DOF: 01/04/2011
DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Repblica de Singapur para la Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones, firmado en Singapur el doce de noviembre de dos mil nueve

DECRETO Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Singapur para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Singapur el doce de noviembre de dos mil nueve.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a sus habitantes, sabed:

El doce de noviembre de dos mil nueve, en la ciudad de Singapur, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con el Gobierno de la República de Singapur, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.

El Acuerdo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el siete de diciembre de dos mil diez, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del tres de marzo de dos mil once.

Las notificaciones a que se refiere el artículo 30 del Acuerdo, se efectuaron en la ciudad de Singapur el veinte de julio de dos mil diez y el cuatro de marzo de dos mil once.

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el treinta de marzo de dos mil once.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el tres de abril de dos mil once.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano.- Rúbrica.

JOEL ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA, CONSULTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,

CERTIFICA:

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a México del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Singapur para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Singapur el doce de noviembre de dos mil nueve, cuyo texto en español es el siguiente:

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO  DE LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN  RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Singapur, en adelante denominados "las Partes Contratantes",

DESEANDO intensificar la cooperación económica para su beneficio mutuo;

PROPONIÉNDOSE crear y mantener condiciones favorables para las inversiones realizadas por los inversionistas de una Parte Contratante en el Área de la otra Parte Contratante; y

RECONOCIENDO la necesidad de promover y proteger las inversiones extranjeras con el objeto de fomentar los flujos de capital productivo y la prosperidad económica;

Han acordado lo siguiente:

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1

Definiciones

Para efectos del presente Acuerdo, el término:

1.      "Área" significa:

(a)   respecto a los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo referido como "México"):

(i)      los estados de la Federación y el Distrito Federal;

(ii)     las islas, incluidos los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;

(iii)    las islas de Guadalupe y Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico;

(iv)    la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;

(v)     las aguas de los mares territoriales, en la extensión y términos que fije el derecho internacional, y las aguas marítimas interiores;

(vi)    el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establece el propio derecho internacional; y

(vii)   toda zona más allá de los mares territoriales de México dentro de la cual México pueda ejercer derechos sobre el fondo y el subsuelo marinos y sobre los recursos naturales que estos contengan, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con sus reformas, así como con su legislación interna; y

(b)   con respecto a la República de Singapur, su territorio, aguas internas y mar territorial, así como cualquier área marítima situada más allá del mar territorial, la cual ha sido o puede ser designada en el futuro en su derecho nacional de conformidad con el derecho internacional como un área en la cual Singapur puede ejercer derechos de soberanía o jurisdicción con respecto al mar, el fondo del mar, el subsuelo y los recursos naturales.

2       "empresa" significa cualquier entidad constituida u organizada conforme a la legislación aplicable de una Parte Contratante, tenga o no fines de lucro, y sea de propiedad privada o gubernamental, incluida cualquier sociedad, fideicomiso, asociaciones ("partnerships"), empresa de propietario único, coinversión u otra asociación, y una sucursal de una empresa;

3       "divisa de libre uso" significa "divisa de libre uso" según lo determinado por el Fondo Monetario Internacional en sus Artículos del Acuerdo y cualquiera de sus reformas;

4.      "CIADI" significa el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones;

5.      "Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI" significa las Reglas del Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos por la Secretaría del CIADI, con sus reformas;

6.      "Convenio del CIADI" significa el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, adoptado en Washington el 18 de marzo de 1965, con sus reformas;

7.      "inversión" significa un activo propiedad o controlado, directa o indirectamente, por inversionistas de una Parte Contratante y establecido o adquirido de conformidad con las leyes y reglamentos de la otra Parte Contratante en cuya Área se efectúa la inversión, y en particular incluye:

(a)   una empresa;

(b)   acciones, valores y otras formas de participación de capital en una empresa, o futuros, opciones y otros derivados;

(c)   bonos, obligaciones y otros instrumentos de deuda de una empresa:

(i)      cuando la empresa es una filial del inversionista; o

(ii)     cuando la fecha de vencimiento original del instrumento de deuda sea por lo menos de tres años, pero no incluye un instrumento de deuda de una Parte Contratante o de una entidad propiedad o controlada directamente por una Parte Contratante, independientemente de la fecha original del vencimiento;

(d)   préstamos a una empresa:

(i)      cuando la empresa es una filial del inversionista; o

(ii)     cuando la fecha de vencimiento original del préstamo sea por lo menos de tres años, pero no incluye un préstamo a una Parte Contratante o a una entidad propiedad o controlada directamente por una Parte Contratante, independientemente de la fecha original del vencimiento;

(e)   la participación que resulte del capital u otros recursos en el Área de una Parte Contratante destinados al desarrollo de una actividad económica en dicha Área, tales como:

(i)      contratos que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en el Área de la otra Parte Contratante, incluidos los contratos de llave en mano o de construcción, o concesiones;

