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DOF: 25/06/2020
2PROGRAMA Sectorial de Gobernación 22020-2024

PROGRAMA Sectorial de Gobernación 2020-2024.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PROGRAMA SECTORIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
1.- Índice
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
3.- Siglas y acrónimos
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
5.- Análisis del estado actual
6.- Objetivos prioritarios
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que trabajen en este tema
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral de población y movilidad humana
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales
6.6.- Relevancia del Objetivo prioritario 6: Fortalecer el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
8.- Metas para el bienestar y Parámetros
9.- Epílogo: Visión hacia el futuro
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
El Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024 (PSG) se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual regula la responsabilidad del Estado de organizar y conducir el desarrollo nacional mediante el establecimiento de un sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación.
La Ley de Planeación, en su artículo 16, fracción III, dispone que a las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) les corresponde elaborar los programas sectoriales, considerando las propuestas que, en su caso, presenten las entidades del sector, los órganos constitucionales autónomos, y los gobiernos de las entidades federativas, así como las que deriven de los ejercicios de participación social y de los pueblos y comunidades indígenas interesados.
Asimismo, la citada Ley de Planeación regula la elaboración y emisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024) como instrumento rector, el cual fue aprobado para el periodo 2019-2024 mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 12 de julio de 2019, y en el cual se considera como uno de los principios rectores "Al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie".
 
En ese sentido, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas y contribuir en la consecución de lo establecido en el PND 2019-2024, esta Secretaría se ciñe a lo dispuesto en la CPEUM, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB) y demás ordenamientos legales aplicables para alcanzar el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos como elemento esencial del Estado de Derecho, tomando en cuenta los principales pilares de esta nueva etapa de la vida pública de México: la austeridad, la legalidad y la rendición de cuentas.
De igual manera, el presente Programa atiende la debida consecución del Estado de derecho, así como el pleno respeto a la separación de poderes y la función jurisdiccional, y está orientado a garantizar la gobernabilidad con los tres órdenes de gobierno, en estricto apego a la soberanía de las entidades federativas y sus municipios, y una intensa actividad que otorgue certeza y transparencia a los asuntos del Gobierno Federal.
Por último, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) es la dependencia responsable de coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del presente Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024.
3.- Siglas y acrónimos
APF: Administración Pública Federal.
CAIMFS: Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.
COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
CNB: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
CONAPO: Consejo Nacional de Población.
CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CURP: Clave Única de Registro de Población.
DGJyS: Dirección General de Juegos y Sorteos.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
DGPPDH: Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos.
ENADIS: Encuesta Nacional Sobre Discriminación.
ENCCIVICA: Encuesta de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.
ENCUP: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.
ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.
INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
INM: Instituto Nacional de Migración.
IPM: Índice de Paz de México.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
PSG: Programa Sectorial de Gobernación.
RENAPO: Registro Nacional de Población e Identificación Personal.
RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
SDDPSyAR: Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.
 
SEGOB: Secretaría de Gobernación.
SE-SIPINNA: Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.
SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
UPMRIP: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.
UAOS: Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales.
UDD: Unidad de Desarrollo Democrático.
UE: Unidad de Enlace.
UG: Unidad de Gobierno.
UNMC: Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación.
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
5.- Análisis del estado actual
Nuestro país vive una situación compleja de múltiples violencias que han erosionado la cohesión social, creando una crisis de derechos humanos y de gobernabilidad democrática. Las causas estructurales de esta condición fue la relación de complicidad entre el poder político y el poder económico, sometiendo la rectoría del Estado a los intereses privados de unos cuantos. De esta forma, se marcó una separación entre el gobierno y el pueblo que permitió la promoción y normalización de privilegios para unos pocos, corrupción, y relaciones de exclusión. La separación del gobierno de la gente y los actos de corrupción en todos los niveles de gobierno y ámbitos socioeconómicos, generaron precarización en las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
Estas condiciones de exclusión y precarización separaron al gobierno de la gente propiciando el rompimiento del tejido social y expusieron a la población a actividades ilegales y criminales como únicas vías de integración social. De esta forma, se preparó el terreno para la irrupción del crimen organizado y la espiral de violencia que ha azotado al país durante más de una década.
El 1o. de diciembre de 2018 entró en vigor una reforma a la organización de la APF para darle un diseño institucional de mayor flexibilidad y agilidad, un gobierno menos burocrático y con mayor apertura y cercanía al pueblo.
En este sentido, se propone un Programa Sectorial sexenal con seis objetivos prioritarios de acuerdo con lo siguiente:
El objetivo prioritario 1.- Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional. Para restablecer el Estado de derecho, la nueva Administración Pública que entró en vigor el 1º de diciembre de 2018, decidió enfrentar la crisis que actualmente vive nuestro país, implementando políticas dirigidas a alcanzar el bienestar, recuperar la paz, combatir la corrupción, reivindicar el servicio público y la confianza en las autoridades.
En este sentido, la SEGOB está comprometida a garantizar que las relaciones del gobierno con la sociedad consideren la diversidad sociodemográfica, a través de una efectiva coordinación con los tres Poderes de la Unión y con los tres órdenes de gobierno, de forma que puedan efectuarse modificaciones constitucionales y legales en beneficio de la población que fortalezcan el andamiaje normativo y el sistema jurídico.
La República Mexicana es una conformación territorial que aspira a ser una nación incluyente de todos los sectores poblacionales bajo un pacto federal y un acuerdo institucional democrático, orientado al desarrollo y bienestar económico y social de todos sus habitantes, construido a partir de una nueva relación entre el gobierno y la gente, regida por el diálogo, confianza, inclusión, cercanía, respeto, participación, honestidad, justicia, dignidad y estricto apego a los derechos humanos.
El compromiso de la SEGOB, a través del presente Objetivo, es crear consensos, negociaciones, así como darle credibilidad a las instituciones, para buscar la solución a los problemas que aquejan a la población, y así restaurar la confianza en las autoridades por parte de la población.
Por otro lado, con el objetivo prioritario 2.- Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que trabajen en este tema, la SEGOB busca contribuir a los procesos nacionales de construcción de paz, así como fortalecer la gobernabilidad democrática y el desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, los poderes de la Unión y los demás órganos de gobierno; la coordinación con las comunidades como actores clave en el marco del Estado laico de políticas públicas encaminadas a la construcción de paz, la prevención social del delito y la cultura de legalidad.
Históricamente, el Estado ha tenido debilidades en dicha tarea, que incidieron considerablemente en romper el tejido social, fragmentar a las comunidades y catalizar fenómenos de violencia y delito, es por ello que este gobierno ha enfocado sus esfuerzos en impulsar un proceso de construcción de paz, el cual se caracterice por atender las causas estructurales que llevaron a estos daños, generar mecanismos de justicia restaurativa y coadyuvar en la atención de víctimas.
La consecución de este objetivo permitirá articular los esfuerzos que está realizando no solo el Gobierno Federal, sino aquellas instituciones, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil que trabajan por el mismo bien común.
Con el desarrollo conjunto de estrategias y la cooperación entre los distintos actores, se espera un cambio positivo que permita que las comunidades sean capaces de organizarse y resolver sus problemas públicos de forma pacífica e incluyente, en la construcción de formas de convivencias no violentas, en la regeneración de vínculos de confianza, se espera un aumento en la cultura de la legalidad y la cohesión comunitaria y el fomento de la colaboración en vista de un beneficio colectivo.
Solo a través del involucramiento de los distintos grupos es que pueden reducirse las condiciones de violencia, desigualdad, injusticia e impunidad que han deteriorado el tejido social en el país. Y es a través del fortalecimiento positivo de vínculos sociales, conducidos por un horizonte de respeto a la diversidad, que puede construirse el camino para una cultura de paz.
Dicha tarea no puede ser exclusiva del gobierno es por ello que, en el marco de este objetivo prioritario, se promoverá la coordinación integral, incluyente y comprometida de diversos actores públicos, sociales y privados, en los tres órdenes de gobierno, para trabajar por la pacificación del país y reconstruir el tejido social para que México cuente con una sociedad solidaria y participativa, caracterizada por la confianza entre ciudadanos y ciudadanas, la existencia sólida de redes de apoyo comunitario y un fuerte grado de cohesión social.
Los derechos humanos son garantías esenciales para vivir con plena libertad, los cuales deben tener un enfoque de género, pluricultural, intercultural e intergeneracional, con el objetivo de responder a las necesidades diferenciadas de cada uno de los grupos poblacionales en México.
Es por ello que, el tercer objetivo prioritario del presente Programa es Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos, va encaminado a la atención de las graves violaciones a derechos humanos para garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para ello se requiere una política integral a partir del reconocimiento de la grave situación de las violaciones a los derechos humanos y atender sus causas estructurales, promoviendo la erradicación de la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción, además del fortalecimiento de las instituciones, para dar una respuesta oportuna y eficaz a las víctimas.
Las más graves expresiones que derivan de esta crisis de derechos humanos, desaparición de personas, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado interno y violencia feminicida, han tenido un fuerte impacto social por su magnitud, por la multiplicidad de derechos que son afectados, así como por la omisión de las autoridades.
Por esta razón, es urgente la atención prioritaria de las graves violaciones mediante un trabajo coordinado entre las dependencias y entidades, con énfasis en la prevención y la atención de víctimas, incorporando los enfoques diferencial y especializado, de igualdad y no discriminación, perspectiva de género y pertinencia cultural.
En el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, en específico de la desaparición y no localización de personas de los últimos años, es importante señalar que, gracias al impulso de las familias de las personas desaparecidas y no localizadas, junto con la sociedad civil, el 17 de noviembre de 2017 se publicó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas.
Bajo el mandato de dicha Ley General, en 2018 se crea la CNB, algunas comisiones locales de búsqueda y se instala el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Sin embargo, ante la falta de resultados y de instituciones que generaran las condiciones necesarias que permitieran la coordinación efectiva entre las autoridades responsables de atender la demanda de las familias y la sociedad civil en la búsqueda y localización de personas, en 2019 fue necesario instalar nuevamente el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Con la reinstalación, este Gobierno reconoce la problemática y asume la obligación de tomar todas las medidas necesarias para responder a las justas exigencias de las familias de personas desaparecidas en el país, para lograr acercarlas a la verdad que reclaman.
Por tanto, es necesario que tanto la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y el Sistema que ésta mandata generen mejores respuestas estructurales y procesales para la búsqueda de personas desaparecidas, desde una perspectiva de política pública nacional, que tenga por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las autoridades que participan de las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas con la finalidad de atender la exigencia social, así como las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales mediante procesos efectivos, homologados y coordinados con autoridades, sociedad civil, colectivos de búsqueda y familiares de las víctimas que coadyuven a la construcción de la verdad.
En este sentido, los principales retos se centran en la creación e implementación de las medidas necesarias para dar con el paradero de todas las personas desaparecidas; el fortalecimiento institucional; la coordinación efectiva entre las autoridades competentes a nivel federal y estatal, así como llevar a cabo las acciones de búsqueda conforme a las atribuciones que señala la citada Ley General.
La política antidiscriminatoria del Gobierno de México se dirige a promover y facilitar la igualdad de trato y el goce de derechos humanos para todas las personas conforme al principio rector del PND 2019-2024 «No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera», ya que la discriminación como problema estructural en nuestro país ha impuesto históricamente obstáculos y limitaciones a millones de personas -en lo individual y en lo colectivo-, dejando como resultado un impacto excluyente y de desigualdad en el goce de sus derechos humanos, así como de oportunidades, lo que deteriora la calidad del bienestar y del desarrollo en la vida democrática del país.
La discriminación se ha institucionalizado y se reproduce en todos los ámbitos de la vida nacional, lo cual ha favorecido una cultura discriminatoria normalizada que amplía las brechas de desigualdad y que afectan de manera profunda y sistemática el ejercicio de los derechos humanos de aquellos grupos sociales que históricamente han sido excluidos y discriminados por sus identidades y condiciones: mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y de género, personas en situación de pobreza, entre otros.
Es por ello que se impulsará una estrategia integral para la observancia de los derechos, individuales y colectivos, empezando por el derecho a la igualdad y no discriminación, en el marco de derechos humanos, el cual exige que el Estado conduzca el desarrollo nacional mediante el crecimiento económico con justicia social, inclusión e igualdad sustantiva, a través del combate a prácticas discriminatorias institucionalizadas.
Por lo que respecta a las acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres, se alinean a los principios rectores del PND 2019-2024 que son: "Pleno respeto a los derechos humanos" y "Libertad e igualdad", considerando que la violencia contra las mujeres en México es un problema estructural y sistémico; estructural porque no es un fenómeno aislado, ni localizado en ciertos entornos sociales, sino que está presente en todo el tejido social y en las instituciones; es sistémico porque se origina en las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres y, a diferencia de otros tipos de violencia, el factor de riesgo es el hecho de ser mujeres, los roles sociales y el estatus inferior atribuido a estas dentro de la sociedad.
La mayoría de las mujeres ha vivido a lo largo de su vida al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación 66.1% (ENDIREH 2016)(1), además de que existe una débil estructura y capacidad institucional para prevenir, atender y sancionar los actos de violencia, así como vacíos normativos, para dar respuesta a este problema.
 
Por lo anterior, es necesario promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la construcción de acciones y medidas para erradicar esta problemática, modificando estereotipos y conductas que atentan contra su vida y a la vez, promover la construcción de procedimientos y el cambio en las instituciones que permitan asegurar su acceso a la justicia.
Por otro lado, para que México emprenda un verdadero cambio de rumbo, que permita romper con la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad y pérdida de bienestar para las familias, es indispensable que el reconocimiento y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sea una prioridad de las políticas de desarrollo del país. La reciente Medición de la Pobreza Multidimensional 2008-2018, presentada por el CONEVAL, el 5 de agosto de 2019, señala que la pobreza es un problema persistente y éste es más agudo en el sureste del país y entre la población de los pueblos indígenas, adultos mayores, la población con discapacidad y entre las niñas, niños y adolescentes.
En 2018, el 38.4% de la población adulta se encontraba en situación de pobreza y el 6.6% en pobreza extrema; mientras que el 49.6% de niñas, niños y adolescentes estaban en situación de pobreza y el 9.3% en pobreza extrema. Lo que refiere notables desigualdades.
Para atender los principales problemas y obstáculos que enfrenta este grupo poblacional en la garantía, acceso, ejercicio y restitución de sus derechos, se deberán reforzar los instrumentos y mecanismos existentes para proteger integralmente a la niñez y adolescencia de nuestro país, con énfasis en el SIPINNA.
Dentro del presente Programa, se establece el cuarto objetivo prioritario, garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral de población y movilidad humana, cuyas estrategias están enfocadas a la población migrante, interna y externa, solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementaria, además garantizar la identidad y la dinámica poblacional que se proyecta a partir del advenimiento de nuevos contextos de conflicto, desigualdad y pobreza en otras latitudes del continente americano.
El primero de los derechos que el Estado Mexicano debe garantizar es el derecho a la identidad, cuyo ejercicio es fundamental para el desarrollo de las personas, pues se convierte en la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, a la protección y a su inclusión en la vida económica, cultural y política del país.
Apenas en el año 2014, el concepto de identidad fue plasmado como derecho humano reconocido en la CPEUM, la cual establece en su artículo 4o que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada gratuitamente de manera inmediata a su nacimiento, dando además la obligación al Estado de garantizar el cumplimiento de este derecho. México no ha logrado cumplir con esta obligación constitucional, ya que no ha garantizado el derecho a la identidad de su población, además de ser el octavo país del mundo con mayor robo de identidad, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
En México se ha impulsado durante los últimos años diversas acciones en materia de identidad jurídica, no obstante, aún hay personas que no cuentan con un registro de nacimiento. Los diagnósticos recientes realizados por instituciones y organismos nacionales, señalan para México índices de subregistro de nacimiento que van del 1 al 2.9% de la población total, es decir entre uno y tres y medio millones de personas en el país no cuentan con registro de nacimiento.
Al analizar esta cifra encontramos que aumenta cuando se trata de niños y niñas con menos de 60 días de nacidos y que disminuye cuando éstos se acercan a la edad de iniciar su vida escolar; encontramos también que son las niñas, niños y adolescentes los más afectados, ya que 6 de cada 10 no cuentan con registro de nacimiento, siguiéndole las personas adultas de 18 a 59 años que representan 3 de cada 10; o si el análisis se hace considerando a las personas que se reconocen como indígenas, ubicamos que la cifra de no registro, es 10 veces mayor que entre el resto de la población.
Estos datos, muestran que aún no se logra la cobertura total del registro de la identidad jurídica, a través de los registros de nacimiento, y que, hasta ahora, los esfuerzos se han enfocado a ello, sin incluir el otro elemento fundamental, que es la identidad biométrica.
El tema de la identidad, alcanza a los migrantes que tienen a México como destino, origen, tránsito y retorno, pero este derecho es sólo uno de los aspectos a considerar en la política migratoria.
En ese sentido, y en cumplimiento al citado artículo 4o Constitucional, se han llevado a cabo acciones de coordinación por parte del Gobierno de México para garantizar el derecho a la identidad, particularmente a favor de solicitantes de la condición de refugiado. A través del otorgamiento de la CURP es que se garantiza el acceso a otros derechos fundamentales que facilitan el desarrollo pleno de las personas que huyen de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad corren peligro.
 
