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DOF: 07/01/2021
RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se ejerce la facultad de atracción para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación de

RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se ejerce la facultad de atracción para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y equidad en la contienda en los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG695/2020.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA FIJAR MECANISMOS Y CRITERIOS SOBRE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA EN LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERAL Y LOCALES 2020-2021
GLOSARIO
Consejo General
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CPEUM
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Consejeros INE
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral
DOF
Diario Oficial de la Federación
IFE
Instituto Federal Electoral
INE
Instituto Nacional Electoral
LGIPE
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGCS
Ley General de Comunicación Social
OPL
Organismo Público Local Electoral
Reglamento
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ANTECEDENTES
I.     De 2015 a 2019, el INE ha aprobado acuerdos sobre la aplicación de programas sociales ante la realización de Procesos Electorales Federales y locales, como los que se enuncian a continuación:
NO. ACUERDO
NOMBRE
IMPUGNACIÓN
INE/CG67/2015
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE SOLICITA EL APOYO Y COLABORACIÓN DE QUIENES FUNGEN COMO TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, LOS EJECUTIVOS LOCALES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y JEFE DELEGACIONALES, PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SE APEGUEN A SU OBJETO Y REGLAS DE OPERACIÓN, EVITANDO EN TODO MOMENTO, SU USO CON FINES ELECTORALES EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2014-2015.
NO IMPUGNADO
INE/CG94/2016
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN MECANISMOS PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO, ASÍ COMO EL USO INDEBIDO DE PROGRAMAS SOCIALES Y LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, DURANTE LA ELECCIÓN DE 66 DIPUTADOS Y DIPUTADAS, PARA INTEGRAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NO IMPUGNADO
INE/CG04/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA ESTABLECER MECANISMOS PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO, ASÍ COMO EL USO INDEBIDO DE PROGRAMAS SOCIALES Y LA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD, DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017 EN COAHUILA, ESTADO DE MÉXICO, NAYARIT Y VERACRUZ
NO IMPUGNADO
 
INE/CG108/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ACUERDO INE/CG04/2017 POR EL QUE SE DETERMINÓ EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA ESTABLECER MECANISMOS PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO, ASÍ COMO EL USO INDEBIDO DE PROGRAMAS SOCIALES Y LA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD, DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2016-2017 EN COAHUILA, ESTADO DE MÉXICO, NAYARIT Y VERACRUZ
NO IMPUGNADO
INE/CG338/2017
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR LA QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, A EFECTO DE EMITIR LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA CONTIENDA ELECTORAL
SUP-RAP-232/2017, SUP-RAP-356/2017, SUP-RAP-357/2017, SUP-RAP358/2017, Y SUP-RAP-381/2017, ACUMULADOS REVOCADO
INE/CG124/2019
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE LA CUAL SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE FIJAN LOS CRITERIOS TENDENTES A GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR A EVITAR ACCIONES QUE GENEREN PRESIÓN SOBRE EL ELECTORADO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES ORDINARIOS 2018-2019 EN AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, DURANGO, TAMAULIPAS, QUINTANA ROO Y EN EL PROCESO LOCAL EXTRAORDINARIO DE PUEBLA
NO IMPUGNADO
 
II.     El primer domingo de junio de 2021 se celebrará la Jornada Electoral concurrente, federal y locales en las 32 entidades federativas, para renovar los siguientes cargos de elección popular:
Entidad
Cargos a elegir
Federal
·  Diputaciones
Aguascalientes
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Baja California
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Baja California Sur
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Campeche
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
·  Juntas Municipales
Chiapas
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Chihuahua
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
·  Sindicaturas
Coahuila
·  Ayuntamientos
 
 
Colima
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Ciudad de México
·  Diputaciones
·  Alcaldías
Durango
·  Diputaciones
Guanajuato
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Guerrero
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Hidalgo
·  Diputaciones
Jalisco
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
México
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Michoacán
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Morelos
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Nayarit
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
·  Regidores
Nuevo León
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Oaxaca
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
 
Puebla
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Querétaro
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Quintana Roo
·  Ayuntamientos
San Luis Potosí
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Sinaloa
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Sonora
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Tabasco
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Tamaulipas
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Tlaxcala
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Veracruz
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Yucatán
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
Zacatecas
·  Gubernatura
·  Diputaciones
·  Ayuntamientos
 
