DOF: 01/06/2015
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las políticas institucionales para la presentación de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015, las medidas

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen las políticas institucionales para la presentación de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015, las medidas de seguridad para los candidatos y el fortalecimiento de los convenios de colaboración con diversas autoridades.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG62/2015.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS POR LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS CANDIDATOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DIVERSAS AUTORIDADES
ANTECEDENTES
I.     En sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2008, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG959/2008, estableció medidas y compromisos de partidos y el propio Instituto para propiciar condiciones de seguridad, legalidad y transparencia, durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009.
       En su Punto TERCERO de Acuerdo, fracción IV, se dispuso que para coadyuvar a cumplir con el objeto del Acuerdo, se asumía como compromisos establecer los mecanismos para remitir oportunamente a las autoridades competentes del gobierno federal toda información ciudadana o de los partidos políticos vinculada con presunta injerencia ilícita en el Proceso Electoral.
II.     En sesión extraordinaria celebrada el 14 de enero de 2009, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG09/2009 estableció las políticas institucionales para la presentación o remisión de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2008-2009, la solicitud de medidas de seguridad para los candidatos y el fortalecimiento de los convenios de colaboración con diversas autoridades.
III.    El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, el cual incluyen diversas disposiciones que modifican la denominación, estructura, funciones y objetivos del Instituto Federal Electoral para transformarse en Instituto Nacional Electoral.
IV.   El 3 de abril de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, llevó a cabo la designación del Consejero Presidente y de los Consejeros Electorales para la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
V.    Los Consejeros electos rindieron protesta en sesión convocada para tal efecto, el 4 de abril de 2014, por lo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quedó integrado en términos de lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI.   El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide, entre otras, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
CONSIDERANDO
Primero. Competencia
El Consejo General es competente para emitir el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 21, primer párrafo; y 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 30, párrafo 1, incisos a), d), e), f) y g); 34; 35; 44, párrafo 1, inciso jj); 244, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 2 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Lo anterior, en razón de que dentro de los fines del Instituto Nacional Electoral, se encuentra el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y garantizar la celebración periódica
y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
Segundo. Marco Normativo aplicable.
El artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el goce de los derechos humanos reconocidos en la misma, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones previstas en el propio ordenamiento constitucional. Asimismo, prescribe que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
En ese sentido, tratándose de autoridades, el tercer párrafo de dicho precepto constitucional establece la obligación que tienen éstas de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Incluso, mandata a dichos entes las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Adicionalmente, el artículo 17 de la Constitución, establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia de una manera expedita, dentro de los plazos y términos que establecen las leyes respectivas.
Bajo ese contexto, cabe señalar la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", del que el Estado Mexicano forma parte, signado con el propósito de consolidar en el continente americano dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de la libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos sociales del hombre, reconociendo entre otros, los derechos civiles y políticos.
Dicho pacto en su artículo 23, párrafo 1, establece como derechos políticos los de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Por su parte, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, encargado de organizar las elecciones federales, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y funcionamiento, que se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Bajo ese contexto, el artículo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley; asimismo que las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por la Constitución y la Ley.
Ahora bien, el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece entre los fines del Instituto los de contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
Por otro lado, el artículo 34 de la Ley Comicial, dispone que los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva.
En ese sentido, el artículo 35 del ordenamiento legal citado establece que el Consejo General en su calidad de órgano superior de dirección es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, así como velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
Así, el artículo 44, párrafo 1, inciso jj) de la norma en cita, dispone que corresponde al Consejo General, dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.
De la misma forma, el artículo 45, párrafo 1, incisos a), b) y d) de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que corresponde al presidente del Consejo General garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto; establecer los vínculos entre éste y las autoridades federales, estatales y municipales, para que, colaboren con el Instituto; y vigilar el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el propio Consejo General.
Asimismo, el artículo 46, párrafo 1, incisos a) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que corresponde al Secretario del Consejo General auxiliar al propio Consejo y a su presidente en el ejercicio de sus atribuciones; así como informar sobre el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo.
Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 244, párrafo 3 de la Ley Electoral, el presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran.
Por otra parte, el artículo 21, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público.
En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, dispone que para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento de los delitos previstos en la presente Ley serán aplicables, en lo conducente, la legislación procesal penal vigente en la Federación y en las entidades federativas, el Libro Primero del Código Penal Federal y las demás disposiciones de carácter nacional en materia penal que expida el Congreso de la Unión.
Cabe precisar, que el Artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, establece lo siguiente:
"Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas.
En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales".
Con base en lo anterior, y de acuerdo con la página electrónica de la Cámara de Diputados aún no se ha emitido la solicitud por parte del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República para que el Congreso de la Unión emita la Declaratoria que permita la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, desconociéndose la fecha exacta de cuándo entrará en vigor dicho Código a nivel nacional. En ese sentido, aún se encuentra vigente el Código Federal de Procedimientos Penales para todos los casos de delitos federales, incluyendo la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Es importante señalar, que los únicos Estados que cuentan con la Declaratoria aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación son Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas.
 