Si bien la tradición migratoria hacia Estados Unidos comenzó con los programas agrícolas, eventualmente también vio el regreso de sus nacionales debido al endurecimiento de la política migratoria estadunidense, por lo que se convirtió en un país de retorno que requiere estrategias de atención para su reintegración y garantía de respeto a sus derechos.
Por otra parte, el Estado mexicano debe garantizar una nueva política de población que reivindica a todos los sectores de la población y especialmente a los que históricamente han sido excluidos o discriminados, de ahí que la dinámica demográfica presenta relevantes oportunidades y retos que deben enfrentarse a través de planeación y acciones efectivas en la dinámica demográfica de México, debiendo estar a la altura de los contextos global, regional, nacional y local, para permear en cada proceso poblacional.
Es prioritario atajar las desigualdades estructurales y garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, así como la inclusión en el desarrollo económico y bienestar de los grupos de población, menos favorecidos, por ello se ha trazado una ruta en cumplimiento a la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Como resultado, la estrategia y líneas de acción de la política de población se enmarcan además en los Principios Rectores del PND 2019-2024, sobre el desempeño del poder con apego a la Ley, observando los derechos humanos y bajo premisas de diálogo "Al margen de la ley, nada" y "Por encima de la ley, nadie".
Además, se promueven estrategias y acciones puntuales en atención a las dinámicas migratorias internacionales del país, que configuran uno de los desafíos contemporáneos más relevantes que afronta el Estado Mexicano, que ha dado como resultado el incremento en la movilidad humana hacia y desde el extranjero, de manera permanente o temporal.
Dentro de este contexto migratorio, la movilidad de retorno ha alcanzado dimensiones importantes debido a los eventos de repatriación desde Estados Unidos y a los retornos voluntarios desde ese país. En ambos tipos de flujo los desafíos son complejos, principalmente por los altos costos humanos, como la separación de familias, y las dificultades de inclusión social y económica de personas mexicanas que han vivido largo tiempo en el extranjero.
Adicionalmente, México es crecientemente hogar de extranjeros que por diferentes razones se asientan en nuestro país y también se caracteriza por recibir un alto número de migrantes en tránsito, de manera irregular en su gran mayoría, procedentes de Centroamérica y que tienen por destino los Estados Unidos, quienes en su trayecto enfrentan escenarios críticos y condiciones de alta vulnerabilidad, y llegan a ser víctimas del tráfico de personas.
México se destaca en la región por ser país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes y presenta un aumento en el número de migrantes que ingresan por su Frontera Sur, principalmente por personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), que emigran de sus países de origen motivados por razones económicas, políticas, climatológicas, violencia e inseguridad, su condición de estancia en México los hace propensos a una constante violación a sus Derechos Humanos.
Bajo esta dinámica se entrecruzan fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos que inciden y redefinen los términos y condiciones de la migración, así como actuar del Estado para atender de forma adecuada e integral a las personas migrantes y al fenómeno migratorio.
Tal es el caso, que el número de solicitantes de la condición de refugiado en México se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, pasando de 2,137 solicitantes en 2014, a 14,619 en 2017 y 29,634 durante el 2018 y, al tercer trimestre del año 2019, se han registrado 54,377 personas, lo que visibiliza que las personas con necesidad de protección internacional han superado récords históricos.
Por ello, la respuesta institucional del Estado Mexicano debe ser incluyente, amplia, transversal y multidimensional, de ahí que la nueva política migratoria requiere un alcance intersectorial, basado en la coordinación entre las entidades del gobierno federal, estatal y municipal, así como las organizaciones de la sociedad civil, que considere el conjunto de diversidades y escalas de las dinámicas migratorias que se expresan en, desde y hacia México, la consecuencia es que, la migración internacional sea ya un proceso de impacto transversal sobre todas las instituciones del Estado en los tres órdenes de gobierno.
El conjunto de adecuaciones y reformas necesarias deberán guiarse por dos principios fundamentales establecidos por el Gobierno de México para el periodo 2020-2024 en materia migratoria que son: el respeto irrestricto de los derechos humanos y la promoción del desarrollo social y económico.
Así, en el marco de objetivo prioritario 5.- La nueva SEGOB persigue la aspiración democrática de gobernar para el pueblo y con el pueblo. Para ello, es necesario impulsar y fomentar diversos instrumentos que contribuyan a Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales, se implementará un modelo de desarrollo con inclusión, igualdad, sustentabilidad y sensibilidad a
las diferencias territoriales para "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera".
Esta labor requiere corresponsabilidad y, participación del gobierno, así como de ciudadanos y ciudadanas, organizadas y no organizadas, a título individual o colectivo, desde el sector social o el privado; requiere dialogar las necesidades desde lo local y regional, como base del poder público más cercano a la ciudadanía y encontrar las soluciones y proyectar los planes, programas y acciones de manera conjunta. Igualmente, se impulsará la transformación de las relaciones de exclusión política, social y económica en relaciones armónicas, incluyentes y equitativas, con especial atención en los sectores de la población que han sido continuamente excluidos a lo largo de la historia y los que han sido afectados por la violencia.
La respuesta del Estado Mexicano debe enfocarse al establecimiento de estrategias que estén orientadas a fortalecer las capacidades institucionales en los gobiernos locales para escuchar y responder a las necesidades ciudadanas, lo que requiere fomentar de ejercicios y procesos participativos que promuevan esquemas de diálogo deliberativo, intercultural, orientado a encontrar soluciones conjuntas, más equitativas, incluyentes y sustentables, para el desarrollo y bienestar local y regional.
Asimismo, instrumentar acciones encaminadas a profesionalizar al servidor público en materia de participación, capacitarlo, brindarle asesoría y fortalecer su vinculación con los programas y acciones del ámbito federal. De igual forma, es necesario consolidar las capacidades para la participación social del servidor público municipal a fin de acercar el ejercicio de gobierno a la gente e incrementar el nivel de vida de la población. Además, es fundamental fortalecer las capacidades de las comunidades para organizarse entre ellas, así como para relacionarse con las instancias de gobierno, a través de formación comunitaria.
Finalmente, el sexto objetivo prioritario del Programa, fortalecer el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal, a partir de desarrollar capacidades técnicas y de gestión en los gobiernos locales y promover mecanismo de diálogo e intercambio de experiencias para fomentar la colaboración y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Esta labor requiere que el compromiso sea cumplir desde el orden municipal, como base del poder público más cercano a la ciudadanía. Por lo que, la respuesta del Estado Mexicano debe enfocarse al establecimiento de estrategias que estén orientadas a fortalecer las capacidades institucionales en los gobiernos locales, lo que requiere instrumentar acciones encaminadas a profesionalizar al servidor público, capacitarlo, brindarle asesoría y fortalecer su vinculación con los programas y acciones del ámbito federal. Así como, lograr el entendimiento del servidor público municipal, su responsabilidad y obligación, para otorgar los servicios públicos municipales, y al hacerlo bien, incrementar el nivel de vida de la población.
La respuesta del Estado mexicano debe enfocarse al establecimiento de estrategias que estén orientadas a fortalecer las capacidades institucionales en los gobiernos locales para escuchar y responder a las necesidades ciudadanas, lo que requiere fomentar de ejercicios y procesos participativos que promuevan esquemas de diálogo deliberativo, intercultural, orientado a encontrar soluciones conjuntas, más equitativas, incluyentes y sustentables, para el desarrollo y bienestar local y regional.
Por todo lo anteriormente expuesto, el nuevo enfoque de la SEGOB persigue la aspiración democrática de gobernar para el pueblo y con el pueblo. Para ello, es necesario impulsar y fomentar diversos instrumentos que contribuyan a transformar las relaciones de exclusión política, social y económica en relaciones armónicas, incluyentes y equitativas, con especial atención en los sectores de la población que han sido continuamente excluidos a lo largo de la historia y los que han sido afectados por la violencia. A continuación, se detallan los objetivos, estrategias y líneas de acción que el Gobierno de México, a través de la SEGOB emprenderá para cumplir este mandato popular.
6.- Objetivos prioritarios
La SEGOB, conforme a sus facultades, se ha propuesto los siguientes objetivos prioritarios, los cuales conforman el PSG, con la finalidad de coadyuvar a la transformación de la vida pública de México, para el bienestar social.
Objetivos prioritarios del PSG 2020-2024
1.- Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional.
2.- Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que trabajen en este tema.
3.- Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
4.- Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral de población y movilidad humana.
5.- Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales.
6.- Fortalecer el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal.
 
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional.
El descontento social que se acumuló durante las Administraciones anteriores forjó una profunda ruptura entre el gobierno y sus ciudadanos, debilitando la cohesión y el tejido social en nuestro país. Lo anterior, debido a las dinámicas de colusión entre el poder político y el económico que fomentaron la corrupción y la impunidad, así como el uso de instituciones del Estado para ampliar y proteger privilegios de una minoría. Ello produjo tanto debilidad institucional, como falta de credibilidad y confianza en el desempeño de los gobiernos electos y las instituciones públicas, hechos que resultaron en altos niveles de pobreza, la creciente desigualdad y la incapacidad del Estado para garantizar los derechos sociales, económicos y políticos a las y los mexicanos que, entre otros, se tradujo en una desconfianza creciente respecto a las instituciones del país.
La ausencia del Estado de Derecho permitió que imperaran condiciones injustas en todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo que debilitó la gobernabilidad del país, toda vez que las autoridades fueron incapaces de hacerse responsables de atender las demandas de la población, aunado a que los mecanismos de atención a conflictos sociales y participación ciudadana implementados, resultaron poco funcionales por la falta de prevención y atención oportuna.
Es importante considerar que, el Estado de Derecho refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades (públicas y privadas), incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y principios internacionales en materia de derechos humanos.
Actualmente, la percepción de la sociedad es que no se cuenta con un verdadero Estado de Derecho, muestra de ello es el Índice de Estado de Derecho en México 2019, realizado por el WJP, en el que se observa que México descendió dos lugares respecto a la pasada edición del estudio. A pesar de mantener la misma calificación de 0.45 (en una escala entre el 0 y 1, donde 1 es la mayor adherencia al Estado de derecho.(2)), esto lo coloca en el puesto 99 de 126 países. El Índice evalúa el desempeño de los países utilizando 44 indicadores organizados en ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Criminal.
Por lo anterior, es preciso destacar que dentro de la SEGOB se atenderán a las organizaciones sociales sin intermediarios, sin entrega de recursos públicos al margen de la Ley y sin el uso de la fuerza pública; además, se proponen acciones para fomentar el desarrollo democrático del Estado, como fortalecer los vínculos entre el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, en apego al principio de Separación de Poderes.
La SEGOB en apego a las facultades que le son atribuidas, coadyuvará a la transformación de la vida pública de México para el bienestar de todas y todos; asimismo, contribuirá en la recuperación del Estado de Derecho al garantizar la gobernabilidad democrática del país, a través del impulso a comportamientos, prácticas, competencias y hábitos en la población que lleven a las personas a concebir, asumir y practicar la democracia como forma de vida; del fomento y el fortalecimiento de nuestra cultura democrática y de legalidad; el desarrollo de capacidades que fortalezcan al Estado de derecho; así como una coordinación efectiva entre las diferentes instancias y órdenes de Gobierno para lograr la solución pacífica de conflictos sociales y políticos.
Resulta importante que la SEGOB, como autoridad encargada de conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, realice acciones que contribuyan a la generación de datos abiertos en materia legislativa.
Lo anterior, permitirá atender los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos, al poner a disposición de la ciudadanía información oportuna y completa, accesible y utilizable, para mejorar la Gobernanza y la Participación Ciudadana. Es importante considerar que los datos abiertos pueden ayudar a mejorar el flujo de información dentro de los gobiernos y permiten que las decisiones y procesos de gobierno sean más transparentes, lo cual promueve la rendición de cuentas y la buena gobernanza, enriquece el debate público y ayuda al combate contra la corrupción.
Por lo anterior, y considerando que la gobernabilidad de una nación es precisamente la distancia que existe entre las peticiones y necesidades de la población y las políticas públicas que implementa el gobierno para solucionarlas, es necesario implementar acciones que permitan que los ciudadanos perciban resultados reales y logren percatarse de los cambios gestados por un Gobierno Federal comprometido con el cambio y el bienestar social.
Por otra parte, uno de los principales frentes para fortalecer el estado de Derecho es el combate a la corrupción que impera desde sexenios anteriores dentro del aparato gubernamental; por ello, la SEGOB trabaja para que los recursos públicos se apliquen en beneficio de la ciudadanía, y no para actos de corrupción. En ese tenor, uno de los principales proyectos en esta lucha, es la implementación del Padrón Nacional de Medios de Comunicación que, ordenado por la Ley General de Comunicación Social, abonará a evitar la contratación de campañas de comunicación social a altos precios, con empresas fantasmas y la triangulación de dinero con éstas y fomentará la transparencia; ya que, precisamente, la opacidad de estas contrataciones ha permitido que existan grandes dispendios de dinero y que se contrate con los mismos medios de comunicación, evitando que la información gubernamental llegué a la totalidad de la población.
Ahora bien, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a la población, el Ejecutivo Federal está obligado a publicar en el DOF, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los Poderes de la Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente, además de asegurar su adecuada distribución y divulgación, en condiciones de accesibilidad y simplificación en su consulta. La autoridad da cumplimiento a esta obligación a través de la UG de la Secretaría de Gobernación, mediante tres acciones fundamentales: garantizando la autenticidad, integridad e inalterabilidad del DOF, velando por la accesibilidad de la edición electrónica e incorporando el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos de producción y difusión del periódico oficial.
Para impulsar el acceso al contenido de las ediciones del DOF se pretende incrementar el uso de las Tecnologías de la información y comunicaciones por medio de APPS, Datos abiertos, alertamientos vía correo electrónico y redes sociales. A continuación, se muestra el número de visitas al sitio web www.dof.gob.mx de los últimos cuatro ejercicios en los que se percibe un incremento anual promedio del 6%
VISITAS A LA PÁGINA WEB DEL DOF
Año
2016
2017
2018
2019
Número de
Visitas
47'776,575
52'158,551
55'246,420
58'074761
 
