DOF: 21/08/2009
Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, presentada por la otrora Coalición por el Bien de Todos en contra de la otrora Coalición Alianza po

Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de la queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, presentada por la otrora Coalición por el Bien de Todos en contra de la otrora Coalición Alianza por México, por hechos que se considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, identificada como Q-UFRPP 11/08 Coalición por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG224/2009.- Q-UFRPP 11/08 Coalición por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México.

RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LA QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, PRESENTADA POR LA OTRORA COALICION POR EL BIEN DE TODOS EN CONTRA DE LA OTRORA COALICION ALIANZA POR MEXICO, POR HECHOS QUE SE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES VIGENTE HASTA EL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL OCHO, IDENTIFICADA COMO Q-UFRPP 11/08 COALICION POR EL BIEN DE TODOS VS. COALICION ALIANZA POR MEXICO.
Distrito Federal, 29 de mayo de dos mil nueve.
VISTO para resolver el expediente Q-UFRPP 11/08 Coalición por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. El veintitrés de junio de dos mil ocho, mediante oficio SE/755/08, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral remitió a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos copia certificada del expediente JGE/QPBT/JL/MICH/154/2006, relativo a la denuncia presentada por la otrora Coalición por el Bien de Todos contra la entonces Coalición Alianza por México por hechos que consideró violatorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el quince de enero de dos mil ocho, así como de la Resolución que le recayó a dicho expediente, identificada con el número CG258/2008, en cuyo punto resolutivo TERCERO, que se encuentra relacionado con su punto considerativo 6, se determinó lo siguiente:
"6. Que en atención a que en el presente asunto se acreditó la existencia de una aportación a la campaña del C. Eustolio Nava Ortiz, otrora candidato al cargo de diputado federal por el 11 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán, por la publicación de dos anuncios en el semanario El Real Huetamo', con circulación en el Ayuntamiento del mismo nombre, se estima que lo procedente es dar vista a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, para el efecto de que dicha unidad se pronuncie al respecto.
(...)
RESOLUCION
(...)
TERCERO.- Dese vista con copia del presente expediente a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral en términos del considerando 6 del presente fallo".
El escrito de queja de la otrora Coalición por el Bien de Todos fue presentado ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán, por conducto del Representante Propietario de esa Coalición ante el mismo Consejo Local.
 
II. De conformidad con el artículo 29, inciso b), fracciones II y III del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a los Procedimientos Oficiosos y de Queja en materia de Origen y Aplicación de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso:
"HECHOS
PRIMERO. En la ciudad y municipio de Huetamo de Núñez, Michoacán, se publica un periódico semanal de nombre El Real Huetamo, el cual es publicado los días miércoles de cada semana y tiene distribución en los municipios de Huetamo de Núñez, Nocupetaro, Caracuaro y San Lucas, todos del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; dicho rotativo, primordialmente contiene los acontecimientos, información y noticias de los citados municipios, así como todo tipo de publicidad y promociones.
Cabe señalar que, los mencionados municipios resultan formar parte del distrito electoral número 11, del Instituto Federal Electoral del Estado de Michoacán.
SEGUNDO. El día miércoles 05 de abril de 2006, se publicó con el número 454, año X, el periódico señalado en el punto inmediato anterior, el cual contiene los acontecimientos, información, noticias, publicidad y promociones de los días 29 de marzo de 2006 al día 04 de abril de 2006.
Ahora bien, en dicho periódico, el cual se acompaña a la presente en original, precisamente en la portada del mismo, en su parte inferior-derecha, se encuentra una publicación, que contiene propaganda electoral, la cual textualmente señala (CON TU VOTO GANARA, POR NUEVAS Y MEJORES LEYES PARA UN NUEVO PAIS, VOTA ESTE 2 DE JULIO POR EUSTOLIO NAVA ORTIZ Y POR LA ALIANZA POR MEXICO'), así mismo, dicha publicación, contiene de igual manera una fotografía del ciudadano Eustolio Nava Ortiz; cabe señalar, que dicho ciudadano, resulta ser para el presente proceso electoral, el candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa de la coalición Alianza por México', precisamente por el distrito electoral 11, del Instituto Federal Electoral del Estado de Michoacán, del cual, esa coalición Alianza por México', solicitó a esa Autoridad Electoral, el registro de su candidatura como candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa por el señalado distrito electoral.
No cabe la menor duda, que la mencionada propaganda electoral publicada en el periódico El Real Huetamo', tiene toda la intención de influir en el ánimo de los ciudadanos electorales para obtener sus votos a favor del ciudadano Eustolio Nava Ortiz y para promoverlo como candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa por la coalición Alianza por México', situación, la cual es completamente ilegal, y que además ocasiona una desigualdad en esta contienda electoral que perjudica al resto de los partidos políticos y coaliciones que contienden en este proceso electoral, tal y como lo argumentaré y acreditare más adelante.
TERCERO. Así mismo, el día miércoles 12 de abril de 2006, se publicó con el número 455, año X, el periódico señalado en el hecho primero de la presente, el cual contiene los acontecimientos, información, noticias, publicidad y promociones de los días 05 de abril de 2006 al día 11 once de abril de 2006.
Ahora bien, en dicho periódico, el cual se acompaña a la presente en original, precisamente en la portada del mismo, en su parte inferior-derecha, se encuentra una publicación, que contiene propaganda electoral, la cual textualmente señala
(CON TU VOTO GANARA, POR NUEVAS Y MEJORES LEYES PARA UN NUEVO PAIS, VOTA ESTE 2 DE JULIO POR EUSTOLIO NAVA ORTIZ Y POR LA ALIANZA POR MEXICO'), así mismo, dicha publicación, contiene de igual manera una fotografía del ciudadano Eustolio Nava Ortiz; cabe señalar, como ya se hizo mención, que dicho ciudadano resulta ser para el presente proceso electoral, el candidato a Diputado por el principio de mayoría relativa de la coalición Alianza por México', precisamente por el distrito electoral 11 Pátzcuaro, del Instituto Federal Electoral del Estado de Michoacán, del cual, esa coalición Alianza por México', solicitó a esa Autoridad electoral, el registro de su candidatura como candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa por el señalado distrito electoral.
No cabe la menor duda, que la mencionada propaganda electoral publicada en el periódico El Real Huetamo', tiene toda la intención de influir en el ánimo de los ciudadanos electores para obtener sus votos a favor del ciudadano Eustolio Nava Ortiz y para promoverlo como candidato a diputado federal por el principio de mayoría relativa por la coalición Alianza por México', situación, la cual es completamente ilegal, y que además ocasiona una desigualdad en esta contienda electoral que perjudica al resto de los partidos políticos y coaliciones que contienden en este proceso electoral, tal y como lo argumentare y acreditare más adelante.