(ii)     contratos en los que la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o ganancias de una empresa; o

(iii)    licencias, autorizaciones, permisos e instrumentos similares;

(f)    Propiedad mobiliaria o inmobiliaria, y los derechos relacionados tales como arrendamiento, hipotecas, usufructos o prendas, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales;

(g)   derechos de propiedad intelectual; y

(h)   reclamaciones pecuniarias que conlleven los tipos de intereses dispuestos en los incisos (a) a (g) anteriores, mas no reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de:

(i)      contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por un nacional o empresa en el Área de una Parte Contratante a una empresa en el Área de la otra Parte Contratante; o

(ii)     el otorgamiento de crédito en relación con una transacción comercial, como el financiamiento al comercio, salvo un préstamo cubierto por las disposiciones del inciso (d) anterior;

8.      "inversionista de una Parte Contratante" significa:

(a)   una persona física que tenga la nacionalidad de una Parte Contratante de conformidad con su legislación aplicable; o

(b)   una empresa que se encuentre constituida o de otro modo organizada conforme a la legislación de una Parte Contratante, y que tenga operaciones sustantivas de negocios en el Área de esa Parte Contratante;

que haya realizado una inversión en el Área de la otra Parte Contratante;

9.      "Convención de Nueva York" significa la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, adoptada en el marco de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 10 de junio de 1958, con sus reformas;

10.    "Reglas de Arbitraje de la CNUDMI" significa las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de diciembre de 1976, con sus reformas;

ARTÍCULO 2

Admisión de las Inversiones

Cada Parte Contratante admitirá las inversiones realizadas por inversionistas de la otra Parte Contratante de conformidad con su legislación y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II: PROTECCIÓN A LAS INVERSIONES

ARTÍCULO 3

Trato Nacional y Trato de la Nación más Favorecida

1.      Cada Parte Contratante otorgará a los inversionistas de la otra Parte Contratante y a sus inversiones un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas y a las inversiones de sus propios inversionistas en lo referente a la administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de las inversiones.

2.      Cada Parte Contratante otorgará a los inversionistas de la otra Parte Contratante y a sus inversiones, un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas y a las inversiones de inversionistas de cualquier tercer Estado en lo referente a la administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de las inversiones.

3.      Este Artículo no será interpretado en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversionistas de la otra Parte Contratante y a sus inversiones, los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio que pueda ser otorgado por esa Parte Contratante en virtud de:

(a)   cualquier organización de integración económica regional, área de libre comercio, unión aduanera, unión monetaria u otra forma de integración similar, existente o futura, respecto de la cual una de las Partes Contratantes sea parte o llegue a ser parte, o cualquier acuerdo relativo a la promoción o protección de inversiones, cuya entrada en vigor haya sido anterior a 1991;

(b)   cualquier derecho u obligación de una Parte Contratante que derive de un convenio o arreglo internacional, parcial o principalmente en materia fiscal. En caso de discrepancia entre las disposiciones del presente Acuerdo y cualquier otro convenio o arreglo internacional en materia fiscal, prevalecerán las disposiciones de este último.

4.      Para mayor certeza, el párrafo 2 de este Artículo no será interpretado como otorgamiento a los inversionistas de opciones o procedimientos para la solución de controversias diferentes a los indicados en este Acuerdo.

ARTÍCULO 4

Nivel Mínimo de Trato

1.      Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, lo que incluye trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.

2.      Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe el nivel mínimo de trato para extranjeros[1] conforme al derecho internacional consuetudinario como el nivel mínimo de trato que debe otorgarse a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante. Los conceptos de "trato justo y equitativo" y "protección y seguridad plenas" no requieren un trato adicional al requerido por dicho nivel mínimo de trato, o que vaya más allá de éste, y no crea derechos sustantivos adicionales.

3.      Una resolución en el sentido de que se ha violado otra disposición del presente Acuerdo, o de un acuerdo internacional distinto, no establece que se ha violado el presente Artículo.

ARTÍCULO 5

Compensación por Pérdidas

Los inversionistas de una Parte Contratante cuyas inversiones en el Área de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debido a guerra, conflicto armado, estado de emergencia nacional, insurrección, motín o cualquier otro evento similar en el Área de esta última Parte Contratante recibirán, con respecto a medidas tales como la restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, un trato no menos favorable que el trato que la otra Parte Contratante otorgue a sus propios inversionistas o inversionistas de cualquier tercer Estado.

ARTÍCULO 6

Expropiación e Indemnización

1.      Ninguna Parte Contratante podrá expropiar o nacionalizar una inversión, directa o indirectamente, a través de medidas equivalentes a expropiación o nacionalización (en lo sucesivo "expropiación"), salvo que sea:

(a)   por causa de utilidad pública;

(b)   sobre bases no discriminatorias;

(c)   con apego al principio de legalidad; y

(d)   mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo 2 siguiente.

