubada, se estima que las horas que dedican las mujeres a los quehaceres domésticos se incrementan en un 15%; cuando tienen que acarrear el agua, el incremento llega a ser del 40%. La calidad de la vivienda también afecta el tiempo de las mujeres, cuando una vivienda tiene piso de tierra los incrementos son alrededor del 17%. Los grupos identificados como menos favorecidos por las políticas de vivienda son: las mujeres jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas mayores.
En relación a la percepción sobre seguridad en los espacios públicos, en uno de cada tres hogares en México (30.6%), alguno de sus integrantes fue víctima de un delito, esto arroja 18.7 millones de víctimas por año y afecta al 22% de las mujeres. Los datos muestran que ocurrieron casi 22.4 millones de delitos, de los
cuales no se denuncian un 87.1% por considerar que no es posible confiar en las autoridades y que denunciar sólo es una pérdida de tiempo.
Según las cifras que reporta el Diagnóstico del PROIGUALDAD 2014-2018, 58.3% de las mujeres considera que la inseguridad es el principal problema que tiene el país, seguido del desempleo (49.3%) y la pobreza (34%). Un 66.6% de la población percibe la inseguridad como problema en su comunidad; y sólo un 22.5% de las mujeres considera que la situación de inseguridad en el país mejorará en el futuro.
En relación con la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, una de cada cuatro ha sido objeto de agresiones verbales que la denigran o molestan; 14% ha sufrido tocamientos o manoseos sin su consentimiento; 8% ha tenido miedo de ser atacada sexualmente; y un 1.3% han sido violadas.
El problema de la inseguridad se acompaña del miedo al abuso y a la violencia; ser víctima de un robo es una de las situaciones que más preocupa a las mujeres (31%). Esto explica por qué muchas mujeres limitan su movilidad, abandonan su educación y reducen sus oportunidades si ello implica moverse en zonas o en horarios inseguros que las exponen a ser atacadas.
La problemática asociada a falta de infraestructura básica, complementaria y rezago deriva primordialmente de las condiciones de aislamiento y dispersión geográfica de las localidades, característica naturalmente asociada a una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, situación que limita la ejecución de los programas y políticas públicas; asimismo, es frecuente observar que estos territorios son los que presentan finanzas públicas débiles, imposibilitando a las autoridades locales la resolución de los rezagos mencionados, y donde los ingresos familiares resultan insuficientes para cubrir las necesidades más básicas.
De acuerdo con esta perspectiva, la SEDATU a través del Programa de Infraestructura, busca atender de forma integral en coordinación con los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, el mejoramiento de la vivienda, así como el déficit de infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, tanto en el ámbito rural como urbano, a través de la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo humano en las Zonas de Actuación del Programa.
En este mismo sentido, es de suma importancia contar con instrumentos de política pública que permitan la atención de los distintos ámbitos del bienestar, tanto en el espacio físico de la localidad como en aquél donde se desarrolla la vida cotidiana y social más próxima la vivienda a fin de propiciar la atención integral de los territorios.
De conformidad con la Meta Nacional México Incluyente, y derivado de los factores que impiden el desarrollo de las personas debido a los problemas sociales como la desigualdad de género y la violación de los derechos humanos, se requiere de la creación y habilitación de espacios públicos que promuevan el empoderamiento de mujeres y niñas, a través del desarrollo de acciones que garantice el ejercicio de los derechos humanos relacionados con: la igualdad sustantiva, integridad personal, esparcimiento, vida libre de violencia, salud y salud sexual y reproductiva, educación formal y no formal, desarrollo económico, nivel de vida adecuado (relacionados con la vivienda y alimentación), desarrollo integral de jóvenes y al interés superior de la niñez; mismos que deben ser promovidos desde las perspectivas de igualdad y no discriminación, género, derechos humanos, interculturalidad, juventudes e infancia.
En dichos espacios públicos se consideran prioritarias las acciones de capacitación y sensibilización en temas vinculados a la prevención del delito y la violencia, atención y seguimiento a la problemática de la violencia intrafamiliar, así como cualquier tipo de violencia presentada principalmente en contra de niñas, jóvenes y mujeres adultas, con el objetivo de disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.
Por lo anterior, el Programa constituye una herramienta fundamental de la política social con enfoque territorial, bajo la cual se articulan proyectos que a través de obras y acciones puedan brindar accesibilidad, seguridad y sustentabilidad y otorgar oportunidades de desarrollo a la población que habita en las Zonas de Actuación del Programa.
1.3 Alineación a los instrumentos de Planeación Nacional
En el marco de la Planeación Nacional de Desarrollo, corresponde a la SEDATU, entre otras acciones,
impulsar la construcción de vivienda digna, obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano para el desarrollo regional, en el ámbito rural y urbano. Para ello, el Programa de Infraestructura se encuentra alineado a los planes y programas de planeación nacional que se enlistan a continuación:
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Meta Nacional II. México Incluyente, Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, las Estrategias 2.2.1. Generar esquemas de desarrollo a través de procesos de participación social; 2.2.3. Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y ejercicio de sus derechos humanos; Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna; Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos; y 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda.
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2013-2018, Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes; la Estrategia 3.3. Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad urbana sustentable en coordinación con gobiernos estatales y municipales; Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo y vivienda rural y gobernabilidad, así como la Estrategia 5.1. Impulsar la urbanización de localidades rurales; 5.2 Fomentar la dotación de servicios básicos en localidades rurales con condiciones de alto y muy alto rezago social; más concretamente en sus líneas de acción 5.2.2. Brindar acciones de acceso a infraestructura y equipamiento urbano familiar y comunitario; 5.2.3 Promover la coordinación interinstitucional para otorgar servicios básicos a las localidades rurales con alto y muy alto rezago social y 5.2.5 Incentivar la recuperación de espacios públicos para la vida en común de los poblados de ejidos y comunidades.
