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DOF: 11/05/2018
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 32/2016, así como los Votos Concurrentes formulados por los ministros Eduardo Medina Mora I

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 32/2016, así como los Votos Concurrentes formulados por los ministros Eduardo Medina Mora I., Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2016.
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de julio de dos mil diecisiete.
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación. Por escrito presentado el seis de mayo dos mil dieciséis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidente, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez del artículo 145 (en la porción normativa "el hombre y la mujer"); y en vía de consecuencia, la invalidez del artículo 144, ambos del Código Civil para el Estado de Chiapas, publicado mediante Decreto 188 en el Periódico Oficial del Estado, el seis de abril de dos mil dieciséis.
Señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada a las siguientes:
I.     Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Chiapas.
II.     Órgano Ejecutivo: Gobernador del Estado de Chiapas.
SEGUNDO. Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas.
·  Artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
·  Artículos 1, 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
·  Artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
·  Artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
TERCERO. Texto de las normas cuya invalidez se solicita:
"Artículo 145. Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años."
Y por vía de extensión:
"Artículo 144. Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá por no puesta."
CUARTO. Concepto de invalidez. La promovente expuso, en síntesis, el siguiente argumento:
"ÚNICO. El artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas, considera a la institución del matrimonio, como la restrictiva unión de un hombre y una mujer, excluyendo a las parejas del mismo sexo, atacando así directamente el derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, así como los principios de igualdad y no discriminación, además de la protección a la organización y desarrollo de la familia, todos previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como se ha puntualizado, el artículo 144 del Código Civil para el Estado de Chiapas, establece que el Estado reconoce como requisito para contraer matrimonio la perpetuación de la especie o la ayuda mutua que se deben los cónyuges previendo que cualquier condición contraria se tendrá por no puesta, satisfaciéndose éste solamente, mediante la unión de un hombre con una mujer, esto en función directa del artículo 145 del mismo ordenamiento.
Así, al prever la figura de matrimonio como un derecho orientado a salvaguardar la perpetuación de la especie, se transgrede el reconocimiento de la dignidad humana, como derecho fundamental, del que
deriva, entre otros, el libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo 1o. de la Constitución Federal; el derecho de todo individuo de elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que implica entre una multiplicidad de posibilidades y opciones, la libertad de contraer o no matrimonio; la de procrear o no hijos, en su caso, decidir cuántos; la de elegir libremente sus preferencias sexuales; y decidir compartir o no su vida con otra y (sic) otras personas con independencia de sus sexos y/o géneros, sin anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas, procurando en todo momento la protección más amplia a las personas.
Con lo anterior, resulta insostenible la porción normativa citada, en tanto considera que el derecho de celebrar el matrimonio se encuentra orientado a salvar y garantizar la perpetuación de la especie, y no a compartir una vida en común con la persona de su elección, pues como se expuso, los fines de procreación dependerán únicamente de la persona y su libre desarrollo, aunado a que al tratarse de un derecho potestativo él o los titulares, en este caso todos aquellos que no tengan algún impedimento para contraer nupcias, se encuentran facultados para decidir ejercerlo o no. Sin que esta celebración conlleve la procreación.
[...]
Con lo anterior resulta insostenible la porción normativa del artículo en pugna, en tanto considera que el derecho de celebrar el matrimonio se encuentra limitado en exclusiva entre un hombre y una mujer, y no con la persona de su elección, pues como se expuso, su sola vigencia repercutirá en su mismo libre desarrollo.
De todo esto se concluye que excluir injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, se contrapone a la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad y resulta evidente que contraviene a los artículos 1o. y 4o. constitucionales.
[...]
En ese orden de ideas, la porción normativa que se impugna, al circunscribir que pueden contraer matrimonio el "hombre y la mujer", transgrede el derecho a la no discriminación, ya que se excluye de forma categórica de este derecho a las parejas del mismo sexo."
QUINTO. Admisión. Mediante proveído de Presidencia de nueve de mayo de dos mil dieciséis se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada y turnarlo a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente. El día diez de esos mismos mes y año se admitió a trámite el asunto, se ordenó requerir a las autoridades que emitieron la norma impugnada, para que rindieran sus informes de ley, y se acordó dar vista a la entonces Procuradora General de la República.
SEXTO. Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. Vicente Pérez Cruz, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Chiapas rindió, en síntesis, el siguiente informe (fojas 68 a 70 del expediente):
"Cierta es la participación del Ejecutivo del Estado respecto a su intervención en el proceso legislativo de promulgar la norma cuya invalidez reclama la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo, dicha promulgación constituye una obligación señalada en la fracción I del artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.
Consecuentemente, el cumplimiento de un mandamiento constitucional local, como lo es la promulgación de leyes o decretos, no constituye contradicción alguna a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues éste se efectuó con apego a la legalidad y constitucionalidad del marco jurídico de la entidad, apoyándose en un proceso legislativo establecido en la Constitución local, mismo que fue respetado en todos sus términos por la autoridad que en él participó."
SÉPTIMO. Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de Chiapas. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas rindió, en síntesis, el siguiente informe (fojas 79 a 98 del expediente:
"En ese tenor, y tomando en consideración lo establecido en el artículo 105, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la contradicción entre una norma de carácter general a la Norma Suprema, situación que no acontece en el caso concreto, toda vez que no trasgrede las disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna, esto es así, debido a que la misma tiene por objeto el beneficio de las personas dentro de la sociedad, toda vez que eleva la edad para contraer matrimonio tanto en el hombre como en la mujer, lo cual en ningún momento hace alusión a que solamente se puede contraer matrimonio entre el hombre y la mujer, pues el artículo 145, que combate la promovente por esta vía, refiere que para contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido 18 años, haciendo referencia claramente a que debe tener 18 años el hombre y la mujer, mas no refiere que el matrimonio sea únicamente entre el hombre y la mujer, sino que para contraer matrimonio deben de contar con la edad de 18 años cumplidos, ya sea el hombre o ya sea la mujer, circunstancias éstas que no pueden considerarse como discriminatorias, como lo quiere hacer valer la promovente, circunstancias éstas que van encaminadas para un bien común, que es el de mayor beneficio el de proteger los derechos humanos de los niños, al elevar la edad para contraer matrimonio, evitando con ello diversas violaciones a los derechos humanos, amén de que el procedimiento legislativo para efectuar dicha adición fue acorde a los preceptos legales y fue emitido por autoridad competente, esto es así, debido a que contrario a lo que arguye la promovente, este Poder Legislativo sí cumplió con la garantía de fundamentación y motivación en la expedición del Decreto número 188, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Chiapas y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, esto en virtud que respecto a las garantías de fundamentación y motivación tratándose de leyes, el Pleno de este Alto Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se satisfacen cuando el legislador actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), como se advierte en la jurisprudencia siguiente: (la transcribe).
[...]
[...] al referir "el hombre y la mujer", regulación que no es discriminatoria, si nos vamos a la literalidad de su texto normativo, los mismos no excluyen el acceso al matrimonio, pues en ningún momento, se insiste, establece que solo pueden contraer matrimonio entre ellos âhombre y la mujerâ, como de manera indebida lo interpreta la promovente, sino que regula la edad para contraer matrimonio, que como ya se mencionó dicha reforma es en aras y en beneficio de la sociedad misma."
OCTAVO. Intervención de la entonces Procuradora General de la república. No emitió opinión en el presente asunto.
NOVENO. Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis se decretó el cierre de la instrucción (foja 200 de autos).
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que en ella se plantea la posible contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por una norma de carácter general.
SEGUNDO. Oportunidad. La acción de inconstitucionalidad se presentó oportunamente, es decir, dentro del plazo de treinta días naturales que establece el artículo 60 de la ley reglamentaria(1).
Así es, el cómputo inició el jueves siete de abril de dos mil dieciséis y venció el viernes seis de mayo de dos mil dieciséis, ya que la norma reclamada fue publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el miércoles seis de abril de dos mil dieciséis.
Si la demanda se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de mayo del mismo año, se debe concluir que la acción de inconstitucionalidad es oportuna, como aquí se demuestra:
Abril de 2016
 
Mayo de 2016
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TERCERO. Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.
Legitimación en la causa. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), así como tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 144 y 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas, por lo que se encuentra facultada para tal efecto.
Legitimación en el proceso. Quien promovió la demanda de acción es el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicho funcionario tiene legitimación activa en el proceso, en términos de ley(2) y de acuerdo con la copia del nombramiento que obra a fojas 35 del expediente(3).
CUARTO. Causa de improcedencia. El Poder Legislativo del Estado de Chiapas hizo valer la relativa a la extemporaneidad de la acción de inconstitucionalidad(4).
Argumenta que el artículo 144 del Código Civil para el Estado de Chiapas no constituye un nuevo acto legislativo, pues no ha sufrido reforma alguna, ni se reclama su aplicación, por ello, si no se combatió en el momento procesal oportuno (es decir, cuando se emitió) no es posible analizar su constitucionalidad.
Es infundado el planteamiento. Aun cuando es verdad que el artículo 144 de referencia no fue motivo de reforma y, por ello, en principio, su impugnación no pareciera oportuna, lo cierto es que esta norma se controvierte en vía indirecta y por extensión, lo cual amerita que en el fondo se analice y sea el Tribunal Pleno el que decida si existe mérito para invalidarlo de forma extensiva.
Este Alto Tribunal(5) ha sostenido que existe la "invalidación indirecta", en la cual la invalidez de una norma o de un grupo de ellas se origina a partir de la extensión de los efectos de la invalidez de otra. Este modelo está previsto en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a través suyo es posible invalidar normas aun cuando no se hubieren impugnado.