Aunado a lo anterior, con el mismo objetivo de brindar seguridad jurídica a la población, y cumplir con el Convenio Internacional adoptado por el Estado Mexicano, la Dirección General de Enlace y Seguimiento a través de la Dirección de Registro de Nombramientos, Legalización, Apostilla y Administración del Territorio Insular de la Secretaría de Gobernación da trámite a la legalización de firmas y apostilla de documentos públicos federales y estatales, para que los documentos expedidos en territorio nacional, surtan efectos jurídicos en el extranjero; así como la certificación de Diarios Oficiales de la Federación.
Por otra, parte la propia dirección se encarga de la emisión de las autorizaciones para visitas científicas y turísticas a territorio insular, mismas que son imprescindibles, ya que junto con otros elementos que conforman la riqueza cultural y natural del país, el territorio insular mexicano se materializa en cada uno de sus más de cuatro mil islas, cayos y arrecifes, como sitios estratégicos desde el punto de vista ambiental, ecológico, económico, militar, político y geográfico. Por lo que, conocerlas y administrarlas son tareas indispensables para hacer uso de las mismas en favor de la Nación y aprovecharlas de manera sostenible y sustentable.
Año
2019
Trámites de Apostilla, legalización y certificación
84,827
Nombramientos registrados
122
Autorizaciones para visitas científicas y turísticas a territorio insular
461
 
Con estas acciones, se robustecen los elementos con los que la UG participa de manera sustantiva en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la Gobernabilidad democrática.
Las acciones planteadas permitirán dar cumplimiento al principio rector que señala el PND 2019-2024, "Al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie" y dar continuidad al proyecto de Nación propuesto por el C. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde el propio gobierno es el medio para lograr la solución de los conflictos sociales, ocasionados por el deterioro institucional y la debilidad del Estado de Derecho que caracterizaron a gobiernos anteriores. De esta manera podremos comenzar a sanar la vida pública del país.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Coadyuvar a emprender la construcción de la paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que trabajen en este tema.
La falta de participación de todos los actores sociales y de la ciudadanía, en los procesos de prevención social del delito y de cultura de paz, han contribuido a la presencia de un tejido social fragmentado. Dicha fragmentación ha favorecido la adopción de reglas, normas y prácticas tanto por parte de los ciudadanos como de las instituciones que promueven, justifican o legitiman la violencia y la violación a los derechos humanos; a su vez esta problemática se ve reflejada en la falta de identidad, vínculos y acuerdos por parte de los ciudadanos para generar acciones en favor de la construcción de paz.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2019 (IPM), nuestro país ocupa el lugar 62 de 163 países en el Índice de Paz Positiva 2018, en contraste con su posición 140 en el Índice de Paz Global, esto refleja que el nivel de paz se deterioró 4.9% en 2018, (siendo el tercer año consecutivo en detrimento).
Este deterioro es resultado de diversas situaciones de violencia, por ejemplo, la tasa de delitos con violencia se incrementó 25% de 2015 a 2018 y la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se elevó 11.6% en 2018. En el mismo año, tanto la extorsión como los delitos de narcomenudeo también aumentaron. Finalmente, la tasa de homicidios nacional aumentó 80.5% entre 2015 y 2018.
Por otro lado, según el IPM, México tuvo un mal desempeño en corrupción en comparación con el resto del mundo y con América Latina. La calificación del país en este pilar se ha deteriorado 12% desde 2005. El libre flujo de información y buen funcionamiento del gobierno también se han deteriorado desde 2005, 6% y 5%, respectivamente. Mientras que la calificación de distribución equitativa de los recursos registró el mayor retroceso de todos los Pilares, al bajar 12.3% de 2005 a 2017.
A nivel estatal, el IPM 2018 reporta que las entidades mejor calificadas fueron Yucatán, Campeche y Tlaxcala, con un valor del índice de 1.01, 1.37 y 1.39, respectivamente. Por el contrario, en el ranking nacional, Colima se ubicó en el lugar número 30 con un puntaje de 4.02, Guerrero en el lugar 31 (4.06) y Baja California fue el peor evaluado (4.56).
La construcción de paz requiere la suma de iniciativas, esfuerzos, prácticas, experiencias y estrategias que abonen a erradicar la desigualdad, la impunidad, la corrupción y otros factores que vulneran el Estado de derecho y el bienestar común. Por ello, es parte prioritaria del PND 2019-2024 dentro del eje de Justicia y Estado de Derecho.
La construcción de paz debe considerarse desde un enfoque ciudadano, por lo que se hará patente en la medida en que las identidades, los vínculos y los acuerdos puedan fortalecerse para abonar a un modelo de justicia transicional, igualdad social y honestidad.
La paz implica el desarrollo de condiciones de bienestar para la ciudadanía, la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica y disminuir los agravios, cumpliendo con el Objetivo 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, de la Agenda 2030. Es fundamental que puedan establecerse espacios de diálogo, reconocimiento, respeto y convivencia que generen confianza hacia las instituciones competentes como factor para la construcción de paz y la justicia social, a fin de erradicar las prácticas de corrupción e impunidad y resignificar el perfil de la administración pública para modificar la percepción que existe hacia ella.
Esto implica un trabajo estratégico para disminuir la distancia que existe entre centros y periferias con el propósito de reconocer y atender los problemas regionales con una ponderación equitativa.
Para logar lo anterior, es necesario un enfoque incluyente que considere a poblaciones que, históricamente, han estado al margen de la acción pública y del acceso a los beneficios sociales por razones de género, etnia, religión, cultura, edad y nacionalidad, entre otras; y establezca articulaciones y convocatorias para la construcción de paz, a fin de conformar una instancia de coordinación y vinculación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen con este objetivo.
El proyecto de construcción de paz del Gobierno de México pone en el centro la dignidad de la persona que ha sido vulnerada por la desigualdad y la exclusión, entre otras cosas, impulsando los vínculos sociales, la transformación positiva de conflictos, la voluntad para la escucha y el reconocimiento, sobre todo, de poblaciones históricamente marginadas bajo el principio contenido en el PND de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Garantizar, promover y proteger los derechos humanos
de las personas mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
La desaparición de personas, tortura, desplazamiento forzado interno, violencia feminicida y trata de personas constituyen graves violaciones de derechos humanos de gran impacto dada la multiplicidad de derechos que afectan y la responsabilidad de las autoridades por acción u omisión.
El Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, identifica como factores de su persistencia "la corrupción, las malas prácticas y la falta de capacitación de las autoridades, así como la impunidad y dificultad para acreditar los hechos de tortura".(3) La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala en el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, que en el periodo de junio de 2012 a julio de 2017 se registraron 5,245 personas víctimas de este delito, de las cuales 3,308 fueron mujeres, 1,086 niñas, 492 hombres y 289 niños.(4)
En materia de desplazamiento forzado interno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala la importancia de reconocer de manera oficial este fenómeno, adoptar medidas efectivas para prevenir las causas y desarrollar una legislación en la materia.(5) Se destaca que, al 31 de diciembre de 2018, había 338 mil personas desplazadas internas, de las cuales, 11,000 se sumaron por desplazamientos derivados de conflictos y 20,000 por desastres naturales durante ese año.(6)
En este sentido, la atención de las graves violaciones a derechos humanos y la garantía a las víctimas de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son dimensiones centrales de la política nacional en materia de derechos humanos.
En México existe un patrón de relaciones sociales discriminatorias que coloca a diversos grupos sociales en una situación de discriminación en el ejercicio de sus derechos, disfrute de libertades y desventajas de acceso a oportunidades, bienes y servicios, lo que evidencia un permanente desequilibro social, como se refleja en el caso de las trabajadoras del hogar, en donde casi cuatro de cada diez trabajadoras remuneradas reportaron al menos un evento de privación injustificada de algún derecho(7), seguidas de las personas con discapacidad (31%), de la diversidad sexual (30%), indígenas (29.5%), afrodescendientes (27%), mujeres (26%) y las personas mayores (25%).
La negación de derechos ocurre en prácticamente todos los ámbitos sociales, siendo los principales la falta de apoyo de programas sociales, atención médica o medicamentos y los servicios en oficinas del Gobierno, ello conforme a lo declarado por la población en los últimos cinco años(8), lo que indica que las instituciones son un ámbito en el que se llevan a cabo, de manera sistemática, prácticas discriminatorias, y no se está cumpliendo con el mandato constitucional de igualdad y no discriminación.
Las prácticas discriminatorias están profundamente arraigadas en las relaciones sociales que tienen lugar en ámbitos como las relaciones familiares y comunitarias, oportunidades de participación y representación política, producción y distribución de bienes culturales, mensajes de los medios de comunicación y representaciones sociales que promueven otros actores sociales (partidos políticos, cámaras empresariales, sindicatos, organismos civiles, iglesias), así como en la interacción en redes sociales y en el mercado de mercancías y servicios.
Por lo que, a través del presente Programa, se busca reducir significativamente el conjunto de malas prácticas que favorecen la exclusión y acrecientan la desigualdad permanente en México.
Por otra parte, el presente Objetivo pretende llevar a cabo acciones para fortalecer las capacidades y ampliar el conocimiento del entramado gubernamental encargado de la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, de tal forma que teniendo presente las maneras específicas en que se estructuran las violencias, presten servicios de calidad, oportunos y se agilice el acceso a la justicia de las mujeres y niñas violentadas.
Por ello, es necesario conocer las diversas formas de manifestaciones de violencia y lugares en donde ésta ocurre, ya que es ejercida por diversos sujetos, incluidas personas con quienes mantienen una relación estrecha como la pareja u otros familiares, compañeros escolares o laborales, o bien de varones que son figuras de autoridad en escuelas, empresas, instituciones del sector público y desconocidos, las causas y consecuencias tienen su base en elementos culturales que se expresan en conductas basadas en estereotipos de género.
En este sentido los resultados de la ENDIREH 2016, respecto a la prevalencia de violencia entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida, por tipo de violencia, muestran que se abarcan distintas prácticas reflejadas en violencia emocional, económica-patrimonial, violencia física y violencia sexual.
En el año 2011, la prevalencia nacional por tipos de violencia de género contra las mujeres fue de 62.8%, y en 2016 alcanzó el 66.1%. La violencia emocional fue la más prevalente a nivel nacional con 49%, la violencia sexual se posicionó en el segundo puesto con 41.3%, en este caso, la violencia sexual en 2016 tiene una diferencia de 5.9 puntos porcentuales por encima de la prevalencia del 2011. El tercer tipo de violencia más prevalente a nivel nacional fue la violencia física, destacando que en 2016 señala los mayores cambios en la prevalencia en comparación con 2011, 17.3 puntos porcentuales. En el caso de la violencia económica y patrimonial se reportó una prevalencia de 29% a nivel nacional, con un cambio en las prevalencias reportadas de 6.3 puntos porcentuales a la baja(9).
Todos los días en México 9 mujeres son asesinadas y el 41.3% ha sido víctima de violencia sexual, de acuerdo con ONU Mujeres y la ENDIREH 2016. Por lo que es necesario focalizar las acciones en aquella población que presenta mayores grados de vulnerabilidad por factores tales como el ser indígena, niña, joven, migrante, tener alguna discapacidad o pertenecer a la comunidad Lésbico, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual
Las acciones implementadas hasta ahora no sea han traducido en una política integral de prevención, ya que fueron dispersas y no existió una coordinación de acciones entre las autoridades competentes en el marco de sus facultades y competencias y de la mano con la población, por lo que se busca consolidar los esfuerzos, recursos y capacidades en una política efectiva de prevención en el ámbito municipal que impacte en la vida cotidiana de las mujeres, así como implementar los modelos (medidas, programas, directrices mecanismos y procedimientos para garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres y su pleno ejercicio) conforme a lo estipulado por el artículo 4º del Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
Por otro lado, de conformidad al artículo 5 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, son niñas y niños las personas menores de doce años, y son adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. En 2019, la población estimada total de niñas, niños y adolescentes en México es de 39.8 millones de personas: de los cuales, 50.9 por ciento son niños y adolescentes hombres y 49.1 por ciento son niñas y adolescentes mujeres. El mayor porcentaje reside en localidades urbanas: 28.6 millones (71.8%); en localidades rurales residen 11.2 millones (28.2%). Asimismo, 4.3 millones son indígenas, 859 mil tienen alguna discapacidad, y 398 mil se consideran afrodescendientes.
Como se puede apreciar con mayor detalle en el programa especial de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes correspondiente, son muchos y apremiantes los problemas que enfrenta este grupo poblacional. Entre aquellos que son considerados prioritarios y que serán atendidos a través de las estrategias y acciones puntuales establecidas en este programa y en el referido especial, se encuentran: la falta de garantía y acceso a sus derechos relacionados con la supervivencia y desarrollo; niñez y adolescencia, sin acceso a mecanismos efectivos para su protección especial hasta la restitución de sus derechos; y la existencia de una cultura basada en el adultocentrismo que excluye a niñas, niños y adolescentes de las decisiones relacionadas a su desarrollo y bienestar, con actitudes estereotipadas por parte de las personas adultas, quienes justifican el no reconocimiento de derechos de esta población por ser "menores de edad", considerándolos como "incapaces" y afectando el pleno ejercicio de sus derechos.
Por lo que respecta a las personas desaparecidas y no localizadas, esta problemática nacional no fue atendida en los gobiernos anteriores, generando una falta de institucionalidad que derivó en la falta de certeza sobre el número de personas desaparecidas y no localizadas, así como de las familias afectadas, lo que hasta ahora ha opacado las afectaciones reales que sufren sectores en circunstancias de mayor vulnerabilidad como mujeres, niñas, niños y adolescentes, poblaciones indígenas y personas migrantes.
Tampoco se creó un andamiaje normativo y procedimental que permita establecer referentes de actuación de las instancias públicas, y el involucramiento de las familias de las personas desaparecidas y no localizadas, en contravención a estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Por lo anterior, este Gobierno tiene como prioridad generar las condiciones necesarias para dimensionar el problema y tener la mayor cantidad de información posible, a través de la creación de un andamiaje institucional, normativo y procedimental que permita contar con un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas robusto, con capacidad para atender las diferentes formas de búsqueda de personas desaparecidas y por ende, que permita tener información sobre las poblaciones afectadas para poder realizar las acciones de búsqueda con un enfoque diferencial.
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral de población y movilidad humana.
Las acciones de la SEGOB deben, en este sentido, avanzar hacia la coordinación interinstitucional que impulse y garantice la atención de las personas migrantes, refugiados y de los propios mexicanos en condiciones de igualdad. En este sentido, la transversalidad e integralidad de las estrategias que conforman el
objetivo 4 del programa sectorial, son fundamentales para encausar las líneas de trabajo de la actual administración.
Un Gobierno como el actual, que tiene en el centro de sus políticas públicas, la reivindicación de la dignidad de las personas mexicanas y extranjeras, independiente de su estatus migratorio, así como el pleno respeto a sus derechos humanos, debe privilegiar el respeto pleno de los derechos humanos y el desarrollo social y económico como sustento de la movilidad segura, ordenada y regular de las personas.
En México concurren las cuatro dimensiones de la migración internacional: emigración, inmigración, migración de retorno y migración de tránsito, las cuales es necesario atender de manera oportuna y en relación con sus necesidades específicas.
En este sentido, para 2019 se estiman 11,796,178 personas mexicanas emigrantes, sólo detrás de los 17,510,931 personas emigrantes procedentes de la India (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2019). Del total de emigrantes mexicanos en el exterior, 11, 489, 684 residen en Estados Unidos de América (EUA) en 2019.
Respecto de la migración de retorno habría que distinguir los datos entre aquella que es forzada y la voluntaria. En el caso del retorno voluntario, se registró un incremento a partir de la crisis económica de EUA entre 2007 y 2010. El Censo Nacional de 2010 identificó a un total de 859.5 mil personas retornadas. En cuanto al retorno involuntario, se pone énfasis en personas removidas por las autoridades migratorias de EUA, que, entre 2009 y 2012 aumentaron, al pasar de 277 mil a 301 mil personas (Anuario de Migración y Remesas México, p. 73, CONAPO y BBVA, 2018).
En relación con las personas migrantes extranjeras que transitaron por nuestro país de manera irregular el flujo se ha duplicado entre 2010 y 2017, pasando de 128.4 mil personas 296.8 mil. Además, el 90% de las personas migrantes en tránsito irregular por México son originarias de Centroamérica (UPMRIP, 2019).
En el caso de las personas migrantes que nacieron en otro país y residen en México, se estiman 1,007,063 personas en 2015, de las cuales más de la mitad nació en Estados Unidos y tiene ascendencia mexicana (CONAPO, 2016).
Mientras tanto, el restante de personas migrantes que nacieron en otro país y cuyos padres son extranjeros, proceden en su mayoría de EUA, Guatemala y España.
Anteriormente la atención a la migración se enfocó en atender únicamente a una dimensión de la migración sin necesariamente facilitar o promover la integración o reintegración al país. Además, se excluyeron a las personas solicitantes o en condición de refugio y protección complementaria. Por ello, es necesario considerar no sólo la configuración de los flujos migratorios, también su composición, y atender a los grupos que por sus particularidades se encuentran expuestos a condiciones aún más vulnerables en los contextos migratorios.
Como resultado del aumento en el flujo migratorio, las solicitudes de refugio del 2016 al 2017 se han incrementado en un 66%, por lo que es necesario la identificación y creación de mecanismos que fortalezcan y agilicen los trámites de documentos migratorios, así como las mejoras al marco normativo a fin de contar con una legislación acorde a los tiempos actuales.
En 2017, en México, se detuvieron a 7,430 niñas, niños y adolescentes no acompañados y 10,870 acompañados, así mismo, se ha logrado identificar una mayor presencia de mujeres, pasando del 22.4% al 30.5%, por ello, es preciso llevar a cabo acciones en forma conjunta, coordinada y eficiente que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos a todos aquellos grupos considerados como vulnerables.
Tal es el caso, que el número de solicitantes de la condición de refugiado en México se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, pasando de 2,137 solicitantes en 2014, a 14,619 en 2017 y 29,634 durante el 2018 y, al tercer trimestre del año 2019, se han registrado 54,377 personas, lo que visibiliza que las personas con necesidad de protección internacional han superado récords históricos.
Adicionalmente, se debe garantizar el derecho humano a la identidad y atender los cambios en el volumen, estructura, composición y distribución territorial de la población, como un factor trascendental, ya que las problemáticas demográficas tienen estrechas relaciones con los grandes procesos estructurales, como son: la desigualdad social y espacial, la exclusión social y la marginación, el desempeño económico a nivel macro y micro, el ejercicio de los derechos humanos o la crisis ambiental.
Los diagnósticos recientes muestran que para México existen aún índices de sub registro de nacimiento que van del 1 al 2.9 por ciento de la población total, es decir entre uno y tres y medio millones de personas en el país que no cuentan con registro de nacimiento. Al analizar esta cifra encontramos que aumenta cuando se trata de niños y niñas con menos de 60 días de nacidos y que disminuye cuando éstos se acercan a la edad de iniciar su vida escolar; las niñas, niños y adolescentes son los más afectados, ya que 6 de cada 10 no cuentan con registro de nacimiento, siguiéndole las personas adultas de 18 a 59 años que representan 3 de
cada 10.
La transformación de México en favor de la creación de condiciones para el bienestar de la población, precisa del análisis de su composición y su distribución, lo que hace posible identificar grupos y territorios con necesidades y demandas específicas, por lo que la cuantificación de las demandas puede derivar de análisis retrospectivos y prospectivos.
Los retos del México presente se relacionan con la gran velocidad con la que están ocurriendo los procesos de transición demográfica y de distribución territorial de la población, lo que significa que tenemos menos tiempo para anticipar medidas, contener o paliar los efectos sociales, urbanos y regionales, así como para aprovechar las ventajas que implica la predominancia de población en edad productiva.
La instrumentación de la política demográfica y migratoria 2019-2024, deberá realizarse de forma intersectorial e internacional, buscando preservar y ampliar los acuerdos de cooperación y de desarrollo con otros países, en estrecha colaboración entre los distintos niveles de gobierno.
Todo ello con la finalidad de diseñar, coordinar e implementar una política integral de atención que encaminen los esfuerzos institucionales en materia migratoria y de población de forma conjunta, ordenada y eficiente, con una perspectiva de Derechos Humanos, género y diversidad cultural.
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales.
Durante décadas el régimen de gobierno en México alimentó una relación de complicidad entre el poder político y el poder económico, sometiendo la rectoría del Estado a los intereses privados de unos cuantos. De esta forma, se marcó una separación entre el gobierno y el pueblo que permitió la promoción y normalización de privilegios para unos pocos, corrupción, el abuso de recursos naturales, la extracción de rentas y las relaciones de exclusión.
La exclusión de la gente del poder político y de la toma de decisiones de asuntos públicos generó un círculo vicioso que produjo impotencia y apatía social que a su vez se tradujo en desconfianza hacia los gobiernos y las personas. Según la ENCCIVICA 2015, el 56% de las personas están poco interesadas en los problemas de su comunidad y un 77% de los mexicanos considera que no se puede confiar en las personas.
Así se fue configurando una sociedad individualista, egoísta y discriminatoria (Robles & Salmón, 2018) que se acostumbró a padecer y ejercer la discriminación, el abuso y la violencia. Según registra la ENCUP 2012(10), solamente el 12% de los encuestados están muy interesados en lo público y 25% están poco interesados, además 56% está poco interesados en los problemas de su comunidad. De acuerdo a la ENCCIVICA 2015(11), al 60.3% de los mexicanos no le interesa solicitar información pública.
El resultado de este proceso fue la normalización de una evidente y persistente precarización de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, particularmente de niñas, niños y adolescentes, jóvenes, mujeres, personas en condición de discapacidad y población indígena, quienes a su vez son los grupos poblacionales con menos representados en los espacios de decisión.
Así pues, estas condiciones estructurales de violencia y precariedad están asociadas a causas profundas que se refieren al conjunto de valores, creencias, actitudes y sentimientos que justifican y dan forma a un pacto social, que en México se ha caracterizado por relaciones sociales, políticas y económicas que fueron construyendo un tipo de ciudadanía.
A pesar de este contexto, la sociedad mexicana participó activamente en las pasadas elecciones presidenciales y votó por una opción diferente a las tradicionales. Esto es muestra de que las personas no tienen una desafección por la democracia, como comúnmente se concluyen algunos especialistas, sino por un régimen de gobierno que excluye a las personas de la toma de decisiones públicas y los diferentes procesos de gobierno. De manera que, los resultados de las pasadas elecciones sugieren que las personas están ávidas de participar siempre que haya voluntad para que se les escuche y se abran espacios de participación efectiva y generen los instrumentos necesarios para procesar e incorporar sus opiniones.
Es así que el Gobierno de México ha propuesto como eje de Política y Gobierno del PND 2019 - 2024, impulsar la democracia participativa para socializar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. Este es el instrumento para alcanzar la aspiración democrática de construir un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, conforme al precepto constitucional de que la soberanía reside en éste. No es suficiente con que la sociedad esté informada y atenta; sino que debe, además, participar en las decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública. Es así que juntos, gobierno y sociedad podrán transformar el régimen de exclusión y generar bienestar para todos, con particular atención a quienes han sido históricamente excluidos.
En este marco, el presente objetivo prioritario propone acciones para impulsar la democracia participativa en cuatro aspectos fundamentales. Primero, generar lineamientos, guías e instrumentos que garanticen la participación efectiva, incluyente y equitativa. Este derecho a la participación debe fomentar que las instituciones de gobierno incluyan al pueblo en las decisiones públicas. La participación efectiva tiene que tener una clara manifestación en el resultado público de las decisiones de gobierno.
En un inventario de mecanismos de participación ciudadana realizado por la SEGOB en 2018, se registraron 329 Mecanismos de la APF. El 36% están concentrados en el sector medio ambiente y otro 30% en tres sectores: Economía, Gobernación y Comunicaciones y Transportes. Así mismo, se integró una base de datos que identifica a los integrantes de dichos mecanismos según el sector social a que representan. Se destaca que las personas que participan a título personal son sólo el 6% y la representación de las comunidades indígenas en estos mecanismos no llega ni al 1%.
Segundo, es necesario fortalecer las capacidades éticas y de sensibilización en el servicio público para generar un gobierno al servicio del pueblo, lo cual es un elemento esencial de la democracia. La sociedad percibe que el gobierno está lejano de la gente y no responde a sus intereses, por lo que gente ha perdido confianza en las instituciones. De acuerdo con la ENCCIVICA 2015, sólo un 33% de personas encuestadas manifestó tener mucha confianza en el Gobierno Federal.
Tercero, en México las diversas formas de organización comunitaria suelen entrar en conflicto con espacios de participación institucionalizados o dependencias de gobierno. Por esa razón, es necesario generar acciones para visibilizar, fomentar y facilitar la búsqueda de acuerdos, consensos y soluciones construidas al interior de las comunidades, desde abajo y abordando las problemáticas comunes.
Por último, para fortalecer la democracia participativa es fundamental generar acciones para revertir los efectos de una sociedad individualista y deshumanizada, mediante la cual se llegó a justificar el sometimiento y exterminio de aquellas personas "que no merecen vivir", despojando a la población de la capacidad de solidaridad, empatía y respeto hacia la dignidad humana de todas las personas (Butler, 2010). En lugar de concebir a cada persona como un fin en sí mismo, se llegó a concebirlas como medios para lograr sus objetivos (Nussbaum, 2012). Por ello, es necesario fomentar habilidades y capacidades cognitivas y no cognitivas que contribuyan a desarrollar una mejor convivencia, que permitan reconstruir vínculos familiares, consolidar lazos comunitarios, generar sentido de pertenencia para reconquistar la confianza interpersonal, despertar la conciencia de lo colectivo, el cuidado mutuo y el interés por visibilizar y exigir derechos, particularmente el derecho a participar de lo público.
6.6.- Relevancia del Objetivo prioritario 6: Fortalecer el federalismo, la descentralización y el
desarrollo municipal.
El PND 2019-2024, dentro del eje general Política y Gobierno, rubro "erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad", señala que deben eliminarse las instituciones redundantes con duplicidad de funciones, así como reorientar los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico. Esta labor requiere que el compromiso sea cumplir desde el orden municipal, como base del poder público más cercano a la ciudadanía.
Al inicio de la presente administración, existían debilidades estructurales que limitan el desarrollo de los municipios, tales como una alta dependencia a que les son asignados por la federación, un marco jurídico local heterogéneo e insuficiente o desactualizado; el perfil de los servidores públicos poco orientado a las funciones, aunado a la rotación del personal y a la ausencia de esquemas que promuevan la profesionalización y la capacitación de las servidoras y los servidores públicos de los gobiernos locales. Lo anterior genera la falta de continuidad en los procesos y debilidades en el desarrollo de sistemas de control interno en los municipios. Estas debilidades han sido a su vez causa y efecto de la falta de coordinación entre los órdenes de gobierno y la base para avanzar
Para solventar la problemática antes descrita, es necesario establecer estrategias que estén orientadas a fortalecer las capacidades institucionales en los gobiernos locales, la instrumentación de acciones encaminadas a profesionalizar al servidor público (capacitarlo, brindarle asesoría y fortalecer su vinculación con los programas y acciones del ámbito federal), así como lograr el entendimiento del servidor público municipal, su responsabilidad y obligación, para otorgar los servicios públicos municipales, y al hacerlo bien, incrementar el nivel de vida de la población.
Históricamente esas han sido las debilidades de los gobiernos locales, por lo cual para la presente administración trabajará con intensidad y cercanía para capacitar y atender los municipios y por poner un ejemplo, en el 2018 al término de la administración anterior se capacitaron a solo 420 del total de 2454 municipios que integran el país. El compromiso es que los municipios se fortalezcan y participen de manera colaborativa y coordinada en la construcción del bienestar que México requiere.
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
 