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, Estrategia 1.5. Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas; Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental; Estrategia 2.1. Que busca reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria de la población que habita en Zonas de Atención Prioritaria, así como a la Estrategia 2.2. Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de convivencia y participación ciudadana y fortaleciendo el tejido social de las comunidades.
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, Objetivos 2. Mejorar la calidad de la vivienda urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda; 5. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de Vivienda.
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, en el objetivo relativo a impulsar el desarrollo urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotadas de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado al suelo, apoyando entre otras las líneas de acción, las tendientes a inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas; a promover el uso intensivo del suelo intraurbano y el aprovechamiento del parque habitacional existente; a fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población, y a incentivar una política de regularización integral del suelo.
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, Objetivo Transversal 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia 4.3: Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda. Líneas de Acción: 4.3.1. Promover mecanismos de financiamiento para la adquisición y mejora de las viviendas de las mujeres pobres, y 4.3.3. Incrementar los apoyos para el mejoramiento y ampliación de las viviendas propiedad de mujeres.
Objetivo transversal 5: Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas. Estrategia 5.1: Incorporar el género y la
participación de las mujeres en la política de seguridad pública, prevención de la violencia y la delincuencia, Línea de Acción 5.1.7: Promover condiciones de movilidad segura, seguridad vial y peatonal, para niñas, mujeres y ancianas en los entornos comunitarios; Estrategia 5.3: Promover la movilidad segura de las mujeres y niñas estimulando mejoras al entorno y el transporte. Líneas de Acción: 5.3.1 Impulsar acciones de seguridad vial, señalización, pasos peatonales, etcétera para incrementar la movilidad segura de mujeres y niñas, 5.3.2 Fomentar la construcción, conservación y remodelación del espacio público con condiciones adecuadas y seguras para mujeres, niñas y niños, y 5.3.3 Mejorar el alumbrado en parques y calles para incrementar la seguridad de mujeres y niñas; Estrategia 5.4: Promover construcciones y adecuaciones del espacio público garantizando la seguridad de las mujeres, la convivencia familiar y la recreación. Líneas de Acción: 5.4.1 Fomentar diseños urbanos compactos con perspectiva de género para impulsar la conciliación, convivencia familiar, corresponsabilidad y recreación, 5.4.2 Incorporar la participación de mujeres para mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales, 5.4.3 Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad en pro de una movilidad segura, 5.4.4 Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos para convivencia familiar, 5.4.5 Promover cruces vecinales seguros y accesibles, en vialidades urbanas primarias para la protección de mujeres, niñas y niños, y 5.4.6 Promover la construcción de espacios de convivencia comunitaria para mujeres y niñas.
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, Objetivo 2, el cual tiene como propósito construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social.
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, mismo que remarca la importancia y liderazgo que la SEDATU debe asumir en la implementación de una Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable; su objetivo 3 establece la necesidad de generar condiciones para una movilidad integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013- 2018, en el que se resalta el liderazgo de la SEDATU, a través de su objetivo 2, donde señala la importancia de promover el diseño e instrumentación de una planeación urbana que promueva el transporte y la movilidad; así como a la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013-2018, haciendo énfasis en lo establecido en su Eje Estratégico 3. Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.
De igual forma, el Programa de Infraestructura enmarca sus acciones en los principios y lineamientos establecidos en las siguientes leyes, acuerdos y decretos:
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012, dispone que las autoridades de los Gobiernos Federal, de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas, a través de acciones para favorecer la cohesión social, combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos, entre otras.
Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2011 en el que se determinan las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés. La CEDAW fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981 y es considerada la carta internacional de los derechos de la mujer. El 17 de julio de 1980 nuestro país firma esta Convención y su ratificación entra en vigor el 3 de septiembre de 1981.
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos consistentes en cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.
La instancia normativa dictará las medidas de equidad, inclusión y sustentabilidad social para que en la ejecución de las acciones de vivienda, la instancia ejecutora cumpla con las especificaciones de accesibilidad de las personas con discapacidad que integran el hogar beneficiario. Para ello el proyecto arquitectónico se deberá realizar con base al Diseño Universal, con las adaptaciones y ajustes necesarios para que la vivienda ofrezca una completa solución a las necesidades de acceso, libre ingreso y desplazamiento de la persona con discapacidad a las diferentes áreas de la vivienda, así como en la misma unidad habitacional y su periferia.