De ahí que el argumento resulte inatendible, porque, en todo caso, será materia de fondo determinar si se extienden los efectos de invalidez de la otra norma (para el supuesto de que ésta proceda).
QUINTO. Análisis del concepto de invalidez relativo al artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas. Se impugna el artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas en su porción normativa "el hombre y la mujer". El argumento toral es que vulnera el derecho de autodeterminación de las personas al libre desarrollo de la personalidad y el principio de igualdad, porque a partir de ello se da un trato discriminatorio a parejas del mismo sexo respecto de las heterosexuales, al excluirlas de la posibilidad de contraer matrimonio.
Es fundado el argumento.
Las norma impugnada forma parte del Título Quinto, denominado "Del matrimonio", Capítulo II, del Código Civil para el Estado de Chiapas. Su texto dice:
"CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO
...
(REFORMADO, P.O. 6 DE ABRIL DE 2016)
 
ART. 145.- PARA CONTRAER MATRIMONIO, EL HOMBRE Y LA MUJER NECESITAN HABER CUMPLIDO DIECIOCHO AÑOS."
Si bien, el artículo 145 controvertido no define a la institución del matrimonio, sí contempla que éste se contraiga entre "el hombre y la mujer", y si este precepto se interpreta de manera sistemática con el señalado en los distintos artículos 169, 174, 213, 214 y 215(6), sin lugar a dudas se advierte que la concepción de la institución del matrimonio en el Estado de Chiapas, está orientada a que se celebre solamente entre un hombre y una mujer.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos similares, ha resuelto que no es sostenible afirmar, sin más, que el matrimonio en su definición tradicional sea un concepto completo y, por tanto, inmodificable por el legislador, máxime que del proceso de secularización de la sociedad y del propio matrimonio, la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no tenerlos, deriva de la autodeterminación de cada persona y del derecho al libre desarrollo de la personalidad de todo individuo, sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos con su cónyuge.
En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015(7) este Tribunal Pleno sostuvo lo siguiente:
"45. Pues bien, para resolver lo planteado conviene precisar, en primer término lo que este Tribunal Pleno ha señalado respecto de los derechos contenidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.
a) Derechos derivados de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal.
46. El artículo 1o. de la Constitución Federal, en lo que al caso interesa, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma establece, así como que: âQueda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.'.
47. Al respecto, ya este Alto Tribunal ha señalado que derivado del derecho fundamental a la dignidad humana se encuentran el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos; la de escoger su apariencia personal; así como su libre concepción sexual.
48. Asimismo, este Tribunal Pleno reconoció que es un hecho indiscutible que la naturaleza humana es sumamente compleja, lo cual, en la especie, se representa con uno de los aspectos que la conforman, que es la preferencia sexual de cada individuo, la que indudablemente orienta también su proyección de vida, sobre todo, en este caso, la que desee o no tener en común con otra persona, ya sea de diferente o de su mismo sexo. Es, por tanto, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que como cualquier persona incluye el deseo de tener una vida en común con otra persona de igual o distinto sexo o no y que, en modo alguno, deberá limitarlo en la búsqueda y logro de su felicidad.
49. También este Tribunal Pleno ha señalado en diversos precedentes que dentro de los derechos fundamentales se encuentra el derecho a la identidad personal y sexual, entendiéndose por el primero, el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo, lo que implica, además, la identidad sexual, que lo proyecta frente a sí y socialmente desde su perspectiva sexual, así como su preferencia u orientación sexual y que, por tanto, se inscribe dentro de la autodeterminación de las personas e incide en el libre desarrollo de las mismas, al ser un elemento que innegablemente determinará sus relaciones afectivas y/o sexuales con personas de diferente o de su mismo sexo y, de ahí su elección de con quién formar una vida común y tener hijos, si es que desea hacerlo.
50. Este Tribunal Pleno también sostuvo que si bien en nuestra Constitución Política no se contempla un derecho a contraer matrimonio, lo cierto es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de decidir casarse o no. Así, tratándose de personas homosexuales, de la misma forma que ocurre con las personas con orientación sexual hacia otras
de diferente sexo (heterosexuales), es parte de su pleno desarrollo el establecimiento libre y voluntario de relaciones afectivas con personas del mismo sexo; relaciones, unas y otras, que como informan los diferentes datos sociológicos comparten como característica que constituyen una comunidad de vida a partir de lazos afectivos, sexuales y de solidaridad recíproca, con una vocación de estabilidad y de permanencia en el tiempo.
51. Al respecto, este Tribunal Pleno advirtió que en diversos países vía legislación o jurisprudencia, se ha evolucionado paulatinamente en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales y la protección jurídica de sus uniones, justificándose dichos referentes en la eliminación de la discriminación que históricamente han sufrido. Una de las formas que ha sido utilizada para lograr ese fin es a través de la aprobación de leyes que regulan las llamadas âsociedades de convivencia' o âpactos de solidaridad', para reconocer las uniones de hecho de personas homosexuales, aunque también en algunas de esas legislaciones, e incluso en la del Distrito Federal, no se limitaron a ese tipo de relaciones, comprendiendo ahora, además, las uniones de hecho entre personas heterosexuales, que no sean un matrimonio o un concubinato; sin embargo, tales legislaciones se equiparan, en lo general, al concubinato y no al matrimonio, por lo que no alcanzan a tener el mismo reconocimiento y protección jurídica de los derechos y obligaciones que surgen de las mismas.
52. También destacó el Tribunal Pleno que si uno de los aspectos que conduce la forma en que un individuo proyectará su vida y sus relaciones, es su orientación sexual, es un hecho que en pleno respeto a la dignidad humana es exigible el reconocimiento por parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su mismo sexo, sino también de sus uniones bajo las modalidades que en un momento dado se decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos y el matrimonio).
53. Por tanto, aun cuando es cierto que existen diferencias entre unas y otras parejas, sobre todo, en cuanto a la limitante de procrear hijos biológicamente comunes en las del mismo sexo, ello no se traduce en una diferencia o desigualdad entre ambas relaciones que en forma relevante incida en la decisión del legislador de extender la institución del matrimonio civil de forma tal que comprenda a ambas, puesto que la âpotencialidad' de la reproducción no es una finalidad esencial de aquél tratándose de las parejas heterosexuales que dentro de su derecho de autodeterminación, deciden tener hijos o no, o bien, se encuentran, en ocasiones, ante la imposibilidad de tenerlos, lo que en modo alguno les impide contraerlo, ni es una causa para anularlo si no se ha cumplido con una función reproductiva.
54. Asimismo, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 interpretó, en la parte que interesa, el artículo 4o. de la Constitución Federal, al señalar que dicho artículo contiene diversos aspectos, tales como: a) la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; b) la protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo relativo a su organización y desarrollo; y c) el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada. Además, este Pleno precisó que esa disposición constitucional, contiene una serie de principios y derechos que no tienen una relación directa entre sí, pues además de los referidos aspectos, consagra también el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, el derecho de la familia a tener una vivienda digna y decorosa, la protección a los niños y sus derechos y, derivado de su última reforma en dos mil nueve, el derecho a la cultura y a la creación cultural, la protección a la diversidad cultural y el respeto a la libertad creativa .
i. La igualdad ante la ley del hombre y la mujer.
55. A propósito de este aspecto -igualdad entre hombre y mujer ante la ley-, este Máximo Tribunal señaló que tanto del texto del artículo 4 ° constitucional, como del procedimiento legislativo que le dio origen, la reforma obedeció a la discriminación histórica advertida hacia las mujeres (justificada en la pretendida protección a ese grupo vulnerable), de manera que se buscó eliminarla, a fin de lograr la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley, con lo que se constituyó un límite material a la actividad legislativa, esto, en el entendido de que conforme a los criterios de esta Corte en materia de igualdad no se trata de dar un trato idéntico o de prohibir el establecimiento de diferenciaciones, sino de lograr una igualdad real entre hombres y mujeres.
ii. La protección a la familia.
56. En cuanto a este segundo aspecto -protección a la familia-, este órgano colegiado indicó que lo consagrado constitucionalmente es justamente su protección, en cuanto a su organización y desarrollo, sobre lo cual se dejó al legislador ordinario la facultad de garantizarlo de manera tal que conlleve su promoción y protección por el Estado, sin que tal protección constitucional se refiera o
limite a un tipo de familia, como sería la nuclear (padre, madre e hijos) y que se pueda deducir que la familia se constituya exclusivamente a través del matrimonio entre un hombre y una mujer.
57. Por consiguiente, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social y, por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto a realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.
iii. El derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada.
58. Respecto de este aspecto -derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada-, el Tribunal Pleno advirtió que se trata de un derecho fundamental, de los denominados de libertad, sobre la determinación libre sobre el número y espaciamiento de los hijos que se deseen tener, lo cual implica también la decisión de no tenerlos; a la par, el artículo 4o. constitucional establece la obligación del Estado de proporcionar información acerca de métodos de anticoncepción, educación sexual, etcétera, a fin de que dicha decisión sea tomada en forma responsable e informada. Sobre este derecho a decidir libremente respecto del número y espaciamiento de los hijos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada, sostuvo que el derecho a ser padre o madre no es conceptualmente referible a un derecho de exclusivo ejercicio colectivo, dado que, por ejemplo, una vía para ejercer este derecho es la adopción que, en el caso del Código Civil para el Distrito Federal, se permite tanto por un matrimonio como por una sola persona (hombre o mujer solteros).
