DECRETO de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 (Continúa de la Primera Sección).

   (Viene de la página 40 de la Primera Sección)

CAPÍTULO VII De las Reglas de Operación para Programas

  Artículo 54. Con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en el Anexo 16 de este Decreto.

  El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá seleccionar durante el ejercicio fiscal otros programas que por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación. El Ejecutivo Federal, en su caso, deberá considerar la opinión de las entidades federativas en el diseño de las reglas de operación para lograr una mejor planeación y ejecución de los programas correspondientes.

  Los Programas sujetos a reglas de operación deberán observar lo siguiente:

  I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas coordinadoras sectoriales, y las entidades no coordinadas sectorialmente, serán responsables de emitir las reglas de operación o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

  Las dependencias al elaborar los proyectos de reglas o modificaciones deberán observar, en su caso, las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, este Decreto, los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública, y aquéllos establecidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, además de recabar al respecto la opinión, en su caso, de las entidades federativas en dichos proyectos.

  Las reglas de operación deberán ser claras y precisas, a efecto de ser difundidas entre la población a través de los medios de comunicación, con el objeto de que los beneficiarios puedan presentar sus proyectos oportunamente. Las reglas de operación de los programas destinados a los pueblos indígenas serán difundidas y deberán ser adecuadas a las circunstancias, condiciones y necesidades de los mismos, que posibiliten la accesibilidad sin discriminación, ni exclusión social. Se deberá establecer en los programas, y según sea el caso, en la difusión de los medios de comunicación que los programas autorizados en este Presupuesto, son públicos y ajenos a cualquier partido político.

  En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, será responsabilidad de los titulares de las dependencias o entidades presentar sus proyectos de reglas de operación a más tardar el 13 de enero.

  En los programas y subprogramas comprendidos en el Anexo 16 de este Decreto, únicamente podrán exigirse los requisitos o disposiciones establecidos en sus reglas de operación autorizadas, incluyendo los de sus anexos de ejecución. Dichos requisitos o disposiciones deberán coadyuvar al ágil y expedito ejercicio de los recursos.

  Las reglas de operación de ejercicios anteriores estarán vigentes hasta el 16 de febrero de 2006; a partir de entonces deberán estar publicadas en las respectivas páginas electrónicas de Internet.

  Las modificaciones a las reglas de operación deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 17 de febrero de 2006; salvo en el caso de que se requieran modificaciones posteriores a dicha fecha con motivo de un desastre natural o situaciones supervenientes;

  II. La Secretaría y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria deberán emitir respectivamente, la autorización y el dictamen a que se refiere la fracción anterior, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sean presentados dichos proyectos, una vez que los proyectos de reglas de operación o de modificaciones a las mismas cumplan todos los requisitos previstos en las disposiciones aplicables.

  Para emitir su autorización, la Secretaría deberá vigilar exclusivamente que el programa no se contraponga, afecte, o presente duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplan las disposiciones aplicables;

  III. Las dependencias publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en sus respectivas páginas de Internet las reglas de operación o, en su caso, las modificaciones a las mismas, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a que obtengan la autorización y el dictamen a que se refiere la fracción I de este Artículo. En su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, deberán poner dichas reglas a disposición de la población en sus oficinas estatales y a través de los gobiernos de las entidades federativas.

  Los recursos correspondientes a los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no podrán ejercerse hasta que sean publicadas sus respectivas reglas de operación, lo cual deberá suceder a más tardar dentro de los 30 días hábiles posteriores al inicio del ejercicio fiscal.

  Las dependencias y entidades dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que sean publicadas las reglas de operación, deberán iniciar el ejercicio de los recursos presupuestarios aprobados de acuerdo con la programación de los calendarios.

  Los recursos correspondientes a programas incluidos en el Anexo 16 de este Decreto que continúan su operación en el presente ejercicio, podrán ejercerse conforme a sus respectivas reglas vigentes hasta la emisión, en su caso, de nuevas reglas o modificaciones en los términos de este Artículo.

  En el caso de incumplimiento del término establecido para la publicación de las reglas de operación y el ejercicio de los programas, las autoridades responsables estarán sujetas a la aplicación de sanciones por parte de la Función Pública, que van desde la amonestación hasta su inhabilitación como servidores públicos en caso de reincidencia;

  IV. Las dependencias y las entidades a través de su coordinadora sectorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos de información:

  a) Enviar trimestralmente a la Cámara, por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto, y

  b) Presentar la evaluación de resultados de cada programa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, a la Secretaría y a la Función Pública, a más tardar el último día hábil de septiembre, a efecto de que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Dicha evaluación deberá informar los recursos entregados a los beneficiarios e incorporar un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre el bienestar, la equidad, la igualdad y la no discriminación de las mujeres, jóvenes e indígenas.

  El costo de la evaluación deberá cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y realizarse por instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas, en los términos de las disposiciones emitidas por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus competencias.

  Las dependencias y entidades, en los términos del Artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este Artículo abarquen varios ejercicios fiscales.

  El costo de la evaluación de resultados de los fondos de Desastres Naturales y para la Prevención de Desastres Naturales será cubierto con cargo a los recursos de los mismos. La Secretaría de Gobernación, en su carácter de coordinadora de los programas de protección civil, será la dependencia responsable de realizar la contratación respectiva y la entrega de resultados.

  En el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, no será necesario presentar la evaluación a que se refiere este inciso; en su caso, podrá presentarse una evaluación parcial en la medida que sea factible reportar resultados.

  Las dependencias y entidades deberán informar a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sobre las instituciones que llevarán a cabo las evaluaciones, a más tardar el último día hábil de abril. Asimismo, deberán difundir dichas evaluaciones a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet.

  Los resultados de las evaluaciones aplicadas al programa 3 X 1 para migrantes, deberán entregarse a los migrantes participantes de manera oportuna.

  V. Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas a que se refiere el Anexo 16 de este Decreto, las dependencias y entidades que participen en dichos programas, promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Artículo 52 de este Decreto. Las dependencias y entidades participantes, una vez suscritos los convenios o acuerdos interinstitucionales, deberán publicarlos en el Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales posteriores a la celebración de los mismos y enviarlos a las comisiones correspondientes de la Cámara, y

  VI. Las dependencias y entidades podrán celebrar convenios con personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo aquéllas que promuevan las causas de mujeres, jóvenes, adultos mayores, indígenas, productores rurales y migrantes mexicanos, así como con organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas por los propios beneficiarios de los programas, para su participación en la ejecución de los programas a que se refiere el Anexo 16 de este Decreto. Para estos fines, los modelos de convenio, previo a su formalización, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, señalando de manera precisa la forma en que se dará seguimiento al ejercicio de los recursos. Para la formalización de estos convenios, las dependencias y entidades deberán escuchar la opinión de los respectivos titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas cuando así corresponda.

  Las dependencias y entidades deberán reportar en los informes a que se refiere el inciso a) de la fracción IV de este Artículo, el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los convenios formalizados con las organizaciones a que se refiere la presente fracción.

  Las dependencias y entidades deberán enviar a la Cámara, por conducto de las comisiones correspondientes, así como a la Secretaría y a la Función Pública, informes sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los convenios formalizados con las organizaciones a que se refiere la presente fracción. Dichos informes deberán presentarse a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto.

  Para el Programa 3 X 1 para Migrantes, en estos convenios deberá asegurarse de manera precisa la incorporación de los migrantes u organizaciones representativas en los órganos que se constituyan para el seguimiento y vigilancia del ejercicio de los recursos, la asignación de las obras así como en las actas de entrega-recepción de éstas.

  Las personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas por los propios beneficiarios de los programas, que reciban recursos públicos federales en los términos de la presente fracción deberán destinar los mismos, incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen dichos recursos, exclusivamente a los fines del programa respectivo. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará a dichas organizaciones en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

  Las erogaciones previstas para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México a que se refiere el Anexo 8, deberán ejercerse de conformidad con sus respectivas reglas de operación y no podrán destinarse a fines distintos a los previstos en las mismas.

  Artículo 55. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo los programas señalados en el Anexo 16 de este Decreto, deberán observar las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de dichos programas:

  I. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. En el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, deberá incluirse la leyenda establecida en el Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.

  Toda la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para los programas, tales como anuncios en medios electrónicos, escritos y gráficos y de cualquier otra índole, deberá incluir invariablemente la siguiente leyenda: Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios. Para efectos de lo anterior se deberán tomar en cuenta las características del medio de comunicación;

  II. Los programas que contengan padrones de beneficiarios, deberán publicar los mismos conforme a lo previsto en la Ley de Información Estadística y Geográfica, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Los programas deberán identificar en sus padrones o listados de beneficiarios a las personas físicas, en lo posible, con la Clave Única de Registro de Población; y en el caso de personas morales con la Clave de Registro Federal de Contribuyentes;

  III. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo la ejecución de los programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); de IMSS-Oportunidades; de Atención a Personas con Discapacidad a cargo del DIF; de Atención a Población con Vulnerabilidad Social a cargo del DIF; de Apoyo a la Capacitación (PAC); de Apoyo al Empleo (PAE); de Apoyo Alimentario, a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.; de Desarrollo Humano Oportunidades; y, del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (FONAEVI); deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre del ejercicio fiscal, el monto asignado y la distribución de la población objetivo de cada programa social por entidad federativa;

  IV. La Secretaría de Desarrollo Social en el caso del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., actualizará permanentemente los padrones y publicará en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre del ejercicio fiscal, el número de beneficiarios por entidad federativa y municipio;

  V. En el Programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y el Programa Escuelas de Calidad, las Secretarías de Salud y de Educación Pública, darán prioridad a las localidades en donde ya opera el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades;

  VI. En el Programa Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ramo Administrativo 10, Economía, el 40 por ciento del presupuesto previsto para este fondo será destinado exclusivamente a proyectos estatales, y

  VII. Las reglas de operación de los programas a través de los cuales se otorguen subsidios para fortalecer a las entidades de ahorro y crédito popular y otros intermediarios financieros, y aquellos programas en los que se prevea la utilización de las mismas para la canalización de subsidios a la población de menores ingresos, a que se refiere el Anexo 16 A de este Decreto, deberán prever lo siguiente:

  a) Las dependencias y entidades a cargo de dichos programas, proporcionarán en los informes trimestrales la información relativa a la ejecución del gasto, los padrones de beneficiarios, la distribución territorial de los recursos por municipio y los avances en las metas anuales de los programas, y

  b) Dichas dependencias y entidades generarán la información que posibilite la evaluación de la operación de las entidades de ahorro y crédito popular, desde una óptica financiera y de bancarización de la población de bajos ingresos.

  Artículo 56. Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social se destinarán exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el Artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas. Los recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de operación emitidas y las demás disposiciones aplicables.

  Para la constitución del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social tendrá la posibilidad de convertir recursos asignados a su partida de honorarios, a plazas presupuestales y, en su caso, tendrá la posibilidad por única vez, de que a partir del patrimonio del Consejo, se financie la creación de dichas plazas.

  Para estos fines, el Ramo Administrativo 20 considera la siguiente estructura:

  I. Los programas para el Desarrollo Local (Microrregiones); de Opciones Productivas; Hábitat; de Empleo Temporal; de Atención a Jornaleros Agrícolas; de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales; 3x1 para Migrantes; Jóvenes por México, y de Incentivos Estatales, y

  II. Los programas de Vivienda, a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONHAPO; de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa", del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda, FONAEVI; de Vivienda Rural; de Adquisición de Suelo apto para Vivienda; de Abasto Social de Leche y de Adquisición de Leche Nacional, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.; de Abasto Rural y de Apoyo Alimentario, a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.; de Desarrollo Humano Oportunidades; de Coinversión Social; del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART; y del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, INAPAM.