1.4 Glosario
Para los efectos de estas Reglas de Operación, se entenderá y utilizará cada uno de los siguientes términos, en singular o plural, según corresponda, con inicial mayúscula o con mayúsculas, como indica su definición:
I.              Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas, en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, tanto en zonas urbanas como rurales, sin que se ejerza contra ellas discriminación por ninguno de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;
II.             Acta de entrega-recepción: Se refiere al documento que elabora la Instancia Ejecutora al término de la obra física y que es suscrito por representantes de la Delegación de la SEDATU, de los gobiernos locales y la comunidad beneficiada. En ella se describen los conceptos de obra realizados y el presupuesto ejercido; asimismo, se establecen los compromisos y/o acuerdos entre participantes para el óptimo funcionamiento, cuidado y conservación de la obra;
III.            AGEB: Área Geoestadística Básica, definida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las Áreas Geoestadísticas Municipales. Constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus características se clasifican en dos tipos: rurales y urbanas;
IV.            Anexos de las Reglas de Operación: Documento que contiene información que complementa las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las presentes Reglas de Operación contienen los siguientes anexos:
1.   Diagrama de Operación del Programa
2.   Criterios Específicos de Operación de las Vertientes
3.   Instrumentos Jurídicos
4.   Indicadores de la MIR 2018
V.             Anexo Técnico de Autorización: Documento que contiene la información básica del proyecto para su autorización, modificación o cancelación, que es elaborado por la Instancia Ejecutora y se imprime a través del Sistema de Información determinado por la SEDATU;
 
VI.            Anteproyecto arquitectónico: Planteamiento general de la propuesta arquitectónica del espacio público a rescatar que responde a las necesidades de la comunidad, el entorno y la normatividad aplicable; integrado por al menos un plano arquitectónico de conjunto y presupuesto de obra. El plano arquitectónico de conjunto deberá reflejar el diseño de la superficie total del proyecto a intervenir;
VII.           Aportación local: La participación en recursos monetarios directos o en especie aportados por los gobiernos locales o por otras dependencias, Organizaciones de la Sociedad Civil, beneficiarios u otros aportantes que se encuentren legalmente reconocidos y cumplan con la normatividad respectiva;
VIII.           Área de influencia: Define el marco de referencia geográfico en el cual se realiza la intervención del Programa;
IX.            Áreas y bienes de uso común: Son aquellos que pertenecen en forma proindiviso a los condóminos y su uso está regulado por la legislación aplicable en cada entidad federativa, la escritura constitutiva y el reglamento interno de la unidad habitacional;
X.             Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
XI.            Asamblea General: Es el órgano máximo de representación de los condóminos, constituye la máxima instancia en la toma de decisiones en asuntos de interés propio o común, constituida legalmente en los términos de la legislación aplicable de cada entidad federativa;
XII.           Barrio: zona urbanizada de un centro de población dotado de identidad y características propias;
XIII.           Beneficiarios: Son los hogares que directamente recibieron un apoyo y/o que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación, en donde se realizan obras y acciones apoyadas con recursos del Programa;
XIV.          Calidad de vida: Alude al bienestar en todas las facetas de la población, atendiendo satisfactores como: salud, educación, crear condiciones de habitabilidad; así como de sentido de pertenencia a una comunidad o grupo social, entre otros;
XV.           Calle completa: Se trata de la redistribución del espacio de la vialidad para permitir el acceso seguro para todas las personas usuarias: las y los peatones, ciclistas, personas usuarias de transporte público y automovilistas de todas edades y habilidades. Esta técnica aplica principalmente en vialidades primarias. Las estrategias de Calles Completas dan prioridad a las y los peatones y ciclistas, así como las condiciones para moverse de forma segura;
XVI.          Calle integral: Espacio del entorno que cuenta con elementos de infraestructura básica e infraestructura complementaria y que permite la movilidad segura, eficiente e incluyente de personas con discapacidad, peatones, ciclistas y vehículos;
XVII.         Carencia por combustible: Se considera como población en situación de carencia por combustible a las personas que residan en viviendas donde el combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.
XVIII.         Cédula de Proyectos Hábitat (CPH): Instrumento para el registro de beneficiarios de las obras apoyadas en la Vertiente Infraestructura para el Hábitat;
XIX.          Centro de Desarrollo Comunitario (CDC): Espacio público donde convergen los programas sociales de los tres niveles de gobierno y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, donde se fomenta la identidad colectiva, se promueve la inclusión social, la organización y la participación comunitaria, a través de la realización de acciones, cursos y talleres enfocadas al fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades;
 
XX.           Centros Históricos: Ciudades históricas que se encuentran inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
XXI.          Centros urbanos: Ciudades con 15 mil o más habitantes, que no reúnen características de conurbación o zona metropolitana;
XXII.         Ciudad: agrupación de personas en un espacio físico continuo, en donde históricamente se han manifestado las realidades sociales, económicas y demográficas. El concepto alude principalmente al componente físico territorial;
XXIII.         Ciudad de las Mujeres: Espacio público en el que se brinda atención integral para las mujeres, adolescentes y niñas, en el cual se promueven servicios especializados a través de la vinculación interinstitucional e intergubernamental, relacionados al ejercicio de los derechos humanos en salud, salud sexual y reproductiva, vida libre de violencia, acceso a la educación, desarrollo económico, desarrollo integral de adolescentes e interés superior de la niñez, entre otros;
XXIV.        CIVI: Cédula de información de Vivienda; es el instrumento requisitado por la Instancia Ejecutora para la recolección de información socioeconómica en la Vertiente de Mejoramiento de la Vivienda.