2.      La indemnización:

(a)   será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la expropiación se haya llevado a cabo. El valor justo de mercado no reflejará cambio alguno en el valor debido a que la expropiación hubiere sido conocida públicamente con antelación.

        Los criterios de valuación podrán incluir el valor corriente, el valor de los activos, incluido el valor fiscal declarado de la propiedad de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado;

(b)   será pagada sin demora;

(c)   incluirá intereses a una tasa comercial razonable para la moneda en que dicho pago se realice, a partir de la fecha de expropiación hasta la fecha efectiva de pago; y

(d)   será completamente liquidable y libremente transferible.

3.      No obstante lo indicado en los párrafos 1 y 2, cualquier medida relacionada con la expropiación de tierras, la cual deberá estar definida en las leyes y reglamentos domésticos, con sus reformas correspondientes, de cada Parte Contratante, será con un propósito y mediante el pago de compensación de conformidad con las leyes y reglamentos antes mencionados.

ARTÍCULO 7

Transferencias

1.      Cada Parte Contratante permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión de un inversionista de la otra Parte Contratante sean realizadas libremente y sin demora hacia y desde su Área. Las transferencias se efectuarán en una divisa de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha de la transferencia. Dichas transferencias incluirán:

(a)   ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos de regalías, pagos por administración, pagos por asistencia técnica y otras remuneraciones, así como otras sumas derivadas de la inversión;

(b)   productos derivados de la venta total o parcial de la inversión, o de la liquidación total o parcial de la inversión;

(c)   pagos realizados conforme a un contrato del que sea parte un inversionista o su inversión, incluidos pagos efectuados conforme a un convenio de préstamo;

(d)   pagos derivados de una indemnización por compensación por pérdidas o expropiación; y

(e)   pagos derivados del Capítulo III, Sección Primera.

2.      No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 anterior, una Parte Contratante podrá impedir la realización de una transferencia por medio de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de su legislación en los siguientes casos:

(a)   quiebra, insolvencia o protección de los derechos de acreedores;

(b)   emisión, comercio u operaciones de valores, futuros, opciones y derivados;

(c)   infracciones penales o administrativas;

(d)   informes financieros o registros de transferencias de divisas u otros instrumentos monetarios, cuando sea necesario acudir a la aplicación de la ley o a las autoridades financieras regulatorias;

(e)   asegurar el cumplimiento de los juicios, órdenes o sentencias en procedimientos judiciales o administrativos; o

(f)    seguridad social, jubilación pública o planes de ahorro obligatorios.

3.      En caso de un desequilibrio fundamental en la balanza de pagos o de una amenaza a la misma, una Parte Contratante podrá temporalmente restringir las transferencias, siempre y cuando dicha Parte Contratante instrumente medidas o un programa de conformidad con los Artículos del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Estas restricciones serán aplicadas sobre una base equitativa no discriminatoria y de buena fe.

ARTÍCULO 8

Subrogación

1.      Si una Parte Contratante o la entidad por ella designada ha otorgado una garantía financiera contra riesgos no comerciales respecto a una inversión efectuada por uno de sus inversionistas en el Área de la otra Parte Contratante, y realiza un pago al amparo de tal garantía, o ejerce sus derechos como subrogatario, esta última Parte Contratante reconocerá la subrogación de cualquier derecho, título, reclamación, privilegio o derecho de acción. La Parte Contratante o la entidad por ella designada no ejercerá mayores derechos que aquéllos que tenía la persona o la entidad de quienes tales derechos fueron recibidos.

2.      En caso de que surja una controversia, sólo el inversionista o la entidad designada que opere de conformidad con principios comerciales podrá iniciar o participar en procedimientos ante un tribunal nacional o someter el caso a arbitraje internacional de conformidad con las disposiciones de la Sección Primera del Capítulo III.

CAPÍTULO III: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

SECCIÓN PRIMERA: Solución de controversias entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante

ARTÍCULO 9

Objetivo

La presente Sección aplicará a las controversias que se susciten entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante derivadas de un presunto incumplimiento de una obligación establecida en el Capítulo II que tenga aparejado un daño o pérdida.

ARTÍCULO 10

Notificación de Intención y Consultas

1.      Las partes contendientes intentarán primero dirimir la controversia por medio de consultas o negociación.

2.      Con el objeto de resolver la controversia de forma amistosa, el inversionista contendiente notificará por escrito a la Parte Contratante contendiente su intención de someter una reclamación a arbitraje cuando menos seis meses antes de que la reclamación sea presentada bajo el Artículo 11. La notificación especificará:

(a)   el nombre y domicilio del inversionista contendiente y, cuando la reclamación sea realizada por un inversionista en representación de una empresa de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 11, el nombre y domicilio de la empresa;

(b)   las disposiciones del Capítulo II presuntamente incumplidas;

(c)   las cuestiones de hecho y de derecho en que se funda la reclamación;

(d)   el tipo de inversión involucrada de acuerdo con la definición establecida en el Artículo 1; y

(e)   la reparación solicitada y el monto aproximado de los daños reclamados.