  Los recursos considerados en el Programa Hábitat, destinados a la conservación de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, deberán aplicarse para cada una de dichas ciudades. Los recursos aportados por la Federación serán de hasta el 70 por ciento del monto de los proyectos, correspondiendo el 30 por ciento restante a la aportación estatal, municipal y de los sectores social y privado.

  Los recursos asignados al FONHAPO deberán aplicarse en un 80 por ciento para subsidios y en un 20 por ciento para otorgamiento de créditos blandos, procurando una distribución equitativa entre la población urbana y rural y la revolvencia de los recursos crediticios. En el caso de los recursos asignados a créditos deberán ejercerse en un plazo de 9 meses. La cantidad no ejercida pasará al rubro de subsidios para su ejercicio final.

  En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales, se impulsará el trabajo co-responsable en materia de superación de pobreza y marginación, y se promoverá el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.

  Este instrumento promoverá que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto a los órdenes de gobierno así como el fortalecimiento del respectivo Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal.

  Derivado de este instrumento se suscribirán acuerdos y convenios específicos y anexos de ejecución en los que se establecerán: la distribución de los recursos de cada programa o región de acuerdo con sus condiciones de rezago, marginación y pobreza, indicando en lo posible la asignación correspondiente a cada municipio; las atribuciones y responsabilidades de la federación, estados y municipios y, las asignaciones presupuestarias de los órdenes de gobierno en que concurran en sujeción a los programas concertados.

  Una vez suscritos estos convenios, la Secretaría de Desarrollo Social deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor de 10 días hábiles.

  Con el objeto de fortalecer y coadyuvar en la visión integral de los programas para el Desarrollo Social, se promoverá la celebración de convenios, acuerdos o bases de coordinación interinstitucional entre las dependencias y entidades que participen en ellos, a fin de dar cumplimiento a los criterios establecidos en este Decreto.

  Con el propósito de fortalecer la Estrategia Nacional de Atención a Microrregiones, las dependencias y entidades que participen en ella, identificarán las acciones que se desarrollen en este ámbito de acción e informarán a la Secretaría de Desarrollo Social, dentro de los 20 días naturales posteriores a cada trimestre, los avances físicos y presupuestarios en el ejercicio de dichas acciones, a nivel de localidad.

  Dicha información podrá ser enviada en un plazo distinto al señalado anteriormente, previa opinión favorable de la Secretaría de Desarrollo Social, en el caso de acciones desarrolladas en zonas rurales aisladas y de difícil acceso.

  Cuando la Secretaría, la Función Pública o la Secretaría de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento a los convenios o acuerdos, o incumplimiento en la entrega oportuna de información relativa a avances y metas alcanzadas, la Secretaría de Desarrollo Social, después de escuchar la opinión del gobierno estatal, podrá suspender la radicación de los recursos federales e inclusive solicitar su reintegro, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables.

  Para el control de los recursos que se asignen a los estados, la Función Pública convendrá con los gobiernos estatales, los programas o las actividades que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

  Los ejecutores de los programas deberán informar trimestralmente a las entidades federativas y a la Secretaría de Desarrollo Social los avances de ejecución físicos y financieros.

  Artículo 57. Los fideicomisos públicos de fomento, las instituciones nacionales de seguros, las sociedades nacionales de crédito y las demás entidades financieras, otorgarán su financiamiento o contratarán sus seguros, a través de las instituciones financieras privadas que asuman parcial o totalmente el riesgo de recuperación de estos créditos o la cobertura del siniestro.

  Asimismo, se deberá prever que los recursos que se otorguen se canalicen a proyectos productivos que sean viables técnica y financieramente, con base en el dictamen y aprobación previa del comité integrado por las dependencias competentes en los sectores que se financien, así como, en su caso, prever esquemas de recuperación que aseguren la viabilidad financiera de estas instituciones.

  Lo dispuesto en el párrafo primero no será aplicable a las operaciones siguientes:

  I. Los avales y demás garantías, los cuales no podrán exceder del porcentaje del monto por principal y accesorios del financiamiento que determine el órgano de gobierno de la entidad respectiva, con la conformidad de la Secretaría;

  II. La inversión accionaria y los créditos que se otorguen con la finalidad de constituirse como inversión accionaria;

  III. Las operaciones realizadas por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.;

  IV. Los financiamientos otorgados por Nacional Financiera, S.N.C., por un monto total igual al porcentaje que determine el órgano de gobierno con el consentimiento de la Secretaría, en el primer bimestre del año, del total de los financiamientos estimados para el año 2006;

  V. Los financiamientos otorgados por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., por un monto igual al porcentaje que determine su órgano de gobierno con la conformidad de la Secretaría, en el mes de enero, del total de los financiamientos estimados para el año 2006;

  VI. Los financiamientos otorgados por la Financiera Rural a los productores y a los intermediarios financieros rurales previstos en la Ley Orgánica de la Financiera Rural, distintos a las instituciones financieras señaladas en el párrafo primero del presente Artículo;

  VII. Los créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad;

  VIII. Las operaciones que correspondan a prestaciones de carácter laboral, otorgadas de manera general;

  IX. Las operaciones realizadas con el Gobierno Federal, las entidades, las entidades federativas y los municipios;

  X. Los financiamientos a proyectos de infraestructura y servicios públicos, que se deriven de concesiones, contratos de prestación de servicios, de obra pública, de vivienda y de parques industriales, permisos y autorizaciones de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipios, así como de sus entidades paraestatales y paramunicipales, y

  XI. Los financiamientos otorgados por el Fideicomiso de Fomento Minero, los cuales serán hasta por un monto igual al porcentaje que determine su órgano de gobierno en el primer bimestre del año, mismo que no excederá del 10 por ciento del total de los financiamientos estimados para el año 2006.

  Los programas de financiamiento que se otorguen en condiciones de subsidio ofrecidos por los acreedores mencionados deberán sujetarse a las reglas de operación a que se refiere el Artículo 54 de este Decreto. Dichas reglas deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo 52 de este Decreto.

  Artículo 58. Los programas de garantías que las dependencias y entidades apoyen con recursos presupuestarios, deberán ser operados por conducto de la banca de desarrollo, la Financiera Rural o los fondos y fideicomisos de fomento, con el fin de potenciar el impacto de las acciones, administrar el riesgo crediticio y reforzar la transparencia en el seguimiento de la aplicación de dichos recursos, con excepción de aquéllos que por su naturaleza requieran ser operados directamente con los beneficiarios.

  Artículo 59. La Financiera Rural establecerá un fondo de garantías mediante el cual los productores que forman parte de su mercado objetivo tendrán acceso al financiamiento, o bien, aquellos que ya son sujetos de crédito podrán respaldar mayores montos de financiamiento. En las reglas de operación del Programa quedará establecida la temporalidad de la garantía, los mecanismos mediante los cuales los productores podrán utilizar dichos recursos, los mecanismos para la recuperación de aquellos montos destinados a cubrir algún adeudo, así como la permanencia de los recursos no utilizados y los recuperados en el fondo de garantías para operaciones futuras. Para ello, se prevén en este Decreto 150 millones de pesos asignados a la Financiera Rural.

  Por otra parte, la Financiera Rural en cumplimiento de su objeto de coadyuvar al desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, y con el fin de ampliar el acceso al crédito y mejorar la atención de su mercado objetivo, y de manera particular a grupos y regiones prioritarios, operará el programa de reducción de costos de acceso al crédito y el programa de promoción y supervisión de las operaciones crediticias, con lo que se fortalecerá la rentabilidad y sustentabilidad de las actividades económicas financiadas por la Institución y el uso eficiente del crédito, se reducirá el costo financiero de los proyectos y se promoverá el otorgamiento del crédito. Para ello, en este Decreto se prevén recursos fiscales por 150 millones de pesos, 75 millones de pesos para cada programa.

  Para la operación de los programas que aquí se señalan la Financiera Rural podrá utilizar las Reglas de Operación del Programa para facilitar el acceso al Financiamiento Rural autorizadas y publicadas para el Ejercicio Fiscal 2005, haciendo las adecuaciones que se requieran en función de lo que aquí se señala conforme al procedimiento que al respecto se establezca en el presente Decreto.

  Artículo 60. A efecto de resarcir el quebranto patrimonial en que han incurrido los Fideicomisos FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA, integrantes del sistema FIRA, se prevé en este Decreto la asignación de 150 millones de pesos en la Secretaría, a fin de que éstos sean aportados por el Gobierno Federal al patrimonio del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA).

  Artículo 61. Las reglas de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, además de atender lo establecido en el Artículo 54 de este Decreto, deberán considerar lo siguiente:

  I. Los criterios para la inclusión de zonas de atención en el medio rural y urbano. Las zonas de atención seleccionadas deberán contar con acceso a servicios básicos de salud y educación, que permita operar en forma simultánea los tres componentes del programa.

  Para la sustitución de las bajas naturales del padrón, en 2006 se atenderá prioritariamente al criterio señalado en el párrafo anterior. Sólo podrán realizarse compensaciones a las bajas del padrón, una vez que hayan sido identificadas las familias y localidades sujetas a incorporación. Asimismo, identificadas las localidades y familias que sustituyen las bajas naturales, se podrán realizar sus compensaciones sin afectar el presupuesto regularizable del Programa.

  En el ejercicio fiscal 2006 el Programa mantendrá una cobertura de atención de 5 millones de familias beneficiarias.

  El padrón de beneficiarios y sus actualizaciones serán remitidos a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social y a la Auditoría. Esta información deberá identificar a los beneficiarios por municipio o demarcación territorial en el caso del Distrito Federal, la fecha de afiliación o baja, y deberá publicarse en la página de Internet de la Secretaría de Desarrollo Social;

  II. La metodología de puntajes para la identificación, inclusión y recertificación de las familias en el programa, deberá ser única para todo el país. Esta metodología deberá considerar el levantamiento de cédulas individuales de información socioeconómica a las familias;

  III. Los criterios para atender la demanda de incorporación de familias tanto en localidades aún no atendidas como en localidades ya atendidas a través de un proceso de densificación;

  IV. Las condiciones y mecanismos para otorgar el incentivo para la conclusión de la educación media superior, denominado Jóvenes con Oportunidades;

  V. El esquema de operación que incluya las condiciones de la prestación de los servicios de salud y educación básica y media superior para la población beneficiaria; la producción y distribución de los suplementos alimenticios; los criterios para certificar la asistencia a estos servicios de cada uno de los miembros de la familia, los montos, mecanismos y medios para la entrega de los apoyos y su periodicidad. Las becas educativas y el apoyo monetario para alimentación se otorgarán invariablemente en efectivo a la madre de familia o, en caso de ausencia o incapacidad por enfermedad, a la persona miembro de la familia encargada de la preparación de los alimentos y el cuidado de los niños;

  VI. Los criterios para certificar la asistencia a las unidades de salud de los integrantes del hogar a las citas programadas, de acuerdo con su edad y riesgo de salud, y de la madre de familia y los jóvenes a las pláticas mensuales de educación para la salud, así como los correspondientes a la asistencia regular de los menores y jóvenes a los planteles educativos;

  VII. La definición de responsabilidades de cada una de las dependencias involucradas en el programa, para la certificación del cumplimiento de asistencia de las familias beneficiarias, tanto en el componente de salud como en el de educación y la entrega de los apoyos, a nivel central y en las entidades federativas, así como para la ampliación y la elevación de la calidad de los servicios.

