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DOF: 18/09/2020
RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional

RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG280/2020.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ÍNDICE
GLOSARIO
ANTECEDENTES
CONSIDERACIONES
I. Marco Convencional, Constitucional, Legal y Normativo interno
II. Competencia del Consejo General del INE
III. Comunicación de las modificaciones estatutarias al INE
IV. Plazo para emitir la resolución
V. Normatividad partidista aplicable
VI. Aspectos controvertidos en los escritos de inconformidad
VII. Análisis de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones estatutarias presentadas
A.   Verificación del cumplimiento al procedimiento estatutario para la aprobación de las modificaciones
B.   Análisis del contenido de las modificaciones a efecto de verificar su apego a los principios democráticos establecidos en la Constitución y en la LGPP
VIII. Conclusión General de los Apartados A y B
RESOLUCIÓN
 
GLOSARIO
Asamblea Nacional
Asamblea Nacional, órgano supremo del Partido Revolucionario Institucional
CPPP
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
Comisión de Justicia
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional
Comisión
Comisión Temática y de Dictamen de Fortalecimiento de la Ideología Partidista, del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional
CEN
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional
CPN
Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional
Representante del PRI
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Covid-19
Virus SARS-CoV2 (COVID-19)
Decreto
Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, de trece de abril de dos mil veinte, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
DEPPP
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
DOF
Diario Oficial de la Federación
Estatutos
Estatutos del Partido Revolucionario Institucional
IFE
Instituto Federal Electoral
INE
Instituto Nacional Electoral
JGE
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
LGIPE
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP
Ley General de Partidos Políticos
PPN
Partido(s) Político(s) Nacional(es)
PRI
Partido Revolucionario Institucional
PEF
Proceso Electoral Federal
Reglamento del CPN
Reglamento del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional
Reglamento
Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y Partidos Políticos Nacionales; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Secretario Ejecutivo
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral
SCJN
Suprema Corte de Justicia de la Nación
TEPJF
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Violencia política contra las mujeres en razón de género
Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo
 
ANTECEDENTES
I.           Modificaciones previas a los documentos básicos del PRI. En las siguientes sesiones, el Consejo General del otrora IFE, así como del Instituto Nacional Electoral (con posterioridad INE), aprobó diversas modificaciones a los Documentos Básicos del PRI:
#
Fecha
Resolución
1
22 ene 1991
punto 6.1*
2
08 jun 1993
punto 4.1 *
3
08 nov 1993
punto 4 *
4
10 oct 1996
punto 6.3 *
5
22 nov 1996
punto 5.1 *
6
29 abr 1998
punto 13.1 *
7
23 jul 1998
punto 8 *
8
30 jun 1999
CG75/1999
9
21 may 2001
CG62/2001
10
12 dic 2001
CG113/2001
11
31 may 2005
CG136/2005
12
18 abr 2007
CG79/2007
13
29 oct 2008
CG511/08
14
29 ene 2010
CG18/2010
15
02 mar 2011
CG66/11
16
08 may 2013
CG114/2013
17
15 oct 2014
INE/CG205/2014
18
08 sep 2017
INE/CG428/2017
*Sin número de acuerdo, por lo que cita el punto del orden del día de la sesión respectiva.
II.          Derechos y obligaciones del PPN. El PRI se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones previstas en la Constitución, LGIPE, LGPP y demás normativa aplicable.
III.          Declaración de pandemia. El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus Covid-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones para su control.
IV.         Medidas preventivas dictadas por el Secretario Ejecutivo. El trece de marzo de dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo, mediante comunicado oficial, dio a conocer la implementación de diversas medidas de prevención, información y orientación a fin de mitigar el riesgo de contagio entre personal del Instituto por el COvid-19.
V.          Medidas preventivas y de actuación dictadas por la JGE. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la JGE aprobó mediante Acuerdo INE/JGE34/2020, las medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia causada por el Covid-19.
VI.         Reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el Covid-19. El veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en la edición vespertina del DOF el Acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Covid-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como el establecimiento de las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.
VII.        Declaración de Fase 2 de la pandemia. Con base en la declaración de la Organización Mundial de la Salud, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, declaró el inicio de la Fase 2 por la pandemia del Covid-19, que implica que existe contagio local, al contrario de la Fase 1 que consiste únicamente en casos importados.
VIII.        Medidas preventivas emitidas por la Secretaría de Salud. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicaron en el DOF el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el Covid-19; así como el Decreto del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por el que sanciona dicho Acuerdo.
IX.         Suspensión de plazos inherentes a la función electoral. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG82/2020 por el que se determina, como medida extraordinaria, la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, entre ellas la inscripción de órganos directivos y revisión de documentos básicos y Reglamentos de partidos políticos.
X.          Declaratoria de emergencia sanitaria. El treinta de marzo de dos mil veinte, en la edición vespertina del DOF, se publicó el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y establece que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atenderla.
             El treinta y uno de marzo de dos mil veinte, también se publicaron en la edición vespertina del
DOF las medidas determinadas por la Secretaría de Salud, que como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, deberán implementar los sectores público, social y privado.
XI.         Reforma y adiciones legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. El trece de abril de dos mil veinte, fue publicado en la edición vespertina del DOF el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", el cual entró en vigor el día siguiente al de su publicación.
XII.        Ampliación de suspensión de plazos. El dieciséis de abril de dos mil veinte, mediante Acuerdo de la JGE, se determinó modificar el diverso INE/JGE34/2020, a efecto de ampliar la suspensión de los plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos de este Instituto, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que dicho órgano colegiado acuerde su reanudación, con base en la información sobre las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia por el Covid-19.
XIII.        Declaración de Fase 3 de la pandemia. El veintiuno de abril de dos mil veinte, en la conferencia matutina del titular de la Presidencia de la República, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud dio por iniciada la Fase 3 de la epidemia ocasionada por el Covid-19.
             Ese mismo día, fue publicado en la edición vespertina del DOF el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.
XIV.       Estrategia de reapertura. El catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud establece una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico, relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como el establecimiento de acciones extraordinarias.
XV.        Consulta y petición de Redes Sociales Progresistas, A.C. El diecinueve de junio de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE escrito del representante legal de Redes Sociales Progresistas, A.C., por el cual formula una consulta en relación a si se autorizará un régimen especial de excepción a esa organización, en caso de obtener su registro como PPN, para modificar sus documentos básicos y emitir la reglamentación correspondiente, aún iniciado el PEF 2020-2021; y como consecuencia, de manera directa pide que se le conceda dicho régimen especial de excepción.
XVI.       Consulta del PRI. El veintidós de julio de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE, escrito de la representante propietaria del PRI ante este Consejo General, por el cual formuló una consulta en relación a si era factible que el CPN pudiera modificar sus documentos básicos, conforme con los supuestos extraordinarios que para tal efecto prevén sus Estatutos -salvo las excepciones previstas- y por los motivos ahí expuesto; así como si las sesiones del CPN podían realizarse vía remota y, en su caso, de forma presencial de algunas personas, es decir, si se pueden utilizar ambas modalidades.
XVII.      Respuesta a la consulta del PRI. El treinta de julio de dos mil veinte, este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG186/2020 por el que se da respuesta a las consultas formuladas por Redes Sociales Progresistas, A.C., y el PRI, en relación con la modificación de los documentos básicos de los PPN.
             En el Punto de Acuerdo tercero, se resolvió que el CPN tiene la atribución excepcional para reformar, adicionar o derogar normas de sus Estatutos y Programa de Acción -con la salvedad de los artículos 1 al 58 de los Estatutos y el Código de Ética Partidaria-, conforme con lo previsto en el artículo 16 en relación a los diversos 81, fracción I y 83, fracción XXI, de los Estatutos, acorde con la interpretación y alcances que se precisan en la argumentación contenida en los Considerandos 10 y 12 de esa determinación.
 
             En relación con todos los PPN, en el Punto de Acuerdo cuarto, se estableció que en caso de que su dirigencia así lo autorice, podrán celebrar las sesiones de sus órganos de dirección a distancia o de manera virtual mediante el uso de herramientas tecnológicas, o el uso de éstas y presenciales (ambas modalidades), durante la emergencia sanitaria generada por Covid-19, de acuerdo con la argumentación contenida en el Considerando 12 de ese acuerdo.
             Igualmente, en el Punto de Acuerdo quinto, se resolvió que, en atención al principio de autoorganización, era procedente requerir a todos los PPN para que realicen a la brevedad las modificaciones a sus documentos básicos y, con ello, den cumplimiento a las reformas y adiciones aprobadas mediante el Decreto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
XVIII.      LI Sesión Extraordinaria del CPN. El tres de agosto de dos mil veinte, se llevó a cabo la LI Sesión Extraordinaria del CPN, en la que, entre otros, se emitió el Acuerdo por el que se aprueban reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de los Estatutos, materia de esta Resolución.
XIX.       Impugnación Acuerdo INE/CG186/2020. El cuatro de agosto de dos mil veinte, la representación del PPN denominado Movimiento Ciudadano, presentó ante la Oficialía de Partes del INE recurso de apelación, a fin de controvertir el Punto Segundo del Acuerdo INE/CG186/2020, de treinta de julio de dos mil veinte, por el que se da respuesta a las consultas formuladas por Redes Sociales Progresistas, A.C., y el PRI, en relación con la modificación de los documentos básicos de los PPN. Dicho medio de impugnación se registró, ante la Sala Superior, el siete de agosto de dos mil veinte, integrándose el expediente SUP-RAP-43/2020.
XX.        El once de agosto, Cenovio Ruiz Zazueta en su carácter de militante y Consejero político del PRI, envió correo electrónico a la cuenta institucional del Presidente de este Consejo General, con el objeto de presentar juicio ciudadano para controvertir el citado Acuerdo INE/CG186/2020; dicho correo fue acusado de recibido en la Oficialía de Partes del INE el trece siguiente y, con posterioridad, remitido a la Sala Superior, registrado el diecinueve de agosto de dos mil veinte, integrándose el expediente SUP-JDC-1789/2020.
XXI.       Sesiones de Consejos Políticos en entidades federativas. Los días cinco, seis y siete de agosto de dos mil veinte, se llevaron a cabo veintisiete (27) sesiones de los Consejos Políticos de las entidades federativas del PRI, a saber: (1) Aguascalientes, (2) Baja California, (3) Baja California Sur, (4) Campeche, (5) Chiapas, (6) Chihuahua, (7) Colima, (8) Coahuila, (9) Durango, (10) Jalisco, (11) Morelos, (12) Nayarit, (13) Nuevo León, (14) Oaxaca, (15) Puebla, (16) Quintana Roo, (17) Sinaloa, (18) Sonora, (19) Tabasco, (20) Tamaulipas, (21) Veracruz, (22) Yucatán, (23) Zacatecas, (24) Ciudad de México, (25) Tlaxcala, (26) San Luis Potosí y (27) Estado de México; en las que se aprobaron las modificaciones a los Estatutos.
XXII.      Notificación al INE. El doce de agosto de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE, el escrito signado por el Presidente del CPN y del CEN, mediante el cual comunicó la modificación de los Estatutos en la LI Sesión Extraordinaria del CPN, al tiempo que remitió toda la documentación soporte, con el objeto de que este Consejo General declare la procedencia constitucional y legal de ello.
XXIII.      Inconformidades. El dieciocho de agosto de dos mil veinte, signado por el Mtro. Omar Víctor Cuesta Pérez, en su carácter de Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del partido al que representa, mediante el cual hizo del conocimiento, que fueron presentados ante dicho órgano, diversas inconformidades en contra del "Acuerdo por el que se aprueban reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones estatutarias para fortalecer los procedimientos internos democráticos con miras a los procesos electorales constitucionales 2020-2021" (sic):
#
Inconforme
Instancia
Presentación
Expediente Origen
Acuerdo
Reencauza
Notificación
INE
1
Yesenia Rodríguez Caudillo
Comisión de Justicia
7 agosto
CNJP-JDP-MEX-046/2020
17 agosto
18 agosto
2
Alejandro Jassyel Babina Cano
Comisión de Justicia
7 agosto
CNJP-JDP-CMX-047/2020
17 agosto
18 agosto
3
Leslie Getsami Ortega Barrera y
Domitilo Vite Carlos
Comisión de Justicia
7 agosto
CNJP-JDP-HID-048/2020
17 agosto
18 agosto
4
Omar Jalil Flores Majul
Comisión de Justicia
6 agosto
CNJP-JDP-GRO-052/2020
17 agosto
18 agosto
 
XXIV.     Juicios Ciudadanos. Con motivo de las modificaciones a los Estatutos, se presentaron diversas inconformidades ante la Sala Superior y la Comisión de Justicia, respectivamente, las cuales fueron reencauzadas a esta autoridad electoral, al corresponder pronunciarse sobre su procedencia constitucional y legal, mismas que se citan a continuación:
#
Inconforme
Instancia
Presentació
n
Expediente Origen
Acuerdo
Reencauza
Notificación
INE
1
Armando Barajas Ruiz
Sala Superior
5 agosto
SUP-JDC-1670/2020
14 agosto
17 agosto
2
Benjamín Antonio Russek de Garay
Sala Superior
6 agosto
SUP-AG-144/2020
14 agosto
17 agosto
3
Luis Javier Guerrero Guerra
Sala Superior
10 agosto
SUP-JDC-1783/2020
20 agosto
23 agosto
4
Juan José Ruíz Rodríguez
Sala Superior
10 agosto
SUP-JDC-1784/2020
20 agosto
23 agosto
5
Cenovio Ruiz Zazueta
Sala Superior
11 agosto
SUP-JDC-1801/2020
26 agosto
31 agosto
 
XXV.      Sentencia en el SUP-RAP-43/2020. En sesión de la Sala Superior de veinte de agosto de dos mil veinte, se emitió sentencia en el expediente SUP-RAP-43/2020, confirmando el Punto de Acuerdo segundo del Acuerdo INE/CG186/2020, emitido por este Consejo General, el treinta de julio de dos mil veinte, derivado de la respuesta, en específico, a la consulta formulada por Redes Sociales Progresistas, A.C., en relación con la modificación de documentos básicos de PPN de nuevo registro.
XXVI.     Vista de impugnaciones al PRI. El veinticinco de agosto de dos mil veinte, la DEPPP emitió el oficio INE/DEPPP/DEPPP/6843/2020, por el cual otorga garantía de audiencia al PRI, respecto de las impugnaciones reencauzadas por la Sala Superior, para que en un plazo de cinco días hábiles manifestará lo que en derecho corresponde. Documento que el mismo día fue notificado electrónicamente.
XXVII.     Vista de impugnaciones a promoventes. El mismo veinticinco de agosto de dos mil veinte la DEPPP, emitió los oficios INE/DEPPP/DEPPP/6844/2020, INE/DEPPP/DEPPP/6845/2020, INE/DEPPP/DEPPP/6846/2020 e INE/DEPPP/DEPPP/6847/2020 por medio de los cuales otorgó garantía de audiencia a los CC. Armando Barajas Ruiz, Benjamín Antonio Russek de Garay, Luis Javier Guerrero Guerra y Juan José Ruiz Rodríguez, dentro del procedimiento administrativo de revisión del Consejo General de INE, para resolver en plenitud de atribuciones sobre la constitucionalidad y legalidad de la modificación de Estatutos del PRI, para que en un plazo de cinco días hábiles manifestarán lo que en derecho corresponde. Los primeros dos notificados de manera personal el inmediato veintiséis, y los otros dos de forma electrónica el mismo día.
XXVIII.    Requerimiento al PRI sobre el procedimiento Estatutario. El veintiséis de agosto de dos mil veinte la DEPPP, una vez, revisada la documentación presentada por el PRI en su escrito por el que comunica las modificaciones a sus Estatutos, emitió el oficio INE/DEPPP/DEPPP/6860/2020, por el cual requirió al PRI, para que en un plazo de cinco días hábiles subsanara las deficiencias que le fueron señaladas y manifestará lo que a su derecho conviniera. Documento que fue notificado electrónicamente el mismo día.
XXIX.     Sentencia en el SUP-JDC-1798/2020. En sesión de la Sala Superior de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se emitió sentencia en el expediente SUP-JDC-1798/2020, desechando en el Punto de Acuerdo Único, el medio de impugnación presentado en contra de del Acuerdo INE/CG186/2020, emitido por este Consejo General, el treinta de julio de dos mil veinte, derivado de la respuesta, en específico, a la consulta formulada por Redes Sociales Progresistas, A.C., en relación con la modificación de documentos básicos de PPN de nuevo registro, por carecer del requisito relativo a la firma autógrafa del promovente.
XXX.      Acuerdo Plenario. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, la Sala Superior emitió Acuerdo Plenario en el expediente SUP-JDC-1801/2020, reencauzando la demanda al procedimiento administrativo de la competencia del Consejo General del INE.
XXXI.     Desahogo al oficio de Vista INE/DEPPP/DEPPP/6843/2020. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE, el escrito signado por la Representante Propietaria del PRI ante el Consejo General del INE, mediante el cual da respuesta a la vista que le fuera formulada respecto de los medios de impugnación SUP-JDC-1670/2020 y su acumulado SUP-AG-144/2020, y SUP-JDC-1783/2020 y SUP-JDC-1784/2020 Acumulado.
XXXII.     Desahogo al oficio INE/DEPPP/DEPPP/6860/2020. El mismo veintiocho de agosto de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE, el oficio PRI/REP-INE/502/2020 signado por la Representante Propietaria del PRI, mediante el cual da respuesta al requerimiento formulado, al tiempo que remitió la documentación soporte, con el objeto de que el Consejo General declare la procedencia constitucional y legal de ello.
 
XXXIII.    Vista de impugnación al PRI. El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la DEPPP emitió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6887/2020, mediante el cual otorgó debida garantía de audiencia al PRI, para que en un plazo de dos días hábiles manifestará lo que en derecho corresponda. Notificado electrónicamente el mismo día.
XXXIV.   Vista de impugnaciones a promovente. El mismo treinta y uno de agosto de dos mi veinte, la DEPPP emitió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6892/2020, mediante el cual otorgó garantía de audiencia al C. Cenovio Ruiz Zazueta, dentro del procedimiento administrativo de revisión del Consejo General de INE, para resolver en plenitud de atribuciones sobre la constitucionalidad y legalidad de la modificación de Estatutos del PRI, para que en un plazo de dos días hábiles manifestarán lo que en derecho corresponde. Notificado el dos de septiembre de dos mil veinte.
XXXV.    Desahogo al oficio de Vista INE/DEPPP/DE/DPPF/6845/2020. El primero de septiembre de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE, el escrito signado por el C. Benjamín Antonio Russek de Garay, dando respuesta a la vista que le fuera otorgada.
XXXVI.   Desahogo al oficio de Vista INE/DEPPP/DE/DPPF/6887/2020. El dos de septiembre de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE, el escrito signado por la Representante Propietaria del PRI ante el Consejo General del INE, mediante el cual da respuesta a la vista que le fuera formulada respecto del medio de impugnación SUP-JDC-1801/2020.
XXXVII.   Documentación complementaria del PRI. El mismo dos de septiembre de dos mil veinte, se recibió en la Oficialía de Partes Común del INE, el escrito signado por la Presidencia del CEN, mediante el cual remite la versión definitiva de las modificaciones a los Estatutos presentada.
XXXVIII.  Integración de expediente. La DEPPP integró el expediente con la documentación presentada por la Presidencia del CPN, tendente a acreditar la celebración de su LI Sesión Extraordinaria del CPN, así como la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los Estatutos.
XXXIX.   Sesión de la CPPP. En sesión extraordinaria privada efectuada el tres de septiembre de dos mil veinte, la CPPP conoció el AnteProyecto de Resolución sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
Al tenor de los antecedentes que preceden y de las siguientes
CONSIDERACIONES
I. Marco Convencional, Constitucional, Legal y Normativo interno
Instrumentos Convencionales
1.   La Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 2, 5 y 8, prevé que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas, así como las garantías jurídicas y de cualquier otra índole, para que toda persona pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades, entre ellos, a reunirse o manifestarse pacíficamente, formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, a afiliarse o participar en ellos y participar en el gobierno y la gestión de los asuntos públicos.
El artículo 2, párrafos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, establece que los Estados Parte se comprometen a respetar y a garantizar a todas y todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; así, también a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
El propio Pacto invocado, en su artículo 25, incisos a) y b), establece la obligación de los Estados Parte para proteger que todas las personas ciudadanas gocen, sin ninguna distinción -de las antes referidas- y sin restricciones indebidas, del derecho y oportunidad a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de personas representantes libremente elegidas y, consecuentemente, del derecho a votar y ser elegidas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de las personas electoras.
En condiciones similares, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 1 dispone que los Estados Parte de la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; y, entre los derechos humanos que salvaguarda, se encuentran los de asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole, así como los político-electorales de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de personas representantes libremente elegidas, de votar y ser elegidas en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, por voto secreto y acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas, conforme con los correlativos 16 apartado 1 y 23, apartado 1, incisos a), b) y c), del precitado instrumento convencional.
Dichas obligaciones y deberes convencionales del Estado Mexicano se regulan en cuanto a su protección y formas de ejercicio de los derechos político-electorales en la Legislación Electoral nacional.
Constitución
2.   El artículo 41, párrafo segundo, Base I, preceptúa que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución, en relación con los artículos 29, numeral 1, 30, numeral 2, y 31, numeral 1, de la LGIPE, disponen que el INE es un organismo público autónomo que tiene como función estatal la organización de las elecciones, autoridad en la materia y cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, y se realizarán con perspectiva de género.
El artículo 41, párrafo segundo, Base I, penúltimo párrafo, de la Constitución, establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señala la propia Constitución y la ley.
Los artículos 1º, último párrafo, y 4º, primer párrafo, de la Constitución, establecen que queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.
    LGIPE
3.   El artículo 44, numeral 1, inciso j), determina que es atribución de este Consejo General, entre otras, vigilar que los partidos políticos cumplan con las obligaciones a que están sujetos y que sus actividades se desarrollen con apego a la citada ley, a la LGPP, así como a los Lineamientos que emita, en su momento, este Consejo General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
    LGPP
4.   Conforme con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso c), los partidos políticos gozan de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes.
En el artículo 34, numeral 1, se dispone que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esa Ley y en la normativa interna que aprueben sus órganos de dirección.
II. Competencia del Consejo General del INE
5.   La competencia de este Consejo General para pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los Documentos Básicos de los PPN, a través de la Resolución que emita
al respecto y dentro de los plazos establecidos en la normatividad aplicable, tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, numeral 1, inciso l), 34 y 36, de la LGPP.
Así, en el artículo 36, numeral 1, de la LGPP, se establece que, para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, este Consejo General atenderá el derecho de éstos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3, numerales 1 y 3, y 10, numeral 2, inciso a), relacionados con el 35, todos de la LGPP, los partidos políticos deben disponer de documentos básicos, los cuales deberán cumplir con los extremos que al efecto precisan los artículos 36, 37, 38 y 39 de la Ley en cita.
Respecto de las cuatro inconformidades y cinco juicios ciudadanos referidos en los antecedentes XXIII y XXIV, este Consejo General es competente para resolverlas al ejercer su facultad de calificar la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los Estatutos, acordado así en la LI Sesión Extraordinaria del CPN, al analizar si el procedimiento de modificación y su contenido es conforme a la normatividad interna partidista y los principios democráticos inscritos en la Constitución y la Legislación Electoral. Esto, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior al reencauzar los escritos presentados ante esa instancia jurisdiccional por Armando Barajas Ruiz, Benjamín Antonio Russek de Garay, Luis Javier Guerrero Guerra, Juan José Ruíz Rodríguez y Cenovio Ruiz Zazueta, así como en los expedientes SUP-AG-113/2017, SUP-JDC-575/2018, SUP-JDC-594/2018, SUP-JDC-143/2019 y SUP-AG-7/2020.
III. Comunicación de las modificaciones estatutarias al INE
6.   De conformidad con el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la LGPP, una vez aprobada cualquier modificación a los documentos básicos de los partidos políticos, éstos deberán comunicarlo al INE dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político.
En el caso concreto, el tres de agosto de dos mil veinte, se celebró la LI Sesión Extraordinaria del CPN, en la cual, entre otros asuntos, se aprobaron modificaciones a los Estatutos; por ende, el término establecido en el artículo 25 citado transcurrió del cuatro al diecisiete de agosto de dos mil veinte, descontando los días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La Presidencia del CPN presentó el escrito mediante el cual informa al INE sobre las modificaciones a los Estatutos el doce de agosto de dos mil veinte; por tanto, dicho partido político dio observancia a la disposición legal señalada, como se muestra a continuación:
AGOSTO 2020
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
3
Sesión CPN
4
(día 1)
5
(día 2)
6
(día 3)
7
(día 4)
8
(inhábil)
9
(inhábil)
10
(día 5)
11
(día 6)
12
(día 7)
Notificación
13
(día 8)
14
(día 9)
15
(inhábil)
16
(inhábil)
17
(día 10)
 
 
IV. Plazo para emitir la resolución
7.   El artículo 25, numeral 1, inciso l), de la LGPP, en relación con el artículo 13 del Reglamento, establece que este órgano colegiado cuenta con treinta días naturales para resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de los cambios aprobados en los documentos básicos de los PPN.
      Cabe señalar que, respecto de la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función electoral aprobada mediante Acuerdo INE/CG82/2020, este Consejo General determinó, entre otros temas, el relativo a la revisión de documentos básicos. En este sentido, la suspensión vería afectada la actividad de la autoridad de analizar la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones presentadas por los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales si no se contara con la documentación para realizar el análisis. Es el caso que esta autoridad sí cuenta con toda la documentación presentada por el PRI, tanto de manera original como de manera digital.
 