CUARTO. Derivado de lo anterior y con base en las Documentales Privadas que se acompañan a la presente, consistentes en las publicaciones del periódico El Real Huetamo de fecha 05 de abril y 12 de abril ambos de 2006, no cabe la menor duda que desde esas fechas, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, es decir, la Coalición Alianza por México' y el ciudadano Eustolio Nava Ortiz, con la propaganda electoral publicada en el referido rotativo, se encuentran realizando campaña electoral a favor de éste último para ocupar la Diputación Federal por el principio de mayoría relativa por el distrito electoral 11, del Instituto Federal Electoral del Estado de Michoacán, con la indubitable intención de influir en el ánimo de los ciudadanos electores para obtener sus votos a favor de Eustolio Nava Ortiz y para promover su candidatura, situación, la cual es completamente ilegal, y que además ocasiona una desigualdad en esta contienda electoral, que perjudica al resto de los partidos políticos y coaliciones que contienden en este proceso electoral, toda vez que resultan ser actos anticipados de campaña, en virtud, de que iniciaron su campaña electoral antes de la celebración de la sesión de registro de las candidaturas a diputado federal por el principio de mayoría relativa.
Ahora bien, no cabe la menor duda de que tal y como consta en las publicaciones de la propaganda electoral hechas en el periódico El Real Huetamo, los cuales se acompañan a la presente, la coalición Alianza por México' y el ciudadano Eustolio Nava Ortiz, candidato a Diputado por el principio de mayoría relativa de dicha Coalición, por el distrito electoral 11 de esta entidad federativa de Michoacán de Ocampo, con esa propaganda electoral tienen toda la intención de influir en el ánimo de miles de ciudadanos electores que radican en los municipios en los que se distribuye dicho rotativo, para obtener sus votos a favor de Eustolio Nava Ortiz y para promover su candidatura, ya que esa propaganda electoral claramente solicita su VOTO a los ciudadanos electores, en virtud de que textualmente esa propaganda electoral señala, POR NUEVAS Y MEJORES LEYES PARA UN NUEVO PAIS, VOTA ESTE 2 DE JULIO POR EUSTOLIO NAVA ORTIZ Y POR LA ALIANZA POR
MEXICO', con lo cual se puede deducir, que con esa propaganda electoral, la Coalición Alianza por México' y el ciudadano Eustolio Nava Ortiz, iniciaron campaña electoral antes de lo permitido por la legislación electoral, en virtud, de que la sesión de registro de candidaturas en esas fechas, todavía no se realizaba.
Derivado de estos hechos, solicito desde este momento a esa autoridad electoral, con fundamento en los artículos 40, 23 párrafo 2 y 82 párrafo 1, inciso h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 36, 37, 38 y 40 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realice la investigación conducente, por los actos anticipados de campaña realizados por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, es decir, la Coalición Alianza por México' y del ciudadano Eustolio Nava Ortiz, candidato a Diputado por el principio de mayoría relativa de dicha coalición, por el distrito electoral 11 de esta entidad federativa.
Tal y como ya está debidamente acreditado, la coalición Alianza por México', y el ciudadano Eustolio Nava Ortiz, con sus ilegales actos anticipados de campaña están violentando el artículo 190 párrafo 1 de la ley reglamentaria del artículo 41 constitucional y por ende no están ajustando su conducta y sus actividades a las disposiciones establecidas por la legislación electoral, con lo cual, de igual manera están violentando y dejando de cumplir con lo dispuesto en los artículos 23 párrafo 1, 38 párrafo 1 inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
No cabe la menor duda, de que la coalición Alianza por México' y el ciudadano Eustolio Nava Ortiz, no están cumpliendo con las obligaciones que señala la legislación electoral, razón por la cual deben ser sancionados por esa autoridad electoral.
Finalmente, es necesario que esa autoridad electoral, sancione todas y cada una de las ilegales acciones del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, es decir, la coalición Alianza por México' y del ciudadano Eustolio Nava Ortiz, ya que no se puede permitir en beneficio de la democracia de este país y por el correcto desarrollo del proceso electoral, que esa coalición y el ciudadano en mención, vulneren e ignoren la legislación electoral.
(...)"
Anexando lo siguiente:
-      Un ejemplar de la portada del periódico El Real Huetamo, número 454, año X, publicado el cinco de abril de dos mil seis.
-      Un ejemplar de la portada del periódico El Real Huetamo, número 455, año X, publicado el día doce de abril de dos mil seis.
III. El doce de agosto de dos mil ocho, se acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente Q-UFRPP 11/08 Coalición por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México.
IV. Asimismo, el trece de agosto dos mil ocho, mediante oficio UF/2067/2008, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral que se fijara en los estrados de este Instituto, por lo menos durante setenta y dos horas, la siguiente documentación: a) el acuerdo de recepción del procedimiento de queja identificado con el número de expediente Q-UFRPP 11/08 Coalición por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México y, b) la respectiva cédula de conocimiento.
El veintinueve de agosto de dos mil ocho, mediante oficio DJ/1251/08, la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral remitió a la Unidad de Fiscalización la documentación que fue publicada oportunamente en los estrados de este Instituto.
V. El trece de agosto de dos mil ocho, mediante oficio UF/2068/2008, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo el inicio del procedimiento de queja identificado con el número de expediente Q-UFRPP 11/08 Coalición por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México.
VI. El tres de septiembre de dos mil ocho, mediante oficio UF/2323/2008, la Unidad de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Consejo General, integrante de la otrora Coalición Alianza por México, el inicio del procedimiento de queja número Q-UFRPP 11/08 Coalición por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México, en términos del artículo 7, párrafo 1 y 4; 19, párrafo 3 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a los Procedimientos Oficiosos y de Queja en materia de Origen y Aplicación de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.
VII. Requerimiento de información y documentación al semanario "El Real de Huetamo".
-      El veinticinco de septiembre de dos mil ocho, mediante oficio UF/2477/2008, la Unidad de Fiscalización requirió a la C. Ma. del Rosario Pineda Macedo, directora y fundadora del semanario "El Real Huetamo", a fin de que exhibiera la documentación probatoria registrada ante la autoridad competente relacionada con la razón social del semanario El Real Huetamo''.
a)    El veinticuatro de noviembre de dos mil ocho, mediante escrito, la C. Ma. del Rosario Pineda Macedo, remitió la información y documentación que le fue solicitada.
VIII. El diez de octubre de dos mil ocho, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, se acordó ampliar el plazo que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para presentar al Consejo General el respectivo proyecto de Resolución.