  El cumplimiento de asistencia a unidades de salud y los planteles educativos, debidamente registrado, será indispensable para el otorgamiento de los respectivos apoyos. La entrega de éstos no podrá condicionarse al cumplimiento de otros requisitos o contraprestaciones, por lo que las reglas de operación deberán contemplar mecanismos para que se detecte y corrija la presencia de requerimientos adicionales;

  VIII. Los criterios de recertificación para las familias y los criterios y mecanismos para corregir errores de exclusión y de inclusión, así como para atender el incremento demográfico en las localidades, y para la sustitución de bajas del padrón por incumplimiento de corresponsabilidades;

  IX. Los criterios y mecanismos para la actualización permanente del padrón así como los correspondientes a la seguridad en el manejo de información y de los listados de liquidación;

  X. Los mecanismos de detección y resolución oportuna de problemas específicos que permitan fortalecer la operación del Programa en sus diversos componentes: entrega y distribución de suplementos, certificación de corresponsabilidad del componente educativo, depuración del padrón, entre otros;

  XI. Los mecanismos para promover alternativas dentro del sistema financiero para la entrega de los apoyos con oportunidad;

  XII. Los mecanismos para asegurar la complementariedad de acciones con otros programas; para aprovechar la información y el padrón del programa para focalizar otros subsidios complementarios y no duplicados, y para definir la transición de beneficiarios de otros programas federales que otorgan subsidios con el mismo objetivo de evitar duplicidad;

  XIII. En su caso, las propuestas que durante el año inmediato anterior hubiesen sido presentadas y aprobadas por el Comité Técnico con relación a la complementariedad de acciones a favor de las familias beneficiarias, y

  XIV. Se podrán otorgar apoyos a adultos mayores que formen parte de hogares beneficiarios, incluyendo las condiciones, los montos, procedimientos y la corresponsabilidad en salud adecuada a su condición y, en su caso, ofrecer mecanismos de ahorro para el retiro de población adulta beneficiaria del Programa Oportunidades.

  Será responsabilidad de la Coordinación Nacional del Programa, coordinar la operación de éste apegándose estrictamente a las reglas de operación del mismo; dar seguimiento, y evaluar su ejecución. Corresponderá a cada una de las dependencias y entidades que participan en su operación, el estricto apego a las reglas de operación, el seguimiento de cada uno de los componentes bajo su responsabilidad, así como la debida y oportuna resolución de problemas específicos que pudieran afectar la operación del Programa. Además, corresponde a la Coordinación dar a conocer periódicamente a la población las variaciones en su padrón activo, así como los resultados de su evaluación, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

  Asimismo, deberá dar a conocer, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la relación de localidades en las que opera el Programa, y el número de familias beneficiarias en cada una de ellas por entidad federativa, municipio y localidad, el calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad, posterior a la entrega de los mismos, y el ajuste semestral de los apoyos monetarios conforme el incremento observado en el semestre inmediato anterior en el subíndice de los precios de la canasta básica de consumo del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

  La Coordinación Nacional del Programa deberá incluir, tanto en el documento de identificación que presentan las beneficiarias para recibir los apoyos, como en las guías y materiales de difusión para las beneficiarias y las vocales de los comités de promoción comunitaria, la leyenda establecida en el Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social la cual señala: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social, y realizará acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del Programa.

  La Coordinación Nacional elaborará materiales de difusión para el personal operativo de salud y educación, así como para los enlaces municipales, con la siguiente leyenda: El condicionamiento electoral o político de los programas sociales constituye un delito federal que se sanciona de acuerdo con las leyes correspondientes. Ningún servidor público puede utilizar su puesto o sus recursos para promover el voto a favor o en contra de algún partido o candidato. El Programa Oportunidades es de carácter público y su otorgamiento o continuidad no depende de partidos políticos o candidatos.

  El presupuesto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el año 2006 se distribuye conforme a lo señalado en el Anexo 17 de este Decreto.

  Los recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades no podrán ser traspasados a otros programas. Podrán realizarse traspasos en las asignaciones del programa entre las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública y de Salud, en los términos de las disposiciones aplicables. De lo anterior, se informará trimestralmente a la Cámara.

  El presupuesto para el componente de salud se ejercerá bimestralmente con base en una cuota igual por familia atendida, multiplicada por el padrón activo correspondiente, y entregado con dicha periodicidad a los proveedores de los servicios de salud, tanto de los servicios estatales de salud como del IMSS Oportunidades y del IMSS-Régimen Ordinario.

  El Comité deberá reunirse al menos bimestralmente y será responsable de auxiliar al Coordinador Nacional y al Consejo en las tareas que le sean encomendadas; aprobar el proyecto de reglas de operación del Programa, así como de las modificaciones que le presente el Coordinador Nacional; llevar el seguimiento del programa conforme a los lineamientos que fije el Consejo; adoptar medidas que permitan una operación más eficiente y transparente; revisar el cumplimiento de las responsabilidades de cada una de las dependencias y entidades que participan en el Programa; así como facilitar la coordinación con las dependencias y entidades participantes, para la operación de los diversos componentes del programa. Dicho Comité operará con base en el reglamento interno que al efecto emita el Consejo.

  En los términos de las reglas de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en cada entidad federativa se establecerá un comité técnico conformado por las dependencias federales y estatales involucradas en la planeación, programación y operación del programa que promuevan una mejor ejecución del mismo, con estricto apego a dichas reglas de operación.

  Los ayuntamientos nombrarán un enlace con el Programa, mediante acuerdo del Cabildo, cuyas funciones de apoyo operativo, logístico y de seguridad pública, deberán regirse por los principios de apartidismo, transparencia y honestidad. Dicho enlace no podrá realizar convocatorias a reuniones ni acciones no previstas en las reglas de operación del Programa.

  La Coordinación Nacional notificará por escrito a la Función Pública, previa sanción del Comité, sobre problemas operativos que hayan persistido por más de 3 meses y que repercutan seriamente en la consecución de los objetivos del Programa, para que se apliquen las medidas que correspondan.

  Artículo 62. La Secretaría de Agricultura, de acuerdo con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, orientará y dará continuidad a los Programas y componentes que le competen, comprendidos en el Anexo 16 de este Decreto, para dar certidumbre a los apoyos gubernamentales al sector agroalimentario y pesquero, a fin de garantizar la soberanía alimentaría, de fortalecer el ingreso de los productores, la generación de empleos, el ordenamiento de los mercados agroalimentarios, mejorar la competitividad y las capacidades de los productores del campo, así como contribuir al bienestar familiar y a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, conforme a:

  I. Las políticas sectoriales, que comprenden las de:

  a) Apoyos Conforme a la Heterogeneidad Productiva: Considera políticas diferenciadas de apoyo y acceso a financiamientos con base en el desarrollo regional, la tipología de productores y sus productos, incluyendo aquéllos que no son considerados actualmente e incorporando criterios de impacto social y local. Tendrán preferencia los productores de menores ingresos;

  b) Planeación Integral por Producto, Cadena Agroalimentaria y Región: Abarca las diversas actividades de las unidades productivas, desde la producción primaria, el acopio, la transformación o, en su caso, el manejo posterior a la cosecha, así como el procesamiento, el transporte y la comercialización en los mercados internos o externos; todo bajo estándares de calidad en la producción y aseguramiento de inocuidad de los alimentos, que promuevan la soberanía alimentaria, satisfagan las necesidades y preferencias del consumidor nacional, y aseguren el acceso, preferencia y permanencia en los mercados internacionales;

  c) Ordenamiento y Consolidación de Mercados: Busca asegurar en un horizonte de mediano plazo un ingreso mínimo-objetivo por productos incluidos en el Programa de Apoyos Directos al Productor, PROCAMPO, para impulsar la soberanía alimentaria, la agricultura sustentable y brindar certidumbre a los productores, fomentando la producción en condiciones competitivas, la productividad en los cultivos básicos y estratégicos en que se cuente con ventajas comparativas, y la diversificación productiva en las regiones con grandes excedentes.

  Asimismo, el ordenamiento de los mercados y la certidumbre en el ingreso de los productores permitirá asegurar un sistema de ingreso objetivo para los cultivos incluidos en el PROCAMPO, con base en la certidumbre, en la administración de la oferta por los productores organizados, en la formación de reservas, y en la eliminación de productos de calidad inferior, con la participación de los sectores social y privado;

  d) Oportunidades de Desarrollo de Grupos y Zonas Rurales Prioritarias: El objetivo es que mediante un desarrollo integral que, además de elevar su capacidad económica a través del impulso a las actividades productivas y a la formación de negocios rurales, fomente el acceso adecuado y suficiente a la capacitación, información, adopción de tecnologías eficientes y su participación democrática en las decisiones que incidan en la comunidad rural, y

  e) Conservación y Restauración de los recursos naturales que coadyuve a su manejo sustentable e impulse los sistemas agropecuarios y pesqueros sustentables, de producción alimentaria inocua y de alta calidad nutricional: Promueve y apoya la sustitución de sistemas y prácticas de manejo no sustentables del territorio rural e incentiva aquéllas que favorezcan el uso racional de los recursos naturales;

  II. Para instrumentar las políticas sectoriales indicadas en la fracción anterior, se define la siguiente agrupación estratégica:

  a) Reconversión Productiva: Se orienta al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la diversificación de las pesquerías, favoreciendo la multiplicidad de las actividades agropecuarias, y la reconversión productiva oportuna de las actividades agropecuarias y pesqueras; incluyendo las zonas con sequía recurrente. Este esfuerzo incluirá en todos los casos el concepto de riesgo compartido y su análisis;

  b) Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca: Promueve y fomenta el desarrollo del sector agroalimentario y pesquero en términos económicos y financieros, integrando a los productores a la cadena que culmina con el consumidor, para garantizarles un beneficio justo acorde a su participación;

  c) Atención a Grupos y Regiones Prioritarios: Consiste en orientar la operación de las acciones de impulso al desarrollo rural, a fin de atender prioritariamente a las regiones y comunidades de alta y muy alta marginación, así como a los grupos prioritarios de mujeres, jóvenes e indígenas;

  d) Atención a Factores Críticos: Busca la implementación de acciones para la atención de diversas contingencias, tales como la apertura comercial de diversos productos agropecuarios y pesqueros, previstas en los tratados internacionales en materia comercial; la atención de problemas ambientales y promover la generación de empleos y proyectos para retener a la juventud en la fuerza laboral rural, entre otros;

  e) El Ordenamiento de los Mercados y Certidumbre en el Ingreso de los Productores: Se orienta a asegurar un sistema de ingreso objetivo para los cultivos básicos y estratégicos, con base en la certidumbre, en la administración de la oferta por los productores organizados, en la formación de reservas, en la eliminación de productos de calidad inferior y en el ordenamiento de los mercados, con la participación de los sectores social y privado, y

  f) Impulso de Sistemas Agropecuarios y Pesqueros Sustentables, de Producción Alimentaria Inocua y de Alta Calidad Nutricional: Promueve y apoya la sustitución de sistemas y prácticas de manejo no sustentables del territorio rural e incentiva a aquéllas que favorezcan el uso racional de los recursos naturales, y

  III. Para implementar la agrupación estratégica anterior se consideran, entre otros, los siguientes instrumentos:

  a) El fomento a la inversión rural y pesquera;

  b) El desarrollo y fortalecimiento de la capacitación constante e integral de la población del sector agropecuario y pesquero; que permita la toma de decisiones sobre el diagnóstico, alternativas de solución, elaboración y ejecución de programas y proyectos, así como la evaluación de los mismos;

  c) La promoción y apoyo de la constitución, operación y consolidación de las organizaciones socioeconómicas de los productores y el intercambio de experiencias;

  d) El acceso a fuentes de financiamiento a través del Sistema Financiero Rural y aliento de la cultura de pago;

  e) La generación de información y tecnologías que incrementen la calidad y productividad;

  f) El mejoramiento de la sanidad agroalimentaria y acuícola;

  g) El ordenamiento y desarrollo de los mercados para garantizar el ingreso objetivo mínimo que incluya la compensación de costos de producción y los incentivos indispensables para sustituir importaciones;

  h) El avance del bienestar rural, y

  i) La preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

  En el otorgamiento de apoyos, la Secretaría de Agricultura dará prioridad a los cultivos básicos y estratégicos.