Por lo que, no existiendo impedimento legal ni material para ello, este Consejo General resuelve hacer el pronunciamiento que conforme a derecho corresponde.
V. Normatividad partidista aplicable
Estatutos
8.   Para resolver, en su caso, sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos presentadas por la Presidencia del CPN, así como las inconformidades y los juicios ciudadanos referidas en los antecedentes XXIII y XXIV, esta autoridad deberá analizar que el procedimiento se haya llevado a cabo en términos de lo establecido en los artículos 14, 16, 18, 19, 66, fracción II, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, fracción I, 83, fracción XXI, y 84, fracciones I y II, 124, 125, 126, 128 y 135, fracción XXXV de los Estatutos.
    Reglamento del CPN
9.   Asimismo, se deberán considerar lo previsto en los artículos 4, 14, 17, 18, y V, 20, fracciones I, III y V, 21, fracción XXIII, 22, 23, 24, 27, 31, 32 y 38 del Reglamento del CPN.
VI. Aspectos controvertidos en los escritos de inconformidad
10.  Del análisis a los hechos y actos controvertidos en los cuatro escritos de inconformidad y los cinco juicios ciudadanos planteados, se desprende, en esencia, que combaten los aspectos siguientes:
a)   Armando Barajas Ruiz (SUP-JDC-1670/2020, militante y Consejero Político Nacional):
  Es inconstitucional el Acuerdo del CPN por el que se aprueban las modificaciones a diversas disposiciones de los Estatutos, ya que el artículo 105, fracción II, de la Constitución señala que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el Proceso Electoral en que vayan a aplicarse; y si bien los Estatutos no son una ley, versan sobre la forma y modo en que se determinará la postulación de candidaturas y/o representaciones populares; además, de que no está debidamente fundado y motivado.
  No está fundada ni motivada la Carta Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día de la LI Sesión Extraordinaria del CPN, para que se haya celebrado en forma virtual o a distancia a través de una plataforma digital, ni se refiere la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.
  La normatividad partidista no contempla aspectos como la forma o modo en que se llevaría a cabo el registro de cada una de las personas integrantes del CPN; la forma en que habría de convalidarse el quórum de la sesión; cómo y quién validaría que la persona que ingresa a la reunión en la plataforma digital sea realmente la persona Consejera, ya que la convocatoria plantea únicamente que el dispositivo digital contenga el nombre y apellido; además, se asumió que todas las personas Consejeras cuentan con un dispositivo digital y que tienen el pleno manejo de la aplicación utilizada; no se señala la forma en que las personas Consejeras podrían votar; no hay reglamentación de las intervenciones de las personas Consejeras; y no se permitió el debate de las propuestas.
  En el caso que se pretenda asumir que se dio cumplimiento al Acuerdo INE/CG186/2020, en la Carta Convocatoria no se previeron las formas en que se llevaría a cabo la sesión extraordinaria; esto es, debieron emitirse Lineamientos.
  Las instalaciones del PRI sí permiten llevar a cabo eventos observando las medidas sanitarias como la sana distancia, por lo que la sesión pudo celebrarse de manera presencial.
  Las modificaciones a los Estatutos no están debidamente justificadas para ubicarse en las hipótesis excepcionales del artículo 16 de ese documento básico.
  El hecho de que el INE haya determinado que era procedente modificar los Estatutos a través del CPN, así como que la sesión podía efectuarse de manera virtual, no necesariamente implica que ese criterio se encuentre apegado a derecho.
  Las modificaciones estatutarias dan un poder absoluto al titular de la Presidencia del CEN, ya que podrá designar a las personas coordinadoras de los grupos parlamentarios, las candidaturas a gubernaturas y las candidaturas plurinominales; y se le tendrá que consultar el sentido del voto del grupo parlamentario; esto es, será la máxima autoridad al interior del PRI, dejando de lado a la Asamblea Nacional.
b)   Benjamín Antonio Russek de Garay (SUP-AG-144/2020, militante):
  La Convocatoria no reúne los requisitos que señalan los Estatutos ni la legislación de la materia, ya que no se autorizan sesiones virtuales.
 
  La LI Sesión Extraordinaria del CPN no cumple con los requisitos estatutarios, porque no se constituyó en un recinto que debió habilitarse; además, no se integró previamente la Mesa Directiva y, por lo tanto, el Secretario Técnico no pudo dar fe.
  No se cumplió la votación ordenada en el artículo 16 de los Estatutos, de las dos terceras partes de integrantes "presentes" del CPN, porque la sesión fue virtual.
  Las modificaciones estatutarias dan facultades plenipotenciarias al titular de la Presidencia del CEN, porque podrá designar las candidaturas a cargos de elección popular de los tres niveles de gobierno, por lo que sólo podrán ser designadas aquellas personas afines a él, limitándose su participación.
c)   Yesenia Rodríguez Caudillo (CNJP-JDP-MEX-046/2020, militante):
  La LI Sesión Extraordinaria del CPN no tiene validez, porque se llevó a cabo sin verificarse el quórum; no hubo lista de asistencia; no se permitió la deliberación de las modificaciones a los Estatutos y no se cumplió el mecanismo de votación.
  Las modificaciones a los Estatutos no contienen los elementos mínimos para considerarse democráticas, ya que centralizan las facultades de los órganos deliberativos en la Presidencia del CEN, destacando que podrá designar las candidaturas de elección popular y las coordinaciones parlamentarias.
  No puede recaer en el CPN la posibilidad de que concluya anticipadamente o que se conceda una prórroga del período estatutario a la dirigencia nacional, porque eso equivale a una revocación o reelección del mandato.
  Se concede la posibilidad de otorgar un poder notarial a otra persona para el registro de candidaturas, lo que invade competencias, ya que debe hacerlo quien esté facultado estatutariamente para ello.
  La designación de las coordinaciones parlamentarias por la Presidencia del CEN es antidemocrático, porque eso debe ser un proceso deliberativo de sus integrantes.
  Se otorgan facultades no democráticas a la Presidencia del CEN, pues podrá sancionar el procedimiento de elección de candidaturas a cargos de elección popular; designar a suplentes de esas candidaturas y sin consultar al CPN; además, podrá expedir convocatorias de manera unilateral a las sesiones del CPN.
d)   Alejandro Jassyel Babina Cano (CNJP-JDP-CMX-047/2020, militante y Consejero Político Nacional):
  La LI Sesión Extraordinaria del CPN se llevó a cabo sin el pase de lista para registrar la asistencia de integrantes; no se verificó el quórum ni se contempló ello; no se hizo la declaración de instalación de la sesión; en el orden del día se previó la presentación del Dictamen de modificación a los Estatutos, pero no se estipuló su análisis, discusión y votación, por ende, no podía ser votado y decirse que se aprobó; no hubo registro de oradores y se impidió realizar éste; y no hubo la recepción de una votación personal.
  El órgano facultado para modificar los Estatutos de manera extraordinaria es el CPN, no una comisión dictaminadora como aconteció.
  En el Acuerdo INE/CG186/2020 se autorizan las sesiones a distancia y que el CPN modifique los documentos básicos, pero ello condicionado a realizarlo apegado a los Estatutos, lo que no sucedió.
  Se impidió el ejercicio de los derechos de las mujeres integrantes, por lo que, en consecuencia, hubo violencia política en razón de género.
  El Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones a los Estatutos tiene una indebida fundamentación y motivación, al pretender ser consecuencia del Acuerdo INE/CG186/2020, que también está indebidamente fundado y motivado, porque el Consejo General del INE no tiene facultades expresas para resolver consultas relacionadas con la interpretación de normas estatutarias, por lo que ese Acuerdo está afectado de nulidad absoluta.
  Las modificaciones a los Estatutos se hicieron sin considerar que están en curso los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 34,
numeral 2, de la LGPP, que señala que la elaboración y modificación de los documentos básicos de los partidos políticos no podrá realizarse una vez iniciado el Proceso Electoral; por ende, debió preverse un Artículo Transitorio que señalara que las reformas entrarían en vigor para Coahuila e Hidalgo una vez que concluya el Proceso Electoral local.
e)   Leslie Getsami Ortega Barrera y Domitilo Vite Carlos (CNJP-JDP-HID-048/2020, militantes y personas Consejeras Políticas Nacionales):
  La LI Sesión Extraordinaria del CPN se llevó a cabo sin pase de lista para registrar la asistencia; no se hizo la declaración de instalación de la sesión; no se verificó el quórum ni se contempló ello en el orden del día, por lo resulta incierto cuántas personas integrantes aprobaron las modificaciones a los Estatutos; y no hubo registro de oradores y se impidió realizar éste.
  En el orden del día se previó la presentación del Dictamen de modificaciones a los Estatutos, pero no se estipuló su análisis, discusión y votación, por ende, no podía ser votado y decirse que se aprobó.
  El órgano facultado para modificar los Estatutos de manera extraordinaria es el CPN, no una comisión dictaminadora que fue la que elaboró el proyecto.
  El Acuerdo INE/CG186/2020 da respuesta a una consulta del PRI, pero se trata de una opinión orientadora, más no obligatoria o con efectos vinculantes.
  Las modificaciones a los Estatutos por el CPN no se ubican en ninguna de las facultades extraordinarias previstas en el artículo 16 de ese ordenamiento; esto, porque no es causa justificada ni apremiante la celebración de los próximos procesos electorales federal y locales, sino debe entenderse como un caso fortuito, además de que, al no existir certeza del quórum, también es incierto quiénes votaron.
  Las modificaciones a los Estatutos se hicieron sin considerar que están en curso los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 34, numeral 2, de la LGPP, que señala que la elaboración y modificación de los documentos básicos de los partidos políticos no podrá realizarse una vez iniciado el Proceso Electoral; por ende, debió preverse un Artículo Transitorio que señalara que las reformas entrarían en vigor para Coahuila e Hidalgo una vez que concluya el Proceso Electoral local.
  En el Acuerdo INE/CG186/2020 se autorizan las sesiones a distancia y que el CPN modifique los documentos básicos, pero ello condicionado a realizarlo apegado a los Estatutos, lo que no sucedió.
  Se impidió el ejercicio de los derechos de las mujeres integrantes del CPN, por lo que hubo violencia política en razón de género.
  El Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones a los Estatutos tiene una indebida fundamentación y motivación, al pretender ser consecuencia del Acuerdo INE/CG186/2020, que también está indebidamente fundado y motivado, porque el Consejo General del INE no tiene facultades expresas para resolver consultas relacionadas con la interpretación de normas estatutarias, por lo que ese Acuerdo está afectado de nulidad absoluta.
f)    Omar Jalil Flores Majul (CNJP-JDP-GRO-052/2020, militante):
  Es inconstitucional el Acuerdo del CPN por el que se aprueban las modificaciones a diversas disposiciones de los Estatutos, ya que el artículo 105, fracción II, de la Constitución señala que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el Proceso Electoral en que vayan a aplicarse; y si bien los Estatutos no son una ley, versan sobre la forma y modo en que se determinará la postulación de candidaturas y/o representaciones populares; además, de que no está debidamente fundado y motivado.
  La causa justificada prevista en el artículo 16, primer párrafo, de los Estatutos, no sólo se refiere a la imposibilidad material y humana de asistir a un lugar para la celebración de la asamblea del CPN, sino que las modificaciones de los Estatutos también deben tener dicha causa justificada, lo que en el caso no acontece.
g)   Luis Javier Guerrero Guerra (SUP-JDC-1783/2020, militante y Consejero Político de la Ciudad de México):
  Existe una indebida e incorrecta aplicación del Acuerdo INE/CG/186/2020, ya que las modificaciones estatutarias se llevaron a cabo sin seguir lo ahí resuelto.
 
  Transgresión al Acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, por el que se autorizó convocar a la Asamblea Nacional Ordinaria el quince de agosto del año en curso, ya que no se cumplió.
  El Consejo General del INE no tiene facultades para interpretar los Estatutos, porque ello está reservado sólo para los órganos jurisdiccionales.
  Las modificaciones a los Estatutos sólo debieron ser en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, como se ordenó en el Acuerdo INE/CG/186/2020.
  Las modificaciones a los Estatutos tienen por objeto concentrar atribuciones excesivas de la Presidencia del CEN, lo que es contrario a los principios democráticos y la vida interna de los partidos políticos.
  Se intenta impedir la posibilidad de que una persona militante pueda formar parte de un gobierno emanado de otro partido político, incluso si la postulación se hizo mediante coalición, y sin contar con la autorización de la Presidencia del CEN, bajo amenaza de pérdida de la militancia; y, por otro lado, se da facultad a la Presidencia del CEN para cancelar solicitudes de registro de candidaturas, decide las candidaturas plurinominales y aprueba las convocatorias.
  Las modificaciones a los Estatutos abren la puerta para una posible vulneración del derecho a votar y ser votado, de libre profesión y trabajo lícito, por lo que hace a la elección interna de dirigencias y postulación de candidaturas.
h)   Juan José Ruíz Rodríguez (SUP-JDC-1784/2020, militante y Consejero Político Nacional):
  La Convocatoria a la LI Sesión Extraordinaria del CPN fue por medios virtuales que no están previstos en la norma partidista.
  El objeto de la modificación a los Estatutos es concentrar el poder en la Presidencia del CEN.
  La reforma al artículo 59, fracción IV, es inconstitucional porque es un requisito de elegibilidad que tratándose de cargos de elección popular sólo puede estar previsto en ley.
  La reforma al artículo 61, fracción XII, prevé la obligación de pedir licencia provisional y ello es de regulación legal.
  El artículo 63, fracciones I, VII y X, establece un sistema de control autoritario y discrecional del CEN respecto de las autoridades partidistas locales, al obligarles a presentar informes trimestrales cuando la fiscalización corresponde al INE; además, prevé que quien ocupe la Presidencia del CEN revise, en cualquier momento, el ejercicio del cargo de las presidencias estatales, en una clara intención de constituirse en juez y parte de procedimientos sancionadores, pues no se regula la forma en la que ha de realizarse esa revisión; esto es, no hay parámetros.
  La derogación de la fracción VIII, del artículo 88 es inconstitucional, porque establecía la facultad del CEN para aprobar las convocatorias, y ahora sólo el titular de la Presidencia del CEN puede designar candidaturas y convocar a elecciones a las dirigencias locales, tal como lo hizo el Partido Verde Ecologista de México y fue declarado inconstitucional en la sentencia SUP-RAP-21/2002.
  Las reformas a las fracciones X y XII del artículo 89 son inconstitucionales, porque centraliza la decisión de la designación de las candidaturas; además, la Presidencia del CEN o por persona apoderada, puede solicitar el registro de candidaturas en todo el país.
  La fracción XII del artículo 89 es inconstitucional, pues está redactada en términos vagos e imprecisos.
  La facultad de atracción prevista en el artículo 158 es inconstitucional, porque otorga poder discrecional a la Presidencia del CEN, para apropiarse de todas las candidaturas a cargos de elección popular.
  En el artículo 181 se eliminó, para obtener una candidatura, el requisito de ser militante y cuadro, dejando la posibilidad de que terceros extraños puedan ser postulados en las listas de representación proporcional.
  Es inconstitucional el artículo 195, pues no toma en consideración los derechos adquiridos de la militancia, pues hace a un lado las convocatorias y los resultados de los procesos internos, para todo lo relativo a las candidaturas por medio de la facultad de atracción.
  La reforma al artículo 196 es ilegal, porque se otorga poder a la Presidencia del CEN de
sancionar el procedimiento de selección de candidaturas violando derechos.
  Se viola la Constitución al establecer que la Comisión de Justicia puede aplicar medidas cautelares.
  Las modificaciones no contemplaron a las personas con discapacidad.
  Se transgrede el artículo 105, fracción II, de la Constitución, ya que señala que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el Proceso Electoral en que vayan a aplicarse; y si bien los Estatutos no son una ley, versa sobre la forma y modo en que se determinará la postulación de candidaturas y/o representaciones populares del PRI.
  El Acuerdo por el que se aprobaron las modificaciones a los Estatutos es nulo, ya que no está debidamente fundado y motivado.
  El PRI tuvo más de dos años para modificar los Estatutos y no lo hizo, por lo que no tiene alguna justificación el CPN para hacerlo.
  La Carta Convocatoria y el Proyecto del Orden del día no tienen fundamentación ni motivación que justifique la realización de manera virtual o a distancia de la sesión, ni se hace referencia a la contingencia sanitaria causada por el Covid-19.
  La normatividad partidista interna no contempla aspectos como la forma o modo en que se llevaría a cabo el registro de cada una de las personas Consejeras Políticas Nacionales; la forma en que habría de convalidarse el quórum legal de la sesión; cómo y quién validaría que la persona que ingresa a la reunión en la plataforma digital sea realmente la persona Consejera, ya que la convocatoria plantea únicamente que el dispositivo digital contenga el nombre y apellido; se asumió que todas las personas Consejeras cuentan con un dispositivo digital y que se tiene el pleno manejo de la aplicación utilizada; no se señala la forma en que las personas Consejeras podrían votar; no hay reglamentación de las intervenciones de las personas Consejeras; y no se permitió debate de las propuestas.
  En el caso que se pretenda asumir que se dio cumplimiento al Acuerdo INE/CG186/2020, en la Carta Convocatoria no se previeron las formas en que se llevaría a cabo la sesión extraordinaria del CPN, violentando el principio de certeza.
  Las instalaciones del PRI sí permiten llevar a cabo eventos observando las medidas sanitarias como la sana distancia, por lo que la sesión pudo llevarse a cabo de manera presencial.
  Las modificaciones a los Estatutos no están debidamente justificadas para ubicarse en la hipótesis del artículo 16 de ese documento básico.
  El hecho de que el INE haya determinado que era procedente modificar los Estatutos a través del CPN, así como que la sesión podía efectuarse de manera virtual, no necesariamente implica que ese criterio se encuentre apegado a derecho.
  Las modificaciones que hizo el CPN a los Estatutos no se ubican en las excepciones del artículo 16, porque no hay una causa justificada, y si las hubiera realizado la Asamblea Nacional, estarían fuera del plazo para hacerlo; además, la respuesta que dio el Consejo General del INE a la consulta formulada por el PRI, en relación con la modificación a documentos básicos, no implica que ese criterio se encuentre apegado a derecho.
  Las modificaciones estatutarias dan un poder absoluto al Presidente del CEN, ya que podrá designar a las personas coordinadoras de los grupos parlamentarios, las candidaturas a gubernaturas y las candidaturas plurinominales; y se le tendrá que consultar el sentido del voto del grupo parlamentario del partido político; esto es, será la máxima autoridad al interior del PRI, dejando de lado a la Asamblea Nacional.
i)    Cenovio Ruiz Zazueta (SUP-JDC-1801/2020, militante y Consejero Político Nacional):
  El CPN no tiene facultad para modificar los Estatutos, pues es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional.
  Que lo determinado en el Acuerdo INE/CG186/2020, no es suficiente para facultar al CPN a realizar modificaciones a los Estatutos.
  Que al haberse celebrado la sesión del tres de agosto de dos mil veinte del CPN de manera virtual, violenta su derecho de votar y ser votado para acudir como delegado a la Asamblea
Nacional, negándole el derecho a participar en la discusión y deliberación en una Asamblea Nacional, dando sus puntos de vista o argumentos a la Mesa Temática.
  Que al no llevarse a cabo la Asamblea General convocada el cuatro de marzo de dos mil veinte, se violentó su derecho de votar y ser votado pues no llevarse a cabo el procedimiento ordinario de elección de delegados que están facultados para asistir a la misma.
  Las modificaciones que hizo el CPN a los Estatutos no se ubican en las excepciones del artículo 16, porque no hay una causa expresa justificada.
  Que el contenido de las modificaciones excedió de su propósito, que era adecuar la normativa a la reforma legal en materia de violencia política en razón de género.
Para efectos del estudio correspondiente, las inconformidades expresadas se agruparán para su estudio en temas, en razón de la similitud que existe entre ellos, sin que esto implique, de forma alguna, una afectación jurídica a las personas inconformes, porque lo fundamental es que dichos disensos sean estudiados en su totalidad al analizar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos. Apoya lo antes apuntado, las tesis jurisprudenciales 12/2001(1) y 43/2002(2), de la Sala Superior, de rubros: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE" y "PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN".
VII. Análisis de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones estatutarias presentadas
11.  En cumplimiento a lo establecido en el artículo 55, numeral 1, incisos m) y o), de la LGIPE, en relación con el artículo 46, numeral 1, inciso e), del Reglamento Interior del INE, la DEPPP auxilió a la CPPP en el análisis de la documentación presentada por la Presidencia del CEN, a efecto de verificar el apego de la instalación, desarrollo y determinaciones tomadas en la LI Sesión Extraordinaria del CPN, conforme a la normatividad estatutaria y reglamentaria aplicable.
Asimismo, el análisis de la documentación presentada por el PRI y la resolución que este Consejo General adopta como resultado de éste, se realizan en el contexto de la emergencia sanitaria que persiste en el país e inició desde el veintitrés de marzo de este año, con el reconocimiento por parte del Consejo de Salubridad General, sin que ello implique dejar de observar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, con perspectiva de género. Al mismo tiempo, que es un hecho notorio(3) que las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso concreto -y a otros-, no prevén el proceder específico de sus destinatarios y, por ende, los criterios por lo que ha de regirse la autoridad, resultando razonable llevar a cabo el análisis de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones estatutarias del PRI al amparo de las acciones extraordinarias emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; esto es, por ejemplo, valorando la imposibilidad que existe de llevar a cabo el procedimiento ordinario para la modificación de los documentos básicos, como lo es la celebración presencial de una sesión del órgano facultado para ello u obtener una lista de asistencia con el nombre completo, firma autógrafa y cargo de las personas que participan en una sesión a distancia de manera virtual, entre otros aspectos.
En ese orden de ideas, por cuestión de método, el análisis que se hace en esta resolución de las modificaciones a los Estatutos, así como la atención y pronunciamiento respecto de cada una de las inconformidades relacionadas con ello, se realiza en dos apartados. En el apartado A, se verificará que se haya dado cumplimiento al procedimiento estatutario establecido para la aprobación de las modificaciones y se analizarán las inconformidades tocantes a este apartado, resolviendo lo que en derecho corresponda. En el apartado B, se analizará que el contenido de estas modificaciones se apegue a los principios democráticos establecidos en la Constitución y en la LGPP, y se atenderán las inconformidades relacionadas con este apartado, pronunciando la resolución que concierna al respecto.
A. Verificación del cumplimiento al procedimiento estatutario para la aprobación de las modificaciones
Documentación presentada por el PRI
12.  Para acreditar que las modificaciones a los Estatutos se realizaron de acuerdo con las reglas previstas en la normativa interna del partido político, la Presidencia del CPN presentó la documentación que se detalla a continuación, clasificada en copias certificadas y otros:
a)   Copias certificadas.
-     Acuerdo del CPN de cuatro de marzo de dos mil veinte, por el que se autoriza al CEN emitir la Convocatoria para celebrar la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, el
quince de agosto de dos mil veinte.
-     Comunicado C-185/2020 de trece de marzo de dos mil veinte, a través del cual se hace del conocimiento la suspensión, a partir de ese día, de todos los actos y eventos políticos del PRI que impliquen la concentración de personas en todo el país, derivado de la pandemia causada por el virus Covid-19.
-     Circular SFA/SSA/0013/2020, de diecisiete de abril de dos mil veinte, emitido por la Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración del CEN, por la que se comunica a las personas de ese órgano colegiado que, derivado de la ampliación de las medidas sanitarias y con el objeto de salvaguardar la salud de las personas militantes y colaboradoras, se hace extensiva la fecha para reanudar las actividades del PRI al treinta de mayo de dos mil veinte.
-     Circular SFA/SSA/0015/2020, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, por la que se comunica a las personas del CEN que, derivado del plan hacia la nueva normalidad y el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, se determinó continuar con las medidas implementadas y aplazar hasta nuevo aviso el retorno a las actividades dentro de las instalaciones de ese PPN.
-     Acuerdo de la Mesa Directiva del CPN, de catorce de julio de dos mil veinte, por el que se determina proponer al Pleno del CPN, para su aprobación, ampliar el plazo para la celebración de la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria, en un término no mayor de dieciocho meses contados a partir del doce de agosto de dos mil veinte, conforme con lo establecido en el artículo 69 de los Estatutos; atendiendo las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, con motivo de la contingencia causada por el Covid-19 .
-     Acuerdo de la Mesa Directiva del CPN, de catorce de julio de dos mil veinte, por el que se determina autorizar a la Comisión, de manera inmediata, se aboque al estudio, análisis y Dictamen de las propuestas de reforma, adiciones o derogaciones a los Estatutos.
-     Oficio Dictamen, de treinta de julio de dos mil veinte, de la Presidencia de la Comisión, por el que se exponen los motivos y razones del documento adjunto, denominado: "Proyecto de reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de los Estatutos con motivo del Dictamen de la Comisión Temática y de Dictamen de Fortalecimiento de la Ideología Partidista y en cumplimiento al Acuerdo INE/CG186/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se mandató a los partidos políticos para que realicen a la brevedad las modificaciones a sus documentos básicos y con ello, den cumplimiento a las reformas aprobadas mediante el Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de trece de abril de dos mil veinte, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas".
-     Acta de la sesión de la Mesa Directiva del CPN, celebrada el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en la que consta que se recibió el Oficio Dictamen emitido por la Comisión.
-     Acuerdo de la Mesa Directiva del CPN, de treinta y uno de julio de dos mil veinte, por el que se autoriza a la persona titular de la Presidencia del CEN y del CPN a convocar a la brevedad posible a la sesión extraordinaria plenaria de ese órgano colegiado en su modalidad a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, atendiendo medidas preventivas que contribuyan a resguardar la salud de las personas Consejeras Políticas Nacionales, en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19; y ajustándose en lo que a la materia aplique, a los términos señalados en el Reglamento del CPN para el desarrollo de sesiones.
-     Acuerdo de la Mesa Directiva del CPN, de treinta y uno de julio de dos mil veinte, por el que se determina someter a la consideración del CPN y, en su caso, aprobación del
Pleno, el Dictamen emitido por la Comisión respecto del proyecto de reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de los Estatutos.
-     Seiscientas cincuenta y cinco impresiones de correos electrónicos, por los que el Secretario Técnico del CPN, remite, para cada persona integrante de ese órgano colegiado, la "Carta Convocatoria" y "Proyecto de Orden del Día", de uno de agosto de dos mil veinte.
-     Publicación en Estrados de la Secretaría Técnica del CPN del uno al tres de agosto de dos mil veinte, mediante cédula de fijación y razón de retiro correspondiente.
-     Seiscientas cincuenta y cinco impresiones de correos electrónicos, por los que el Secretario Técnico del CPN, remite, para cada persona integrante de ese órgano colegiado, el Oficio Dictamen de la Comisión, el tres de agosto de dos mil veinte.
-     Lista de Asistencia Presencial de la Mesa Directiva y demás personas Consejeras Políticas Nacionales que participaron de forma presencial en la LI Sesión Extraordinaria del CPN, de tres de agosto de dos mil veinte, en la sede del CEN.
-     Acta de Registro de Asistencia y apertura de la plataforma Zoom (como herramienta tecnológica) para la celebración a distancia de la LI Sesión Extraordinaria del CPN, convocada para el tres de agosto de dos mil veinte.
-     Acta de la celebración de la LI Sesión Extraordinaria del CPN, de tres de agosto de dos mil veinte, así como catorce copias fotostáticas certificadas de las credenciales para votar de las nuevas personas Consejeras Políticas Nacionales.
-     Acta notarial número treinta y tres mil ochocientos uno (33,801), emitida por el titular de la Notaria Publica No. 187, de esta Ciudad de México, en la que se da cuenta de la "Fe de Hechos" de los actos ocurridos durante la celebración de la LI Sesión Extraordinaria del CPN, celebrada el tres de agosto de dos mil veinte.
-     Veintisiete Actas de las sesiones de los Consejos Políticos de entidades federativas, celebradas el cinco, seis y siete de agosto de dos mil veinte, respectivamente, de: (1) Aguascalientes, (2) Baja California, (3) Baja California Sur, (4) Campeche, (5) Chiapas, (6) Chihuahua, (7) Colima, (8) Coahuila, (9) Durango, (10) Jalisco, (11) Morelos, (12) Nayarit, (13) Nuevo León, (14) Oaxaca, (15) Puebla, (16) Quintana Roo, (17) Sinaloa, (18) Sonora, (19) Tabasco, (20) Tamaulipas, (21) Veracruz, (22) Yucatán, (23) Zacatecas, (24) Ciudad de México, (25) Tlaxcala, (26) San Luis Potosí y (27) Estado de México; en las que se aprobaron las modificaciones a los Estatutos.
b)   Otros.
-     Impresión de los Estatutos modificados que impacta las reformas, adiciones y derogaciones, aprobado en LI Sesión Extraordinaria del CPN, de tres de agosto de dos mil veinte.
-     Impresión del Cuadro Comparativo de los Estatutos vigentes y de las reformas, adiciones y derogaciones a ese documento básico, aprobados en la LI Sesión Extraordinaria del CPN, de tres de agosto de dos mil veinte.
-     CD que contienen en medio magnético, en archivo en formato Word, la modificación a los Estatutos aprobados en la LI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, así como el Cuadro Comparativo de los Estatutos vigentes y de las reformas, adiciones y derogaciones a ese documento básico.
De las entidades federativas, se recibió lo siguiente:
ENTIDAD FEDERATIVA
CONVOCATORIA
PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA
LISTA DE
INTEGRANTES
LISTA DE
ASISTENCIA
ACTA
ACUERDO
AGUASCALIENTES
X
X
X
X
X
X
BAJA CALIFORNIA
X
X
X
X
X
X
BAJA CALIFORNIA SUR
X
X
X
X
X
X
CAMPECHE
X
X
X
X
X
X
CIUDAD DE MÉXICO
X
X
X
X
X
X
COAHUILA
X
X
X
X
X
X
COLIMA
X
X
X
X
X
X
CHIAPAS
X
X
X
X
X
X
CHIHUAHUA
X
X
X
X
X
X
DURANGO
X
- - - - - - - - -
X
X
X
X
ESTADO DE MÉXICO
X
- - - - - - - - -
X
X
X
X
JALISCO
X
X
X
X
X
X
MORELOS
X
X
X
X
X
X
NAYARIT
X
X
X
X
X
X
NUEVO LEÓN
X
X
X
X
X
X
OAXACA
X
- - - - - - - - -
X
X
X
X
PUEBLA
X
- - - - - - - - -
X
X
X
X
QUINTANA ROO
X
X
X
X
X
X
SAN LUIS POTOSÍ
X
X
X
X
X
X
SINALOA
X
X
X
X
X
X
SONORA
X
- - - - - - - - -
X
X
X
X
TABASCO
X
- - - - - - - - -
X
X
X
X
TAMAULIPAS
X
X
X
X
X
X
TLAXCALA
X
X
X
X
X
X
VERACRUZ
X
X
X
X
X
X
YUCATÁN
X
- - - - - - - - -
X
X
X
X
ZACATECAS
X
- - - - - - - - -
X
X
X
X
 