III.    Conforme a lo previsto en la reforma de 12 de abril de 2019 al artículo 19 de la CPEUM y en términos de lo establecido en el respectivo artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el uso de programas sociales con fines electorales ha sido considerado conducta grave que incluso, en su caso, da lugar a prisión preventiva oficiosa.
IV.   El 7 de agosto de 2020 el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG187/2020 por el que determinó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021.
V.    El 2 de septiembre de 2020, la Sala Superior dictó sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-46/2020, en sentido de revocar el Acuerdo señalado en el punto anterior para efectos de que el Consejo General del INE emitiera uno nuevo en que analizara de manera casuística la situación de cada entidad federativa.
VI.   El 11 de septiembre de 2020, en acatamiento a la referida sentencia, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG289/2020 por el que se determinó el ejercicio de la facultad de atracción por parte del Instituto para ajustar a una fecha única la conclusión del período de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procedimientos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021.
VII.   El 18 de diciembre de 2020, el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello y las Consejeras y los Consejeros Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, solicitaron al Secretario Ejecutivo de este Instituto poner a consideración del Consejo General el ejercicio de la facultad de atracción a efecto de fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad en la contienda electoral respecto a la aplicación de programas sociales de frente a los procesos electorales federal y locales 2020-2021.
VIII.  En la misma fecha se admitió a trámite la solicitud y se instruyó al Secretario Ejecutivo someter el asunto a consideración del Consejo General con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de Elecciones.
CONSIDERACIONES
I.     Naturaleza de la presente Resolución
En la Base V del artículo 41 de la CPEUM, así como en los artículos 29 y 31, párrafo 1, de la LGIPE se establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y que dicha función se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Las máximas autoridades en materia electoral han señalado que el principio de certeza en esta materia consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades, de modo que todos los participantes en el Proceso Electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas,(1) por lo que dicho principio se traduce en que la preparación, realización y calificación de las elecciones deben revestir de todas las garantías necesarias a fin de generar una situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales, para que no queden vacíos interpretativos o dudas, y finalmente los votos emitidos produzcan un resultado convincente.
En dicho contexto, dado que este Instituto tiene encomendada la organización de las elecciones, es necesario establecer parámetros que permitan a los actores políticos que concurren a participar en la contienda electoral contar con reglas y principios claros que delimiten su actuar.
Solo de esta forma las autoridades electorales pueden generar el convencimiento de las fuerzas políticas y la ciudadanía, en la fidelidad y veracidad de los resultados del Proceso Electoral, sembrando un ambiente de confianza en todos los que participan dentro de los comicios.(2)
En razón de lo anterior, se emite el presente Acuerdo, a fin de evitar vacíos interpretativos y dudas respecto a los criterios tendentes a garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad en la contienda electoral respecto a la aplicación de programas sociales durante los indicados procesos electorales, con fundamento en la atribución que el artículo 5 de la LGIPE concede al INE para aplicar e interpretar la normativa electoral.
II.     Competencia
Este Consejo General es competente para conocer y resolver las solicitudes de atracción que sean sometidas a su consideración, así como para dictar los acuerdos que sean necesarios para hacer efectivas las atribuciones que se establecen en la LGIPE o en otra legislación aplicable, y como Órgano Superior de Dirección del INE, ente rector del Sistema Nacional Electoral, garantizar que las contiendas electorales se celebren bajo los principios de equidad e imparcialidad, con fundamento en los ordenamientos y preceptos siguientes:
El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la misma.
El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.
Dichos principios también son rectores para la función electoral a cargo de las autoridades electorales locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la CPEUM.
En ese sentido, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de las atribuciones de las autoridades electorales administrativas en los ámbitos federal y local, el artículo 4 de la LGIPE, en sus numerales 1 y 2, establece que: i) el INE y los OPL en el ámbito de su competencia dispondrán de lo necesario para asegurar el cumplimiento de dicha Ley, y ii) las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas en la Constitución y en dicha ley.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la LGIPE, el INE se encuentra facultado para aplicar e interpretar las disposiciones legales electorales en el ámbito de su competencia.
Por su parte, el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g), de la LGIPE, indica que son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales, entre los cuales se encuentra el derecho a la observación electoral, y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.
El artículo 35, numeral 1, de ese ordenamiento establece que el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades de éste.
Los artículos 35, fracción I; 36 fracción III, de la CPEUM y 7, numerales 1 y 2, de la LGIPE, prevén que constituye un derecho y una obligación de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones populares, en los términos que señale la Ley, siendo el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.
 