  Para el control y seguimiento de las políticas sectoriales, estrategias e instrumentos señalados en el presente artículo, la Secretaría de Agricultura deberá establecer mecanismos para ello, cuyo informe de evaluación será enviado trimestralmente al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

  Artículo 63. La Secretaría de Agricultura emitirá las modificaciones que correspondan, en su caso, a las reglas de operación de los programas y componentes que le competen, señalados en el Anexo 16 de este Decreto, conforme al Artículo 54 del mismo, previa solicitud de los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable, siempre y cuando los ajustes sean para simplificarlas y alinearlas a las prioridades y requerimientos locales, escuchando la opinión del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, así como observando los acuerdos de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, y los criterios generales siguientes:

  I. En la selección de los beneficiarios de los programas se buscará que al menos el 50 por ciento de ellos corresponda a la tipología de productores del sector social, privilegiando a los productores de menores ingresos;

  II. Considerar que los subsidios federales de la Alianza para el Campo no sean mayores a un 50 por ciento del costo total que se determine para cada proyecto o hasta $500,000.00, con excepción de los apoyos dirigidos a productores de menores ingresos, o los porcentajes y cantidad máxima que la Secretaría de Agricultura determine en las reglas de operación de la Alianza para el Campo.

  La obligación de la entidad federativa y municipios de aportar en paridad de acuerdo con lo establecido en el párrafo que antecede, no será aplicable a los programas o proyectos de inversión que se implementen en materia de obras relativas al sector agua, considerando el grado de marginación y pobreza de la entidad federativa o municipio en cuestión.

  III. Establecer en el caso de la Alianza para el Campo el pari passu convenido con los estados en los anexos técnicos previstos;

  IV. Privilegiar a los productores de menores ingresos, destinando al menos el 60 por ciento del monto asignado a los apoyos considerados en las acciones de Alianza para el Campo. Estos beneficiarios se harán acreedores a los apoyos de Alianza para el Campo con sólo llenar los requisitos de la solicitud y la presentación del proyecto en caso de que éste sea requerido. Por lo tanto, no se sujetarán a la entrega anticipada de facturas o comprobantes, mismos que deberán presentar inmediatamente después de realizar las inversiones;

  V. Determinar en el marco del federalismo y del Programa Alianza para el Campo, una distribución de recursos a las entidades federativas con base en una fórmula de distribución, que publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de enero, la cual se sujetará a parámetros de equidad y desarrollo regional, entre otros.

  Los recursos asignados podrán ser distribuidos por los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable, considerando las prioridades que establezca la Secretaría de Agricultura en las reglas de operación correspondientes.

  Los beneficiarios, montos y apoyos recibidos serán dados a conocer en las gacetas oficiales, en página electrónica de Internet de la Secretaría de Agricultura y en un diario de mayor circulación de las respectivas entidades federativas, así como en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

  V BIS. Incorporar en la elaboración de los lineamientos generales para la asignación de recursos del Programa Nacional de Acuacultura y Pesca de CONAPESCA, los criterios de impacto social, el potencial pesquero y de acuacultura de la región, la equidad, el índice de marginación del beneficiario y las políticas pesqueras;

  VI. Los programas deberán contar con el padrón de beneficiarios, mismo que será la base para conformar el Registro de Beneficiarios del Sector Agropecuario y Pesquero, que se deberán publicar en la página electrónica de Internet de la Secretaría de Agricultura. Este padrón deberá, en forma gradual, ir incorporando a los beneficiarios de los programas que conforman el Programa Especial Concurrente;

  VII. Los Apoyos Directos al Productor (PROCAMPO) y de la Ley de Capitalización del PROCAMPO se ejercerán conforme al calendario autorizado y lo darán a conocer a las entidades federativas a través de la página electrónica de Internet de estas entidades federativas, en el que se considerará el inicio generalizado del periodo de siembra de cada ciclo agrícola, y el apoyo anticipado hasta el 80 por ciento de los productores de cada entidad federativa, en los términos que se señalen en las reglas de operación correspondientes. La Secretaría de Agricultura publicará este calendario a más tardar el 31 de enero en el Diario Oficial de la Federación, previa consulta en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. La Secretaría impulsará instrumentos que busquen reducir los costos financieros.

  El apoyo por hectárea se ajustará de conformidad a lo establecido en las Reglas de Operación del Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del PROCAMPO. Para los productores que opten por capitalizar sus unidades de producción, se ajustarán a lo establecido en la Ley de Capitalización del PROCAMPO, su reglamento y las reglas de operación del programa.

  A más tardar el 30 de octubre, la Secretaría de Agricultura deberá presentar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, así como a la Secretaría y a la Función Pública, un informe de la superficie dada de baja del Padrón por ciclo agrícola y entidad federativa, indicando las causas de la misma, así como informar sobre la incorporación de nueva superficie al Padrón del PROCAMPO, por el equivalente, en su caso, a la superficie dada de baja, sin impactar el presupuesto regularizable del PROCAMPO;

  VIII. Los Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización Orientados a Reconversión Productiva; Integración de Cadenas Agroalimentarias; y Atención a Factores Críticos, se otorgarán directamente al productor o a través de las organizaciones de productores cuando así se determine.

  Los apoyos permitirán al productor la obtención de un ingreso objetivo mínimo que le dé certidumbre a su actividad productiva que contemple la compensación de costos de producción, evite la caída de la competitividad e impulse la sustitución de importaciones mediante el esquema de agricultura por contrato.

  Los recursos del Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos, se otorgarán con criterios de equidad, canalizando los apoyos de manera diferenciada, para que los productores de las diferentes regiones del país reciban ingresos semejantes por productos equivalentes, de acuerdo al precio internacional vigente.

  VIII. BIS. Al menos el 30 por ciento de los recursos asignados a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) para la compra de coberturas de precios en el mercado de futuros de productos agrícolas, serán operados por los fondos estatales con aportación de los gobiernos de las entidades federativas, las organizaciones económicas y los fondos de aseguramiento propiedad de los productores rurales y campesinos.

  Las economías que se tengan en los programas operados por ASERCA se canalizarán al Subprograma de Apoyo a la modernización de la infraestructura comercial, de transformación y transporte.

  A. El Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para reconversión productiva, integración de cadenas agroalimentarias y atención a factores críticos tendrá los siguientes subprogramas:

  a) Apoyos Directos al Ingreso Objetivo;

  b) Apoyos para la Adquisición de Cobertura de precios agropecuarios;

  c) Apoyos para la Pignoración y Desarrollo de Mercados Regionales;

  d) Apoyos Directos para la Conversión de Cultivos;

  e) Apoyos Directos al Acceso a Granos Forrajeros Nacionales;

  f) Apoyos Directos para el Sacrificio de Ganado Bovino y Porcino, Ovino o Caprino en rastros TIF;

  g) Apoyo a la modernización de la infraestructura comercial, de transformación y transporte;

  h) Fomento y Consolidación de Organizaciones Económicas para el Acopio y Comercialización;

  i) Apoyos a la Agricultura por Contrato;

  j) Apoyos a la Exportación o Cabotaje, Compensación de bases y/o Flete Terrestre, y

  k) Apoyos para la Atención a Factores Críticos de Comercialización de Productos Agrícolas, compuesto por:

i) Apoyos para impactos en el proceso producción-comercialización de productos agrícolas;

ii) Apoyos al fríjol;

iii) Apoyos para el café;

iv) Apoyos a la citricultura, y

v) Apoyos para la producción en el sistema producto etanol.

  El ingreso objetivo contemplará: los apoyos a la comercialización y la compensación de costos de producción a través del esquema de apoyo a la competitividad de granos.

  Los lineamientos específicos para la operación de los subprogramas del Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización deberán ser publicados para el ciclo otoño invierno 2005-2006, a más tardar el 15 de febrero de 2006 y para el ciclo primavera-verano 2006, el 31 de julio de 2006. La fecha límite del pago deberá ser a más tardar el 31 de mayo para el ciclo otoño-invierno y el 31 de diciembre de 2006 para el ciclo primavera-verano.

  Se promoverá en todas las zonas productoras un padrón equilibrado de cultivos de acuerdo a la aptitud de la tierra y a la demanda regional, estimulando la realización de prácticas agrícolas comerciales sanas y evitando la creación de zonas de monocultivo. Para tal efecto, se fijarán ingresos objetivo y se darán apoyos a la diversificación productiva.

  Los apoyos que se otorguen a través de los compradores deberán, en sus reglas de operación, observar lo siguiente: entrega oportuna de los recursos; contar con mecanismos que les dé de transparencia; y, ser de carácter general, dando prioridad a las organizaciones de productores y a la integración de cadenas productivas nacionales. Además de buscar otorgar los apoyos optimizando la aplicación de los recursos fiscales, por lo que se dará preferencia a los sectores consumidores que requieran el menor apoyo para alcanzar el precio objetivo para el productor.

  Los criterios de prioridad para el otorgamiento de los apoyos se realizará conforme a lo siguiente: productores, organizaciones de productores, sector pecuario regional, industria nacional y sector pecuario interregional, comercializadores, exportadores y otros participantes.

  El tope de apoyos por productor será el equivalente a la producción resultante de 100 hectáreas de riego o su equivalente de temporal y 2,500 cabezas de ganado vacuno o porcino. Tratándose de personas morales para recibir el apoyo, deberán estar constituidas y vigentes, con lo cual recibirán una cantidad igual a la entrega al productor individual multiplicada por el número de socios, privilegiando en todo momento a las organizaciones sociales.

  Con el fin de fomentar la integración de cadenas productivas nacionales en el otorgamiento de apoyos a través de compradores, se dará preferencia a los consumidores finales, y, en ningún caso, se otorgarán apoyos a intermediarios.

  Cuando se den apoyos a la exportación, éstos serán extensivos mediante fórmulas de equivalencia a productos transformados que contengan valor agregado y cuando sea viable a cosechas excedentarias.

  Con el fin de proteger la integración de cadenas nacionales, se buscará que los granos y las oleaginosas lleguen en condiciones de competitividad a los diferentes eslabones y no se inducirá el pago de un precio mayor al de su indiferencia. No obstante, se promoverá el pago de primas de calidad para estimular el mejoramiento constante de la misma.

  En los programas en los que se otorguen apoyos a través de los compradores, en ningún caso se incluirán operaciones realizadas antes de la publicación de los lineamientos correspondientes en el Diario Oficial de la Federación.

  En el caso de los apoyos para el flete, se apoyarán indistintamente el marítimo y terrestre, dando prioridad a la integración de cadenas productivas nacionales y a la optimización en la utilización de recursos fiscales.

  Los apoyos se orientarán a proteger los ingresos de los productores ante la caída de los precios de mercado y se otorgarán permitiendo que se beneficien de los movimientos al alza.

  Los apoyos por compensación de bases del Programa de Apoyos a la Comercialización y Consolidación de Mercados Regionales serán destinados a reducir el impacto del aumento de costos de producción en las zonas productoras alejadas de las regiones de consumo y abasto de insumos, como se establece en la agrupación estratégica para instrumentar las políticas sectoriales y la atención a factores críticos.