De lo previsto en los artículos 14, 16, 66, fracciones I a IV, 71, 72, 73, 77, 78, 83, fracción XXI, y 84, fracciones I y II, de los Estatutos, y 2, 4, 14, 17, 18, fracciones I, II y III, 21, fracción XXIII, 22, 23, 24, 27 y 32 del Reglamento del CPN, se desprende lo siguiente:
i.        A nivel nacional, son instancias y órganos de dirección del PRI: la Asamblea Nacional, el CPN, la Comisión Política Permanente y el CEN.
ii.        Es competencia ordinaria de la Asamblea Nacional, reformar, adicionar o derogar los Documentos Básicos y el Código de Ética Partidaria por el voto mayoritario de sus personas delegadas.
iii.       El CPN es el órgano deliberativo de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinado a la Asamblea Nacional, en el que las fuerzas más significativas del PPN son corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política; además, está facultado, entre otros, para realizar modificaciones a los Estatutos, con excepción del Título Primero, en casos debidamente justificados, por reforma legal y por resolución de las autoridades electorales.
iv.       El CPN está integrado por:
I. La persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, de filiación priista;
II. Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional;
III. Las personas que se han desempeñado como titulares de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional;
IV. Las personas titulares de la Presidencia de los Comités Directivos de las entidades federativas y de la Ciudad de México;
V. Una persona titular de la Presidencia de Comité Municipal por cada Estado y una persona titular de la Presidencia de Comité de demarcación territorial en la Ciudad de México;
VI. La tercera parte de las senadoras y los senadores de la República, y de las diputadas y diputados federales, de los Grupos Parlamentarios del Partido, insaculados o electos, para un ejercicio con vigencia de un año y presencia rotativa de quienes integran ambas cámaras. Se incluirán, sin excepción, a las personas titulares de las respectivas coordinaciones parlamentarias;
VII. Dos diputados o diputadas locales por cada entidad federativa, a elección de sus pares de filiación priista;
VIII. Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de filiación priista;
 
IX. Una persona titular de una Presidencia Municipal por cada Estado y una persona titular de una Alcaldía, quienes serán electos entre sus pares;
X. La persona titular de la Presidencia de la Federación Nacional de Municipios de México, A. C., de filiación priista;
XI. La persona titular de la Presidencia de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales Priistas, A.C.;
XII. Siete Consejeras o consejeros de la Fundación Colosio, A. C.;
XIII. Siete Consejeras o consejeros del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C.;
XIV. Siete Consejeras o consejeros del Movimiento PRI.mx, A.C.;
XV. Tres representantes de los grupos de militantes con discapacidad y tres representantes de las personas adultas mayores, quienes serán propuestos por las comisiones temáticas correspondientes;
XVI. La representación de los sectores y organizaciones, electa democráticamente:
a) Treinta y cinco Consejeras o consejeros del Sector Agrario.
b) Treinta y cinco Consejeras o consejeros del Sector Obrero.
c) Treinta y cinco Consejeras o consejeros del Sector Popular.
d) Veinticinco Consejeras o consejeros de la Red Jóvenes x México.
e) Veinticinco Consejeras o consejeros del Movimiento Territorial.
f) Veinticinco Consejeras o consejeros del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.
g) Veinticinco Consejeras o consejeros de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C.
h) Siete Consejeras o consejeros de la Asociación Nacional Revolucionaria "Gral. Leandro Valle".
i) Cincuenta Consejeras o consejeros de las Organizaciones Adherentes, con registro nacional, cuya asignación se hará de conformidad con lo establecido en el reglamento aplicable; y
XVII. Ciento sesenta Consejeras o consejeros mediante elección democrática por voto directo y secreto a razón de 5 Consejeras o consejeros por entidad federativa, de los cuales al menos uno deberá ser titular de la Presidencia de Comité Seccional.
v.        El CPN tiene una Mesa Directiva integrada por la persona titular de la Presidencia del CEN; la persona titular de la Secretaría General del CEN; Once Vicepresidencias, y la persona titular de la Secretaría Técnica del Consejo.
vi.       La persona titular de la Presidencia del CPN tiene entre sus atribuciones, presidir las sesiones del CPN y suscribir sus acuerdos; formular el orden del día de las sesiones plenarias; así como convocar a las sesiones, ordinarias, extraordinarias o solemnes del CPN.
vii.      El CPN sesionará anualmente de manera ordinaria y cuantas veces sea necesario en forma extraordinaria, por convocatoria de su Presidencia y expedida con setenta y dos horas antes de la fecha de la sesión; para sesionar en pleno, se requiere la asistencia de la mayoría de sus integrantes, entre los cuales deberá estar la persona titular de su Presidencia; y sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos de las personas Consejeras presentes.
viii.      El CPN celebrará sesiones extraordinarias cuando así lo determine la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva o lo soliciten más de las dos terceras partes del total de las personas Consejeras para tratar sólo los asuntos específicos de la convocatoria respectiva, misma que deberá se expedida al menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha de la sesión.
ix.       Tanto la convocatoria, como el orden del día, las propuestas y las actas del Consejo, sus Consejos Técnicos y sus Comisiones Temáticas y de Dictamen, serán remitidos por los medios convencionales o medios electrónicos.
x.        Para la discusión de cualquier Dictamen por parte del Pleno, deberán distribuirse copias del mismo entre las personas Consejeras, con al menos doce horas de anticipación.
 
xi.       Las sesiones del Pleno se desarrollarán de conformidad con el orden del día que integrará la persona titular de la Presidencia, tomando en cuenta los asuntos que propongan las personas Consejeras, así como los dictámenes e informes que deban presentar los Consejos Técnicos y las Comisiones Temáticas y de Dictamen.
xii.      Para sesionar en Pleno, se requerirá la asistencia de la mayoría de sus integrantes, entre los cuales deberá estar la persona titular de la Presidencia, y sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de las personas Consejeras presentes.
xiii.      La Secretaría Técnica del CPN, de acuerdo con sus atribuciones, será el órgano responsable de acreditar la asistencia de las personas Consejeras a cada sesión, proveyéndolos oportunamente de los documentos de trabajo que conforme a cada convocatoria se autoricen.
xiv.      El quórum del Pleno se comprobará invariablemente con la lista de asistencia respectiva, misma que deberán firmar sus integrantes al acceso.
xv.      La reforma, adición o derogación que haga el CPN a los Estatutos, con la excepción apuntada y en caso debidamente justificado, será con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas.
Una vez establecidos los elementos a verificar, en análisis de la documentación presentada por el Presidente del CPN y del CEN, se obtiene lo siguiente:
Órgano competente para la aprobación de las modificaciones estatutarias
13.  En el caso concreto, tal y como lo consideró este Consejo General al aprobar el Acuerdo INE/CG186/2020 de treinta de julio de dos mil veinte, si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos es competencia ordinaria de la Asamblea Nacional reformar, adicionar o derogar los documentos básicos, también lo es que en términos de lo dispuesto por los artículos 16 y 83, fracción XXI, de los Estatutos, en relación con el artículo 21, fracción XXIII, del Reglamento del CPN, ese órgano deliberativo de dirección colegiada nacional, es competente, de manera excepcional, para reformar, adicionar o derogar los Estatutos, con excepción del Título Primero(4); y esto sólo lo puede realizar bajo los tres supuestos o hipótesis estatutarias previstas y que son las siguientes:
i.    Por causa debidamente justificada.
ii.   Derivado de una reforma legal.
iii.   Por resolución de autoridades electorales.
      En tal virtud, la situación extraordinaria que vive el país por el COVID-19, que prevé la imposibilidad de celebrar actos y eventos públicos a corto plazo, sobre todo cuando ello implique concentración masiva de personas, resulta un hecho notorio, de igual manera, la imposibilidad de llevar a cabo de manera ordinaria la sesión de la Asamblea Nacional(5), la cual estaba programada para celebrarse el quince de agosto de dos mil veinte, pues existe constancia en autos que, en la L Sesión Extraordinaria del CPN, de cuatro de marzo de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza al CEN a emitir la Convocatoria para el desarrollo y sesión de la XXIII Asamblea Nacional, programada para el sábado quince de agosto de dos mil veinte.
      Vinculado a lo anterior, no debe dejarse de lado las consideraciones vertidas por este Consejo General en el Acuerdo INE/CG186/2020 (confirmado por el TEPJF), al determinar que existen diversas justificaciones que permiten que sea el CPN y no la Asamblea Nacional, el órgano para modificar sus Estatutos, en dichas consideraciones también se prevé que la sesión en comento se llevara a cabo de forma virtual o híbrida, es decir presencial y remota:
1.   La emergencia sanitaria que vive el país por el Covid-19;
2.   Consistentes en las restricciones sanitarias con motivo de la pandemia causada por Covid-19, la imposibilidad de celebrar actos multitudinarios (como lo es una Asamblea Nacional);
3.   La necesidad de mantener el adecuado funcionamiento de los partidos políticos para que estos puedan cumplir con sus fines, encaminados ya al proceso federal electoral 2010-2021; y
4.   La reforma en materia de violencia política por cuestiones de género.
 
En conclusión, esta autoridad resolutora considera que la modificación a los Estatutos -que fue notificada en tiempo y forma a este Instituto por parte de la Presidencia del CPN y del CEN-, fue realizada por un órgano competente de ese PPN, pues ha ejercido las facultades excepcionales que tiene y que están previstas en los artículos 16 y 83, fracción XXI, de los Estatutos, al existir causas debidamente justificadas, notorias y probadas que lo permiten.
Celebración de sesiones a distancia y/o presenciales
El artículo 77 de los Estatutos, establece que el CPN sesionará en forma pública o privada, según señale la convocatoria correspondiente, y en pleno o en comisiones. Esta disposición se reproduce en el artículo 22 del Reglamento de ese CPN.
De lo anterior, se puede afirmar que, dentro de la normatividad interna citada del PRI, no se regula la celebración de sesiones a distancia de sus órganos colegiados de dirección, mediante el uso de herramientas informáticas o tecnológicas y, por ende, tampoco bajo esa modalidad y/o de manera presencial.
Al respecto, este Consejo General, a través del Acuerdo INE/CG186/2020, de treinta de julio de dos mil veinte, resolvió, entre otros aspectos, que todos los PPN, en caso de que su dirigencia así lo autorice, podrán celebrar las sesiones de sus órganos de dirección a distancia o de manera virtual mediante el uso de herramientas tecnológicas, o el uso de éstas y presenciales (ambas modalidades), durante la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.
En ese orden de ideas, conforme a la citada decisión adoptada por este Consejo General a través del Acuerdo INE/CG186/2020; resulta procedente la celebración de la LI Sesión Extraordinaria del CPN a distancia.
Al respecto, de las constancias que integran el expediente, se acredita que el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se llevó a cabo la sesión de integrantes de la Mesa Directiva del CPN, en la que se aprobó, entre otros, el Acuerdo (en sus puntos primero, segundo y tercero) por el que se determina convocar a sesión plenaria extraordinaria a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, atendiendo las medidas preventivas que contribuyan a resguardar la salud de las personas Consejeras Políticas Nacionales, en virtud de la emergencia sanitaria.
Convocatoria
Emisión de la Convocatoria
14.  Del análisis de la documentación presentada por el PRI, se acredita que el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se llevó a cabo la sesión de integrantes de la Mesa Directiva del CPN, en la que se aprobó, entre otros, el Acuerdo por el que se determina convocar a sesión plenaria extraordinaria a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, atendiendo las medidas preventivas que contribuyan a resguardar la salud de las personas Consejeras Políticas Nacionales, en virtud de la emergencia sanitaria y se ordena a la persona titular de la Presidencia del CEN y de la Presidencia del CPN, convocar a la brevedad posible a la sesión extraordinaria plenaria del CPN en su modalidad a distancia.
      Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 22 del Reglamento del CPN dispone que la Convocatoria de las sesiones extraordinarias de ese órgano colegiado deberá ser expedida al menos con cuarenta y ocho horas antes de la fecha de la sesión.
      En consecuencia, en cumplimiento a la citada disposición, de las constancias del expediente, se acredita que el uno de agosto de dos mil veinte, y con cuarenta y ocho horas previas a la fecha de la celebración de la sesión extraordinaria del CPN, el titular de la Presidencia de ese órgano colegiado de dirección emitió, en lo general, la Convocatoria, y para cada persona integrante, seiscientos cincuenta y cinco "Cartas Convocatoria" a la LI Sesión Extraordinaria del CPN, a celebrarse el lunes tres de agosto de dos mil veinte, a las dieciocho horas, a distancia, vía plataforma digital, indicado en el caso de las "Cartas Convocatoria" personalizadas la liga y el ID de la reunión. Asimismo, se precisó que a partir de las dieciséis horas de ese día se abriría el acceso a la plataforma digital por el que se registraría la asistencia, siendo necesario que el dispositivo digital contuviera el nombre y apellidos de cada persona Consejera Política Nacional.
          Lo anterior, se constató por esta autoridad del análisis de:
-     La Cédula de fijación en Estrados de las oficinas del CPN, de uno de agosto de dos mil veinte, a las doce horas;
 