El artículo 44, numeral 1, incisos aa), y jj), de la LGIPE señala que el Consejo General tiene entre sus atribuciones las relativas a: i) conocer las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que corresponda en términos de dicha Ley y; ii) dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones de conformidad con lo previsto en el artículo y la ley referida, así como en otra legislación aplicable.
Por su parte, el artículo 23, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligatoria para nuestro país en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, establece entre otros aspectos que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de votar en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
En el Apartado D del artículo 41 constitucional se establece la competencia del Instituto para conocer de los procedimientos expeditos sobre la vulneración de las disposiciones en materia electoral.
Por su parte, el artículo 449, numeral 1, de la LGIPE establece que serán consideradas infracciones por parte de autoridades o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos y cualquier otro ente público, cuando ocurra, entre otras, la siguiente hipótesis:
...
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y
...
Asimismo, en el artículo 11 de la LGCS se establece que la comunicación social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio de comunicación. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, y que en ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda o comunicación social.
En aras de dar cumplimiento a lo previsto en los dispositivos normativos a que se ha hecho referencia, resulta necesario difundir y reforzar una serie de mecanismos para contribuir a evitar violaciones a los principios de equidad e imparcialidad respecto a la utilización de programas sociales y sus recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidatura en particular.
A fin de lograr dichos objetivos, es pertinente reforzar la difusión de los mecanismos que se mencionan más adelante, mediante campañas de información orientadas a prevenir, sancionar y, en su caso, contribuir a erradicar dichas prácticas.
III.    Facultad de Atracción
La facultad de atracción se ejerce para fijar los criterios objeto del presente Acuerdo respecto de las treinta y dos entidades federativas con elección ordinaria.
Acorde con la CPEUM y la LGIPE, el INE, además de las facultades propias que tiene respecto a la organización de elecciones federales y locales, cuenta con otra que le otorga potestad para conocer cualquier asunto de la competencia de los OPL cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación, ello sin que exista una intromisión injustificada en la competencia originaria de éstos, ni respecto de las legislaturas de las entidades federativas.
En términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado C, párrafo segundo, inciso c), de la CPEUM, así como los artículos 32, numeral 2, inciso h), y 120, numeral 3, de la LGIPE, en los supuestos que establezca la propia ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el INE podrá atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPL cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.
La facultad de atracción implica el ejercicio de un medio de control excepcional con el que cuenta determinada autoridad para asumir asuntos que, en principio, no son de su competencia.
 