59. Luego de explicar las notas distintivas en la evolución de las relaciones familiares, el Tribunal Pleno concluyó que conforme al artículo 4o. constitucional, el legislador ordinario está obligado a proteger la organización y el desarrollo de la familia âen sus múltiples organizaciones y/o manifestacionesâ, esto es, entendida la familia como un diseño o realidad social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura y que si bien, históricamente, el matrimonio como institución civil ha sido tradicionalmente reconocido como el celebrado entre un hombre y una mujer, así como la base primaria de la familia y, como tal, ha sido objeto de una especial protección jurídica, interviniendo el Estado en su celebración y registro a través de la fe pública del funcionario competente para ello, de todo lo cual deriva el reconocimiento y protección de los diversos efectos de dicho vínculo (derechos y obligaciones para los contrayentes y, en su caso, hacia sus hijos, así como frente a terceros); también es cierto que el referido estatus jurídico especial del matrimonio no ha impedido que dada la dinámica de la sociedad el legislador ordinario haya reconocido otro tipo de uniones, como ha ocurrido, por ejemplo, al regular en el Código Civil, el concubinato, concebido como la unión de dos personas de la que, con el transcurso de determinado tiempo de vida en común, surgen recíprocamente entre ellos derechos y obligaciones y, en su caso, hacia sus descendientes, o bien, más recientemente, en el caso del Distrito Federal, a través de la Ley de Sociedades de Convivencia, mediante la cual se reconocen también los derechos y obligaciones que surgen de determinado tipo de uniones de hecho.
60. Así, el Tribunal Pleno consideró, en el preciso tema de la procreación para la perpetuación de la especie, como una de las finalidades que originalmente se vinculaba al matrimonio, que una característica particular de la evolución de esa institución y su relación con la procreación, es el hecho de que si bien se prevé como impedimento para celebrarlo, entre otros, la impotencia incurable para la cópula (artículo 156, fracción VIII, del Código Civil para el Distrito Federal), se establece, a la par, una dispensa cuando dicha impotencia sea conocida y aceptada por el otro contrayente, o bien, aun cuando una causa de nulidad del matrimonio sea que el matrimonio se hubiere celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 156, entre ellos, el citado con antelación, se establece como salvedad que no hubiesen sido dispensados en los casos en que así proceda (artículo 235). Además, advirtió que un dato más acerca de dicha separación matrimonio-procreación, es la reforma realizada al Código Civil para el Distrito Federal en dos mil ocho, en materia de reasignación sexual (personas transexuales) que entre otros reformó el artículo 97, fracción VII, para señalar que las personas que deseen contraer matrimonio, deberán presentar un escrito ante el Juez del Registro Civil que, entre otros elementos, contenga âla manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el caso de que alguno de los contrayentes
haya concluido el proceso para la concordancia sexo-genérica'. De lo que se advierte que si bien, en ese supuesto, podría existir diferencia de sexo entre quienes contraen matrimonio, derivado de una reasignación sexual, una vez practicada la operación quirúrgica, teniendo como consecuencia la imposibilidad física para la procreación, ello no les impide contraer matrimonio.
61. Asimismo, con apoyo en los criterios emitidos por tribunales internacionales, este Alto Tribunal consideró que la Corte Europea de Derechos Humanos se ha pronunciado, reconociendo que la imposibilidad física para tener hijos, no es un motivo para impedir a las personas transexuales contraer matrimonio.
62. De todo lo anterior, este Máximo Tribunal concluyó que aun cuando históricamente el matrimonio ha sido considerado como la unión entre un hombre y una mujer, teniendo la procreación, en determinado momento, un papel importante para su definición y, sin desconocer, por ello, que procrear siga siendo parte importante de las uniones humanas; no es sostenible afirmar, sin más que el matrimonio en su definición tradicional fuera un concepto completo y, por tanto, inmodificable por el legislador, máxime derivado del proceso de secularización de la sociedad y del propio matrimonio; de manera que la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no tenerlos, deriva de la autodeterminación de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, que ya ha sido reconocido por la Suprema Corte (amparo directo civil 6/2008), sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, máxime que en ese aspecto confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el tenerlos, lo que en modo alguno puede estimarse como obstáculo para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones.
63. En el mismo sentido, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto diversos precedentes en los que, de igual manera, ha determinado que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que toda aquélla ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a un hombre y una mujer, excluyendo de él a las parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es la procreación, resulta inconstitucional, ya que conllevan un acto de verdadera discriminación que no puede ser tolerado en un estado de derecho como el nuestro, el cual no sólo debe estar abierto a la pluralidad, sino que además, debe estar comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos.
64. Pues bien, una vez señalados estos precedentes en los que ya se ha establecido el criterio de este Tribunal sobre el tema, conviene recordar cual es el texto del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco impugnado:
âArtículo 260.- Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos dieciocho años de edad de conformidad a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes.'
65. Si bien, el artículo impugnado no define a la institución del matrimonio pues esta definición se encuentra en el diverso artículo 258 del mismo ordenamiento legal -el cual no fue reformado, pero respecto del cual el promovente solicita su declaración de invalidez de manera indirecta y por extensión-, si contempla que este se contraiga entre âel hombre y la mujer'. Y si este precepto lo interpretamos de manera sistemática con el señalado artículo 258, el cual sí define a la institución del matrimonio como una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, sin lugar a dudas se advierte que la concepción de esta institución en el Estado de Jalisco, está orientada a que se celebre entre un hombre y una mujer.
..."
Ahora bien, a pesar de la inconstitucionalidad en que incurre la norma reclamada, al restringir el derecho de contraer matrimonio para que solo se ejerza entre personas de distinto sexo, no resulta necesario invalidar la disposición en su totalidad en atención a que basta con expulsar del orden jurídico la porción normativa que establece "...el hombre y la mujer...", para que el precepto restante mantenga una redacción inteligible derivado del contexto legal en el que se ubica, de modo tal que su lectura lleve solamente al convencimiento de que a los contrayentes se les exige que "Para contraer matrimonio necesitan haber cumplido
dieciocho años."
En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en numerosos precedentes la posibilidad de preservar el contenido de las disposiciones legales en las que solo una parte de ellas es contraria a la Norma Fundamental, de tal suerte que la declaratoria de invalidez no solo tenga por objeto impedir que se siga aplicando esa porción normativa considerada inconstitucional a casos futuros, sino que la propia ejecutoria decrete la posibilidad de mantener intocados los fragmentos de las normas impugnadas cuando, prescindiendo de lo invalidado, su lectura resulte coherente y ahora sí apegada a la Constitución Federal, contribuyendo con ello a la eficacia de lo resuelto y a la seguridad jurídica que deriva de la nueva lectura de la norma examinada.
En el caso concreto así acontece, porque el artículo 145 reclamado se sitúa dentro del Título Quinto, Capítulo II, del Código Civil para el Estado de Chiapas, los cuales respectivamente llevan por rubro: "Del Matrimonio" y "Requisitos para contraer matrimonio"; expresiones que en ambos casos permiten comprender con facilidad que cuando del texto de dicho precepto se excluya la porción normativa invalidada que establece "...el hombre y la mujer..."; la nueva lectura resultante será que "Para contraer matrimonio necesitan haber cumplido dieciocho años."
Con esta nueva redacción del contenido residual de la norma se hará clara e indudable la alusión a los contrayentes cualquiera que sea su sexo, aun cuando gramaticalmente el precepto no mencione a sujeto alguno, porque es obvio que solo puede referirse a los futuros consortes al inscribirse el precepto dentro del articulado que regula la institución del matrimonio, pues de lo que se trata es de facilitar a los destinatarios su aplicación inmediata sin necesidad de esperar a que el órgano legislativo repare la violación a los derechos fundamentales advertida en la presente ejecutoria, decisión que para mayor claridad se ilustra con el siguiente cuadro comparativo:
TEXTO ANTERIOR CON LA PORCIÓN NORMATIVA
INVALIDADA
NUEVA LECTURA SIN LA PORCIÓN NORMATIVA
INVALIDADA
"ART. 145.- PARA CONTRAER MATRIMONIO, EL HOMBRE Y LA MUJER NECESITAN HABER CUMPLIDO DIECIOCHO AÑOS."
âART. 145.- PARA CONTRAER MATRIMONIO NECESITAN HABER CUMPLIDO DIECIOCHO AÑOS.'
 
En virtud de lo anterior, y al no quedar duda alguna del sentido de la norma resultante de soslayar el fragmento legal considerado inconstitucional, procede declarar la invalidez única y exclusivamente de la porción normativa que indica "...el hombre y la mujer..." del artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas para que la lectura de tal precepto se haga conforme se explica en los párrafos precedentes.
SEXTO. Invalidez extensiva del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Chiapas. Si bien, esta invalidez extensiva no tiene una relación directa con los sujetos (el hombre y la mujer) que se declararon inválidos en el considerando que antecede, lo cierto es que atiende a una finalidad del matrimonio respecto de la cual este Tribunal Pleno ya se pronunció en el mismo precedente aquí transcrito y que es: "la perpetuación de la especie"; aspecto que se encuentra íntimamente vinculado al concepto de matrimonio, al establecerlo como uno de sus objetivos necesarios.
En tal virtud, se considera que es inconstitucional este fin, ya que viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la autodeterminación sobre el número y espaciamiento de los hijos que se deseen tener o, en su caso, la decisión de no tenerlos, pues al respecto este Alto Tribunal ha sostenido que: "la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no tenerlos, deriva de la autodeterminación de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, máxime que en ese aspecto confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el tenerlos, lo que en modo alguno puede estimarse como obstáculo para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones".