-     Las constancias de notificación de las "Cartas Convocatoria" personalizadas para cada persona Consejera Política Nacional, que fueron remitidas por correo electrónico de la Secretaría Técnica del CPN, el uno de agosto de dos mil veinte, de las catorce horas con un minuto a las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos.
En tal virtud, esta autoridad concluye que la Convocatoria para celebrar la LI Sesión Extraordinaria del CPN el tres de agosto de dos mil veinte, a las dieciocho horas, se emitió en tiempo y forma, observando lo dispuesto en los artículos 77 y 84, fracción II, de los Estatutos, en relación con lo establecido en los artículos 18, fracciones II y III, y 22 del Reglamento del CPN, así como el Punto Primero del Acuerdo citado en el presente considerando.
Publicación de la Convocatoria
15.  El párrafo tercero del artículo 22 del Reglamento del CPN, señala que tanto la convocatoria, como el orden del día, las propuestas y las actas del Consejo, sus Consejos Técnicos y sus Comisiones Temáticas y de Dictamen, serán remitidos por los medios convencionales o medios electrónicos; es decir, no se ordena la "publicación" de la convocatoria respectiva, sino la remisión y los medios de hacerlo, que de la misma forma tienen por objeto el hacer del conocimiento la Convocatoria a las personas integrantes de CPN.
Vinculado con el considerando anterior, tal como se señaló, de la valoración de las citadas documentales adminiculadas entre sí, se acredita la publicación o remisión de la Convocatoria a la LI Sesión Extraordinaria del CPN, a través de uno de los medios convencionales (Estrados) y uno electrónico (correo electrónico) previsto así en el Reglamento del CPN.
Notificación de la Convocatoria
16.  .Al respecto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 22 del Reglamento del CPN, esta autoridad concluye que dicho requisito se cumple, pues como ha quedado descrito en el considerando 15, de las constancias presentadas, se acredita el cumplimiento de la notificación de la Convocatoria a la LI Sesión Extraordinaria del CPN a través de correos electrónicos enviados el uno de agosto de dos mil veinte a cada una de las personas Consejeras Políticas Nacionales, junto con el proyecto de Orden del Día correspondiente.
Igualmente, se acredita la notificación de la Convocatoria de cuenta, con la referida publicación en Estrados del CPN, del uno al tres de agosto de dos mil veinte, mediante cédulas de razón de fijación y de retiro correspondientes.
Orden del Día
17.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, fracción II, 22, 27, 31 y 33 del Reglamento del CPN, la persona titular de la Presidencia de ese órgano colegiado tiene como atribución, entre otras, el formular el Orden del Día de las sesiones plenarias. En cuanto a la temporalidad, para las sesiones extraordinarias, el Orden del Día se integrará al menos con cuarenta y ocho horas anteriores a la verificación de la sesión.
De las constancias que obran en el expediente, se desprende que la Convocatoria, las "Cartas Convocatoria" dirigidas a cada una de las personas Consejeras y el Orden del Día de la sesión, fueron formuladas por la persona titular de la Presidencia del CPN.
Igualmente, consta que en el punto de 4 del Orden del Día aprobado de la Convocatoria presentada, lo siguiente:
"(...)
4.    Presentación del Acuerdo General INE/CG186/2020 (....)
4.1.- Presentación del Dictamen emitido por la Comisión Temática y de Dictamen de Fortalecimiento de la Ideología Partidista, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
(...)"
(Énfasis añadido)
Tocante a dicho requisito, compulsado con el contenido del acta de la LI Sesión Extraordinaria del CPN de tres de agosto de dos mil veinte, el mismo fue agotado.
Quórum e Instalación de la sesión extraordinaria del CPN
18.  Para acreditar el cumplimiento de este requisito, el partido político presentó el Acta de Registro de Asistencia, de tres de agosto de dos mil veinte, iniciada a las dieciséis horas y concluida a las
diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos de ese mismo día, emitida por la persona Titular de la Secretaria Técnica del CPN, en la que da cuenta del ingreso a la plataforma digital señalada en la Convocatoria de cuatrocientas cincuenta y una (451) personas Consejeras Políticas Nacionales.
Asimismo, la Lista de Asistencia de las once (11) personas Consejeras Políticas Nacionales que participaron de forma presencial, en la sede del CEN.
Tal como consta en el Acta de la LI Sesión Extraordinaria del CPN, en la que se informó, de acuerdo al registro de asistencia había quórum con una participación total de cuatrocientas sesenta y dos (462) personas Consejeras Políticas Nacionales, por lo que se declaró legalmente instalada la LI Sesión Extraordinaria del CPN.
Actos que fueron certificados a través de la presencia del Notario Público 241 de la Ciudad México quien da Fe de los hechos ocurridos, anexando el acta número tres mil ochocientos uno (33,801) correspondiente, en la cual se describe la instalación, asistencia y formalidades de la LI Sesión Extraordinaria del CPN.
Por otra parte, en términos del artículo 78 de los Estatutos, para sesionar en pleno, el CPN requiere la asistencia de la mayoría de sus integrantes; y en relación con el quórum, el artículo 24 del Reglamento del CPN dispone que se comprobará invariablemente con la lista de asistencia respectiva, misma que deberán firmar sus integrantes al acceso.
Este último requisito resulta aplicable en situaciones ordinarias, por lo que al no contemplar la normatividad interna del PRI la forma en la que se comprobará el quórum en casos extraordinarios como lo es la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, y derivado de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para prevenir su propagación y evitar riesgos de la salud pública, entre otras, el distanciamiento social y la no concentración de personas; en consecuencia, y sólo por las razones que aquí se exponen, no ha lugar a exigir que se haya observado lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento del CPN. No obstante, se valoran con ese fin las constancias referidas en este Considerando y que obran en el expediente certificadas.
Si bien, como consta de las impresiones de los correos electrónicos, por los que el Secretario Técnico del CPN, remite, para cada persona integrante de ese órgano colegiado, las "Cartas Convocatoria" y Proyecto de Orden del Día", de uno de agosto de dos mil veinte, se advierte que convocan a las seiscientas cincuenta y cinco (655) personas, se concluye que participaron en la LI Sesión Extraordinaria del CPN un total de cuatrocientas sesenta y dos (462) personas integrantes de ese órgano de dirección de un total de seiscientas cincuenta y cinco (655), por lo que la sesión se llevó a cabo con el setenta punto cincuenta y tres por ciento (70.53 %).
Sin embargo, de conformidad con el artículo 55, numeral 1, inciso i), de la LGIPE, que dispone que la DEPPP tiene la atribución de: "llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados ante los órganos del Instituto a nivel nacional, local y distrital"; la verificación de la lista de asistencia se realizó tomando en consideración el registro de las personas integrantes de los órganos directivos que obra en los archivos del INE, de donde se concluye que participaron en la LI Sesión Extraordinaria del CPN un total de cuatrocientas sesenta y dos (462) personas integrantes de ese órgano de dirección de un total de seiscientas sesenta y dos (662), por lo que la sesión se llevó a cabo con el sesenta y nueve punto setenta y ocho por ciento (69.78 %).
Es decir, el quórum se logró al contar con la presencia del sesenta y nueve punto setenta y ocho por ciento (69.78 %) del total de las personas Consejeras Políticas Nacionales, conforme lo establece el artículo 78 de los Estatutos, lo que se acredita con las constancias descritas en la parte inicial de este Considerando.
De la votación y toma de decisiones
19.  En los artículos 78 de los Estatutos, 23 y 38 del Reglamento del CPN, se determina que las resoluciones del Pleno de ese órgano colegiado se acordarán por mayoría de votos de las personas Consejeras presentes, y que las votaciones se harán personalmente en forma económica, nominal o por cédula.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, primer párrafo, y 83, fracción XXI, de los Estatutos, en relación con el 21, fracción XXIII, del Reglamento del CPN, se exige que cuando ese órgano colegiado de dirección, en caso debidamente justificado, reforme, adicione o derogue los Estatutos, con excepción del Título Primero, lo hará con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas.
Así, de la valoración de las constancias que obran en el expediente, específicamente del acta de la LI Sesión Extraordinaria del CPN, se acredita que el Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones a los Estatutos, fue con el voto de más de las dos terceras partes de sus
integrantes presentes y a distancia, considerando que la sesión se instaló con un quórum de cuatrocientas sesenta y dos (462) personas integrantes de ese órgano de dirección y que se emitieron a favor de la modificación de los Estatutos, en forma económica, trescientos noventa y tres (393) votos; esto es, con una votación a favor del ochenta y cinco por cierto (85%) de las personas Consejeras Políticas Nacionales participantes en la sesión de cuenta, que rebasa el sesenta y siete por ciento (67%) requerido.
Vinculado a lo anterior, por lo que hace a la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas del PRI, también se acredita que se cumplió ello, al valorarse las veintisiete (27) actas de las sesiones correspondientes a las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Ciudad de México, Tlaxcala, San Luis Potosí y Estado de México.
Tomando en consideración la documentación presentada por el PRI, al dar respuesta al requerimiento INE/DEPPP/DE/6860/2020 formulado por la DEPPP, respecto al procedimiento estatutario a seguir en la celebración de los Consejos Políticos Estatales en pleno, que convalidan las reformas aprobadas por el CPN, al presentar las copias certificadas de las listas de las y los consejeros políticos que participaron virtualmente, se desprende, lo siguiente:
ENTIDAD
FEDERATIVA
ASISTENTES
1ª CONVOCATORIA
ASISTENTES
2ª CONVOCATORIA*
# DE
INTEGRANTES
QUÓRUM
%
APROBACIÓN DEL
ACUERDO
AGUASCALIENTES
209
NA
352
59.37%
MAYORÍA
CALIFICADA
BAJA CALIFORNIA
167
NA
619
26.97%
MAYORÍA
REQUERIDA
BAJA CALIFORNIA
SUR
75
75
274
27.37%
MAYORÍA
REQUERIDA
CAMPECHE
396
NA
489
80.98%
UNANIMIDAD
CIUDAD DE MÉXICO
411
NA
553
74.32
MAYORÍA DE VOTOS
COAHUILA
490
NA
650
75.38%
MAYORÍA DE VOTOS
COLIMA
148
NA
281
52.66%
MAYORÍA DE VOTOS
CHIAPAS
157
203
650
31.23%
UNANIMIDAD
CHIHUAHUA
224
NA
1,086
20.62%
MAYORÍA
REQUERIDA
DURANGO
296
NA
486
60.90%
MAYORÍA
REQUERIDA
ESTADO DE MÉXICO
535
NA
560
95.53%
MAYORÍA DE VOTOS
JALISCO
301
NA
600
50.16%
MAYORÍA
MORELOS
168
182
623
29.21%
UNANIMIDAD
NAYARIT
240
NA
417
57.55%
UNANIMIDAD
NUEVO LEÓN
343
NA
648
52.93%
MAYORÍA
OAXACA
310
NA
499
62.12%
MAYORÍA
REQUERIDA
PUEBLA
359
NA
627
57.25%
UNANIMIDAD
QUINTANA ROO
266
NA
459
57.95º%
MAYORÍA DE VOTOS
SAN LUIS POTOSÍ
205
NA
402
50.99%
MAYORÍA DE VOTOS
SINALOA
161
NA
335
48.05%
UNANIMIDAD
SONORA
412
NA
650
63.38%
MAYORÍA
REQUERIDA
TABASCO
205
115
618
18.60%
MAYORÍA DE VOTOS
TAMAULIPAS
328
NA
500
65.6%
360 VOTOS A
FAVOR**
TLAXCALA
243
NA
424
57.31%
MAYORÍA
VERACRUZ
242
NA
383
63.18%
MAYORÍA
YUCATÁN
221
235
626
37.53%
216 VOTOS A
FAVOR***
ZACATECAS
207
NA
427
48.47%
UNANIMIDAD
*Art. 24 del Reglamento del CPN. Se Considera válida con los presentes.
**Del acta de la sesión se desprende que votaron a favor 360 consejeros, pero de la lista de asistencia se observa que asistieron 328 de 500 integrantes.
***Del acta de la sesión se desprende que votaron a favor 216 consejeros de los 235 asistentes.
De lo anterior, en concordancia con lo previsto en los artículos 24 y 72 del Reglamento de CPN, en el que se establece que los consejos políticos de las entidades federativas, para sesionar en Pleno, requerirán de la asistencia de la mayoría de sus integrantes, entre quienes deberá estar la persona titular de la Presidencia, y sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos de las
Consejeras y los consejeros presentes, aplicándose este mismo precepto para las sesiones de comisiones, se verificó que de los veintisiete (27) Consejos Políticos Estales presentados cuatro (4): Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas, no cumplen con el porcentaje de quórum requerido, por lo que sólo se valorarán los acuerdos adoptados por las sesiones celebradas en las veintitrés (23) entidades federativas que se instalaron válidamente.
En consecuencia, considerando que el PRI tiene treinta y dos (32) Consejos Políticos de las entidades federativas y que las modificaciones fueron aprobadas por veintitrés (23) de éstos, se tiene también por cumplido dicho requisito al aprobarse por la mayoría y que equivale al setenta y uno punto ochenta y siete por ciento (71.87%). Haciendo constar así, que las modificaciones a los Estatutos aprobadas por el CPN, fueron aprobadas por la mayoría de los Consejos Políticos Estatales, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 16 primer párrafo de los Estatutos.
Inconformidades al procedimiento de aprobación de modificaciones
20.  En relación con el procedimiento estatutario para la aprobación de las modificaciones materia de esta Resolución, a continuación, se analizarán las inconformidades relacionadas con ello, las cuales, para efectos del estudio correspondiente, se agruparán en temas en los casos donde exista similitud en los argumentos, sin que esto implique, de forma alguna, una afectación jurídica a las personas inconformes, porque lo fundamental, es que sean estudiadas en su totalidad al analizar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos.
Violación al artículo 105, fracción II, de la Constitución
Los militantes Armando Barajas Ruiz, Omar Jalil Flores Majul, Juan José Ruíz Rodríguez y Cenovio Ruiz Zazueta(6), medularmente sostienen que la modificación a los Estatutos viola lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución, en el mandato específico concerniente a que: "Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el Proceso Electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales", porque si bien los Estatutos de un partido político no son una ley, sí regulan todo lo relacionado con la postulación de candidaturas a cargos de elección popular.
Al respecto, es importante señalar que, efectivamente, en el artículo 105, fracción II, de la Constitución, y en su ley reglamentaria, se establece que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse cuando menos noventa días antes de que inicie el Proceso Electoral en que vayan a aplicarse; que durante éste no pueden someterse a modificaciones fundamentales, así como el sistema de su impugnación, conforme al cual la única vía para plantear la no conformidad de dichas leyes con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, que puede promoverse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la respectiva publicación y que la única autoridad competente para conocer y resolver dichas acciones es la SCJN, las que deben tramitarse y resolverse en plazos breves, a fin de que el legislador esté en posibilidad de llevar a cabo las modificaciones pertinentes, en caso de que la norma impugnada sea declarada inconstitucional.
De lo anterior, esta autoridad considera que no existe la violación alegada por los inconformes, ya que, efectivamente, tal y como ellos lo refieren, los documentos básicos de los partidos políticos o en específico los Estatutos, no tienen el carácter de ley, pues para ello se requeriría, además de que fueran de interés general, abstracto, imperativo y permanente, que emanaran del órgano constitucional facultado para legislar, atribución reservada en nuestro régimen federal exclusivamente al Poder Legislativo.
No obstante, lo que sí está previsto en relación con la elaboración y modificación de los documentos básicos de los partidos políticos, es que si bien ello es parte de sus asuntos internos, hay una limitante prevista en el artículo 34, numeral 1, de la LGPP, consistente en que no se podrán realizar una vez iniciado el Proceso Electoral, lo que en el caso concreto no se actualiza, ya que la aprobación de las modificaciones a los Estatutos por parte del CPN se realizó el tres de agosto de dos mil veinte, fecha en la cual no habían iniciado el PEF 2020-2021, aunado a lo anterior, no debe pasar por alto el régimen de excepción establecido en el Acuerdo INE/CG186/2020.
Por otro lado en el artículo 39, numeral 1, inciso h), de la LGPP, señala de manera clara que los Estatutos de los partidos políticos deben establecer las normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, derecho que en ejercicio a su libertad de autoorganización el partido político, previo al inicio del Proceso Electoral ha ejercido.
Posibilidad de modificar previamente los Estatutos
Los militantes Luis Javier Guerrero Guerra, Juan José Ruíz Rodríguez y Cenovio Ruiz Zazueta,
hacen valer que existe transgresión al Acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinte, por el que se autorizó convocar a la Asamblea Nacional Ordinaria el quince de agosto del año en curso, ya que no se cumplió, y que el partido político tuvo más de dos años para modificar los Estatutos y no lo hizo, por lo que no tiene alguna justificación el CPN para hacerlo.
En relación con estos argumentos y de las constancias de autos, se desprende que, contrario al dicho de los inconformes, la Asamblea Nacional celebra sesiones en forma ordinaria cada tres años y que la última fue la XXII Asamblea Nacional Ordinaria, de doce de agosto de dos mil diecisiete; por esta razón, efectivamente en la L Sesión Extraordinaria del CPN, de cuatro de marzo de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo por el que se autoriza al CEN a emitir la Convocatoria para el desarrollo y sesión de la XXIII Asamblea Nacional, programada para el sábado quince de agosto de dos mil veinte, con lo que se demuestra que antes de que se declarara la pandemia causada por el Covid-19 a nivel mundial, ya se tenía previsto celebrar la sesión de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, atendiendo al hecho notorio citado de emergencia sanitaria internacional y nacional, es que el Acuerdo del que se reclama su incumplimiento no pudo ni puede materializarse, tal y como pasó y acontece con muchos aspectos programados de autoridades de todos los niveles y de las personas privadas. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis CXX/2001(7), aprobada por la Sala Superior, de rubro: LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS.
No obstante, congruente con lo anterior, consta que la Mesa Directiva de ese órgano colegiado, razonando que ante la continuidad de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 en el país; la imposibilidad de celebrar actos y eventos públicos a corto plazo, sobre todo cuando ello implique concentración masiva de personas, así dispuesto por las autoridades sanitaras; que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225, numeral 3, de la LGIPE, el próximo PEF inicia con la primera sesión que realice este Consejo General en la primera semana de septiembre de dos mil veinte, y que éste concurre con aquellos procesos electorales que se llevarán en las entidades federativas; el catorce de julio de dos mil veinte sancionó el Acuerdo por el que se determina proponer al Pleno del CPN, para su aprobación, ampliar el plazo para la celebración de la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria, en un término no mayor de dieciocho meses contados a partir del doce de agosto de dos mil veinte, conforme con lo establecido en el artículo 69 de los Estatutos; es decir, al actualizarse la hipótesis prevista en el sentido de que por caso fortuito, fuerza mayor o pertinencia electoral, el CPN puede acordar ampliar el plazo para la celebración de la Asamblea Nacional a un término no mayor de dieciocho meses. Acuerdo que ya fue aprobado en la LI Sesión Extraordinaria del CPN de tres de agosto de dos mil veinte.
Por lo que hace a la parte de la inconformidad relativa a que el PPN tuvo más de dos años para modificar los Estatutos y por ello no hay justificación para que lo hiciera el CPN; esta autoridad no advierte que de los documentos básicos del PRI o de su reglamentación, se establezca una temporalidad específica para la modificación de los Estatutos y, por ende, pueda reclamarse la omisión, ello con fundamento en lo establecido en el artículo 225 numeral 3, de la LGIPE.
Posibilidad de sesionar de manera presencial
Los militantes Armando Barajas Ruiz, Juan José Ruíz Rodríguez y Cenovio Ruiz Zazueta, indican como parte de sus inconformidades, que las instalaciones del PRI sí permiten llevar a cabo eventos observando las medidas sanitarias, como la sana distancia, por lo que la sesión pudo celebrarse de manera presencial.
Lo anterior, como se ha venido señalando a lo largo de la presente Resolución, resulta inconcuso, toda vez que las medidas sanitarias que han sido dictadas por las autoridades competentes tienen como fin único el de salvaguardar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos, de ahí que se han tenido que adoptar diversas herramientas tecnológicas tanto a nivel público como privado, para poder dar continuidad en la medida de lo posible a las actividades de cada uno de los actores de nuestro país.
Falta e indebida fundamentación y motivación actos
Las personas militantes Armando Barajas Ruiz, Alejandro Jassyel Babina Cano, Leslie Getsami Ortega Barrera y Domitilo Vite Carlos, Omar Jalil Flores Majul, Juan José Ruíz Rodríguez y Cenovio Ruiz Zazueta, impugnan que la Carta Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día no están fundadas ni motivadas para que se haya celebrado la LI Sesión Extraordinaria del CPN de forma virtual o a distancia a través de una plataforma digital, ni se refiere la emergencia sanitaria causada por el Covid-19; asimismo, que el Acuerdo por el que se aprueban reformas, adiciones y
derogaciones a diversas disposiciones de los Estatutos, no está debidamente fundado y motivado, al pretender ser consecuencia del Acuerdo INE/CG186/2020, que también está indebidamente fundado y motivado, porque el Consejo General del INE no tiene facultades expresas para resolver consultas relacionadas con la interpretación de normas estatutarias.
El artículo 16 de la Constitución establece, en su primer párrafo, el imperativo para todas las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de las personas, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección.
Lo argüido por los inconformes es inexacto, pues de acuerdo a lo que dispone el numeral 41, Base V, de la Constitución, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, quien a su vez guiará su actividad bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, su Consejo General tiene la atribución de vigilar que las actividades de los PPN se desarrollen con apego a Ley citada y la LGPP, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; y tiene la facultad de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en otra legislación aplicable, como la LGPP, entre otras.
Tal atribución, se ha reflejado en el Acuerdo INE/CG186/2020 fue debidamente fundado y motivado; pues la autoridad electoral nacional respondió que la interpretación que realizó el PRI era congruente con su norma estatutaria, sumado a la situación de emergencia sanitaria que prevalece en el país derivada de la enfermedad causada por el Covid-19, y que incluso, como se expuso en los antecedentes de ese Acuerdo y en esta resolución, ha generado que este Instituto suspenda y posteriormente modifique diversos plazos legales, como fue en su momento el proceso de constitución de nuevos PPN 2019-2020.
En tal razón, la Sala Superior ha orientado su criterio al reconocimiento de la existencia de facultades implícitas, las que deben de deducirse de otras facultades expresamente reconocidas en el orden jurídico, entendiendo en ese sentido que su presencia no es autónoma, sino que está subordinada a las segundas, por lo que éstas tienen el carácter de principales, y siempre que resulten necesarias para cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado el INE.
Tales consideraciones han sido recogidas en la Jurisprudencia emitida por la Sala Superior, con la clave 16/2010(8), cuyo título y texto son del tenor siguiente:
FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen; por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente. En este sentido, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado el Instituto Federal Electoral.
Como ya se mencionó, el ejercicio de las facultades implícitas debe estar encaminado de manera particular, a la consecución de los fines asignados a este Instituto, y a su relación con las atribuciones o facultades conferidas a su Consejo General, tales como el asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones para renovar a las personas integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y de manera general, velar que todos los actos en materia electoral, incluidos los de los partidos políticos, se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente.
De otra manera, tales atribuciones se tornarían ineficaces y difícilmente se alcanzarían los fines
institucionales previstos en la Constitución, en la LGIPE y en la LGPP.
En razón de lo expuesto, se puede concluir que no les asiste la razón a las personas inconformes, por lo que hace a sus afirmaciones en el sentido de que este Consejo General no tiene facultades expresas para emitir el Acuerdo INE/CG186/2020.
Formalidades de la sesión
Todas las personas militantes inconformes, con excepción de Omar Jalil Flores Majul y Luis Javier Guerrero Guerra, hacen valer aspectos relacionados con las formalidades para las sesiones, las cuales se encuentran reguladas en los Estatutos y en el Reglamento del CPN; pero ello se entiende, ahí previsto, en situaciones ordinarias, así como que en dichas circunstancias debe ser verificado por esta autoridad su cumplimiento, entre otros aspectos.
Como se ha reiterado, debido a la contingencia sanitaria extraordinaria causada por el Covid-19, es un hecho notorio que ningún ente, tanto público como privado(9), tenía previsto un régimen específico para atender tal situación a través de herramientas tecnológicas, por lo que ante el nivel de impacto que ha causado, ha sido necesario buscar estas alternativas para poder continuar con sus labores, en tal virtud, se han realizado actos que aun y cuando no están normados o previstos, no por ello resultan ilegales, sino que son concebidos como razonables y justificados para cumplir, en la medida de lo posible, con las actividades que en circunstancias de normalidad se realizan.
Pues no debe pasar desapercibo que, derivado de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 en el país, así como las recomendaciones de las autoridades sanitarias, consta que a través del Comunicado C-185/2020 de trece de marzo de dos mil veinte; la Circular SFA/SSA/0013/2020 de diecisiete de abril de dos mil veinte y la Circular SFA/SSA/0015/2020, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, el PRI suspendió sus actividades, incluidos los actos y eventos políticos que impliquen la concentración de personas.
En ese orden de ideas y por las razones expuestas, no resultan atendibles las inconformidades.
Quórum e instalación no verificada
Las personas militantes Yesenia Rodríguez Caudillo, Alejandro Jassyel Babina Cano, Leslie Getsami Ortega Barrera y Domitilo Vite Carlos, argumentan la invalidez de la LI Sesión Extraordinaria del CPN, al afirmar que se llevó a cabo sin verificarse el quórum, ni se previó en el Orden del Día; no se hizo la declaración de instalación y desconocen cuántas personas integrantes aprobaron las modificaciones a los Estatutos.
Al respecto, y como ya se mencionó al verificar esos aspectos en este Apartado A, contrario a lo que afirman los inconformes, para acreditar el cumplimiento, el partido político presentó el Acta de Registro de Asistencia, de tres de agosto de dos mil veinte, iniciada a las dieciséis horas y concluida a las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos de ese mismo día, emitida por la persona Titular de la Secretaria Técnica del CPN, en la que da cuenta del ingreso a la plataforma digital señalada en la Convocatoria de cuatrocientas cincuenta y una (451) personas Consejeras Políticas Nacionales. Asimismo, la Lista de Asistencia de las once (11) personas Consejeras Políticas Nacionales que participaron de forma presencial declarando que había quórum con una participación total de cuatrocientas sesenta y dos (462) personas Consejeras Políticas Nacionales, por lo que se declaró legalmente instalada la LI Sesión Extraordinaria del CPN.
Tocante a que en el Orden del Día no se previó que se llevaría a cabo la verificación del quórum, no es un requisito que se exija en alguna disposición normativa interna del PRI; no obstante, se aclara a las personas inconformes que en el Orden del Día sí se previó como punto 1 la instalación de la sesión, lo que lógicamente conlleva la verificación del quórum previamente. Asimismo, tanto en la Convocatoria y en las "Cartas Convocatoria" personalizadas, se indicó a todas las personas integrantes del CPN, que la plataforma que se utilizaría en la sesión a distancia se abriría a partir de las dieciséis horas para el registro de asistencia, e incluso se les pidió como requisito necesario, que el dispositivo digital que utilizaran contuviera su nombre y apellidos.
Por otra parte, en términos del artículo 78 de los Estatutos, para sesionar en pleno, el CPN requiere la asistencia de la mayoría de sus integrantes; y en relación con el quórum, el artículo 24 del Reglamento del CPN dispone que se comprobará invariablemente con la lista de asistencia respectiva, misma que deberán firmar sus integrantes al acceso.
Esto último requisito resulta aplicable en situaciones ordinarias, por lo que al no contemplar la normatividad interna del PRI la forma en la que se comprobará el quórum en casos extraordinarios
como lo es la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, y derivado de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para prevenir su propagación y evitar riesgos de la salud pública, entre otras, el distanciamiento social y la no concentración de personas; en consecuencia, y sólo por las razones que aquí se exponen, no ha lugar a exigir que se haya observado lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento del CPN. No obstante, se valoran con ese fin las constancias referidas en este Considerando y que obran en el expediente certificadas.
Por lo que hace al desconocimiento de las personas inconformes de cuántas personas integrantes aprobaron las modificaciones a los Estatutos; tal y como ya se señaló, en el caso concreto, debido a que las modificaciones a los Estatutos se llevaron a cabo al materializarse las tres hipótesis previstas en el artículo 16 de ese documento básico; esta autoridad considera que debe verificarse la mayor exigida por ese PPN y que es la prevista en el primer párrafo de dicho numeral, ya que, con ello, a la vez, se tendrá por cumplida aquella que es requerida en el segundo párrafo del citado numeral 16.
Así, de la valoración de las constancias que obran en el expediente, específicamente del acta de la LI Sesión Extraordinaria del CPN, se acredita que el Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones a los Estatutos, fue con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y a distancia, considerando que la sesión se instaló con un quórum de cuatrocientas sesenta y dos (462) personas integrantes de ese órgano de dirección y que se emitieron a favor de la modificación de los Estatutos, en forma económica, trescientos noventa y tres (393) votos; esto es, con una votación a favor del ochenta y cinco por cierto (85%) de las personas Consejeras Políticas Nacionales participantes en la sesión de cuenta.
Presentación del Dictamen
Las personas militantes Alejandro Jassyel Babina Cano, Leslie Getsami Ortega Barrera y Domitilo Vite Carlos, sostienen que, en el Orden del Día, se previó la presentación del Dictamen de Modificaciones a los Estatutos, pero no se estipuló su análisis, discusión y votación, por lo que no podía ser votado y decirse que se aprobó.
Del Proyecto de Orden del Día y del Acta de la LI Sesión Extraordinaria del CPN, se desprende que, efectivamente, el punto 4.1 fue redactado como la Presentación del Dictamen emitido por la Comisión, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Estatutos; sin embargo, de la normatividad interna del PRI, no se prevé alguna formalidad relativa a cómo debe redactarse el Orden del Día y, el artículo 27 del Reglamento del CPN, sólo dispone que las sesiones del Pleno se desarrollarán de conformidad con el Orden del Día que integrará la persona titular de la Presidencia, tomando en cuenta los asuntos que propongan las personas Consejeras, así como los dictámenes e informes que deban presentar los Consejos Técnicos y las Comisiones Temáticas y de Dictamen.
En consecuencia, y tomando en consideración lo establecido en el texto de la convocatoria a la LI Sesión Extraordinaria del CPN, se desprende expresamente el punto de 4 del Orden del Día aprobado de la Convocatoria presentada, lo siguiente:
"(...)
4.    Presentación del Acuerdo General INE/CG186/2020 (....)
4.1.- Presentación del Dictamen emitido por la Comisión Temática y de Dictamen de Fortalecimiento de la Ideología Partidista, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.
(...)"
(Énfasis añadido)
Documento que, vinculado con el acta relativa a dicha sesión, en la cual se observa que el punto referido fue presentado, explicado y sometido a la aprobación de las personas Consejeras, sin que alguien, como las hoy personas inconformes, manifestara alguna cuestión al respecto, como abordar la discusión de algún aspecto o el sentido de la votación que se haría, entre otros.
En virtud de lo anterior, esta autoridad determina que, las apreciaciones de las personas militantes inconformes resultan inexactas.
Debate y Discusiones en la sesión
Las personas militantes Armando Barajas Ruiz y Cenovio Ruiz Zazueta, señalan que no se permitió el debate de las propuestas de modificaciones a los Estatutos, ya que no hubo registro de oradores y se impidió realizar éste, por lo que también trajo como consecuencia que se impidiera el
ejercicio de los derechos de las mujeres integrantes y ello es violencia política en razón de género.
De las constancias del expediente que se resuelve, no existe alguna prueba o indicio que permita presumir, aunque sea de manera indiciaria, que el dicho de las personas inconformes puede confirmarse, y éstas, no aportaron elementos de convicción que soportaran sus afirmaciones; es decir, no hay pruebas de las que se desprenda, por ejemplo, que se solicitó a la persona titular de la Secretaría, por parte de alguna persona integrante del CPN, que se hiciera el registro de oradores para intervenir en las deliberaciones de las modificaciones a los Estatutos, ni del acta de la sesión se desprende algún hecho como los señalados por las personas inconformes.
Mecanismo de votación
La militante Yesenia Rodríguez Caudillo, hace valer, como inconformidad, que no se cumplió el mecanismo de votación en la LI Sesión Extraordinaria del CPN. Sin embargo, del acta de la sesión, se acredita que el Secretario Técnico del CPN, antes de iniciar con los temas del Orden del Día, solicitó a las personas integrantes de ese órgano colegiado, que las votaciones fueran tomadas en forma económica, lo que fue aprobado.
Así, contrario a lo argumentado, se acredita que sí se cumplió con uno de los mecanismos de votación, de los tres previstos en el artículo 38 del Reglamento del CPN (económica, nominal o por cédula).
Incompetencia del CPN para aprobar las modificaciones
Las personas inconformes Juan José Ruíz Rodríguez y Cenovio Ruiz Zazueta, argumentan, medularmente, que el CPN no podía llevar a cabo las modificaciones a los Estatutos, porque no se ubica en las excepciones previstas en el artículo 16 de ese documento básico, ya que no hay causa justificada; además, que ésta no sólo se refiere a la imposibilidad material y humana de asistir a un lugar para la celebración de la Asamblea, sino que las modificaciones de los Estatutos también deben tener una causa justificada, lo que en el caso no acontece, ya que los próximos procesos electorales federal y locales, no es una causa justificada ni apremiante, sino debe ser un caso fortuito.
Dichos argumentos se consideran tardíos, por una parte, e inexactos, por otra. Ello es así, ya que lo que se advierte, es que las personas inconformes lo que impugnan son las consideraciones que respecto del tema se hicieron al responder la consulta del PRI a través del Acuerdo INE/CG186/2020 de treinta de julio de dos mil veinte; por lo que, si ello les causaba agravio, entonces es aquel el que debían impugnar en tiempo y forma, ante el órgano jurisdiccional competente.
Cabe señalar, que Cenovio Ruiz Zazueta, presentó juicio ciudadano para controvertir el citado Acuerdo INE/CG186/2020; registrado ante la Sala Superior del TEPJF con número de expediente SUP-JDC-1789/2020, medio de impugnación que fue desechado mediante Resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte.
Asimismo, los motivos de disenso son inexactos, ya que como se expuso en el considerando 13 al verificar el órgano competente para la aprobación de las modificaciones estatutarias, si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos es competencia ordinaria de la Asamblea Nacional reformar, adicionar o derogar los documentos básicos, también lo es que en términos de lo dispuesto por los artículos 16 y 83, fracción XXI, de los Estatutos, en relación con el artículo 21, fracción XXIII, del Reglamento del CPN, ese órgano deliberativo de dirección colegiada nacional, es competente, de manera excepcional, para reformar, adicionar o derogar los Estatutos, con excepción del Título Primero(10).
Aunado a lo anterior, consta que la Mesa Directiva de ese órgano colegiado, razonó que ante la continuidad de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 en el país; la imposibilidad de celebrar actos y eventos públicos a corto plazo, sobre todo cuando ello implique concentración masiva de personas, así dispuesto por las autoridades sanitaras; que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225, numeral 3, de la LGIPE, el próximo PEF inicia con la primera sesión que realice este Consejo General en la primera semana de septiembre de dos mil veinte, y que éste concurre con aquellos procesos electorales que se llevarán en las entidades federativas; el catorce de julio de dos mil veinte sancionó el Acuerdo por el que se determina proponer al Pleno del CPN, para su aprobación, ampliar el plazo para la celebración de la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria, en un término no mayor de dieciocho meses contados a partir del doce de
agosto de dos mil veinte, conforme con lo establecido en el artículo 69 de los Estatutos; es decir, al actualizarse la hipótesis prevista en el sentido de que por caso fortuito, fuerza mayor o pertinencia electoral, el CPN puede acordar ampliar el plazo para la celebración de la Asamblea Nacional a un término no mayor de dieciocho meses.
En la misma sesión de la Mesa Directiva de catorce de julio de dos mil veinte, y por las mismas razones antes apuntadas que generan la imposibilidad material, hasta la fecha, de realizar la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria; se aprobó el Acuerdo por el que se determina autorizar a la Comisión, de manera inmediata, abocarse al estudio, análisis y Dictamen de las propuestas de reforma, adiciones o derogaciones a los Estatutos, para estar en condiciones estratégicas y legales para enfrentar los próximos procesos electorales federal y locales 2020-2021, pues se expuso que ante la imposibilidad de desarrollar las actividades de manera ordinaria, dicha Mesa Directiva está obligada a adoptar medidas suficientes y necesarias, así como dictar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos que permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones de ese PPN, armonizándolas a la normatividad interna, pero sin poner en riesgo la integridad y la salud de su militancia.
En conclusión, esta autoridad resolutora considera que la modificación a los Estatutos y que fue notificada en tiempo y forma a este Instituto por parte de la Presidencia del CPN y del CEN, fue realizada por un órgano competente de ese PPN, pues ha ejercido las facultades excepcionales que tiene y que están previstas en los artículos 16 y 83, fracción XXI, de los Estatutos, al existir causas debidamente justificadas, notorias y probadas que lo permiten.
Procesos Electorales Locales en curso
Las personas inconformes Alejandro Jassyel Babina Cano, Leslie Getsami Ortega Barrera y Domitilo Vite Carlos, señalan que las modificaciones a los Estatutos se hicieron sin considerar que están en curso los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo, transgrediendo así lo dispuesto en el artículo 34, numeral 2, de la LGPP, que dispone que la elaboración y modificación de los documentos básicos de los partidos políticos no podrá realizarse una vez iniciado el Proceso Electoral; por ende, debió preverse un Artículo Transitorio que determinara que las modificaciones estatutarias entrarían en vigor para Coahuila e Hidalgo una vez que concluyan los Procesos Electorales Locales citados.
Al respecto, previo a atender la inconformidad apuntada, es importante precisar que el inicio de los Procesos Electorales Locales Ordinarios, en el estado de Hidalgo comenzó el quince de diciembre de dos mil diecinueve y, el de Coahuila, el uno de enero de dos mil veinte; en el primer caso, para ocupar ochenta y cuatro ayuntamientos que habrán de renovarse y, en el segundo, para la elección de veinticinco diputaciones al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Asimismo, que de conformidad con el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo, aprobados por este Consejo General a través del Acuerdo INE/CG433/2019, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve; y de los Convenios Generales de Coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila y con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en cada caso, suscritos el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; se estableció que las jornadas electorales serían, ambas, el siete de junio de dos mil veinte.
Posterior a ello, y como ya se indicó en los antecedentes de esta Resolución, el treinta de marzo de dos mil veinte se hizo la declaratoria en México de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.
El uno de abril de dos mil veinte, este Consejo General aprobó, mediante Resolución INE/CG83/2020, ejercer la facultad de atracción, para el efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los Procesos Electorales Locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia generada por el Covid-19; y, más tarde, el treinta de julio de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo INE/CG170/2020, por el que se establece la fecha de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales en los estados de Coahuila e Hidalgo (dieciocho de octubre de dos mil veinte), la reanudación de las actividades inherentes a su desarrollo y los ajustes al Plan Integral y Calendarios de Coordinación.
Inconformes con la última determinación citada, los PPN Acción Nacional y Morena la impugnaron, y la Sala Superior, en sesión de catorce de agosto de dos mil veinte, emitió sentencia en los expedientes SUP-RAP-42/2020 y acumulado, confirmado el Acuerdo INE/CG170/2020.
En dicha sentencia, la Sala Superior señaló que es clara la línea jurisprudencial de ese TEPJF, en
cuanto a que las leyes contienen hipótesis comunes, no extraordinarias, en el sentido de que cuando se presenten circunstancias anormales, explicablemente no previstas en la normatividad, la autoridad debe buscar una solución con base en el conjunto de principios generales, aplicados de tal modo para satisfacer los fines y valores tutelados en esa materia.
En ese sentido, la Sala Superior indicó que no es razonable pretender que, por un lado, ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto concreto se encuentre regulado a detalle y, por el otro, que por falta de norma el mismo se quede sin resolver.
Asentado lo anterior y considerando los antecedentes referidos en esta resolución, respecto de la inconformidad en estudio, esta autoridad desprende lo siguiente:
- Efectivamente, el artículo 34, numeral 2, inciso a), de la LGPP, dispone que uno de los asuntos internos de los partidos políticos es la modificación de sus documentos básicos, lo cual, en ningún caso, se podrá hacer una vez iniciado el Proceso Electoral.
- Los Procesos Electorales Locales Ordinarios en los estados de Hidalgo y Coahuila iniciaron el quince de diciembre de dos mil diecinueve y uno de enero de dos mil veinte, respectivamente, previéndose que las jornadas electorales serían, ambas, el siete de junio de dos mil veinte.
- Estando en curso los Procesos Electorales Locales Ordinarios de referencia, así como aprobado el Acuerdo del CPN, por el que se autoriza al CEN a emitir la Convocatoria para celebrar la XXIII Asamblea Nacional Ordinaria el quince de agosto de dos mil veinte; la Organización Mundial de la Salud, el once de marzo de dos mil veinte, calificó como pandemia el brote de Covid-19, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados; y, el veintitrés de marzo siguiente, el Consejo de Salubridad General de México reconoce la epidemia causada por el mismo tipo de virus, generándose, a partir de ello, que las autoridades sanitarias hayan emitido diversas medidas de protección y control.
- Derivado de lo anterior, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, este Consejo General suspende los plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, entre ellas, la revisión de documentos básicos de los partidos políticos.
- El uno de abril de dos mil veinte, este Consejo General ejerce su facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los Procesos Electorales Locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia generada por el Covid-19.
- El trece de abril de dos mil veinte, fue publicado en la edición vespertina del DOF el Decreto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que implica, entre otros, que los Partidos Políticos Nacionales deben modificar sus documentos básicos para adecuarlos a dichas reformas y adiciones.
- El veintidós de julio de dos mil veinte, el PRI formuló a esta autoridad una consulta en relación a si era factible que el CPN pudiera modificar sus documentos básicos, conforme a todas las razones expuestas en ésta; así como si sus sesiones podían realizarse vía remota y, en su caso, de forma presencial (ambas modalidades); lo que fue respondido a través del Acuerdo INE/CG186/2020, de treinta de julio de dos mil veinte, el cual no fue impugnado por alguna persona militante, simpatizante o con interés del PRI.
- En la misma sesión de treinta de julio de dos mil veinte, este Consejo General estableció la fecha de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales en los estados de Coahuila e Hidalgo (dieciocho de octubre de dos mil veinte), la reanudación de las actividades inherentes a su desarrollo y los ajustes al Plan Integral y Calendarios de Coordinación; lo que fue impugnado y confirmado por la Sala Superior.
- El tres de agosto de 2020, el CPN modifica sus Estatutos y se notifica a esta autoridad el doce de agosto siguiente.
De los anteriores hechos, se advierte que si bien los procesos electorales de cuenta y los plazos para que el PRI modificara sus documentos básicos transcurrían en condiciones regulares u ordinarios; también lo es que debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 en México, el curso normal de ello se vio alterado ante la situación extraordinaria que se presentó y aún persiste.
Lo anterior representó que los Procesos Electorales Locales Ordinarios en los estados de Hidalgo y Coahuila se suspendieran del uno de abril al treinta de julio de dos mil veinte, es decir, por casi
cuatro meses; y esto se traduce en un período que corrió en contra de los PPN para modificar sus documentos básicos antes del inicio del PEF 2020-2021, porque en una situación ordinaria, en la que se hubieran realizado las jornadas electorales locales en la fecha programada (siete de junio de dos mil veinte), entonces, ello habría dado el tiempo suficiente para modificar sus documentos básicos antes del inicio del PEF 2020-2021, además de acatar lo dispuesto en el Decreto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En consecuencia, conforme al criterio señalado de la Sala Superior, en el sentido de que esta autoridad, en situaciones extraordinarias, debe buscar una solución; atendiendo la inconformidad que se analiza, resulta razonable y necesario que este Consejo General armonice dichas circunstancias; por lo que, de resultar procedentes las modificaciones a los Estatutos materia de esta Resolución, en apego a los principios de certeza y seguridad que rigen la función electoral y como derechos que tienen consagrados a su favor las personas a las que se dirigen, no serán aplicables dichas modificaciones en los Procesos Electorales Locales Ordinarios en los estados de Hidalgo y Coahuila. Asimismo, en razón del período que dichos Procesos Electorales Locales estuvieron suspendidos (casi cuatro meses), resulta procedente, como una medida compensatoria derivada de la situación extraordinaria causada por el Covid-19, que el PRI haya realizado modificaciones a sus Estatutos, en el ejercicio del derecho que tiene -y todo partido político- de modificar sus documentos básicos antes del inicio del PEF 2020-2021.
Igual criterio se sostuvo en el Acuerdo INE/CG186/2020, de treinta de julio de dos mil veinte, por lo que hace a las organizaciones de la ciudadanía que lleguen a obtener su registro como PPN, y en relación con lo estipulado en el artículo 34, numeral 2, inciso l), de la LGPP, en el sentido de que podrán modificar sus documentos básicos y emitir los Reglamentos internos y acuerdos de carácter general que requieran, durante septiembre y octubre de dos mil veinte, considerando los plazos legales y reglamentarios para su notificación y resolución por parte de esta autoridad, de acuerdo con los fundamentos y argumentos contenidos en el Considerando 9 de ese Acuerdo.
Conclusión Apartado A
21.  En virtud de lo expuesto, se advierte que el PRI dio cumplimiento a sus disposiciones estatutarias, específicamente a lo previsto en los artículos 16, 18, 19, 72, 73, 74, 77, 78, 83, fracción XXI, y 84, fracciones I y II, de los Estatutos, en relación con los artículos 14, 18, fracciones I, II, III y IV, 20, fracciones I, III y V, 21, fracción XXIII, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 33 y 38 del Reglamento del CPN, ya que para llevar a cabo la aprobación de las modificaciones a sus Estatutos, contó con la deliberación y participación de sus personas integrantes con derecho a voz y voto del CPN; se cumplió con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes en sesión y con la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos de las entidades federativas; elementos que, entre otros ya mencionados, dan certeza jurídica a los actos celebrados.
Al respecto, es preciso referir, como criterio orientador, el sostenido por la Sala Superior en su sesión celebrada el uno de marzo de dos mil cinco, en la cual aprobó la Tesis VIII/2005(11), vigente y obligatoria, de rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS, la cual establece el análisis que debe seguir la autoridad electoral en el ejercicio de la supervisión de la constitucionalidad y legalidad de las normas estatutarias de los partidos políticos, para armonizar la libertad de autoorganización de los mismos y el derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de la ciudadanía afiliada, miembros o militantes, y que a la letra señala lo siguiente:
ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS. Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9º, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido actuar de la
autoridad electoral. En congruencia con lo anterior, desde la propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos. Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los ciudadanos. Sin embargo, esa libertad o capacidad autoorganizativa de los partidos políticos, no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de los propios ciudadanos afiliados, miembros o militantes; es decir, sin suprimir, desconocer o hacer nugatoria dicha libertad gregaria, ya sea porque las limitaciones indebidamente fueran excesivas, innecesarias, no razonables o no las requiera el interés general, ni el orden público. De lo anterior deriva que en el ejercicio del control sobre la constitucionalidad y legalidad respecto de la normativa básica de los partidos políticos, la autoridad electoral (administrativa o jurisdiccional), ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, deberá garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos, por una parte, el derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido, que ejercen individualmente los ciudadanos miembros o afiliados del propio partido político, y, por otra, el de libertad de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido político. En suma, el control administrativo o jurisdiccional de la regularidad electoral se debe limitar a corroborar que razonablemente se contenga la expresión del particular derecho de los afiliados, miembros o militantes para participar democráticamente en la formación de la voluntad partidaria (específicamente, en los supuestos legalmente previstos), pero sin que se traduzca dicha atribución de verificación en la imposición de un concreto tipo de organización y reglamentación que proscriba la libertad correspondiente del partido político, porque será suficiente con recoger la esencia de la obligación legal consistente en el establecimiento de un mínimo democrático para entender que así se dé satisfacción al correlativo derecho de los ciudadanos afiliados, a fin de compatibilizar la coexistencia de un derecho individual y el que atañe a la entidad de interés público creada por aquéllos."
(Énfasis añadido)
B. Análisis del contenido de las modificaciones a efecto de verificar su apego a los principios democráticos establecidos en la Constitución y en la LGPP
22.  Los artículos 35, 37, 38, 39 y 43 de la LGPP, en relación con los artículos 29, 34 y 47 de la misma ley, así como en las Jurisprudencias 3/2005(12) y 20/2018(13) sostenidas por la Sala Superior, establecen cuáles son los Documentos Básicos con que deben contar los partidos políticos, así como sus contenidos mínimos.
Para el caso concreto, esta autoridad considera como criterio orientador, además de las disposiciones de la LGPP, lo establecido por la Sala Superior en lo determinado en el Considerando Segundo de la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil cuatro, que resolvió el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-40/2004(14), al señalar que este Consejo General: "...debe ceñirse al análisis de aquellas disposiciones que sean modificadas en su sustancia y sentido, y que de los preceptos cuyo contenido se mantiene y que ya fueron motivo de una declaración anterior, conforme al principio de seguridad jurídica, no es factible que se emita un nuevo pronunciamiento respecto de ellos...". En ese sentido, serán analizadas las modificaciones a los Estatutos.
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG186/2020 de treinta de julio de
dos mil veinte, específicamente en el Punto Quinto, este Consejo General decidió que, en atención al principio de autoorganización, era (y es) procedente requerir a todos los PPN, para que realicen, a la brevedad, las modificaciones a sus documentos básicos y con ello den cumplimiento al Decreto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. En razón de ello, en el análisis del contenido de las modificaciones a los Estatutos, está autoridad también verificará su cumplimiento; esto es, el apego a lo dispuesto en el artículo 39, numeral 1, incisos f) y g), de la LGPP, por lo que se verificará que las modificaciones a los Estatutos establezcan los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido; así como los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Igualmente, que conforme a lo dispuesto en el artículo 43, numerales 1, inciso e), y 3, de la LGPP, se contemple que el órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, se conciba independiente, imparcial y objetivo, aplicando la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita; y que se prevea que en los órganos internos se garantizará el principio de paridad de género.
En congruencia con los preceptos legales anteriormente citados, este Consejo General procede al análisis de la versión final de las modificaciones a los Estatutos presentada por el PRI, el dos de septiembre de dos mil veinte, desde dos perspectivas: de forma y de fondo.
Modificaciones de forma
23.  Por lo que hace a las modificaciones de forma, éstas se agrupan de manera general en la siguiente clasificación:
a)   Cambio de redacción o estilo. Se refiere a una forma de edición, sin que el sentido de la norma vigente se vea afectada por ello o se exprese algo con exactitud, sin cambiar el sentido de la norma. Artículos 88, fracciones XIII y IX; 160, penúltimo párrafo; 195, primer párrafo; 238; y 246, penúltimo y último párrafos.
En consecuencia, conforme a lo resuelto en el citado recurso de apelación SUP-RAP-40/2004, dichas modificaciones no son objeto de valoración por parte de esta autoridad administrativa electoral, toda vez que no son sustanciales, no afectan el sentido del texto vigente, no causan menoscabo alguno al contenido de los Estatutos, ni contravienen el marco constitucional y legal aplicable a los PPN.
Lo anterior se afirma, ya que por lo que hace a la fracción XIII al artículo 88 de los Estatutos, referente a una de las atribuciones del CEN, lo único que se hace como modificación, insertar al actual último párrafo de ese artículo la fracción que por cuestiones de estilo fue omitida en los Estatutos vigentes. En la fracción IX la precisión que se hace sólo es para aclarar que dicho procedimiento es de carácter "administrativo".
Tocante al penúltimo párrafo del artículo 160, que corresponde a la Comisión de Procesos Internos en la elección de dirigencias y postulación de candidaturas a cargos de elección popular; consiste en hacer una precisión y cambios de estilo; ello, al modificar las letras iniciales mayúsculas a minúsculas, y adicionando para precisar que en la integración de las citadas comisiones es de "todas", lo que evidentemente no es una modificación sustancial.
Asimismo, en relación con los procedimientos para la postulación de candidaturas, en el artículo 195, primer párrafo, el cambio consiste en modificar las letras iniciales mayúsculas a minúsculas, adicionando como aclaración que esto es "conforme a su jurisdicción", por lo que, ante ello, se utiliza como conector "y que están" establecidas en esos Estatutos.
Por lo que hace a las modificaciones de forma de los artículos 238 y 246, en sus penúltimo y último párrafos, concernientes a las sanciones a la militancia que pueden, en su caso, ser aplicadas; los cambios son de redacción o estilo, pues sólo aclara que se refiere al Código de Justicia Partidaria y demás instrumentos normativos; en el segundo, se cambia la palabra "resoluciones" por "determinaciones". Tocante a la diversa modificación de "Reglamento correspondiente" por "Código de Justicia Partidaria", también es un cambio que no difiere en el sentido, ya que sólo se realiza para citar correctamente la norma interna que es aplicable de ese PPN.
En conclusión, a todas las modificaciones de forma advertidas, conforme al principio de seguridad jurídica, no es factible que esta autoridad emita un nuevo pronunciamiento, en virtud de que éstas ya fueron motivo de una declaración anterior firme.
Modificaciones de fondo
 