  B. En los apoyos que otorgue la Secretaría de Agricultura, se observará lo siguiente:

  a) Se promoverá la integración de cadenas productivas y la eliminación del intermediarismo;

  b) Se otorgará un apoyo por cabeza de ganado bovino y porcino sacrificado en Rastros TIF para promover la matanza en condiciones óptimas de sanidad, siempre y cuando se proteja al hato nacional y se evite la matanza de hembras en capacidad reproductiva;

  c) Se apoyará que la ganadería nacional tenga acceso a la compra en condiciones competitivas de granos forrajeros, así como a insumos especializados de proteínas líquidas para mejorar los niveles de fertilidad y parición, y de cosechas excedentarias una vez que se haya cubierto la demanda del consumo humano;

  d) Se promoverá oportunamente la reconversión de cultivos a fin de reducir los volúmenes excedentarios con problemas de comercialización y adecuar la producción a la aptitud de la tierra y a la demanda regional;

  e) Se promoverá la utilización de coberturas de precios por parte de los productores nacionales y se utilizará este instrumento para incentivar la agricultura por contrato.

  f) Se utilizará el apoyo a la pignoración de granos como un mecanismo para empatar la demanda y la oferta, hacer más competitivo el grano nacional, promover la absorción de volúmenes excedentarios y eliminar el intermediarismo, y

  g) La Secretaría de Agricultura otorgará apoyos adicionales al productor que realice agricultura y ganadería por contrato, previa suficiencia presupuestaria, a fin de que el productor reciba un mayor nivel de ingresos.

  La Secretaría de Agricultura establecerá una distribución por entidad federativa por subprogramas y cultivo, escuchando la opinión del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara;

  IX. El calendario del ejercicio presupuestario de los programas enlistados en el Anexo 16 de este Decreto a cargo de la Secretaría de Agricultura deberá corresponder con el desarrollo de los ciclos productivos y climáticos. Para ello, se deberán alinear los recursos con el ejercicio fiscal, previendo tener suficiencia presupuestaria para los ciclos agrícolas: otoño invierno 2005-2006, correspondiente al inicio del ejercicio fiscal; primavera verano 2006; y, otoño invierno 2006-2007 correspondiente a los meses finales del ejercicio fiscal;

  X. La Secretaría de Agricultura, a través del programa de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas, promoverá el fortalecimiento de la integración de las cadenas productivas; impulsará la competitividad de todos los eslabones de la cadena productiva, para que alcancen niveles de competitividad que permitan a la rama de producción participar con suficiencia en los mercados nacionales e internacionales, e incluirá la participación del productor primario en todos los eslabones de la cadena productiva.

  Lo anterior con la participación de los Comités Nacionales, regionales y estatales por Sistema-Producto y previa consulta en el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

  En la asignación de los recursos a los programas, así como en su normatividad, la Secretaría de Agricultura solicitará la opinión de los Consejos y los Comités Sistema- Producto correspondientes.

  La Secretaría de Agricultura firmará convenios con los consejos y comités sistema producto correspondientes para el ejercicio y seguimiento de los recursos presupuestarios asignados a los programas de los que son beneficiarios;

  A. Los apoyos del programa estarán enfocados a las ramas de producción agropecuaria con problemas de competitividad.

  Por su importancia los programas y fondos de apoyo a la competitividad de las ramas productivas, serán ejercidos para el objeto previsto en el presente Decreto, principalmente:

a) Agrícolas que incluyen: maíz, trigo, arroz, fríjol, oleaginosas, cebada, entre otras;

b) Pecuarias que incluyen: bovinos, porcinos, ovinocaprinos y productores de leche de traspatio pequeños y medianos;

c) Pesqueras;

d) Productos agroindustriales que incluyen: copra, hule natural, henequén, palma de aceite, maguey y nopal;

e) Las dedicadas a plantaciones tropicales y subtropicales y frutales de clima templado, y

f) Otras que incluyen: café y caña de azúcar.

  La Secretaría de Agricultura, preverá que en la entrega de los apoyos se promuevan mayores rendimientos, mayor rentabilidad, mejores niveles de competitividad, menores costos de producción, mejor precio e incrementen el valor agregado, que conduzcan a la viabilidad financiera del sistema producto, la apropiación de un porcentaje mayor del precio pagado por el consumidor y el desarrollo de los mercados regionales en forma integral.

  En la asignación de los recursos y en la evaluación de los proyectos se considerarán los elementos siguientes: el grado de integración entre los diferentes niveles de la cadena; el impacto socioeconómico, particularmente en la generación de empleo; la gravedad de la asimetría con el exterior y el carácter estratégico de la actividad productiva.

  B. La Secretaría de Agricultura deberá considerar para la entrega de los apoyos los siguientes instrumentos, para lo cual habrá, en su caso, modificar y adecuar las reglas de operación del programa:

a) Uso de tecnología de punta;

b) Asesoría técnica general y especializada;

c) Organización económica;

d) Acopio y comercialización;

e) Participación directa en los mercados;

f) Esquemas de mejora continua y calidad;

g) Sistemas financieros;

h) Organización de los sistemas-producto;

i) Compras masivas de insumos;

j) Acondicionamiento y transformación de materias primas, y

k) Compensación transitoria de incrementos coyunturales en los costos de producción.

  Los resultados obtenidos por los productores beneficiarios del programa serán evaluados en términos de la integración de la cadena y sus condiciones de productividad, entre otros.

  Los apoyos encauzados mediante este programa serán complementarios a los de otros programas orientados a apoyar la comercialización, como son ingreso objetivo, reconversión, cabotaje, exportación, cobertura y pignoración, y

  XI. La Secretaría de Agricultura preverá la incorporación de la actividad de pesca y acuacultura en los programas pertinentes bajo su responsabilidad enlistados en el Anexo 16 de este Decreto, a fin de que los productores dedicados a estas actividades puedan acceder a los apoyos previstos en dichos programas.

  La Secretaría de Agricultura promoverá la integración de los comités técnicos de acuacultura y pesca estatales. Dichos comités autorizarán los proyectos de inversión, cuidando que respondan a las necesidades de cada entidad.

  Artículo 64. La ejecución de los proyectos y acciones del Programa de Empleo Temporal (PET), deberán operarse en las épocas de baja demanda de mano de obra no calificada en las zonas rurales marginadas, por lo que las dependencias, entidades y ejecutores del programa, en su caso, se apegarán a la estacionalidad de la operación por entidad federativa que se establezca en las reglas de operación del programa con el fin de no distorsionar los mercados laborales locales.

  Para los efectos del párrafo anterior se constituirán comités estatales con representación paritaria de los gobiernos federal y estatal, a fin de que con base en las reglas de operación se tomen en cuenta las características de cada región. De las decisiones que se tomen en el seno de dichos comités se mantendrá informado al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal. El Programa se sujetará a las reglas de operación aprobadas por el Comité Técnico del mismo.

  Artículo 65. Las reglas de operación de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, además de prever lo establecido en el artículo 54 de este Decreto, deberán incluir la distribución de su ejecución regional, el criterio de asignación y las disposiciones que sujeten el otorgamiento de los subsidios destinados a los municipios y organismos operadores de agua potable y alcantarillado, únicamente para aquellos municipios y organismos que cumplan con lo siguiente:

  I. Hayan formalizado su adhesión a un acuerdo de coordinación celebrado entre los gobiernos federal y estatal, en el que se establezca un compromiso jurídico sancionado por sus ayuntamientos o, en su caso, por las legislaturas locales, para implantar un programa de corto y mediano plazos, definido en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, que incluya metas cuantitativas intermedias y contemple un incremento gradual de la eficiencia física, comercial y financiera, especialmente procurando establecer tarifas que reflejen el verdadero costo de ofrecer los servicios, con el objeto de alcanzar la autosuficiencia de recursos en dichos organismos, así como asegurar la calidad y permanencia de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población.

  Los municipios que participaron durante los años 2000 a 2005 en el programa a que se refiere el párrafo anterior, deberán demostrar ante la Comisión Nacional del Agua los avances que obtuvieron en el mejoramiento de su eficiencia física, comercial y financiera, a fin de que puedan acceder a los apoyos previstos para el presente ejercicio;

  II. Estén al corriente en el pago de sus derechos, y

  III. Informen mensualmente a la Comisión de Recursos Hidráulicos por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, los proyectos que en coparticipación con las entidades federativas se realizan en los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales.

  Para tener acceso al Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, PROMAGUA, en una primera etapa, los gobiernos de los estados, municipios y organismos operadores deberán suscribir un convenio de participación y anexos de adhesión a dicho programa con la Comisión Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; en la segunda etapa deberán realizar el estudio de diagnóstico y planeación integral; y en la tercera etapa preparar, seleccionar y contratar la modalidad de participación de la iniciativa privada. Los apoyos financieros se otorgarán de manera diferenciada en la Fase I Incremento de Eficiencias, y en la Fase II Incremento de Coberturas, y de conformidad con el tipo de contratación seleccionada ya sea prestación de servicios parciales, prestación de servicios integrales, título de concesión o de empresa mixta.

  Los organismos interesados en participar deberán estar al corriente en el pago de derechos para acceder a los recursos de la Fase I; deberán contar con la certificación de viabilidad técnica de cada proyecto por parte de la Comisión Nacional del Agua, quien revisará las acciones y metas de eficiencia, antes de iniciar las Fases I y II; las tarifas deberán cubrir como mínimo los costos de producción del servicio; y por último, tanto el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como la Comisión Nacional del Agua darán seguimiento al programa.

  Los apoyos otorgados por la Comisión Nacional del Agua deberán promover la instalación de medidores en las entradas y salidas de agua en bloque, a fin de eficientar el cobro de agua; dicha Comisión informará al respecto a la Cámara, de manera trimestral.

  Para los programas de infraestructura hidroagrícola, tendrán prioridad las obras de pequeña y mediana irrigación que mejoren la eficiencia en el uso del agua en regiones pobres, destinando un monto no menor al 10 por ciento del presupuesto total asignado a estas necesidades.

  La Comisión Nacional del Agua, a través del Programa de Modernización y Tecnificación del Riego, destinará recursos adicionales a la cuenca baja del Río Bravo específicamente para aquellas regiones con adeudos hídricos internacionales, cuyo pago afecte sus disponibilidades de agua para riego y que no hayan recibido recursos presupuestales que les permitan ahorrar volúmenes de agua equivalentes a los entregados. Estos recursos se emplearán en acciones para eficientar el uso del agua de riego en dichas regiones y unidades de riego así como cumplir con los compromisos internacionales, sin dejar desprotegido el uso del agua para fines agrícolas y urbanos. Las acciones comprenderán inversiones en las redes mayor y menor, incluyendo obras de riego y drenaje, para: la rehabilitación de drenes, estructuras de la red de drenaje, estructuras de medición automatizadas, la realización de estudios o proyectos, la rehabilitación y estructuras de la red de distribución, el revestimiento de canales de operación, estaciones climatológicas de pronóstico de riego en tiempo real, nivelación de tierras y revestimiento de caminos de operación y comunicación.

  En el programa de modernización de riego se dará prioridad a la tecnificación del riego en áreas nuevas o subaprovechadas que cuenten con infraestructura de riego, donde el aumento del rendimiento sea sustancial con la instalación de sistemas de alta eficiencia y realicen alianzas estratégicas con ingenios y plantas industriales mediante el esquema de agricultura por contrato y contribuyan al mejoramiento del ambiente y el ahorro del agua.