IX. El cinco de diciembre de dos mil ocho, mediante oficio UF/3257/2008, la Unidad de Fiscalización procedió a emplazar a la otrora Coalición Alianza por México, corriéndole traslado de todos los elementos que integraban el expediente.
El once de diciembre de dos mil ocho, mediante escrito firmado por el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, la citada otrora Coalición dio respuesta al emplazamiento que le fue hecho.
X. De conformidad con el multicitado artículo 29, inciso b), fracción V del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a los Procedimientos Oficiosos y de Queja en materia de Origen y Aplicación de los Recursos de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, se transcribe a continuación la respuesta de la otrora Coalición Alianza por México dada al emplazamiento:
"(...)
Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o.; 3o.; 36, párrafo 1, inciso b); 81, párrafo 1, inciso c); 377; y demás relativos y aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; vengo a dar cumplimiento al
emplazamiento emitido dentro del expediente al rubro citado, en relación a la queja interpuesta por la Coalición Por el Bien de Todos' en contra de la Coalición Alianza por México', de la que soy representante común, y que en lo sucesivo he de referir como mi representado, por lo que en este acto se realizan las siguientes consideraciones:
PRIMERA
DEL CONTEXTO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO
Como se advierte desde el inicio mismo del procedimiento que ha motivado el emplazamiento al que por este medio se acude, el quejoso acudió ante las autoridades electorales con la finalidad de denunciar hechos que él consideró como contrarios a la normativa electoral, y que básicamente consisten en que la entonces Coalición Alianza por México', realizó actos anticipados de campaña por conducto del otrora candidato a diputado federal por el distrito 11 del Estado de Michoacán, en tal virtud, fue recibida la denuncia y realizados los trámites inherentes a iniciar el procedimiento, tales como la remisión de la queja a la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, que en su momento llevó a cabo el emplazamiento a mi representada y al medio informativo denunciado, así como las demás diligencias que por disposición legal se tienen que desahogar, para que el asunto quedara en estado de resolución, misma que fue aprobada por el Consejo General en fecha 23 de mayo del año en curso y en la que se resuelve lo siguiente:
PRIMERO. Se declara fundada la queja presentada por la otrora Coalición Por el Bien de Todos' en contra de la entonces Coalición Alianza por México' en términos del considerando 4 de la presente determinación.
SEGUNDO. Se impone una amonestación pública en los términos previstos en el considerando 5 de este fallo.
Con lo anterior queda perfectamente claro que el Consejo General resolvió en cuanto al fondo del asunto, Resolución que no fue impugnada y por tanto ha causado estado, al ser una Resolución definitiva e inatacable.
SEGUNDA
DE LA IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA
Para la sustanciación de una queja sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, y que ésta sea motivo de la instauración de un procedimiento, es necesario que reúna requisitos que están previstos en la norma jurídica electoral, dentro de los cuales están la revisión de que ésta no incurra ni en las causales de desechamiento, ni de improcedencia, en el presente asunto especial atención deberá prestarse a las causales de desechamiento, cuyo catálogo se encuentra contenido en el artículo 376, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra establece:
(...)
En este tenor, y dado que entre las reglas que rigen el Procedimiento en Materia de Quejas Sobre Financiamiento y Gasto de los Partidos Políticos no existe disposición expresa de las causales de improcedencia, le son aplicables de manera supletoria las normas previstas en los capítulos Segundo y Tercero del Título Primero del Libro Séptimo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en materia de improcedencia de las quejas establece a la letra:
(...)
 
Tenemos entonces que la queja por la que ha sido emplazada mi representada incurre de manera clara, precisa e indubitable en la causal de improcedencia contenida en el inciso c) del artículo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales líneas arriba citado, lo que se deriva de que el presente asunto:
P  Consiste en hechos o actos imputados a la Coalición Alianza por México', es decir la misma persona;
P  Que han sido materia de otra queja o denuncia, como lo es la primigenia en este asunto;
P  Cuenta con Resolución del Consejo General respecto al fondo del asunto; y
P  Esta Resolución no ha sido impugnada, por tanto ha causado estado.
Al colmar todos y cada uno de los elementos contenidos en la disposición invocada, necesariamente, esta Unidad de Fiscalización deberá decretar la improcedencia del presente asunto.
Los razonamientos hasta aquí vertidos y que sostienen la improcedencia plena del asunto que nos ocupa, cuentan con el sustento constitucional que establece el artículo 23 de la carta Magna al establecer:
Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene...'
(...)
TERCERA
CONSIDERACIONES EN CUANTO A LA PRESUNTA FALTA
Establecido lo anterior Ad Cautelam me permito en el presente apartado a manera de consideración, proceder a realizar las siguientes reflexiones de hecho y derecho:
Esta Unidad, con las actuaciones que viene realizando y como se desprende de la lectura de las mismas, pretende allegarse de elementos que le permitan, confirmar o desmentir los hechos que investiga, sobre los cuales ya se ha pronunciado el Consejo General al haber valorado y resuelto sancionar a mi representada, es decir los hechos son ya legalmente ciertos, en el estado procesal del asunto ha quedado firme que hubo dos publicaciones en un medio impreso, por las que no se erogó gasto alguno por parte de mi representada, consecuentemente no hemos violentado norma legal electoral alguna que permita ni la instauración de un procedimiento ni la sanción a una conducta ya castigada. Ahora y como se desprende del escrito fechado en seis de noviembre del presente año, la responsable del medio impreso ha manifestado que no es posible establecer un costo del espacio correspondiente a la inserción', por tanto no tiene precio y como ya fue manifestado por la misma responsable del medio informativo impreso, este obedeció a su simpatía con uno de los partidos en aquél entonces integrantes de la Coalición Alianza por México', al libre ejercicio de la manifestación libre de sus ideas, a la libertad de prensa y de manera voluntaria y desinteresada, sin que mediara al respecto contratación de los espacios por parte, ni del candidato ni de alguna persona que se vinculara de manera directa con mi representada, consecuentemente no existe elemento alguno que permita al menos presumir que con los hechos que se investigan y por los que ya se ha sancionado a la Coalición que represento se haya violentado disposición alguna en materia de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, por lo
que en el remoto caso de que esta Unidad decida entrar al estudio del fondo del presente asunto en violación franca a principios constitucionales y legales, no existe elemento alguno que permita arribar a la conclusión de que se ha faltado a la normativa y menos aún que se sancione nuevamente por los mismos hechos.
(...)".
XI. El diez de febrero de dos mil nueve, la Unidad de Fiscalización emitió el acuerdo por el que se declaró cerrada la instrucción correspondiente a la substanciación del procedimiento de mérito.