Bajo esta tesitura, el artículo 124, numeral 3, de la LGIPE, establece que se considera una cuestión de trascendencia cuando la naturaleza intrínseca del asunto permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración del desarrollo del Proceso Electoral o de los principios de la función electoral.
Ahora bien, el artículo 39, numeral 1, inciso c), del Reglamento, dispone que se entiende por atracción la facultad del Instituto de conocer, para su implementación, cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los OPL, por su interés, importancia o trascendencia, o bien, que ante lo novedoso del caso sea necesario establecer un criterio interpretativo.
En este orden, los artículos 40, numeral 1, y 45, numeral 2, del Reglamento, en relación con el diverso 124 de la LGIPE, refieren que el ejercicio de las atribuciones especiales se determinará mediante las resoluciones que al efecto emita el Consejo General, las cuales deben estar debidamente fundadas y motivadas, salvo los casos en que se tenga por no presentada la solicitud correspondiente o ésta sea desechada por notoria improcedencia.
Respecto a la facultad de atracción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 27/200, de rubro "FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO", ha señalado que los conceptos "interés o importancia" se utilizan como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reserva el concepto trascendencia para el aspecto cuantitativo, para reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio estrictamente jurídico, derivado de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos en su interdependencia jurídica o procesal.
Por su parte, al pronunciarse sobre la facultad de atracción y la procedencia de su ejercicio, la Sala Superior ha desprendido como características esenciales las siguientes:
·  Es una medida excepcional, porque además de constituir una salvedad al régimen constitucional y legal de distribución de competencias, únicamente procede en casos específicos y concretos;
·  Es discrecional y no obligatoria;
·  Su ejercicio debe ser fundado y motivado, por lo que se debe razonar la importancia y la trascendencia del caso.
La misma Sala Superior estableció dos tipos de requisitos para que proceda el ejercicio de dicha facultad, a saber:
·  Cualitativos. Consistentes en que el caso revista intrínsecamente importancia e interés superior, tanto jurídico como extrajurídico, y
·  Cuantitativos. Relacionados con que el caso pueda resultar trascendente o novedoso a tal grado que del mismo pueda desprenderse la fijación de criterios jurídicos para casos futuros y complejos.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que la facultad de atracción se concede al Consejo General respecto de las cuestiones competenciales que correspondan a los OPL, la cual solo puede ser ejercida cuando sea aprobado su ejercicio por ocho consejeros o Consejeras y cuando el asunto sea trascendente o resulte idóneo para establecer un criterio de interpretación.
En la especie, se estima que las previsiones y requisitos constitucionales para el ejercicio de dicha facultad de atracción se colman, toda vez que la emisión del presente Acuerdo tiene un objeto constitucionalmente válido, en la medida en que fortalece la certeza y seguridad jurídica de los actores políticos, la ciudadanía y autoridades electorales locales, sobre la aplicabilidad y vigencia de los principios constitucionales de imparcialidad, equidad de las contiendas electorales y libertad en la emisión del sufragio de los ciudadanos, partiendo de la premisa que el legislador federal ordinario por medio de las leyes que en este instrumento se citan y armonizan con fines interpretativos y operativos, asentó las reglas aplicables y los procedimientos para llevar al cumplimiento de las disposiciones constitucionales que norman y garantizan la vigencia de los principios de imparcialidad, equidad en la contienda electoral y libertad en la emisión del sufragio de los ciudadanos.
En consecuencia, se estima que la reserva de ley quedó cumplida y satisfecha por el legislador ordinario al emitir las normas que en esta resolución se citan, en tanto que su alcance interpretativo, armónico y operativo adquieren vigencia con la emisión del presente Acuerdo, sin que de su lectura pueda advertirse la ampliación o restricción de los derechos y obligaciones sustancialmente contenidos en dichos ordenamientos jurídicos.
 
En este sentido, no pasa desapercibido para este Consejo General la resolución dictada por la Sala Superior en los expedientes SUP-RAP-607/2017 y acumulados, donde determinó revocar el Acuerdo INE/CG398/2017, a partir de considerar que este Instituto había inobservado el principio de reserva de ley al regular supuestos de propaganda gubernamental y establecer disposiciones orientadas a tutelar los principios de imparcialidad y equidad en el uso y destino de recursos públicos durante los procesos electorales.
Sin embargo, con la expedición de la citada LGCS publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, este Instituto recoge su contenido sustantivo y lo armoniza con la normativa vigente, en aras de privilegiar la uniformidad, certeza y legalidad.
a. Justificación de vía extraordinaria para el ejercicio de la facultad de atracción
El Reglamento dispone dos vías para la sustanciación de los procedimientos especiales de atracción. En sus artículos 62 a 64 se establecen una vía ordinaría y otra extraordinaria, esta última mediante la cual el Consejo General podrá resolver sobre la solicitud respectiva sin agotar los plazos y etapas previstas para el procedimiento ordinario.
En el caso concreto, se considera que se actualiza el supuesto para no agotar los plazos y las etapas previstas en el procedimiento ordinario para el ejercicio de la facultad de atracción previsto en el artículo 64 del Reglamento, debido al comienzo o inminente inicio, según cada caso, del Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales concurrentes y las respectivas consecuencias jurídicas que esto conlleva.
En ese sentido, por lo menos en el ámbito federal, los procesos internos de selección de candidatos inician el 23 de diciembre del año en curso conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG289/2020, lo cual hace evidente que agotar los plazos establecidos en los referidos preceptos reglamentarios, de hasta 15 días naturales, impediría la finalidad que se persigue con los citados criterios.
Asimismo, para garantizar el principio de imparcialidad y equidad es necesario establecer las reglas y los criterios de interpretación para que su aplicación, por parte del INE y los 32 OPL, sea uniforme. De no ser así, existe el riesgo de provocar una incongruencia sistemática durante el desarrollo de la elección federal y los comicios locales.
De no generarse una homologación en la aplicabilidad de los criterios relacionados con el uso de programas sociales, se podría afectar el principio de certeza jurídica, puesto que las precandidaturas, las candidaturas, los partidos y los demás actores políticos deberán acatar la diferente normativa federal y local establecida al respecto.
Por lo anterior, es necesario que este órgano establezca los criterios y las reglas que den certeza y seguridad jurídica a las autoridades y servidores públicos respecto a la observancia de las siguientes normas en materia de aplicación de programas sociales:
ENTIDAD
DISPOSICIÓN NORMATIVA DE IGUAL CONTENIDO AL ARTÍCULO 449 DE LA LEGIPE
Aguascalientes
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 248.- Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la CPEUM así como en el artículo 89 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
VI. La acción u omisión que constituya violencia política de género, y
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
 