ARTÍCULO 11

Sometimiento de una Reclamación

1.      Un inversionista de una Parte Contratante podrá someter una reclamación a arbitraje en el sentido de que la otra Parte Contratante ha incumplido una obligación establecida en el Capítulo II, y que el inversionista ha sufrido pérdida o daño en virtud de ese incumplimiento o como consecuencia de éste.

2.      Un inversionista de una Parte Contratante, en representación de una empresa legalmente constituida conforme a la legislación de la otra Parte Contratante, que sea una persona moral propiedad de dicho inversionista o que esté bajo su control, directo o indirecto, podrá someter a arbitraje una reclamación en el sentido de que la otra Parte Contratante ha incumplido una obligación establecida en el Capítulo II, y que la empresa ha sufrido pérdida o daño en virtud de ese incumplimiento o como consecuencia de éste.

3.      Un inversionista contendiente podrá someter una reclamación a arbitraje de conformidad con:

(a)   el Convenio del CIADI, siempre que tanto la Parte Contratante contendiente y la Parte Contratante del inversionista sean partes del Convenio del CIADI;

(b)   el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI, cuando la Parte Contratante contendiente o la Parte Contratante del inversionista, pero no ambas, sea parte del Convenio del CIADI;

(c)   las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI; o

(d)   cualesquier otras reglas de arbitraje o de cualquier otra institución de arbitraje, si las partes contendientes así lo acuerdan.

4.      Un inversionista contendiente podrá someter una reclamación a arbitraje únicamente si:

(a)   el inversionista manifiesta su consentimiento al arbitraje de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente Sección; y

(b)   el inversionista y, cuando la reclamación se refiera a pérdida o daño de una participación de una empresa de la otra Parte Contratante que sea una persona moral propiedad del inversionista o que esté controlada por éste, directa o indirectamente, la empresa renuncia a su derecho  de iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial de conformidad con la legislación de la Parte Contratante contendiente u otros procedimientos  de solución de controversias con respecto a la medida de la Parte Contratante contendiente presuntamente violatoria del Capítulo II, salvo los procedimientos en los que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declarativo o extraordinario, que no impliquen el pago de daños, ante un tribunal administrativo o judicial, de conformidad con la legislación de la Parte Contratante contendiente.

5.      Un inversionista contendiente podrá someter una reclamación a arbitraje en representación de una empresa de la otra Parte Contratante que sea una persona moral propiedad del inversionista o que esté bajo su control, directo o indirecto, únicamente si tanto el inversionista como la empresa:

(a)   manifiestan su consentimiento al arbitraje conforme a los procedimientos establecidos en esta Sección; y

(b)   renuncian a su derecho de iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial de conformidad con la legislación de una Parte Contratante contendiente u otros procedimientos de solución de controversias con respecto a la medida de la Parte Contratante contendiente presuntamente violatoria del Capítulo II, salvo los procedimientos en los que se solicite la aplicación de medidas precautorias de carácter suspensivo, declarativo o extraordinario, que no impliquen el pago de daños ante un tribunal administrativo o judicial, de conformidad con la legislación de la Parte Contratante contendiente.

6.      El consentimiento y la renuncia requeridos por este Artículo deberán manifestarse por escrito, ser entregados a la Parte Contratante contendiente e incluidos en el sometimiento de una reclamación a arbitraje.

7.      Las reglas de arbitraje aplicables regirán el arbitraje, salvo en la medida de lo modificado por  esta Sección.

8.      Una controversia podrá ser sometida a arbitraje si el inversionista ha entregado a la Parte Contratante contendiente la notificación de intención a que se refiere el Artículo 10, siempre que no haya transcurrido un plazo mayor a tres años contados a partir de la fecha en que el inversionista o la empresa de la otra Parte Contratante que sea una persona moral propiedad del inversionista o que esté bajo su control, directo o indirecto, tuvo por primera vez o debió haber tenido conocimiento por primera vez de la presunta violación por la cual el inversionista o la empresa incurrió en pérdida o daño.

9.      Si el inversionista o una empresa propiedad del inversionista o controlada por éste presenta la controversia referida en los párrafos 1 ó 2 anteriores ante un tribunal administrativo o judicial competente de  la Parte Contratante contendiente, la misma controversia no podrá ser sometida a arbitraje de acuerdo con lo establecido en esta Sección.

ARTÍCULO 12

Consentimiento de la Parte Contratante

1.      Cada Parte Contratante consiente de manera incondicional en someter una controversia a arbitraje internacional de conformidad con esta Sección.

2.      El consentimiento y sometimiento de una reclamación a arbitraje por parte del inversionista contendiente se considerarán en cumplimiento con los requisitos señalados en:

(a)   el Capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) y el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI, relativo al consentimiento por escrito de las partes contendientes; y

(b)   el Artículo II de la Convención de Nueva York, relativo al "acuerdo por escrito".

