DOF: 07/10/2002

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 1329/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado La Noria, Municipio de Cortazar, Gto.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver en cumplimiento de las ejecutorias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, en los expedientes 520/97, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, amparo en revisión, que modificó la sentencia pronunciada por el Juez Quinto de Distrito, en el juicio de amparo número 454/96 y 72/2001 de veintidós de agosto de dos mil uno, amparo en revisión, que modificó la sentencia pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de garantías número 148/2000, en el proceso agrario número 1329/93, que corresponde al expediente administrativo número 2628, relativo a la solicitud de ampliación de ejido, promovida por un grupo de campesinos del poblado La Noria , Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Superior el siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió en la acción de ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado La Noria , Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato, lo siguiente:

PRIMERO.- Es procedente la ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado La Noria , ubicado en el Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Se deja sin efectos jurídicos el Acuerdo Presidencial de veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta, y por ende se cancela el certificado de inafectabilidad agrícola 00956 expedido a favor de Ana María Hoth de Ritter, respecto al predio San Lorenzo , ubicado en el Municipio de Cortazar, Guanajuato, propiedad para efectos agrarios de Eusebio Aboytes Ruiz, Eusebio Aboytes Novoa y Angélica Aboytes de Arriaga; lo anterior con fundamento en la fracción I del artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

TERCERO.- Es de dotarse y se dota al poblado referido en el resolutivo primero de esta sentencia, de 200-80-00 hectáreas (doscientas hectáreas, ochenta áreas) de riego, como excedentes a la pequeña propiedad, superficies que se tomarán de la siguiente forma: 45-74-00 hectáreas (cuarenta y cinco hectáreas, setenta y cuatro áreas), de El Colorado , propiedad de Luis Dagnino Irigoyen; 37-16-00 hectáreas (treinta y siete hectáreas, dieciséis áreas), del predio El Carrizal , propiedad de Esteban Ruiz Bello; 80-10-00 hectáreas (ochenta hectáreas, diez áreas), del predio La Mexicana , propiedad de Alfonso Irigoyen Albaitero y 37-80-00 hectáreas (treinta y siete hectáreas, ochenta áreas), del predio San Lorenzo , propiedad para efectos agrarios de Eusebio Aboytes Ruiz, Eusebio Aboytes Novoa y Angélica Aboytes de Arriaga, cuyas fracciones provienen de la exhacienda denominada Vista Hermosa , ubicada en el Municipio de Cortazar, Guanajuato; superficie que se localizará de acuerdo al plano proyecto que obra en autos, en favor de (33) treinta y tres campesinos capacitados relacionados en el considerando tercero de esta sentencia. Esta superficie pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria .

SEGUNDO.- Inconformes con la sentencia anterior, por escrito presentado el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, ante este Tribunal Superior, Mariano Valdez Castro y María Leticia Cervantes Quezada, por su propio derecho demandaron juicio de garantías, tocándole conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, bajo el número 454/96-3, autoridad que el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete, resolvió sobreseer el amparo promovido por los quejosos.

Inconforme con el fallo anterior, Mariano Valdez Castro y María Leticia Cervantes Quezada, interpusieron recurso de revisión, tocándole conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, bajo el expediente 520/97, que en resolución de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió conceder la protección constitucional a los amparistas, toda vez que consideró:

SEXTO.- los conceptos de violación insertos son substancialmente fundados.

En efecto, los quejosos argumentan que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que nunca se les notificó de la integración del expediente del que derivó la resolución en la que se determinó cancelar el certificado de inafectabilidad agrícola que amparaba sus propiedades y la afectación de las mismas a favor del ejido La Noria de Cortazar, Guanajuato, sin que la sola publicación de la solicitud de ampliación de ejido, pueda tenerse como una notificación que surta efectos contra los propietarios de los predios afectados.

Agregan los inconformes, que el procedimiento impugnado, resulta ilegal, por virtud de que el Tribunal Superior Agrario carece de competencia para resolver sobre la nulidad de los certificados de inafectabilidad agrícola, facultad que conforme a lo dispuesto por la fracción XX del ordinal 10, de la Ley de Reforma Agraria, conserva el Secretario de la Reforma Agraria, a través de los procedimientos que establecen los artículos 418 y 419 de ese cuerpo legal, sin que de los artículos tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 Constitucional, tercero transitorio de la Ley Agraria y los numerales 9 y 4 transitorios de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios sea posible desprender esa facultad, como lo sostiene la responsable.

Sostienen, además que nunca se efectuó la anotación marginal a que alude el artículo 449 de la Ley de Reforma Agraria, además de que se pretende aplicar retroactivamente la ley en su perjuicio, ya que los Códigos Agrarios de 1934, 1938 y 1940 no preveían la nulidad de acuerdos presidenciales y conforme a esas normas se expidió el certificado de inafectabilidad agrícola del predio San Lorenzo .

Las anteriores inconformidades, resultan sustancialmente fundadas.

De los antecedentes del asunto se advierte:

a).- Que el 2 dos de marzo de 1945 mil novecientos cuarenta y cinco, el ejido La Noria , solicitó ante el Gobernador del Estado, la instauración del procedimiento agrario de ampliación de tierras (fojas 451 Tomo II del sumario). Solicitud que fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 veintiséis de abril de ese mismo año (a fojas 460 del sumario), con lo que se inició la tramitación de la citada secuela procesal bajo el número 25/128229.

b).- Seguido el procedimiento respectivo, el 6 seis de abril de 1945 mil novecientos cuarenta y cinco, Ana María Hoth de Ritter, propietaria del predio San Lorenzo , remitió al presidente de la Comisión Agraria Mixta, copias certificadas de su título de propiedad (a fojas de la 526 a la 532 del Tomo II), así como el certificado de inafectabilidad (fojas 952 del sumario) relativo a esa fracción de terreno.

c).- El veinte de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro la Comisión Agraria Mixta aprobó un proyecto de dictamen en el que se exponía, que la solicitud de ampliación de ejido era procedente, pero, que al no existir ningún predio afectable dentro del radio legal establecido para el efecto, no se ampliaba el referido ejido (a fojas de la 662 y 666 del tomo II).

d).- Que el Ingeniero José Luis Salas Muñoz, el veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y uno, mediante oficio pone a la vista del Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Guanajuato, los trabajos técnicos informativos, ordenados por el Consejero Agrario Presidente de la Sala por el Estado de Guanajuato y que para la realización de dichas diligencias se citó Eusebio Aboytes Ruiz, Ramón Angel Salaman Kury, Antonio Kamel Cosah, en su carácter de propietarios del predio denominado San Lorenzo (a fojas 3542, 3543, de la 1717 a la 1805 y 1843 del tomo II y 3682 y 3738 del tomo del sumario, respectivamente).

e).- La Dirección General de Tenencia de la Tierra, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria, determinó instaurar el procedimiento de cancelación del certificado de inafectabilidad 00956, así como tildar su inscripción en el Registro Agrario Nacional que ampara el predio San Lorenzo de Cortazar, Guanajuato (a fojas 1894 y 1895 del tomo II del sumario), por lo cual se ordenó notificar a los propietarios de dicho predio sobre la instauración de tal procedimiento, mismos que según los trabajos técnicos resultaron ser, Angélica Aboytes de Arriaga, Eusebio Aboytes Novoa y Eusebio Aboytes Ruiz, a quienes se notificó personalmente (a fojas 1996, 1903 y 1910, del tomo II, respectivamente), personas que concurrieron por escrito, ante aquella Dirección, en defensa de sus intereses, formulando los alegatos respectivos (a fojas de la 2700 a la 2076, de la 2684 a la 2696 y de la 2638 a la 2646 del tomo II del sumario).

f).- El 7 siete de febrero de mil novecientos noventa, el pleno del Cuerpo Consultivo Agrario emitió un dictamen, que fue ratificado el día diez de febrero de mil novecientos noventa y tres (a fojas de la 4502 a la 4538 y 577 a la 566 del tomo II), en el que se opinó que era procedente la cancelación del aducido certificado de inafectabilidad agrícola, por lo que debía turnarse el expediente al Secretario de la Reforma Agraria, para que ordenara la respectiva cancelación.

g).- En mil novecientos noventa se ordenó que se llevaran al cabo los trabajos técnicos complementarios (a fojas 2983 del tomo II), cuya realización fue comunicada a los propietarios del predio San Lorenzo Angélica Aboytes de Arriaga Mariano Valdez Castro y María Leticia Cervantes Quezada, a través del segundo de los nombrados (a fojas 3095 y 3096).

h).- El diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, el aludido Cuerpo Colegiado, además de ratificar el citado dictamen de cancelación de certificados de inafectabilidad agrícola, se pronunció en el sentido de que era procedente la ampliación de tierras solicitada por el ejido La Noria . (a fojas de la 677 a la 756 del tomo II).

i).- El diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el Tribunal Superior Agrario, radicó el expediente agrario de ampliación de ejido 25/12829, dando inicio al juicio agrario que motivó la presente causa, al que se le asignó el número 1329/93, en el que se dictó resolución el siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro (a fojas de la 206 a la 219 del tomo I), fallo que fue notificado por rotulón el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco (fojas 203 vuelta del tomo I).

Ahora bien, por lo que concierne a los antecedentes de propiedad del predio San Lorenzo de Cortazar, Guanajuato, de las copias certificadas de los documentos que a continuación se enuncian y que dada su calidad de instrumentos públicos, en atención a lo previsto por el artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles Federal de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hacen prueba plena de lo en ellos consignado, se desprende que:

a).- El once de septiembre de mil novecientos setenta, Ana María Hotk Ritter, vende el terreno denominado San Lorenzo a Agustín Trejo del Valle, según se colige de la certificación emitida por encargado del Registro Público de la Propiedad de Cortazar, Guanajuato (foja 3055).

b).- A través de la escritura pública 11,072 tirada ante la fe del licenciado Guillermo Sergio Aguinaga Olmedo, Juez Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, actuando por receptación, se adjudicó a Eusebio Aboytes Ruiz el predio rústico San Lorenzo municipio de Cortazar, Guanajuato, ello derivado de un juicio ejecutivo civil seguido en contra de Agustín Trejo del Valle, (2651 a 2664 del tomo II).

c).- El día treinta de octubre de mil novecientos setenta y dos, Eusebio Aboytes Ruiz, vende a Antonio Kamel Cosah, una fracción de 24-67-09 hectáreas del predio San Lorenzo , del municipio de Cortazar, Guanajuato, como se aprecia en la escritura pública 11,108, otorgada ante Javier Guerrero, Notario Público número 3 tres de Celaya (a fojas de la 2669 a la 2674 del tomo III del sumario).

d).- En aquella misma fecha, ante el mismo fedatario público Eusebio Aboytes Ruiz, vendió otra fracción de 24-66-90 hectáreas del terreno llamado San Lorenzo a Ramón Angel Salamar Koury, como se advierte en la escritura pública 11,109 (a fojas de la 2678 a la 2685).

e).- El cuatro de marzo de mil novecientos setenta y cuatro, Antonio Kamel Cosah vendió a Eusebio Aboytes Novoa, 24-67-09 hectáreas del predio San Lorenzo , acto que fue consignado en la escritura pública 12,055, pasada por la fe del Licenciado Javier Guerrero, notario público número tres de Celaya, Guanajuato (a fojas de la 2691 a la 2695 del tomo II).

f).- En la misma fecha antes referida y ante el mismo fedatario público, Ramón Angel Salaman Koury, vendió a Angélica Aboytes de Arriaga, de una fracción de 24-66-90 hectáreas del predio rústico San Lorenzo , de Cortazar, Guanajuato, operación asentada en (a fojas de la 2708 a la 2712).

g).- En fecha siete de noviembre de mil novecientos ochenta y siete Angélica Aboytes Novoa vendió a Mariano Valdez Castro, 24-66-90 hectáreas, mismas que formaron parte del predio San Lorenzo que según la escritura pública 2412 (a foja de la 3381 a la 3383 del tomo IV), tirada ante el Notario Arturo Puente Cruz, notario público número uno de Cortazar, Guanajuato, adquirió de Ramón Angel Salaman Koury, por medio de la escritura pública 12,057, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Guerrero, Notario Público número tres de Celaya, Guanajuato.

h).- El siete de noviembre de mi novecientos noventa y siete Eusebio Aboytes Novoa vende a Angélica Aboytes Novoa -de Arriaga-, 24-44-36 hectáreas, del predio San Lorenzo , como se aprecia de la escritura pública 2413, consignada ante la fe del Licenciado Arturo Puente Cruz, Notario Público número uno de Cortazar, Guanajuato (a fojas de la 3390 a la 3394).

i).- El veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, María Leticia Cervantes Quezada adquirió 24-49-95 hectáreas del predio San Lorenzo del municipio de Cortazar, Guanajuato, por compra que hiciera, para ésta, Rubén Aboytes Novoa, a Elda Barrón Varessio, quien a su vez adquirió de Eusebio Aboytes Ruiz, según consta en la escritura pública 2,736 tirada ante la fe del Licenciado Arturo Puente Cruz, Notario Público número uno de Cortazar, Guanajuato (fojas de la 3398 a la 3400 del Tomo IV).

De las probanzas y antecedentes referidos, se advierte que el procedimiento de cancelación del certificado de inafectabilidad 00956 que amparaba los predios propiedad de los quejosos, fue iniciando el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco (1902, 1894 y 1895 del Tomo II del sumario) y concluyó hasta el siete de febrero de mil novecientos noventa (4502 a la 4538 del sumario).

De las escrituras públicas 2412 (a fojas de la 3381 a la 3383 del tomo IV del sumario) y 2736 (a fojas de la 3398 a la 3400 del tomo IV) se colige que Mariano Valdez Castro y María Leticia Cervantes Quezada, adquirieron los predios, motivo de la presente causa, el siete de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, y el veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, respectivamente; que en dichos instrumentos públicos, se encuentra inserta una cláusula agraria en la que literalmente se hace constar: Celaya, Guanajuato, a 11 once de septiembre de 1971 mil novecientos setenta y uno. Con esta fecha y de acuerdo con la comunicación girada por la Comisión Agraria Mixta en el Estado, en su oficio número 20 veinte, 27 veintisiete, expediente 3220 tres mil doscientos veinte, segunda solicitud de segunda ampliación FJS Poblado Tierrafría del Municipio de Cortazar, de fecha 7 siete del corriente, procesado a anotar marginalmente las inscripciones relativas a los predios posiblemente afectables o concurrentes a esa ampliación, acatando lo dispuesto en el artículo 449 cuatrocientos cuarenta y nueve, de la Ley Federal de Reforma Agraria en vigor.- DOY FE.- Rúbrica ; Inscripción que no corresponde al procedimiento de ampliación incoado a solicitud del ejido La Noria , de Cortazar, Guanajuato, tercero perjudicado en el presente asunto.