24.  En relación con las modificaciones de fondo de los Estatutos, éstas se clasifican, de manera general, conforme a lo siguiente:
a)   Libertad de autoorganización y autodeterminación. Artículos 59, fracción IV, 61, fracción XII; 62, fracción X; 63, fracciones I, III, VII y X; 64; 73, fracción III y el inciso e); 83, fracciones VII, XXXVII y XXXVIII; 88, fracciones II, III, y la derogación de la fracción VIII vigente; 89, fracción X, XII y XXVI; 96, fracciones XV, XXII y XXIII; 104, fracciones II, V, VI, VIII y XXII, así como la derogación de la fracción XX vigente; 118, párrafo segundo; 128, segundo párrafo; 137, fracción XI; 138, primer párrafo y fracción XI, así como la derogación de la fracción XV vigente; 147, fracción VIII; 158, segundo párrafo; 173, primer párrafo; 176, segundo párrafo; 181, primer párrafo, fracción III, la derogación de la fracción IV vigente, y las fracciones V, IX y XI, incisos a) y c), y tras antepenúltimo párrafo; 182, la derogación de las fracciones I y II vigentes, y las fracciones I y II, de entrega de documentos; 192, último párrafo; 195, segundo párrafo; 196, primer párrafo; 197; 209; 210; 211; 212, primer párrafo y la derogación del último; 213, fracciones I y VII, así como el último párrafo; 218; 230; 234; 237, fracción XII; y 246.
b)   En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Artículos 111, fracción XXIV; 182, fracción I, de la documentación que debe entregarse adjunta a los formatos de la convocatoria; 185, últimos dos párrafos; y 238 Bis.
Cabe señalar que en dichas modificaciones se derogan y adicionan fracciones, por lo que, lo numerales de las mismas en los preceptos citados se recorren, considerando esta autoridad una cuestión de estilo, razón por la cual no son referidas expresamente.
Parámetro de control de regularidad constitucional de partidos políticos
25.  Previo al análisis del contenido de las modificaciones de fondo a los Estatutos, por lo que hace a aquellas en el ejercicio de su libertad de autoorganización y autodeterminación, resulta necesario referir el parámetro de control de regularidad constitucional.
En el artículo 41, Base I, de la Constitución, se encuentra de forma integral el principio constitucional de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, al señalar que éstos son entidades de interés público; que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Asimismo, que las autoridades electorales solamente podremos intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esa Constitución y la ley.
Al respecto, el Pleno de la SCJN, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 85/2009, en su sesión de once de febrero de dos mil diez, señaló que el precepto constitucional referido, es revelador de que, en el sistema jurídico mexicano, los partidos políticos cuentan con una protección institucional que salvaguarda su vida interna.
Esa protección encuentra base en los principios de autoconformación y autoorganización, los cuales garantizan que los partidos políticos cuentan con un margen considerablemente abierto de actuación en todo lo concerniente en su régimen interior; esto es, que cuentan con la posibilidad de tomar y ejecutar resoluciones decisionistas en todos y cada uno de los rubros internos que les atañen.
Asimismo, que los principios referidos en el párrafo que antecede, dimanan de la voluntad de la ciudadanía que conforman los cuadros de los partidos políticos, quienes en ejercicio de una decisión política definen las bases, ideología, líneas doctrinarias y de acción de los institutos políticos, aspectos medulares que, prima facie y por virtud de la fuerza irradiadora del artículo 41 de la Constitución no pueden ser alterados, influidos o anulados por agentes externos a los propios partidos políticos.
Estos principios tienden a salvaguardar que los partidos políticos puedan, con libertad de decisión y acción, pero respetando el marco constitucional y legal que rige en el ordenamiento jurídico, determinar aspectos esenciales de su vida interna.
Así, el Máximo Tribunal Constitucional dejó de manifiesto que la propia Constitución establece que la garantía institucional de que gozan los partidos políticos con base en los principios de autoconformación y autodeterminación, es indisponible, pero no ilimitada; esto es, ningún órgano o autoridad del Estado mexicano puede suprimirlas o desconocerlas (indisponibilidad); empero, su ejercicio no puede llevarse a cabo sin límite alguno (no ilimitación), ya que la propia Norma Suprema estatuye en su artículo 41 que las autoridades electorales podrán intervenir en la vida
interna de los partidos políticos, estableciendo como condición para ello, que esa intrusión esté expresamente prevista en la ley.
La trascendencia de los principios anotados desde la perspectiva constitucional nos lleva a concluir lo siguiente:
  Los partidos políticos son entidades de interés público.
  El ámbito de tutela constitucional se traduce en la salvaguarda de su vida interna, conforme a los principios de autodeterminación y autoorganización.
  Los anotados principios dan esencia al carácter de entidades de interés jurídico a los partidos políticos, porque dentro de los márgenes de libertad pueden decidir su vida interna.
  Existe un bloque de garantía que protege la vida interna de los partidos políticos consistente en los subprincipios de indisponibilidad y no limitación -supeditado, únicamente, a la conformidad con el principio constitucional democrático y los demás aplicables a la materia electoral y al bloque de constitucionalidad de derechos humanos-.
  El marco constitucional de los partidos políticos permite proteger su ámbito de desarrollo, siempre que ello no trastoque los fines, valores e instituciones de la Constitución.
Establecido lo anterior, a continuación, se llevará a cabo el análisis del contenido de las modificaciones de fondo a los Estatutos, a efecto de verificar su apego a los principios democráticos establecidos en la Constitución y en la LGPP.
a) Libertad de autoorganización y autodeterminación
Estas modificaciones se encuentran relacionadas con la libertad autoorganizativa y autodeterminación de los partidos políticos, al versar sobre el derecho de afiliación en cuanto a su regulación al interior del PRI; cambios en las atribuciones de los órganos de dirección partidista y en la integración de éstos; creación de la cartera de asuntos migratorios en las estructuras de dirección estatal y municipal del partido político; reformas en el régimen de responsabilidades y rendición de cuentas partidario; al sistema de finanzas; acciones afirmativas indígena y joven; deberes de ética partidaria; cuestiones vinculadas con la renovación de dirigencias y selección de candidaturas a cargos de elección popular; y con el sistema de justicia partidaria.
Se destaca que, en términos del artículo 34, numeral 2, de la LGPP, son asuntos internos de los partidos políticos, los siguientes:
a.   La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el Proceso Electoral;
b.   La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de las personas ciudadanas a éstos;
c.    La elección de las personas integrantes de sus órganos internos;
d.   Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular;
e.   Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus personas militantes, y
f.    La emisión de los Reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.
Derogación de disposiciones normativas. Se derogan las fracciones hoy vigentes: VIII del artículo 88; XV del artículo 138; IV del artículo 181; fracciones I y II del artículo 182; y el último párrafo del artículo 212. Por lo que atendiendo al principio autoorganización y autodeterminación y toda vez que no vulneran ningún derecho adquirido por los militantes u por las estructuras partidistas, esta autoridad lo considera procedentes.
En relación al tema, este Instituto tiene presente que la Sala Superior, al resolver el expediente con clave de identificación SUP-JDC-803/2002(15), en sesión de siete de mayo de dos mil cuatro, sostuvo que el ejercicio de control de constitucionalidad y legalidad de la normativa de los partidos
políticos por parte de la autoridad administrativa o la jurisdiccional, ya sea en control oficioso o en la vía de acción, debe garantizar la armonización entre dos principios o valores inmersos; por una parte, el derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre de afiliación y participación democrático en la formación de la voluntad del partido político, que ejercen individualmente las personas ciudadanas miembros o afiliadas del propio partido político y, por otra, el de libertad de autoorganización correspondiente a la entidad colectiva de interés público constitutiva de ese partido político, doctrina judicial que se encuentra recogida en la tesis VIII/2005(16).
Modificaciones al derecho de afiliación. Las modificaciones a las normas estatutarias del PRI relacionadas con el derecho de afiliación versan sobre los artículos 59, fracción IV, 61, fracción XII y 63, fracción VII.
Se establecer que sin importar el lugar de residencia de las personas miembros de ese partido político, tendrán la garantía del derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; y se regulan límites al ejercicio del derecho de afiliación que no se encontraban previstos en sus normas estatutarias, como lo es solicitar al Consejo Político Nacional la dispensa para poder aceptar un cargo de alto nivel en un gobierno que no haya sido emanando del PRI.
Por lo que hace la dispensa, dicha limitación, en su contenido y sentido, ya ha sido verificada en su constitucionalidad y legalidad, pues corresponde a una norma interna vigente del partido político en el artículo 65, fracción II de la norma estatutaria vigente.
Este Consejo General considera que los derechos de afiliación derivados de la membresía adquirida por una persona ciudadana al interior de un partido político, no son absolutos sino que admiten ser acotados y limitados conforme al propio principio de libertad autoorganizativa y de autodeterminación de los partidos políticos, pues si bien una persona ciudadana se torna titular de los derechos político-electorales de participación al interior de un partido político, con motivo de su afiliación a éste, tal membresía se encuentra acotada al propio perfil ideológico, programático y organizativo del partido político de que se trate.
Se considera que la medida se ajusta al estándar de constitucionalidad y legalidad exigible a las normas electorales y las propias de la vida interna de los partidos políticos, en relación con el principio democrático y la protección de los derechos fundamentales, lo que incluye los de naturaleza político-electoral, como es el de asociación política en su vertiente de afiliación a partidos políticos, porque no se trata de una restricción absoluta al ejercicio de ese derecho, sino que corresponde a una medida provisional, por ser temporal, a la situación en que la persona militante decide ejercer un cargo o empleo en un gobierno emanado de un partido político con el que no existe coalición o alianza.
Por esas razones, este Consejo General considera que las modificaciones estatutarias a los artículos 61, fracción VII y 63, fracción VII, de los Estatutos, se ajusta al marco de constitucionalidad y legalidad que le es exigible a los documentos básicos que rigen la vida interna de los partidos políticos.
Es aplicable, mutatis mutandis, por analogía, la tesis con clave de identificación 1a. CCCLXXXV/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la SCJN, de la Décima Época, en Materia Constitucional, de rubro siguiente: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.
Régimen de responsabilidades, rendición de cuentas y sistema de finanzas. Las modificaciones a los artículos 62, fracción X, 63, fracciones I, III y X, y 96, fracciones XV, XXII y XXIII, de los Estatutos, corresponden a reformas relacionadas con el régimen de responsabilidades, rendición de cuentas y sistema de finanzas al interior del partido político.
La modificación se encuentra dirigida a fijarle alcances y consecuencia jurídicas a las responsabilidades emanadas por la deficiente administración de los recursos y la falta o irregular comprobación de los egresos ante los órganos electorales, al establecer que los resultados de la fiscalización realizada por las instancias partidistas tendrán efectos de acción legal; se impone a las personas dirigentes la obligación de que su actuar se conduzca con estricto apego a las normas internas del partido político y que, de no ser así, podrán ser sujetas a los procedimientos sancionadores intrapartidarios respectivos; se establece la obligación a las personas dirigentes, para que, en ejercicio de responsabilidad partidaria, trimestralmente presenten ante los órganos inmediatos superiores, un informe relativo a los actos y los resultados relacionados con sus obligaciones y atribuciones partidarias, así como en relación a las obligaciones en materia de
transparencia, uso y manejo de recursos públicos, celebración de sesiones, integración de órganos, estado legal de bienes muebles e inmuebles, y dispone la facultad expresa de la persona titular de la dirigencia nacional del partido político, ya sea por sí o a través de la persona a quién ella instruya, se les requiera informes de gestión, actuación, ejercicio de cargo y/o responsabilidad partidaria, para su revisión o, en su caso, solicitar el inicio del procedimiento establecido para la suspensión de las personas integrantes del Comité Directivo Estatal, en términos de lo dispuesto en el artículo 88, fracción X, de esos Estatutos.
En este aspecto, se destaca que los partidos políticos, como entidades de interés público y con fines constitucionalmente establecidos, tienen derecho al acceso a un régimen de prerrogativas, entre ellas, en materia de financiamiento, acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, franquicias postales, etcétera; lo que conlleva, paralelamente, el deber de cumplir con las obligaciones en materia del uso, gasto y destino de los recursos públicos que son desahogados a través de un sistema de fiscalización electoral aplicable a todos los partidos políticos.
Modificación al régimen de distribución de atribuciones entre los órganos de dirección, su integración y aquellas vinculadas con asuntos migratorios. Las modificaciones a los artículos 73, 83, 88, 89,104, 128, 137, 138 y 147 de los Estatutos, se encuentran relacionadas con modificaciones y creación de atribuciones entre los órganos de dirección del partido político; ampliación en su composición, y cambios vinculados con la cartera de asuntos migratorios.
La reforma amplia la membresía de Vicepresidencias que integran la Mesa Directiva del CPN, al incrementarla de once Vicepresidencias a catorce y explícita quiénes integrarán esas Vicepresidencias; específicamente, las personas que detenten las presidencias de la Fundación Colosio, A.C., del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, A.C., y Movimiento PRI.mx, A.C., acreditadas ante el CEN.
En la exposición de razones de la modificación discutida al interior del partido político, se señala que tal modificación tiene por propósito el fortalecer la integración plural y representativa de ese órgano de dirección partidista; en atención a ello, este Consejo General advierte que la modificación en análisis se encuentra en el margen de ejercicio del derecho de libertad autoorganizativa de los partidos políticos.
La modificación deroga la limitación establecida para que sólo pudiera pactarse los convenios con partidos políticos "afines"; y, en su lugar, se incorpora el vocablo "otros" para determinar que éstos podrán celebrarse con cualquier partido político.
Se otorga una facultad expresa al CPN para acordar una prórroga estatutaria a la dirigencia nacional para aquellos casos en que exista superposición de calendarios entre los relativos a la renovación de la dirigencia nacional y los procesos electorales constitucionales, por cuanto hace a los procedimientos de selección de candidaturas a cargos de elección popular, disposición que es complementaria a lo ya dispuesto en el artículo 173, párrafo tercero, que prevé la facultad del CPN para acordar una prórroga al periodo estatutario del CEN ante la superposición de calendarios.
Dada la naturaleza de la modificación normativa, este Consejo General también la ubica dentro del ejercicio del derecho de libertad autoorganizativa, pues, como se ha evidenciado, persigue ampliar los atribuciones del CPN para dotarle de facultades que le permitan ejercer criterios de oportunidad política para resolver problemas de superposición de calendarios electorales entre la conclusión del período electivo de su CEN y el inicio de procesos electorales; condiciones que son, por sí mismas, suficientes para calificar de constitucional y legal la reforma, al ser acorde con los principios democráticos que deben permear y ser observados al interior de la vida interna de los partidos políticos.
Se otorga la atribución al CPN para solicitar a las personas Presidentas de los Consejos Políticos de las entidades federativas, que notifiquen de la celebración de cada sesión de esos órganos con cuando menos con setenta y dos horas de anticipación, comunicando el orden del día respectivo y, por otro lado, complementar la atribución que se confiere con el correlativo deber de los Consejos Políticos de las entidades federativas para notificar a la Secretaría Técnica del CPN con la anticipación referida de la celebración de sus sesiones.
Modificación de atribuciones del CEN y las propias de la persona titular, y de las personas titulares de las Presidencias de los Comités Directivos de las entidades federativas. Las reformas a los artículos 88, 89 y 138 de los Estatutos, se encuentran relacionadas con modificaciones y creación de atribuciones entre diversos órganos de dirección del partido político.
Al efecto, de la configuración normativa de la facultad exclusiva en análisis, se desprenden los siguientes elementos:
 