ARTÍCULO 13

Integración del Tribunal Arbitral

1.      A menos que las partes contendientes acuerden otra cosa, el tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros. Cada parte contendiente nombrará un árbitro, y las partes contendientes nombrarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien será el Presidente del tribunal arbitral. En cualquier caso las partes contendientes se asegurarán que los Miembros de los tribunales arbitrales no sean nacionales de ninguna de las Partes Contratantes.

2.      Si un tribunal arbitral no ha sido integrado dentro de un término de 90 días contados a partir de la fecha en que la reclamación fue sometida a arbitraje, ya sea porque una de las partes contendientes no hubiere designado un árbitro o porque las partes contendientes no hubieren llegado a un acuerdo en el nombramiento del Presidente del tribunal, el Secretario General del CIADI, a petición de cualquiera de las partes contendientes, designará, a su discreción, al árbitro o árbitros aún no designados. No obstante, el Secretario General del CIADI se asegurará que el Presidente del tribunal no sea nacional o residente permanente de alguna de las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 14

Acumulación

1.      Cuando dos o más reclamaciones hayan sido sometidas separadamente a arbitraje al amparo del Artículo 11 y las reclamaciones tengan aspectos comunes de derecho o de hecho y se deriven de los mismos eventos o circunstancias, cualquier parte contendiente podrá solicitar una orden de acumulación de acuerdo con el consentimiento de todas las partes contendientes que hayan solicitado estar sujetas a la orden o los términos de los párrafos 2 al 10 de este Artículo.

2.      Una parte contendiente que requiera una orden de acumulación bajo este Artículo entregará por escrito una solicitud a la Secretaría General del CIADI y una copia de su solicitud a cualquiera de las partes contendientes que hayan solicitado estar sujetas a la orden de acumulación y especificará en la solicitud:

(a)   los nombres y domicilios de todas las partes contendientes que hayan solicitado estar sujetas a la orden;

(b)   la naturaleza de la orden solicitada, y

(c)   el fundamento en que se basa la solicitud.

3.      A menos que la Secretaría General del CIADI constate dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la solicitud del párrafo 2, que la solicitud es manifiestamente infundada, un tribunal será establecido bajo este Artículo.

4.      A menos que todas las partes contendientes que hayan solicitado estar sujetas a la orden, acuerden otra cosa, un tribunal establecido bajo este Artículo estará integrado por tres árbitros:

(a)   un árbitro designado por acuerdo de los inversionistas contendientes;

(b)   un árbitro designado por la Parte Contratante contendiente; y

(c)   el árbitro que preside designado por la Secretaría General del CIADI, siempre que el árbitro presidente no sea un nacional de ninguna de las Partes.

5.      Si dentro de un plazo de 60 días después de que la Secretaría General del CIADI reciba una solicitud hecha conforme al párrafo 2, la Parte Contratante contendiente o el inversionista contendiente no designen un árbitro de conformidad con el párrafo 4, la Secretaría General, a petición de cualquier parte contendiente que haya solicitado estar sujeta a la orden, designará al árbitro o árbitros que aún no han sido designados. Si la Parte Contratante contendiente no designa un árbitro, la Secretaría General del CIADI designará un nacional de la Parte Contratante contendiente, y si los inversionistas contendientes no designan un árbitro, la Secretaría General del CIADI designará un nacional de una parte no contendiente.

6.      Cuando un tribunal establecido al amparo de este Artículo esté satisfecho que dos o más reclamaciones que hayan sido sometidas a arbitraje bajo el Artículo 11 tienen aspectos comunes de derecho o de hecho, el tribunal podrá, en el interés de una solución justa y eficiente de las reclamaciones y después de escuchar a las partes contendientes involucradas, por orden:

(a)   asumir jurisdicción, desahogar y resolver de manera conjunta, todas o parte de las reclamaciones; o

(b)   asumir jurisdicción, desahogar y resolver una o más de las reclamaciones, sobre la base de que ello contribuiría a la resolución de las otras.

7.      Cuando un tribunal haya sido establecido de conformidad con este Artículo, un inversionista contendiente que ha sometido una reclamación a arbitraje al amparo del Artículo 11 y que no ha sido nombrado en una solicitud hecha de acuerdo con el párrafo 2, podrá hacer una solicitud por escrito al tribunal para ser incluido en cualquier orden hecha de acuerdo con el párrafo 6, y se especificará en la solicitud:

(a)   el nombre y dirección del inversionista contendiente;

(b)   la naturaleza de la orden solicitada, y

(c)   el fundamento en que se basa la solicitud.

El inversionista contendiente entregará copia de su solicitud a la Secretaría General del CIADI.