En virtud de lo anterior, se declara la invalidez por extensión del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Chiapas en la porción normativa que indica "a la perpetuación de la especie o", por inconstitucional, en términos de lo antes señalado.
SÉPTIMO. Mandato de interpretación de las normas relacionadas con la declarada inconstitucional. Los artículos 41, fracción IV(8), y 73(9) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, disponen que las sentencias que se dicten en las acciones de inconstitucionalidad deberán contener: a) los alcances y efectos; b) la fijación precisa, en su caso, de los órganos obligados a cumplirla; c) las normas generales o actos respecto de los cuales opere; y d) todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda.
 
Además, las mismas normas prevén que cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.
No obstante, este mandato que ha sido interpretado por este Tribunal Pleno en su jurisprudencia P./J. 32/2006(10), en el sentido de que no existe la obligación de analizar exhaustivamente todos los ordenamientos legales relacionados con la norma declarada inconstitucional y además desentrañar el sentido de sus disposiciones, a fin de determinar las normas a las que puedan hacerse extensivos los efectos de tal declaración de invalidez, sino que para poder hacer tal pronunciamiento basta con revisar si el vínculo de dependencia entre las normas combatidas y sus relacionadas sea claro y se advierta sin dificultad alguna del estudio de la problemática planteada.
Ahora bien, en adición a lo anterior, y con el fin de proporcionar mayor efectividad a las ejecutorias invalidantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene precisar que tratándose de alguna disposición declarada inconstitucional que contenga un concepto jurídico, cuya definición trascienda a un número importante de normas que adopten su contenido, ya sea dentro de la propia ley en la que se ubica el precepto invalidado, o inclusive, dentro de otros ordenamientos emitidos por el mismo órgano legislativo, tampoco es necesario verificar cuáles de todos esos preceptos son los que se verán afectados por la invalidez decretada, y menos aún expulsarlos del orden jurídico, pues además de que ello implicaría una difícil revisión exhaustiva, también se podrían ocasionar innumerables vacíos legislativos con la consecuente inseguridad jurídica que tal situación conlleva.
Por tanto, cuando lo declarado inconstitucional incida en la forma en la que el legislador concibió una institución jurídica, no es imprescindible que todas y cada una de aquellas diversas disposiciones que tomen como base de su texto el concepto legal declarado inconstitucional, también necesariamente deban declararse inválidas en forma extensiva âen su totalidad o en alguna porción de ellasâ porque con este proceder lejos de ofrecerse seguridad jurídica con la ejecutoria, la expulsión completa o parcial del orden jurídico de un número importante de normas propiciaría una variedad de lagunas legales que pueden llegar a impedir la regulación de una determinada conducta, entre tanto se legisla nuevamente para reparar la inconstitucionalidad advertida.
En tal virtud, en este tipo de casos bastará con que el Tribunal Pleno señale que todos aquellos otros preceptos edificados sobre el concepto jurídico declarado inconstitucional se interpreten de acuerdo con la nueva definición que sea conforme con la Constitución Federal, de manera que con este mandato de interpretación se facilite su aplicación sin necesidad de hacer extensiva en forma indiscriminada la invalidez declarada.
A este respecto conviene señalar que en la jurisprudencia P./J. 84/2007(11), el Tribunal Pleno determinó que cuenta con un amplio margen de apreciación para equilibrar todos los principios, competencias e institutos que pudieran verse afectados positiva o negativamente por causa de la expulsión de la norma declarada inconstitucional, de tal suerte que a través de los efectos que imprima a sus sentencias debe salvaguardar de manera eficaz el orden jurídico, evitando, al mismo tiempo, generar una situación de mayor incertidumbre que la ocasionada por las normas impugnadas, o invadir injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros poderes públicos.
En el caso concreto, de acuerdo con la pauta abierta para que el matrimonio pueda celebrarse entre personas del mismo sexo y a partir de que surta efectos la presente ejecutoria, todas las demás disposiciones legales locales del Estado de Chiapas deberán interpretarse en el sentido de que los sujetos de la unión conyugal que se designen bajo las denominaciones de género específicas, tales como "esposa" o "esposo"; "marido" o "mujer"; "viuda" o "viudo", y todas aquéllas análogas que establezcan diferencias de trato para los cónyuges cualquiera que sea su sexo, deberán leerse en armonía con el concepto jurídico señalado en primer término, es decir, para que no hagan distinción alguna respecto del ejercicio y obligaciones de los derechos de los consortes.
OCTAVO. Momento en que surte efectos la ejecutoria. La presente declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente sentencia al Congreso del Estado de Chiapas.
Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se resuelve:
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 145, en la porción normativa âel hombre y la mujer', del Código Civil para el Estado de Chiapas, publicado mediante Decreto 188 en el Periódico Oficial de esa entidad el seis de abril de dos mil dieciséis y, en vía de consecuencia, del artículo 144, en la porción normativa âa la perpetuación de la especie o', del referido código civil; en la inteligencia de que en la interpretación y aplicación de las normas generales del orden jurídico del Estado de Chiapas, que se refieran a la institución del matrimonio, deberá entenderse que éste corresponde a los celebrados por dos personas de diferente o del
mismo sexo.
TERCERO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo, así como sus efectos, se surtirán a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Chiapas.
CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación.
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando cuarto, relativo a la causa de improcedencia. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea estuvo ausente durante esta votación.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz con la invalidez total del artículo, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo separándose de algunas consideraciones, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán en la extensión que se requiera para hacerlo congruente y Presidente Aguilar Morales únicamente por violación al principio de no discriminación, respecto del considerando quinto, relativo al análisis del único concepto de invalidez, consiste en declarar la invalidez del artículo 145, en la porción normativa "el hombre y la mujer", del Código Civil del Estado de Chiapas. Los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Medina Mora I. anunciaron sendos votos concurrentes. El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reservó su derecho de formular voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando quinto, relativo al análisis del único concepto de invalidez, consistente en mantener la invalidez del artículo 145, en la porción normativa "el hombre y la mujer", del Código Civil para el Estado de Chiapas, con una interpretación sistemática en el sentido de que el texto restante del precepto se refiere a los contrayentes. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra. El señor Ministro Presidente Aguilar Morales anunció voto concurrente.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando sexto, relativo a los efectos de la invalidez de las normas, consistente en declarar la invalidez, en vía de consecuencia, del artículo 144, en la porción normativa "a la perpetuación de la especie o", del Código Civil para el Estado de Chiapas. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra. Los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Medina Mora I. anunciaron sendos votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando sexto, relativo a los efectos de la invalidez de las normas, consistente en establecer que en la interpretación y aplicación de las normas generales del orden jurídico del Estado de Chiapas, que se refieran a la institución del matrimonio, deberá entenderse que éste corresponde a los celebrados por dos personas de diferente o del mismo sexo. El señor Ministro Medina Mora I. votó en contra y anunció voto particular. Los señores Ministros Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos concurrentes.
En relación con los puntos resolutivos tercero y cuarto:
Se aprobaron en votación económica por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.
 
El señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no asistió a la sesión de once de julio de dos mil diecisiete por gozar de vacaciones, dado que integró la Comisión de Receso correspondiente al Segundo Período de Sesiones de dos mil quince.
El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe.
Firman el Ministro Presidente, la Ministra Ponente y el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
El Ministro Presidente: Luis María Aguilar Morales.- Rúbrica.- La Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos: Rafael Coello Cetina.- Rúbrica.
LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de quince fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original de la sentencia del once de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Plano en la acción de inconstitucionalidad 32/2016. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO PRESIDENTE LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, RESPECTO DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2016.
Al resolver este asunto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 145(12) del Código Civil del Estado de Chiapas, en la porción normativa que indica "el hombre y la mujer". Asimismo, por extensión de efectos, declaró inválidos los artículos 144(13), en la porción normativa que indica "perpetuación de la especie"; ambos del Código Civil del Estado de Chiapas.
Lo anterior, al considerar que dichos artículos atentan contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo.
Aunque comparto la declaratoria de invalidez que fue aprobada por mayoría de nueve votos del Pleno de este Alto Tribunal, no comparto el tratamiento que se le dio al tema de constitucionalidad planteado (discriminación por razón de orientación sexual).
En el presente caso, el artículo el artículo 145 del Código Civil del Estado de Chiapas establece como requisito para contraer matrimonio que el hombre y la mujer cuenten con al menos 18 años de edad. Esto es, limita la figura del matrimonio a los casos celebrados entre parejas heterosexuales; excluyendo la posibilidad de que la unión matrimonial se lleve a cabo entre personas del mismo sexo.
Bajo esta premisa, se puede advertir que el legislador realizó una distinción para contraer matrimonio basada en la orientación sexual de las personas, esto es, su trabajo legislativo se construyó sobre una categoría sospechosa de las previstas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que obligaba a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de su jurisprudencia(14), a realizar un escrutinio estricto de la norma impugnada a la luz del principio de igualdad y no discriminación.
Precisado lo anterior, correspondía a este Tribunal Pleno determinar si la medida adoptada perseguía una finalidad constitucionalmente legítima. Como a continuación se analiza.
En principio, la finalidad que persigue la medida legislativa impugnada se encuentra dirigida a la protección de la familia, en tanto regula la figura del matrimonio como una forma de constituirla. Sin embargo, si bien esa es la finalidad, resulta necesario analizar si dicha medida cumple eficazmente con ella.
En ese sentido, es importante determinar los alcances de la protección a "la familia" en términos del artículo 4 ° constitucional.