A través de las estrategias prioritarias y acciones puntales que a continuación se describen, la SEGOB busca consolidarse como una institución encaminada a contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, generando acuerdos que permitan consolidar la gobernabilidad democrática, el desarrollo político de México, vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; así como coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos, para un mejor desarrollo de la sociedad.
Objetivo prioritario 1.- Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional.
Estrategia prioritaria 1.1 Establecer una coordinación efectiva entre las diferentes instancias y órdenes de Gobierno para lograr la solución pacífica de conflictos sociales y políticos.
Acción puntual
1.1.1 Construir una relación permanente y real con las organizaciones y actores políticos, sociales, empresariales, entre otros, que inciden en la gobernabilidad y gobernanza del territorio nacional, a través de mesas de diálogo, coordinación interinstitucional y audiencia.
1.1.2 Diseñar un sistema de información nacional que permita la identificación de eventos coyunturales o estructurales que pudieran ser fuente de conflictos sociales, políticos o electorales, para generar modelos de negociación y diálogo para su atención.
1.1.3 Establecer mesas interinstitucionales con la participación de los distintos órdenes de gobierno para fortalecer el diálogo como una vía de solución pacífica y con equidad de género, usando todos los instrumentos legales del Estado.
1.1.4 Contribuir con las áreas de comunicación social para definir el contenido de las estrategias de comunicación que ayuden al cambio en la percepción ciudadana del nuevo papel de la gobernabilidad democrática, considerando las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas.
 
Estrategia prioritaria 1.2 Atender a las organizaciones sociales sin intermediarios, sin entrega de recursos públicos al margen de la ley y sin el uso de la fuerza pública, a fin de contribuir a la gobernabilidad democrática en el país.
Acción puntual
1.2.1 Implementar mecanismos de atención directa a las demandas de los ciudadanos y sus organizaciones, consistentes en: mesas de diálogo, mesas de negociación, mesas de coordinación interinstitucional y audiencia.
1.2.2 Promover la concertación entre los ciudadanos y sus organizaciones con las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para disuadir y propiciar la distensión de los conflictos, mediante el diálogo y la negociación.
1.2.3 Canalizar las demandas de los ciudadanos y sus organizaciones para su atención y seguimiento, mediante gestiones de enlace y vinculación directa con las autoridades competentes.
1.2.4 Propiciar el diálogo entre las partes, a través de los mecanismos de atención, con el objeto de distender los conflictos sociales eliminando el uso de la fuerza pública, para recuperar el estado de derecho y garantizar la gobernabilidad democrática.
1.2.5 Promover acuerdos entre las partes para la atención de las demandas de las organizaciones sociales, auxiliando y acompañando en el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos generados entre las organizaciones sociales y las autoridades correspondientes de los diferentes órdenes de Gobierno.
1.2.6 Realizar acompañamiento permanente entre las partes a fin de evitar que se entreguen recursos públicos fuera del marco de la ley para la distensión de los conflictos.
 