8.      Un tribunal establecido de acuerdo con este Artículo conducirá sus procedimientos de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI, excepto en lo modificado por esta Sección.

9.      Un tribunal establecido conforme al Artículo 13 no tendrá jurisdicción para resolver una reclamación o parte de una reclamación, sobre la cual un tribunal establecido o instruido al amparo de este Artículo ha asumido jurisdicción.

10.    Con base en la solicitud de una parte contendiente, un tribunal establecido conforme a este Artículo, cuya decisión esté pendiente de acuerdo con el párrafo 6, podrá ordenar que los procedimientos de un tribunal establecido al amparo del Artículo 13 se aplacen, a menos que este último tribunal ya haya aplazado sus procedimientos.

ARTÍCULO 15

Sede del Procedimiento Arbitral

Las Partes Contendientes podrán acordar la sede del procedimiento arbitral bajo cualquiera de las reglas arbitrales aplicables del Artículo 11, párrafo 3 incisos (b), (c) o (d). Si las partes contendientes no logran un acuerdo, el tribunal determinará la sede de conformidad con las reglas arbitrales aplicables siempre y cuando la sede sea en el territorio de un Estado que sea parte de la Convención de Nueva York. Sólo para los efectos del Artículo 1 de la Convención de Nueva York, se considerará que las reclamaciones sometidas a arbitraje conforme a la presente Sección derivan de una relación u operación comercial.

ARTÍCULO 16

Indemnización

En un arbitraje conforme a esta Sección, una Parte Contratante contendiente no aducirá como defensa, reconvención, derecho de compensación o por cualquier otra razón, que la indemnización u otra compensación, respecto de la totalidad o parte de las presuntas pérdidas o daños, ha sido recibida o habrá de recibirse por el inversionista, conforme a una indemnización, garantía o contrato de seguro.

ARTÍCULO 17

Derecho Aplicable

1.      Un tribunal establecido conforme a esta Sección decidirá las controversias que se sometan a su consideración de conformidad con el presente Acuerdo y con las reglas y principios aplicables del derecho internacional.

2.      Una interpretación que formulen y acuerden conjuntamente las Partes Contratantes sobre una disposición de este Acuerdo será obligatoria para cualquier tribunal establecido de conformidad con  esta Sección.

ARTÍCULO 18

Laudos y Ejecución

1.      A menos que las partes contendientes acuerden otra cosa, un laudo arbitral que determine que una Parte Contratante ha incumplido con sus obligaciones de conformidad con el presente Acuerdo sólo podrá otorgar, por separado o en combinación:

(a)   daños pecuniarios y cualquier interés aplicable; o

(b)   restitución en especie, en el entendido que la Parte Contratante podrá pagar en su lugar indemnización pecuniaria.

2.      Cuando la reclamación se haya presentado en representación de una empresa:

(a)   un laudo que otorgue restitución en especie dispondrá que la restitución se otorgue a la empresa;

(b)   un laudo que otorgue daños pecuniarios y cualquier interés aplicable, dispondrá que la suma total sea pagada a la empresa, y

(c)   el laudo dispondrá que el mismo se dicte sin perjuicio de cualquier derecho que cualquier persona tenga o pudiere tener sobre la reparación concedida, conforme al derecho interno aplicable.

3.      Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios solamente entre las partes contendientes y únicamente respecto del caso en particular.

4.      El laudo arbitral estará públicamente disponible, a menos que las partes contendientes acuerden  lo contrario.

5.      Un tribunal no podrá ordenar el pago de daños punitivos.

6.      Un inversionista contendiente podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral conforme al Convenio del CIADI o a la Convención de Nueva York, si ambas Partes Contratantes son parte de estos tratados.

7.      Una parte contendiente no podrá exigir el cumplimiento de un laudo definitivo hasta que:

(a)   en el caso de un laudo definitivo dictado conforme al Convenio del CIADI:

(i)    hayan transcurrido 120 días desde la fecha en que el laudo fue dictado y ninguna de las partes contendientes haya solicitado la revisión o anulación del mismo; o

(ii)   los procedimientos de revisión o anulación hayan concluido; y

(b)   en el caso de un laudo definitivo dictado conforme al Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI, a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI o cualesquiera otras reglas de arbitraje que hayan acordado las partes contendientes:

(i)    hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que el laudo fue dictado y ninguna de las partes contendientes haya comenzado un procedimiento de revisión, desechamiento o anulación del laudo; o

(ii)   un tribunal haya autorizado o desestimado una solicitud para revisar, desechar o anular el laudo y no exista recurso ulterior.

8.      Una Parte Contratante no podrá iniciar procedimientos de conformidad con la Sección Segunda por una presunta violación conforme a esta Sección, a menos que la otra Parte Contratante incumpla o no acate el laudo dictado en una controversia que un inversionista haya sometido conforme esta Sección.