Baja California
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 342.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio distinto a la de radio y televisión, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral local inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal que incidan en el Proceso Electoral Local respectivo, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales locales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social distinto a la de radio y televisión, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, y
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Baja California Sur
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Artículo 258.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución General, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución General;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley
 
Campeche
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE
Artículo 589.- Constituyen infracciones a la presente Ley de Instituciones por las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los órdenes de gobierno estatal y municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Electoral;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el segundo párrafo del artículo 89 de la Constitución Estatal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, distintos a la radio y la televisión, que contravenga lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 89 de la Constitución Estatal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal y municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier Partido Político o Candidato,
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley de Instituciones
Chiapas
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS
Artículo 275. Son infracciones de las y los servidores públicos, las siguientes:
I. No proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. No prestar colaboración y auxilio a los órganos del Instituto cuando éstos lo soliciten;
III. Incumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución Federal, relativas a la propaganda institucional y gubernamental;
IV. Condicionar o suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición, y
V. Incumplir con cualquiera de las disposiciones previstas en la normativa electoral.
 
Chihuahua
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Artículo 263.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Estatal Electoral;
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
d) Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Durante los treinta días anteriores al de la Jornada Electoral, las autoridades estatales y municipales así como los legisladores locales se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza. Los recursos no ejercidos conforme al calendario mensual autorizado en el Presupuesto de Egresos, serán ejercidos el día siguiente de la elección.
f) Condicionar la provisión de servicios o la realización de obras públicas a:
I. La promesa o demostración del voto a favor de algún precandidato, candidato, partido o coalición; II. La no emisión del voto para alguno de dichos contendientes en cualquier etapa del Proceso Electoral;
III. La obligación de asistir o participar en algún evento o acto de carácter político o electoral;
IV. Realizar cualquier propaganda proselitista, logística, de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partido político, precandidato o candidato, o
V. La abstención o no asistencia a cumplir sus funciones en la mesa directiva de casilla, de ser el caso.
g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
 
Coahuila
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Artículo 266. Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos públicos autónomos, y cualquier otro ente público:
a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, excepto la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución General y el 27 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
d) Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución;
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General y este Código.
 
Colima
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
Artículo 291.- Constituyen infracciones al presente Código, de las autoridades o los servidores públicos de cualquier nivel de Gobierno:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del INE o del INSTITUTO;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, este Código y demás normatividad aplicable.
Ciudad de México
LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 15. Constituyen infracciones al Código por parte de las personas servidoras públicas de la Ciudad de México:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la contienda entre los partidos políticos, entre quien aspire, haya obtenido la precandidatura o candidatura durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura;
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código.
 
Durango
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE DURANGO
ARTÍCULO 365.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; organismos autónomos, y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio distinto a la radio y televisión, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento a los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución; IV. La utilización de programas sociales y de sus recursos, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Guanajuato
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO
Artículo 350.- Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente Ley:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Estatal;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
VI. Que presente o haga valer un documento electoral alterado, así como que altere o inutilice alguno;
VII. Por favorecer intereses políticos, reduzca a prisión a los propagandistas, promotor, aspirantes, precandidatos, candidatos o representantes de un partido político o candidato independiente, pretextando delitos o faltas que no se han cometido,
VIII. La realización de cualquier acción u omisión que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, y
IX. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley
 
Guerrero
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUERRERO
Artículo 414. Las infracciones cometidas por los servidores públicos de los poderes, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente u órgano del gobierno estatal y los Ayuntamientos, independientemente de la responsabilidad en la que incurran será sancionada con multa que irá de los cien a los diez mil de la Unidad de Medida y Actualización, dependiendo de la gravedad de la falta y de la jerarquía del servidor público que la cometa; además de que el Consejo General del Instituto, estará obligado a dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de la normatividad respectiva.
Hidalgo
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO
Artículo 306. Son infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, o cualquier otro ente público, al presente Código:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por el Instituto Estatal Electoral;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
IV bis. La acción u omisión que constituya violencia política en razón de género en términos de este Código;
V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código
 