Al respecto, en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, el Pleno de esta Suprema Corte sostuvo, en lo que aquí interesa, que: a) la protección constitucional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el legislador ordinario debe proteger; b) la Constitución tutela a la familia entendida como realidad social, lo cual se traduce en que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad: familias nucleares compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y
también familias homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos; c) el artículo 4 ° constitucional no alude a un "modelo de familia ideal" que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación; y, d) que la protección de la familia que ordena la Constitución no se refiere exclusivamente a la familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio: padre, madre e hijos biológicos.
Bajo la interpretación evolutiva que se ha hecho del concepto de familia previsto en el artículo 4 ° constitucional, se puede concluir que la norma que permite la celebración del matrimonio únicamente entre parejas heterosexuales, no cumple con la finalidad para la que fue creada, pues no protege a la familia en todas sus dimensiones.
Sin que pase inadvertido que en el proceso legislativo que dio origen a la norma impugnada, no se expresó razón alguna que validara o justificara constitucionalmente la exclusión de la figura del matrimonio para parejas homosexuales, de ahí que dicha distinción sea evidentemente discriminatoria en razón de la orientación de las personas.
Y es que, una vez eliminado el elemento de la procreación como fin del matrimonio, las relaciones heterosexuales y homosexuales se encuentran en una misma situación en cuanto deciden unirse en matrimonio con el fin de cuidarse, quererse, protegerse, ayudarse mutuamente y tener vida en común, de ahí que no se encuentre justificada la exclusión por motivo de orientación sexual que hizo el legislador del Estado de Chiapas.
Aunado a lo anterior, no puede desconocerse que prohibir implícitamente el matrimonio para las parejas homosexuales es una medida que se encuentra impregnada de prejuicios sociales en contra de los homosexuales derivada de una discriminación estructural en su contra.
En efecto, la medida legislativa impugnada es el resultado de una discriminación histórica y sistemática derivada de diferentes prejuicios, prácticas sociales y sistema de creencias que han ocasionado la invisibilización de este grupo vulnerable impidiendo el ejercicio pleno de sus derechos.
En ese sentido, con base en el artículo 1 ° constitucional, es obligación de este Alto Tribunal Constitucional erradicar todo tipo de estereotipos y estigmas sociales que disminuyan o restrinjan los derechos de una persona a partir de su orientación sexual; así como también, de manera paralela, desarrollar formas de vida más incluyentes con independencia de las opciones de vida de los ciudadanos.
En esta misma línea, negar el matrimonio a las personas homosexuales implica también negarles el acceso a diversos beneficios (médicos, fiscales, hereditarios, alimentarios, etc.) que pueden obtenerse únicamente a través de esta figura, con lo que indirectamente se les estarían menoscabando otros derechos fundamentales.
En otro orden de ideas, la exclusión de las personas homosexuales a la institución del matrimonio incide directamente en el libre desarrollo de la personalidad que, como ya lo ha señalado este Pleno, implica el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas y objetivos que se ha fijado, es decir, es la persona humana quien decide el sentido de su propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera(15).
Así, este derecho comprende todas aquellas decisiones a través de las cuales el individuo desee proyectarse y vivir su vida y, que por tanto, sólo le compete a él decidir en forma autónoma. Y entre dichas decisiones se encuentra la de elegir la pareja con la que se quiera contraer matrimonio, con independencia de su orientación sexual.
Por estas razones considero que excluir el matrimonio para las parejas homosexuales, esto es, en atención a su orientación sexual, incumple con la finalidad legítima de proteger a la familia y; por tanto, resulta una medida evidentemente discriminatoria y violatoria de los artículos 1 ° y 4 ° de la Constitución Federal.
Bajo este entender es que, coincidiendo con la declaratoria de invalidez del artículo 145 del Código Civil del Estado de Chiapas, en la porción normativa que indica "el hombre y la mujer", respetuosamente me aparto de las consideraciones.
El Ministro Presidente, Luis María Aguilar Morales.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de cuatro fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales,
en relación con la sentencia de once de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Plano en la acción de inconstitucionalidad 32/2016. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- Rúbrica.
VOTO QUE FORMULA EL MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA I. EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/
2016
En relación con el considerando quinto, "Análisis del concepto de invalidez relativo al artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas", estimo, de acuerdo con el voto formulado en la acción de inconstitucionalidad 28/2015, cuya argumentación se retoma en este asunto, que la norma resulta inconstitucional, exclusivamente, por una condición de trato desigual injustificado a las parejas homosexuales.
Respecto del considerando séptimo, "Método de interpretación de las normas relacionadas con la declarada inconstitucional", estimo que, con fundamento en el artículo 41, fracción IV, en relación con el 73, de la Ley Reglamentaria, por razones de seguridad jurídica, debió declararse la invalidez por extensión (o en vía de consecuencia) de otros preceptos del Código Civil para el Estado de Chiapas y obligarse al Congreso a legislar a la brevedad posible, con objeto de regular la institución del matrimonio de forma tal que no resulte discriminatoria, en atención a lo expuesto en la resolución; en lugar de ordenar una pauta abierta de interpretación respecto de tales disposiciones, de la que no todos los operadores jurídicos estarán al tanto y que, en todo caso, podría funcionar respecto de ordenamientos distintos al en que se contienen las normas impugnadas.
Atentamente
El Ministro Eduardo Medina Mora I.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de una foja útil, concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor Ministro Eduardo Medina Mora I., en relación con la sentencia de once de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 32/2016. Se certifica con la finalidad de que se publique n el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2016
En sesión pública de 11 de julio de 2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de diez votos el asunto citado al rubro, en el sentido de declarar la invalidez de la porción normativa del artículo 145 del Código Civil del Estado de Chiapas que hace alusión a "el hombre y la mujer", al "restringir el derecho de contraer matrimonio para que solo se ejerza entre personas de distinto sexo" (foja 19).
En esta línea, el Pleno extendió la declaratoria de invalidez por vía de consecuencia al artículo 144 de dicho ordenamiento en la porción normativa que indica que la finalidad del matrimonio es "perpetuar la especie", con el argumento de que es un "aspecto que se encuentra íntimamente vinculado al concepto de matrimonio al establecerlo como uno de sus objetivos necesarios" (foja 21). Finalmente, en la sentencia también se señala que "todas las demás disposiciones legales locales del Estado de Chiapas deberán interpretarse en el sentido de que los sujetos de la unión conyugal que se designen bajo las denominaciones de género específicas, tales como âesposa' o âesposo'; âmarido' o âmujer'; âviuda' o âviudo', y todas aquéllas análogas que establezcan diferencias de trato para los cónyuges cualquiera que sea su sexo, deberán leerse en armonía con el concepto jurídico señalado en primer término, es decir, para que no hagan distinción alguna respecto del ejercicio y obligaciones de los derechos de los consortes" (foja 25).
Si bien estoy totalmente de acuerdo con el sentido de la sentencia, me aparto de algunas argumentaciones que sustentan la decisión de considerar inconstitucionales las porciones normativas antes identificadas. Al respecto, mi objeción consiste en que no se analizó con la profundidad requerida el principal argumento en el que se sustenta la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: la violación al principio de igualdad y no discriminación del artículo 145 del Código Civil del Estado de Chiapas.
Aunque es evidente que una medida como la analizada atenta también en contra de otros derechos fundamentales -como el libre desarrollo de la personalidad- me parece que la argumentación que desarrolla la sentencia no le da la importancia que le corresponde a los argumentos relacionados con el derecho a la
igualdad y a la no discriminación en casos donde se excluye a las parejas homosexuales de la posibilidad de acceder al matrimonio, que por lo demás es la aproximación que ha utilizado la esta Suprema Corte en la inmensa mayoría de las decisiones anteriores sobre este mismo tema. En este sentido, considero que la sentencia debió retomar la doctrina jurisprudencial de la Primera Sala.
En este orden de ideas, expondré mi desacuerdo con la sentencia desarrollando los siguientes puntos: (1) la intensidad con la que debe realizarse el escrutinio sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, que tendría que ser con un escrutinio estricto; (2) la necesidad de realizar el test de igualdad de conformidad con el referido estándar; (3) el derecho de las parejas del mismo sexo a una vida familiar; (4) la discriminación histórica a las parejas del mismo sexo; (5) la doble discriminación que sufren las parejas homosexuales a las que se les impide casarse; (6) el derecho al libre desarrollo de la personalidad; y (7) los efectos establecidos en la sentencia.
1. Intensidad del escrutinio
En términos generales, considero que sobre el tema de la vulneración del principio de igualdad y no discriminación debió retomarse la amplia doctrina constitucional que ha elaborado la Primera Sala al estudiar impugnaciones muy similares a la presente, la cual ha sido establecida en múltiples asuntos, entre los que destacan los siguientes: amparo en revisión 581/2012,(16) amparo en revisión 567/2012,(17) amparo en revisión 152/2013,(18) amparo en revisión 704/2014,(19) amparo en revisión 735/2014.(20)
Ahora bien, al tratarse de un tema de igualdad por cuestionarse la distinción implícita que contiene el artículo impugnado entre parejas del mismo sexo que pueden contraer matrimonio y parejas homosexuales que no pueden contraer matrimonio, debe determinarse la intensidad con la que se deberá realizar el escrutinio. En este caso concreto, debe enfatizarse que la norma comporta una distinción basada en una categoría sospechosa,(21) como lo es la orientación sexual de las personas(22) y, en consecuencia, correspondía realizar un escrutinio estricto de la norma impugnada.(23)
2. Realización de un test de escrutinio estricto
De acuerdo con lo anterior, considero que la sentencia debió realizar un test de escrutinio estricto para analizar la constitucionalidad del artículo 145 del Código Civil del Estado de Chiapas de conformidad con la metodología utilizada por la Primera Sala: (i) determinar si la norma persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa; (ii) establecer si la distinción impugnada está directamente conectada con la finalidad constitucional que persigue; y (iii) verificar si la medida es la menos restrictiva posible.