ARTÍCULO 19

Medidas Provisionales de Protección

1.      Un tribunal arbitral podrá ordenar una medida provisional de protección para preservar los derechos de una parte contendiente o para asegurar que la jurisdicción del tribunal arbitral surta plenos efectos, incluyendo una orden para preservar las pruebas que estén en posesión o control de una parte contendiente, o para proteger la jurisdicción del tribunal arbitral.

2.      Un tribunal arbitral no podrá ordenar el embargo, ni la suspensión de la aplicación de la medida presuntamente violatoria a la que se refiere el Artículo 11. Para efectos de este párrafo, una orden incluye una recomendación.

SECCIÓN SEGUNDA: Solución de controversias entre las Partes Contratantes

ARTÍCULO 20

Ámbito de Aplicación

La presente Sección se aplica a la solución de controversias entre las Partes Contratantes derivadas de la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 21

Consultas y Negociaciones

1.      Cualquier Parte Contratante podrá solicitar por escrito consultas sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.

2.      En la medida de lo posible, las Partes Contratantes tratarán de resolver amigablemente cualquier controversia que surja respecto de la interpretación o aplicación de este Acuerdo a través de consultas y negociaciones.

3.      En caso de que una controversia no pueda ser resuelta por dichos medios dentro de un período de seis meses contados a partir de que las negociaciones o consultas fueron solicitadas por escrito, cualquier Parte Contratante podrá someter la controversia a un tribunal arbitral establecido de conformidad con esta Sección o, de común acuerdo de las Partes Contratantes, a cualquier otro tribunal internacional.

ARTÍCULO 22

Establecimiento del Tribunal Arbitral

1.      Los procedimientos arbitrales iniciarán mediante notificación por escrito entregada por una Parte Contratante (la Parte Contratante demandante) a la otra Parte Contratante (la Parte Contratante demandada) a través de canales diplomáticos. Dicha notificación contendrá una exposición de las disposiciones del presente Acuerdo presuntamente violadas, las consideraciones de hecho y de derecho de la reclamación, un resumen del desarrollo y resultados de las consultas y negociaciones celebradas de conformidad con el Artículo 21, la intención de la Parte Contratante demandante de iniciar el procedimiento bajo esta Sección, así como el nombre del árbitro designado por dicha Parte Contratante demandante.

2.      Dentro de los 30 días posteriores a la entrega de dicha notificación, la Parte Contratante demandada notificará a la Parte Contratante demandante el nombre del árbitro que haya designado.

3.      Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de designación del segundo árbitro, las Partes Contratantes designarán de común acuerdo a un tercer árbitro, quien fungirá como Presidente del tribunal arbitral. En el caso de que las Partes Contratantes no lleguen a un acuerdo común para nombrar al tercer árbitro, los árbitros nombrados por las Partes Contratantes designarán, dentro de 30 días, un tercer árbitro, quien fungirá como Presidente del tribunal arbitral.

4.      Si dentro de los plazos a que se refieren los párrafos 2 y 3 anteriores no se han realizado las designaciones requeridas, cualquier Parte Contratante podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que nombre al árbitro o árbitros aún no designados. Si el Presidente es nacional o residente permanente de alguna de las Partes Contratantes o se encuentra imposibilitado para actuar, el Vicepresidente será invitado a realizar las designaciones referidas. Si el Vicepresidente es nacional o residente permanente de una de las Partes Contratantes o se encuentra imposibilitado para actuar, el Miembro de la Corte Internacional de Justicia que siga en orden jerárquico y que no sea nacional o residente permanente de alguna de las Partes Contratantes, será invitado a realizar las designaciones referidas.

5.      En caso de que cualquier árbitro designado de conformidad con este Artículo renuncie o se encuentre imposibilitado para actuar, se nombrará un árbitro sucesor de conformidad con el mismo procedimiento prescrito para el nombramiento del árbitro original, y éste tendrá las mismas facultades y obligaciones que el árbitro original. En cualquier caso, las Partes Contratantes se asegurarán que los miembros de los tribunales arbitrales no sean nacionales de las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 23

Procedimiento

1.      A menos que las Partes Contratantes decidan otra cosa, la sede del arbitraje será determinada por  el tribunal.

2.      El tribunal arbitral decidirá todas las cuestiones relacionadas con su competencia y, sujeto a cualquier acuerdo entre las Partes Contratantes, determinará su propio procedimiento.

3.      En cualquier etapa del procedimiento el tribunal arbitral podrá proponer a las Partes Contratantes que la controversia sea resuelta de manera amistosa.

4.      En todo momento, el tribunal arbitral asegurará una audiencia justa a las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 24

Laudo

1.      El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. El laudo será emitido por escrito y contendrá todas las consideraciones de hecho y de derecho que resulten procedentes. Un ejemplar firmado del laudo será entregado a cada Parte Contratante.

2.      El laudo arbitral será definitivo y obligatorio para las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 25

Derecho Aplicable

Un tribunal establecido conforme a esta Sección decidirá las controversias que se sometan a su consideración de conformidad con el presente Acuerdo y con las reglas y principios aplicables del derecho internacional.