En ese orden de ideas, es claro que por una parte, los quejosos adquirieron sus respectivos inmuebles; durante la tramitación del procedimiento de cancelación de certificados de inafectabilidad agrícola seguido ante la Dirección de Tenencia de la Tierra y aun antes de que el Cuerpo Consultivo Agrario emitiera el dictamen positivo que sobre ese particular pronunció; por otro lado, la inscripción a que se refiere el ordinal 449 de la Ley de Reforma Agraria, no se efectuó, es decir, el registrador público de Cortazar, Guanajuato, no hizo anotación marginal alguna en los registro respectivos.

El artículo 449 de la Ley de Reforma Agraria dispone: ARTICULO 449.- Las autoridades agrarias están obligadas a comunicar al Registro Público correspondiente todas las resoluciones que expidan por virtud de las cuales se reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos sobre bienes rústicos.- El registro Público de la Propiedad de que se trate deberá hacer las anotaciones sobre los que existan solicitudes agrarias, conforme a las modificaciones que reciba de las autoridades del ramo. Estas anotaciones se harán en los libros que registran la traslación de dominio de los inmuebles y de los derechos reales .

Debe destacarse, que como se advierte del texto legal antes transcrito, la omisión consistente en la falta de la aducida nota marginal, le es imputable a las autoridades agrarias, pues aquel dispositivo constriñe a éstas a comunicar a los registradores públicos la existencia de cualquier solicitud agraria, para que aquél realice la anotación correspondiente.

Así las cosas, aun y cuando los ahora inconformes pudieran tener la calidad de causahabientes de Angélica Aboytes de Arriaga y Eusebio Aboytes Ruiz, es claro que aquellos también tienen el carácter de terceros adquirentes de buena fe, ya que al adquirir sus correlativos predios, no pudieron enterarse válidamente de la instauración del procedimiento de cancelación y ampliación iniciado a favor del ejido La Noria de Cortazar, Guanajuato, toda vez que el Registro Público de la Propiedad de aquella localidad, no existía graven (sic) agrario alguno sobre los predios adquiridos por los quejosos.

En ese entendido, si los promoventes adquirieron los terrenos objeto del presente asunto, amparados por un certificado de inafectabilidad, cuya nulidad se estaba ventilando ante la Secretaría de la Reforma Agraria, en el momento de la adquisición, esto es, que en la época en que los quejosos compraron dichos inmuebles el Cuerpo Consultivo Agrario aún no dictaminaba la procedencia o improcedencia de esa cancelación y la posterior ampliación de tierras, entonces, la autoridad agraria debió llamar a los ahora inconformes, como nuevos propietarios de los predios presuntamente afectables, toda vez que la garantía de audiencia no se agotó al llamar a los causantes próximos y remotos de los quejosos, puesto que éstos no estuvieron en aptitud de conocer legalmente los gravámenes que pesaban sobre los terrenos que adquirían, dada la omisión de realizar la inscripción respectiva en el Registro Público de la Propiedad.

En esa tesitura, asiste la razón a los quejosos al señalar que la autoridad responsable vulneró en detrimento de sus derechos la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, al dejar de notificarles la instrucción de los procedimientos de cancelación de certificados de inafectabilidad y ampliación de ejido, lo que les impidió acudir en defensa de sus derechos ante la autoridad agraria. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones las tesis de la Segunda Sala de la SCJN, publicada en la página 19, del Tomo 97-102, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación del rubro y textos siguientes: AGRARIO. INAFECTABILIDAD. CANCELACION DEL CERTIFICADO. AUDIENCIA PARA EL ADQUIRENTE DEL PREDIO PROTEGIDO.- La notificación del procedimiento de nulidad y cancelación de los certificados de inafectabilidad debe hacerse no solamente al titular del certificado de inafectabilidad en los términos del artículo 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria, sino en debido acatamiento al artículo 14 constitucional, también al adquirente del predio inafectable. Al no notificar las autoridades agrarias al propietario violan en su perjuicio y consiguientemente, en perjuicio de su causahabiente (quien tiene los mismos derechos y obligaciones de su causante), la garantía de previa audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, pues conociendo las autoridades que el titular del certificar (sic) de inafectabilidad había vendido su predio deben cumplir con la garantía constitucional de audiencia señalada, antes de pronunciar la resolución que anula el certificado de inafectabilidad .

Dado el sentido de la presente ejecutoria se hace innecesario el estudio de resto de los conceptos de violación esgrimidos por los promoventes del amparo .

TERCERO.- Por auto de veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, este Organo Colegiado, en cumplimiento a la ejecutoria antes aludida, dejó parcialmente sin efectos la sentencia definitiva de siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por este Tribunal Superior, en el expediente del juicio agrario 1329/93, que corresponde al expediente administrativo agrario 2628, relativo a la ampliación de ejido promovida por el poblado La Noria , Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato, únicamente por lo que se refiere a la superficie que defienden los quejosos.

CUARTO.- Por otra parte, también inconforme con la sentencia emitida por este Tribunal Superior el siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por escrito presentado el catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, ante este Organo Colegiado, Rebeca López Arzate, promovió juicio de garantías, tocándole conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, registrándolo bajo el número 148/2000-2, autoridad que el veintiocho de febrero de dos mil uno, resolvió:

PRIMERO.- Se sobresee el presente juicio de garantías respecto a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. SEGUNDO.- Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Rebeca López Arzate, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO.- Se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a Rebeca López Arzate, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución para los efectos precisados en la parte final del último considerando .

QUINTO.- Inconforme con la anterior resolución, el diecinueve de marzo de dos mil uno, Rebeca López Arzate, interpuso recurso de revisión, tocándole conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto circuito, bajo el número 72/2001, autoridad que por resolución de veintidós de agosto de dos mil uno, resolvió lo siguiente:

PRIMERO.- Queda intocado el sobreseimiento decretado en relación con los actos reclamados al Director General en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Representante Estatal de la Reforma Agraria y al Director del Registro Público de la Propiedad de Cortazar, Guanajuato. SEGUNDO.- En la materia de la revisión, se modifica la sentencia impugnada. TERCERO.- La justicia de la Unión ampara y protege a Rebeca López Arzate, en contra de los actos reclamados al Tribunal Superior Agrario, Secretario de la Reforma Agraria, Subsecretario de Asuntos Agrarios, Director General de la Tenencia de la Tierra, Director de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria, de la Propia Secretaría, Cuerpo Consultivo Agrario y Delegado Agrario en el Estado, que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria .

La autoridad antes referida para llegar a dicha determinación, consideró lo siguiente:

QUINTO.- Los agravios esgrimidos por la inconforme son en parte infundados y substancialmente fundados en otra.

No asiste razón a la recurrente al sostener, que la sentencia impugnada contraviene en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; ya que, cuando los Jueces Federales actúan como órganos de control constitucional, como es el caso, tienen la específica función de velar por el respeto a las garantías individuales que consagra la Ley Federal a favor de los gobernados, frente a las transgresiones en que puedan incurrir las autoridades responsables en el ejercicio de sus atribuciones, y por ende, no pueden infringir en sus fallos ningún precepto de la Carta Magna, sino en todo caso, las disposiciones de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, en términos de su artículo 2o., que son los ordenamientos que rigen su actuación, y de ahí, que los argumentos aducidos sobre el particular resulten infundados.

Por el contrario, son fundados los planteamientos consistentes en que la sentencia impugnada causa perjuicio a la inconforme, ya que el Juez de Distrito le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, por haber considerado, incorrectamente, que aquella no es tercera extraña al procedimiento de nulidad de acuerdo (sic) y cancelación de certificados de inafectabilidad del(sic) actos reclamados, porque fue oída y vencida (sic) de su causante, Eusebio Aboytes Ruiz, y por consiguiente, no existió violación a su garantía de audiencia en dicho procedimiento.

En efecto, el A quo llegó a la conclusión apuntada, por considerar que el dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis, le fue notificada a Eusebio Aboytes Ruiz, mediante oficio número 572235, la iniciación del procedimiento tendente a dejar sin efectos jurídicos el acuerdo presidencial de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve, así como a cancelar el certificado de inafectabilidad agrícola 00956, que amparaba el predio San Lorenzo , con superficie de 99-80-00 hectáreas de riego, a fin de que ofreciera las pruebas que estimara pertinentes y alegara lo que a su derecho conviniera, lo que hizo aquél, mediante escrito presentado el treinta de mayo del citado año, y por consiguiente, de ello se deriva que Rebeca López Arzate no era tercera extraña al citado procedimiento, sino causahabiente de Eusebio Aboytes Ruiz, pues según constaba en la escritura pública 3781, pasada ante la fe del Notario Número 17 de Salamanca, Guanajuato, la compraventa celebrada entre ambos respecto de 29-49-95.5 (sic) hectáreas del aludido predio, tuvo lugar el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, es decir, cuando ya se había iniciado el procedimiento de que se trata, y por ende, al haber sido oída y vencida la inconforme por conducto de su causante, quien compareció al mismo, ofreció las pruebas y expuso los alegatos que estimó convenientes, aquélla no quedó inaudita, en mérito de lo cual, debía negársele el amparo y la protección de la Justicia Federal.

Sin embargo, estas consideraciones del A quo son jurídicamente inexactas, pues como lo aduce la recurrente, no existe constancia en autos de que las autoridades agrarias hayan cumplido con la obligación que les imponía el artículo 449 de la Ley Federal de Reforma Agraria, vigente en la fecha de celebración del contrato de compraventa precitado, consistente en inscribir en el Registro Público de la Propiedad el procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación de certificados de inafectabilidad del que dimanan los actos reclamados, a fin de que el Registro Público realizara la anotación correspondiente.

En efecto, el aludido precepto establecía literalmente:

Artículo 449.- Las autoridades agrarias están obligadas a comunicar al Registro Público correspondiente todas las resoluciones que expidan por virtud de las cuales se reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos sobre bienes rústicos.- El Registro Público de la Propiedad de que se trate deberá hacer las anotaciones se harán en los libros que registran la translación de dominio de los inmuebles y de los derechos reales .

Ahora bien, de las constancias de autos se desprende por una parte, que la recurrente adquirió el inmueble mencionado, durante la tramitación del procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación de certificados de inafectabilidad agrícola ventilado ante la Dirección General de Tenencia de la Tierra, antes de que el Cuerpo Consultivo Agrario emitiera el dictamen positivo correspondiente, ya que éste fue pronunciado el diez de febrero de mil novecientos noventa y tres; en tanto que la compraventa celebrada entre Eusebio Aboytes Ruiz y Rebeca López Arzate, tuvo lugar el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, como antes se indicó, y por otro lado , que la inscripción a que se refiere el artículo 449 de la Ley Federal de Reforma Agraria no se efectuó, pues el Registrador Público de la Propiedad de Cortazar, Guanajuato, no hizo anotación marginal alguna en los registro respectivos.

Por consiguiente, aun cuando al recurrente pudiera tener la calidad de causahabiente de Eusebio Aboytes Ruiz, es claro que también tiene el carácter de tercera adquiriente de buena fe, ya que al celebrar el contrato de compraventa, no pudo enterarse legalmente de la instauración del procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales, cancelación de certificados de inafectabilidad y ampliación de ejidos, iniciado a favor del poblado La Noria de Cortazar, Guanajuato, toda (sic) que en el Registro Público de la Propiedad de dicha localidad, no constaba la existencia de gravamen alguno, respecto del inmueble adquirido por Rebeca López Arzate.

En ese entendido, si la inconforme adquirió el terreno mencionado, amparada con el certificado de inafectabilidad, cuya cancelación se estaba ventilando ante la Secretaría de la Reforma Agraria en el momento de la adquisición, esto es, que en la época en que compró el inmueble, el Cuerpo Consultivo Agrario aún no dictaminaba sobre la procedencia o improcedencia de esa cancelación y la posterior ampliación de tierras, entonces, la autoridad agraria debió llamar a la inconforme, como nueva propietaria del predio presuntamente afectable, toda vez que la garantía de audiencia no se agotó al llamar al causante próximo, pues aquélla no estuvo en aptitud de conocer el gravamen que pesaba sobre el terreno que adquiría, dada la omisión de las autoridades agrarias, de realizar la inspección correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad.

Por tanto, asiste razón a la inconforme al aseverar que la autoridad responsable vulneró sus garantías individuales, al dejar de notificarle la instauración del procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales, cancelación de certificados de inafectabilidad y ampliación de ejido, pues tal omisión le impidió acudir ante la autoridad agraria en defensa de sus derechos, y de ahí, que los agravios esgrimidos al respecto resulten substancialmente fundados.

Igual criterio al que se sostiene en el presente asunto, fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión adquisitivo número 520/97, en sesión del dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por mayoría de votos de los Magistrados Javier Pons Liceaga y Froylán Guzmán Guzmán, habiendo emitido voto particular el Magistrado Juan Manuel Arredondo Elías.

En las relatadas condiciones, al demostrarse mediante los agravios la ilegalidad de la sentencia recurrida, en la parte que determinó negar a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, ésta debe ser modificada .

SEXTO.- Por auto de cinco de octubre de dos mil uno, este Organo Colegiado, en cumplimiento a la ejecutoria antes aludida dejó parcialmente insubsistente la sentencia definitiva de siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciada por este Tribunal Superior, en el expediente del juicio agrario número 1329/93, que corresponde al expediente administrativo 2628, relativo a la ampliación de ejido solicitada por campesinos del poblado La Noria , Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato, únicamente por lo que se refiere a la superficie del predio que defiende la quejosa.