Desde mi punto de vista, tal como lo ha sostenido la Primera Sala en asuntos similares, una medida como la impugnada no supera la segunda grada del escrutinio estricto. Por un lado, la distinción resulta claramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden al matrimonio con la finalidad de procrear, lo cual muestra la falta de idoneidad de la distinción para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. El desajuste se presenta porque la norma impugnada pretende vincular los requisitos en cuanto al sexo y las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la finalidad de procreación. Asimismo, se excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas que sí están comprendidas en la definición. Así, la distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso.
3. Derecho de las parejas del mismo sexo a una vida familiar
En cuanto a la argumentación sobre los alcances del derecho a la protección de la familia, si bien considero que efectivamente la norma impugnada también viola este derecho fundamental, desde mi punto de vista la resolución en cuestión debía incluir tanto la doctrina elaborada por la Primera Sala sobre este tema, como los precedentes interamericanos invocados también por la propia Sala en diversas sentencias.
En esta línea, en el amparo directo en revisión 1905/2012,(24) la Primera Sala afirmó que el orden jurídico mexicano ha evolucionado "hacia un concepto de familia fundado esencialmente en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable", lo que significa que sólo "se puede seguir afirmando que la familia es la base de la sociedad si la misma se equipara a una estructura básica de vínculos afectivos vitales, de solidaridad intra e intergeneracional y de cohesión social, pero parece claro que esa estructura descansa sobre una base muy diversificada, en la cual el matrimonio es sólo un elemento posible, pero no necesario" (énfasis añadido).
En el caso de los precedentes interamericanos, en Atala Riffo y niñas v. Chile,(25) siguiendo el criterio de diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, la Corte Interamericana explicó que "no existe un modelo único de familia" de tal manera que "la imposición de un concepto único de familia debe analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de dicha Convención" (párrafo 172, énfasis añadido).
 
Adicionalmente, me parece que hubiera sido importante reiterar la doctrina de la Primera Sala sobre el derecho de las parejas del mismo sexo a una vida familiar. En esta línea, tendría que enfatizarse que las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia en la medida en que también mantienen relaciones comprometidas y estables. Al respecto, la Primera Sala ha sostenido que para todos los efectos relevantes las parejas del mismo sexo se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio.
La Primera Sala también ha señalado que la vida familiar de dos personas homosexuales no se limita a la vida en pareja, toda vez que la procreación y la crianza de menores no es un fenómeno incompatible con una orientación homosexual. Algunas parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con menores procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas del mismo sexo que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear, con independencia de que se les permita el acceso al poder normativo para casarse.(26)
En relación con el tema de la adopción de menores por parejas del mismo sexo, la Primera Sala ha sostenido que una vez que se ha establecido que no existe razón constitucional para negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio y que es discriminatorio crear una figura alternativa para ellas, debe considerarse que los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen el derecho de ser considerados para adoptar, en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales y cumpliendo con los requisitos pertinentes.(27)
En consecuencia, debe entenderse que la relación de dos personas del mismo sexo que hacen una vida de pareja constituye un tipo de vida familiar protegida por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(28)
4. La discriminación histórica a las parejas del mismo sexo
Por otro lado, como también lo ha hecho la Primera Sala en varios asuntos, considero que debió destacarse que la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen matrimonial se basa en prejuicios que históricamente han existido en su contra. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del legislador, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra. La ausencia de los beneficios que el derecho asigna a la institución matrimonial es una consecuencia directa de la prolongada discriminación que ha existido hacia las parejas del mismo sexo por razón de su orientación sexual.
Las desventajas históricas que los homosexuales han sufrido han sido ampliamente reconocidas y documentadas: acoso público, violencia verbal, discriminación en sus empleos y en el acceso a ciertos servicios, además de su exclusión de algunos aspectos de la vida pública. En esta línea, en el derecho comparado se ha sostenido que la discriminación que sufren las parejas del mismo sexo cuando se les niega el acceso al matrimonio guarda una analogía con la discriminación que en otro momento histórico sufrieron las parejas interraciales. En el célebre caso Loving v. Virginia, la Corte Suprema estadounidense argumentó que "[r]estringir el derecho al matrimonio sólo por pertenecer a una o a otra raza es incompatible con la cláusula de igual protección ante la ley" previsto en la Constitución norteamericana. En conexión con esta analogía, también puede decirse que se viola la el derecho a la igualdad si no se otorga a una persona la posibilidad de casarse con la persona que elige, sin importar cuál sea el sexo de esa persona.(29)
5. Doble discriminación: exclusión de beneficios expresivos y tangibles
La Primera Sala ha sostenido que el derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales o tangibles que las leyes adscriben a la institución, tales como: (i) beneficios fiscales; (ii) beneficios de solidaridad; (iii) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (iv) beneficios de propiedad; (v) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; (vi) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros, etc. En consecuencia, acceder al matrimonio implica en realidad tener "un derecho a otros derechos", de los que son excluidas injustificadamente las parejas del mismo sexo cuando no tienen la posibilidad de contraer matrimonio.
De esta manera, la Primera Sala ha señalado que si el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos, negarle a las parejas del mismo sexo los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a esas parejas como "ciudadanos de segunda clase". En este sentido, no existe ninguna justificación racional para no darles todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, otorgarles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Así, la exclusión de las parejas del mismo sexo del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación: no sólo se les priva de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales o tangibles.(30)
 
Por lo demás, la Primera Sala también ha destacado que dicha discriminación no sólo afecta a las parejas del mismo sexo, sino también a los hijos de esas personas que hacen vida familiar con la pareja. En efecto, es una realidad que al margen de que las parejas homosexuales puedan acceder al matrimonio existe un creciente número de ellas que deciden criar niños, ya sea a los procreados en anteriores relaciones heterosexuales o utilizando para esos fines las técnicas de reproducción asistida. De igual manera, dicha discriminación repercute directamente en esos menores. En esta línea, la medida impugnada se traduce también en un trato diferenciado por parte de la ley hacia los hijos de esas parejas, que los colocan en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales.
6. Derecho al libre desarrollo de la personalidad
Si bien comparto el argumento de que la norma impugnada vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, considero que debería reforzarse la argumentación para mostrar dos cosas: (i) por un lado, por qué se justifica sostener que la elección de la persona con la que se quiere contraer matrimonio, con independencia de su sexo, es una decisión amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad; (ii) y, posteriormente, determinar si la norma impugnada es una medida que afecta de forma desproporcionada ese derecho.
En relación con el primer punto, se podrían haber tomado en consideración los señalamientos realizados por la Primera Sala en la contradicción de tesis 73/2014,(31) los cuales servirían para reforzar los alcances del derecho y, en este sentido, justificar de manera más robusta que en este caso concreto la elección de la persona con la que se quiere contraer matrimonio es una decisión que está amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En este sentido, más allá de la forma institucional que pueda adoptar en los distintos ordenamientos, ya sea como derecho fundamental o como un principio informador del orden jurídico, en el derecho comparado se ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad otorga la posibilidad a cada individuo de determinar por sí mismo su proyecto vital, de tal manera que las interferencias del Estado en este ámbito deben examinarse con mucho cuidado.
Así, el libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado en principio tienen prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en la persecución de esos planes de vida.
Ahora bien, si el libre desarrollo de la personalidad permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, es evidente que al tratarse de un derecho fundamental el contenido de éste debe vincular a todas las autoridades estatales. En efecto, en el marco de un Estado constitucional es un lugar común sostener que los derechos pueden representarse como prohibiciones que pesan sobre los poderes públicos, aunque se trate de una representación incompleta. En este caso, el derecho al libre desarrollo de la personalidad indiscutiblemente impone límites al legislador, de tal manera que puede decirse que éste "no goza de una libertad omnímoda para restringir la libertad de las personas y, en ese sentido, restringir sus autónomos proyectos de vida y el modo en que se desarrollan". De esta forma, como ocurre con cualquier derecho fundamental, los límites a la libertad de configuración del legislador están condicionados por los alcances del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
De acuerdo con lo anterior, elegir a la persona con la que se quiere contraer matrimonio con independencia de cuál sea el sexo de esa persona, es una decisión que está amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, puesto que está relacionada con el plan de vida familiar que esa persona pretende materializar y se conecta de manera clara con el principio de autonomía de la persona, de tal manera que en principio el Estado sólo podría interferir con ese derecho a través de una medida legislativa que cumpliera con el principio de proporcionalidad.