Estrategia prioritaria 1.3 Impulsar el avance del Estado mexicano y su régimen político hacia estadios superiores del desarrollo democrático que al implicar el ejercicio de soberanía popular deriven en bienestar para la población.
Acción puntual
1.3.1 Promover la cultura democrática mediante esquemas que impulsen la toma de conciencia, la práctica de valores, el apego a normas y la predisposición a modos de actuar, entre la población, bajo los principios de igualdad, equidad e inclusión.
1.3.2 Incentivar la cultura de legalidad a partir de la promoción del discernimiento ético respecto de la necesidad de regirnos por normas que constituyen la garantía de nuestros derechos y los de los demás en un contexto de libertades y bienestar compartido.
1.3.3 Identificar necesidades en cuanto a la transformación del aparato institucional del país, requerida para lograr el avance del Estado mexicano hacia estadios superiores del desarrollo democrático.
1.3.4 Elaborar y difundir contenidos en materia de fomento cívico y ejecutar esquemas que fortalezcan la identidad nacional entre la población y alienten su compromiso con México.
Estrategia prioritaria 1.4 Fortalecer el enlace y diálogo entre el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos y las legislaturas de las entidades federativas en apego al principio de separación de poderes, para promover consensos y acuerdos que permitan consolidar el proyecto de transformación política y social de México.
Acción puntual
1.4.1 Fomentar vínculos institucionales con el Poder Legislativo Federal a fin de impulsar acuerdos para lograr reformas al orden jurídico nacional que garanticen la unidad nacional y consolidar el estado de derecho.
1.4.2 Fortalecer la relación con el Poder Legislativo mediante la atención y seguimiento oportuno de solicitudes, procesos y protocolos.
1.4.3 Establecer una relación institucional con el Poder Judicial, en estricto apego al principio de división funcional de poderes, para coadyuvar en la promoción de la cultura de paz y recuperar la confianza en la autoridad.
1.4.4 Fortalecer el sistema democrático participativo a través de las relaciones institucionales con los órganos constitucionales autónomos, para contribuir a eliminar la separación entre el pueblo y el gobierno.
1.4.5 Fortalecer las relaciones institucionales y de trabajo, de manera respetuosa con las legislaturas de las entidades federativas para impulsar la armonización legislativa.
 
Estrategia prioritaria 1.5 Robustecer el marco normativo y las herramientas digitales y documentales, que fortalezcan la transparencia en cuanto a procesos administrativos en materia de comunicación social del Gobierno y atender las necesidades gubernamentales en cuanto a medios y cinematografía.
Acción puntual
1.5.1 Fortalecer una regulación de normatividad en cuanto a las campañas de comunicación social de los poderes públicos, logrando así, un uso eficiente y transparente de los recursos.
1.5.2 Contribuir con el Estado mexicano con la oferta de los servicios de una institución de la más alta calidad para la impresión y digitalización de todo tipo de documentos de la APF y de organismos constitucionales autónomos.
1.5.3 Garantizar la vigilancia y el monitoreo de medios para detectar contenidos que propicien o promuevan la trata de personas.
1.5.4 Garantizar las disposiciones legales que tiene el Estado mexicano en materia de medios, tales como la clasificación y autorización de películas, las pautas de tiempos oficiales; y la licitud de los medios impresos.
1.5.5 Incentivar la publicación de los "Lineamientos Generales para la emisión del Sistema de Equivalencias Mexicano de Clasificación de Contenidos de Videojuegos", que busca clasificar los videojuegos por rango de edad al que van dirigidos.
 
Estrategia prioritaria 1.6 Fomentar la actualización del orden normativo en materia de juegos y sorteos y verificar su cumplimiento para garantizar la gobernabilidad democrática.
Acción puntual
1.6.1 Desarrollar y proponer un proyecto de Reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, que considere el avance tecnológico y los cambios sociales.
1.6.2 Promover una cultura de legalidad en los juegos de azar y los juegos con apuesta y combatir la corrupción entre los inspectores y demás personal de la DGJyS.
1.6.3 Combatir el juego ilegal en coordinación con las dependencias y entidades de seguridad, asegurando el cumplimiento del marco regulatorio de juegos y sorteos.
Estrategia prioritaria 1.7 Fortalecer la certidumbre jurídica a través de la difusión electrónica de los actos administrativos publicados en el DOF para que estos sean aplicados y observados debidamente, así como el acceso electrónico para la autenticación de los trámites que se realizan de Apostilla y Legalización de documentos oficiales.
Acción puntual
1.7.1 Brindar certidumbre jurídica a través de la publicación y difusión de los actos administrativos emitidos por los Poderes de la Unión, para que estos sean aplicados y observados debidamente.
1.7.2 Garantizar la ejecución del registro de nombramientos de servidores públicos, la Apostilla y Legalización de documentos de origen nacional emitidos en territorio mexicano.
1.7.3 Proveer lo necesario para la exacta observancia de las leyes y tratados, en territorio insular de jurisdicción federal.
 
Objetivo prioritario 2.- Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que trabajen en este tema.
Estrategia prioritaria 2.1 Coordinar una colaboración integral, incluyente y comprometida con la prevención social del delito y la reconstrucción del tejido social para la construcción de paz.
Acción puntual
2.1.1 Construir acuerdos locales de colaboración para la reconstrucción del tejido social y la prevención social del delito, donde se articulen y especifiquen los aportes de todos los actores sociales relevantes.
2.1.2 Coordinar con diversas instancias el levantamiento de información en materia de prevención social del delito y reconstrucción del tejido social que contribuya en la toma de decisiones.
2.1.3 Promover vínculos que involucren a diversos actores sociales en los procesos de prevención social del delito y reconstrucción del tejido social para la construcción de paz.
2.1.4 Coadyuvar con los esquemas de justicia restaurativa y mecanismos de resolución pacífica de conflictos para la negociación, mediación, conciliación o transformación en el ámbito comunitario.
2.1.5 Promover la articulación, homologación y complementariedad de políticas locales de prevención social del delito y reconstrucción del tejido social con programas y proyectos existentes.
 
Estrategia prioritaria 2.2 Impulsar acciones de prevención social del delito, y reconstrucción del tejido social en diferentes comunidades del país, particularmente en zonas en situación de vulnerabilidad, para la construcción de paz.
Acción puntual
2.2.1 Implementar proyectos de inclusión social en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad ante el delito mediante prácticas que desarrollen y fortalezcan capacidades y habilidades sociales.
2.2.2 Instrumentar estrategias que contribuyan a la apropiación de espacios públicos y mecanismos de prevención social del delito y cultura de paz a través de la reconstrucción del tejido social.
2.2.3 Fomentar proyectos para la formación en materia de cultura de la legalidad entre la población.
2.2.4 Diseñar modelos de evaluación participativa en temas de prevención social del delito, cultura de paz y la reconstrucción de tejido social.
2.2.5 Impulsar la armonización normativa respecto a la prevención social del delito, la cultura de paz y la reconstrucción del tejido social.
2.2.6 Contribuir a la prevención de adicciones por medio de un modelo integral terapéutico basado en el apoyo mutuo y la voluntad de los usuarios que fortalezca habilidades socioemocionales, los vínculos familiares y las capacidades de resiliencia comunitaria en coordinación con las dependencias responsables en la materia.
2.2.7 Incrementar el conocimiento y las habilidades de las autoridades y la población en materia de Derechos Humanos para fomentar la prevención social del delito, la cultura de paz y la reconstrucción del tejido social.
2.2.8 Fomentar la profesionalización de las y los funcionarias/os públicos mediante conocimientos y habilidades sociales en materia de prevención social del delito, cultura de paz y reconstrucción del tejido social.
2.2.9 Coordinar la implementación de programas, proyectos y acciones estratégicas de prevención social del delito y cultura de paz en conjunto con actores relevantes en reconstrucción del tejido social.
Estrategia prioritaria 2.3 Impulsar acciones que aseguren la libertad de creencias y la promoción del respeto a la diversidad religiosa, para contribuir al fomento de una cultura de paz.
Acción puntual
2.3.1 Vigilar, de manera permanente, el cumplimiento de las disposiciones en materia religiosa, para garantizar los derechos a través de la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
2.3.2 Articular acciones con actores relevantes para que participen en proyectos de construcción de paz.
2.3.3 Implementar una Estrategia Nacional para el Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa.
2.3.4 Promover una relación incluyente, participativa, colaborativa y respetuosa entre el Gobierno de México y las asociaciones, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas, en el marco del Estado Laico.
2.3.5 Difundir proyectos, modelos y metodologías sobre construcción de paz, en respeto al principio de separación Estado - Iglesia, para su réplica e implementación con la sociedad.
2.3.6 Promover mecanismos para la transformación positiva de conflictos entre diversos actores, a fin de generar modelos para la construcción de paz basados en el respeto, el diálogo y los acuerdos.
 
Objetivo prioritario 3.- Garantizar, promover y proteger los Derechos Humanos mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
Estrategia prioritaria 3.1 Establecer una política nacional de derechos humanos que garantice a las víctimas de violaciones graves su derecho a la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.
Acción puntual
3.1.1 Implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos para la efectiva promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos, considerando un mecanismo para su seguimiento y evaluación.
3.1.2 Implementar un mecanismo permanente de seguimiento y cumplimento de las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
3.1.3 Fortalecer y consolidar los mecanismos para la atención integral a víctimas de violaciones graves de derechos humanos y garantizar su acceso a la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
3.1.4 Fortalecer los mecanismos interinstitucionales en las entidades federativas y municipios dirigidos a garantizar los derechos humanos de las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas.
3.1.5 Fortalecer las acciones de coordinación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección a Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
3.1.6 Implementar el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, considerando un mecanismo para su seguimiento y evaluación.
3.1.7 Fortalecer los mecanismos de coordinación con las entidades federativas, así como con el sector económico para prevenir la de trata de personas, y atender a las víctimas de este delito.
3.1.8 Promover la adopción de una política de prevención y atención del desplazamiento forzado interno de acuerdo a los estándares internacionales que permita garantizar a las víctimas sus derechos humanos.
3.1.9 Establecer una política orientada a garantizar el derecho humano a la identidad de todas las personas.
3.1.10 Impulsar las capacidades institucionales a fin de prevenir y atender la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Estrategia prioritaria 3.2 Garantizar el pleno ejercicio al derecho a la igualdad y no discriminación para todas las personas, a través del combate de prácticas discriminatorias que generan exclusión y desigualdad social para los grupos históricamente discriminados.
Acción puntual
3.2.1 Impulsar acciones para transversalizar la perspectiva antidiscriminatoria, en el quehacer de la APF.
3.2.2 Generar una estrategia interinstitucional que permita contrarrestar las prácticas discriminatorias en los ámbitos estratégicos, tales como el educativo, salud, trabajo, etc.
3.2.3 Realizar acciones de información, educación y comunicación para modificar patrones socioculturales discriminatorios.
3.2.4 Impulsar la generación de conocimiento, estudios, información estadística que permitan identificar las prácticas discriminatorias más frecuentes en ámbitos estratégicos, su magnitud y prevalencia.
 
Estrategia prioritaria 3.3 Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de la construcción de medidas que modifiquen los estereotipos y conductas que atentan contra la vida y la dignidad, así como asegurar su acceso a la justicia.
Acción puntual
3.3.1 Establecer programas de promoción de los derechos humanos de las mujeres en todo el país desde un enfoque diferenciado.
3.3.2 Promover mecanismos intersectoriales de prevención de la violencia en poblaciones de mujeres en situación de discriminación: mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes migrantes, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, mujeres mayores, lesbianas, mujeres trans, bisexuales e intersexuales.
3.3.3 Fortalecer los mecanismos institucionales que permitan la instrumentación de medidas efectivas y suficientes para la prevención y la atención de la violencia feminicida.
3.3.4 Realizar acciones para eliminar en medios de comunicación contenidos que reproducen estereotipos y prejuicios, como detonantes de la violencia contra las mujeres.
3.3.5 Promover la coordinación interinstitucional para coadyuvar en el acceso a la justicia, en la reparación del daño y garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
 
Estrategia prioritaria 3.4 Contribuir a garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, a través de la implementación de acciones para el fortalecimiento del Sistema y la Política Nacional de protección de derechos de la niñez y adolescencia.
Acción puntual
3.4.1 Fortalecer el funcionamiento del SIPINNA y sus Comisiones, así como promover la coordinación y articulación de todas las instancias responsables en el diseño y ejecución de la política de protección de derechos de niñez y adolescencia.
3.4.2 Impulsar acciones para lograr transversalizar la perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en el diseño de políticas y programas de la APF.
3.4.3 Implementar mecanismos de participación efectiva, equitativa y sistemática de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos en que se desarrollan, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
3.4.4 Fortalecer la coordinación multisectorial y entre órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social, para garantizar la protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
3.4.5 Impulsar la generación e intercambio de información estadística e indicadores que permita monitorear y dar seguimiento a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través de los sistemas de información nacional y estatales.
3.4.6 Establecer con los distintos sectores de la APF responsables y las entidades federativas, mecanismos de coordinación y seguimiento para la ejecución de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.
Estrategia prioritaria 3.5 Generar propuestas de políticas públicas basadas en estándares y buenas prácticas internacionales, para asegurar el involucramiento efectivo de los actores relevantes en la búsqueda de personas desaparecidas, así como la sistematización de la experiencia y la innovación de propuestas en la materia.
Acción puntual
3.5.1 Elaborar metodologías, modelos, programas y protocolos en materia de búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.
3.5.2 Mejorar los mecanismos de generación, registro, sistematización y análisis de información relevante para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como para la toma de decisiones estratégicas en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
3.5.3 Desarrollar un sistema de capacitación para las instancias públicas, actores sociales, académicos y privados involucrados en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que asegure el respecto a los principios de derechos humanos con perspectiva de género, antidiscriminatoria y enfoque diferenciado.
3.5.4 Instalar mecanismos de interacción y comunicación directa entre la población y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, para asegurar el involucramiento sinérgico y efectivo de la sociedad civil.
3.5.5 Establecer modelos y estándares referentes de operación y desempeño de las autoridades encargadas de la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas.
3.5.6 Generar un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje de las acciones de búsqueda realizadas por los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para garantizar la innovación, mejora continua y la sistematización de la experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas.
 