  Es exclusiva de la persona titular de la Presidencia del CEN.
  Le otorga potestad para ejercer el derecho de atracción de casos específicos de crisis.
  Las crisis, deben tener su origen en cuestiones suscitadas entre diversas áreas de la estructura operativa y funcional del partido político.
  El caso, por la naturaleza de la crisis, debe reclamar una solución urgente.
  Debe ejercerse con base en criterios de eficacia y eficiencia.
  De la situación y actuaciones efectuadas, deberán concentrarse los expedientes o documentos relativos resguardándose en las oficinas de quien designe la persona dirigente nacional.
Al igual que en su sentido original o vigente, la fracción XII, del artículo 89, en su nueva configuración también persigue el propósito de dotar de instrumentos jurídicos a la persona titular de la Presidencia del CEN para resolver cuestiones que sean de urgencia, ahora catalogadas como crisis, que reclamen una solución urgente; razón por la cual se considera que la modificación en estudio también se ubica en el ámbito de libertad autoorganizativa, al configurar atribuciones para que la persona dirigente nacional pueda proveer soluciones inmediatas, para asegurar la regularidad en el funcionamiento institucional de los órganos del partido político en su vida interna y, la cual, tampoco presenta rasgo alguno de restricción de derechos fundamentales; razones por las cuales se califica de constitucional y legal la reforma estatutaria.
Modificaciones relacionadas con asuntos migratorios. Las reformas a los artículos 104, 137, fracción XI y 147, fracción VIII, de los Estatutos, se relacionan con modificaciones a las atribuciones de la Secretaría de Asuntos Migratorios del CEN, así como la inclusión de una cartera de asuntos migratorios en la integración de los órganos directivos estatales y municipales.
Modificación al régimen de atribuciones de los Comités Directivos de las entidades federativas y las propias de Presidencias de dichos órganos. La reforma al artículo 138 de los Estatutos, constituye una modificación al régimen de atribuciones conferidas a los Comités Directivos en las entidades federativas, que constituye un cambio sustancial al contenido de la norma, en tanto que dichas atribuciones son trasladadas al ámbito de las presidencias de dichos órganos.
Modificación al régimen de renovación de órganos de dirección partidista y procesos de selección de candidaturas. Las reformas a los artículos 158, 173, 176, 181, 182, 192, 195, 196, 197, 209, 210, 211, 212, 213, y 218, de los de los Estatutos, se encuentran relacionadas con modificaciones vinculadas con el régimen interno de procesos de renovación de los órganos de dirección del partido político y de selección de candidaturas. Contempla una acción afirmativa indígena y joven.
Modificaciones al régimen de ética y justicia partidarias
Las reformas a los artículos 63, fracción I, 64, 181, fracción V, 230, 234 y 246 de los Estatutos, se encuentran relacionadas con modificaciones que inciden en el régimen de ética partidaria a su interior y las bases normativas del sistema de justicia partidaria.
b) En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género
26.  Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, éste tiene un impacto en los documentos básicos de todos los partidos políticos, porque ahí se establecen los elementos mínimos de éstos al regulan su vida interna y, por ende, considerarlos democráticos.
En ese sentido, los PPN están obligados a realizar las reformas para actualizar y armonizar sus documentos básicos, así como, en su caso, sus Reglamentos o normatividad interna, acorde a lo dispuesto en el artículo 34, numeral 2, inciso a), de la LGPP y con ello dar cumplimiento a las reformas aprobadas mediante el Decreto.
Derivado de lo anterior, en el Punto de Acuerdo quinto el Acuerdo INE/CG186/2020, se resolvió que en atención al principio de autoorganización, resulta procedente requerir a todos los PPN, para que realicen, a la brevedad, las modificaciones a sus documentos básicos y con ello dar cumplimiento a las reformas y adiciones aprobadas mediante el citado Decreto, así como que informen a esta autoridad dentro del plazo contenido en el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la LGPP.
En razón de lo expuesto, en el análisis del contenido de las modificaciones a los Estatutos, el PRI
en sus artículos 111, fracción XXIV; 182, fracción I, de la documentación que debe entregarse adjunta a los formatos de la convocatoria; 185, últimos dos párrafos; y 238 Bis, adopta disposiciones con el fin de dar cumplimiento al Decreto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género; esto es, el apego a lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, incisos f) y g), y 43, numerales 1, inciso e), y 3, de la LGPP, por lo que se analizará que los Estatutos:
a.   Establezca los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido;
b.   Asimismo, los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
c.   Se contemple que el órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, se conciba independiente, imparcial y objetivo, aplicando la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita; y,
d.   Que se prevea que en los órganos internos se garantizará el principio de paridad de género.
En consecuencia, en el artículo 111, se adiciona a las facultades de la Secretaría de Comunicación Institucional del CEN, la fracción XXIV, para establecer que deberá garantizar que la propaganda política o electoral que realice el partido político se abstenga de expresiones que constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos previstos en la normatividad aplicable, ello en cumplimiento del artículo 247, en el reformado numeral 2, de la LGIPE.
En el artículo 182, que se refiere a la documentación que debe entregarse adjunta a los formatos de la convocatoria en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, se ha determinó como requisito en la fracción I: "La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no haber sido condenada o condenado por delito de violencia política en razón de género y no estar incluida o incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral". Dando así cumplimiento al inciso g), numeral 1, del artículo 10 de la LGIPE.
En el artículo 185, relacionado con la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, se le adicionan 2 párrafos que corresponden a los adicionados en el Decreto a los numerales 2 y 3 del artículo 234 de la LGIPE; esto es, que en el caso de las diputaciones, de las cinco listas por circunscripción electoral, al menos dos deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo; y que tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. Así, siendo textual o literal la adición que se hace de los dos párrafos al artículo 185 estatutario, con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 234 de la LGIPE, la modificación resulta procedente.
En el caso de la adición del artículo 238 Bis de los Estatutos, que establece que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria investigará y sancionará, en el ámbito de su competencia, toda conducta que constituya violencia política en razón de género.
Sin embargo, por lo que hace a los artículos 111, fracción XXIV, 182, fracción I y 238 Bis, esta autoridad considera que, su cumplimiento es parcialmente apegado a lo dispuesto en los artículos 247, numeral 2, de la LGIPE y 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por lo que deberá establecer de manera correcta que se reviere a la violencia política contra las mujeres en razón de género, contemplar que las abstenciones de expresiones que, además, calumnien a las personas y las discriminen
No existiendo otra modificación estatutaria tendente a acatar el Decreto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género; en atención al principio de autoorganización, resulta procedente requerir nuevamente al PRI para que realice a la brevedad las modificaciones de todos sus documentos básicos (incluye Declaración de Principios y Programa de Acción) y, en su caso, a los Reglamentos que de ello deriva, para que dé cumplimiento al multirreferido Decreto. Ello, considerando lo observado en este apartado para aquellas modificaciones que ya se hicieron a los Estatutos; además, para que conforme a lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, incisos f) y g), y 43, numerales 1, inciso e), y 3, de la LGPP, se establezcan en los Estatutos los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos de mujeres al interior del partido; los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la
violencia política contra las mujeres en razón de género; contemplar que el órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, se conciba independiente, imparcial y objetivo, aplicando la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita; y que se prevea que en los órganos internos de ese PPN se garantizará el principio de paridad de género.
Inconformidades al contenido de modificaciones
27.  En relación con el contenido de las modificaciones estatutarias, a continuación, se analizarán las inconformidades formuladas al respecto, las cuales, para efectos del estudio correspondiente, también se agruparán en temas en los casos donde exista similitud en los argumentos, sin que esto implique, de forma alguna, una afectación jurídica a las personas inconformes, porque como ya se dijo al atender las inconformidades correspondientes al Apartado A de esta Resolución, lo fundamental es que sean estudiadas en su totalidad al analizar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos.
Concentración de atribuciones de la persona titular de la Presidencia del CEN
Las personas militantes inconformes, particularmente Armando Barajas Ruiz, Benjamín Antonio Russek de Garay, Yesenia Rodríguez Caudillo, Luis Javier Guerrero Guerra y Juan José Ruíz Rodríguez, manifiestan que, en su apreciación, las modificaciones a los Estatutos otorgan un poder concentrado en la persona titular de la Presidencia del CEN, convirtiéndola en la máxima autoridad del partido político, porque podrá aprobar las convocatorias para la designación de candidaturas; designar las candidaturas a cargos de elección popular de los tres niveles de gobierno; sancionar el procedimiento de selección de candidaturas a cargos en niveles estatales, municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México; cancelar las solicitudes de registro de candidaturas; designar a las personas coordinadoras de los grupos parlamentarios y emitir convocatorias de sesiones del CPN de manera unilateral.
Dichas inconformidades, en la forma en que fueron redactadas por las personas inconformes en sus escritos, sin un análisis y estudio de ello, podría dar lugar a presumir que las modificaciones a los Estatutos sí se realizaron en el sentido que refieren; pero de conformidad con el examen que ya se hizo en este Apartado B, por las razones expuestas, se ha evidenciado que éstas se encuentran relacionadas con la libertad autoorganizativa y autodeterminación de los partidos políticos y, por ende, se han calificado ajustadas a constitucionalidad y legalidad.
Lo anterior es así, a manera de resumen, porque de la reforma a la fracción X del artículo 89 de los Estatutos, corresponde a la ampliación de los alcances del ejercicio de una facultad conferida a la persona titular del CEN, en cuanto a solicitar el registro de las candidaturas del PRI ante los Organismos Electorales; pues la modificación amplía su margen de ejercicio de la atribución, para poder ser ejercida por sí mismo o por conducto de quien autorice mediante poder notarial.
En esa medida, la atribución en cuestión es ampliada en sus formas de ejercicio y operación funcional, la cual, al constituir una reforma instrumental en cuanto a que sólo extiende las modalidades en que la persona dirigente nacional ejerce la facultad de registro de candidaturas, se califica como una modificación estatutaria que no cambia el contenido sustancial ni el sentido de la norma, resultando también aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-40/2004; de ahí que subsista su constitucionalidad y legalidad.
Al igual que en su sentido original o vigente, la fracción XII, del artículo 89, en su nueva configuración también persigue el propósito de dotar de instrumentos jurídicos a la persona titular de la Presidencia del CEN para resolver cuestiones que sean de urgencia, ahora catalogadas como crisis, que reclamen una solución urgente; razón por la cual se considera que la modificación en estudio también se ubica en el ámbito de libertad autoorganizativa, al configurar atribuciones para que la persona dirigente nacional pueda proveer soluciones inmediatas, para asegurar la regularidad en el funcionamiento institucional de los órganos del partido político en su vida interna y, la cual, tampoco presenta rasgo alguno de restricción de derechos fundamentales; razones por las cuales se califica de constitucional y legal la reforma estatutaria.
Las reformas a los artículos 158 y 176, de los Estatutos, tienen que ver con atribuciones conferidas a la persona titular de la Presidencia del CEN, en ambos casos, para que previo acuerdo de la persona Dirigente Nacional, la Comisión Nacional de Procesos Internos pueda ejercer la facultad de atracción sobre los asuntos que conozcan sus similares de todos sus niveles y para en la expedición de las convocatorias para la renovación de las dirigencias del partido político medie acuerdo previo de la referida persona dirigente.
 