XII. El diez de febrero de dos mil nueve, mediante oficio UF/0362/09, la Unidad de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral que fijara en los estrados de este Instituto, por lo menos durante 72 horas, el acuerdo de cierre de instrucción del procedimiento de queja identificado con el número de expediente Q-UFRPP 11/08 Coalición por el Bien de Todos vs. Coalición Alianza por México.
El dieciséis de febrero de dos mil nueve, mediante oficio DJ/614/09, la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral envió a la Unidad de Fiscalización el acuerdo de cierre de instrucción del procedimiento de mérito, mismo que fue publicado oportunamente en los estrados de este Instituto.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de conformidad con los artículos 372, párrafo 2; 377, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, y 26 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a los Procedimientos Oficiosos y de Queja en materia de Origen y Aplicación de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.
CONSIDERANDO
1. Que con base en los artículos 41, base V, décimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, 81, párrafo 1, incisos c) y o); 109, párrafo 1; 118, párrafo 1, incisos h), i) y w); 372, párrafos 1, incisos a) y b) y 2; 377, párrafo 3, y 378 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho; 4, párrafo 1, inciso c); 5, 6, párrafo 1, inciso u), y 9 del Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, dicha Unidad es el órgano competente para tramitar, substanciar y formular el presente proyecto de Resolución, este Consejo General conoce a efecto de determinar lo conducente y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.
2. Que de conformidad con los artículos cuarto transitorio del Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, y segundo transitorio del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a los Procedimientos Oficiosos y de Queja en materia de Origen y Aplicación de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las normas vigentes al momento de su inicio, es decir, las previstas en la legislación electoral federal vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho.
Así, los actos de la autoridad administrativa electoral se rigen por la normativa vigente al momento de su emisión, es decir, que todo hecho o acto jurídico se regula por la ley vigente al momento de su verificación o realización, principio expresado en la fórmula latina tempus regit factum. En ese sentido, las normas a las que se refieren los citados artículos transitorio son las de carácter sustantivo, ya que en las normas adjetivas o procesales, según se desprende de lo dispuesto en la jurisprudencia publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, julio de 1998, en la página 308, de rubro "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL", no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba, es decir, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula, ya que sólo deben reputarse como expectativas de derecho o situaciones jurídicas abstractas.
3. Que la otrora Coalición Alianza por México, en su contestación al emplazamiento, solicitó fuese desechada la queja de plano y se decretara la procedencia de una causal de improcedencia, invocando el inciso c) del párrafo 1 del artículo 363 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra establece lo siguiente:
"Artículo 363
1. La queja o denuncia será improcedente cuando:
a)   Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra queja o denuncia que cuente con resolución del Consejo respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el mismo Tribunal; y"
Toda vez que la causal de improcedencia invocada por la otrora Coalición constituye una cuestión de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente analizar si se actualiza la misma, pues de ser así resultaría innecesario que este Consejo General se pronunciara sobre el fondo materia del presente procedimiento.
El instituto político adujo que se actualiza la citada causal de improcedencia en virtud de que ya fue sancionado por los mismos hechos a través de la Resolución de este Consejo identificada con el número CG258/2008, dictada en el expediente JGE/QPBT/JL/MICH/154/2006, y agregó que determinar lo contrario constituiría una violación al principio de derecho "non bis in idem", pues la autoridad estaría juzgando dos veces sobre un mismo hecho.
El principio al que alude el partido político integrante de la otrora Coalición Alianza por México en contra de quien se instauró el presente procedimiento de queja, se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:
"Artículo 23
Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia."
Esta disposición constitucional establece diversas prohibiciones que significan garantías individuales -de seguridad jurídica- con la que cuenta toda persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, por imputárseles la comisión de un delito.
En lo que interesa en el presente caso, la segunda frase del precepto constitucional en comento, prohíbe expresamente que una persona pueda ser juzgado dos veces por un mismo delito, es decir, en dicha frase se contempla el principio general de derecho "non bis in idem", que prohíbe que una persona que ha sido juzgada y condenada o absuelta, mediante sentencia firme e inatacable, sea nuevamente juzgada por los mismos hechos, con base en el mismo fundamento jurídico.
Dicha prohibición de ser juzgado dos veces por la misma conducta, resulta aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral, en razón de que dicho principio constitucional, como derecho subjetivo de los gobernados, extiende su ámbito de aplicación no sólo al entorno de un procedimiento del derecho penal, sino también a cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional y de cuya valoración se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos de los gobernados.
Por lo tanto, para que se infrinja la prohibición de que un partido político o coalición sea juzgado dos veces por un mismo ilícito, resulta necesario que se conjuguen los siguientes elementos: Que exista una sentencia firme e inatacable y se inicie un nuevo procedimiento administrativo sancionador electoral en el que se presente una identidad de sujeto incoado, hechos y fundamento jurídico.
En el caso concreto, de conformidad con las siguientes consideraciones, no se infringe el principio constitucional "non bis in idem".
Dentro del procedimiento administrativo sancionador electoral identificado con el número JGE/QPBT/JL/MICH/154/2006, tal como se expresa en la página 26 de la Resolución CG258/2008 que le recayó, se estudió y resolvió respecto de hechos relativos a actos anticipados de campaña, prohibidos por el artículo 190, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente durante el ejercicio dos mil seis.
Por su parte, dentro del procedimiento que por esta vía se resuelve sólo se estudia una presunta violación a lo dispuesto por el artículo 49, párrafo 2, inciso g) del mismo Código electoral invocado.
Así las cosas, si bien en ambos procedimientos se presenta una identidad de hechos y sujetos involucrados, no existe coincidencia en cuanto a los supuestos normativos que los originan.
Al efecto, cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que dentro del sistema disciplinario aplicable a los partidos políticos se contemplan tres procedimientos que son distintos por virtud de la materia o conducta que se estima susceptible de ser investigada. Al respecto, conviene transcribir, en la parte que interesa, la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-046/2008:
"Dentro del subsistema disciplinario aplicable a los partidos políticos, se contemplan tres procedimientos; uno genérico, previsto por el artículo 270 de la invocada legislación electoral, otro específico, contenido en el numeral 49-A, párrafo 2 de la propia normatividad en cita y, un último, genérico especial, señalado en los artículos 49-B, párrafo 4, y 270 del código de la materia.