XXV.         Cohesión social: Se refiere a la construcción de sociedades más inclusivas, en las que las personas integrantes de una comunidad participan de manera activa en los asuntos públicos, reconocen y respetan las diferencias, tienen acceso a los bienes y servicios públicos para mejorar su calidad de vida, todo esto en un entorno donde las instituciones promueven entre la colectividad, relaciones de unidad, confianza, equidad y solidaridad;
XXVI.        Comité Comunitario: Órgano de participación social y representación de una Zona de Actuación del Programa, electo de manera democrática en asamblea general, que tiene como objetivo establecer el mecanismo de participación ciudadana en el proceso de planeación, programación y ejecución de las obras y acciones del Programa;
XXVII.       Comité de Contraloría Social: Forma de organización social constituida por los beneficiarios del Programa en las Zonas de Actuación para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados al Programa;
XXVIII.       Comité vecinal: Personas integrantes de una colonia que de forma consensuada identifican los problemas que aquejan a los espacios públicos y su área de influencia, priorizan las posibles alternativas de solución, además gestionan apoyos ante las autoridades competentes;
XXIX.        Condiciones de habitabilidad: Son los elementos que contribuyen al ejercicio efectivo del Derecho a la Ciudad y a mejorar la calidad de vida de la población, fomentando la apropiación del espacio y la participación ciudadana desde los siguientes niveles básicos:
1.-   Vivienda: refieren a la características del material y los espacios de la vivienda, así como la infraestructura para acceder a los servicios básicos, definido por el CONEVAL;
2.-   Barrio: los cuales consideran la vinculación de las viviendas con su entorno próximo, a través del acceso a la infraestructura básica y complementaria, así como, el equipamiento urbano;
3.-   Ciudad: en términos de la planeación urbana, esquemas de accesibilidad y conectividad, espacios públicos, así como la prevención social de la violencia y la inclusión social;
XXX.         Condómino: Persona física propietaria de una o más viviendas ubicadas en un edificio de la unidad habitacional;
XXXI.        Conductas antisociales: Cualquier acción o conducta que atente contra la integridad personal y/o el orden socialmente aceptado;
 
XXXII.        Conductas de riesgo: Todos aquellos comportamientos que implican factores que incrementan la aparición de consecuencias adversas o desfavorables para el individuo, los cuales lo pueden llevar a involucrar en problemáticas como: violencia, adicciones, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados en adolescentes, suicidio, entre otros;
XXXIII.       Conectividad: Cualidad que surge y se desarrolla de la existencia de vínculos entre territorios y actividades que se interrelacionan. De esta manera, la representación física del concepto abstracto de conectividad es el de una estructura que está conformada por una red de corredores que sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas entre distintos puntos del territorio;
XXXIV.      CONEVAL: Al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
XXXV.       Contexto territorial: Son los aspectos que trascienden el ámbito individual e influyen en las opciones de vida de las personas. Su análisis considera elementos comunitarios o locales, cuya identificación descansa en criterios territoriales. Considera el entorno en el cual se desenvuelven los procesos sociales que comprenden u originan la pobreza;
XXXVI.      Contraloría Social: Mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al Programa de Infraestructura;
XXXVII.      Conurbación: Conformación urbana resultado de la continuidad física entre dos o más localidades geoestadísticas o centros urbanos, constituyendo una sola unidad urbana de por lo menos 15 mil habitantes;
XXXVIII.     Delegación: La representación de la SEDATU en las entidades federativas;
XXXIX.      Desarrollo Comunitario: Proceso en el que la población, las instituciones gubernamentales y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil se vinculan de manera corresponsable y asumen el compromiso de fortalecer la participación comunitaria, inclusión social y cohesión social. La finalidad de este fortalecimiento es que las personas participen en su desarrollo personal y comunitario para mejorar su calidad de vida;
XL.           Derecho a la Ciudad: Se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado;
XLI.          Desarrollo habitacional: Grupo de viviendas integradas de manera horizontal o vertical que cuenta con la dotación de infraestructura y servicios urbanos;
XLII.          Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
XLIII.         DGPP: Dirección General de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
XLIV.         Diagnóstico del espacio público: Es un instrumento que permite registrar las condiciones físicas del espacio público y la problemática social de su entorno mediante la participación de los habitantes del área de influencia;
XLV.         Diagnóstico Municipal: Documento elaborado por la Instancia Ejecutora, en el cual se describe la priorización de la obra solicitada con respecto a otras, el beneficio a las localidades inmersas dentro del núcleo agrario, así como su coherencia con el Plan Municipal Vigente y los Planes de Desarrollo de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México;
 
XLVI.        Diseño universal: Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;
XLVII.        Ecotecnias: innovaciones tecnológicas diseñadas con el fin de preservar y restablecer el equilibrio ecológico en la naturaleza, minimizando el impacto negativo en los ecosistemas;
XLVIII.       Ecotecnologías: A todas las formas de ingeniería ecológica que utilizan los avances de la tecnología para satisfacer las necesidades humanas, minimizando el impacto ambiental en sus procesos y operación, adopta fundamentos holísticos y de desarrollo sostenible con dispositivos ahorradores de agua, luz y gas entre otros;
XLIX.         Empoderamiento de las Mujeres: Proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía. Se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades;
L.             Enfoque intercultural: Está orientado al reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como pueblos;
LI.            Equipamiento: Conjunto de bienes, muebles, instalaciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los satisfactores y desarrollar actividades económicas y sociales;
LII.            Equipamiento urbano: Conjunto de edificios, instalaciones y espacios abiertos acondicionados donde la comunidad efectúa actividades distintas o complementarias a las de habitación y trabajo;
LIII.           Espacio público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito;
LIV.          Espacio público intervenido: Se refiere a un espacio público que presentaba deterioro físico, abandono o inseguridad y que al ser intervenido con proyectos de mejoramiento, desarrolla condiciones físicas y sociales que son favorables para el uso y disfrute de la comunidad; todo ello en un ambiente de seguridad y propicio para la sana convivencia de la comunidad;
LV.           Espacios generales nuevos: Espacios públicos que no fueron rescatados por el Programa en ninguno de sus tipos de intervención;
LVI.          Estufa ecológica: Aparato eficiente destinado a la cocción de alimentos, utilizado en hogares urbanos o rurales que carecen de combustibles limpios, la cual puede ser de gas, prefabricada o hecha en obra, que cuenta con tuberías de descarga de humo y todos los elementos para su correcto funcionamiento y produce beneficios tangibles tanto para la salud como para la economía familiar y el ambiente;
LVII.          Etapas posteriores: Se refiere a los espacios públicos que han sido apoyados mediante el tipo de intervención general nuevo a partir de 2013;
LVIII.         Expediente técnico: Conjunto de documentos relativos al proyecto presentado por la Instancia Ejecutora, que sustenta conforme a la normatividad aplicable la documentación necesaria para la opinión técnica y normativa; en su fase de aprobación, ejecución y conclusión, debe incluir la documentación comprobatoria de avances y resultados físicos y financieros, entre otros;
LIX.          Gobiernos locales: Hace referencia a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
LX.           Hábitat: Se refiere a las infraestructuras y servicios básicos, complementarios y equipamientos en el entorno de una población, que junto con acciones de desarrollo comunitario, condicionan la mejora de vida de un grupo de personas;
 
LXI.          Hacinamiento: Situación que presentan los habitantes de una vivienda en la cual el número de personas por cuarto dormitorio es mayor a 2.5, tal y como lo establece el INEGI.