  Artículo 66. El monto asignado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) se establece en el Anexo 3 de este Decreto. Las acciones previstas de cada uno de los programas que dan lugar al PEC serán para dar certidumbre a los apoyos gubernamentales al sector agroalimentario y pesquero, a fin de disminuir la dependencia alimentaria, de fortalecer el ingreso de los productores, la generación de empleos, el ordenamiento de los mercados agroalimentarios, la competitividad y las capacidades de los productores del campo, así como contribuir al bienestar familiar y a la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

  La orientación de las políticas sectoriales, la estrategia e instrumentación del PEC serán coordinadas por la Secretaría de Agricultura, en su carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

  Los beneficiarios de los diferentes programas o componentes que constituyen el PEC podrán ser beneficiarios de más de un programa o componente para que los recursos sean empleados de manera complementaria.

  Las dependencias y entidades cuyo gasto conforma el PEC, deberán observar que los importes que se establecen para cada uno de los programas y componentes a que se refiere el Anexo 3 de este Decreto, efectivamente se canalicen para los propósitos de cada uno de ellos, por lo que, a fin de transparentar la aplicación de los recursos y mejorar el control presupuestario. La Secretaría de Agricultura, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, entregará 15 días hábiles después del término de cada trimestre a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, un informe evaluatorio del ejercicio presupuestario de sus programas, desglosando los beneficiarios, el presupuesto ejercido y comprometido por programa y, en su caso, por entidad federativa, ciclo agrícola, volumen apoyado y número de productores beneficiados, así como el cumplimiento del resto de los indicadores comprometidos en la evaluación convenida.

  Además, la Secretaría de Agricultura, remitirá, a más tardar el día 30 de abril de 2006, a las Comisiones Unidas del Sector Rural de la Cámara, los objetivos y metas de cada uno de los programas que integran el PEC. Dichos objetivos y metas deberán incluir una propuesta sobre el crecimiento del sector rural en su conjunto; el crecimiento de los cultivos básicos y estratégicos; impacto en las importaciones de productos agropecuarios, precisando la reducción en el déficit de la balanza agropecuaria en términos de productos y volúmenes; impacto y crecimiento en el ingreso de los productores, la generación de empleos y el índice de bienestar para la población rural, entre otros. De manera particular, se deberá informar el monto de los recursos que se ejercerán de manera centralizada y federalizada con apego a lo dispuesto por el presente Decreto.

  Para los efectos del párrafo anterior las dependencias y entidades que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable remitirán a la Secretaría de Agricultura a más tardar el 15 de marzo de 2006 la información correspondiente.

  La información por montos de subsidios y beneficiarios por programa y subprograma del PEC deberá ser publicada trimestralmente, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Además, de estar en la página de Internet de la dependencia o entidad responsable del programa, y ser comunicada en forma trimestral a la Cámara de Diputados.

  Las Reglas de Operación, o sus modificaciones, para los programas y componentes del PEC, además de cumplir con las disposiciones del capítulo sobre reglas de operación de este Decreto, deberán presentarse y entregarse a los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

  Se deberá garantizar la federalización, en su totalidad del programa Alianza para el Campo, los subprogramas: Desarrollo Rural, Fomento Agrícola, Fomento Ganadero e Integración de Cadenas Agroalimentarias; el Programa de Empleo Temporal; y del Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas con Siniestralidad Recurrente (PIASRE). Para lo cual, deberán establecerse los criterios de distribución de recursos a las entidades federativas para cada uno de estos programas, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero de 2006. Para la definición de estos criterios deberán participar los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable.

  El Promoagro a través del Programa México Calidad Suprema destinará recursos para apoyar la capacitación y certificación para las organizaciones de pequeños productores y campesinos.

  El Fideicomiso de Riesgo Compartido en el Subprograma de apoyo a la cadena productiva de los productores pequeños de maíz y frijol del Programa del Fondo Compartido para el Fomento de Agronegocios, podrá apoyar hasta cinco hectáreas.

  En materia ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverá el fortalecimiento de la integración de la cadena productiva forestal, en la que se incluya productos maderables en general, e impulse la competitividad de todos los eslabones de la cadena productiva, para que alcancen niveles de competitividad que permitan a la rama de producción participar con suficiencia en los mercados nacionales e internacionales, e incluirá la participación del productor primario en todas las actividades de la cadena productiva.

  La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, en coordinación con los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, promoverá la elaboración e integración de los Programas Especiales Concurrentes para el Desarrollo Rural Sustentable en cada entidad federativa, en consulta y aprobación de los respectivos Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable, a más tardar el 31 de marzo de 2006.

  Las Secretarías que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable se reunirán, en un plazo no mayor de seis meses, con las Comisiones Unidas del Sector Rural de la Cámara, para definir el contenido y presentación de la información a incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007; las propuestas de adecuaciones estructurales de la Administración Pública Federal y las modificaciones legales a las que hubiera lugar, para el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los programas y componentes del Programa Especial Concurrente y lograr dar certidumbre en el mediano plazo a las familias rurales.

Capítulo VIII De los Recursos para la Reconstrucción

  Artículo 67. Se destinarán recursos para la reconstrucción de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, hasta por el monto señalado en el Anexo 8 de este Decreto.

  En su caso, para los efectos de la asignación de estos recursos, se deberá tomar en cuenta la opinión del respectivo Comité Estatal de Desastres Naturales en colaboración con las delegaciones federales que corresponda. Estos recursos se distribuirán conforme a lo dispuesto en dicho Anexo y se aplicarán de conformidad con las reglas siguientes:

  I. El 50 por ciento de los recursos serán aplicados por conducto del Fondo de los Desastres Naturales, cubriendo las aportaciones a cargo de la respectiva entidad federativa conforme a las reglas de operación del fondo, y

  II. El 50 por ciento restante se destinará con la vigilancia del respectivo Comité Estatal de Desastres Naturales a reponer la infraestructura de servicios en las ciudades y poblaciones y realizar obras y acciones para mitigar desastres previsibles y afectaciones ecológicas como resultado de los eventos catastróficos, debiendo cubrir erogaciones distintas a las contempladas en el Fondo de Desastres Naturales.

TÍTULO CUARTO DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN

CAPÍTULO I De la Información y Transparencia

  Artículo 68. Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

  Artículo 69. Las entidades fiscalizadas a que se refiere el Artículo 2 de la Ley de Fiscalización de la Federación, deberán cumplir las obligaciones de transparencia en materia presupuestaria establecidas en los Artículos 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La información a que se refiere la fracción IX del Artículo 7 de dicha Ley, deberá ponerse a disposición del público en la misma fecha en que se entreguen los informes trimestrales.

  Con relación a los montos y las personas a quienes se entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos federales, la entidad fiscalizada que otorgue dichos recursos deberá documentar la entrega de los mismos a través del instrumento que corresponda. El instrumento precisará los montos entregados y los destinatarios respectivos, con independencia de la naturaleza pública, privada o social de éstos; también establecerá la obligación de las partes receptoras o beneficiarias a presentar un informe a las entidades fiscalizadas sobre el uso y destino de los mismos. Las autoridades federales podrán precisar los contenidos y alcances de esos informes.

  El Ejecutivo Federal estará obligado a publicar en la página electrónica de Internet de la Secretaría y a proporcionar a la Cámara, sin perjuicio de las obligaciones específicas previstas en este Decreto, la información siguiente:

  I. Informes trimestrales sobre la ejecución del Presupuesto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio en el que se detalle la comparación entre lo aprobado y lo ejercido, los cuales deberán incluir la información a que se refiere el Artículo 70 de este Decreto. Dichos informes deberán presentarse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a más tardar 35 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, y

  II. Los datos estadísticos y la información que la Secretaría tenga disponibles a fin de contribuir a una mejor comprensión de la ejecución del gasto, del cumplimiento de las metas y programas autorizados, así como la demás información que sea solicitada por los diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Secretaría procurará proporcionar dicha información en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de que reciba la solicitud de la Comisión.

  La información que la Secretaría proporcione en los términos de este Artículo deberá ser completa, oportuna y veraz, en el ámbito de su competencia.

  La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública enviará, en su caso, a las comisiones correspondientes de la Cámara, copia de la información remitida por el Ejecutivo Federal.

  Las entidades no comprendidas en el Anexo 1.D. de este Decreto, deberán informar a la Secretaría para efectos de la integración de la Cuenta Pública, sobre el ejercicio de los recursos aprobados en sus respectivos presupuestos, así como el cumplimiento de los objetivos y las metas con base en los indicadores aprobados en sus presupuestos, incluyendo los recursos propios y aquéllos correspondientes a transferencias.

  Las obligaciones de información a las que se refiere el párrafo que antecede serán aplicables para la Secretaría de Salud respecto del Sistema de Protección Social en Salud previsto en el Artículo 4. Al efecto, la Secretaría de Salud rendirá un informe mensual que entregará a la Secretaría, la Función Pública y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara. La Secretaría y la Función Pública informarán a las comisiones señaladas, en un plazo de 10 días, las opiniones o dictámenes que al efecto emitan.

  Artículo 70. En los informes trimestrales, las dependencias y entidades deberán proporcionar la información indicando los avances de los programas sectoriales y especiales más relevantes dentro del Presupuesto, así como las principales variaciones en los objetivos y en las metas de los mismos, y la información que permita dar un seguimiento al Presupuesto en el contexto de la estructura programática. Dichos informes contendrán la información siguiente y será responsabilidad, conforme su marco institucional, de cada dependencia y entidad:

  I. Los ingresos excedentes a los que hace referencia el Artículo 25 de este Decreto y su aplicación; los ingresos recaudados u obtenidos en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006;

  II. Los ajustes que, en su caso, se realicen por dependencia y entidad en los términos de los Artículos 27 y 34 de este Decreto;

  III. Los subejercicios y ahorros que resulten y, en su caso, su aplicación;

  IV. Las erogaciones correspondientes al costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal y de las entidades incluidas en el Anexo 1.D. de este Decreto, así como sobre las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financiero, y de programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, en los términos del Artículo 8 de este Decreto.

  El informe de deuda pública deberá incluir un apartado que refiera las operaciones activas y pasivas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados;

  V. Las erogaciones relacionadas con actividades de comunicación social, en los términos del Artículo 32 de este Decreto;

  VI. La información relativa a recursos públicos aportados a fideicomisos, en los términos del Artículo 23 de este Decreto;

  VII. El informe detallado de la composición de plazas, en los términos del Artículo 35 de este Decreto;

  VIII. Las reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas que se realicen en los términos del Artículo 34 de este Decreto, cuando las variaciones superen los 15 mil millones de pesos de los respectivos presupuestos, anexando la estructura programática modificada;

  IX. Los ingresos de recursos públicos otorgados en el periodo, incluyendo rendimientos financieros; egresos realizados en el periodo; destino y saldo de aquellos fondos y fideicomisos, así como de la subcuenta de aquéllos a que se refiere el Artículo 23 de este Decreto;

  X. Las adecuaciones a los montos presupuestarios que representen una variación mayor al 10 por ciento en alguno de los ramos o de los presupuestos de las entidades que comprende este Presupuesto, o representen un monto mayor al 1 por ciento del gasto programable, en los términos del Artículo 18 de este Decreto;

  XI. En materia de programas y proyectos de inversión y de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la información que, conforme lo señalan los Artículos 47 a 50 de este Decreto, deba ser incluida en los informes trimestrales;

  XII. Los avances físicos y financieros, así como la evolución de compromisos y los flujos de ingresos y gastos de los programas y proyectos de inversión y de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, a que se refiere el Capítulo V, del Título Tercero de este Decreto;

  XIII. Las adecuaciones a la estacionalidad trimestral del gasto público en los términos del Artículo 20 de este Decreto;

  XIV. El saldo total y las operaciones realizadas durante el periodo con cargo al Fondo de Desincorporación de Entidades a que se refiere el Artículo 9, fracción II, de este Decreto;

  XV. Un informe sobre las sesiones de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, incluyendo los acuerdos y un reporte sobre el grado de avance en el cumplimiento de los mismos por parte de las dependencias y entidades;

  XVI. Un informe sobre las sesiones de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, incluyendo los acuerdos y un reporte sobre el grado de avance en el cumplimiento de los mismos por parte de las dependencias y entidades;

  XVII. El monto y el costo de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad, por parte de Luz y Fuerza del Centro, a que se refiere el Artículo 6, fracción V, de este Decreto;

  XVIII. Los donativos que se otorguen y se reciban, a que se refiere el Artículo 33 de este Decreto;

  XIX. Las medidas que, en su caso, se autoricen en los términos del Artículo 9, fracción III, de este Decreto, así como el número de plazas canceladas;

  XX. Los convenios de reasignación de recursos federales a las entidades federativas y sus modificaciones, a que se refiere el Artículo 16 de este Decreto, y

  XXI. El monto de recursos de gasto programable entregado a las entidades federativas; señalando el monto y el destino por cada entidad federativa.

  Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos, deberán enviar a la Secretaría la información a que se refieren los Artículos 18, 23, 26 y 27 de este Decreto, para efectos de su integración al informe trimestral a que se refiere este Artículo, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega del informe trimestral correspondiente.

  Para la presentación de los informes a que se refiere este artículo, la Secretaría los publicará en su página electrónica de Internet. Los Tomos de este Presupuesto incluirán la distribución programática, sectorial y/o funcional del gasto, desagregada por dependencia y entidad, función, subfunción, programas, actividad institucional, actividad prioritaria y unidad responsable conforme a este Presupuesto. La Secretaría deberá remitir dichos Tomos a la Cámara, a más tardar el último día hábil de enero.

  Los informes a que se refiere este Artículo deberán integrarse bajo una metodología que permita hacer comparaciones consistentes a lo largo del ejercicio fiscal, para lo cual la Secretaría remitirá a más tardar el 15 de febrero a las dependencias y entidades la metodología respectiva, informando de ello a las Comisiones respectivas de la Cámara.

  Artículo 71. El Instituto Nacional de la Mujer deberá enviar a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara en los informes trimestrales, un informe en el que detalle los objetivos específicos por programa, población objetivo y sus modificaciones, localización geográfica, programación de erogaciones, modalidades y criterios de evaluación. Dicha Comisión emitirá, dentro de los 30 días siguientes a su recepción, opinión fundada sobre los programas que correspondan a dicho Instituto. En el caso de que transcurrido ese plazo la Comisión de Equidad y Género no se hubiese pronunciado al respecto, se entenderá emitida opinión en sentido favorable.

  Para efectos del informe de la Cuenta Pública, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá, en su caso, la opinión a que se refiere el numeral 5 del Artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

  Artículo 72. La Auditoría informará a la Cámara el resultado de su análisis y fiscalización del Informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

  Artículo 73. La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México establecerán, en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, los cuales se harán del conocimiento de las dependencias y entidades, a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y de sus páginas electrónicas de Internet dentro de los primeros 30 días naturales del ejercicio.

  La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, por conducto del Comité Técnico de Información, operará el sistema a que se refiere este Artículo. El Comité Técnico, conjuntamente con la respectiva dependencia coordinadora de sector, hará compatibles los requerimientos de información que demande el sistema, racionalizando los flujos de información. La información en materia de programación y presupuesto, así como de disponibilidades financieras, cuya entrega tenga periodicidad mensual, deberá proporcionarse por las dependencias y entidades a más tardar el día 15 de cada mes. La demás información se sujetará a los plazos de entrega que se establezcan en el sistema.

  El Ejecutivo Federal, por conducto del Comité Técnico a que se refiere el párrafo anterior, dará acceso total y permanente al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, a la Cámara, a través de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Para tal efecto, las comisiones citadas de la Cámara y el Ejecutivo, por conducto del Comité Técnico, acordarán los términos a través de los cuales se dará acceso al sistema.

  Asimismo, el Ejecutivo Federal, clasificará la información que, en los términos de las disposiciones aplicables, deba considerarse de carácter reservado. Las personas que tengan acceso a la información de carácter reservado del sistema estarán obligadas a guardar estricta confidencialidad sobre la misma.

CAPÍTULO II De la Evaluación y del Impacto Presupuestario

  Artículo 74. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Asimismo, la Función Pública inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de este Decreto y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto.

  Artículo 75. La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la relativa a los análisis costo y beneficio, se pondrá a disposición del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

  Artículo 76. La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán periódicamente el seguimiento del ejercicio del Presupuesto de las dependencias y entidades, en los términos de este Decreto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

  Con la información que remitan las dependencias y entidades, la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán un informe trimestral de los resultados con base en indicadores de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, para identificar la eficiencia, los costos y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público. Igual obligación y para los mismos fines tendrán las dependencias respecto de las entidades que coordinen. La Auditoría Superior de la Federación analizará dicho informe en los términos de las disposiciones aplicables.

  Las obligaciones de información a las que se refiere el párrafo que antecede serán aplicables para la Secretaría de Salud respecto del Sistema de Protección Social en Salud previsto en el Artículo 4. Al efecto, la Secretaría de Salud rendirá un informe mensual que entregará a la Secretaría, la Función Pública y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara. La Secretaría y la Función Pública informarán a las comisiones señaladas, en un plazo de 10 días, las opiniones o dictámenes que al efecto emitan.

  Los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial, de los organismos públicos autónomos, así como de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confieren las disposiciones aplicables, establecerán sistemas de evaluación con el fin de identificar la participación del gasto público en el logro de los objetivos para los que se destina, así como para comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Decreto. Para tal efecto, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales que determinen las autoridades competentes. Tratándose de las dependencias y entidades, la Función Pública pondrá en conocimiento de tales hechos a la Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la colaboración que establecen las disposiciones aplicables.

  Artículo 77. El Ejecutivo Federal incluirá una evaluación del impacto presupuestario en las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

  Para tal efecto, las dependencias y entidades que elaboren los anteproyectos respectivos deberán realizar una evaluación del impacto presupuestario de los mismos, y someter ésta al dictamen de la Secretaría.

  Los diputados y senadores del Congreso de la Unión, así como las legislaturas locales, procurarán incluir una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presenten en el Congreso de la Unión.

  Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas, para lo cual solicitarán la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

TRANSITORIOS

  PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2006.

  SEGUNDO. El Presupuesto de Egresos de la Federación, sus Tomos y Anexos para este ejercicio fiscal, deberán publicarse en la página electrónica de la Secretaría a más tardar el 2 de enero de 2006 y se enviará en versión impresa a la Cámara a más tardar el 31 de enero de 2006.

  TERCERO. Se asignan $685,600,000.00 en el Presupuesto de la Secretaría de Agricultura durante el 2006, para disminuir, en beneficio de los productores, el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas. Este apoyo será entregado únicamente a aquellos usuarios que no tengan adeudos superiores a los 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad.

  Para el efecto, la Secretaría de Agricultura y la CFE convendrán la forma de pago y emitirán a más tardar el 15 de febrero de 2006 los lineamientos respectivos.

  CUARTO. Las dependencias y entidades que durante el año 2003 hayan participado en el Programa de Separación Voluntaria establecido en el Artículo 7, fracción III, del Decreto de Presupuesto de Egresos la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 o que en los años 2004 y 2005 hayan aplicado las medidas establecidas en los Artículos 8, fracción III, de los Decretos de Presupuesto de Egresos la Federación para los ejercicios fiscales 2004 y 2005, respectivamente, así como en su caso los Poderes Legislativo y Judicial, deberán restituir con cargo a sus respectivos presupuestos, en los plazos y términos de los artículos citados y de las demás disposiciones aplicables, los montos equivalentes a los recursos que hayan utilizado para cubrir las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos a su cargo. En caso contrario, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, descontará los recursos correspondientes de las ministraciones posteriores de recursos.

  QUINTO. El convenio modelo de reasignación a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 16 de este Decreto, emitido en el ejercicio fiscal 2005 por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, continuará utilizándose en lo que no contravenga las disposiciones del presente Decreto hasta en tanto se emita, en su caso, el nuevo modelo.

  SEXTO. Los recursos para aquellas entidades federativas que no han celebrado los convenios relativos al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, a que se refiere el Artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, correspondientes al presupuesto regularizable de servicios personales, y a las previsiones para sufragar las medidas salariales y económicas que establece el Artículo 36 de este Decreto, se incluyen en las erogaciones previstas en el Ramo Administrativo 11 Educación Pública a que se refiere el Anexo 1.B. de este Decreto, y sólo podrán traspasarse al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios una vez que se suscriban los convenios.

  SÉPTIMO. Los criterios generales para la emisión de reglas de operación, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 54 de este Decreto, así como las disposiciones relativas a los requisitos que deberán cumplir las instituciones y organismos que evaluarán los programas sujetos a reglas de operación, a que se refiere el inciso b) de la fracción IV del Artículo citado, expedidos en el ejercicio fiscal 2002 por la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, continuarán vigentes durante el presente ejercicio fiscal en lo que no contravengan las disposiciones de este Decreto.

  OCTAVO. Los convenios de coordinación relativos al Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social a que se refiere el Artículo 73 de este Decreto, suscritos entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos de las entidades federativas, continuarán vigentes durante el presente ejercicio fiscal en lo que no contravengan las disposiciones de este Decreto, sin perjuicio de que podrán modificarse o, en su caso, suscribirse nuevos convenios.

  NOVENO. La Función Pública en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicado el 24 de diciembre de 1996, deberá realizar las siguientes acciones:

  I. Incluir en el primer informe trimestral, el costo total de las percepciones de los titulares de los órganos internos de control en las dependencias y entidades, así como los de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, que en virtud del Decreto antes citado dependen jerárquica y funcionalmente de la Función Pública;

  II. Tramitar ante la Secretaría, con la participación que corresponda a las respectivas dependencias y entidades, las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para regularizar la situación del pago de las percepciones de aquellos servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, y

  III. En tanto no se regularice la situación de pago de los servidores públicos a que se refiere este Artículo, deberá incluir en los informes trimestrales, la información relativa a las percepciones que continúen cubriendo las dependencias y entidades.

  DÉCIMO. Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría, a más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización de los contratos de seguros correspondientes, copia de las pólizas que consignen las condiciones pactadas en el establecimiento de cualquier operación pasiva de seguros sobre bienes patrimoniales a su cargo, así como inventario actualizado de los bienes con que cuenten, de conformidad con los manuales y formatos que expida la Secretaría en los términos de las disposiciones que para tales efectos establezca a más tardar el 30 de enero, las que determinarán los medios a través de los cuales deberá hacerse llegar dicha información.

  Lo anterior, a efecto de que la Secretaría se encuentre en condiciones de asesorar a las dependencias y entidades en la elaboración de sus programas de aseguramiento, de sus manuales de procedimientos sobre la contratación de seguros y soporte de siniestros, en la determinación de sus niveles de retención máximos y en la prevención y disminución de los riesgos inherentes a los bienes con que cuenten, así como para asesorar en el proceso de siniestros ocurridos y reportados a las compañías de seguros con los que dichas dependencias y entidades mantengan celebrados contratos de seguros sobre bienes patrimoniales.

  La Secretaría analizará y clasificará, con base en la información que las dependencias y entidades le remitan de conformidad con el presente Artículo, los activos fijos de dichas dependencias y entidades, los cúmulos de riesgo, la dispersión y exposición de las unidades de riesgo y los contratos de seguros sobre bienes patrimoniales que las mismas hubiesen celebrado. Asimismo, la Secretaría podrá proponer a las dependencias y entidades, esquemas de transferencia de riesgos y de contratación centralizada, con el propósito de beneficiar las condiciones de contratación de la Administración Pública Federal.