Los apuntados procedimientos resultan ser distintos, por virtud de la materia o conducta que se estima susceptible de ser investigada y sancionada; así, se tiene que el estatuido por predicho numeral 270, es el genérico en materia disciplinaria y de sanciones, cuya instauración deriva de una queja por una presunta irregularidad o infracción administrativa que amerite una sanción o cuando algún órgano del Instituto Federal Electoral, en el ejercicio de sus atribuciones, tenga noticia de que un partido político ha cometido alguna irregularidad, así como cuando el Consejo General requiera a la Junta General Ejecutiva por la investigación de las actividades de otro partido, con motivo de la solicitud previa de algún instituto político; en cambio, el procedimiento contemplado por el aludido artículo 49-A, es el especializado para la revisión de los informes que rindan los partidos políticos sobre el origen y destino de sus recursos anuales y de campaña; en tanto que, el procedimiento a que se refieren los mencionados artículos 49-B, párrafo 4 y 270, resulta tener el carácter de genérico especial, puesto que, se encuentra establecido para atender cualquier queja en la que se evidencien irregularidades, pero que tengan que ver con el origen y la aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas; en la inteligencia de que la conductas que se estimen ilegales en el aspecto de que se trata, pueden ser del conocimiento de la autoridad administrativa electoral federal, por medio de denuncia que hagan otros partidos políticos, como se advierte de lo dispuesto en los artículos 40 y 49-B, párrafo 4, del Código de Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral.
Es claro, entonces, que dichos procedimientos, tienen orígenes diferentes, así como una tramitación propia, lo cual permite afirmar, sin lugar a duda, que son tres procedimientos totalmente distintos, cuya culminación, puede se la imposición de sanciones por el Consejo General, con base en los correspondientes dictámenes que en cada uno de éstos debe ser formulado."
 
En razón de lo anterior, esta autoridad concluye que no le asiste razón a la otrora Coalición Alianza por México cuando señala que el presente procedimiento debería desecharse por actualizarse una transgresión al principio "non bis in idem" contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, así, resulta inatendible la causal de improcedencia hecha valer por dicha Coalición.
4. Que es procedente fijar el fondo materia del presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente, así como de lo expresado en el punto considerativo 6 de la Resolución CG258/2008, se desprende que el fondo del asunto se constriñe a determinar si la otrora Coalición Alianza por México, fuera de los cauces legales y de los principios del Estado democrático, recibió una aportación en especie de una empresa mexicana de carácter mercantil, consistente en la inserción de propaganda electoral a favor de dicha Coalición en dos ediciones del semanario "El Real Huetamo".
Lo anterior, en contravención de lo establecido en el artículo 49, párrafo 2, inciso g), en relación con el 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, que a la letra señalan:
"Artículo 38
1.   Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:
a)   Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;
(...)
Artículo 49
(...)
2.   No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(...)
g)   Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
(...)"
Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica, y los principios rectores de la función electoral federal.
Esta forma de proceder se desprende del artículo 14 del Reglamento que establece los Lineamientos aplicables a los Procedimientos Oficiosos y de Queja en materia de Origen y Aplicación de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, que dispone lo siguiente:
"Artículo 14
1.   Las pruebas admitidas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral federal, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos investigados.
(...)"
Obran dentro del expediente las ediciones del cinco y doce de abril de dos mil seis del semanario "El Real Huetamo", en cuya parte inferior derecha se percibe un recuadro que contiene la fotografía del candidato al cargo de diputado federal por el 11 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán, C. Eustolio Nava Ortiz, y una leyenda que a la letra dice: "CON TU VOTO GANARA. POR NUEVAS Y MEJORES LEYES PARA UN NUEVO PAIS, VOTA ESTE 2 DE JULIO POR EUSTOLIO NAVA ORTIZ Y POR LA "ALIANZA POR MEXICO", lo cual, de conformidad con lo dispuesto por este Consejo General dentro de la citada Resolución CG258/2008, constituye propaganda electoral.
Asimismo, obran dentro del expediente los escritos de respuesta signados por la C. María del Rosario Pineda Macedo, directora y fundadora del semanario "El Real Huetamo" (dos escritos que obraban dentro del citado expediente substanciado por la Junta General Ejecutiva y otro que fue dirigido a la Unidad de Fiscalización), a través de los cuales afirmó, entre otras cosas, lo siguiente:
-      Que nadie contrató la publicación de las aludidas inserciones en las ediciones de los días cinco y doce de abril de dos mil seis del semanario "El Real Huetamo", y, en este sentido, que no medió pago alguno por las mismas.
-      Que no existió contrato alguno entre el citado semanario y el C. Eustolio Nava Ortiz o la otrora Coalición Alianza por México u otra persona que actuara bajo su ámbito.
-      Que dicha directora ordenó que se insertara la referida propaganda electoral.
Cabe señalar que la referida directora y fundadora del semanario "El Real Huetamo" anexó a su escrito una copia del Formato de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la cual el periódico cumple con sus obligaciones fiscales. De la lectura del Formato remitido, se obtienen los datos fiscales con los que opera como causahabiente del citado semanario:
-      Que la edición del citado semanario es realizada bajo la causahabiencia de una persona física, a saber, la C. Ma. Elena Avellaneda Mujica.
-      Que la actividad autorizada consiste en la "Edición de periódicos no integrada con la impresión, excepto a través de Internet".
-      Que inició operaciones el primero de octubre de mil novecientos noventa.
Ahora bien, de la adminiculación de cada una de las constancias referidas con antelación, a saber, la Resolución CG258/2008, las portadas del semanario, los escritos de la directora y fundadora del mismo y el Formato fiscal, se deriva lo siguiente:
-      En la portada de las ediciones de cinco y doce de abril de dos mil seis del semanario "El Real Huetamo" fue insertada de forma gratuita, propaganda con la que se promocionó el voto a favor de la otrora Coalición Alianza por México, en específico, a favor del candidato a diputado federal del 11 distrito en Michoacán, postulado por dicha Coalición.
-      Dicho semanario es editado bajo la causahabiencia de una persona física se encuentra registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes, desde mil novecientos noventa, bajo la actividad de edición de periódicos.
Ahora bien, sentado lo anterior, a fin de determinar si lo anterior contraviene la normatividad electoral, debe señalarse lo siguiente:
El artículo 49, párrafo 2, inciso g) del Código Electoral vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho prescribe la prohibición a los partidos políticos de recibir aportaciones o donaciones en dinero o en especie, por sí o interpósita persona, de empresas mexicanas de carácter mercantil. Para el estudio del fondo del presente asunto, resulta imperioso efectuar un análisis para desentrañar o dilucidar el sentido de la disposición en cuestión.
La proscripción de recibir aportaciones de empresas mercantiles responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de las personas jurídicas mencionadas, esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de los intereses particulares de las empresas en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con la propia actividad democrática.