Jalisco
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
Artículo 452. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Nacional Electoral o Instituto Electoral;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, excepto la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 116 Bis de la Constitución local, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 116 Bis de la Constitución local;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley General y este Código.
México
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 465.- Son infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, al presente Código:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por el Instituto.
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia.
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales.
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal.
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
 
Michoacán
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ARTÍCULO 230.- Son causas de responsabilidad administrativa las siguientes:
VII. Constituyen infracciones al presente de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
a) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución General, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
d) Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución General;
e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y,
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
Morelos
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE MORELOS
Artículo 389.- Constituyen infracciones al presente código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos, organismos públicos descentralizados y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Morelense;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del período que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos o coaliciones, entre los precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal, o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o coalición, precandidato o candidato;
V. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
VI. El incumplimiento de las disposiciones de carácter local contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las contenidas en este Código.
 
Nayarit
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT
Artículo 221.- Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente ley:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
VI. Que presente o haga valer un documento electoral alterado, así como que altere o inutilice alguno;
VII. Por favorecer intereses políticos, reduzca a prisión a los propagandistas, promotor, aspirantes, precandidatos, candidatos o representantes de un partido político o candidato independiente, pretextando delitos o faltas que no se han cometido, y
VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta ley.
Nuevo León
LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Artículo 348.- En los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, el superior jerárquico correspondiente impondrá multa de quinientos a mil quinientos días de salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey, al servidor público que:
I. Obligue a sus subordinados, haciendo uso de su autoridad o jerarquía, a emitir o no su voto en favor de un candidato, partido político o coalición;
II. Condicione en el ámbito de su competencia, la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas o la realización de obra pública, a la emisión o no del voto en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición;
III. Destine recursos humanos, económicos o materiales que tenga a su disposición en virtud de su empleo, cargo o comisión, para beneficio de un precandidato, candidato, partido político o coalición; o utilice su tiempo oficial de labores en beneficio o apoyo de candidatos, partidos políticos o coaliciones;
IV. Obstaculice o impida el desarrollo que conforme a la Ley deba efectuarse en cada una de las etapas del Proceso Electoral; o
V. Obstaculice, impida, suspenda o niegue el ejercicio de las prerrogativas, garantías y derechos de los partidos políticos, coaliciones o precandidatos, candidatos previstos en la Ley para:
a. Recibir la exención de impuestos o derechos estatales o municipales que graven los bienes o actividades destinados al cumplimiento de sus fines;
b. Recibir los permisos o autorizaciones para la celebración de actividades con fines promocionales, tales como espectáculos, congresos, conferencias, eventos de tipo cultural o académico, venta de bienes y de propaganda utilitaria, ventas editoriales, así como cualquiera otra análoga que se realice para la recaudación de fondos;
c. Celebrar reuniones públicas de precampaña o campaña, en los términos que establece la Ley; o
d. Colocar, fijar o instalar propaganda encaminada a la difusión en cualquier tiempo de los principios, programas o precandidaturas o candidaturas o la propaganda electoral establecida en la Ley.
El superior jerárquico a que se refiere este artículo, deberá comunicar a la Comisión Estatal Electoral las medidas que haya adoptado en el caso, así como la sanción que de encontrar responsabilidad se haya aplicado.
 
Oaxaca
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA
Artículo 310.- Constituyen infracciones por parte de los servidores públicos de la Federación, el Estado, los municipios, los órganos autónomos, y cualquier otro ente público a la presente Ley:
I.- La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Estatal;
II.- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, excepto la información relativa a servicios educativos, de salud, de orientación social y protección civil en casos de emergencia;
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 137 párrafos décimo segundo y décimo tercero de la Constitución Estatal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV.- Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal o de las entidades federativas, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidatos; y
VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y disposiciones aplicables.
Puebla
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA
Artículo 392 Bis.- Son infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, al presente Código:
I.- La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por el Instituto;
II.- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV.- Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y
VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
 