En ese contexto, constituye facultades de control político en tanto que están dirigidas a otorgarle intervención como quien sanciona o autoriza mediante el Acuerdo respectivo los actos de emisión de las convocatorias para las renovaciones de las dirigencias y la relativa al ejercicio de la facultad de atracción referida.
La modificación al último párrafo del artículo 181 de los Estatutos, tiene dos vertientes, siendo importante para la atención de las inconformidades la segunda, que en condiciones similares a las modificaciones a los artículos 158 y 176, el último párrafo del artículo 181 integra la configuración de una atribución de control político de la persona titular de la Presidencia del CEN, al establecer que, tratándose de personas simpatizantes que aspiren a diputaciones por el principio de mayoría relativa en las legislaturas de las entidades federativas o a integrantes de los Ayuntamientos o de las Alcaldías de la Ciudad de México, el acuerdo lo emitirá la Comisión Política Permanente de la entidad federativa de que se trate, con autorización de la persona Dirigente Nacional.
En ese marco, las reformas a las normas estatutarias contenidas en los artículos 158, 176 y 181, último párrafo, de los Estatutos, se ubican dentro del margen de ejercicio del derecho de libertad autoorganizativa y autodeterminación de los partidos políticos, al conferir facultades de control político a la persona Dirigente Nacional en actos relacionados con los procesos internos de renovación de las dirigencias y de postulación de candidaturas por el principio de mayoría relativa, tratándose de participación de personas simpatizantes; de manera que, dado que los partidos políticos detentan el derecho a autorregularse y proveerse las reglas que rigen los procedimientos electivos a su interior, y al no advertirse elementos contrarios al principio democrático que por ser de orden constitucional irradia y vincula al sistema de partidos políticos, es que se califican de constitucionales y legales dichas modificaciones.
La modificación a la norma contenida en el artículo 195 de los Estatutos, contiene dos cambios normativos, siendo aplicable para la atención de las inconformidades el segundo, que corresponde a incorporar un mecanismo de control político en favor de la persona titular de la Presidencia del CEN, al establecer que, tratándose de aquellos casos en los que por razones debidamente justificadas las Comisiones de Procesos Internos atraigan los asuntos que sean del conocimiento de sus similares, esto deberá ser previo acuerdo de la persona Dirigente Nacional.
Dado que, el derecho a la libertad autoorganizativa de los partidos políticos, reconoce la potestad de éstos para establecer su régimen interno que, entre otras cuestiones, define la estructura organizativa del partido político y la distribución de atribuciones y competencias entre los órganos partidistas, es que se considera que la modificación estatutaria constituye una ampliación de atribuciones de la persona Dirigente Nacional para tener intervención y mayor control sobre actos que se estimen relevantes para el régimen interior del partido político.
En ese sentido, debe distinguirse que las normativas internas de los partidos políticos, en lo general, son construidas con base en un diseño de normas de dos tipos: normas jurídicas que organizan la vida interna del partido político y normas de prevaleciente contenido político, que tienen por objeto establecer mecanismos de operación y desarrollo político entre sus dirigencias, y de éstas en sus relaciones con la militancia, de forma tal, que a través de las normas y/o atribuciones de carácter político se persigue articular de forma eficiente la operatividad política de la organización.
Puntualizado lo anterior, en concordancia con lo anotado, dado que la modificación estatutaria corresponde a la creación de una atribución de control político en favor de la persona titular de la Presidencia del CEN, en relación al ejercicio de la facultad de atracción en asuntos relacionados con los procesos internos de postulación de candidaturas, así como que en atención a que este tipo de cambios normativos son protegidos y se ubican en el margen del derecho a la libertad autoorganizativa y de autodeterminación de los partidos políticos, es que se considera constitucional y legal la modificación estatutaria.
En condiciones similares, la modificación estatutaria al artículo 196, contiene dos cambios normativos, siendo importante sólo el segundo para la atención de las inconformidades, y que corresponde a establecer una atribución de control político de la persona titular de la Presidencia del CPN, respecto a prever que los procedimientos de selección de candidaturas de nivel estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, serán sancionados por la persona Dirigente Nacional.
En consecuencia, aplican las mismas razones dadas en el análisis de la modificación estatutaria al artículo 195, respecto a que el cambio en estudio se ubica en el margen de ejercicio del derecho a
la libertad autoorganizativa y de autodeterminación de los partidos políticos y, por tal motivo, se considera constitucional y legal la modificación estatutaria.
Las modificaciones estatutarias a los artículos 197, 209, 210, 211, 212 y 213, en su totalidad, son reformas al régimen de atribuciones en torno del entramado de reglas al interior del partido político que rigen los actos y procedimientos de la selección de candidaturas; esto, porque están dirigidas a establecer mecanismos de control político y de dirección en favor de la persona titular del CEN, en fases y actos conclusivos de dichos procedimientos, y, una de ellas, se dirige a modificar el régimen interno para el acceso a candidaturas de representación proporcional, al disponer que en la integración de las listas deberá vigilarse que las personas postuladas sean militantes del partido político, atendiendo a dichas características. En los términos de lo que se ha razonado, en esta determinación los cambios normativos en estudio se encuentran en el margen del ejercicio del derecho a la libertad de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, sin que presenten elementos de restricción de derechos fundamentales ni contenidos que no se ajusten al principio democrático que, por ser de orden constitucional, irradia su espectro jurídico al sistema de partidos políticos y, por ende, es que se califican de constitucional y legal las modificaciones estatutarias antes descritas.
Y la modificación estatutaria al artículo 218, que regula la posibilidad de que el partido político gestione la cancelación del registro de un precandidatura o candidatura cuando la persona incumpla el régimen dispuesto en el diverso numeral 217, en cuanto a que deben sujetarse a que los recursos deben ser manejados con legalidad, honestidad y racionalidad; los órganos directivos definirán los criterios generales de campaña; se sujetarán invariablemente a lo establecido en las leyes electorales y demás disposiciones reglamentarias y administrativas; establecerán la coordinación necesaria con las personas candidatas a otros cargos; y entregarán al partido, en los plazos que determine la ley de la materia, los comprobantes que cumplan con los requisitos fiscales; y que dicha potestad para gestionar la cancelación podrá ser ejercida por la persona titular de la instancia que para esos efectos sea facultada por el CEN.
En relación con la modificación estatutaria en comento, también es aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-40/2004, en razón que el cambio normativo no constituye una variación al contenido sustancial ni al sentido de la norma partidista; consecuentemente, prevalece el carácter de constitucional y legal del precepto.
Inconformidades particulares de Yesenia Rodríguez Caudillo
La militante Yesenia Rodríguez Caudillo señala en su escrito de inconformidad que no puede recaer en el CPN la posibilidad de que concluya anticipadamente o que se conceda una prórroga del período estatutario a la dirigencia nacional, porque eso equivale a una revocación o reelección del mandato.
En relación con ello, la inconforme se refiere a la adición del contenido normativo de la fracción XXXVII del artículo 83 de los Estatutos, que efectivamente corresponde a una ampliación de atribuciones del CPN de ese partido político.
Definido lo anterior, se confirma lo resuelto al analizar la constitucionalidad y legal de la adición de cuenta. Ello es, se tiene presente que el artículo 173, párrafo segundo, de los Estatutos, prohíbe expresamente que los procesos de renovación de los órganos de dirección del PRI coincidan con los procesos internos para postular candidaturas a cargos de elección popular, lo que implica que éstos no pueden ser realizados una vez iniciados los procesos electorales constitucionales, federales y/o locales.
El párrafo tercero del precepto invocado otorga una facultad expresa al CPN para acordar una prórroga estatutaria del CEN para aquellos casos en que exista superposición de calendarios entre los relativos a la renovación de la dirigencia nacional y los procesos electorales constitucionales, por cuanto hace a los procedimientos de selección de candidaturas a cargos de elección popular.
Atendiendo ese contexto normativo, se ha concluido que contrario a lo dicho por la inconforme, se observa que la modificación al artículo 83, fracción XXXVII, corresponde sólo a una regulación complementaria a lo ya dispuesto en el artículo 173, párrafo tercero, que prevé la facultad del CPN para acordar una prórroga al periodo estatutario del CEN ante la superposición de calendarios.
Lo anterior, en la inteligencia de que la modificación en cita lo que hace es establecer el procedimiento y plazos en que el CPN tendrá que actuar ante los supuestos de superposición de
calendarios.
La modificación normativa persigue ampliar los márgenes de actuación del máximo órgano de deliberación del partido en contextos de superposición de calendarios de renovación de su CEN cuando la conclusión de su período electivo confluya con el inicio de un proceso constitucional electoral, en tanto que la modificación otorga la facultad al CPN para acordar una prórroga estatutaria, cuando, por cuestiones de estrategia y oportunidad política al interior de la vida interna del partido político, esto se considere una mejor decisión.
En esos términos, la modificación regula las condiciones para el ejercicio de la facultad del CPN para acordar una prórroga al período estatutario de la Dirigencia Nacional, por la superposición de calendarios electorales, para lo cual, se establece un plazo de tres meses previos al inicio de los procesos electorales constitucionales, como lapso en que el CPN tendrá que ejercer su facultad para determinar la solución normativa a aplicar ante la actualización de este tipo de escenarios.
Dada la naturaleza de la modificación normativa, este Consejo General también la ubica dentro del ejercicio del derecho de libertad autoorganizativa, pues, como se ha evidenciado, persigue ampliar los atribuciones del CPN para dotarle de facultades que le permitan ejercer criterios de oportunidad política para resolver problemas de superposición de calendarios electorales; condiciones que son, por sí mismas, suficientes para calificar de constitucional y legal la reforma, al ser acorde con los principios democráticos que deben permear y ser observados al interior de la vida interna de los partidos políticos.
Por su parte, la inconforme estima que se concede la posibilidad de otorgar un poder notarial a otra persona para el registro de candidaturas, lo que invade competencias, ya que debe hacerlo quien esté facultado estatutariamente para ello. Lo anterior, es en relación con la reforma a la fracción X del artículo 89 de los Estatutos, que corresponde a la ampliación de los alcances del ejercicio de una facultad conferida a la persona titular del CEN, en cuanto a solicitar el registro de las candidaturas del PRI ante los Organismos Electorales.
En esa medida, la atribución en cuestión es ampliada en sus formas de ejercicio y operación funcional, la cual, al constituir una reforma instrumental en cuanto a que sólo extiende las modalidades en que la persona dirigente nacional ejerce la facultad de registro de candidaturas, se califica como una modificación estatutaria que no cambia el contenido sustancial ni el sentido de la norma, resultando también aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-40/2004; de ahí que subsista su constitucionalidad y legalidad.
Inconformidad particular de Luis Javier Guerrero Guerra
El militante Luis Javier Guerrero Guerra, en su escrito de inconformidad, señala, además, que se intenta impedir la posibilidad de que una persona militante pueda formar parte de un gobierno emanado de otro partido político, incluso si la postulación se hizo mediante coalición, y sin contar con la autorización de la Presidencia del CEN, bajo amenaza de pérdida de la militancia.
La inconformidad a la que se refiere el militante es a la adición de la fracción XII, del artículo 61, de los Estatutos, que como ya se señaló en su análisis, corresponde a extender la regulación de la figura ya prevista en la fracción VII del artículo 63; esto es, comprende una regulación expresa de dicho tema tratándose de la actualización del mismo supuesto en las personas militantes de ese partido político.
Así, dentro de las obligaciones que ya tienen dispuestas su cumplimiento las personas militantes del PRI, se agrega la relativa a solicitar una licencia provisional del ejercicio de su militancia cuando acepten un cargo como funcionaria o funcionario de alto nivel o un cargo de decisión en un gobierno emanado de las filas de otro partido político con el que no haya existido coalición o alianza, lo que es contrario a lo afirmado por el inconforme.
Tal previsión para la militancia, a diferencia de la establecida para quienes integran las dirigencias, es más modulada por no corresponder a una prohibición absoluta como sí ocurre para las personas dirigentes, pues la solución adoptada es establecer la obligación para que la persona militante solicite una licencia provisional a sus derechos de afiliación cuando incurra en un supuesto de aceptar un cargo como funcionaria o funcionario de alto nivel o un cargo de decisión en un gobierno emanado de otro partido político con el que no haya existido coalición o alianza, por lo que tal medida es una restricción relativa por ser una medida temporal y provisional que surge sólo a partir de la actualización ese supuesto, ante un conflicto de interés.
En consecuencia, por las razones que ya se expusieron al hacer el análisis correspondiente, este
Consejo General arriba a la conclusión que la modificación estatutaria cumple con el principio de razonabilidad, en virtud de que ésta, por sus propiedades, se encuentra dirigida a posibilitar y asegurar que el PRI, como partido político, esté en aptitud de cumplir con los fines constitucionales que tiene conferidos como organización política, al proteger sus intereses y vida interna con el objeto de optimizar escenarios de desenvolvimiento político que le sean favorables en la sociedad, al imponer la obligación a sus personas militantes de solicitar licencia provisional del ejercicio de sus derechos político-electorales de afiliación, cuando se opte por aceptar un cargo como funcionaria o funcionario de alto nivel o un cargo de decisión en un gobierno de otro partido político y, por lo anotado, ello no incide en el núcleo esencial del derecho de asociación política, en su vertiente de derecho de afiliación a partidos políticos.
Inconformidades particulares de Juan José Ruíz Rodríguez
El militante Juan José Ruíz Rodríguez, específicamente se inconforma, además, por los siguientes aspectos:
1. Es inconstitucional la adición al artículo 59, en su fracción IV, relativa a la igualdad paritaria, que señala que será ésta sin importar su lugar de residencia, porque es un requisito de elegibilidad que tratándose de cargos de elección popular sólo puede estar previsto en ley.
Esta apreciación se considera inexacta, ya que la modificación a la que se refiere el inconforme, se encuentra enderezada a precisar los alcances de la garantía de igualdad partidaria de las personas miembros del PRI y no a un requisito referente a la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Esto es, dicha modificación corresponde a aquellas relacionadas con el derecho de afiliación, ya que establece que, sin importar el lugar de residencia de las personas miembros de ese partido político, tendrán la garantía del derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para ejercer derechos y cumplir las obligaciones y responsabilidades que señalan las leyes, los documentos básicos e instrumentos normativos señalados por las normas estatutarias.
En ese sentido, de su contenido, este Consejo General advierte que la modificación tiene por objeto precisar y ampliar los alcances de protección de dicha garantía en favor de sus personas afiliadas, pues expresamente define que ésta no podrá ser limitada por el lugar de residencia de la persona miembro del partido político, por lo que dicha reforma se estima que se ajusta a los parámetros de regularidad constitucional y legal por estar dirigida a precisar ampliando los alcances de protección de la garantía de igualdad partidaria, esto es, optimiza y maximiza el ejercicio de derechos reconocidos por dicha norma estatutaria, de forma progresiva a favor de las personas destinatarias.
2. La adición de la fracción XII, del artículo 61, que señala como obligación de las personas militantes el solicitar al CPN licencia provisional del ejercicio de su militancia, en caso de aceptar un cargo como funcionaria o funcionario de alto nivel o un cargo de decisión en un gobierno emanado de las filas de otro partido político con el que no haya existido coalición o alianza; es de regulación legal y no estatutaria.
Lo anterior se estima desacertado, ya que no corresponde al Poder Legislativo emitir leyes que regulen los asuntos internos de los partidos políticos, sino sólo respecto de aquellas disposiciones constitucionales aplicables a éstos, como son los derechos y obligaciones de sus personas militantes; los Lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidaturas, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; los contenidos mínimos de sus documentos básicos; las formas de participación electoral a través de la figura de coaliciones; el sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos; la organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de justicia intrapartidaria; los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones, entre otros.
Por esa razón, en el artículo 41, Base I, de la Constitución, se encuentra de forma integral el principio constitucional de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, al señalar que éstos son entidades de interés público; que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Asimismo, que las autoridades electorales solamente podremos intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esa Constitución y la ley, como en el caso concreto sucede al calificar la procedencia constitucional y legal de modificaciones a los Estatutos, que es un asunto interno del PRI. Esto es, los partidos políticos cuentan con una protección institucional que salvaguarda su vida interna y de ahí la improcedencia de lo alegado por el inconforme.
 
No obstante, y a efecto de evitar repeticiones innecesarias, por lo que hace al estudio de fondo de la modificación a la fracción XII, del artículo 61, se tiene por aquí reproducido el análisis que se hizo en este Apartado B, por lo que hace a las modificaciones de fondo específicas de aquellas que corresponden al derecho de afiliación.
3. Las reformas al artículo 63, fracciones I, VII y X, establece un sistema de control autoritario y discrecional del CEN respecto de las autoridades partidistas locales, al obligarles a presentar informes trimestrales cuando la fiscalización corresponde al INE; además, prevé que quien ocupe la Presidencia del CEN revise, en cualquier momento, el ejercicio del cargo de las presidencias estatales.
La interpretación que realiza el inconforme es inexacta, ya que en relación con la fracción I, del artículo 63, la modificación incide en el régimen de ética partidaria y sólo es un cambio normativo en el que se transforma la obligación de las Dirigencias del partido político para promover y vigilar el estricto cumplimiento de los Documentos Básicos, el Código de Ética Partidaria y los instrumentos normativos señalados en los Estatutos, pues establece un deber de conducción de las dirigencias en estricto apego a los documentos básicos y normas internas o, de lo contrario, podrán ser personas sujetas a los procedimientos sancionadores intrapartidarios.
Lo anterior, es un cambio normativo que transforma una obligación de promoción o vigilancia que, por su naturaleza, era externo; esto es, se encontraba encaminado a ser vigías de los actos y procedimientos en su ámbito de competencia, vinculados con la vida interna del partido político en cuanto a que en ellos se observara la normativa interna.
Tal obligación es transformada en un deber interno por lo que hace a que ya no son los actos de la vida interna los que deben ser objeto de vigía, sino que, además, su actuación como dirigencias del partido político es la que debe desplegarse con estricto apego a los documentos básicos y normas internas del partido político, constituyéndose en una obligación de disciplina intrapartidaria y, en ese marco, su incumplimiento puede dar lugar a los procedimientos sancionares partidarios conducentes.
Conforme con dicha característica, la modificación estatutaria tiende a reforzar la disciplina en los deberes de actuación de las dirigencias del partido político y, en ese contexto, la modificación estatutaria se encuentra en el margen de ejercicio del derecho a la libertad autoorganizativa y libre autodeterminación del partido político, ya que éstos detentan el derecho de configurar en su sistema normativo interno aquellas reglas que promuevan, regulen y sanciones la disciplina y ética partidaria, y al no apreciarse elemento alguno restrictivo de derechos fundamentales ni injerencia al principio constitucional democrático, es constitucional y legal la modificación estatutaria.
Relativo a la inconformidad de las modificaciones al artículo 63, fracción VII, de los Estatutos, igualmente se consideran constitucionales y legales, por las razones expuestas previamente en este Apartado B, pues como ahí se expone, corresponde a contenidos y sentidos que atañen a regulaciones ya vigentes en la normativa interna, la cual, en lo esencial, sólo se incorporan dos supuestos de excepción a la prohibición consistentes en que el cargo como funcionaria o funcionario de alto nivel o un cargo de decisión provenga de coaliciones en las que haya participado el PRI o exista dispensa concedida por la persona titular de la Presidencia del CEN; es decir, se atenúa el alcance de la prohibición para incorporar mayores exceptuaciones a su regulación.
En lo concerniente a la adición de la fracción X, al artículo 63, de los Estatutos, dicho agregado normativo también se ubica en los márgenes de libertad de autoorganización del partido político, por tratarse de una norma que tiene por objeto fortalecer el régimen de responsabilidades de sus personas dirigentes en relación con la vida interna del partido político.
Al efecto, la fracción en comento establece la obligación a las personas dirigentes, para que, en ejercicio de responsabilidad partidaria, trimestralmente presenten ante los órganos inmediatos superiores, un informe relativo a los actos y los resultados relacionados con sus obligaciones y atribuciones partidarias, así como en relación a las obligaciones en materia de transparencia, uso y manejo de recursos públicos, celebración de sesiones, integración de órganos, estado legal de bienes muebles e inmuebles, y dispone la facultad expresa de la persona titular de la dirigencia nacional del partido político, ya sea por sí o a través de la persona a quién ella instruya, se les requiera informes de gestión, actuación, ejercicio de cargo y/o responsabilidad partidaria, para su revisión o, en su caso, solicitar el inicio del procedimiento establecido para la suspensión de las personas integrantes del Comité Directivo Estatal, en términos de lo dispuesto en el artículo 88, fracción X, de esos Estatutos.
 