  DÉCIMO PRIMERO. De conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Secretaría de Agricultura, en su carácter de Presidente tanto del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, como de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, presentará a la Cámara a más tardar el último día hábil de enero, el gasto y composición del Programa Especial Concurrente.

  Asimismo, la Secretaría de Agricultura remitirá a la Cámara de manera mensual y trimestral el avance en la ejecución de los recursos y evaluación del Programa Especial Concurrente, así como sobre la publicación, en su caso, de las Reglas de Operación de los programas que integran el Programa Especial Concurrente.

  La Secretaría de Agricultura deberá informar a la Cámara, a más tardar el último día hábil de junio, sobre los convenios o acuerdos de carácter inter e intra institucional que se hubieran celebrado o que se llevarán a cabo, previa consulta en el seno del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de fortalecer la coordinación y evitar duplicidad en la consecución de los objetivos y requisitos de los programas incorporados en el Programa Especial Concurrente.

  Para efectos de llevar el seguimiento del gasto autorizado para la ejecución del Programa Especial Concurrente, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Secretaría de Agricultura enviará trimestralmente a la Cámara, turnando copia a la Secretaría y a la Función Pública, la información desagregada por dependencia y programas.

  DÉCIMO SEGUNDO. La Secretaría de Agricultura, para fortalecer la operación de sus programas en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, continuará la descentralización de la operación de los Distritos de Desarrollo Rural y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural a efecto de que las entidades federativas fortalezcan su actividad agropecuaria.

  DÉCIMO TERCERO. Las asignaciones contenidas en el presupuesto aprobado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los fondos mixtos y sectoriales a los que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se aplicarán y distribuirán con base en la selección de proyectos que se presenten a través de convocatorias públicas, cuyos términos garanticen su impacto en el desarrollo científico y tecnológico, la vinculación con la industria nacional, transparencia en su asignación y rendición de cuentas, siempre y cuando sean susceptibles de ser evaluados mediante indicadores de resultados en el corto y mediano plazos. Los convenios que suscriba el CONACYT con las contrapartes de cada fondo mixto y sectorial, y las convocatorias públicas que se expidan, dispondrán lo necesario para cumplir con este mandato, en los términos de las fracciones I, II, III y IV del Artículo 1; III y XI del Artículo 12; II del Artículo 24; primer párrafo y fracciones III y IV del Artículo 35 y los Artículos 39 y 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

  DÉCIMO CUARTO La Secretaría de Salud, deberá informar trimestralmente a la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Salud, la integración y monto del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos.

  DÉCIMO QUINTO. Los recursos asignados al Instituto Federal Electoral, para el Voto de los Mexicanos en el Extranjero, que no sean ejercidos durante el presente ejercicio fiscal, se destinarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el cumplimiento de sus programas sustantivos y operativos. La Tesorería de la Federación dispondrá de un plazo máximo de 30 días para su asignación al Ramo 35, a partir del reintegro que realice el Instituto Federal Electoral.

  DÉCIMO SEXTO. La distribución de los recursos previstos en el Anexo 19 destinado al programa de becas para jóvenes no beneficiados por otros programas, deberá sujetarse a la aplicación de reglas de operación, que para el efecto emita la Secretaría de Educación Pública a más tardar el 28 de febrero de 2006.

  DÉCIMO SÉPTIMO. En el convenio para la operación del Sistema de Protección Social en Salud que se firme entre la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y del Distrito Federal, deberá quedar establecido que el 15 por ciento de los recursos que se transfieran a las entidades federativas será utilizado para regularizar la situación laboral de los trabajadores contratados por honorarios.

  DÉCIMO OCTAVO. Las dependencias y entidades deberán continuar con las acciones que aseguren la transparencia de sus estructuras ocupacionales y orgánicas, así como en su caso, plantillas de personal, autorizadas, en los términos de las disposiciones que la Secretaría y la Función Pública expidan, al efecto, dentro del primer trimestre del ejercicio. En aquellos casos en que se hayan autorizando contratos por honorarios y contratos eventuales de manera regular y que estos correspondan a funciones de las dependencias y entidades, éstas analizarán la factibilidad de su transformación en plazas presupuestarias sobre la base de que tendrán que ser con costos compensados.

  DÉCIMO NOVENO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá crear el fondo para el desarrollo de la marina mercante mexicana, previsto en el Artículo 204-A de la Ley Federal de Derechos y el monto señalado en el Anexo 19 de este Decreto; esta dependencia establecerá las reglas de operación del fondo a mas tardar el 15 de febrero de 2006.

  VIGÉSIMO. En los procesos de desincorporación de entidades, a través de su extinción o liquidación, y cuyas operaciones se encuentren garantizadas por el Gobierno Federal, el liquidador designado podrá utilizar los recursos que obtenga de los encargos, mandatos, encomiendas o figuras análogas relativos a dichas entidades que se le confieran inclusive de manera previa al inicio del proceso de desincorporación, para el pago de los gastos en que incurra con motivo del proceso de extinción o liquidación de la entidad de que se trate, una vez que sean cubiertos los gastos de los propios encargos, mandatos, encomiendas o figuras análogas, aplicando la figura de ingreso neto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, a la conclusión de los respectivos encargos, mandatos, encomiendas o figuras análogas, con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables y previo conocimiento de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación y de la dependencia coordinadora de sector.

  VIGÉSIMO PRIMERO. La Secretaría implementará las acciones necesarias respecto de los términos e instrumentación del seguro colectivo de vida para los jubilados y pensionados de las dependencias y entidades; así como también, con el objeto de generar ahorros y asegurar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, podrá contratar los seguros de personas previstos como prestaciones de los servidores públicos de las dependencias, incluido el seguro colectivo de vida de sus jubilados y pensionados. Las entidades podrán solicitar a la Secretaría adherirse a las contrataciones que realice; asimismo y sin perjuicio de su autonomía, los Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos federales podrán realizar esa solicitud.

  VIGÉSIMO SEGUNDO. En caso de que se aprueben reformas al Artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el objeto de gravar con la tasa general de dicho impuesto, los servicios de atención en centros telefónicos de llamadas originadas en el extranjero contratados y pagados por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, los excedentes de ingresos que estos generen se destinarán de la siguiente manera: doscientos millones de pesos para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y hasta mil ochocientos millones de pesos al Poder Judicial de la Federación de los cuales destinará cien millones de pesos para el nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes.

  VIGÉSIMO TERCERO. Los excedentes que, en su caso, resulten de la extinción del Fideicomiso para la Administración de Financiamientos Externos, FAFEXT, administrado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., serán aportados por conducto de la Secretaría de Economía, conforme a las disposiciones aplicables, al fideicomiso 10447 constituido por dicho Banco, a fin de aislar los resultados de éste de las contingencias que, en su caso, se generen por sus programas de garantías y seguros para promover la competitividad de las exportaciones mexicanas a diversos mercados, mediante cobertura de riesgo político, riesgo comprador y garantías de crédito.

  VIGÉSIMO CUARTO. La Secretaría llevará a cabo la corrección compensada solicitada por la Secretaría de Educación Pública en las asignaciones del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal entre los Estados de Coahuila y Chiapas por $1,308,324,699.00, así como entre los Estados de Colima y Chihuahua por $1,130,678,266.00, a efecto de dar cumplimiento a los preceptos contenidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en lo relativo a los elementos para determinar el monto de dichas asignaciones.

  VIGÉSIMO QUINTO. La distribución de los recursos previstos en el Anexo 19 para los rubros Fondo Concursable para la Inversión en Infraestructura de Educación Básica, Fondo Concursable para el desarrollo de proyectos educativos, y Fondo Concursable para la Inversión en Infraestructura de Educación Media Superior del Ramo 11, deberán sujetarse a la aplicación de reglas de operación que para el efecto emita la Secretaría de Educación Pública a más tardar el 28 de febrero de 2006.

  VIGÉSIMO SEXTO. Con el fin de recuperar el macizo forestal en las zonas de mayor marginación, se destinarán $651,500,000.00 dentro del presupuesto del Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) que administra la CONAFOR para atender de manera integral, regiones de tierras frágiles, propiciar la conservación y restauración de sus ecosistemas forestales. De estos recursos al menos un 75 por ciento se destinará a los estados del sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) con el fin de evitar que los altos niveles de marginación sigan siendo la causa de los elevados índices de deforestación que prevalecen en esta zona del país. Derivado de las condiciones de restricción presupuestal que se enfrenta en esta región, los recursos adicionales se otorgarán sin necesidad de una aportación estatal en contrapartida.

  VIGÉSIMO SÉPTIMO. Las asignaciones contenidas en el presupuesto aprobado a la Secretaría de Gobernación, incluye la cantidad de $104,100,304.00 para transferencias del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

  VIGÉSIMO OCTAVO. Los recursos de este Presupuesto que estén específicamente destinados a la promoción de operaciones comerciales en el exterior, serán concentrados por la Secretaría para su ejercicio en el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

  VIGÉSIMO NOVENO. El gasto aprobado para el subsector cultura, incluye $40,000,000.00 para el Festival Internacional Cervantino.

  ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)

  ANEXO 2. EROGACIONES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN INDÍGENA (pesos)

  ANEXO 3. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (pesos)

  Nota: Los importes consignados a nivel Ramo Administrativo no reflejan la reducción de Servicios Personales establecida en el Anexo 18, sin que por ello se afecten las acciones de este anexo.

  ANEXO 4. PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (pesos)

  ANEXO 5. PROGRAMAS REGIONALES (pesos)

  ANEXO 6. EROGACIONES PARA EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (pesos)

  ANEXO 7. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (pesos)

  ANEXO 8. PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (pesos)

  ANEXO 9. RAMO 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (pesos)

  ANEXO 10. RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (pesos)

  ANEXO 11. PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (Pesos)

  ANEXO 12. PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (pesos)

  ANEXO 13. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA NETA MENSUAL

  Nota: Los límites de la percepción ordinaria neta mensual se actualizarán conforme a las disposiciones fiscales aplicables para el ejercicio fiscal 2006

  ANEXO 14. MONTOS MÁXIMOS PARA ADJUDICACIONES MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O MEDIANTE ADJUDICACIONES DIRECTAS (miles de pesos)

  ANEXO 15. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (pesos)

  15.A. Monto autorizado para nuevos proyectos

  15.B. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores de inversión directa e inversión condicionada

  15.C. Monto autorizado para proyectos aprobados para ejercicios fiscales anteriores y para nuevos proyectos

  15.D. Monto comprometido de proyectos de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores

  15.E. Monto máximo de compromiso de proyectos de inversión condicionada autorizados en ejercicios fiscales anteriores

  15.F. Previsiones para pago de amortizaciones y costo financiero de proyectos de inversión directa

  Nota: Para estos anexos los totales puedes no sumar respecto al total debido al redondeo

  ANEXO 16. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

  ANEXO 16.A. PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

  ANEXO 17. PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (pesos)

  ANEXO 18. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (Pesos)

  ANEXO 19

  Ramo 9: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

  CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN

  (Pesos)

  ANEXO 19

  Ramo 9: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

  CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS

  (Pesos)

  ANEXO 19

  Ramo 9: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

  PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

  (Pesos)

  ANEXO 19

  Ramo 9: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PORTUARIA Y OTROS

  (Pesos)

  ANEXO 19.A

  FONDOS PARA MARINA MERCANTE Y FERROCARRILES

  (Pesos)

  ANEXO 19.B

  RAMO 9 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

  CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

  (Pesos)