LXII.          Hogares: Persona o conjunto de personas que hacen vida en común dentro de la vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina. Para efectos de estas Reglas de Operación, se utilizarán indistintamente los términos hogar y familia conforme a la presente definición;
LXIII.         Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades, al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
LXIV.         Informe de resultados: Documento para notificar la conclusión de las acciones de desarrollo comunitario apoyadas a través de la Modalidad de Desarrollo Comunitario de la Vertiente Infraestructura para el Hábitat, mismo que es elaborado y firmado por las Instancias Ejecutoras, gobiernos locales, Delegación de la SEDATU y representantes de los beneficiarios;
LXV.         Infraestructura básica: Son las redes básicas de conducción y distribución de agua potable, electricidad, drenaje pluvial y sanitario;
LXVI.         Infraestructura complementaria: Se refiere a guarniciones, banquetas, rampas, pasos peatonales y/o vehiculares, pavimento, señalización y alumbrado público;
LXVII.        Instancias Ejecutoras: Instancias responsables de llevar a cabo las obras y acciones apoyadas con recursos de este Programa; dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, Organizaciones de la Sociedad Civil en las vertientes o modalidades que aplique y que acorde a su objeto o fines, cuenten con las autorizaciones que la SEDATU requiera;
LXVIII.       Instancia solicitante: instancia que presenta una propuesta de proyecto a la Delegación para su aprobación, de conformidad con los requerimientos de cada una de las vertientes del programa, y con la mecánica operativa de estas ROP.
LXIX.         Instrumento de recolección de información socioeconómica: Cédula, encuesta o cuestionario que permita obtener la información socioeconómica, demográfica y de las características, servicios y equipamiento de las viviendas y los hogares, para poder identificar la población potencial de ser atendida por el Programa.
LXX.         Instrumento jurídico: Acuerdo, convenio o anexo de ejecución, coordinación o concertación y contratos en general que suscriba la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con las Instancias Ejecutoras y/o el gobierno de la entidad federativa y/o municipio correspondiente, con Organizaciones de la Sociedad Civil, u otras instancias legalmente reconocidas para acordar su instrumentación, compromisos y responsabilidades de las instancias participantes en apego a las Reglas de Operación y demás legislación aplicable, así como el monto de los recursos federales convenidos para llevar a cabo las acciones determinadas;
LXXI.         Localidad rural: Son localidades que tienen una población menor a 2,500 habitantes y no son cabeceras municipales;
LXXII.        Localidad urbana: Son las localidades que tienen una población igual o mayor a 2,500 habitantes o es cabecera municipal;
LXXIII.       Modalidad: Se refiere a las estrategias específicas de cada una de las Vertientes del Programa;
LXXIV.       Movilidad: Derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de personas y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de comunicación entre distintos espacios que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo;
 
LXXV.       Movilidad urbana sustentable: Se refiere a aquellos desplazamientos multimodales, seguros y eficientes que propician la reducción del uso de vehículos particulares motorizados y se realizan en condiciones de equidad, tanto en las vialidades como en el espacio público de un área urbana consolidada;
LXXVI.       Núcleo agrario: Término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o comunales, que han sido beneficiados por una resolución presidencial dotatoria, o sentencia de los tribunales agrarios.
LXXVII.      Organizaciones de la Sociedad Civil: Aquella entidad privada sin ánimo de lucro con personalidad jurídica plena integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines específicos, inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
LXXVIII.     Participación comunitaria: Intervención de las y los habitantes de las comunidades en el diagnóstico, planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos, a fin de asegurar que las propuestas atiendan a las necesidades locales;
LXXIX.       Peatón: persona que transita por la vía a pie y/o que utiliza ayudas técnicas por su condición de discapacidad o movilidad limitada, así como en patines, patineta u otros vehículos recreativos;
LXXX.       Persona con discapacidad: Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con diversas barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás;
LXXXI.      Perspectiva de derechos humanos: Se entenderá como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos;
LXXXII.      Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género, permite entonces entender que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está "naturalmente" determinada. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que se nos educa y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos;
LXXXIII.     Perspectiva de Juventudes (infancia y adolescencia): Se entenderá como niñas y niños a las personas menores de doce años, y adolescentes a las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Esta mirada le reconoce a este colectivo, categorizado socialmente, como personas sujetas de derechos, por lo tanto, deben ser visibilizadas y consideradas cuando se tome alguna decisión que les afecte en lo individual o colectivo, y se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales;
LXXXIV.     Plan de Acción Integral (PAI): Documento derivado de un diagnóstico que contiene las líneas de acción de la propuesta de inversión, basado en un proceso de análisis, definición y priorización de obras y acciones a realizar en las Zonas de Actuación de la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, que contendrá costos paramétricos y su georreferenciación;
LXXXV.     Plan de Actuación Local para la Prevención de la Violencia: Instrumento de planeación a partir del cual se definen las zonas con mayores índices de inseguridad, delincuencia y presencia de conductas de riesgo y se identifican los espacios públicos que de acuerdo a sus condiciones de deterioro, abandono o inseguridad sean susceptibles de intervención. Su
elaboración promueve la coordinación interinstitucional para la búsqueda de alternativas integrales en materia de inseguridad. El documento estará integrado por un diagnóstico, estrategias de intervención, pautas de gestión, aplicación y medidas de evaluación;