Objetivo prioritario 4.- Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral de población y movilidad humana.
Estrategia prioritaria 4.1 Proponer y coordinar una política de migración y movilidad humana con pleno respeto a los derechos humanos.
Acción puntual
4.1.1 Coordinar con las Dependencias del gobierno federal la atención integral de las personas migrantes, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad, con perspectiva de género, diversidad y con pleno respeto a los Derechos Humanos.
4.1.2 Fortalecer los mecanismos interinstitucionales para promover la integración y reintegración social y económica de las personas migrantes.
4.1.3 Contribuir en la generación de mecanismos para propiciar que las personas migren de una forma segura, ordenada y regular.
4.1.4 Impulsar la adecuación de marcos normativos que faciliten a las personas migrantes la documentación necesaria para el acceso a bienes y servicios básicos, en el marco del ejercicio pleno de sus derechos humanos.
4.1.5 Impulsar y difundir campañas de información para sensibilizar a la población mexicana sobre los riesgos de la migración y evitar actitudes de xenofobia y discriminación contra las personas migrantes extranjeras.
4.1.6 Promover la cultura de paz en la frontera sur, mediante campañas, cursos y talleres de concientización en la búsqueda de la no violencia, respeto y convivencia pacífica entre instituciones, población migrante y población residente.
4.1.7 Fomentar la implementación de políticas públicas, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para la atención integral de la población migrante en la Frontera Sur, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad, perspectiva de género y pleno respeto a los Derechos Humanos.
4.1.8 Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, convenios y pactos internacionales signados por el Estado Mexicano en materia de población, migración, refugio y movilidad humana, en concordancia con las atribuciones del sector.
4.1.9 Elaborar estudios y estimaciones que actualicen y amplíen el conocimiento sobre los desafíos emergentes del país que apoyen a la toma de decisiones de la política de migración y movilidad humana.
Estrategia prioritaria 4.2 Impulsar acciones interinstitucionales y atender de forma integral a las personas en contexto de migración y movilidad humana para el ejercicio de los derechos humanos.
Acción puntual
4.2.1 Promover programas de capacitación y profesionalización a los servidores públicos para el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, a fin de adquirir o fortalecer las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones.
4.2.2 Coordinar acciones interinstitucionales para orientar a las personas mexicanas residentes en el extranjero que visitan México sobre servicios y derechos.
4.2.3 Implementar acciones para garantizar el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en México.
4.2.4 Diseñar estrategias y mecanismos encaminados a garantizar el cumplimiento de plazos y términos en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado en México que garantice el respeto al principio de certeza jurídica.
4.2.5 Impulsar acciones interinstitucionales para promover el ejercicio de los derechos humanos de las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas.
4.2.6 Impulsar acciones interinstitucionales para promover el desarrollo a partir de políticas sociales, económicas y culturales en coordinación con las autoridades competentes, a la población en contexto de migración y movilidad humana en la frontera sur de México.
4.2.7 Coordinar acciones interinstitucionales para promover el ejercicio de los derechos humanos de la población en contexto de migración y movilidad humana en la frontera sur de México.
4.2.8 Generar diagnósticos para identificar y atender las necesidades en las estaciones y estancias migratorias, centros y albergues para gestionar mejoras a la infraestructura y equipamiento de los mismos.
4.2.9 Impulsar mecanismos interinstitucionales para la emisión de documentos migratorios.
 
Estrategia prioritaria 4.3 Diseñar e impulsar una política de población orientada al bienestar de las personas con base en el conocimiento integral y actual de los desafíos y temas sociodemográficos emergentes en el país.
Acción puntual
4.3.1 Elaborar estudios y estimaciones que actualicen y amplíen el conocimiento sobre los desafíos sociodemográficos emergentes del país que apoyen la toma de decisiones de la política de población establecida por el CONAPO.
4.3.2 Impulsar la actualización de los marcos normativos en materia de población para gestionar integralmente los retos que enfrenta México debido al cambio demográfico.
4.3.3 Colaborar en actividades interinstitucionales y con otros agentes sociales y privados para el fortalecimiento de la política de población con perspectiva de derechos humanos, género, curso de vida e interculturalidad, establecida por el CONAPO.
4.3.4 Brindar asesoría técnica a consejos estatales de población u organismos equivalentes, instituciones gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y usuarios en general con fines de transparencia y rendición de cuentas.
4.3.5 Proponer estrategias para la atención de la salud sexual y reproductiva adecuada a las necesidades específicas, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad, con perspectiva de género, diversidad y con pleno respeto a los Derechos Humanos, en los tres órdenes de gobierno.
4.3.6 Promover el acceso a información, consejería y servicios oportunos y de calidad para el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
4.3.7 Proponer estrategias con perspectiva de derechos humanos, género, curso de vida e interculturalidad para fortalecer los programas federales y locales orientados a ampliar las oportunidades de acceso a la salud, educación y empleo, con énfasis en los grupos históricamente discriminados.
4.3.8 Diseñar e implementar políticas que conduzcan a la conciliación de la vida laboral y familiar con igualdad de oportunidades, énfasis en los temas de niñez, envejecimiento y violencia contra las mujeres, contribuyendo en la distribución del trabajo doméstico, los cuidados y la crianza.
Estrategia prioritaria 4.4 Garantizar a todas las personas el derecho fundamental y primigenio a la identidad para que ejerzan sus demás derechos en condiciones de certeza y seguridad, a través del registro universal y oportuno de la población y por medio de un servicio nacional de identidad e identificación.
Acción puntual
4.4.1 Instrumentar un proyecto nacional de identidad sustentado en la base de la identidad jurídica, e incorporando la identidad biométrica, a fin de garantizar la unicidad de las personas y acreditar su identidad.
4.4.2 Impulsar instrumentos normativos de colaboración con el sector público de los tres órdenes de gobierno y el sector privado, encaminados a consolidar el Registro Nacional de Población.
4.4.3 Definir e instrumentar acciones específicas para que la población indígena y afromexicana, población con discapacidad, migrantes, solicitantes y en condición de refugio, nacionales en retorno, de la diversidad sexual, entre otras, ejerzan su derecho a la identidad en condiciones de inclusión e igualdad.
4.4.4 Impulsar acciones de manera coordinada con las instituciones registrales de todas las entidades federativas, el servicio exterior mexicano y diversas instituciones y organismos públicos y privados dirigidos a disminuir el sub registro de nacimientos y defunciones en todo el país.
4.4.5 Contribuir al fortalecimiento de los registros civiles del país como institución fundamental en la garantía del derecho a la identidad jurídica, a través de programas y proyectos coordinados para garantizar de manera plena el derecho a la identidad.
4.4.6 Impulsar que las instancias involucradas asignen desde el momento del registro, la CURP utilizando únicamente los mecanismos automatizados para asegurar la integridad de la información y garantizar el acceso a la identidad.
4.4.7 Consolidar e impulsar la adopción y uso de la CURP en los sectores público y privado para que constituya la llave primaria y el elemento de interoperabilidad en los programas y servicios que brindan a la población.
4.4.8 Brindar un servicio nacional de identidad e identificación que atienda las necesidades actuales del gobierno y de la sociedad y que contribuya a evitar malas prácticas asociadas a la falta de garantía en la identidad de las personas y en consecuencia, a la adecuada prestación de servicios gubernamentales y del sector privado.
4.4.9 Establecer normas, métodos y procedimientos encaminados a la expedición del documento único digital de identificación nacional biometrizado.
 
Objetivo prioritario 5.- Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales.
 
Estrategia prioritaria 5.1 Impulsar la Estrategia Nacional de Construcción de Ciudadanía que fomente participación social, la inclusión, el respeto a la dignidad humana y el bienestar social.
Acción puntual
5.1.1 Promover la cultura ciudadana de convivencia que fortalezca las relaciones de inclusión, igualdad, solidaridad, empatía, respeto y corresponsabilidad.
5.1.2 Generar contenidos e instrumentos para la implementación y seguimiento de programas y acciones en materia de construcción de ciudadanía.
5.1.3 Promover el desarrollo de capacidades sociales para construcción de ciudadanía como factor de transformación social, reduciendo brechas y desigualdades en el ejercicio de derechos de los diferentes grupos poblacionales.
5.1.4 Coadyuvar con el fortalecimiento de la identidad nacional a través de la construcción de ciudadanía.
5.1.5 Fomentar la responsabilidad social de los servidores públicos a través de acciones de sensibilización y formación en materia de habilidades sociales, voluntariado y ejemplo público.
5.1.6 Fomentar la cooperación internacional, la transferencia de metodologías y el intercambio de buenas prácticas en materia de corresponsabilidad para la construcción de ciudadanía y la participación social.
Estrategia prioritaria 5.2 Fortalecer la participación de la ciudadanía de manera transversal, incluyente, equitativa y sustentable en los programas y acciones de gobierno.
Acción puntual
5.2.1 Promover la adopción y mejora de lineamientos para la conformación, funcionamiento y evaluación de instrumentos que fortalezcan la democracia participativa, con perspectiva de género.
5.2.2 Fomentar la articulación de instrumentos de participación social para transformar la relación gobierno sociedad.
5.2.3 Promover la colaboración y coordinación efectiva e incluyente entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, el sector social, privado, académico y ciudadano que contribuya a construir relaciones democráticas entre el gobierno - sociedad.
5.2.4 Generar modelos, mecanismos y herramientas para la evaluación de la incidencia ciudadana y la mejora de la participación social.
5.2.5 Realizar campañas informativas sobre el derecho humano a la participación igualitaria e incluyente para contribuir a crear condiciones para su pleno ejercicio.
 
Estrategia prioritaria 5.3 Promover la participación de las comunidades, especialmente las de población indígena, a partir de modelos y procesos incluyentes, culturalmente pertinentes, representativos y democráticos que fortalezcan el desarrollo para el bienestar en las dimensiones local, regional y nacional.
Acción puntual
5.3.1 Propiciar ejercicios participativos que incorporen la visión de las comunidades en los planes, programas, proyectos y acciones públicas orientadas al desarrollo local y regional, entre los tres órdenes de gobierno y todos los sectores.
5.3.2 Fomentar el uso de las tradiciones locales y tradiciones que contribuyan al consenso y a la resolución de problemas comunitarios y regionales.
5.3.3 Promover el uso de la información generada en los ejercicios participativos a fin de que sean autogestivos y que tengan continuidad.
5.3.4 Implementar mecanismos e instrumentos en las comunidades y entre los diversos sectores de la sociedad, para promover su involucramiento, bajo el principio de corresponsabilidad en las decisiones locales y regionales.
 
Estrategia prioritaria 5.4 Lograr nuevas formas de vinculación con las organizaciones sociales basadas en el diálogo, la colaboración y la suma de esfuerzos orientados a fortalecer la participación social en todos los ámbitos de la vida pública.
Acción puntual
5.4.1 Coordinar estrategias, programas, proyectos y acciones para la vinculación con organizaciones de la sociedad civil.
5.4.2 Implementar acciones para facilitar a las organizaciones de la sociedad civil, asesorías, capacitación e intercambio de experiencias que favorezcan el fortalecimiento de capacidades.
5.4.3 Desarrollar actividades que promuevan procesos de diálogo, consulta y diagnóstico con las organizaciones de la sociedad civil sobre los asuntos públicos del país.
5.4.4 Fortalecer mecanismos, espacios de incidencia, grupos colegiados y espacios institucionalizados de colaboración y vinculación entre organizaciones de la sociedad y el Gobierno Federal.
5.4.5 Promover vínculos entre las organizaciones sociales y comunidades para la realización de intervenciones a nivel local y regional que fortalezcan los procesos de participación social.
5.4.6 Propiciar diálogo directo, abierto, amplio, no institucionalizado con las organizaciones sociales para democratizar la relación con las mismas.
Objetivo prioritario 6.- Fortalecer el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal.
Estrategia prioritaria 6.1 Fortalecer las capacidades de las personas servidoras públicas municipales a través de la profesionalización y capacitación.
Acción puntual
6.1.1 Contribuir con los gobiernos estatales, municipales en, su caso, alcaldías, a instrumentar la profesionalización y el desarrollo de las capacidades institucionales, a través de la capacitación continua a las servidoras y los servidores públicos de los gobiernos locales.
6.1.2 Colaborar en la propuesta y, en su caso, ejecución de políticas y estrategias que apoyen proyectos institucionales para fortalecer la administración local.
 
Estrategia prioritaria 6.2 Promover y vincular las políticas y acciones de la APF, a través de la organización de foros, conversatorios y seminarios que contribuyan a fortalecer el federalismo y promuevan la descentralización y el desarrollo municipal, con pleno respeto, promoción y protección de los derechos humanos.
Acción puntual
6.2.1 Fortalecer el federalismo mediante la organización de foros, conversatorios y seminarios que promuevan la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno para mejorar el desarrollo de la capacidad de gestión pública y administrativa de los gobiernos locales.
6.2.2 Desarrollar para los estados y municipios un modelo de descentralización en el que se fortalezcan las habilidades técnicas de los gobiernos locales para incorporar en sus territorios las sedes de las dependencias de la APF y promover la articulación entre los tres órdenes de gobierno.
 
8.- Metas para el bienestar y Parámetros
El presente PSG contempla metas y parámetros para medir los resultados de los temas considerados como prioritarios, con el objeto de darles un puntual seguimiento para conocer sus avances en la consecución de Programa. Dichos indicadores son calculados periódicamente, lo cual asegura su disponibilidad, calidad e imparcialidad.
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
1.1 Porcentaje de conflictos solucionados mediante el diálogo y la concertación, como mecanismos para
fortalecer la gobernabilidad democrática y recuperar el estado de derecho.
Objetivo prioritario
Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de conflictos solucionados a través del el diálogo y la concertación por las áreas de la
Subsecretaría de Gobierno.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
200.- Subsecretaría de Gobierno
Método de cálculo
Porcentaje de conflictos solucionados mediante el diálogo y la concertación = ((CsDGAG/CaDGAG)*100)*0.7 +
((CsRSSG / CaRSSG)*100)*0.08 + ((CsUAOS/CaUAOS)*100)*0.22
Donde
CsDGAG = Total de conflictos solucionados en el periodo por la DGAG
CaDGAG = Total de conflictos atendidos por DGAG
CsRSSG = Total de conflictos solucionados en el periodo por las Representaciones de la Subsecretaría de
Gobierno
CaRSSG = Total de conflictos atendidos por las Representaciones de la Subsecretaría de Gobierno
CsUAOS= Total de conflictos solucionados en el periodo por la UAOS
CaUAOS = Total de conflictos atendidos por la UAOS
 