SEPTIMO.- Por otra parte, cabe destacar que el presente asunto que nos ocupa se encuentra vinculado con la acción agraria promovida por el poblado Mexicanos , Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, juicio que fue radicado en este Organo Colegiado bajo el número 617/93, acción que fue resuelta por sentencia de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que se le ordenó dejar sin efectos jurídicos los Acuerdos Presidenciales de veinticinco y veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte, veintidós, veinticuatro, veintisiete y veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta, y por ende la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola números 145935, 13226, 00958, 00955, 1328, 145934 y 145933, respecto de los predios denominados La Bolsa , Los Caballos , El Carrizal , El Colorado , La Charca , La Escuadra , La Mexicana y Los Chinos . Asimismo, es importante puntualizar que en el considerando séptimo de dicha sentencia se reservó para la acción promovida por el poblado La Noria , diversas superficies, siendo las siguientes: Del predio El Colorado , propiedad de Luis Dagnino Irigoyen, una superficie de 45-74-00 (cuarenta y cinco hectáreas, setenta y cuatro áreas); del predio El Carrizal , propiedad de Esteban Ruiz Bello, una superficie de 37-16-00 (treinta y siete hectáreas, dieciséis áreas); y del predio La Mexicana , propiedad de Alfonso Irigoyen Albaitero, una superficie de 80-10-00 (ochenta hectáreas, diez áreas).

Por lo que en virtud de lo anterior e inconformes con la sentencia antes aludida, los propietarios de los predios afectados, promovieron diversos juicios de garantías, entre los que se encuentran los propietarios de las fracciones que se dejaron en reserva para el poblado La Noria , siendo los siguientes amparos y quejosos que nos interesan para la presente acción:

1.- Amparo promovido por Antonio Nieto Almeida, tocándole conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo bajo el número D.A. 2211/98, autoridad que el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, resolvió conceder el amparo impetrado al quejoso.

2.- Amparo promovido por Guillermo y María Guadalupe de apellidos Nieto Almeida, tocándole conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo bajo el número D.A. 2221/98, autoridad que el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, resolvió conceder el amparo impetrado a los quejosos.

3.- Amparo promovido por Rafael López Cabrera, tocándole conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo bajo el número D.A. 2231/98, autoridad que el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, resolvió conceder el amparo impetrado al quejoso.

Los anteriores juicios de garantías fueron resueltos por similares razones, toda vez que consideró el Tribunal de alzada lo siguiente:

lo que se sostiene en los conceptos de violación extractados en los incisos a) al f), así como los sintetizados en los incisos h) e i), son fundados en tanto que es verdad, que el Tribunal Superior Agrario responsable varió la litis del juicio agrario 617/93, así como la litis del procedimiento responsable varió la litis del procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación de certificados de cancelación (sic) agrícola.- En efecto, a fin de acreditar el aserto anterior, es pertinente traer al caso, lo expuesto en el dictamen positivo de fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y tres, dictado por el Cuerpo Consultivo Agrario, (fojas 1 a 203 del legajo XIII), (transcribe)- De las anteriores transcripciones se puede apreciar que la litis tanto en primera y segunda instancia de la acción agraria que nos ocupa, así como en el procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación de certificados de inafectabilidad que se resolvió simultáneamente a través del Dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, con el que se pusieron los autos en estado de resolución a fin de que el Tribunal Superior Agrario resolviera en definitiva, y la litis del propio juicio agrario número 617/93, se circunscribe a determinar en base a los trabajos técnicos informativos y complementarios efectuados con motivo de la acción agraria, si en los predios afectables operó un cambio de calidad en las tierras de riego a partir del año de mil novecientos cincuenta y dos, en que quedaron comprendidos dentro del Distrito de Riego del alto río Lerma, y que, como consecuencia de tal cambio de calidad en las tierras a riego, sí excedían en consecuencia los límites fijados para la pequeña propiedad inafectable, por el artículo 27, fracción XV Constitucional y 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, por lo que en su caso procedía la cancelación de los certificados de inafectabilidad, en términos del artículo 110, fracción II del Derogado Código Agrario de mil novecientos cuarenta y dos, y su correlativo del artículo 256, fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria, a contrario sensu.- En este orden de ideas, la sentencia reclamada resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al resolver el juicio agrario totalmente fuera de la litis pues, pese a que a partir de la valoración del juicio agrario, la responsable concluye, que en ellos no se consigna información que conduzca de un modo indubitable, a tener por probada la causal de afectación de cambio de calidad en las tierras materia de la acción agraria; determina la consistente en que los terrenos señalados como afectables son de humedad de primera desde siempre, llegando a tal conclusión, adminiculando el hecho de que en la escritura de partición de bienes hereditarios de JUAN IRIGOYEN, se consigna que la Hacienda Vista Hermosa, se componía de terrenos de riego, con el diverso hecho de que en la partición de dichos bienes, la mayoría de los propietarios al efectuar ventas de subfracciones señalan éstas como de riego y, con las manifestaciones de los propietarios en sus alegatos y demandas de amparo; sin embargo tal determinación, además de variar totalmente la litis, tanto de primera como de segunda instancia de la acción agraria, así como del procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación de certificados de inafectabilidad, y del juicio agrario 617/93; carece de fundamentación y motivación dado que para la actualización de la nueva causal de afectación, ninguno de los trabajos técnicos e informativos y complementarios que obran en los autos del juicio agrario, prueban dicha causal de afectación.- En consecuencia, toda vez que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado .

En cumplimiento a las ejecutorias antes referidas, este Organo Colegiado dictó diversos acuerdos de quince de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en los que dejó parcialmente sin efectos la sentencia definitiva de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, emitida por este Organo Colegiado en el juicio agrario 617/93, relativo a la ampliación de ejido del Poblado Mexicanos , Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, únicamente por lo que respecta a las superficies que defienden los quejosos.

Asimismo, también dejó parcialmente sin efectos la sentencia pronunciada por este Tribunal Superior, el siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en el presente juicio agrario número 1329/93, relativo a la acción que nos ocupa del Poblado La Noria , Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato, por lo que se refiere a la superficie detenida por los quejosos la cual forma parte de las 163-00-00 (ciento sesenta y tres hectáreas) que fueron reservadas para la acción de referencia.

Por otra parte, este Tribunal Superior en cumplimiento de las ejecutorias antes referidas y así como las ejecutorias números D.A. 2241/98, D.A. 2631/98 y D.A. 3291/98, emitió sentencia el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en la que resolvió lo siguiente:

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución, es improcedente la acción de nulidad de los Acuerdos Presidenciales del veinticinco y veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, así como también es improcedente cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola siguientes: 145935, expedido respecto al predio La Bolsa ; 01328, expedido respecto al predio La Charca ; 01326, expedido respecto del predio Los Caballos ; certificado de inafectabilidad agrícola sin número, expedido respecto al predio Los Chinos ; 145934, expedido respecto al predio La Escuadra ; 145933, expedido respecto al predio La Mexicana ; 955, expedido respecto al predio EL Colorado ; 958, expedido respecto al predio El Carrizal ; inmuebles todos ellos que se ubican en el Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato y que son propiedad de María del Carmen, Miguel Antonio, Martín, José y María Covadonga de apellidos Zubiri Poo, Luz María Uzabiaga Arroyo, María del Carmen Blanca Lizardi Nieto, Rosa María Garza Alvarez, Gilda Deorgina Morín Suárez, Elia Acosta León Flores, Silvia Flores Acosta, Juan Manuel Irigoyen Borajas, Alfonso Irigoyen Medina, Juan Manuel Irigoyen Medina, Javier Irigoyen Medina, Antonio Nieto Almeida, Guillermo Nieto Almeida, Guadalupe Nieto Almeida y Rafael López Cabrera.

SEGUNDO.- Se niega la dotación de tierras, en vía de ampliación de ejido, al núcleo agrario denominado Mexicanos , Municipio de Villagrán, Guanajuato, en atención a lo expuesto en el considerando quinto de este fallo .

Sentencia anterior que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el amparo D.A. 3861/2000 de cuatro de mayo de dos mil uno, en la que se negó el juicio de garantías al poblado Mexicanos , Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato.

Cabe advertir que los quejosos Antonio Nieto Almeida, Guillermo y María Guadalupe Nieto Almeida y Rafael López Cabrera, también interpusieron juicio de garantías en contra de la sentencia definitiva de siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciada por este Organo Colegiado en el juicio agrario 1329/93, relativo a la ampliación de ejido del poblado La Noria , Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato, amparo que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, en el toca en revisión 44/2001, que confirmó la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo 308/2000, promovido por Guillermo Nieto Almeida y otra, y por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio 147/2000, resolución que sobreseyó el juicio, en virtud de que la sentencia que constituyó el acto reclamado dejó de producir efectos jurídicos al ser declarada insubsistente en cumplimiento a las ejecutorias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los amparos directos D.A. 2211/98 y D.A. 2231/98, en contra del mismo acto reclamado.

OCTAVO.- Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto que nos ocupa, se citan los siguientes antecedentes históricos que dieron origen a la acción de ampliación de ejido solicitada por el núcleo gestor:

1.- Por Resolución Presidencial del veintiuno de abril de mil novecientos treinta y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio del mismo año, se concedió al núcleo ejidal de que se trata por concepto de dotación de tierras 268-00-00 (doscientas sesenta y ocho hectáreas) de riego, para beneficiar a sesenta y seis campesinos capacitados, ejecutada en todos sus términos el ocho de octubre del citado año.

2.- Por escrito de dos de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, un grupo de campesinos del poblado citado en antecedentes, solicitó al Gobernador del Estado ampliación de ejido, señalando como predio de posible afectación la finca denominada Vista Hermosa , propiedad de la sucesión de Manuel Irigoyen.

3.- Turnada la solicitud de referencia a la Comisión Agraria Mixta, ésta instauró el procedimiento agrario el seis de abril de mil novecientos cuarenta y cinco, registrándolo bajo el número 2628, y giró los avisos de iniciación correspondiente.

La solicitud del poblado se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno local, bajo el número 33 del veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta y cinco.

Mediante oficios 8471, 8473 y 8475, del nueve de diciembre de mil novecientos cincuenta, el Gobernador del Estado expidió los nombramientos correspondientes a Teodoro Beltrán, Juan Vargas y Rafael Moreno, como presidente, secretario y vocal, respectivamente, del Comité Ejecutivo Agrario.

4.- La Comisión Agraria Mixta, mediante oficio 2850 de primero de diciembre de mil novecientos cincuenta, ordenó a personal de su adscripción practicar los trabajos relativos al censo agrario correspondiente, así como investigar los terrenos concedidos; del informe rendido por el comisionado el tres de enero de mil novecientos cincuenta y uno, se advierte que los terrenos concedidos por dotación se encontraron debidamente aprovechados. Por otra parte, existen en el poblado solicitante ciento cuarenta y cuatro habitantes, de los cuales treinta y tres son campesinos capacitados en materia agraria, según constancias que corren agregadas en autos.

El citado órgano colegiado mediante oficio 3233 del treinta de julio de mil novecientos cincuenta y tres, comisionó personal de su adscripción para realizar trabajos técnicos e informativos, del informe respectivo, se conoce que los predios ubicados dentro del radio de afectación, no exceden los límites de la pequeña propiedad.

5.- Con base en los datos que aparecen en autos, la Comisión Agraria Mixta aprobó dictamen negativo el veinte de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, por considerar que no existen predios que puedan satisfacer las necesidades agrarias de los promoventes.

6.- Por su parte el Gobernador del Estado de Guanajuato, no emitió mandamiento alguno, turnando posteriormente el expediente al órgano colegiado para su trámite subsecuente.

El trece de julio de mil novecientos cincuenta y siete, el Delegado Agrario elaboró su resumen y emitió su opinión en el sentido de confirmar en todos sus términos el dictamen de la Comisión Agraria Mixta; turnando el expediente al Cuerpo Consultivo Agrario para su trámite posterior.

7.- Para integrar debidamente el expediente, el Cuerpo Consultivo Agrario solicitó al Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado, realizar trabajos técnicos e informativos complementarios, por lo que en atención a la referida solicitud, el funcionario agrario mediante oficio 5052 del dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta, ordenó a personal especializado ejecutar los trabajos encomendados, el comisionado para tal fin, rindió su informe respectivo el veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y uno, del que se desprende que los predios ubicados dentro del radio de siete kilómetros, son auténticas pequeñas propiedades inafectables. Por lo que se refiere a los predios San Lorenzo y El Pitayo , que provienen de la Ex hacienda Vista Hermosa , de acuerdo con los datos del Registro Público de la Propiedad de los municipios de Salamanca y Cortazar del Estado de Guanajuato, se conoce que la finca El Pitayo , con 48-00-00 (cuarenta y ocho hectáreas) de riego, propiedad de Eusebio Aboytes Ruiz, se encuentra inscrita bajo la partida 17, tomo V, sección de la propiedad.

Posteriormente, el referido propietario vendió la fracción de - - -10-00-00 (diez hectáreas), del predio de referencia a Roberto Fabre Abaddie, según inscripción 274 del primero de marzo de mil novecientos sesenta y tres del Registro Público de la Propiedad de Salamanca, quedándole 38-00-00 (treinta y ocho hectáreas) de riego.

Por lo que respecta al predio San Lorenzo , con 99-80-00 (noventa y ocho hectáreas) de riego mecánico, propiedad de Eusebio Aboytes Ruiz, según escritura pública 11072 del dieciséis de octubre de mil novecientos setenta y dos, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Municipio de Celaya, Guanajuato, el treinta de octubre del mismo año, el propietario vendió la fracción de 24-67-09 (veinticuatro hectáreas, sesenta y siete áreas, nueve centiáreas) de riego, a Antonio Kamel Cosah, según escritura pública 11108 del veinte de octubre de mil novecientos setenta y dos. Asimismo, el dieciocho de noviembre del mismo año, vendió la fracción de 24-69-90 (veinticuatro hectáreas, sesenta y nueve áreas, noventa centiáreas) de riego, a Ramón Angel Salaman Koury, según escritura pública 11109, inscrita en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. Después de las ventas realizadas, al propietario de referencia, le quedaron 50-46-01 (cincuenta hectáreas, cuarenta y seis áreas, una centiáreas) de riego. El responsable de los trabajos manifestó, que este predio se encuentra amparado con el certificado de inafectabilidad agrícola 00956, expedido a favor de Ana María Hoth de Ritter.

Aseveró el comisionado que el propietario Eusebio Aboytes Ruiz, acumuló un total de 137-80-00 (ciento treinta y siete hectáreas, ochenta áreas) de riego, que provienen de las fincas El Pitayo y San Lorenzo ubicadas en los municipios de Salamanca y Cortazar, Guanajuato, respectivamente, por lo que en el año de mil novecientos setenta y dos, el referido propietario excedió los limites de la pequeña propiedad.