LXXXVI.     Plan o Programa de Desarrollo Urbano: Se refiere al instrumento de planeación que contiene las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio y que tiene como objeto establecer las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano sustentable, mediante la determinación de la zonificación, los destinos y las normas de uso y aprovechamiento del suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población;
LXXXVII.    Prevención: Medidas dirigidas a detectar, sensibilizar, informar y formar a la población con el propósito de evitar la aparición de factores que provocan la ocurrencia de conductas de riesgo y/o antisociales;
LXXXVIII.   Prevención social de la violencia y la delincuencia: Es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan;
LXXXIX.     Programa: Al Programa de Infraestructura;
XC.           Proyecto: Obras o acciones que corresponden a una modalidad del Programa y que es apoyado con subsidios del programa y/o aportaciones locales;
XCI.          Proyecto Ejecutivo: Conjunto de planos, documentos y especificaciones que indican todas las características que tendrá la obra programada y mediante los cuales se puede garantizar la correcta ejecución de las acciones, partidas y conceptos presupuestados;
XCII.         Proyecto integral: Conjunto de obras y/o acciones de cada una de las modalidades del Programa que se complementan y contribuyen a un objetivo común;
XCIII.         Reglamento Interno de la Unidad Habitacional: Documento mediante el cual se establecen los derechos y obligaciones de los propietarios de inmuebles ubicados en una unidad habitacional;
XCIV.        Reglas de Operación: a las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura;
XCV.         Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos;
XCVI.        Rezago social: Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. La fuente oficial para determinar el grado de rezago social a nivel de entidad federativa, municipio y localidad es el CONEVAL;
XCVII.       SEDATU: A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
XCVIII.       Seguridad comunitaria: El concepto se distingue del de seguridad pública por la participación de nuevos actores sociales en su procuración. La seguridad comunitaria asume que otras instituciones locales, estatales, del sector privado y sobre todo de la sociedad civil, es decir, la ciudadanía y sus organizaciones sociales o barriales, juegan un rol importante en la seguridad. La seguridad comunitaria pone énfasis en las labores de prevención y control -antes que represión- de los factores que generan violencia e inseguridad;
XCIX.        SFP: A la Secretaría de la Función Pública;
C.             SHCP: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
 
CI.            Sistema de Información: Sistema Informático de captura y seguimiento de los proyectos del Programa determinado por la SEDATU;
CII.           Sistema Urbano Nacional (SUN): Conjunto de ciudades de 15 mil y más habitantes que se encuentran relacionadas funcionalmente, y cualquier cambio significativo en alguna de ellas propicia en mayor o menor medida, alteraciones en las otras. Éste se integra por 384 ciudades que se clasifican en: zonas metropolitanas, conurbaciones y centros urbanos, identificados y definidos a partir del marco geoestadístico del Censo de Población y Vivienda 2010;
CIII.          Tejido social: Conjunto de relaciones efectivas que inciden en la forma personal para interactuar, producir, y relacionarse en los ámbitos familiar, comunitario y laboral; constituyen un activo para las personas y la sociedad para ampliar y mejorar su calidad de vida;
CIV.          Unidad habitacional: Inmueble de interés social cuya propiedad pertenece proindivisa a varias personas, que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil Federal o en la legislación aplicable en cada entidad federativa;
CV.           UPPEI: Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la SEDATU;
CVI.          Vivienda: Espacio fijo delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, que se construyó o adaptó para el alojamiento de personas;
CVII.         Zona Arqueológica: Vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y cuya investigación, conservación, restauración, recuperación o utilización revistan interés paleontológico conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos;
CVIII.         Zona de Actuación del Programa: Áreas definidas por cada Vertiente y/o modalidad para la realización de las obras y/o acciones, definidas en el numeral 3.10 de estas Reglas de Operación;
CIX.          Zona de Riesgo: Áreas vulnerables ante diferentes fenómenos naturales o tecnológicos, provocando afectaciones en el nivel de vida de los habitantes;
CX.           Zonas metropolitanas: Agrupación en una sola unidad de municipios completos que comparten una unidad central y están altamente interrelacionados funcionalmente. También se consideran a los centros urbanos mayores a un millón de habitantes aunque no hayan rebasado su límite municipal y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas transfronterizas mayores a 250 mil habitantes.
CAPÍTULO 2. DE LOS OBJETIVOS
2.1. General
Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa a través del desarrollo de proyectos de infraestructura básica, complementaria, equipamiento urbano y mejoramiento de la vivienda.
2.2. Específicos
2.2.1. Apoyar el desarrollo de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, así como acciones para el desarrollo comunitario y la promoción del desarrollo urbano, en el ámbito rural, urbano y núcleos agrarios.
2.2.2. Apoyar la ejecución de proyectos para el rescate, habilitación o rehabilitación de espacios públicos, unidades o desarrollos habitacionales y centros integrales de atención a las Mujeres, mejorando la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios.
2.2.3. Apoyar la realización de obras, acciones y servicios para la ampliación y/o equipamiento de la vivienda.
 
CAPÍTULO 3. DE LOS LINEAMIENTOS
3.1. Cobertura
El Programa tendrá una cobertura a nivel nacional y se instrumentará en las Zonas de Actuación definidas por cada Vertiente, con base en los criterios de focalización, priorización y de elegibilidad indicados en las presentes Reglas, así como en la disponibilidad presupuestal del Programa y la capacidad operativa de las Instancias Ejecutoras y Delegaciones.
3.2. Focalización
Con el propósito de fortalecer y contribuir al diseño e implementación de las estrategias y políticas de la planeación sectorial, la URP deberá remitir a la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional (UPPEI), la documentación referente a la metodología empleada para la determinación, verificación y evaluación de los criterios de elegibilidad, los instrumentos de recolección de información, y los espacios territoriales donde intervendrá (agregación máxima a nivel municipio).