Querétaro
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Artículo 216.- Constituyen infracciones a la presente Ley, por parte de las autoridades o de las personas servidoras públicas, según sea el caso, de la Federación, Estado y municipios, órganos autónomos y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto o por el Tribunal Electoral;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta la conclusión de la Jornada Electoral, con excepción de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Política, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre aspirantes a candidaturas independientes, precandidaturas o candidaturas a los cargos de elección popular, durante los Procesos Electorales;
IV. La difusión de propaganda en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos privados, de los ámbitos federal, estatal y municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura;
VI. Cometer violencia política en términos de esta Ley;
VII. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política, en los términos de esta Ley; y VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en las Leyes Generales y esta Ley.
Quintana Roo
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Artículo 400.- Constituyen infracciones de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado y de los municipios, órganos autónomos locales, y cualquier otro ente público a la presente Ley:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Estatal;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal y municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
VI. Que presente o haga valer un documento electoral alterado, así como que altere o inutilice alguno;
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
 
San Luis Potosí
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Artículo 460.- Son infracciones atribuibles a las autoridades, o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes del Estado; de los órganos de gobierno municipales; organismos autónomos; organismos descentralizados del Estado y municipios, y cualquier otro ente público:
I. Omitir o incumplir la obligación de prestar colaboración y auxilio, o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Consejo;
II. Difundir, por cualquier medio, propaganda gubernamental, dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. Incumplir el principio de imparcialidad que se establece en el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los Procesos Electorales;
IV. Difundir propaganda que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, en cualquier medio de comunicación social;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
VI. Omitir o incumplir la obligación de ministrar, en tiempo y forma, las prerrogativas establecidas para los partidos políticos, las asociaciones políticas estatales y los candidatos independientes, y VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de esta Ley y las diversas que prevean otras disposiciones legales aplicables.
Sinaloa
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SINALOA
Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente ley de las y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobiernos municipales, órganos autónomos y cualquier otro ente público, las siguientes:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que le sea solicitada, en términos de ley, por los órganos del Instituto;
II. La difusión por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta la conclusión de la Jornada Electoral. Se exceptúa de esta prohibición, la difusión de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, cuando tal conducta pudiere afectar la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. La acción u omisión que constituyan violencia política en razón de género;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir en cualquier forma o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y,
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
 
Sonora
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA
ARTÍCULO 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como los Consejeros Electorales distritales y municipales:
I.- La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar la colaboración, auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los Organismos Electorales o el Tribunal Estatal;
II.- Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal;
III.- La utilización de programas sociales y de sus recursos en el ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos a votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición, precandidato o candidato;
IV.- Obligue de manera expresa a sus subordinados y haciendo uso de su autoridad y jerarquía, a emitir su voto a favor o en contra de un partido político, coalición, precandidato o candidato;
V.- Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor o en contra de un partido político, coalición, precandidato o candidato;
VI.- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición, precandidato o candidato;
VII.- En el caso de los consejeros distritales y municipales, la omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar la colaboración, auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por el Consejo General o el Tribunal Estatal, así como en la omisión de dar trámite a las denuncias o medios de impugnación que les sean presentadas, en términos de la presente Ley y reglamentación aplicable; y
VIII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley.
 
Tabasco
LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO
Artículo 341. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes federales, locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Estatal;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las precampañas y de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los Partidos Políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos, según sea el caso;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier Partido Político o candidato, y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y de las leyes aplicables.
Tamaulipas
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Artículo 304.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, servidores y servidoras públicas, según sea el caso, de los poderes locales o federales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público del Estado:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del IETAM;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. El incumplimiento de lo establecido en los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución Federal;
IV. La utilización de programas sociales y de sus recursos, en el ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, candidata o candidato;
V. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley, la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las demás disposiciones aplicables; y
VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
 
Tlaxcala
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Artículo 351. Constituyen infracciones de las autoridades y servidores públicos de los poderes de la Federación, del Estado, o de otras entidades federativas, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público:
I. Incumplir la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por la autoridad electoral;
II. Difundir por cualquier medio, propaganda gubernamental dentro del período que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. Efectuar aportaciones del erario público a partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatos, aspirantes a candidatos independientes o candidatos independientes a cargos de elección popular; o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental distinto a los permitidos por esta Ley y la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala;
IV. Asistir dentro del horario laboral a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña, de los aspirantes, precandidatos, candidatos, aspirantes a candidatos independientes o candidatos a cargos elección popular;
V. Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa del voto a favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición, aspirante, precandidato, candidato, aspirante a candidato independiente o candidato independiente a cargo de elección popular;
VI. Incumplir el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
VII. Difundir propaganda durante los Procesos Electorales, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal;
VIII. Utilizar programas sociales y sus recursos, del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; IX. Realizar actos de promoción previos al Proceso Electoral; y
X. Incumplir cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley, en la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala, y demás ordenamientos legales aplicables.
Cuando se trate de autoridades y servidores públicos de los poderes de la federación o de otras entidades federativas, se dará vista además, al superior jerárquico o a la autoridad competente, para los efectos legales del caso.
 