8.- Con motivo de los trabajos referidos en el resultando anterior y con la finalidad de sustanciar debidamente el expediente en segunda instancia, el Cuerpo Consultivo Agrario, en sesión que tuvo verificativo el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, aprobó acuerdo en el que solicita a la Dirección General de Tenencia de la Tierra, a través de la Subdirección de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria, para que con los elementos y pruebas existentes, instaure el procedimiento de cancelación del certificado de inafectabilidad agrícola 00956, y deje sin efectos jurídicos el Acuerdo Presidencial que le dio origen, de veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta, expedido a favor de Ana María Hoth de Ritter, que ampara 99-80-00 (noventa y nueve hectáreas, ochenta áreas) de riego, del predio denominado San Lorenzo , ubicado en el Municipio de Cortazar, Guanajuato, propiedad de Eusebio Aboytes Ruiz, toda vez que se comprobó en autos que acumuló una superficie mayor a la establecida por la Ley Federal de Reforma Agraria y ordenó su debida notificación al referido propietario.

(Continúa en la página 61)

 

(Viene de la página 36)

Debidamente substanciado el procedimiento mencionado, culminó con dictamen jurídico de la citada dirección, de treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, que consideró procedente dejar sin efectos jurídicos el acuerdo presidencial de referencia, y por ende cancelar el certificado de inafectabilidad agrícola 00956, que ampara el predio rústico denominado San Lorenzo .

En lo que atañe a los alegatos formulados y a las pruebas ofrecidas en su momento procesal oportuno por Eusebio Aboytes Ruiz, Eusebio Aboytes Novoa y Angélica Aboytes de Arriaga, como propietarios del predio investigado, cabe señalar que además de las documentales públicas, consistentes en copia de la escritura pública número uno del seis de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, copia certificada de la escritura de compraventa 11072, plano topográfico del fraccionamiento del predio San Lorenzo , informe del Registro Público de la Propiedad correspondiente, así como copia de la escritura pública de compraventa 11108 del treinta de octubre de mil novecientos setenta y dos, presentaron alegatos donde aducen de entre otras cosas que son propietarios del predio denominado San Lorenzo , y que en ningún momento han acumulado las 137-80-00 (ciento treinta y siete hectáreas, ochenta áreas) de riego.

9.- Como resultado de la opinión emitida por la Dirección General de Tenencia de la Tierra, el Cuerpo Consultivo Agrario el siete de febrero de mil novecientos noventa, aprobó dictamen positivo, en el que consideró dejar sin efectos jurídicos el Acuerdo Presidencial que dio origen al certificado de inafectabilidad agrícola 00956, expedido a favor de Ana María Hoth de Ritter, que ampara el predio rústico denominado San Lorenzo , con superficie de 99-80-00 (noventa y nueve hectáreas, ochenta áreas) de riego, ubicado en el Municipio de Cortazar, Guanajuato.

10.- De la revisión efectuada al expediente en estudio por el Cuerpo Consultivo Agrario, éste estimó necesario la práctica de nuevos trabajos técnicos e informativos complementarios, para lo cual giró instrucciones al Delegado Agrario en el Estado de Guanajuato, contenidas en el oficio 76461, del siete de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. Autoridad que comisionó personal a su cargo por el diverso 332 del veintidós de enero de mil novecientos noventa, que rindió informe el diecisiete de abril del mismo año, en cuyas partes substanciales se conoce que el predio San Lorenzo , proviene de la Ex hacienda denominada Vista Hermosa , que se fraccionó en el año de mil novecientos treinta y siete, entre los sucesores de Manuel Irigoyen.

Además, agregó el comisionado que los campesinos del poblado Mexicanos , tienen instaurado el expediente de ampliación de ejido en la Comisión Agraria Mixta, solicitando los excedentes de superficies de los predios en que se dividió la referida Ex hacienda.

En relación a lo anterior, cabe señalar que, paralelamente a este procedimiento y dentro del diverso relativo a la ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Mexicanos , Municipio de Villagrán, también del Estado de Guanajuato, se instauró el procedimiento de nulidad de los acuerdos presidenciales, pronunciados el veinticinco y veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinte, veintidós, veinticuatro, veintisiete y veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta y la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola 145935, 13226, 00958, 00955, 1328, 145934 y 145933, expedidos en favor de Manuel Irigoyen de Dagnino, María Antonia Irigoyen Cervantes, Alberto Stein, José Martínez, Juan Irigoyen Cervantes, Manuel Irigoyen y Alfonso Irigoyen, respecto de los predios denominados La Bolsa , Los Caballos , El Carrizal , El Colorado , La Charca , La Escuadra , La Mexicana y Los Chinos , por haber incurrido sus titulares en la hipótesis prevista por el artículo 418, fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria; procedimiento que se substanció para resolver la acción referida, así como la que nos ocupa y que culminó con la sentencia emitida por este Tribunal Superior Agrario, dentro del juicio registrado con el número 617/93, que ordenó dejar sin efectos jurídicos los acuerdos presidenciales y por ende la cancelación de los certificados relacionados con antelación. Asimismo, en el considerando séptimo de dicho fallo, se estableció reservar para fincar la presente acción, 45-74-00 (cuarenta y cinco hectáreas, setenta y cuatro áreas) del predio El Colorado , propiedad de Luis Dagnino Irigoyen; 37-16-00 (treinta y siete hectáreas, dieciséis áreas), del predio El Carrizal , propiedad de Esteban Ruiz Bello y 80-10-00 (ochenta hectáreas, diez áreas) del predio La Mexicana , propiedad de Alfonso Irigoyen Albaitero.

11.- Corre agregado en autos dictamen positivo aprobado por el Cuerpo Consultivo Agrario el diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, y el turno del mismo a este Tribunal Superior Agrario.

12.- Por auto del veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado el presente juicio en este Tribunal Superior Agrario, habiéndose registrado bajo el número 1329/93, notificándose a los interesados y por oficio a la Procuraduría Agraria.

NOVENO.- En cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 520/97, por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, que modificó la sentencia emitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el amparo número 454/96, en el que los quejosos son Mariano Valdez Castro, María Leticia Cervantes Quezada, este Organo Jurisdiccional dictó el trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, un acuerdo para mejor proveer en el que se solicitó se girara atento despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 a efecto de que notificara a los quejosos, concediéndoles un término de cuarenta y cinco días para que manifestaran y presentaran pruebas que a su interés conviniere.

Por otra parte, en cumplimiento a la ejecutoria número 72/2001, dictada en el amparo en revisión el veintidós de agosto de dos mil uno, por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, que modificó la sentencia emitida en el juicio de garantías número 148/2000, promovido por Rebeca López Arzate, este Organo Colegiado dictó un acuerdo para mejor proveer el siete de noviembre de dos mil uno, en el que solicitó se girara atento despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, para el efecto de que se le notificara a la quejosa la radicación del juicio agrario número 1329/93, así como la instauración del procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación del certificado de inafectabilidad agrícola número 00956, respecto del predio San Lorenzo , para que en un término de cuarenta y cinco días, ofreciera las pruebas y alegatos que a su interés conviniera, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o. y 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; 76 y 80 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO.- El artículo 76 de la Ley de Amparo señala que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Asimismo, tenemos que el artículo 80 del ordenamiento legal antes invocado, refiere que la sentencia que concede el amparo, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

TERCERO.- Se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad que establece el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que del informe rendido el tres de enero de mil novecientos cincuenta y uno, se conoce que los terrenos concedidos al poblado se encontraron debidamente aprovechados.

CUARTO.- En cuanto al procedimiento, éste se ajustó a las formalidades exigidas por los artículos 272, 275, 286, 287, 288, 291, 293 y 304 en relación con el tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 Constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos.

QUINTO.- Por lo que se refiere a la capacidad individual y colectiva del grupo promovente, quedó acreditada con la diligencia censal realizada en el año de mil novecientos cincuenta y uno, ya que se acreditó que reúnen los requisitos establecidos por los artículos 197 fracción II en relación con el 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, de cuya diligencia resultaron (33) treinta y tres campesinos capacitados.

SEXTO.- Por lo que respecta a la superficie que se reservó para la presente acción agraria mediante sentencia de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, relativo al poblado Mexicanos , Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, en el juicio agrario número 617/93, como son el predio El Colorado , con una superficie de 45-74-00 (cuarenta y cinco hectáreas, setenta y cuatro áreas); predio El Carrizal , con una superficie de 37-16-00 (treinta y siete hectáreas, dieciséis áreas); y el predio La Mexicana , con una superficie de 80-10-00 (ochenta hectáreas, diez áreas), y que en su conjunto hacen un total de 163-00-00 (ciento sesenta y tres hectáreas) se dice lo siguiente:

Como se ha relatado en la parte histórica del presente fallo, las superficies antes referidas, fueron combatidas mediante diversos juicios de amparo por sus propietarios actuales, siendo éstos Antonio Nieto Almeida, Guillermo y María Guadalupe Nieto Almeida y Rafael López Cabrera, bajo los números D.A. 2211/98, D.A. 2221/98 y D.A. 2231/98, tocándole conocer de ellos, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien resolvió el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, conceder el amparo impetrado por los quejosos, por las consideraciones que se han vertido en el resultando séptimo del presente fallo y que por economía procesal se tiene por reproducida como si a la letra se insertase.

Es menester puntualizar que dichas ejecutorias fueron cumplimentadas por este Organo Colegiado, mediante sentencia de quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en la que resolvió que resultaba improcedente la acción de nulidad de acuerdos presidenciales de veinticinco y veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, así como también improcedente cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola números 145935, expedido respecto al predio La Bolsa ; 01328, expedido respecto al predio La Charca ; 01326, expedido respecto del predio Los Caballos ; certificado de inafectabilidad agrícola sin número, expedido respecto al predio Los Chinos ; 145934, expedido respecto al predio La Escuadra ; 145933, expedido respecto al predio La Mexicana ; 00955, expedido respecto al predio El Colorado ; y 00958, expedido respecto del predio El Carrizal , y por consecuencia negando la acción intentada por el poblado Mexicanos .

Este Tribunal Superior en dicha sentencia consideró lo siguiente:

SEGUNDO.- El procedimiento agrario de ampliación de tierras, promovido por el poblado denominado Mexicanos , ubicado en el Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, cuyo estudio nos ocupa, se ajustó a las formalidades previstas en los artículos 272, 286, 287, 288, 291, 292 y 304, aplicados al tenor de lo dispuesto por el artículo 325 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que señala: Si al ejecutarse una Resolución Presidencial de restitución o dotación, se comprueba que las tierras entregadas son insuficientes para satisfacer íntegramente las necesidades del poblado, se tramitará de oficio el expediente de dotación complementario o ampliación. El procedimiento se sujetará a lo prevenido para la dotación de tierras, en lo que fuere aplicable.

Así las cosas, de autos se desprende lo siguiente:

Que el procedimiento en estudio se inició a solicitud de un grupo de campesinos del ejido Mexicanos , del quince de enero de mil novecientos treinta y ocho, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el veinticuatro de marzo de ese mismo año.

Que el poblado promovente es un ejido que fue legalmente constituido mediante Resolución Presidencial del veintinueve de diciembre de mil novecientos treinta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de mil novecientos treinta y cuatro, por la cual se le entregó en dotación 1,794-38-00 (mil setecientas noventa y cuatro hectáreas, treinta y ocho áreas).

En cuanto al requisito de procedibilidad previsto por el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, quedó satisfecho con el acta levantada por el comisionado Javier Rosales Rubio el quince de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, de la cual se desprende que los terrenos concedidos en dotación al ejido de Mexicanos , se encontraban explotados en su totalidad.

Igualmente, se estiman satisfechos los requisitos de capacidad agraria individual y colectiva del grupo de campesinos del poblado solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 195, 196 fracción III interpretado a contrario sensu y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que de las diligencias censales llevadas a cabo por el enviado de la Comisión Agraria Mixta, topógrafo Javier Rosales Rubio, se desprende que en el poblado de referencia existen un total de 164 (ciento sesenta y cuatro) campesinos capacitados en materia agraria. Así también, obran en los autos los trabajos técnicos informativos y complementarios que se practicaron dentro del radio legal de afectación; trabajos que se analizarán en el considerando cuarto de este fallo.

TERCERO.- Atento a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, y en estricto apego a las ejecutorias del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los juicios de garantías señalados en los resultandos segundo y tercero de este fallo, que concedieron el amparo y protección de la Justicia Federal a Antonio Nieto Almeida, Guillermo Nieto Almeida, María Guadalupe Nieto Almeida, Rafael López Cabrera, Luz María Usabiaga Arroyo, María del Carmen Blanca Lizardi Nieto, Rosa María Garza Alvarez, Gilda Deorgina Morín Suárez, Elia Acosta León de Flores, Silvia Flores Acosta, Juan Manuel Irigoyen Boragas, Alfonso Irigoyen Medina, Juan Manuel Irigoyen Medina y Javier Irigoyen Medina, este órgano jurisdiccional procede a emitir la presente resolución, precisando que la misma, sólo se ocupará de analizar lo relativo a los predios denominados La Bolsa , La Charca , Los Caballos , Los Chinos , La Escuadra , La Mexicana , El Colorado y El Carrizal , que fueron los inmuebles que defendieron los citados quejosos en los juicios constitucionales DA2211/98, DA2221/98, DA2231/98, DA2241/98, DA2631/98 y DA3291/98, ante el Tribunal de Garantías inicialmente mencionado.

CUARTO.- Ahora bien, aun cuando el procedimiento cuyo estudio nos ocupa, se instauró originalmente para resolver sobre la solicitud de ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del núcleo agrario denominado Mexicanos , sin embargo al efectuarse los trabajos técnicos informativos y complementarios sobre el radio de siete kilómetros y al apersonarse a este juicio agrario los propietarios de las fincas señaladas como de posible afectación (ofreciendo pruebas y alegando lo que a su derecho convino) resulta indispensable, por razón de método y técnica jurídica, que previo al estudio de la cuestión de fondo, se determine si en los predios mencionados en el considerando que antecede, operó o no cambio de calidad en sus tierras a partir del año de mil novecientos cincuenta y dos, en que quedaron comprendidos dentro del Distrito de Riego del alto Río Lerma, y si como consecuencia de tal cambio, exceden los límites fijados para la pequeña propiedad inafectable, para en su caso, resolver lo relativo a la procedencia de la nulidad de los Acuerdos Presidenciales y la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola que amparan esos predios pretendidos por el poblado gestor.

Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis jurisprudencial sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 664/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Epoca, que a la letra dice:

AMPLIACION DE EJIDO, DEBE EFECTUARSE EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DEL CERTIFICADO DE INAFECTABILIDAD ANTES DE DECRETAR LA PROCEDENCIA DE LA ACCION.- No es factible revocar la negativa de ampliación de ejido, hasta en tanto se valoren la totalidad de los certificados de inafectabilidad existentes respecto de las tierras señaladas como susceptibles de afectación, en su caso se lleve a cabo el procedimiento de nulidad de certificados de inafectabilidad que detente el propietario; sólo de esa manera, es posible examinar posteriormente si dentro del área de afectación existe un predio que no ha sido explotado por más de dos años y resolver sobre la procedencia de la acción solicitada; pues declarar dicha ampliación con apoyo en investigaciones incompletas o defectuosas resulta transgresora de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 Constitucional .

Acorde con lo acabado de expresar y analizadas las constancias que obran en autos, se tiene que del informe del catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, rendido por el Ingeniero Guillermo Mendoza R., respecto de los trabajos técnicos informativos que le fueron encomendados por la Comisión Agraria Mixta, así como de los diversos trabajos técnicos practicados por Salvador Gómez Sánchez, contenidos en el informe del treinta de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, se desprende en esencia lo siguiente:

1.- Que dentro del radio legal de afectación circundante al poblado Mexicanos , se encuentran ubicados los ejidos definitivos Las Palomas , Sarabia , Los Aguilares , San Rafael , Cerro Gordo , La Proveedora , San Isidro Cerro Gordo , Suchitlán , Villagrán , Las Adjuntas , La Manga , El Nacimiento , El Chiquiador , Tierra Fría , Perico de Vázquez , La Noria y San Bernardo .

2.- Que dentro del mismo radio legal de afectación, se localizó la Ex hacienda de Vista Hermosa , inmueble del cual los comisionados informaron que perteneció originalmente a Juan Irigoyen, y que al fallecer éste, sus sucesores fraccionaron dicho inmueble en el año de mil novecientos treinta y siete, en trece predios que en ese entonces quedaron de la siguiente manera:

Fracción 1 o La Bolsa , adjudicada en propiedad a Manuela Irigoyen de Dagnino, con 192-70-00 (ciento noventa y dos hectáreas, setenta áreas).

Fracción 2 o La Charca , adjudicada en propiedad a Juan Irigoyen Cervantes, con 196-25-00 (ciento noventa y seis hectáreas, veinticinco áreas).

Fracción 3 o Los Caballos , adjudicada en propiedad a Antonia Irigoyen de Cervantes, con 198-00-00 (ciento noventa y ocho hectáreas).

Fracción 4 o Los Chinos , adjudicada en propiedad a Mercedes Irigoyen de Bandala, con 198-70-00 (ciento noventa y ocho hectáreas, setenta áreas).

Fracción 5 o La Escuadra , adjudicada en propiedad a Manuel Irigoyen, con 198-70-00 (ciento noventa y ocho hectáreas, setenta áreas).

Fracción 6 o El Colorado , adjudicada en propiedad a José Martínez, con 145-74-00 (ciento cuarenta y cinco hectáreas, setenta y cuatro áreas).

Fracción 7 o El Carrizal , adjudicada en propiedad a Alberto Stein, con 137-16-00 (ciento treinta y siete hectáreas, dieciséis áreas).

Fracción 8 o La Mexicana , adjudicada en propiedad a Alfonso Irigoyen Albaitero, con superficie de 190-70-00 (ciento noventa hectáreas, setenta áreas).

Fracción 9 o San Lorenzo , adjudicada en propiedad a Ana María Hot de Ritter, con 99-80-00 (noventa y nueve hectáreas, ochenta áreas).

Fracción 10 o La Recibidora , adjudicada en propiedad a Guillermo García, con 99-80-00 (noventa y nueve hectáreas, ochenta áreas).

Fracción 11 o Siete Compuertas , adjudicada en propiedad a Andrés García Rejón, con 100-00-00 (cien hectáreas).

Fracción 12 o El Tornillo , adjudicada en propiedad a María Dolores Pérez, con 98-60-00 (noventa y ocho hectáreas, sesenta áreas), y

Fracción 13 o Vaso de Merino , adjudicada en propiedad a Gildardo Montes, con 103-02-00 (ciento tres hectáreas, dos áreas).

Conviene precisar que las fracciones denominadas San Lorenzo , La Recibidora , Siete Compuertas , El Tornillo y Vaso de Merino , quedan excluidas de este estudio al no haber sido afectadas en la Resolución dictada por este Tribunal Superior el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, pues se consideraron pequeñas propiedades inafectables.

Por lo tanto, los únicos inmuebles a los cuales se constriñe el estudio que nos ocupa son:

Fracción 1 o La Bolsa , adjudicada en propiedad a Manuela Irigoyen de Dagnino, con 192-70-00 (ciento noventa y dos hectáreas, setenta áreas).

Fracción 2 o La Charca , adjudicada en propiedad a Juan Irigoyen Cervantes, con 196-25-00 (ciento noventa y seis hectáreas, veinticinco áreas).

Fracción 3 o Los Caballos , adjudicada en propiedad a Antonia Irigoyen de Cervantes, con 198-00-00 (ciento noventa y ocho hectáreas).

Fracción 4 o Los Chinos , adjudicada en propiedad a Mercedes Irigoyen de Bandala, con 198-70-00 (ciento noventa y ocho hectáreas, setenta áreas).

Fracción 5 o La Escuadra , adjudicada en propiedad a Manuel Irigoyen, con 198-70-00 (ciento noventa y ocho hectáreas, setenta áreas).

Fracción 6 o El Colorado , adjudicada en propiedad a José Martínez, con superficie de 145-74-00 (ciento cuarenta y cinco hectáreas, setenta y cuatro áreas).

Fracción 7 o El Carrizal , adjudicada en propiedad a Alberto Stein, con superficie de 137-16-00 (ciento treinta y siete hectáreas, dieciséis áreas).

Fracción 8 o La Mexicana , con superficie de 190-70-00 (ciento noventa hectáreas, setenta áreas).

Ahora bien y respecto de los predios acabados de referir, analizadas las constancias que obran en autos, obra el informe rendido el ocho de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, por el comisionado Salvador Gómez Sánchez, quien recabó los antecedentes y datos registrales de la Ex hacienda Vista Hermosa , así como de las fracciones en que ésta fue dividida, informe en el cual se precisa lo siguiente:

Que en el Registro Público de la Propiedad del Municipio de Cortazar, Guanajuato, en el tomo II de la sección de Títulos de Propiedad, bajo las partidas números 36, 43 y 60, con registros del primero de marzo, once de agosto y veintitrés de noviembre de mil novecientos treinta y siete, se encuentran las inscripciones que corresponden a la aplicación de la hacienda de Vista Hermosa , entre los herederos de la sucesión del señor Juan Irigoyen, así como las ventas que los herederos de éste realizaron desprendiéndose de dichas inscripciones que a la señora Manuela Irigoyen de Dagnino se le adjudicó la fracción denominada La Bolsa , predio al que por Acuerdo Presidencial del veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, le fue expedido el certificado de inafectabilidad agrícola 145935; a Juan Irigoyen Cervantes se le adjudicó la fracción denominada La Charca , inmueble al que por Acuerdo Presidencial del veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se le expidió certificado de inafectabilidad 01328; a María Antonia Irigoyen Cervantes, se le adjudicó la fracción denominada Los Caballos , predio al que mediante Acuerdo Presidencial del veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se le expidió el certificado de inafectabilidad agrícola 01326; a la señora Mercedes Irigoyen de Bandala, se le adjudicó la fracción denominada Los Chinos , predio al que por Acuerdo Presidencial del veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se le expidió certificado de inafectabilidad agrícola (del cual no se conoce el número); a Manuel Irigoyen Albaitero, se le adjudicó la fracción denominada La Escuadra , inmueble al que por Acuerdo Presidencial del veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se le expidió certificado de inafectabilidad agrícola 145934; a Alonso Irigoyen Albaitero se le adjudicó la fracción La Mexicana , inmueble al que por Acuerdo Presidencial del veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se le expidió certificado de inafectabilidad 145933; a José Martínez se le adjudicó el inmueble El Colorado , al que por Acuerdo Presidencial del veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se le expidió certificado de inafectabilidad agrícola 955; a Alberto Stein se le adjudicó la fracción El Carrizal , inmueble que por Acuerdo Presidencial del veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se le expidió certificado de inafectabilidad agrícola 958.

Ahora bien, y por lo que toca a dilucidar la cuestión relativa a la calidad que tenían las tierras que constituían los predios, objeto de este estudio, antes de que en el año de mil novecientos cincuenta y dos, fueran integradas al Distrito de Riego número 11 del Alto Río Lerma, Estado de Guanajuato, al respecto en autos obra el informe del ocho de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, rendido por el Ingeniero Salvador Gómez Sánchez, comisionado de la entonces Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la entidad federativa acabada de mencionar, en el cual se señala que las tierras que conformaba la Ex hacienda de Vista Hermosa , en el año de mil novecientos treinta y siete, eran tierras de riego. Cabe destacar que la opinión en comento, la formuló el comisionado de referencia exclusivamente tomando como base el hecho de que en las escrituras públicas del veintitrés de febrero de mil novecientos treinta y siete (por las cuales se adjudicaron los terrenos que conformaban la masa hereditaria de la sucesión de Juan Irigoyen) se señala o menciona que desde el veintidós de julio de mil novecientos nueve, el Presidente de la República había expedido, al propietario de la Ex hacienda de Vista Hermosa , título para usar y aprovechar con fines de riego las aguas del Río La Laja en cantidad de 1,250 litros por segundo.

Sin embargo, la anterior prueba carece de todo valor porque en primer lugar, la sola referencia contenida en una escritura pública, no constituye el medio idóneo para demostrar de manera fehaciente la calidad de las tierras de los predios cuyo estudio nos ocupa; en segundo lugar, porque el comisionado Salvador Gómez Sánchez formuló su opinión de manera subjetiva, en franca contravención a lo dispuesto por el artículo 286 fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria, precepto que obligaba a realizar los trabajos técnicos sobre los predios ubicados en el radio legal de afectación, de una manera directa, es decir a través de trabajos de campo, para de esta suerte definir la extensión y calidad de las tierras, los cultivos principales así como las condiciones agrológicas y climatológicas de los inmuebles investigados, y en tercer lugar, porque del mismo texto de las escrituras públicas de adjudicación del veintitrés de febrero de mil novecientos treinta y siete, se menciona en su cláusula novena, que los terrenos que integraban el predio Vista Hermosa eran de temporal.

Asimismo, deben tenerse en cuenta las pruebas presentadas durante este procedimiento por los pequeños propietarios de los predios en análisis, mediante escritos del dieciséis, veintiuno y veintidós de agosto de mil novecientos setenta y nueve, de las cuales destacan por su trascendencia, las siguientes:

a).- Oficio R11-RGAJ-28 del veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y nueve, expedido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el cual se hace constar que el régimen torrencial del Río La Laja , en el periodo comprendido entre los meses de enero a julio, arrojaba un gasto medio diario de 0.00 metros cúbicos.

b).- Certificado sin fecha expedido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el que se determina en forma clara y expresa que el río La Laja tiene un caudal no permanente, toda vez que sólo unos cuantos meses al año lleva escurrimientos debido a las escasas precipitaciones fluviales que lo surten; que a partir del año de mil novecientos veintinueve en que se empezó a llevar el aforo sistemático, el régimen diario del Río La Laja ha sido de cero metros cúbicos por segundo, durante ocho meses por año.

Las dos constancias acabadas de referir tienen valor probatorio pleno, acorde a lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al estar suscritas por servidores públicos en ejercicio de las atribuciones que les confieren las leyes, documentos en base a los cuales se colige que los terrenos de la Ex hacienda de Vista Hermosa , en el año de mil novecientos treinta y siete, (antes de que se iniciara el procedimiento agrario que aquí se resuelve) eran de temporal, calidad que conservaron hasta el año de mil novecientos cincuenta y dos en que se inscribieron al Distrito de Riego 11 del Alto Río Lerma, Estado de Guanajuato.

En tal tesitura, los predios denominados La Bolsa , La Charca , Los Caballos , Los Chinos , La Escuadra , La Mexicana , El Colorado y El Carrizal , que derivaron de la Ex hacienda de Vista Hermosa propiedad de Juan Irigoyen y que se adjudicaron a los sucesores de éste mediante escrituras públicas del primero de marzo, once de agosto y veintitrés de noviembre de mil novecientos treinta y siete, aun cuando alguno de dichos predios contaban con más de 100-00-00 (cien hectáreas), sin embargo al estar constituidos por terrenos de temporal, ninguno de ellos rebasaban los límites de la pequeña propiedad establecidos por el artículo 27 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 51 y 52 del Código Agrario de mil novecientos treinta y cuatro (bajo cuya vigencia se realizó la subdivisión y adjudicación de la Ex hacienda de Vista Hermosa ) preceptos estos últimos que contenían las mismas disposiciones que el artículo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que de acuerdo con los preceptos aludidos, la pequeña propiedad en tratándose de tierras de temporal podía estar constituida hasta por 200-00-00 (doscientas hectáreas).

Ahora bien, es cierto que en los inmuebles La Bolsa , La Charca , Los Caballos , Los Chinos , La Escuadra , La Mexicana , El Colorado y El Carrizal , operó un cambio de calidad en sus tierras en el año de mil novecientos cincuenta y dos, al inscribirse en el Distrito de Riego del alto Río Lerma, Estado de Guanajuato; pero también no es menos cierto, que al convertirse en terrenos de riego por la anterior circunstancia, ello no implicó que dejaran de tener la calidad de una pequeña propiedad, pues ese cambio en nada modificó la situación legal de inafectabilidad agraria que tenían con anterioridad. Al respecto debe tenerse en cuenta lo señalado por el artículo 256 del ordenamiento legal últimamente invocado, que establece:

Artículo 256.- Cuando una propiedad haya quedado reducida a la extensión inafectable... no se tomarán en cuenta para los efectos de afectaciones posteriores los cambios favorables que en la calidad de sus tierras se hayan operado en virtud de obras de irrigación, drenaje o cualquier otro procedimiento, siempre que se reúnan los requisitos siguientes:

Fracción I. Que el mejoramiento de la calidad de las tierras se deba a iniciativa del propietario y se haya consumado después... de la localización de la superficie inafectable...

Fracción II. Que la propiedad o posesión se encuentre en explotación y se le haya expedido certificado de inafectabilidad...