En ese orden de ideas, el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía.
Asimismo, el artículo 117 del mismo Código, prevé que toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos.
Tercero. Justificación del sentido de la determinación.
Como ha quedado precisado en el apartado previo, el Instituto Nacional Electoral, es un organismo público autónomo que está facultado para organizar elecciones, tiene entre sus fines asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
En consecuencia, es responsable de vigilar no sólo el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, sino también de velar porque los principios que rigen su función guíen todas las actividades del Instituto.
Asimismo, debe garantizar los principios y valores constitucionales en materia electoral, como son los derechos fundamentales a votar y ser votado; el de acceso de los ciudadanos, en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país; el de elecciones libres, auténticas y periódicas; de sufragio universal, libre, secreto y directo.
Bajo ese contexto, el Instituto Nacional Electoral está plenamente comprometido a realizar todas las acciones que estén a su alcance en los distintos ámbitos de su estructura, para llevar adelante la consecución de sus fines. Estas acciones han consistido en sentar las bases y Lineamientos en torno de la integración de los Consejos Locales y Distritales, así como de los Organismos Públicos Locales con elecciones en 2015, el desarrollo de las precampañas y campañas, el registro de candidaturas, la asignación y distribución de las prerrogativas y financiamiento público a los partidos políticos, la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión para los fines institucionales; así como el establecimiento de criterios para la impresión de la documentación y materiales electorales, para la realización de conteos rápidos, de resultados electorales preliminares, entre otras tareas.
Si bien es cierto, los trabajos realizados hasta ahora muestran los logros alcanzados por este órgano autónomo para hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes y representantes populares, también lo son las limitaciones que tiene una autoridad circunscrita a lo estrictamente electoral, razón por lo cual se requiere de la colaboración de otros órganos del Estado, así como de la ciudadanía en general.
Además, con la intención de fortalecer las denuncias de los servidores del Instituto, así como de hacerlas más expeditas en su presentación ante la autoridad competente, la Secretaría Ejecutiva dispondrá del apoyo jurídico para que en todo momento se puedan cumplir con las disposiciones referidas en el presente Acuerdo.
En ese orden de ideas, se estima necesario la emisión de políticas institucionales para la presentación o remisión de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015; para contar con medidas de seguridad para los candidatos, así como las medidas para el fortalecimiento de los convenios de colaboración con diversas autoridades.
En virtud de los antecedentes y Considerandos señalados, el Consejo General emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueban las políticas institucionales para la presentación o remisión de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015, las medidas de seguridad para los candidatos y el fortalecimiento de los convenios de colaboración con diversas autoridades, de conformidad con lo siguiente:
I. Sobre la presentación de denuncias de hechos por la probable comisión de delitos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
a) Los servidores públicos del Instituto que, en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de la
probable comisión de cualquier delito que incida en el Proceso Electoral, darán aviso de forma inmediata a la Secretaria Ejecutiva, acompañando los indicios o elementos con los que cuenten, así como la narrativa de hechos, para que ésta, con el apoyo de la Dirección Jurídica, presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente.
b) Los servidores que en el ejercicio de sus funciones de Oficialía Electoral adviertan que ha lugar a iniciar algún procedimiento legal, llevará a cabo lo establecido en el artículo 29, párrafo tercero del Reglamento de la Oficialía Electoral y 18 inciso c) del Manual para el ejercicio de la Función de Oficialía Electoral, ambos del Instituto Nacional Electoral
c) Los servidores públicos del Instituto que, con motivo del desahogo de un procedimiento propio de la función electoral, tengan conocimiento de la probable comisión de un delito darán aviso de forma inmediata a la Secretaria Ejecutiva, a efecto de que ésta, con el apoyo de la Dirección Jurídica, dé vista al Ministerio Público competente.
d) En el caso de que un ciudadano pretenda presentar una denuncia de carácter penal ante cualquier instancia del Instituto Nacional Electoral, se le orientará acerca de la autoridad competente y mecanismos para interponer la referida denuncia.
II. Sobre la solicitud de medidas de seguridad para los candidatos
a) El presidente del Consejo General solicitará a las autoridades competentes federales, locales y municipales, los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, desde el momento en que, de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter. Las medidas que se adopten por alguna autoridad serán informadas al Consejero Presidente, así como al partido político que lo haya postulado.
III. Sobre el fortalecimiento de los convenios de colaboración con distintas autoridades
a) El Instituto Nacional Electoral fortalecerá sus convenios de colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República con el objeto de intercambiar información que facilite las acciones de prevención, investigación y persecución de estos delitos.
b) El Instituto Nacional Electoral fortalecerá sus convenios de colaboración con la Procuraduría General de la República con el objeto de intercambiar información que facilite las acciones de prevención, investigación y persecución de delitos distintos a los electorales, de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones o a través de sus servidores públicos.
c) El Instituto Nacional Electoral podrá celebrar convenios con las fiscalías especializadas en la materia, en razón de que pueden existir hipótesis delictivas en las que puede presentarse un concurso de delitos y se requiera de una pronta y conjunta actuación.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique y difunda el presente Acuerdo a las Juntas Locales y Distritales a sus respectivos consejos de este Instituto y a las presidentas y presidentes de los Organismos Público Locales; asimismo, para que informe periódicamente al Consejo General sobre el cumplimiento del Acuerdo.
TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 18 de febrero de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor
José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
 

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