Así, si se pretendiera analizar la disposición impugnada a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad como lo hace la sentencia, también debería realizarse un test de proporcionalidad, como se hizo en la contradicción de tesis 73/2014, precedente en el que se analizó la constitucionalidad de los sistemas de disolución del vínculo matrimonial que exigen la prueba de una causal de divorcio, determinándose que éstos constituyen una afectación desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En este sentido, considero que debería de realizarse un test en el que se analizara si la norma impugnada
persigue un fin constitucional, y si es idónea, necesaria y proporcional en estricto sentido. En este caso concreto, al igual que con el análisis de igualdad, me parece que la norma impugnada ni siquiera es idónea para alcanzar el fin constitucional de la medida, que sería la protección de la familia.(32)
7. Los efectos de la sentencia
Finalmente, como ya se explicó, en el presente asunto el Pleno determinó declarar la invalidez de la porción normativa del artículo 145 del Código Civil del Estado de Chiapas, extendiendo la declaratoria de invalidez por vía de consecuencia al artículo 144, en la porción normativa que indica que la finalidad del matrimonio es "perpetuar la especie". Adicionalmente, en la sentencia también se señaló que "todas las demás disposiciones legales locales del Estado de Chiapas deberán interpretarse en el sentido de que los sujetos de la unión conyugal que se designen bajo las denominaciones de género específicas, tales como âesposa' o âesposo'; âmarido' o âmujer'; âviuda' o âviudo', y todas aquéllas análogas que establezcan diferencias de trato para los cónyuges cualquiera que sea su sexo, deberán leerse en armonía con el concepto jurídico señalado en primer término, es decir, para que no hagan distinción alguna respecto del ejercicio y obligaciones de los derechos de los consortes" (párrafo 94)
En este sentido, si bien esta última parte de los efectos en realidad no supone ninguna novedad en la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte sobre estos temas, puesto que lo que ordena es simplemente realizar una interpretación conforme de esas otras disposiciones a la luz de las consideraciones que están recogidas en la propia ejecutoria, desde mi punto de vista la sentencia requería explicar la forma en que dicho efecto resulta compatible con el criterio de la Primera Sala de rubro "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR".(33)
Para clarificar este punto, es necesario recordar cuál ha sido la doctrina de esta Suprema Corte sobre la manera en la que se debe reparar la discriminación en los casos relacionados con normas de códigos civiles que no permiten el acceso de las parejas homosexuales al matrimonio. En un primer momento, al resolverse los amparos en revisión 581/2012(34), 457/2012(35) y 567/2012(36), la Primera Sala realizó una interpretación conforme de los artículos del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en la que se señaló que cuando la disposición prevea que el matrimonio es el celebrado entre "un solo hombre y una sola mujer", debe entenderse que dicho acuerdo de voluntades es entre "dos personas".
En atención a la decisión de la Sala, formulé un voto concurrente en el que expresé mi desacuerdo con esa decisión. Al respecto, sostuve que la sentencia debió declarar la inconstitucionalidad de ambas porciones normativas ("un solo hombre y una sola mujer" y "perpetuación de la especie"), señalando que "la razón fundamental para preferir la inconstitucionalidad de la norma tiene que ver con la posibilidad de lograr en el futuro una declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales, contemplada actualmente en el artículo 107 constitucional", toda vez que la regulación jurídica de la institución del matrimonio no se agotaba en su definición legal, de tal manera que era posible declarar la inconstitucionalidad de esas porciones sin que la institución del matrimonio desapareciera o se hiciera ininteligible.
Posteriormente, al resolver el amparo en revisión 152/2013,(37) la Primera Sala se apartó del criterio antes adoptado por la mayoría sobre la necesidad de realizar una interpretación conforme. En dicho precedente se decidió declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa del Código Civil para el Estado de Oaxaca que establecía que el matrimonio era "entre un hombre y una mujer" por las razones que expuse en mi voto concurrente, es decir, dado que dicha declaratoria no crearía un vacío legal en atención a que los derechos y obligaciones de los cónyuges se encontraban previstos en la legislación civil.
Finalmente, dicho criterio se reiteró en los amparos en revisión 122/2014(38), 263/2014(39), 591/2014(40) y 704/2014(41) y, posteriormente, se recogió en la tesis jurisprudencial de rubro "MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL".
En la misma línea, la Primera Sala también aprobó la tesis de criterio de rubro "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR", criterio que por lo demás también comparte la Segunda Sala y ha sido reflejado en la tesis de rubro "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME".(42)
En este orden de ideas, para entender por qué la decisión del Pleno de realizar una interpretación
conforme de algunas de las disposiciones relacionadas con la porción normativa impugnada del artículo 145 del Código Civil para el Estado de Chiapas -declarada inconstitucional en la sentencia- es compatible con los criterios interpretativos antes citados que no admiten la utilización de la técnica de la interpretación conforme cuando se está en presencia de normas discriminatorias, hay que introducir la distinción entre la inconstitucionalidad de una norma por vulnerar derechos fundamentales y el remedio para repararla.
En efecto, una vez que se ha constatado que una norma general es inconstitucional, pueden utilizarse distintos mecanismos para reparar la violación a derechos fundamentales, como lo serían la anulación de la norma y su expulsión del ordenamiento o la desaplicación de ésta en el caso concreto. Como señalé en otra oportunidad,(43) en algunos casos la nulidad de una norma -que es el remedio que corresponde decretar en una acción de inconstitucionalidad- no resulta un mecanismo adecuado para hacer frente a una discriminación normativa, de tal manera que en esos escenarios sería posible utilizar remedios complementarios con la finalidad de reparar la vulneración a la igualdad, entre los que se pueden encontrar la realización de una interpretación conforme o la elaboración de sentencias aditivas.(44)
Ahora bien, la interpretación conforme puede ser una utilizada como una técnica para evitar declarar la inconstitucionalidad de una disposición -optando por atribuirle al texto normativo algún sentido que sea compatible con la Constitución- o como un remedio para reparar la inconstitucionalidad. En este sentido, desde mi punto de vista, lo que prohíben los criterios interpretativos de la Primera y la Segunda Sala recogidos en las tesis de rubro "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR" y "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME" es la utilización de la interpretación conforme como como una técnica interpretativa que evita declarar la inconstitucionalidad de una norma discriminatoria, optando por atribuirle a la disposición un significado que no vulnere el derecho a la igualdad.
De acuerdo con lo anterior, tal y como lo hizo el Pleno de esta Suprema Corte en la presente sentencia, sería perfectamente compatible con los citados criterios declarar la inconstitucionalidad de una norma discriminatoria, anularla y, en caso de que ese remedio sea insuficiente para reparar los efectos de la discriminación, también realizar alguna maniobra adicional como la interpretación conforme de algunas otras porciones normativas vinculadas con el texto anulado.
El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.- Rúbrica.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de once foja útil, concuerda fiel y exactamente con el original del voto concurrente formulado por el señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en relación con la sentencia de once de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Plano en la acción de inconstitucionalidad 32/2016. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- Rúbrica.
 
1     âArtículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.â
2     âARTICULO 15.- El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.- Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;
...
XI.- Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y,
...â
3     Obra en autos copia certificada del oficio DGPL-1P3A.-4858 de trece de noviembre de dos mil catorce, por medio del cual el Pleno del Senado de la República eligió a Luis Raúl González Pérez como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo comprendido del 2014-2019.
4     Causa prevista en los artículos 19, fracción VII, en relación con el 60 de la Ley reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5     âCONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS.❠Novena Época. Registro digital164820. Pleno. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010. Constitucional. Tesis P./J. 53/2010. Página 1564.
 
6     ART. 169.- LOS CÓNYUGES, TIENEN CAPACIDAD PARA ADMINISTRAR, CONTRATAR O DISPONER DE SUS BIENES PROPIOS Y EJERCER LAS ACCIONES U OPONER LAS EXCEPCIONES QUE A ELLOS CORRESPONDEN, SIN QUE PARA TAL OBJETO NECESITE EL ESPOSO DEL CONSENTIMIENTO DE LA ESPOSA, NI ESTA DE LA AUTORIZACIÓN DE AQUÉL, SALVO EN LO RELATIVO A LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO DE LOS BIENES COMUNES.
ART. 174.- EL MARIDO Y LA MUJER, DURANTE EL MATRIMONIO, PODRÁN EJERCITAR LOS DERECHOS Y ACCIONES QUE TENGAN EL UNO EN CONTRA DEL OTRO; PERO LA PRESCRIPCIÓN ENTRE ELLOS NO CORRE MIENTRAS DURE EL MATRIMONIO.
ART. 213.- NI EL MARIDO PODRA COBRAR A LA MUJER, NI ESTA A AQUÉL, RETRIBUCIÓN U HONORARIO ALGUNO POR LOS SERVICIOS PERSONALES QUE LE PRESTARE, O POR LOS CONSEJOS Y ASISTENCIA QUE LE DIERE; PERO SI UNO DE LOS CONSORTES POR CAUSA DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL OTRO, NO ORIGINADO POR ENFERMEDAD, SE ENCARGARE TEMPORALMENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES, TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE RETRIBUYA POR ESTE SERVICIO, EN PROPORCIÓN A SU IMPORTANCIA Y AL RESULTADO QUE PRODUJERE.
ART. 214.- EL MARIDO Y LA MUJER QUE EJERZAN LA PATRIA POTESTAD SE DIVIDIRÁN ENTRE SÍ, POR PARTES IGUALES LA MITAD DEL USUFRUCTO QUE LA LEY LES CONCEDE.
ART. 215.- EL MARIDO RESPONDE A LA MUJER, Y ESTA A AQUÉL, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE CAUSE POR DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA.
7     Resuelta el veintiséis de enero de 2016. Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de los párrafos treinta y dos, treinta y tres y treinta y seis, Cossío Díaz, Luna Ramos apartándose de algunas consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. con precisiones y apartándose de algunas consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VI, relativo a las consideraciones y fundamentos, consistente en declarar la invalidez del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, en la porción normativa âel hombre y la mujerâ. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández y Medina Mora I. anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Pardo Rebolledo y Presidente Aguilar Morales reservaron sendos votos concurrentes.
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en declarar la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 258, en la porción normativa âun hombre y una mujerâ, y 267 bis, en la porción normativa âEl hombre y la mujerâ, del Código Civil del Estado de Jalisco.