La URP deberá remitir a la UPPEI, a más tardar 30 días antes de la conclusión del año fiscal la documentación referida en el párrafo anterior, misma que se empleará para diseñar las estrategias de políticas para la planeación sectorial y evaluación de resultados para el siguiente ejercicio fiscal.
3.3. Población Potencial
La población potencial está conformada por los hogares asentados en AGEB urbanas y localidades menores de 5 mil habitantes que presentan medio, alto y muy alto déficit en condiciones de habitabilidad.
3.4. Población Objetivo
La población objetivo está conformada por los hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa, susceptibles de intervención, en AGEB urbanas y localidades menores de 5 mil habitantes que presentan medio, alto y muy alto déficit en condiciones de habitabilidad.
Los municipios o demarcaciones territoriales, elegibles para recibir el apoyo del programa en cada una de sus vertientes, para el presente ejercicio fiscal, pueden ser consultados en la página electrónica de la SEDATU http://www.gob.mx/sedatu.
3.5 Vertientes del Programa
El Programa de infraestructura se estructurará para su ejecución en estrategias generales de intervención, denominadas Vertientes, mismas que se enumeran a continuación:
a) Infraestructura para el Hábitat:
a.1. Modalidad Mejoramiento del Entorno.
a.2. Modalidad Desarrollo Comunitario.
a.3. Modalidad Promoción del Desarrollo Urbano.
b) Espacios Públicos y Participación Comunitaria:
b.1. Modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos.
b.2. Modalidad Rescate de Unidades Habitacionales.
b.3. Modalidad Ciudad de las Mujeres
c) Mejoramiento de la Vivienda
c.1. Modalidad Ampliación de la Vivienda
c.2 Modalidad Equipamiento de la Vivienda
 
3.5.1 Obras y acciones generales de las Vertientes
Las obras y acciones generales de las Vertientes estarán orientadas a los siguientes rubros:
a) infraestructura para el Hábitat
a.1. Modalidad Mejoramiento del Entorno: Promover apoyos para la realización de obras de construcción o mejoramiento de infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano, obras para la conectividad y accesibilidad, así como para la construcción, ampliación, habilitación y/o equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario y obras para la protección, conservación y revitalización de Centros Históricos.
a.2. Modalidad Desarrollo Comunitario: Impulsar y fortalecer el desarrollo de las personas y su comunidad a través de su participación en la realización de acciones comunitarias, como la implementación de cursos y talleres, con la finalidad de facilitar los medios para la apropiación social de los proyectos.
a.3. Modalidad Promoción del Desarrollo Urbano: apoyar la elaboración de planes o programas de desarrollo urbano municipal, de centros de población y programas parciales de crecimiento, de centros históricos, de puerto fronterizo, de sistema puerto-ciudad, de zona industrial; así como proyectos ejecutivos de gestión integral de riesgos de conformidad con los lineamientos establecidos en la LGAHOTDU, y en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de la Secretaría y/o la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo.
b) Espacios Públicos y Participación Comunitaria
b.1. Modalidad Habilitación y Rescate de Espacios Públicos: Impulsar la construcción, ampliación, habilitación y/o rehabilitación de espacios públicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, turísticas, deportivas que favorezcan procesos de activación, convivencia y cohesión social comunitaria, que brinde movilidad sustentable con diseño de accesibilidad universal. Asimismo, implementar un modelo que contribuya a garantizar el derecho a la ciudad a partir de intervenciones sociourbanas integradas e integrales, para impulsar ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, entorno al espacio público. A través de Instrumentar procesos de construcción y apropiación social del espacio público mediante un diagnóstico y diseño participativo.
b.2. Modalidad Rescate de Unidades Habitacionales: Apoyar proyectos para la realización de obras para habilitar, rehabilitar o equipar las áreas y bienes de uso común que se encuentran en las unidades y desarrollos habitacionales con deterioro o inseguridad, contemplando criterios de diseño con acceso universal.
b.3. Modalidad Ciudad de las Mujeres: Impulsar la construcción y habilitación de espacios públicos que promuevan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, mujeres jóvenes y niñas, desde un Modelo de Servicios Integrales para el Empoderamiento de Mujeres bajo un mismo techo. El Modelo se encuentra para consulta en la página electrónica de la SEDATU http://www.gob.mx/sedatu.
Estos espacios públicos funcionan a través de la estrategia de coordinación intergubernamental e interinstitucional con el fin de satisfacer las necesidades de las mujeres y niñas de una región determinada, mediante servicios relacionados con los siguientes derechos: salud, salud sexual y reproductiva, vida libre de violencia, acceso a la educación, desarrollo económico, desarrollo integral de jóvenes e interés superior de la niñez, mismos que se promueven a través de servicios especializados desde las perspectivas de Género, Derechos Humanos, Interculturalidad, Juventudes, Infancia, que se sustentan en el Principio de Igualdad y No Discriminación. Los proyectos considerados en esta modalidad contarán con la validación por parte de la Dirección General Adjunta para la Igualdad de Género (DGAIG) de la SEDATU.
c) Mejoramiento de la Vivienda
c.1 Modalidad Ampliación de la Vivienda: Apoyar la construcción o instalación de un cuarto adicional, en viviendas cuyos habitantes presenten hacinamiento.
c.2 Modalidad Equipamiento de la Vivienda: Apoyar la instalación de estufas ecológicas, en aquellas viviendas con carencia por combustible.