La ratio legis de dicho artículo se traduce en la necesidad de que los partidos políticos nacionales, en tanto entidades de interés público, se encuentren en libertad de realizar sus fines sin que exista vinculación alguna con intereses privados de carácter mercantil. En otras palabras, la norma persigue como finalidad mantener al margen de los procesos democráticos los intereses particulares a los que responde la actividad comercial.
Por otro lado, tratándose de los procesos populares de elección de cargos públicos, la norma intenta impedir que esa contienda por el poder se realice en condiciones de inequidad entre los protagonistas de la misma. En efecto, éste es otro de los valores que la prohibición pretende salvaguardar, ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los partidos políticos.
Por lo tanto, por la capacidad económica de las empresas mercantiles y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad comercial que realice, se prohíbe a las empresas mercantiles realizar aportaciones a los partidos políticos.
Bajo este contexto, a fin establecer el alcance del aludido artículo 49, párrafo 1, inciso g), en cuanto a los sujetos que se encuentran vinculados por la prohibición que impone dicha norma, esto es, si la connotación de empresa se aplica a cualquier persona física o colectiva, simplemente por la actividad comercial que desempeñan, es necesario acudir a una interpretación gramatical y sistemática en relación con los demás ordenamientos del sistema jurídico mexicano.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (vigésima segunda edición) define la palabra empresa como "Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos"; y establece el concepto del término mercantil como "Perteneciente o relativo al mercader, a la mercancía o al comercio"
Por otro lado, es relevante precisar que la doctrina mexicana nos otorga diversas definiciones que pueden considerarse para efectos del presente estudio. En ese sentido, Raúl Cervantes Ahumada, en su libro "Derecho Mercantil", publicado por la editorial Porrúa, define a la empresa como "una universalidad de hecho, constituida por un conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinado para la producción o el intercambio de bienes y servicios destinados al mercado general"; por su parte, Roberto Mantilla Molina, en su libro titulado "Derecho Mercantil", publicado por la misma editorial, la define como "conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios sistemáticamente y con propósito de lucro".
Los significados que ponen a disposición la Real Academia y la doctrina permiten establecer que una empresa es aquella unidad creada para prestar servicios e intercambiar de bienes, con el propósito de obtener lucro; sin embargo, no se puede concluir que una empresa pueda ser conformada o no por una persona física, por lo que resulta necesario acudir a otros ordenamientos mexicanos para poder dilucidar la hipótesis planteada.
En ese entendido, el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 16 lo siguiente:
"Artículo 16
Se entenderá por actividades empresariales las siguientes:
I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes.
(...)
Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se
refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros; por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales."
De la lectura del artículo que se transcribe, se obtiene que empresa es la persona física o jurídica que lleva a cabo actividades empresariales. Esto es, por ejemplo, de conformidad con lo que estipula el Código de Comercio en su artículo 75, fracción IX, quien realiza actividades editoriales. Conviene transcribir el citado artículo en la parte que interesa:
"Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio:
(...)
IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas;
(...)"
Derivado de lo anterior, podemos inferir que para considerar que un ente jurídico constituye una "empresa" no es relevante que ésta sea física o moral, pues basta que de conformidad con la normatividad aplicable cuente con tal carácter.
De lo anterior se puede concluir que una "empresa mexicana de carácter mercantil" es aquella persona física o moral que cuenta con actividades establecidas dentro de la legislación aplicable a la materia; por ejemplo, las personas físicas cuya actividad sea la edición de medios de comunicación impresos con fines lucrativos.
Por lo tanto, el ente jurídico denominado semanario "El Real Huetamo", al editar semanalmente un periódico en el que publican contenidos específicos a cambio de dinero, debe ser considerado como una empresa mexicana de carácter mercantil.
En el presente caso, la aludida colocación gratuita no puede ser entendida como una aportación en especie realizada a título personal por parte de la C. María del Rosario Pineda Macedo, Directora y Fundadora del citado diario semanal, al provenir ese aporte del patrimonio de la citada empresa mexicana de carácter mercantil, pues en todo caso debió mediar un pago y la expedición de un comprobante fiscal, es decir, que el semanario hubiese recibido alguna retribución como contraprestación por colocar, en dos de sus ediciones, publicidad del candidato denunciado.
Esto es, se utilizaron recursos que forman parte del patrimonio de un ente impedido por la normatividad electoral para realizar aportaciones a partidos políticos y coaliciones.
-      De esta forma, se tiene plenamente acreditado que fue una empresa mexicana de carácter mercantil quien insertó propaganda electoral a favor de la otrora Coalición Alianza por México, en específico, a favor del candidato a diputado federal del 11 distrito en Michoacán, postulado por la Coalición Alianza por México, en la portada de las ediciones de cinco y doce de abril de dos mil seis del semanario "El Real Huetamo", y, de este modo, que fue una empresa mexicana de carácter mercantil quien realizó la aportación en especie a favor de dicha Coalición.
Al respecto, transcribir la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.-La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a
disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante partido político que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica -culpa in vigilando- sobre las personas que actúan en su ámbito.
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.-Partido Revolucionario Institucional.-13 de mayo de 2003.-Mayoría de cuatro votos.-Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.-Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.-
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.
Sala Superior, tesis S3EL 034/2004."
[Enfasis añadido]
La tesis en comento destaca el deber de vigilancia que tienen los partidos políticos sobre las personas que actúan dentro de su ámbito. Así, las conductas de cualquiera de los dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o incluso de personas distintas que actúen dentro del ámbito de actividad del partido, son responsabilidad del propio partido político.
En este tenor y adoptando el criterio que este Consejo General utilizó para sancionar dentro de la Resolución CG248/2008, por la que se resolvió el procedimiento identificado con el número JGE/QPBT/JL/MICH/154/2006 y por la que se ordenó que se iniciase procedimiento que por esta vía se resuelve, la otrora Coalición Alianza por México es imputable por la conducta cometida por la citada empresa mexicana de carácter mercantil, consistente en realizar una aportación en especie a favor de dicha Coalición.
En razón de lo anterior, el presente procedimiento sancionador electoral debe declararse fundado, toda vez que se acreditó que la otrora Coalición Alianza por México recibió una aportación en especie por parte de una empresa mexicana de carácter mercantil, en contravención al artículo 49, párrafo 2, inciso g), en relación con el 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho.
5. Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita y la responsabilidad de la otrora Coalición Alianza por México, de conformidad en el artículo 378 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el catorce de enero de dos mil ocho, y de acuerdo con los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia SUP-RAP-85/2006, así como en las tesis de jurisprudencia de rubros "ARBITRIO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" y "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACION E INDIVIDUALIZACION", este Consejo General debe determinar las sanciones correspondientes.