8     âARTÍCULO 41. Las sentencias deberán contener: [...] IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada; [...]
9     âARTÍCULO 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.â
10    âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA.â
11    âACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS.â
12    Artículo 145.- Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años.
13    Artículo 144.- Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá por no puesta.
14    âIGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA âMATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. AL TRATARSE DE UNA MEDIDA LEGISLATIVA QUE REDEFINE UNA INSTITUCIÓN CIVIL, SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE VERIFICARSE EXCLUSIVAMENTE BAJO UN PARÁMETRO DE RAZONABILIDAD DE LA NORMA (ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009)â. [Novena Época. Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011 Página: 873, Tesis: P. XXIV/2011. Tesis Aislada Materia(s): Constitucional] âCONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO DEBE SER SOMETIDO A UN ESCRUTINIO DE IGUALDAD INTENSO.❠[Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de
2011 Página: 24, Tesis: P. VII/2011. Tesis Aislada Materia(s): Constitucional]; âESCRUTINIO DE IGUALDAD Y ANÁLISIS CONSTITUCIONAL ORIENTADO A DETERMINAR LA LEGITIMIDAD DE LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RELACIÓN.❠[Novena Época. Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIV, Agosto de 2011 Página: 5, Tesis: P./J. 28/2011, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional].
15    Amparo Directo 6/2008, fallado por el Tribunal Pleno el seis de enero de dos mil nueve por unanimidad de once votos. De dicho asunto derivó la tesis aislda de rubro siguiente: âDERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDEâ.
16    Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
17    Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
18    Sentencia de 23 de abril de 2014, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, con el voto en contra del Ministro Pardo Rebolledo.
19    Sentencia de 18 de marzo de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, con el voto en contra del Ministro Pardo Rebolledo.
20    Sentencia de 18 de marzo de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, con el voto en contra del Ministro Pardo Rebolledo.
21    CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. Una vez establecido que la norma hace una distinción basada en una categoría sospechosa -un factor prohibido de discriminación- corresponde realizar un escrutinio estricto de la medida legislativa. El examen de igualdad que debe realizarse en estos casos es diferente al que corresponde a un escrutinio ordinario. Para llevar a cabo el escrutinio estricto, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que deba exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante; es decir, proteger un mandato de rango constitucional. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalados; es decir, la medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Por último, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Tesis: P./J. 10/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, pag. 8, Jurisprudencia.
22    Una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1 º constitucional: origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil âo cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personasâ
23    Lo anterior se sostiene en los siguientes criterios jurisprudenciales:
IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello. Tesis: 1a./J. 66/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, pag. 1462, Jurisprudencia.
CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. La constitucionalidad de las distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa debe analizarse a través de un escrutinio estricto,
pues para estimarse constitucionales requieren de una justificación robusta que venza la presunción de inconstitucionalidad que las afecta. Para ello, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, es decir, debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante y no simplemente una finalidad constitucionalmente admisible. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Tesis: 1a./J. 87/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, pag. 109, Jurisprudencia.
24    Sentencia de 22 de agosto de 2012, resuelta por unanimidad de cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
25    Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239
26    DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO. A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear. Tesis: 1a./J. 8/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, pag. 127, Jurisprudencia.
27    Esta consideración se realizó en la sentencia del amparo en revisión 704/2014, resuelto el 18 de marzo de 2015 por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.
28    ADOPCIÓN. LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO TIENEN EL DERECHO A SER CONSIDERADOS PARA REALIZARLA EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LOS MATRIMONIOS ENTRE PERSONAS HETEROSEXUALES. Esta Primera Sala ha establecido en varios precedentes que la vida familiar de dos personas del mismo sexo no se limita a la vida en pareja sino que, como cualquier pareja heterosexual, se puede extender, de así desearlo, a la procreación y la crianza de niños y niñas. También ha destacado que existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreadas o adoptadas por algún miembro de la pareja, o parejas homosexuales que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear o tienen hijos a través de la adopción, con independencia de que se les permita el acceso al poder normativo para contraer matrimonio. Ahora bien, una vez establecido que no existe razón constitucional para negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio y que es discriminatorio crear una figura alternativa para ellas, esta Primera Sala determina que los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen el derecho de ser considerados para adoptar, en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales y cumpliendo con los requisitos pertinentes. Tesis: 1a. CCCLIX/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, pag. 950, Tesis Aislada.
ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN DE SER CONSIDERADO COMO ADOPTANTE CON BASE EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL ES INCONSTITUCIONAL. La orientación sexual de la persona o personas no es un elemento relevante a tomar en consideración para formar o completar una familia, ni como elemento a considerar en el adoptante, ni para compartir la patria potestad en los supuestos en que ésta sea exclusiva de uno de los convivientes. Así, la prohibición para las parejas del mismo sexo de adoptar vulnera el principio constitucional de igualdad y no discriminación, pues es insostenible la interpretación de que la homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés superior de los menores adoptados. Tesis: P. XII/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, pag. 253, Tesis Aislada.
ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN A LOS CONVIVIENTES DE SER CONSIDERADOS COMO ADOPTANTES ES INCONSTITUCIONAL. Pertenecer a un estado civil en modo alguno pone en riesgo, por sí mismo, el interés superior del niño, niña y adolescente, puesto que cualquier persona en lo individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de circunstancias como posibles adoptantes. Lo que debe tomarse en cuenta en los adoptantes es si éstos son idóneos, es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para brindar una familia a los menores de edad, y no puede atender, de ninguna manera, a la orientación sexual del adoptante o adoptantes. La prohibición ex ante que impide a los convivientes ser siquiera considerados para la adopción implica, por un lado, una vulneración al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, al impedirles formar parte de una familia respecto de convivientes que cumplieran con el requisito de idoneidad y, por otro, una transgresión al derecho de estos últimos a completar su familia, a través de la adopción si es su decisión y mientras cumplan con el requisito referido. Tesis: P./J. 13/
2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Pleno, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, pag. 7, Jurisprudencia.
29    MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad. Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, pag. 253, Jurisprudencia.
30    MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN. El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas, migratorios, etcétera). En este sentido, las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos de parejas heterosexuales. Tesis: 1a./J. 86/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, pag. 187, Jurisprudencia.
31    Sentencia de 25 de febrero de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, por lo que respecta a la competencia. Por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra de los emitidos por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por lo que se refiere al fondo del asunto.
32    Cfr. MATRIMONIO. EL ARTÍCULO 143, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PRESCRIBE "PERPETUAR LA ESPECIE", COMO UNA DE LAS FINALIDADES DE ESA INSTITUCIÓN, ES CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto legal citado define la institución del matrimonio a partir de cuatro elementos: a) es un contrato civil; b) celebrado entre un solo hombre y una sola mujer; c) que se unen para perpetuar la especie; y, d) dentro de sus objetivos también está la ayuda mutua que debe proporcionarse la pareja en la vida. Ahora bien, en relación con el tercero de esos componentes, si bien es cierto que históricamente la procreación ha tenido, en determinado momento, un papel importante para la definición del matrimonio y, sin desconocer, por ello, que procrear siga siendo parte importante de las uniones humanas, también lo es que en virtud de la dinámica jurídica, los cambios sociales y culturales, así como la existencia de diversas reformas legales, se ha puesto en evidencia la separación del binomio matrimonio-procreación, pues la decisión de todo individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común deriva de la autodeterminación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada persona para la conformación de una familia, sin que tal decisión implique necesariamente el acuerdo de tener hijos en común. Por tanto, la porción normativa del artículo 143, párrafo primero, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que prescribe "perpetuar la especie" como una de las finalidades del matrimonio, atenta contra la autodeterminación de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, sean éstas parejas homosexuales o heterosexuales pues, en ese tema, confluyen tanto aspectos genéticos, biológicos y otros inherentes a la naturaleza humana que llegan a impedir la procreación y, por otra
parte, implícitamente genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo (so pretexto de la imposibilidad biológica de cumplir con el propósito de procreación); de ahí que si se considera que la función reproductiva "potencial" del matrimonio civil y, por ende, la formación de una "familia con hijos", no es la finalidad del matrimonio, debe declararse que dicha porción normativa es contraria a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tesis: 1a. CCXV/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, pag. 548, Tesis Aislada.
33    Tesis: 1a./J. 47/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, pag. 394, Jurisprudencia.
34    Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
35    Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formulará voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente el señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
36    Sentencia de 5 de diciembre de 2012, resuelta por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente y Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, manifestó que se reserva el derecho de formular voto concurrente.
37    Sentencia de 23 de abril de 2014, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (quienes se reservaron el derecho de formular voto concurrente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo votó en contra y se reserva el derecho de formular voto particular.
38    Sentencia de 25 de junio de 2014, resuelta por unanimidad de votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente y Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo.
39    Sentencia de 24 de septiembre de 2014, resuelta por mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien se reserva el derecho de formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente), en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo (Presidente), quien se reserva el derecho de formular voto particular.
40    Sentencia de 25 de febrero, resuelta por cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente), quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
41    Sentencia de 18 de marzo de 2015, resuelta por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó el derecho de formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente y Ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en contra del emitido por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reserva el derecho de formular voto particular.
42    Tesis: 2a. X/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, pag. 1394, Tesis Aislada.
43    Al respecto, véase el voto concurrente que formulé en relación con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala en el amparo en revisión 581/2012.
44    Díaz Revorio, Francisco Javier, Sentencias interpretativas del tribunal constitucional, Editorial Porrúa, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2011.

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