La disposición legal acabada de citar, es perfectamente aplicable al asunto cuyo estudio nos ocupa, no sólo por las razones lógico jurídicas que han quedado asentadas en los tres párrafos que anteceden, sino porque además en autos quedó comprobado que los predios ya referidos se han dedicado de manera permanente a la explotación de caña de azúcar.

En el anterior orden de ideas, resulta evidente que los predios La Bolsa , La Charca , Los Caballos , Los Chinos , La Escuadra , La Mexicana , El Colorado y El Carrizal por derivar de un fraccionamiento y adjudicación de los terrenos que conformaban la Ex hacienda Vista Hermosa , llevada a cabo en los meses de marzo y agosto de mil novecientos treinta y siete, dicho fraccionamiento o subdivisión, surtió todos sus efectos legales al no haberse realizado con posterioridad al quince de enero de mil novecientos treinta y ocho, fecha en la cual fue presentada la solicitud de ampliación de ejido por campesinos del núcleo agrario denominado Mexicanos , por lo que no se surte en la especie la causal de nulidad prevista por el artículo 210 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Igualmente quedó comprobado que los citados predios estaban constituidos por tierras de temporal y que sufrieron un cambio en su calidad, hasta el año de mil novecientos cincuenta y dos, en que quedaron comprendidos en el Distrito de Riego número 11 del Alto Río Lerma, del Estado de Guanajuato, sin que con motivo de ese cambio operado excedan los límites de la pequeña propiedad establecidas por el artículo 27 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, debe decirse que no existe en autos constancia alguna que demuestre que los predios antes aludidos hayan estado inexplotados por más de dos años consecutivos o que sus titulares hubiesen incurrido en alguna de las causales, previstas por el artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, para cancelar los certificados de inafectabilidad agrícola con los cuales cuentan, por lo que en tal tesitura, deviene improcedente la acción de nulidad de los Acuerdos Presidenciales del veinticinco y veintiséis de octubre de mil novecientos treinta y nueve, así como también es improcedente la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola, que fueron expedidos en el siguiente orden: certificado de inafectabilidad agrícola 145935, expedido respecto al predio La Bolsa ; certificado de inafectabilidad 01328, expedido respecto al predio La Charca ; certificado de inafectabilidad agrícola 01326, expedido respecto del predio Los Caballos ; certificado de inafectabilidad agrícola sin número, expedido respecto al predio Los Chinos ; certificado de inafectabilidad agrícola 145934, expedido respecto al predio La Escuadra ; certificado de inafectabilidad agrícola 145933, expedido respecto al predio La Mexicana ; certificado de inafectabilidad agrícola 955, expedido respecto al predio El Colorado ; y el certificado de inafectabilidad agrícola 958, expedido respecto al predio El Carrizal , inmuebles que corresponden actualmente a María del Carmen, Miguel Antonio, Martín, José y María Covadonga de apellidos Zubiri Poo, Luz María Uzabiaga Arroyo, María del Carmen Blanca Lizardi Nieto, Rosa María Garza Alvarez, Gilda Deorgina Morin Suárez, Elia Acosta León Flores, Silvia Flores Acosta, Juan Manuel Irigoyen Borajas, Alfonso Irigoyen Medina, Juan Manuel Irigoyen Medina, Javier Irigoyen Medina, Antonio Nieto Almeida, Guillermo Nieto Almeida, María Guadalupe Nieto Almeida y Rafael López Cabrera.

Es importante recalcar que por lo que respecta al predio La Bolsa , sus actuales propietarios María del Carmen, Miguel Antonio, Martín, José y María Covadonga de apellidos Zubiri Poo, promovieron juicio de amparo 2201/98 ante el primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, quien mediante ejecutoria del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve sobreseyó el juicio de garantías, argumentando para ello que la sentencia que reclamaron los quejosos no afectaba sus intereses jurídicos, debido a que no se cancelaron los certificados de inafectabilidad agrícolas 183201, 156048, 156049 y 155300, sin embargo, los quejosos reclamaron que se declarara inafectable el predio La Bolsa el cual se encuentra amparado por el certificado de inafectabilidad agrícola 01328 (diferente a aquellos señalados por el Tribunal Constitucional) por lo tanto y a efecto de no generar incertidumbre jurídica respecto de la situación legal que debe guardar el predio denominado La Bolsa , en mérito de lo expuesto en el cuerpo de esta resolución, se declara inafectable dicho inmueble, pues se reitera que en autos quedó comprobado que cuenta con una superficie que no excede los límites de la pequeña propiedad señalados por el artículo 27 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amén de que se ha dedicado de manera permanente al cultivo de caña de azúcar.

QUINTO.- En relación a la acción agraria de ampliación de ejido, que ejercitó un grupo de campesinos del núcleo agrario denominado Mexicanos , Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, mediante escrito del quince de enero de mil novecientos treinta y ocho, es de negarse la citada ampliación de ejido.

En efecto, el poblado gestor señaló en forma específica durante el procedimiento cuyo estudio nos ocupa, como de probable afectación la Ex hacienda Vista Hermosa propiedad de Juan Irigoyen. Sin embargo de lo expuesto en el considerando que antecede, se desprende que dicha finca fue fraccionada para constituir trece predios que en el año de mil novecientos treinta y siete, se adjudicaron a los sucesores de Juan Irigoyen, predios que al estar constituidos por tierras de temporal no rebasan los límites de la pequeña propiedad inafectable, es decir ninguno de ellos contaba con más de 200-00-00 (doscientas hectáreas), razón por la cual devienen o resultan inafectables para satisfacer necesidades agrarias al tenor de lo dispuesto por los artículos 249 y 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Así también porque ninguno de esos inmuebles se encontró inexplotado por más de dos años consecutivos, al momento de practicarse los trabajos técnicos informativos, llevados a cabo por los ingenieros Guillermo Mendoza R. y Salvador Gómez Sánchez, quienes rindieron sus informes el catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y seis y treinta de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, ni tampoco al practicarse los trabajos técnicos informativos complementarios por Jaime Rodríguez Negrete, Raúl Sánchez Rodríguez, Luis Felipe Marques Herrera, José Enrique Castro Valdés, Roberto Hernández Luna y, quienes rindieron sus informes el veinte de junio de mil novecientos sesenta y tres, veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y cinco, ocho de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, veintiséis de febrero de mil novecientos setenta y seis, diecisiete de julio de mil novecientos setenta y ocho, diez de abril de mil novecientos ochenta, y once de agosto de mil novecientos ochenta y dos, respectivamente.

En tal orden de ideas y toda vez que dentro del radio de siete kilómetros no existen otros predios que puedan ser afectados, con fundamento en el artículo 203 de la Ley de la Materia, interpretado en sentido contrario, se niega la ampliación de ejido solicitada por los campesinos del núcleo agrario denominado, Mexicanos , Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, por no existir fincas que puedan ser afectadas para satisfacer sus necesidades agrarias .

Sentencia anterior, que fue combatida mediante juicio de garantías promovido por el Comité Particular Ejecutivo del Poblado denominado Mexicanos , Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, tocándole conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo bajo el número D.A. 3861/2000, autoridad que el cuatro de mayo de dos mil uno, resolvió negar el amparo al poblado en cuestión, por las siguientes razones:

Ahora bien, como se desprende de los antecedentes descritos, este órgano colegiado se ha pronunciado en dos ocasiones diversas en relación con este asunto. En la primera de ellas, concedió el amparo solicitado porque advirtió que el Tribunal Superior Agrario había realizado una inadecuada valoración de los trabajos técnicos e informativos y complementarios, pues contrario a lo sostenido por aquél, de dichos trabajos no se desprendía la causal de afectación invocada; esto es, porque no se demostraba que la propiedad de los quejosos se hubiera beneficiado del Distrito de Riego número 11 antes de los años de mil novecientos setenta y mil novecientos setenta y uno. Y, en la segunda ocasión se concedió nuevamente el amparo solicitado porque el Tribunal Superior Agrario varió la litis de primera y de segunda instancia porque, a pesar de que reconoció que a partir de la valoración de los trabajos técnicos e informativos y complementarios que obran en los autos del juicio agrario no se consigna información que conduzca de manera indubitable a tener por probada la causa de afectación de cambio de calidad en las tierras materia de la acción agraria, determinó la procedencia de dicha acción, señalando una nueva causal de afectación, consistente en que los terrenos señalados como afectables son de humedad de primera desde siempre.

A partir de lo anterior, se concluye que este Organo Colegiado ya determinó que la litis en el juicio agrario 617/93 consistente en establecer si, con base en los distintos trabajos técnicos e informativos y complementarios, es posible concluir que en los predios señalados como afectables operó un cambio de calidad en las tierras de riego a partir del año de mil novecientos cincuenta y dos y como consecuencia, si éstos excedían los límites fijados para la pequeña propiedad inafectable. Asimismo, se advierte que este Tribunal estableció la imposibilidad jurídica que existe de variar la litis en las diferentes etapas del juicio agrario 617/93; esto es, no es posible que en las diversas etapas del procedimiento se haga referencia a nuevas causas de afectación, pues esto sólo sería causa inseguridad jurídica para las partes, quienes además estarían en aptitud de promover cuantos juicios de amparo consideraran convenientes para obtener una sentencia acorde a sus intereses, situación que no sólo impediría la solución definitiva del presente asunto, sino que al mismo tiempo no sería posible conseguir, si se considera que la resolución que beneficie a una de las partes necesarias afectará a otra o a otras de ellas.

Por consiguiente, si este Tribunal Colegiado ya estableció desde el siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, que, a partir de los trabajos técnicos e informativos y complementarios que obran en autos, no es posible concluir la causal de afectación invocada por la responsable, Tribunal Superior Agrario, porque de ninguno de ellos se desprende que efectivamente hubiera operado, a partir del año de mil novecientos cincuenta y dos, un cambio de calidad en las tierras señaladas como afectables, y estableció también que dicho cambio era la única causa de afectación que podría ser válida en la acción agraria intentada, puesto que todos los trabajos técnicos e informativos y complementarios se realizaron con el propósito de verificar la existencia de dicha causa de afectación; aun cuando en esa ocasión se estableció que el amparo se concedía para el efecto de que el Tribunal Superior Agrario dejara insubsistente su sentencia y, en su lugar, emitiera otra analizando y valorando con libertad de jurisdicción dichos trabajos y dándoles a cada uno el valor que conforme a derecho les correspondiera, es incuestionable que dicha responsable debía ceñirse a lo ya resuelto por este órgano colegiado en cuanto a lo ya resuelto por este Organo Colegiado en cuanto a la ineficacia de dichos trabajos para probara el extremo señalado y emitir su sentencia partiendo de esa premisa.

De ahí que sea correcto que ahora, en la sentencia reclamada en el presente juicio de garantías, el mencionado Tribunal Superior Agrario, haya dilucidado, en primer término, lo relativo al cambio de calidad en las fincas señaladas como de posible afectación, a partir de mil novecientos cincuenta y dos, analizando las pruebas ofrecidas por las partes, para luego establecer lo conducente en relación con la acción de nulidad de los Acuerdos Presidenciales y cancelación de los certificados de inafectabilidad que amparan tales predios; para luego concluir la improcedencia de la acción agraria de ampliación de ejido intentada.

En el anterior orden de ideas y a partir de todo lo antes señalado, se llega a la conclusión de que los conceptos de violación propuestos son ineficaces, aun suplidos en su deficiencia, pues como ya se dijo, el Tribunal Superior Agrario se condujo conforme a derecho al emitir la sentencia reclamada.

En efecto, el primero y el segundo de los conceptos de violación que se hicieron valer constituyen una serie de afirmaciones que carecen de sustento jurídico, pues en el primero se dice que la sentencia emitida por la responsable incumple con el requisito de fundamentación que se exige en términos de lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria en vigor, mientras que en el segundo, se hace una narración de antecedentes que tampoco llevan a concluir alguna deficiencia en el análisis de pruebas por parte de la responsable.

Por otra parte, lo que aducen los quejosos en el tercero concepto de violación en cuanto a que las constancias que sirvieron de fundamento para la emisión de la sentencia reclamada carecen de eficacia, en virtud de que no fueron emitidas con apoyo en un dictamen o diagnóstico en filotecnia, debe decirse que esta afirmación carece de consistencia jurídica pues el tribunal carece de consistencia jurídica pues el Tribunal responsable actuó correctamente al analizarlas, adminiculándolas con el resto de las pruebas ofrecidas, además de que por la época de la que datan, debe atenderse a ellas, ya que, de otra forma, no sería posible retrotraer las cosas al estado que guardaban hace más de veinte años, pues el oficio R11-RGAJ-28 es del veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y nueve y aun cuando el certificado expedido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos no tiene fecha, también constituye una constancia que hace prueba conforme a lo establecido por la responsable.

Por otra parte, es inoperante lo que aducen los quejosos en cuanto a que los terrenos señalados como posiblemente afectables eran de temporal desde antes de que se hiciera la solicitud de tierras, pues como ya se dijo, la única causa de afectación que podría resultar válida en la acción agraria intentada era la de variación en la calidad de las tierras, a partir de mil novecientos cincuenta y dos, pues esta fue la causa invocada en primera y en segunda instancia. Por lo mismo, también es inoperante lo que se aduce en cuanto a que no hay constancia de que los propietarios o residentes de dichos predios hayan hecho gastos para la construcción de las obras de riego respectivas, así como también es inoperante lo que se hace valer en cuanto a que la compra que hizo el señor Juan Irigoyen es nula de pleno derecho, en virtud de que esta persona no cumplió con lo dispuesto en la Ley de Extranjería y Naturalización del veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y seis, pues esta cuestión se introduce hasta esta instancia y la parte afectada no tuvo oportunidad de defenderse al respecto.

Por otra parte, como este Tribunal Colegiado lo estableció en su anterior ejecutoria, resulta inoperante lo que aducen los quejosos en relación a que los terrenos señalados como afectables originalmente son de humedad bastante y se equiparan a terrenos de riego, pues esto no forma parte de la litis.

Por lo que respecta a las conclusiones que se obtienen de los trabajos técnicos e informativos y complementarios, el Tribunal responsable justificó cada una de ellas, en relación con la litis planteada; por consiguiente, la manifestaciones de los hoy quejosos sobre el particular se apartan de la litis establecida, de ahí que sean inoperantes.

Por lo que toca a que con los elementos de prueba que relacionan se llega a conocer plenamente que los predios objeto de estudio han sido de riego desde mil novecientos cuatro, debe reiterarse lo antes dicho, en cuanto a que este Tribunal Colegiado ya estableció que no es posible variar de una instancia a otra la causa de afectación, pues con ello se dejaría a los afectados en estado de indefensión.