Observaciones
Se entenderá por conflicto solucionado cuando los actores del conflicto expresan su conformidad con los
acuerdos logrados, aun cuando existan acciones de largo plazo que de manera posterior se tendrán que
cumplir.
Se entenderá por conflicto atendido a los asuntos recibidos, ya sea verbal o por escrito, en los que se solicite la
intervención de la SEGOB y su trámite correspondiente.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Conflictos
solucionados por
la DGAG en el
periodo
(CsDGAG)
Valor variable 1
74
Fuente de
información
variable 1
Registros administrativos de
la Dirección General
Adjunta de Gobierno
Nombre variable 2
2.- Conflictos
atendidos por la
DGAG en el
periodo
(CaDGAG)
Valor variable 2
82
Fuente de
información
variable 2
Registros administrativos de
la Dirección General
Adjunta de Gobierno
Nombre variable 3
3.- Conflictos
solucionados por
las
Representacione
s de la
Subsecretaría de
Gobierno en el
periodo
(CsRSSG)
Valor variable 3
3
Fuente de
información
variable 3
Registros administrativos de
las Representaciones de la
Subsecretaría de Gobierno
Nombre variable 4
4.- Conflictos
atendidos por las
Representacione
s de la
Subsecretaría de
Gobierno en el
periodo
(CaRSSG)
Valor variable 4
7
Fuente de
información
variable 4
Registros administrativos de
las Representaciones de la
Subsecretaría de Gobierno
Nombre variable 5
5.- Conflictos
solucionados por
la UAOS en el
periodo
(CsUAOS)
Valor variable 5
15
Fuente de
información
variable 5
Registros administrativos de
la UAOS
Nombre variable 6
6.- Conflictos
atendidos por la
UAOS en el
periodo
(CaUAOS)
Valor variable 6
27
Fuente de
información
variable 6
Registros administrativos de
la UAOS
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
[(((74/82)X100) x .70) + (((3/7) x 100) x .08) + (((15/27) x 100) x .22)] = 78.81 %
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
78.81
La línea base se obtiene de las bases de datos de atención y solución
de conflictos de cada una de las UR representadas en el método de
cálculo, que eran consolidadas en la Coordinación de Asesores del C.
Subsecretario de Gobierno. El método de cálculo es de reciente
creación, por lo que no existen datos anteriores como antecedente a la
línea base.
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
85
.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
78.81
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
80.5
81.2
82.9
84
85
Parámetro del Objetivo prioritario 1
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
1.2 Porcentaje de efectividad en la publicación de ediciones ordinarias del DOF
Objetivo prioritario
Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional.
Definición o
descripción
Porcentaje de efectividad en la publicación de ediciones ordinarias del DOF
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Constante
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
211.- Unidad de Gobierno
Método de cálculo
PEPDOF = (TEOP/NEOP)*100
Donde:
PEPDOF= Porcentaje de efectividad en la publicación de ediciones ordinarias del DOF
TEOP = Total de ediciones ordinarias del DOF publicadas correctamente
NEOP = Número de ediciones ordinarias programadas
Observaciones
Fortalecer la certidumbre jurídica a través de la publicación y difusión de los actos administrativos emitidos para
que estos sean aplicados y observados debidamente
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Total de
ediciones
ordinarias del
DOF publicadas
correctamente
Valor variable 1
254
Fuente de
información
variable 1
DOF
Nombre variable 2
2.- Número de
ediciones
ordinarias
programadas
Valor variable 2
254
Fuente de
información
variable 2
DOF
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
PEPDOF = (254/254)*100
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
100
Indicador de nueva creación
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
100
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
100
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
100
100
100
100
100
Parámetro del Objetivo prioritario 1
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
1.3 Porcentaje de medios impresos registrados en el Sistema del Padrón Nacional de Medios de Comunicación
respecto de los registrados ante la SEGOB
Objetivo prioritario
Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional.
Definición o
descripción
Porcentaje de medios impresos registrados en el Sistema del Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficiencia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
270.- Unidad de Normatividad de
Medios de Comunicación
Método de cálculo
PMI = (MIRP/MIRS)*100
Donde:
PMI = Porcentaje de medios impresos registrados en el Sistema del Padrón Nacional de Medios de
Comunicación respecto de los registrados ante la SEGOB
MIRP = Número de medios impresos registrados en el Sistema del Padrón Nacional de Medios de
Comunicación al periodo
MIRS = Número de medios impresos registrados ante la SEGOB
Observaciones
La variable MIRS se puede actualizar si nuevos medios impresos inician operaciones y se registran ante la
SEGOB.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Medios
impresos
registrados en el
Sistema del
Padrón Nacional
de Medios de
Comunicación
(MIRP)
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Sistema del Padrón
Nacional de Medios de
Comunicación
Nombre variable 2
2.- Número de
medios impresos
registrados ante
la SEGOB
(MIRS)
Valor variable 2
800
Fuente de
información
variable 2
Padrón Nacional de Medios
Impresos
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
PMI = (0/800)*100
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
Indicador de nueva creación
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
100
Registro de 800 medios impresos nacionales y estatales en el Padrón
Nacional de Medios de Comunicación
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
0
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
18.75
39.37
58.5
79.12
100
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
2.1 Porcentaje de la población que se organiza para resolver problemas públicos.
Objetivo prioritario
Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que
trabajen en este tema.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de población que reportó haberse organizado para resolver problemas públicos de su
comunidad.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Otros
Dimensión
Eficiencia
Disponibilidad de la
información
Octubre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
540.- Unidad de Asuntos Religiosos,
Prevención y la Reconstrucción del
Tejido Social
Método de cálculo
Porcentaje de la población que se organiza para resolver problemas públicos = (Número de personas que
presentaron algún problema público y se organizó con sus vecinos para resolverlo / Número de personas que
presentaron algún problema público) * 100
Observaciones
Los problemas públicos que se consideraron fueron falta de alumbrado, falta de agua, baches o fugas de agua,
pandillerismo violento, robos y delincuencia cerca de escuelas.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Número de
personas que
presentaron
algún problema
público
Valor variable 1
75,803,847
Fuente de
información
variable 1
Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública
2019
Nombre variable 2
2.- Número de
personas que
presentaron
algún problema
público y se
organizó con sus
vecinos para
resolverlo
Valor variable 2
29,842,579
Fuente de
información
variable 2
Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública
2019
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
(29,842,579/75,803,847) ×100
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
39.37
La información reportada fue levantada durante los de meses marzo y
abril de 2019
Año
2019
META 2024
Nota sobre la meta 2024
48.13
.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
25.44
28.39
32.84
34.82
33.19
35.97
36.99
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
42.08
43.6
44.51
46.62
48.13
Parámetro del Objetivo prioritario 2
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
2.2 Porcentaje de población en entidades con grado medio o alto de percepción de redes sociales
Objetivo prioritario
Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que
trabajen en este tema.
Definición o
descripción
Se define como el grado de percepción que las personas de 12 años o más tienen acerca de la dificultad o
facilidad de contar con apoyo de redes sociales en situaciones hipotéticas.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Bienal
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje.
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficiencia
Disponibilidad de la
información
Octubre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
540.- Unidad de Asuntos Religiosos,
Prevención y la Reconstrucción del
Tejido Social
Método de cálculo
% de población en entidades con grado medio de percepción de redes sociales + % de población en entidades
con grado alto de percepción de redes sociales
Observaciones
Estimaciones del CONEVAL con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas-Encuesta Nacional de
Ingreso y Gasto en los Hogares 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Porcentaje de
población en
entidades con
grado alto de
percepción de
redes sociales
Valor variable 1
32.2
Fuente de
información
variable 1
CONEVAL
Nombre variable 2
2.- Población en
entidades con
grado medio de
percepción de
redes sociales
Valor variable 2
63.5
Fuente de
información
variable 2
CONEVAL
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
63.5+32.2 = 95.7
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
95.7
La información reportada corresponde a estimaciones del CONEVAL
con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018 en la
cual se toma en consideración para su cálculo los indicadores de
percepción de dificultad, indicadores de percepción de facilidad y los
indicadores de percepción neutra.
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
 
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
87.2
 
88.9
 
96.7
 
95.7
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
 
 
 
 
 
Parámetro del Objetivo prioritario 2
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
2.3 Porcentaje promedio de la población que manifiesta tener confianza en las personas de sus distintos
ámbitos
Objetivo prioritario
Coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores que
trabajen en este tema.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje promedio de población que manifiesta tener algo o mucha confianza las personas con las
que convive en sus diferentes ámbitos.
Nivel de
desagregación
Estatal
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje.
Periodo de recolección de
datos
Otros
Dimensión
Eficiencia
Disponibilidad de la
información
Octubre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
540.- Unidad de Asuntos Religiosos,
Prevención y la Reconstrucción del
Tejido Social
Método de cálculo
Porcentaje promedio de la población que manifiesta tener confianza en las personas de sus distintos ámbitos=
(PobV + PobCNE + PobF+ PobA)/4
Donde:
PobV = Porcentaje de la población que manifiesta tener algo o mucha confianza en sus vecinos.
PobCNE = Porcentaje de la población que manifiesta tener algo o mucha confianza en sus compañeros de
trabajo / negocio, escuela.
PobF = Porcentaje de la población que manifiesta tener algo o mucha confianza en sus familiares o parientes.
PobA = Porcentaje de la población que manifiesta tener algo o mucha confianza en sus amigos.
Observaciones
Los valores de las variables plasmadas en este documento son redondeadas a dos decimales, por lo que difiere
el valor reportado como meta del que se obtiene al sustituir en el método de cálculo
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Porcentaje de
población que
manifiesta tener
algo o mucha
confianza en sus
vecinos
Valor variable 1
65.35
Fuente de
información
variable 1
Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública
2019
Nombre variable 2
2.- Porcentaje de
población que
manifiesta tener
algo o mucha
confianza en sus
compañeros de
trabajo / negocio
o escuela
Valor variable 2
80.90
Fuente de
información
variable 2
Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública
2019
Nombre variable 3
3.- Porcentaje de
población que
manifiesta tener
algo o mucha
confianza en sus
familiares o
parientes
Valor variable 3
90.57
Fuente de
información
variable 3
Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública
2019
Nombre variable 4
4.- Porcentaje de
población que
manifiesta tener
algo o mucha
confianza en sus
amigos
Valor variable 4
74.03
Fuente de
información
variable 4
Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública
2019
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
(65.35+80.90+90.57+74.03)/4=77.71
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
77.71
La información reportada fue levantada durante los meses de marzo y
abril de 2019
Año
2019
META 2024
Nota sobre la meta 2024
 
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
N/A
75.38
74.01
74.52
75.80
76.62
76.19
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
 
 
 
 
 
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
3.1 Hechos presuntamente violatorios a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal
y jurídica, y libertad personal en los que las autoridades son presuntas responsables
Objetivo prioritario
Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas públicas y
mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
Definición o
descripción
Hechos presuntamente violatorios a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal y
jurídica, y libertad personal registrados en los expedientes de queja calificados por los organismos de
protección de derechos humanos, en los que se identifica a una autoridad (federal, estatal o municipal) como
presunta responsable
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Número de hechos presuntamente
violatorios
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Diciembre
Tendencia esperada
Descendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
911.- Unidad para la Defensa de los
Derechos Humanos
Método de cálculo
HD=HDF+HDE+HDM
HD=Hechos presuntamente violatorios a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad
personal y jurídica, y libertad personal en los que las autoridades son presuntas responsables
HDF= F:Hechos presuntamente violatorios (i) cometidos por una presunta autoridad federal (F)
HDE= E:Hechos presuntamente violatorios (i) cometidos por una presunta autoridad estatal (E)
HDM= M:Hechos presuntamente violatorios (i) cometidos por una presunta autoridad municipal (M)
Observaciones
Los hechos son desaparición forzada; ejecución extrajudicial arbitraria o sumaria; genocidio; tortura; tratos
crueles, inhumanos o degradantes; tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la esclavitud,
servidumbre y trata de esclavos, y para la trata o explotación de personas con fines sexuales; retención ilegal;
detención arbitraria; desplazamiento forzado, y otras violaciones u omisiones contra el derecho a la vida y el
derecho a la integridad y seguridad personales
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- HDF=
Hechos
presuntamente
violatorios a los
derechos a la
vida, a la
integridad
personal, a la
seguridad
personal y
jurídica, y
libertad personal
cometidos
presuntamente
por una
autoridad
Federal en el
año 2017
Valor variable 1
4558
Fuente de
información
variable 1
Censo Nacional de Derecho
Humanos Federal 2018.
INEGI
Nombre variable 2
2.- HDE=
Hechos
presuntamente
violatorios a los
derechos a la
vida, a la
integridad
personal, a la
seguridad
personal y
jurídica, y
libertad personal
cometidos
presuntamente
por una
autoridad Estatal
en el año 2017
Valor variable 2
14737
Fuente de
información
variable 2
Tabulados interactivos.
Censos Nacionales de
Derechos Humanos Federal
y Estatal 2018, INEGI
 
Nombre variable 3
3.- HDM=
Hechos
presuntamente
violatorios a los
derechos a la
vida, a la
integridad
personal, a la
seguridad
personal y
jurídica, y
libertad personal
cometidos
presuntamente
por una
autoridad
Municipal en el
año 2017
Valor variable 3
8623
Fuente de
información
variable 3
Tabulados interactivos.
Censos Nacionales de
Derechos Humanos Federal
y Estatal 2018, INEGI
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
27918=4558+14737+8623
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
27918
Los Censos del 2017 tienen información del 2016 y los del 2018 tienen
la información del 2017
Año
2017
META 2024
Nota sobre la meta 2024
22739
.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
22668
27918
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
27918
26522
25196
23936
22739
 
 
Parámetro del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
3.2 Porcentaje de la población de 18 años y más a la que se negó injustificadamente al menos un derecho durante los últimos 5 años por grupos históricamente discriminados.
Objetivo prioritario
Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas públicas y mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de la población de 18 años y más a la que se negó de manera injustificada algún derecho durante los 5 años previos al levantamiento de la encuesta por grupos históricamente discriminados.
Nivel de
desagregación
Geográfica: Nacional.
Grupos históricamente
discriminados: mujeres, personas
jóvenes, personas de 60 años y
más, personas hablantes de lengua
indígena, personas adscritas
indígenas, personas
afrodescendientes, personas con
discapacidad, personas de la
diversidad religiosa, personas de la
diversidad sexual.
Periodicidad o frecuencia de
medición
Quinquenal
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje de población.
Periodo de recolección de
datos
Otros
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
La disponibilidad de información
está sujeta a la fecha del
levantamiento.
Tendencia esperada
Descendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
EZQ.- Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación
Método de cálculo
PPND_i = (PND_i / PT_i) × 100
Donde:
PPND_i = Porcentaje de la población de 18 años y más a la que se negó injustificadamente algún derecho durante los últimos 5 años del grupo "i".
PND_i = Población de 18 años y más a la que se negó injustificadamente algún derecho durante los últimos 5 años del grupo "i".
PT_i = Población total de 18 años y más del grupo "i".
i = Población nacional y grupos históricamente discriminados (mujeres, personas jóvenes (18 a 29 años), personas de 60 años y más, personas hablantes de lengua indígena, personas adscritas indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas de la diversidad religiosa, personas de la diversidad sexual).
Observaciones
El cálculo para cada población se realizó con base en el Cuestionario de Opinión y Experiencias de la ENADIS 2017.
El valor del indicador estará disponible seis meses después de la entrega de los datos por parte de la institución responsable del levantamiento de la próxima ENADIS.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
PND_Nacional =
Población de 18
años y más a la
que se negó
injustificadamente
algún derecho
durante los
últimos 5 años a
nivel nacional.
Valor variable 1
19,899,461
Fuente de
información
variable 1
ENADIS
Nombre variable 2
PT_Nacional =
Población total de
18 años y más a
nivel nacional.
Valor variable 2
84,008,180
Fuente de
información
variable 2
ENADIS
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
Mujeres
PPND_m = (11,021,539 / 44,294,377) × 100 = 24.9
Personas jóvenes
PPND_j = (5,011,575 / 23,423,620) × 100 = 21.4
Personas de 60 años y más
PPND_am = (3,415,909 / 14,846,912) × 100 = 23.0
Personas hablantes de lengua indígena
PPND_hi = (1,772,888 / 5,613,118) × 100 = 31.6
Personas adscritas indígenas
PPND_ai = (4,638,621 / 15,837,916) × 100 = 29.3
Personas afrodescendientes
PPND_a = (644,180 / 2,396,967) × 100 = 26.9
Personas con discapacidad
PPND_d = (1,202,757 / 4,043,852) × 100 = 29.7
Personas de la diversidad religiosa
PPND_r = (2,335,260 / 9,185,775) × 100 = 25.4
Personas de la diversidad sexual
PPND_s = (795,448 / 2,674,113) × 100 = 29.7
 