Así las cosas, con base en los criterios citados, y en lo considerado y expuesto en esta misma Resolución, se procede a determinar la sanción correspondiente:
A. Calificación de la falta.
Tal como quedó establecido, la calificación de la falta debe encontrar sustento en el examen del tipo de infracción (acción u omisión); las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizó la falta que se imputa; la existencia de dolo o culpa y, en su caso, los medios utilizados para determinar la intención en el obrar; la trascendencia de la norma transgredida; los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados se generaron o pudieron producirse; la reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la reincidencia, y, por último, la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
a. Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia SUP-RAP-098/2003, ha señalado que las infracciones de acción, en sentido estricto, se realizan a través de actividades positivas, que conculcan una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone.
En la especie, la otrora Coalición Alianza por México quebrantó con la normatividad electoral en materia de fiscalización a través de la acción de incumplir con una obligación de no hacer, consistente de no recibir aportaciones en especie de empresas mexicanas de carácter mercantil.
En este sentido, la conducta infractora desplegada por la otrora Coalición Alianza por México consiste en una acción.
b. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó la falta que se imputa.
+ Modo: La falta se concretizó del siguiente modo: la otrora Coalición Alianza por México recibió una aportación en especie por parte de una empresa mexicana de carácter mercantil, del semanario denominado "El Real Huetamo" al publicarse en el mismo, por orden de su directora, propaganda electoral a favor del C. Eustolio Nava Ortiz, entonces candidato a diputado federal por el 11 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán, sin que mediara pago o contrato alguno.
+ Tiempo: La falta se concretizó los días cinco y doce de abril de dos mil seis.
+ Lugar: La falta se concretizó en el Municipio de Huetamo, Estado de Michoacán.
c. La existencia de dolo o culpa, y, en su caso, los medios utilizados para determinar la intención en el obrar.
La otrora Coalición Alianza por México incumplió con su deber de vigilancia que tiene respecto de las conductas de cualquiera de las personas que actúan bajo su ámbito, por lo que al no realizar ninguna acción que inhibiera o retirara del mercado la propaganda electoral que promocionaba al C. Eustolio Nava Ortiz, entonces candidato a diputado federal por el distrito 11 del Estado de Michoacán de la otrora Coalición Alianza por México, se hace responsable de manera culposa de la aportación en especie de persona prohibida.
d. La trascendencia de las normas transgredidas.
La falta que ha quedado acreditada implica el incumplimiento de obligaciones de carácter sustancial que contribuyen a dar credibilidad al sistema político pues reduce la dependencia de los partidos respecto de grandes intereses privados, y tiende a evitar prácticas de financiamiento ilícito.
En efecto, la prohibición a los partidos políticos de recibir de las empresas mexicanas de carácter mercantil aportaciones o donativos en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona, tiene como finalidad destruir los efectos de una relación perversa entre los políticos y los empresarios: el corporativismo, el clientelismo, el tráfico de influencias y las ventajas turbias.
Así las cosas, puede derivarse que el propósito de las normas citadas, que subyacentemente justifican su existencia, consiste en otorgar a la autoridad electoral las herramientas para que ejerza efectivamente su función de vigilancia y fiscalización sobre manejo de los recursos de los partidos políticos, a efecto de tutelar que los mismos partidos cumplan con su finalidad esencial, dispuesta en el artículo 41 de la Constitución, consistente en coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del país sin influencias indebidas. En este sentido, la norma violada es de significativa importancia para el desarrollo democrático del país; pues su incumplimiento implicaría una merma a dicho desarrollo.
e. Los efectos que produce la trasgresión respecto de los objetivos (fin de la norma) y los valores jurídicos tutelados por la normativa electoral.
En la especie, la otrora Coalición Alianza por México incumplió con la obligación que le imponen los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 2, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, al existir una aportación en especie por parte de una empresa mexicana de carácter mercantil a la campaña del candidato a diputado federal por el distrito 11 del Estado de Michoacán de la citada Coalición.
Por lo tanto, el efecto producido por la trasgresión a las normas citadas consistió, por un lado, en el beneficio inequitativo obtenido por la Coalición Alianza por México al publicarse propaganda electoral sin que medie pago alguno por la misma, y, por otro, en la merma a los principios de independencia que deben revestir a la actividad política de los partidos o coaliciones que participen en una contienda electoral.
Es de tomarse en cuenta que la publicación de la citada propaganda electoral generó un impacto menor pero el suficiente para beneficiar al candidato a diputado federal por el distrito 11 electoral federal en el Estado de Michoacán y por ende a la otrora Coalición Alianza por México, toda vez que la directora del semanario "El Real Huetamo" informó que el mismo sólo se distribuye en el Municipio del mismo nombre y que el número máximo de ejemplares que realiza es de 500. Cabe señalar que de la página de Internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática INEGI se desprende que el municipio de Real Huetamo tiene una población aproximada de 21,302 habitantes, lo que permite sostener la consideración antes vertida de que la conducta denunciada generó un impacto mínimo en el desarrollo de la elección pero el suficiente para beneficiar a la citada Coalición.
f. La vulneración sistemática a una misma obligación.
En la especie no existe una vulneración reiterada por parte de la otrora Coalición Alianza por México respecto de esta obligación, pues la conducta ilícita fue consumada a través de una sola acción: al recibir la aportación en especie por parte de una empresa mexicana de carácter mercantil, consistente en la inserción de propaganda electoral a favor de dicha Coalición en dos ediciones del semanario "El Real Huetamo"; así, sólo se necesitó de una acción para que se acreditara la vulneración al marco legal electoral.
g. Singularidad o pluralidad de las faltas cometidas.
En la especie, existe singularidad en la falta cometida, pues sólo quedó acreditado que la otrora Coalición Alianza por México recibió una aportación en especie por parte de persona prohibida por la ley.
Así, del análisis realizado en cada uno de los incisos anteriores, la conducta irregular cometida por la otrora Coalición Alianza por México debe calificarse como grave ordinaria, pues se reitera:
-      La conducta ilícita acreditada es de acción;
-      Quedó acreditada la existencia de culpa, esto es, la contravención a la normatividad electoral originada por una falta de cuidado;
-      La publicación de la citada propaganda electoral generó un impacto menor pero el suficiente para generar un beneficio inequitativo al publicarse propaganda electoral sin que medie pago alguno del beneficiado, y
-      Las normas transgredidas son de gran trascendencia.
B. Individualización de la sanción.
Una vez que este Consejo General ha calificado la falta que quedó acreditada en la presente Resolución, es preciso hacer un análisis de los siguientes elementos a efecto de individualizar la sanción correspondiente:
I. La calificación de la falta cometida.
La falta cometida por la otrora Coalición Alianza por México fue calificada como grave ordinaria porque tal y como quedó señalado, recibió una aportación en especie por parte de una empresa mexicana de carácter mercantil, constituyendo con esto la acción de incumplimiento de la obligación de no hacer.