Por todo lo antes expuesto y dado que el Tribunal responsable ya analizó y valoró adecuadamente las pruebas que integran el expediente agrario 617/93, no hay razón para conceder el amparo solicitado para el efecto propuesto por los quejosos, esto es, para que de nueva cuenta se analicen las pruebas mencionadas.

Por último, es inoperante lo que aducen los quejosos en cuanto a que la sentencia reclamada les causa perjuicio porque en ella se establece que, en términos de los dispuesto en el artículo 256 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aun cuando es cierto que en los predios señalados como posiblemente afectables operó un cambio en la calidad de tierras, a partir de mil novecientos cincuenta y dos, ese cambio en nada modifica la situación de inafectabilidad agraria que tenían con anterioridad, porque contrario a lo señalado por el Tribunal responsable, la situación de dichos predios no se adecua a la hipótesis prevista en el mencionado artículo 256, pues no hay constancia de que el mejoramiento en la calidad de las tierras se deba a iniciativa de sus propietarios; pues si bien es cierto que el Tribunal responsable llegó a la anterior conclusión, también lo es que este Tribunal Colegiado, en su momento, estableció que no quedó acreditada la causa de afectación por haber operado cambio en la calidad de las tierras, con anterioridad a mil novecientos setenta y mil novecientos setenta y uno .

Por lo que en tal tesitura ante lo obvio de los hechos antes relatados, es claro que la superficie de 163-00-00 (ciento sesenta y tres hectáreas) compuesta por los predios El Colorado , El Carrizal y Mexicana , y que fueron reservados para la presente acción que nos ocupa, mismos que en sentencia emitida por este Organo Colegiado el siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, se concedieron al poblado La Noria , resultan ser inafectables en virtud de que se demostró que dichos predios provenientes de la Ex hacienda Vista Hermosa , propiedad de Juan Irigoyen, fue fraccionada para constituir trece predios en mil novecientos treinta y siete, los cuales adjudicados a los sucesores de Juan Irigoyen, predios que al estar constituidos por tierras de temporal no rebasan los límites de la pequeña propiedad inafectable, de conformidad con lo establecido por los artículos 249 y 250 de la Ley Federal de Reforma Agraria, además de que ninguno de estos inmuebles se encontró inexplotado por más de dos años consecutivos por sus propietarios, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 251 del Ordenamiento Legal antes invocado, toda vez que de los trabajos técnicos informativos realizados en el procedimiento administrativo, no se advierte que hayan estado ociosos e inexplotados por sus propietarios.

SEPTIMO.- En este punto se analizarán en estricto cumplimiento las ejecutorias emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito en el expediente 520/97, amparo en revisión que modificó la sentencia pronunciada por el Juez Quinto de Distrito en el juicio de amparo número 454/97; y la 72/2001, que modificó la sentencia pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de garantía número 148/2000, relativas al predio San Lorenzo .

Así las cosas, tenemos que Mariano Valdez Castro y María Leticia Cervantes Quezada, demandaron juicio de garantías, señalando como acto reclamado la sentencia emitida por este Tribunal Superior el siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en el juicio agrario que nos ocupa, conociendo del mismo, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, bajo el número 454/96, autoridad que el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete, resolvió sobreseer el amparo promovido por los quejosos. Por lo que inconformes con el fallo anterior, los quejosos interpusieron recurso de revisión tocándole conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, bajo el expediente 520/97, que en resolución de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, resolvió conceder la protección constitucional a los amparistas, toda vez que consideró en su parte medular: En esa tesitura, asiste la razón a los quejosos al señalar que la autoridad responsable vulneró en detrimento de sus derechos la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, al dejar de notificarles la instrucción de los procedimientos de cancelación de certificados de inafectabilidad y ampliación de ejido, lo que les impidió acudir en defensa de sus derechos ante la autoridad agraria .

Por lo que, en cumplimiento a la ejecutoria, este Organo Colegiado dictó un acuerdo para mejor proveer el trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, en el que se giró atento despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, a efecto de que se notificara a los quejosos concediéndoles un término de cuarenta y cinco días para que manifestaran y presentaran las pruebas que a su interés conviniere.

En acatamiento a lo anterior, Mariano Valdez Castro y María Leticia Cervantes Quezada, mediante escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, el treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, ofrecieron pruebas de su parte y alegatos, en el que refieren en síntesis que debe dejarse insubsistente la sentencia de ampliación de ejidos del poblado La Noria , toda vez que tiene plena eficacia jurídica el certificado de inafectabilidad agrícola que ampara a los predios de su propiedad, ofreciendo como pruebas de su parte la testimonial, la documenta pública, consistentes en diversas constancias y certificaciones que acreditan la calidad inafectable, historia registral de dicho predio y la pericial.

De las probanzas tenemos que:

De la testimonial desahogada por los atestes a cargo de Ramiro Bárcenas Alonso e Isaías Rico Curtidor, en audiencia de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, se advierte que Mariano Valdez y Leticia Cervantes Quezada, son propietarios de una fracción del predio San Lorenzo , y que se encuentra cultivado de maíz, sorgo, legumbres y cebolla, y que siempre ha permanecido en explotación por sus propietarios actuales y su antecesor Eusebio Aboytes, probanza a la que este Tribunal Colegiado le otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 165 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo que respecta a las pruebas periciales realizadas por los ingenieros Miguel Mendoza González, perito designado por los quejosos y el ingeniero Agustín Corona Barrientos, perito designado en rebeldía por el Comité Particular Ejecutivo del Poblado La Noria , se advierte que los predios rústicos propiedad de Mariano Valdez Castro y María Leticia Cervantes Quezada, actualmente se encuentran en explotación agrícola en su totalidad y sus principales cultivos consisten en maíz blanco, coliflor, ajo y cebolla, además que dentro del predio del quejoso Mariano Valdez Castro, se encuentra sobre el bordo las regaderas un total de 1,500 plantas de árboles frutales de naranja, limón, higueras y pera, que corresponde a una pequeña propiedad agrícola inafectable y que su explotación en dichos predios ha sido en forma continua e ininterrumpida, toda vez que cuentan con obras hidráulicas como pozos, regaderas, tuberías para el sistema de riego, construcciones de tipo habitacional, instalaciones eléctricas y bodegas para guardar implementos agrícolas y que de los predios controvertidos con base a los trabajos técnicos elaborados se concluye que se encuentran fuera del radio legal de afectación; probanza a la que este Tribunal Superior le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 143 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En tal tesitura también tenemos que Rebeca López Arzate, interpuso juicio de garantías en contra de la sentencia emitida por este Tribunal Superior el siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, tocándole conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, bajo el número 148/2000, autoridad que resolvió el veintiocho de febrero de dos mil uno, negar el amparo y protección a la quejosa. Por lo que inconformes con la anterior resolución, el diecinueve de marzo de dos mil uno, interpuso recurso de revisión, juicio que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, bajo el número 72/2001, autoridad que por resolución de veintidós de agosto del mismo año, resolvió otorgar el amparo a la quejosa, toda vez que consideró en su parte medular lo siguiente: por tanto asiste razón a la inconforme al aseverar que la autoridad responsable vulneró sus garantías individuales, al dejar de notificarle la instauración del procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales, cancelación de certificados de inafectabilidad y ampliación de ejido, pues tal omisión le impidió acudir ante la autoridad agraria en defensa de sus derechos, y de ahí que los agravios esgrimidos al respecto resulten sustancialmente fundados .

Por lo que, en cumplimiento a la ejecutoria antes aludida, este Organo Colegiado dictó un acuerdo para mejor proveer el siete de noviembre de dos mil uno, en el que se giró atento despacho al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, para el efecto de que se le notificara a la quejosa la radicación del juicio agrario número 1329/93, así como la instauración del procedimiento de nulidad de acuerdos presidenciales y cancelación del certificado de inafectabilidad agrícola número 00956, respecto del predio San Lorenzo , para que en un término de cuarenta y cinco días ofreciera pruebas y alegatos que a su interés conviniera.

En atención a lo anterior, Rebeca López Arzate, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Superior el diecisiete de enero de dos mil dos, manifestó sus alegatos y ofreció pruebas, del que se advierte en síntesis que del predio denominado San Lorenzo , su propietaria original fue Ana María Hoth de Ritter, a quien mediante acuerdo presidencial de veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, se le expidió el certificado de inafectabilidad número 00956 que ampara una superficie de 99-80-00 (noventa y nueve hectáreas, ochenta áreas) y que posteriormente el predio fue adquirido por Eusebio Aboyte Ruiz, mediante adjudicación por remate judicial dentro del juicio ejecutivo civil que se siguió en contra de Agustín Trejo del Valle, la cual quedó asentada en la escritura pública número 11072, de dieciséis de octubre de mil novecientos setenta y dos, y que posteriormente el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, Eusebio Aboytes Ruiz, celebró con la quejosa Rebeca López Arzate, contrato de compraventa, respecto de una fracción de 24-49-95 (veinticuatro hectáreas, cuarenta y nueve áreas, noventa y cinco centiáreas), según consta en la escritura pública número 3781 de tres de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, alegando que resulta improcedente afectar la fracción del terreno propiedad de la quejosa, en virtud de que la misma se encuentra fuera del radio de siete kilómetros y que las ventas realizadas de dicho predio producen efectos jurídicos aun cuando se hayan realizado, después de iniciado el procedimiento agrario, ofreciendo como pruebas la documental pública consistente en la escritura pública número 3781, la documental pública consistente en la copia certificada del certificado de inafectabilidad agrícola número 00956, la historia registral del predio San Lorenzo y la pericial en materia de topografía, documental pública de actuaciones consistente en todas y cada una de las constancias que integran el cuaderno de amparo número 454/96, la testimonial y la presuncional legal y humana.

De la documental pública, consistente en la copia certificada de la escritura de propiedad número 3781, de tres de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, basada ante la fe del Notario Público número 17, de Salamanca, Estado de Guanajuato, se acredita que Eusebio Aboytes Ruiz, celebró con Rebeca López Arzate, un contrato de compraventa respecto de una fracción de 24-49-95 (veinticuatro hectáreas, cuarenta y nueve áreas, noventa y cinco centiáreas) del predio San Lorenzo , ubicado en el Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato, en la que se observa que se encuentra libre de cláusula agraria, respecto a la solicitud de ampliación del poblado La Noria , en virtud de que no fue notificado el Registro Público de la Propiedad por parte de las autoridades facultadas para ello, documental a la que este Organo Colegiado le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con la documental pública, consistente en la copia certificada del certificado de inafectabilidad agrícola número 00956, se acredita, que ampara una superficie de terreno de 99-80-00 (noventa y nueve hectáreas, ochenta áreas), del predio San Lorenzo ; probanza a la que este Organo Colegiado le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con la documental pública, consistente en la historia registral del predio San Lorenzo , se acreditan los traslados de dominio y que actualmente son propietarios de una superficie de 24-49-95 (veinticuatro hectáreas, cuarenta y nueve áreas, noventa y cinco centiáreas), Mariano Valdez Castro y María Leticia Cervantes Quezada; probanza a la que este Organo Colegiado le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De las periciales realizadas en el procedimiento por los ingenieros Miguel Mendoza González, Jorge Morales Mendoza y Cesar Hernández Aranda, se advierte que Rebeca López Arzate es propietaria de una fracción del predio San Lorenzo , que perteneció a la antigua Hacienda de Vista Hermosa, y que cuenta con una superficie de 24-49-95 (veinticuatro hectáreas, cuarenta y nueve áreas, noventa y cinco centiáreas) que se encuentra explotado con alfalfa, trigo, cebada, maíz y frijol y que se observó que su explotación agrícola ha sido de forma continua e ininterrumpida, en virtud de que cuenta con obras hidráulicas como son pozos, regaderas, tuberías para el sistema de riego por canal, construcciones de tipo habitacional, bodegas para guardar implementos agrícolas e instalaciones eléctricas.

Los peritajes antes referidos en lo único que difieren es que el del actor refiere que la superficie controvertida se encuentra fuera del radio legal y afectación, mientras que la del poblado accionante y la del tercero en discordia, señalan que está dentro del radio de siete kilómetros. Probanzas a las que este Tribunal Superior les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 143 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De las testimoniales desahogadas en audiencia de once de marzo de dos mil dos, por Francisco Vera Aguilar y Javier Nieto Vera, se conoce que Rebeca López Arzate, es propietaria de una fracción del predio San Lorenzo , que ha estado en explotación en forma continua e ininterrumpida y que dicho predio deviene de la Hacienda de Vista Hermosa, documental a la que este Organo Colegiado le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 165 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De los trabajos técnicos informativos de veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y uno, se conoce que el comisionado aseveró que el propietario Eusebio Aboytes Ruiz acumuló un total de 137-00-00 (ciento treinta y siete hectáreas) que provenían de las fincas El Pitayo , con una superficie de 48-00-00 (cuarenta y ocho hectáreas) y San Lorenzo , con una superficie de 99-80-00 (noventa y nueve hectáreas, ochenta áreas), en el año de mil novecientos setenta y dos, excediéndose de los límites de la pequeña propiedad, toda vez que se consideraban como terrenos de riego y de los realizados el diecisiete de abril de mil novecientos ochenta y nueve, se conoce que el predio San Lorenzo , proviene de la Ex hacienda denominada Vista Hermosa , que se fraccionó en el año de mil novecientos treinta y siete, entre los sucesores de Manuel Irigoyen. Por lo que, por sentencia de siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por este Organo Colegiado, afectó del predio San Lorenzo , propiedad para efectos agrarios de Eusebio Aboyte Ruiz, una superficie de 37-80-00 (treinta y siete hectáreas, ochenta áreas), por rebasar los límites de la pequeña propiedad, dejando sin efectos jurídicos las compraventas realizadas con posterioridad a la solicitud.

También se conoce que los predios San Lorenzo y El Pitayo , quedaron comprendidos dentro del sistema de riego número 11 Alto Río Lerma, Guanajuato, desde el año de mil novecientos cincuenta y dos, y que la Dirección General de Tenencia de la Tierra, instauró el procedimiento tendiente a privar de efectos jurídicos el acuerdo presidencial de veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, y cancelar el certificado de inafectabilidad agrícola número 00956, que ampara al predio San Lorenzo , procedimiento que culminó el treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, considerando procedente dicho incidente (el cual fue dejado sin efectos jurídicos en virtud de las sentencias de amparo a las que se han hecho referencia en el presente fallo).