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
23.7
Si bien se han realizado tres ediciones de la ENADIS, la de 2017 fue levantada por primera vez por el INEGI y sufrió cambios conceptuales y metodológicos importantes, por lo que se considera como línea base para analizar tendencias sobre discriminación. Esta pregunta se incluyó por primera vez en la ENADIS 2017.
El valor de la línea base que se muestra como ejemplo es el "Porcentaje de la población de 18 años y más a la que se negó injustificadamente algún derecho durante los últimos 5 años a nivel nacional". No obstante, en el campo de sustitución de método de cálculo puede consultar las 20 variables del presente indicador, con las respectivas líneas base para cada grupo en situación de discriminación.
Año
2017
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Parámetro del Objetivo prioritario 3
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
3.3 Porcentaje de avance en la implementación de mecanismos para la participación de la población de 0 a 17
años por parte de los integrantes de los Sistemas de Protección.
Objetivo prioritario
Garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas mediante políticas públicas y
mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.
Definición o
descripción
Porcentaje de mecanismos implementados para la participación de la población de 0 a 17 años implementados
por los integrantes de los Sistemas de Protección Nacional y Estatales con respecto a la meta sexenal
programada.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
P00.- Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes
Método de cálculo
PAM= (MPi/MPj) *100
En donde:
MPi: Suma del Número de mecanismos para la participación de la población de 0 a 17 años implementados por
los integrantes de los Sistemas de Protección Nacional y Estatales llevados a cabo en el año.
MPj: Total de Número de mecanismos para la participación de la población de 0 a 17 años implementados por
los integrantes de los Sistemas de Protección Nacional y Estatales programados en el sexenio
Observaciones
El total del número de mecanismos corresponde a los mecanismos de los integrantes de los Sistemas de
Protección Estatales (283) y los del Sistema Nacional (7).
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Mecanismos
para la
participación de
la población de 0
a 17 años
implementados
por los
integrantes de
los Sistemas de
Protección
Nacional y
Estatales
Valor variable 1
19
Fuente de
información
variable 1
SE-SIPINNNA/SEGOB
Nombre variable 2
2.- Número de
mecanismos
para la
participación de
la población de 0
a 17 años
implementados
por los
integrantes de
los Sistemas de
Protección
Nacional y
Estatales
programados en
el sexenio
Valor variable 2
290
Fuente de
información
variable 2
SE-SIPINNNA/SEGOB
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
Mecanismos para la participación de la población de 0 a 17 años implementados por los integrantes de los
Sistemas de Protección Nacional y Estatales /
Número de mecanismos para la participación de la población de 0 a 17 años implementados por los integrantes
de los Sistemas de Protección Nacional y Estatales programados en el sexenio X 100 =
PAM=19/290 X 100=6.5
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
6.5
De conformidad con los registros de la SE-SIPINNA para 2018 se
habían realizado 14 mecanismos de participación por diversos
integrantes de los Sistemas de Protección Estatales y 5 del Sistema
Nacional.
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
100
La meta es alcanzar el 100% de los mecanismos programados en el
sexenio, es decir que los 283 integrantes de los Sistemas de Protección
Estatales y los 7 del Sistema Nacional implementen al menos un
mecanismo de participación.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
6.5
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
37.7
53.3
68.9
84.5
100
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
4.1 Porcentaje de propuestas de modificaciones a marcos normativos en beneficio de las poblaciones
migrantes.
Objetivo prioritario
Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen,
residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral
de población y movilidad humana.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de propuestas de reforma a marcos normativos en materia de migración y población ante el
poder legislativo y de las concretadas dentro de las atribuciones de la SEGOB.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Enero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
940.- Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas
Método de cálculo
PRM = ((PRML + PRMS) / PRMP)*100
PPRM = Porcentaje de propuestas de modificaciones a marcos normativos en beneficio de las poblaciones
migrantes
PRML = Número de propuestas de modificaciones a marcos normativos en materia de migración y población
dentro de las atribuciones de la SEGOB.
PRMS = Número de propuestas de modificaciones a marcos normativos en materia de migración y población
concretadas dentro de las atribuciones de la SEGOB al periodo.
PRMP = Número total de propuestas de modificaciones a marcos normativos en materia de migración y
población proyectadas.
Observaciones
El indicador se sustenta en las facultades otorgadas a las diferentes dependencias de la SEGOB para impulsar
y proponer modificaciones a los marcos normativos con fundamento en la fracción VII del artículo 5 y fracción
VIII del artículo 55 del RISEGOB.
Marcos normativos incluye lineamientos, reglamentos, procedimientos y disposiciones administrativas
vinculadas a la atención de la población migrante.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- PRML =
Número de
propuestas de
modificaciones a
marcos
normativos en
materia de
migración y
población dentro
de las
atribuciones de
la SEGOB.
Valor variable 1
0
Fuente de
información
variable 1
Registros administrativos de
la COMAR, INM, UPMRIP,
CONAPO, RENAPO y
CAIMFS
 
Nombre variable 2
2.- PRMS =
Número de
propuestas de
modificaciones a
marcos
normativos en
materia de
migración y
población
concretadas
dentro de las
atribuciones de
la SEGOB al
periodo.
Valor variable 2
0
Fuente de
información
variable 2
Registros administrativos de
la COMAR, INM, UPMRIP,
CONAPO, RENAPO y
CAIMFS
Nombre variable 3
3.- PRMP =
Número total de
propuestas de
modificaciones a
marcos
normativos en
materia de
migración y
población
proyectadas.
Valor variable 3
5
Fuente de
información
variable 3
Registros administrativos de
la COMAR, INM, UPMRIP,
CONAPO, RENAPO y
CAIMFS
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
PRM = ((0+0) / 5))*100
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
0
El indicador es de nueva creación y responde al propósito de la actual
administración de impulsar la garantía de los derechos humanos de las
personas migrantes, a través de la actualización de marcos normativos
clave en la materia. La primera medición será en 2020.
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
100
Se espera impulsar y proponer al menos 5 propuestas de
modificaciones normativas en materia de población y movilidad humana
en el periodo 2020-2024: Ley de Migración y su reglamento, Ley
General de Población y su Reglamento, Ley de Registros Civiles. En
caso de realizar una actualización a una propuesta que ya se hubiese
presentado no implicaría la duplicidad del registro.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
0
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
20
40
60
80
100
 
Parámetro del Objetivo prioritario 4
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
4.2 Productos de planeación demográfica sobre criterios sociodemográficos generados y difundidos
Objetivo prioritario
Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen,
residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral
de población y movilidad humana.
Definición o
descripción
Mide el número acumulado de los productos de planeación demográfica sobre criterios sociodemográficos
generados y difundidos por la Secretaría General del CONAPO.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Gestión
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Número de productos
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Febrero
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
G00.- Secretaría General del
Consejo Nacional de Población
Método de cálculo
PPSD = Estudios, estimaciones y proyecciones con criterios sociodemográficos generadas y difundidas
Donde:
PPSD = Número acumulado de productos de planeación demográfica sobre criterios sociodemográficos
generados y difundidos.
Observaciones
Los productos de planeación demográfica con criterios sociodemográficos pueden ser estudios, estimaciones y
proyecciones.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Número
acumulado de
productos de
planeación
demográfica
sobre criterios
sociodemográfic
os generados y
difundidos
Valor variable 1
17
Fuente de
información
variable 1
Secretaría General del
Consejo Nacional de
Población
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
PPSD = 17
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
17
 
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
77
En el presente sexenio se planea elaborar y difundir 60 productos de
planeación demográfica que contribuyan al diseño, instrumentación y
evaluación de políticas públicas para el bienestar de la población.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
 
 
 
 
 
17
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
27
44
56
67
77
Parámetro del Objetivo prioritario 4
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
4.3 Índice de población extranjera con estancia autorizada en México
Objetivo prioritario
Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen,
residan, transiten o retornen a México a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral
de población y movilidad humana.
Definición o
descripción
Mide la estancia o ingreso regular y ordenado a territorio nacional para personas extranjeras.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Índice
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Mayo
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
940.- Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas
Método de cálculo
IPEA = ((C1*3.5)+(C2*1)+(C3*4)+((1-C4)*1.5))
C1= Porcentaje de trámites resueltos positivos para residencia temporal o permanente
C2= Porcentaje de trámites resueltos positivos para la tarjeta de visitante por razones humanitarias
C3= Porcentaje de trámites resueltos positivos para refugio y protección complementaria
C4= Porcentaje de migrantes guatemaltecos que declararon trabajar en México sin un documento migratorio
autorizado para dichos fines
Observaciones
El último componente debe ser descendente para que refleje la adecuada documentación, dada la construcción
del indicador, se resta a 1 para obtener la tendencia inversa y poder integrarlo e interpretarlo.
El valor del indicador tiene un puntaje que va de 0 a 10.
10 = significa que se está garantizando el acceso de las personas extranjeras a la migración regular en México.
8-9 = significa que se garantiza de manera aceptable el acceso de las personas extranjeras a la migración
regular en México.
6-7 = significa que se debe trabajar en la gestión o normativa para garantiza de manera aceptable el acceso de
las personas extranjeras a la migración regular en México.
0-5 = significa que existe un proceso deficiente para garantizar el acceso de las personas extranjeras a la
migración regular en México.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- C1 =
Porcentaje de
trámites
resueltos
positivos para
residencia
temporal o
permanente
Valor variable 1
.977
Fuente de
información
variable 1
Estadística migratoria a
partir de los registros
administrativos del INM
 
Nombre variable 2
2.- C2 =
Porcentaje de
trámites
resueltos
positivos para la
tarjeta de
visitante por
razones
humanitarias
Valor variable 2
.969
Fuente de
información
variable 2
Estadística migratoria a
partir de los registros
administrativos del INM
Nombre variable 3
3.- C3 =
Porcentaje de
trámites
resueltos
positivos para
refugio y
protección
complementaria
 
Valor variable 3
.76
Fuente de
información
variable 3
Estadística migratoria a
partir de los registros
administrativos de la
COMAR
Nombre variable 4
4.- C4 =
Porcentaje de
migrantes
guatemaltecos
que declararon
trabajar en
México sin un
documento
migratorio
autorizado para
dichos fines
Valor variable 4
.661
Fuente de
información
variable 4
Encuesta sobre Migración
en la Frontera Sur de
México (Emif-Sur), flujo
procedente de México.
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
IPEA= ((0.977*3.5)+(0.969*1)+(0.762*4)+((1-0.661)*1.5))=7.95
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
7.95
 
Año
2018
META 2024
Nota sobre la meta 2024
9.01
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
6.44
6.74
6.71
7.64
7.42
7.95
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
8.29
8.46
8.64
8.82
9.01
 
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 5
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
5.1 Porcentaje de población que considera que la gente como ellos tiene influencia en las decisiones del
gobierno.
(Mujeres y hombres de 18 o más años cumplidos)
Objetivo prioritario
Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de la población que considera que es fácil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en
una causa común.
Nivel de
desagregación
Grupo de edad
Periodicidad o frecuencia de
medición
Bienal
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Diciembre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
521.- Dirección General de
Construcción de Ciudadanía y
Participación Social
Método de cálculo
Porcentaje de población encuestada que está de acuerdo con la afirmación "En México, para la toma de
decisiones, el gobierno considera las opiniones de las personas como yo"
Observaciones
El porcentaje de población encuestada que está de acuerdo con la afirmación se obtiene directamente del
Informe país sobre la Calidad de la Ciudadanía en México.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Porcentaje de
población
encuestada que
está de acuerdo
con la afirmación
"En México, para
la toma de
decisiones, el
gobierno
considera las
opiniones de las
personas como
yo"
Valor variable 1
12.86
Fuente de
información
variable 1
Informe país sobre la
Calidad de la Ciudadanía en
México, COLMEX-INE,
2013 con base en la
Encuesta Nacional sobre
Calidad de la Ciudadanía
2013
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
12.86%
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
12.86
La fuente del indicador de donde se tomó la serie histórica y la meta
dejó de estar vigente, no obstante, se está coordinando con el INE y el
INEGI nueva medición del mismo indicador en 2020 y de manera bienal
a partir de ese año.
Año
2013
META 2024
Nota sobre la meta 2024
23.86
.
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
12.86
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
19.86
 
21.86
 
23.86
Parámetro del Objetivo prioritario 5
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
5.2 Confianza en el Gobierno Federal a nivel nacional
Objetivo prioritario
Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que manifiesta tener mucha o algo de confianza en el
Gobierno Federal
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Bienal
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Calidad
Disponibilidad de la
información
Diciembre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
521.- Dirección General de
Construcción de Ciudadanía y
Participación Social
Método de cálculo
(Número de personas encuestadas que manifestaron estar de acuerdo con la afirmación / Total de población de
18 y más)*100
Observaciones
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Número de
personas
encuestadas que
manifestaron
tener mucha o
algo de
confianza en el
Gobierno
Federal
Valor variable 1
3960
Fuente de
información
variable 1
Informe país sobre la
calidad de la ciudadanía en
México, COLMEX - INE,
2013 con base en la
Encuesta Nacional sobre
Calidad de la Ciudadanía
2013.
Nombre variable 2
2.- Número total
de personas
encuestadas
Valor variable 2
11000
Fuente de
información
variable 2
Informe país sobre la
calidad de la ciudadanía en
México, COLMEX - INE,
2013 con base en la
Encuesta Nacional sobre
Calidad de la Ciudadanía
2013.
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
(3960/11000) ×100= 36.0
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
36
La fuente del indicador de donde se tomó la serie histórica y la meta
dejó de estar vigente, no obstante, se está coordinando con el INE y el
INEGI nueva medición del mismo indicador en 2020 y de manera bienal
a partir de ese año.
Año
2013
META 2024
Nota sobre la meta 2024
 
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
36
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
 
 
 
 
 
Parámetro del Objetivo prioritario 5
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
5.3 Porcentaje de personas que participaron voluntariamente en actividades a beneficio de la comunidad.
Mujeres y hombres de 18 años cumplidos o más.
Objetivo prioritario
Impulsar la democracia participativa para involucrar a la sociedad en las decisiones nacionales.
Definición o
descripción
Mide el porcentaje de participación voluntaria en actividades a beneficio de la comunidad.
Nivel de
desagregación
Nacional
Periodicidad o frecuencia de
medición
Bienal
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Acumulado
Unidad de medida
Porcentaje
Periodo de recolección de
datos
Enero-Diciembre
Dimensión
Eficacia
Disponibilidad de la
información
Diciembre
Tendencia esperada
Ascendente
Unidad Responsable de
reportar el avance
4.- Gobernación
521.- Dirección General de
Construcción de Ciudadanía y
Participación Social
Método de cálculo
Porcentaje de personas que participaron voluntariamente en actividades a beneficio de la comunidad (el dato lo
proporciona directamente la encuesta).
Observaciones
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE
Nombre variable 1
1.- Nivel de
solidaridad
Valor variable 1
26.72
Fuente de
información
variable 1
Informe país sobre la
Calidad de la Ciudadanía en
México, COLMEX-INE,
2013 con base en la
Encuesta Nacional sobre
Calidad de la Ciudadanía,
2013.
Sustitución en
método de cálculo
del indicador
26.72 %
 
VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
Línea base
Nota sobre la línea base
Valor
26.72
La fuente del indicador de donde se tomó la serie histórica y la meta
dejó de estar vigente, no obstante, se está coordinando con el INE y el
INEGI una nueva medición del mismo indicador para 2020; misma que
se pretende sea bienal a partir de ese año.
Año
2013
META 2024
Nota sobre la meta 2024
37.72
 
SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
 
26.72
 
 
 
 
 
METAS INTERMEDIAS
2020
2021
2022
2023
2024
 
 
35.72
 
37.72
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 6
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
Nombre
6.1 Cobertura de atención de municipios con servicios del INAFED
Objetivo prioritario
Fortalecer el federalismo, la descentralización y el desarrollo municipal.
Definición o
descripción
Mide de forma periódica el porcentaje total de municipios a los cuales el instituto les proporcionó servicios de
capacitación y asesoría. Los servicios prestados por el INAFED a los Municipios dependen de que éstos lo
soliciten o acepten.
Nivel de
desagregación
Municipal
Periodicidad o frecuencia de
medición
Anual
Tipo
Estratégico
Acumulado o periódico
Periódico
Unidad de medida