ARTÍCULO 26

Costos

Cada Parte Contratante sufragará los costos de su árbitro designado y el costo de su representación legal en los procedimientos. Los costos del Presidente del tribunal arbitral y demás gastos relacionados con el arbitraje serán sufragados por partes iguales por las Partes Contratantes, a menos que el tribunal arbitral decida que una proporción mayor de los costos sea sufragada por alguna de las Partes Contratantes.

CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 27

Aplicación del Acuerdo

El presente Acuerdo aplica a las inversiones realizadas antes o después de su entrada en vigor; sin embargo, no aplica a reclamaciones o controversias derivadas de eventos que ocurrieron, o a reclamaciones o controversias que hayan sido resueltas, antes de esa fecha.

ARTÍCULO 28

Consultas

Una Parte Contratante podrá proponer a la otra Parte Contratante celebrar consultas sobre cualquier asunto relacionado con el presente Acuerdo. Dichas consultas serán llevadas a cabo en el tiempo y lugar acordado por las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 29

Denegación de Beneficios

Las Partes Contratantes podrán decidir conjuntamente, a través de consultas, denegar los beneficios del presente Acuerdo a una empresa de una Parte Contratante y a sus inversiones, si la persona física o la empresa de una Parte no Contratante o de la otra Parte Contratante (es decir, la Parte que deniega) pertenece o controla dicha empresa y no tiene operaciones de negocios sustantivas en el Área de la primera Parte Contratante.

ARTÍCULO 30

Entrada en Vigor, Duración y Terminación

1.      Las Partes Contratantes se notificarán por escrito a través de los canales diplomáticos sobre el cumplimiento de sus requisitos constitucionales en relación con la aprobación y entrada en vigor del  presente Acuerdo.

2.      El presente Acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha de la última notificación a que hace referencia el párrafo 1 anterior.

3.      Este Acuerdo tendrá una vigencia de diez años. Posteriormente, continuará en vigor hasta la expiración de doce meses a partir de la fecha en que alguna de las Partes Contratantes haya notificado a  la otra por escrito su terminación. Con respecto de las inversiones realizadas mientras el Acuerdo está en vigor, las disposiciones de este Acuerdo continuarán en vigor respecto de dichas inversiones por un período mayor de quince años después de la fecha de terminación y sin perjuicio de la aplicación de las reglas del derecho internacional general.

4.      El presente Acuerdo podrá ser modificado por consentimiento mutuo de las Partes Contratantes, y la modificación acordada entrará en vigor de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 1 y 2 anteriores.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Acuerdo.

HECHO en Singapur, el 12 de noviembre de 2009, en duplicado, en los idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, el texto en inglés prevalecerá.

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: el Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.- Por el Gobierno de la República de Singapur: el Ministro de Comercio e Industria, Lim Hng Kiang.- Rúbrica.

Anexo al Artículo 10 párrafo 2

1.      La notificación de intención a que se refiere el Artículo 10 párrafo 2 será entregada:

(a)   en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, en la Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones de la Secretaría de Economía o su sucesora; y

(b)   en el caso de la República de Singapur, en el Ministerio de Comercio e Industria.

2.      El inversionista contendiente presentará la notificación de intención por escrito en español si México es la Parte Contratante contra quien se esté realizando la reclamación o en inglés, si Singapur es la Parte Contratante contra quien se esté realizando la reclamación.

3.      Con el propósito de facilitar el proceso de consultas, el inversionista presentará, junto con la notificación de intención, copia de la siguiente documentación:

(a)   pasaporte u otra prueba oficial de nacionalidad del inversionista, cuando éste sea una persona física, o el documento aplicable de constitución u organización conforme a la legislación de la Parte Contratante no contendiente, cuando el inversionista sea una empresa de dicha Parte Contratante;

(b)   cuando un inversionista de una Parte Contratante someta una reclamación a arbitraje en representación de una empresa de la otra Parte Contratante que sea una persona moral propiedad del inversionista o que este bajo su control:

(i)    el documento aplicable de constitución u organización de la empresa conforme a la legislación de la Parte Contratante contendiente, y

(ii)   el documento que prueba que el inversionista contendiente tiene la propiedad o el control sobre la empresa.

En su caso, deberá presentarse también carta poder del representante legal o el documento que demuestre el poder suficiente para actuar en representación del inversionista contendiente.

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Singapur para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Singapur el doce de noviembre de dos mil nueve.

Extiendo la presente, en veinticuatro páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el siete de marzo de dos mil once, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Rúbrica.

 



[1] Con respecto a este artículo, el nivel mínimo de trato para extranjeros del derecho internacional consuetudinario se refiere a todos los principios consuetudinarios de derecho internacional que protegen los derechos económicos e intereses de los extranjeros.

 


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