Ahora bien, si bien es cierto que de los trabajos técnicos informativos de veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y uno, y de diecisiete de abril de mil novecientos noventa, se advierte que los predios San Lorenzo y El Pitayo , son propiedad de Eusebio Aboytes Ruiz, que en su totalidad conformaban una superficie de 137-80-00 (cientos treinta y siete hectáreas, ochenta áreas) de riego, que se excedía de los límites de la pequeña propiedad en una superficie de 37-80-00 (treinta y siete hectáreas, ochenta áreas); también lo es que no hay que pasar por desapercibido que el predio San Lorenzo , deviene de la Ex hacienda de Vista Hermosa , inmueble que perteneció a Juan Irigoyen y que al fallecer éste, sus sucesores fraccionaron dicho inmueble entre trece predios en el año de mil novecientos treinta y siete, el cual fue adjudicado en propiedad a Ana María Hoth de Ritter, con una superficie de 99-80-00 (noventa y nueve hectáreas, ochenta áreas), predio al que por acuerdo presidencial de veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, le fue expedido el certificado de inafectabilidad número 00956. Por lo que aun cuando el comisionado que rindió el informe de veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y uno, haya manifestado que las tierras del predio San Lorenzo eran de riego, tomando como base la escritura pública número 1172, de dieciséis de octubre de mil novecientos setenta y dos, bajo la partida 409 del tomo XVIII de la sección de propiedades, llegando a la conclusión que el predio San Lorenzo y El Pitayo , rebasaban los límites de la pequeña propiedad, lo anterior carece de todo valor, ya que la sola referencia contenida en una escritura pública no constituye el medio idóneo para demostrar de manera precisa la calidad de las tierras de los predios cuyo estudio nos ocupa, ya que el comisionado para dichos trabajos formuló su opinión de manera dogmática y subjetiva en contraversión a lo dispuesto por el artículo 286 fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria, artículo que obligada a realizar los trabajos técnicos sobre los predios ubicados en el radio legal de afectación de una manera precisa y contundente, esto es que se debieron haber realizado trabajos de campo para así definir la extensión, cultivos principales, condiciones agrológicas y climatológicas de los predios y la calidad de las tierras.

Aunado a lo anterior y tomando en consideración que el predio San Lorenzo , proviene de la Ex hacienda de Vista Hermosa, éste debe llevar la misma suerte que los analizados en la sentencia emitida el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por este Organo Colegiado en el Juicio Agrario número 617/93, del poblado Mexicanos , Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, toda vez que consideró, que la Ex hacienda de Vista Hermosa, se fraccionó en trece predios en el año de mil novecientos treinta y siete, siendo los siguientes: La Bolsa , La Charca , Los Caballos , Los Chinos , La Escuadra , El Colorado , El Carrizal , La Mexicana , La Recibidora , Siete Compuertas , El Tornillo , Vaso de Merino y SAN LORENZO ; manifestándose en dicho fallo que aun cuando en base a las escrituras públicas de veintitrés de febrero de mil novecientos treinta y siete, por las cuales se adjudicaron los terrenos que conformaban la masa hereditaria de la sucesión de Juan Irigoyen, se menciona que desde el veintidós de julio de mil novecientos nueve, el Presidente de la República, había expedido al propietario de la Ex hacienda de Vista Hermosa, título para usar y aprovechar con fines de riego las aguas del Río La Laja, tal situación carecía de valor probatorio, en virtud de que del texto de las escrituras públicas de adjudicación de veintitrés de febrero de mil novecientos treinta y siete, se menciona en su cláusula noventa que los terrenos que integraban el predio VISTA HERMOSA , ERAN DE TEMPORAL y que de las constancias ofrecidas por los pequeños propietarios de los predios controvertidos como son: a).- Oficio de veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y nueve, expedido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el cual se hace constar que el régimen torrencial del Río La Laja, en el periodo comprendido entre los meses de enero a julio, arrojaba un gasto medio diario de 0.00 metros cúbicos, b).- Certificado expedido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el que se determina en forma clara y expresa que el Río La Laja, tiene un caudal no permanente, toda vez que sólo unos meses al año lleva escurrimientos debidos a las escasas precipitaciones fluviales que lo surten; y que a partir del año de mil novecientos veintinueve en que se empezó a llevar el aforo sistemático el régimen diario del Río La Laja, ha sido de cero metros cúbicos por segundo durante ocho meses por año, con lo cual se colige que los terrenos de la Ex hacienda de Vista Hermosa, en el año de mil novecientos treinta y siete, eran de temporal, calidad que conservaron hasta el año de mil novecientos cincuenta y dos, en que se inscribieron al Distrito de Riego 11 del Alto Río Lerma del Estado de Guanajuato, y que por el solo hecho de haberse convertido en terrenos de riego por las razones antes referidas, esto no nos conllevaba a que dejaran de tener la calidad de pequeña propiedad, ya que tal situación en nada modificaba la situación legal de inafectabilidad agraria que tenían con anterioridad tal como lo establece el artículo 256 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Sentencia que fue confirmada mediante ejecutoria D.A.3861/2000, emitida el cuatro de mayo de dos mil uno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Por lo que, tomando en consideración lo anterior manifestado, es claro que aun cuando en el año de mil novecientos setenta y dos, Eusebio Aboytes Ruiz, acumuló un total de 137-80-00 (ciento treinta y siete hectáreas, ochenta áreas) de los predios San Lorenzo y El Pitayo , supuestamente de riego, dicha calidad de tierras no quedó debidamente demostrada, ya que como se ha referido anteriormente debió de haberse hecho un estudio técnico directo sobre los predios controvertidos y además de que por sus antecedentes históricos el predio San Lorenzo , inicialmente su calidad de tierras era de temporal y que el hecho de que se haya convertido en terrenos de riego, esto no implicaba que dejaran de tener la calidad de pequeña propiedad. Por lo que en tal virtud el predio San Lorenzo , al estar constituido por terrenos de temporal no rebasaba los límites de la pequeña propiedad establecidos por el artículo 27 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 51 y 52 del Código Agrario de mil novecientos treinta y cuatro, cuya vigencia tenía al realizarse la subdivisión y adjudicación de la Ex hacienda de Vista Hermosa , y correlativos al artículo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que tratándose de tierras de temporal éstas podrían estar constituidas hasta 200-00-00 (doscientas hectáreas).

Situación que nos conlleva a determinar que partiendo del hecho anterior con respecto al predio San Lorenzo , con 99-80-00 (noventa y nueve hectáreas, ochenta áreas), al sumarse la superficie de El Pitayo , con 48-00-00 (cuarenta y ocho hectáreas), éstos en su conjunto no rebasan los límites de la pequeña propiedad por la calidad de la cual están constituidos.

Aunado a lo anterior, se hace necesario manifestar que las ventas realizadas del predio San Lorenzo , por Eusebio Aboytes Ruiz, en el año de mil novecientos setenta y dos, sí surten efectos jurídicos, toda vez que contaba con certificado de inafectabilidad agrícola 00956, ya que dichas ventas se realizaron sobre un predio inafectable por declaratoria hecha por la Suprema Autoridad Agraria que fue el veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, mientras no se declare ineficaz y su cancelación. Y visto lo anterior, tenemos que las compraventas realizadas a favor de Rebeca López Arzate, Mariano Valdez Castro y María Leticia Cervantes Quezadas, tuvieron lugar el tres de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, siete de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, y veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, respectivamente, fechas en las que todavía tenía vigencia el certificado de inafectabilidad agrícola número 00956, que amparaba el predio San Lorenzo , ya que su cancelación fue hasta el diez de febrero de mil novecientos noventa y tres, fecha muy posterior a las últimas ventas que se realizaron respecto al predio en cuestión, por lo que al haberse efectuado ventas de un predio inafectable por las razones antes vertidas aun posteriores a la solicitud del núcleo de población, éstas producen todos sus efectos jurídicos. Sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales que al efecto se transcriben:

AGRARIO. INAFECTABILIDAD. VENTA DEL PREDIO AMPARADO O DE FRACCIONES. PRODUCE EFECTOS AUNQUE SE CONCERTE DESPUES DE INICIADO PROCEDIMIENTO AGRARIO EN QUE SE SOLICITE SU AFECTACION. En los términos de lo previsto por el artículo 210, fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria (que reitera lo dispuesto por el artículo 64, fracción I, del Código Agrario), no producirá efectos en materia agraria la división y el fraccionamiento, así como la transmisión íntegra por cualquier título, de predios afectables, realizados con posterioridad a la fecha de la publicación de una solicitud de restitución, ampliación o dotación a núcleos de población, o de la publicación del acuerdo que inicie el procedimiento de oficio; sin embargo, debe precisarse que tales dispositivos resultan inaplicables en el caso de que el predio que se vende total o parcialmente se encuentre amparado con certificado de inafectabilidad; por lo mismo, es incuestionable que la compraventa de una fracción de dicho predio surte efectos jurídicos en materia agraria.

Amparo en revisión 1888/83. Juan García Pérez y otros. 18 de febrero de 1985. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tercera Parte, Tesis 124, página 253 .

AGRARIO. TRANSMISION DE PREDIOS INAFECTABLES, PRODUCE EFECTOS JURIDICOS EN MATERIA AGRARIA, AUN CUANDO LA VENTA RELATIVA SEA POSTERIOR A LA FECHA DE PUBLICACION DE UNA SOLICITUD AGRARIA. El artículo 210, fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria establece que no producirá efectos la división y el fraccionamiento, así como la transmisión íntegra, por cualquier título de predios afectables, cuando se realicen con posterioridad a la fecha de publicación de la solicitud de restitución, ampliación, dotación, ni de las relativas a nuevos centros de población en las que se señalen los predios afectables; por tanto, cuando se transmite un predio que es inafectable, por su extensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 249 de dicha ley, no resulta aplicable lo establecido en aquel precepto, y, por lo mismo, tal transmisión surte efectos en materia agraria, aun cuando se hubiere realizado con posterioridad a la fecha de publicación de la solicitud agraria correspondiente.

Amparo en revisión 6816/85. Raúl Pulido Godínez y otros. 25 de marzo de 1987. Cinco votos. Ponente: Noé Castañón León. Secretaria: Diana Bernal Ladrón de Guevara.

Volúmenes 91-96, página 59. Amparo en revisión 2517/76. Ramón Salazar Pérez. 14 de octubre de 1976. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Luis Tirado Ledesma .

AGRARIO. INAFECTABILIDAD, VENTAS DE FRACCIONES DE UN PREDIO AMPARADO CON, PRODUCEN EFECTOS AUNQUE SE EFECTUEN DESPUES DE INICIADO EL PROCEDIMIENTO AGRARIO EN QUE SE SOLICITA SU AFECTACION. No es aplicable el artículo 64, fracción I, del Código Agrario (artículo 210, fracción I, párrafo primero, de la Ley Federal de Reforma Agraria) al caso en que se efectúen ventas de fracciones de un predio amparado con certificado de inafectabilidad agraria, ya que dicho precepto se refiere a la división o fraccionamiento de predios afectables; por lo que, disponiéndose de certificado de inafectabilidad vigente, mientras no se declare su ineficacia, las ventas realizadas de fracciones del predio protegido producen efectos legales, incluso en materia agraria, aunque se hayan verificado con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de ejidos, ya que dichas ventas se realizan sobre un predio inafectable según declaratoria hecha por la suprema autoridad agraria por resolución que únicamente la misma puede dejar sin efectos.

Amparo en revisión 3620/82. Helidoro Inzunza Castro y otros. 23 de enero de 1986. Mayoría de cuatro votos. Engrose Martha Chávez Padrón. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco .

AGRARIO, INAFECTABILIDAD RECONCIDADA, VENTAS DE FRACCIONES. No es aplicable el artículo 64, fracción I, del Código Agrario (que corresponde al artículo 210, fracción I, párrafo primero, de la Ley Federal de Reforma Agraria), al caso en que se efectúan ventas de fracciones de un predio amparado con certificado de inafectabilidad agraria, o, por analogía, con el reconocimiento y declaratoria de pequeña propiedad inafectable hechos por el presidente de la República , ya que dicho precepto se refiere a la división o fraccionamiento de predios afectables; por lo que, encontrándose el terreno amparado con certificado de inafectabilidad vigente, o con reconocimiento de pequeña propiedad inafectable, las ventas realizadas de fraccionamientos producen efectos, incluso en materia agraria, aunque se hayan verificado con posterioridad a la fecha de la publicación de la solicitud de ejidos, ya que dichas ventas se realizan sobre predios inafectables, según declaratoria hecha por la suprema autoridad agraria, por una resolución que únicamente la misma puede dejar sin efectos; pero, mientras no exista la declaratoria de cancelación relacionada, no pueden considerarse afectables los predios de referencia.

Amparo en revisión 4569/83. Alejandro Huerta Tremillo y otro. 11 de febrero de 1985. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco .

OCTAVO.- En tal virtud procede declarar inafectables los predios El Colorado , El Carrizal , La Mexicana y las fracciones del predio San Lorenzo , propiedad de los quejosos en los amparos que nos ocupan, así como también negar la procedencia de la cancelación del certificado de inafectabilidad 00956, que ampara el predio San Lorenzo .

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Por las razones expuestas en la parte considerativa del presente fallo, es improcedente el incidente de nulidad del acuerdo presidencial de veinticinco de octubre de mil novecientos treinta y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta; por consiguiente no ha lugar a cancelar el certificado de inafectabilidad agrícola número 00956, expedido a favor de Ana María Hoth de Ritter, respecto al predio San Lorenzo , ubicado en el Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Se niega la dotación de tierras en vía de ampliación de ejido, solicitada por el poblado denominado La Noria , Municipio de Cortazar, Estado de Guanajuato, en atención a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

TERCERO.- Publíquense: esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, los puntos resolutivos de la misma, en el Boletín Judicial Agrario y comuníquese al Registro Público de la Propiedad correspondiente, para que proceda a cancelar las inscripciones que se hubiesen realizado.

CUARTO.- Notifíquese a las partes interesadas y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Guanajuato; a la Procuraduría Agraria y al Segundo Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, en los amparos en revisión 520/97 y 72/2001.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil dos.- El Magistrado Presidente, Ricardo García Villalobos Gálvez.- Rúbrica.- Los Magistrados: Luis Octavio Porte Petit Moreno, Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Angel López Escutia.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, Humberto Jesús Quintana Miranda.- Rúbrica.


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