Como se ve, el contenido normativo también se encuentra dentro de los márgenes del derecho a la libertad de autoorganización, por tratarse de una norma que se encuentra dirigida a fortalecer el entramado de reglas internas del régimen de responsabilidades partidarias de las personas dirigentes al interior del partido político y, en torno a tal situación, todo partido político detenta la libertad para darse a sí mismo las normas que articulen las obligaciones, responsabilidades y deberes de aquellas personas que integran sus órganos de dirección partidista.
Por tal motivo, al tratarse de una modificación estatutaria que en todo sentido comprende el ejercicio de la libertad autoorganizativa del partido político para el diseño de su propio régimen interno de obligaciones y responsabilidades de sus personas dirigentes, se estima ajustada a constitucionalidad y legalidad.
4. La derogación de la fracción VIII, del artículo 88 es inconstitucional, porque establecía la facultad del CEN para aprobar las convocatorias, y ahora sólo la persona titular de la Presidencia del CEN puede designar candidaturas y convocar a elecciones a las dirigencias locales.
Contrario a lo sostenido por el inconforme, la derogación de la fracción VIII, del artículo 88 de los Estatutos, se encuentra vinculada con cuestiones de vida interna del partido político, al eliminar la facultad del CEN para aprobar, en su caso, las convocatorias que sometan a su consideración los órganos competentes para ser emitidas en los procesos de elección de personas dirigentes y postulación de candidaturas.
Asimismo, es de señalarse, que la norma estatutaria que se deroga, por su naturaleza, constituye un instrumento jurídico que en el ámbito político son conocidos como de control sobre órganos, porque aun cuando determinadas atribuciones como es la emisión de las convocatorias para la renovación de órganos de dirección y de selección de candidaturas, están en el ámbito de entes partidistas diversos al CEN, específicamente al estar conferidas al comité del nivel inmediato superior del nivel al que corresponda la elección -artículo 176, primer párrafo, de los Estatutos-, la aprobación de la convocatoria en ulterior término, en su caso, podía corresponder al CEN.
Como se ve, tal modificación busca armonizar el nuevo diseño de atribuciones en torno de la emisión de las convocatorias al interior del partido político, en tanto que, conforme con la modificación al artículo 176 de los Estatutos, toda convocatoria será expedida previo acuerdo de la persona titular de la Presidencia del CEN.
Por tanto, la derogación de la norma estatutaria en comento también se ubica en los márgenes de ejercicio del derecho de libertad de autoorganización de los partidos políticos, pues éstos cuentan con la libre potestad para definir las reglas que rigen los procesos electivos de renovación de sus órganos de dirección y de selección de candidaturas, siempre que se ajusten a parámetros democráticos; y dado que sólo se trata de un ajuste de distribución de atribuciones, en la que la última decisión en la aprobación de convocatoria de estar conferida al CEN ahora corresponde a la persona titular de la Presidencia del CEN es constitucional y legal la derogación analizada.
5. La fracción XII del artículo 89 es inconstitucional, pues está redactada en términos vagos e imprecisos.
En consideración de esta autoridad, la reforma a la fracción XII, del artículo 89, de los Estatutos, no está redactada en los términos que señala el inconforme, porque de ésta se desprende que corresponde a una modificación sustancial a la atribución que en su configuración original es conferida a la persona titular de la Presidencia del CEN para ejercer las atribuciones del CEN en casos de urgencia.
En efecto, conforme a la modificación a la fracción III, del artículo 88 de las normas estatutarias fue derogada la facultad de decisión del CEN sobre cuestiones políticas y organizativas relevantes del partido político; ello es armonización a dicha modificación que se cambie el sentido de la atribución conferida a la persona titular de la Presidencia del CEN para ejercer atribuciones de este último, en caso de urgencia, y por razón de que dicho órgano ejecutivo ya no preserva la atribución de decisión en comento.
Explicado lo anterior, este Instituto identifica que la modificación a la norma estatutaria corresponde a un cambio sustancial de la norma, pues deja de corresponder a un supuesto excepcional de ejercicio de las atribuciones del CEN -ante la derogación de las potestades de decisión de dicho órgano ejecutivo en cuestiones políticas y organizativas relevantes- y se transforma en la creación de una facultad exclusiva de la persona titular de la Presidencia del CEN, para que, ante crisis de vida interna que puedan suscitarse entre las distintas áreas de la estructura operativa del partido político, cuya situación reclame soluciones con urgencia, eficacia y
eficiencia para ejercer un derecho denominado de atracción, para atraer dichos problemas y procurar su inmediata y debida solución en términos del reglamento y la práctica de las buenas costumbres, a fin de establecer el orden y desarrollo operativo alterado.
En esa medida, los instrumentos jurídicos conocidos como facultades de atracción, tienen, como característica esencial, posibilitar al órgano al que se le confiere la atribución, para que atraiga asuntos para hacerlos de su conocimiento, intervención y decisión sobre situaciones que en el régimen ordinario no entrarían en su ámbito de actuación; de manera que, a través de la medida, se le otorga potestad para resolver situaciones que, por su gravedad, urgencia, importancia u otros criterios de oportunidad, se estima es pertinente que sean decididos por dicho órgano.
En ese contexto, se explica la creación de la facultad exclusiva de la persona titular de la Presidencia del CEN, para conferirle un derecho de atracción respecto de aquellas crisis en la vida interna del partido político que tengan su origen y se susciten entre las diversas áreas de la estructura operativa y funcional del partido político que reclamen soluciones con urgencia; elementos que son propios de la naturaleza de las facultades discrecionales para atraer asuntos que, ordinariamente, no son competencia del órgano; de manera que, la atribución exclusiva se aprecia si corresponde a los caracteres esenciales de este tipo de instrumentos jurídicos.
Al efecto, de la configuración normativa de la facultad exclusiva en análisis, se desprenden los siguientes elementos, los cuales revelan que no existe lo impreciso o vago de la modificación:
     Es exclusiva de la persona titular de la Presidencia del CEN.
     Le otorga potestad para ejercer el derecho de atracción de casos específicos de crisis.
     Las crisis deben tener su origen en cuestiones suscitadas entre diversas áreas de la estructura operativa y funcional del partido político.
     El caso, por la naturaleza de la crisis, debe reclamar una solución urgente.
     Debe ejercerse con base en criterios de eficacia y eficiencia.
     De la situación y actuaciones efectuadas, deberán concentrarse los expedientes o documentos relativos resguardándose en las oficinas de quien designe la persona dirigente nacional.
Al igual que en su sentido original o vigente, la fracción XII, del artículo 89, en su nueva configuración también persigue el propósito de dotar de instrumentos jurídicos a la persona titular de la Presidencia del CEN para resolver cuestiones que sean de urgencia, ahora catalogadas como crisis, que reclamen una solución urgente; razón por la cual se considera que la modificación en estudio también se ubica en el ámbito de libertad autoorganizativa, al configurar atribuciones para que la persona dirigente nacional pueda proveer soluciones inmediatas, para asegurar la regularidad en el funcionamiento institucional de los órganos del partido político en su vida interna y, la cual, tampoco presenta rasgo alguno de restricción de derechos fundamentales; razones por las cuales se califica de constitucional y legal la reforma estatutaria.
6. La facultad de atracción prevista en el artículo 158 es inconstitucional, porque otorga poder discrecional a la Presidencia del CEN, para apropiarse de todas las candidaturas a cargos de elección popular.
Del análisis en su conjunto de las modificaciones de los artículos 158, 176 y 181, último párrafo, de los Estatutos, se desprende que no existe la inconstitucionalidad referida por el inconforme, y ello se explica a partir del análisis de dichas disposiciones que dan atribuciones conferidas a la persona titular de la Presidencia del CEN, para que previo acuerdo de la persona Dirigente Nacional, la Comisión Nacional de Procesos Internos pueda ejercer la facultad de atracción sobre los asuntos que conozcan sus similares de todos sus niveles y para en la expedición de las convocatorias para la renovación de las dirigencias del partido político medie acuerdo previo de la referida persona dirigente.
En ese contexto, constituye facultades de control político en tanto que están dirigidas a otorgarle intervención como quien sanciona o autoriza mediante el Acuerdo respectivo los actos de emisión de las convocatorias para las renovaciones de las dirigencias y la relativa al ejercicio de la facultad de atracción referida.
La modificación al último párrafo del artículo 181 de los Estatutos, tiene dos vertientes; en la primera corresponde a una precisión en el sentido la aprobación a que estará sujeta por parte de la Comisión Política Permanente de la participación en los procesos de postulación de candidaturas a cargos de elección federales y sólo será en los que son elegidas las personas bajo el principio de
mayoría relativa.
En esa medida, al tratarse de una reforma que no modifica el contenido sustancial ni el sentido de la norma partidista, sino que sólo acota la posibilidad de participación de personas simpatizantes a los procesos de postulación de candidaturas federales, por el principio de mayoría relativa, es que resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-40/2004, por lo que prevalece la constitucionalidad y legalidad de la norma estatutaria en ese aspecto.
En la segunda vertiente, en condiciones similares a las modificaciones a los artículos 158 y 176, el último párrafo del artículo 181 integra la configuración de una atribución de control político de la persona titular de la Presidencia del CEN, al establecer que, tratándose de personas simpatizantes que aspiren a diputaciones por el principio de mayoría relativa en las legislaturas de las entidades federativas o a integrantes de los Ayuntamientos o de las Alcaldías de la Ciudad de México, el acuerdo lo emitirá la Comisión Política Permanente de la entidad federativa de que se trate, con autorización de la persona Dirigente Nacional.
En ese marco, las reformas a las normas estatutarias contenidas en los artículos 158, 176 y 181, último párrafo, de los Estatutos, se ubican dentro del margen de ejercicio del derecho de libertad autoorganizativa y autodeterminación de los partidos políticos, al conferir facultades de control político a la persona Dirigente Nacional en actos relacionados con los procesos internos de renovación de las dirigencias y de postulación de candidaturas por el principio de mayoría relativa, tratándose de participación de personas simpatizantes; de manera que, dado que los partidos políticos detentan el derecho a autorregularse y proveerse las reglas que rigen los procedimientos electivos a su interior, y al no advertirse elementos contrarios al principio democrático que por ser de orden constitucional irradia y vincula al sistema de partidos políticos, es que se califican de constitucionales y legales dichas modificaciones.
7. En el artículo 181 se eliminó, para obtener una candidatura, el requisito de ser persona militante y cuadro, dejando la posibilidad de que personas terceras extrañas puedan ser postuladas en las listas de representación proporcional.
Esta inconformidad se considera inexacta, ya que la modificación a la fracción XI del artículo 181, tocante a los requisitos para las candidaturas para personas legisladoras federales y locales, en el caso del inciso a), tiene caracteres de atenuar el rigor del requisito ahí regulado, en tanto que originalmente se encontraba establecido en términos de acreditar la calidad de cuadro o dirigente, y éste es flexibilizado para fijarlo a únicamente acreditar la calidad de persona militante al interior del instituto político; por ende, no existe posibilidad de que personas extrañas a ese partido político sean postuladas a dichos cargos.
8. Es inconstitucional el artículo 195, pues no toma en consideración los derechos adquiridos de la militancia, pues hace a un lado las convocatorias y los resultados de los procesos internos, para todo lo relativo a las candidaturas por medio de la facultad de atracción.
Del análisis de la modificación a la norma contenida en el artículo 195 de los Estatutos, no se acredita el dicho del inconforme. Esto se explica, a partir de los dos cambios normativos que en ese artículo se hace.
El primero consiste en una precisión en torno de que la facultad de las comisiones de procesos internos en la conducción del procedimiento de postulación de candidaturas a cargos de elección popular se ejerce, conforme a su jurisdicción, establecida en las normas estatutarias.
En relación a este cambio normativo, atendiendo a la naturaleza de la modificación que no cambia el contenido sustancial ni el sentido de la norma partidista, este Consejo General considera que es aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-40/2004, en el sentido que cuando no existen cambios sustantivos debe prevalecer el pronunciamiento de constitucionalidad y legalidad de la norma estatutaria; de ahí que conforme a lo señalado prevalezca el carácter de constitucional y legal de la norma estatutaria.
El segundo cambio normativo, al artículo 195 corresponde a incorporar un mecanismo de control político en favor de la persona titular de la Presidencia del CEN, al establecer que, tratándose de aquellos casos en los que por razones debidamente justificadas las Comisiones de Procesos Internos atraigan los asuntos que sean del conocimiento de sus similares, ésto deberá ser previo acuerdo de la persona Dirigente Nacional.
Dado que, el derecho a la libertad autoorganizativa de los partidos políticos, reconoce la potestad
de éstos para establecer su régimen interno que, entre otras cuestiones, define la estructura organizativa del partido político y la distribución de atribuciones y competencias entre los órganos partidistas, es que se considera que la modificación estatutaria constituye una ampliación de atribuciones de la persona Dirigente Nacional para tener intervención y mayor control sobre actos que se estimen relevantes para el régimen interior del partido político, que no constituye lo que aprecia el inconforme, pues sólo es tratándose de aquellos casos en los que, por razones debidamente justificadas las Comisiones de Procesos Internos atraigan los asuntos que sean del conocimiento de sus similares, y para ello, deberá ser previo acuerdo de la persona Dirigente Nacional.
9. Se viola la Constitución al establecer que la Comisión de Justicia puede aplicar medidas cautelares.
Del análisis de la modificación estatutaria al artículo 246, por cuanto hace a las medidas cautelares, no se acredita la inconstitucionalidad alegada por el inconforme, porque ésta constituye un agregado normativo a fin de establecer la potestad normativa para que la Comisión de Justicia Partidaria decrete medidas cautelares temporales y necesarias dentro de los procedimientos sancionadores de su conocimiento y competencia para salvaguardar los bienes jurídicos tutelados por la norma partidista, sujetándola a que sea usada en casos de urgencia o, bien, por la naturaleza de la conducta, justificándolo así en su determinación y siempre que sea proporcional a la sanción aplicable a la conducta denunciada para no vulnerar derechos humanos.
Como se ve, el cambio normativo constituye una medida de progresividad en los alcances e instrumentos para la protección de los derechos en los procedimientos sancionadores de jurisdicción partidista, para salvaguardar los bienes jurídicos e impone el deber a que dichas actuaciones se ajusten a lo que se conoce como test o juicio de proporcionalidad en el ámbito de aplicación y protección de los derechos humanos, ya que las medidas cautelares no deben ser excesivas en cuanto que están obligadas a guardan proporcionalidad con la sanción que, de ser el caso, pueda llegar a imponerse.
No obstante lo anterior, la inconstitucionalidad alegada por el inconforme puede tener sustento en la sentencia dictada por la Sala Superior, en su sesión de diez de agosto de dos mil dieciséis, en el expediente SUP-JDC-1694/2016, en la que se determinó la inconstitucionalidad de la última parte del artículo 132 del Código de Justicia Partidaria del PRI, exclusivamente por lo que se refiere a la suspensión temporal de derechos partidistas de las personas militantes.
El artículo 132 de cuenta dispone lo siguiente: "En los casos en que se considere que una o un militante, cuadro o dirigente del Partido ha incurrido en hechos que constituyen causales de suspensión temporal, inhabilitación temporal o de expulsión, los órganos directivos correspondientes deberán enviar a la Comisión Nacional la denuncia con los elementos de prueba. La cual, excepcionalmente, si la gravedad del caso lo amerita, acordará la suspensión provisional de los derechos del infractor, hasta en tanto se dicta la resolución definitiva".
La Sala Superior sostuvo que la porción normativa impugnada, es contraria al mandato contenido en los artículos 14, 16 y 20, párrafo primero, apartado B, fracción I, de la Constitución, en la medida de que baste con que como persona militante del PRI sea denunciada de una conducta ilícita, se le instaure un procedimiento disciplinario y la Comisión Nacional determine la suspensión temporal de los derechos para que la persona militante a la par de que se ve suspendida en sus derechos intrapartidistas y afectada también en su derecho constitucional de libre afiliación y concomitantemente del voto pasivo.
Lo anterior, lo explicó la Sala Superior, en el sentido que ha determinado que aún en el caso en que una persona ciudadana se encuentre vinculada a un proceso penal, si se está en el supuesto de que no fue privada de su libertad, no deben suspenderse sus derechos políticos electorales, con mayoría de razón debe estimarse que, resulta válido atender a estos criterios, en el sentido de que, el último párrafo del artículo 132 del Código de Justicia Partidaria del PRI, por cuanto establece una posibilidad abierta de suspender derechos intrapartidistas a sus personas militantes, bastando para ello la sola denuncia de hechos que se consideren contrarios a la normativa interna partidaria; desde luego que, resulta contraria a la Constitución por cuanto vulnera directamente el principio de presunción de inocencia.
Ahora bien, en el caso de la modificación que se hace al artículo 246 de los Estatutos, consistente
en adicionar que la Comisión de Justicia Partidaria podrá decretar las medidas cautelares temporales dentro de los procedimientos sancionadores, no es igual a la hipótesis prevista en la parte final del artículo 132 del Código de Justicia Partidaria, en la que se prevé de forma directa y tajante la suspensión provisional de derechos de la persona infractora, como única medida cautelar prevista en dicho Código, hasta en tanto se dicte la resolución definitiva.
Esto es, mientras que la Sala Superior en la sentencia referida ya determinó la inconstitucionalidad de la última parte del artículo 132 del Código de Justicia Partidaria, exclusivamente por lo que se refiere a la suspensión temporal de derechos partidistas de las personas militantes, ello no se traduce en que la Sala Superior haya resuelto que todas las medidas cautelares, independientemente en qué consistan éstas se tornen inconstitucionales.
Por esa razón, del análisis de la modificación estatutaria al artículo 246, no se acredita la inconstitucionalidad alegada por el inconforme, porque en la medida que el partido político reconoce el criterio citado de la Sala Superior, sólo se ésta haciendo un agregado estatutario a fin de establecer la potestad normativa para que la Comisión de Justicia Partidaria decrete medidas cautelares temporales y necesarias dentro de los procedimientos sancionadores de su conocimiento y competencia, sin que aún defina en qué consistirán éstas; pero además, a diferencia de la hipótesis prevista en el Código de citado, dichas medidas cautelares serán para salvaguardar los bienes jurídicos tutelados por la norma partidista, sujetándola a que sea usada sólo en casos de urgencia o, bien, por la naturaleza de la conducta, justificándolo así en su determinación y siempre que sea proporcional a la sanción aplicable a la conducta denunciada para no vulnerar derechos humanos.
Por lo anterior, es que se afirma que el cambio normativo constituye una medida de progresividad en los alcances e instrumentos para la protección de los derechos en los procedimientos sancionadores de jurisdicción partidista, para salvaguardar los bienes jurídicos e impone el deber a que dichas actuaciones se ajusten a lo que se conoce como test o juicio de proporcionalidad en el ámbito de aplicación y protección de los derechos humanos, ya que las medidas cautelares no deben ser excesivas en cuanto que están obligadas a guardan proporcionalidad con la sanción que, de ser el caso, pueda llegar a imponerse.
10. Las modificaciones no contemplaron a las personas con discapacidad.
Está inconformidad, si bien como acción afirmativa a favor de las personas con discapacidad sería deseable que se contemplara en los Estatutos, tal y como acontece con la prevención de aquellas para personas de pueblos y comunidades indígenas, y jóvenes; al no formar parte de las modificaciones notificadas y ser un asunto interno de ese partido político, no ha lugar a realizar un pronunciamiento al respecto.
Conclusión Apartado B
28.  Bajo los principios de autoorganización y libre autodeterminación, esta autoridad considera que las modificaciones de fondo realizadas a los Estatutos no contradicen el marco constitucional y legal de los partidos políticos, para lo cual, en su análisis, se ha respetado el derecho político-electoral fundamental de asociación, en su vertiente de libre de afiliación y participación democrática en la formación de la voluntad del partido político y que ejercen individualmente las personas ciudadanas afiliadas al PRI; así como la libertad de autoorganización correspondiente a esa entidad colectiva de interés público.
VIII. Conclusión General de los Apartados A y B
29.  Las modificaciones presentadas por el PRI a los artículos precisados en esta resolución, tal y como se muestra en el cuadro comparativo de la norma estatutaria, mismo que se acompaña como Anexo Uno a la presente Resolución, esta autoridad advierte y concluye lo siguiente:
I.    Que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios e ideas que postulan, lo cual, a su vez, evidencia que desde la Constitución y las leyes de la materia se establece una amplia libertad o capacidad autoorganizativa; sin embargo, dicha libertad no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial del correspondiente derecho político-electoral fundamental de asociación, así como de otros derechos fundamentales de las propias personas ciudadanas afiliadas, miembros o militantes;
II.   Que las modificaciones presentadas se refieren a cuestiones de forma y fondo;
III.   Que dichas modificaciones no vulneran los derechos de las personas afiliadas, simpatizantes
o adherentes del partido político, ya que no cambia las reglas de afiliación ni de integración de sus órganos estatutarios;
IV.  Que dicha determinación es acorde con su derecho de autoorganización y libertad de decisión política que otorga la Constitución y la Legislación Electoral a los partidos políticos, para normar y reglamentar su forma de organización interna, por lo que las autoridades electorales no podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, salvo disposición en contrario; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo de la Base I, del artículo 41, de la Constitución, en relación con los artículos 23, numeral 1, inciso c), y 34, de la LGPP;
V.   Que es obligación de este Consejo General al pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos presentadas, atender el derecho de los partidos políticos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, numeral 1, de la LGPP.
Derivado de lo anterior, esta autoridad administrativa electoral considera que el PRI cumple con lo previsto en los artículos 23, numeral 1, inciso c), 34, numeral 2, incisos d) y e), 36, numeral 1, y 39, numeral1, incisos c) y d), de la LGPP.
Con base en el análisis de los documentos presentados y en virtud de los razonamientos vertidos en los considerandos 11 al 29 de la presente Resolución, este Consejo General estima procedente la declaratoria de constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los Estatutos del PRI, al contener los elementos mínimos a los que se refieren los artículos 35, 37, 38, 39 y 43, de la LGPP, en relación con los artículos 3, numeral 3, 29, 34, 40 y 41 de la misma ley, así como en las Jurisprudencias VIII/2005 y 20/2018 sostenidas por el TEPJF.
El texto íntegro de los Estatutos del PRI, así como el cuadro de análisis correspondiente sobre la procedencia legal y constitucional, forman parte integral de la presente Resolución, como Anexo Dos.
En razón de los considerandos anteriores, la CPPP, en su sesión extraordinaria privada efectuada el tres de septiembre de dos mil veinte, aprobó el AnteProyecto de Resolución en cuestión, y con fundamento en el artículo 42, párrafo 8, de la LGIPE, somete a la consideración del Consejo General el Proyecto de Resolución de mérito.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Bases I y V, de la Constitución; relacionado con los artículos 29 numeral 1, 30, numeral 2, 31, numeral 1, 42, numeral 8, 44, numeral 1, inciso j), y 55, numeral 1, inciso o), de la LGIPE; 3, numeral 3, 10, párrafo 2, inciso a), 23, numeral 1, inciso c), 25, numeral 1, inciso l), 28, 34, 35, inciso c), 36, numeral 1, 37, 38, 39, 40, numeral 1, inciso a), 41, numeral 1, incisos a), f) y g), y 43, de la LGPP; 46, numeral 1, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; así como la Jurisprudencia 3/2005 y la Tesis VIII/2005 invocadas, y en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 43, párrafo 1, y 44, párrafo 1, incisos j) y jj), de la citada LGIPE, dicta la siguiente:
RESOLUCIÓN
PRIMERO. Se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, conforme al texto aprobado por su LI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, celebrada el tres de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se requiere al Partido Revolucionario Institucional para que, a la brevedad posible, y por conducto del órgano competente, realice las adecuaciones a los Reglamentos que deriven de la reforma a sus Estatutos, y los remita a esta autoridad, a efecto de proceder conforme a lo señalado por el artículo 36, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos.
TERCERO. En atención al principio de autoorganización, resulta procedente requerir al Partido Revolucionario Institucional, para que realice a la brevedad las modificaciones a sus documentos básicos y, en su caso, a los Reglamentos, para que con ello de cumplimiento a las reformas aprobadas mediante el Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de trece de abril de dos mil veinte, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, e informen a esta autoridad dentro del plazo contenido en el artículo 25, numeral 1, inciso l), de la Ley General de Partidos Políticos, de acuerdo con los fundamentos y argumentos contenidos en el Considerando 26 de esta Resolución.
CUARTO. Se tienen por analizados los motivos de inconformidad expresados en los nueve escritos signados por Benjamín Antonio Russek de Garay, Yesenia Rodríguez Caudillo, Alejandro Jassyel Babina Cano, Leslie Getsami Ortega Barrera, Domitilo Vite Carlos, Omar Jalil Flores Majul, Luis Javier Guerrero Guerra, Juan José Ruíz Rodríguez y Cenovio Ruiz Zazueta, en contra de las modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, en los términos expresados en los Considerandos 11 y 29, de la presente Resolución.
QUINTO. Notifíquese por oficio la presente Resolución al Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, para que, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el partido político rija sus actividades al tenor de las resoluciones adoptadas al respecto.
SEXTO. Notifíquese por oficio la presente Resolución a los CC. Benjamín Antonio Russek de Garay, Yesenia Rodríguez Caudillo, Alejandro Jassyel Babina Cano, Leslie Getsami Ortega Barrera, Domitilo Vite Carlos, Omar Jalil Flores Majul, Luis Javier Guerrero Guerra, Juan José Ruíz Rodríguez y Cenovio Ruiz Zazueta.
SÉPTIMO. Publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 4 de septiembre de 2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
El Acuerdo y los anexos pueden ser consultados en las siguientes direcciones electrónicas:
Página INE:
https://www.ine.mx/segunda-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-04-de-septiembre-de-2020/
Página DOF
www.dof.gob.mx/2020/INE/CGext202009_04_rp_11.pdf
______________________
 
1     Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17.
2     Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 6, Año 2003, página 51.
3     De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, numeral 1, de la Ley de Medios del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dispone que no son objeto de prueba los hechos notorios, entre otros.
4     El Título Primero de los Estatutos, De la naturaleza, fines e integración del Partido, comprende del artículo 1 al 58 y, específicamente regula, como su denominación lo indica, su naturaleza, fines, normas internas, integración y mecanismos de afiliación.
5     Número aproximado considerando que en la última XXII Asamblea Nacional Ordinaria contó con la asistencia de nueve mil setecientos dieciocho personas delegadas, de las diez mil ciento treinta y ocho acreditadas en ese momento ante el INE.
6     A partir de este Considerando, las personas inconformes serán citadas en el orden de presentación de sus escritos, independientemente de la instancia en la que lo hayan realizado.
7     Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 5, Año 2002, páginas 94 y 95.
8     Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2013, páginas 349 y 350.
9     Por ejemplo, la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancias de este Consejo General; o aquellas del Pleno y Salas de la SCJN, o de la Sala Superior y Regionales del TEPJF, entre otros, y que si bien es cierto no están previstas en las leyes generales, federales u orgánicas la celebración de este tipo de sesiones a distancia o virtuales, o que resulte materialmente imposible cumplir aspectos previstos para sesiones presenciales, no por
ello deben tildarse de inconstitucionales o ilegales, pues la justificación que lo soporta es de tal envergadura que lo primero que las motiva es el proteger uno de los bienes jurídicos por excelencia: la vida de las personas.
10    El Título Primero de los Estatutos, De la naturaleza, fines e integración del Partido, comprende del artículo 1 al 58 y, específicamente regula, como su denominación lo indica, su naturaleza, fines, normas internas, integración y mecanismos de afiliación.
11    Fuente: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, año 7, número 15, pp. 41, 42 y 43.
12    Rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. Tercera Época. La Sala Superior en sesión celebrada el uno de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la Jurisprudencia 3/2005 y la declaró formalmente obligatoria. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, TEPJF, páginas 120 a 122.
13    Rubro: PARIDAD DE GÉNERO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN. Sexta Época. La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la Jurisprudencia 20/2018 y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, Año 11, Número 22, 2018, páginas 20 y 21.
14    Recurso de Apelación promovido por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución CG85/2004, dictada por el Consejo General del IFE, en sesión extraordinaria de siete de mayo de dos mil cuatro, respecto de la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto de ese PPN.
15    Consultable en la siguiente liga electrónica: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JDC/SUP-JDC-00803-2002.htm
16    Rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS. Tercera Época. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, TEPJF, páginas 559 y 560.

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