II. La entidad de la lesión generada con la comisión de la falta.
Las normas que imponen la obligación de que los partidos políticos cumplan con su deber de vigilancia tienen el objeto de que dichos institutos políticos vigilen las conductas de cualquiera de los dirigentes, simpatizantes, miembros o trabajadores o incluso de personas distintas, siempre que sean de interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad del partido o coalición, con las cuales se configure una transgresión a las normas establecidas, y se vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas protegen, es responsabilidad del propio partido o coalición, porque entonces habrá incumplido su deber de vigilancia.
Así, el efecto producido por faltar a su deber de cuidado y por la trasgresión a las normas citadas consistió, por un lado, en el beneficio inequitativo obtenido por la Coalición Alianza por México al publicarse propaganda electoral sin que medie pago alguno por la misma, y, por otro, en la merma a los principios de independencia y certeza que deben revestir a la actividad política de los partidos o coaliciones que participen en una contienda electoral.
III. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia).
Dentro de los archivos de la autoridad fiscalizadora electoral no existe constancia de que la Coalición Alianza por México haya cometido, con anterioridad en otros ejercicios, una falta del mismo tipo.
Ahora bien, establecido lo anterior, deben tomarse en cuenta que las sanciones que se pueden aplicar a los entes políticos infractores se encuentran especificadas en el artículo 269, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado el quince de agosto de mil novecientos noventa, a saber:
a)    Amonestación pública;
b)    Multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
c)     Reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda por el período que señale la Resolución;
d)    Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el período que señale la Resolución;
e)    Negativa del registro de las candidaturas;
f)     Suspensión de su registro como partido político o agrupación política; y
g)    La cancelación de su registro como partido político o agrupación política.
Es importante destacar que si bien la sanción debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, no es menos cierto que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora.
Finalmente, este órgano electoral considera que no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento por parte de la autoridad referente al principio de certeza que debe guiar su actividad.
En este orden de ideas y en atención a los criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la individualización de la sanción, se estima necesario decidir cuál de las sanciones señalas en el catálogo del párrafo 1, del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, resulta apta para cumplir con el propósito persuasivo e inhibitorio de conductas similares a la conducta cometida por la Coalición Alianza por México.
En este sentido, toda vez que la otrora Coalición incumplió con su deber de vigilancia que tiene respecto de las conductas de cualquiera de las personas que actúan dentro de su ámbito; que la mencionada propaganda electoral generó un impacto menor pero el suficiente para beneficiar al candidato y a la Coalición; y, aun cuando la falta acreditada se ha calificado como grave ordinaria, una sanción pecuniaria derivada de los incisos b), c) o d) resultaría excesiva y desproporcionada.
Tampoco las sanciones contenidas en los incisos e), f) y g) son adecuadas para satisfacer los propósitos mencionados, pues resultarían excesivas en razón de lo siguiente: La negativa del registro de las candidaturas y la suspensión o cancelación del registro como partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas en que la autoridad deba obstaculizar de manera terminante la violación a los fines perseguidos por el derecho sancionador; esto es, que dichos fines no se puedan cumplir de otra manera que no sea la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente; por ello, la negativa del registro de las candidaturas, la suspensión o cancelación del registro a la Coalición Alianza por México o a los partidos que la integraron no es la sanción aplicable al caso concreto, además de que resultaría descomunal, pues de la falta acreditada no se puede derivar que la participación de dicha Coalición en las elecciones o su subsistencia sea nociva para la sociedad o que no mantenga los requisitos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Así, por lo considerado hasta el momento y por la exclusión de las sanciones contempladas en los incisos b), c), d), e), f) y g) se podría concluir que la sanción que se debe imponer a los partidos políticos que integraron la otrora Coalición Alianza por México es la prevista en el inciso a), es decir, una amonestación pública, pues resulta suficiente para generar en la Coalición infractora esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, pues -como se explicó en el párrafo ante precedente- una multa pecuniaria resultaría excesiva y desproporcionada, sobre todo porque no existió mayor afectación con las aportaciones hechas por la citada empresa mexicana de carácter mercantil.
Ahora, no debe pasar desapercibido que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales citado, vigente al momento del inicio del presente procedimiento -como quedó explicado en el punto considerativo 2-, fue abrogado a la entrada en vigor del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado el catorce de enero de dos mil ocho.
Sin embargo, aun cuando en este último Código electoral también se contemplan diversas sanciones que pueden ser impuestas a los partidos políticos, incluida la sanción de amonestación pública, toda vez que la sanción que estima aplicable es la menor de entre todas las contempladas en ambos códigos, no es dable valorar si las mismas benefician a la otrora Coalición, y, en este sentido, si deben o no aplicarse retroactivamente.
En mérito de lo que antecede, se concluye que la sanción que debe ser impuesta a los partidos político que integraron la otrora Coalición Alianza por México consiste en una amonestación pública, la cual está prevista en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, y que resulta adecuada, pues es proporcional a la falta cometida y la afectación causada; puede generar conciencia en los partidos infractores y en el resto de los institutos políticos; se consideró la calificación de la falta, así como todos los aspectos objetivos y subjetivos, tales como las condiciones y circunstancias de la falta cometida (entre los que se encuentran el hecho de que la contravención a la normatividad electoral tuvo su origen en una falta de cuidado), y los efectos correctivos en orden a su trascendencia dentro del sistema jurídico.
Debe señalarse que toda vez que la sanción que debe imponerse a los partidos políticos que integraron la otrora Coalición Alianza por México no es pecuniaria, resulta innecesario considerar la capacidad económica de los mismos.
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 81, párrafo 1, inciso o), 109, párrafo 1, 118, párrafo 1, incisos h) y w), 372, párrafo 1, inciso a), 377, párrafo 3 y 378, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, se
 
RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo sancionador electoral, instaurado en contra de la Coalición Alianza por México.
SEGUNDO. Se impone una amonestación pública al Partido Revolucionario Institucional, integrante de la otrora Coalición Alianza por México, en los términos previstos en el considerando 5 de la presente Resolución.
TERCERO. Se impone una amonestación pública al Partido Verde Ecologista de México, integrante de la otrora Coalición Alianza por México, en los términos previstos en el considerando 5 de la presente Resolución.
CUARTO. Notifíquese personalmente la Resolución de mérito.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de mayo de dos mil nueve, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita, y un voto en contra de la Consejera Electoral Doctora María Macarita Elizondo Gasperín.
El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
 

 

 

 

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