3.6 Tipos y montos de apoyo
Para cada Vertiente se enuncian los montos de apoyo y aportaciones federales y locales por línea de acción:
3.6.1 Infraestructura para el Hábitat
Para la ejecución de esta Vertiente se contemplarán las siguientes modalidades, tipos de obras y acciones, así como los montos máximos y las aportaciones federales y locales, conforme a la siguiente tabla:
Modalidad
Tipos de Proyectos
Monto Máximo
del Subsidio del
Programa
Aportación
del Programa
Aportación
Local
Mejoramiento del entorno
Introducción o mejoramiento de infraestructura básica, complementaria, equipamiento y equipamiento urbano; vialidades con los elementos mínimos que mejoren la accesibilidad y conectividad, seguridad de peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios(as) del transporte público; construcción, ampliación, habilitación y/o equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario; protección, conservación y revitalización de Centros Históricos.
$4,000,000.00
Hasta el 50% del costo del proyecto
Al menos el 50% del costo del proyecto
Introducción o mejoramiento de infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano en los núcleos agrarios
$2'000,000.00
Hasta el 100% del proyecto
Hasta el 90% del proyecto
Desarrollo Comunitario
Impulsar y fortalecer el desarrollo de las personas y su comunidad a través de su participación en la realización de acciones comunitarias como la implementación de cursos y talleres.
$100,000.00
Hasta el 50% del costo del proyecto
Al menos el 50% del costo del proyecto
Promoción del Desarrollo Urbano
Apoyar la elaboración de planes o programas de desarrollo urbano de centros de población y programas parciales.
$400,000.00
Hasta el 50% del costo del proyecto
Al menos el 50% del costo del proyecto
 
3.6.2 Espacios Públicos y Participación Comunitaria
3.6.2.1 Modalidad de Habilitación y Rescate de Espacios Públicos
El apoyo federal cubrirá hasta el 50% del costo del proyecto y se complementará con la aportación de los gobiernos locales, que deberá representar al menos el otro 50%. En los casos que se requiera la aplicación de acciones de Participación Comunitaria, se podrá destinar hasta el 15% del total del costo del proyecto.
Las propuestas de espacios públicos se llevarán a cabo a través de cuatro tipos de intervención:
I. General Nuevo: Corresponde a propuestas de espacios públicos intervenidos por primera ocasión. Se incluye a aquellos espacios públicos de nueva participación en el Programa que únicamente requieran apoyos para su consolidación.
II. Etapa Posterior: Aquellos espacios intervenidos en ejercicios anteriores y que por su magnitud fueron contemplados a rescatar en más de un ejercicio fiscal.
III. Consolidación: Aplica para las propuestas de espacios públicos rescatados a partir del ejercicio 2013, que requieren de apoyos para realizar obras y/o acciones que complementen sus requerimientos de operación.
IV. Participación Comunitaria: Acciones para potenciar el funcionamiento del espacio público, y dar continuidad a los trabajos realizados por la comunidad.
Se podrá incorporar como elemento de apoyo la participación de promotoras y promotores comunitarios en el presente ejercicio fiscal para la realización de obras y acciones en sus diferentes modalidades, con la finalidad de que coadyuven a su realización, funcionamiento, promoción y difusión, así como lograr la apropiación comunitaria y cohesión social.
Las y los promotores comunitarios(as), deberán ser personas en situación de realizar labores de promoción, difusión y apoyo en la ejecución de las obras y acciones, y que preferentemente vivan en los barrios y colonias aledañas a los espacios a intervenir en sus diferentes modalidades.
 
Se podrá otorgar un estímulo federal mensual para las y los promotores comunitarios(as), el cual podrá ser de hasta 2,880 pesos mensuales, hasta un periodo máximo de 6 meses.
El monto máximo de apoyo federal estará determinado por el tipo de intervención y de espacio público, conforme a la siguiente tabla:
Tipos de
intervención
Tipos de Espacio
Monto Máximo
del Subsidio
del Programa
Aportación del
Programa
Aportación
Local
General Nuevo
Espacios recreativos, parques, plazas, unidades deportivas, riberas, frentes de mar, parques lineales, infraestructura peatonal y ciclista, intersecciones seguras para peatones y ciclistas, zonas de tránsito calmado, calles completas y accesos a equipamiento y servicios, bahías para el ascenso y descenso de usuarios del transporte público, biciestacionamientos, espacios de intermodalidad e integración en corredores y estaciones de transporte público, andadores, entre otros.
3,000,000.00
Hasta el 50% del costo del proyecto
Al menos el 50% del costo del proyecto
Etapa Posterior
3,000,000.00
Hasta el 50% del costo del proyecto
Al menos el 50% del costo del proyecto
Consolidación
750,000.00
Hasta el 50% del costo del Proyecto.
Al menos el 50% del costo del proyecto
Participación Comunitaria
Acciones, cursos y talleres, para potenciar el funcionamiento del espacio público y dar continuidad a los trabajos realizados por la comunidad.
En los casos en que se requiera la aplicación de
acciones de participación comunitaria, se podrá
destinar hasta el 15% del costo total de los proyectos
para este tipo de intervención.
 
3.6.2.2 Modalidad de Rescate de Unidades Habitacionales
Se apoyará la realización de proyectos de unidades y desarrollos habitacionales, viviendas en su exterior y áreas comunes para mejorar la imagen urbana y su entorno.
Las acciones deberán estar disponibles para uso y aprovechamiento de los residentes. Los montos de apoyo máximo de los subsidios del programa por unidad habitacional serán de:
Tipo de
Intervención
Concepto
Monto
Máximo del
Subsidio del
Programa
Aportación del
Programa
Aportación de la
Contraparte
Mejoramiento Físico (MF)
Exterior por vivienda
10,000.00
Al menos el 80% del costo total de las obras y acciones
Hasta el 20% del costo total de las obras y acciones
Mantenimiento, infraestructura en