Veracruz
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Artículo 321.- Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades o los servidores públicos federales, estatales o municipales:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. La acción u omisión que constituya violencia política en razón de género en términos de este Código;
IV. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
V. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado;
VI. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.
 
Yucatán
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Artículo 380.- Constituyen infracciones de las autoridades y servidores públicos de los poderes de la Federación, del Estado, o de otras entidades federativas, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público:
I. Omitir o incumplir la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;
II. Difundir por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del período que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;
III. Incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Difundir propaganda durante los Procesos Electorales, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal;
V. Utilizar programas sociales y sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;
VI. Realizar actos de promoción previos al Proceso Electoral, y
VII. Incumplir de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Cuando se trate de autoridades y servidores públicos de los poderes de la federación o de otras entidades federativas solo será aplicable este artículo y demás relativos cuando alteren la equidad o puedan tener influencia en los Procesos Electorales locales.
Zacatecas
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
Artículo 396.- Constituyen infracciones a la Legislación Electoral por parte de las autoridades o los servidores públicos, de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público:
I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto Nacional o del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro de los periodos prohibidos por la Constitución Federal, Constitución Local y esta Ley, excepto la información necesaria para la protección civil en casos de emergencia, la información relativa a servicios educativos, turística y en materia de salud;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por la Constitución Federal y Constitución Local, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los Procesos Electorales;
IV. Durante los Procesos Electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto en la Constitución Local;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de otras entidades federativas, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidato, en los términos de esta Ley; y
VI. Ejercer violencia política contra las mujeres, y
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Legislación Electoral.
 
En dicho contexto, agotar el trámite y sustanciación de la solicitud conforme al procedimiento ordinario previsto en los artículos 62 y 63 del Reglamento, requeriría por lo menos 21 días, lo cual llevaría a un estado de incertidumbre a autoridades, actores políticos y ciudadanía en los referidos procesos electorales federal y locales.
Así, se justifica no agotar dichos plazos ni etapas, pues el objetivo de tramitar la solicitud en la vía extraordinaria es que los destinatarios conozcan con anticipación su ámbito de aplicación, garantizando con ello el principio de certeza y su observancia dentro de los mencionados procesos electorales.
En ese sentido, es procedente revisar en la vía extraordinaria de atracción la decisión correspondiente a fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la contienda electoral y libertad en la emisión del sufragio de los ciudadanos, pues se trata de un asunto que amerita ser resuelto por el Consejo General del INE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, numeral 3, de la LGIPE, en relación con el 60, numeral 2, del Reglamento, toda vez que el tema puede afectar o alterar el desarrollo de los procesos electorales.
Más aún, cuando el universo de legislaciones estatales correspondientes a entidades que tendrán elecciones durante el presente año, contienen hipótesis semejantes a las mandatadas en el artículo 449, numeral 1, de la LGIPE, en particular, sobre la regulación en la aplicación de programas sociales.
b. Justificación de los requisitos de solicitud de atracción
El escrito de solicitud cumple con los requisitos de forma, procedencia, así como los presupuestos procesales previstos en los artículos 121, numeral 4, en relación con el 124, numerales 1 y 2, de la LGIPE; y 40, numeral 2, y 60 del Reglamento, toda vez que la solicitud fue suscrita por el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello y las Consejeras y los Consejeros Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Dr, José Roberto Ruiz Saldaña y Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, y en ella piden que se ejerza la facultad de atracción para fijar criterios tendentes a garantizar el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos y el de equidad en la contienda electoral respecto a la aplicación de programas sociales durante los los procesos electorales federal y locales 2020-2021.
Asimismo, se cumple con los requisitos cualitativos ya que, en el caso, la trascendencia e importancia que motiva el ejercicio de la facultad de atracción se justifica a partir de las siguientes premisas.
En cada una de las legislaciones locales se establece una regulación semejante de las conductas de autoridades y servidores públicos que pueden constituir infracciones en materia electoral por la realización de actos que contravengan los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la contienda electoral y libertad en la emisión del sufragio de la ciudadanía, de manera particular, respecto a la aplicación de programas sociales
A fin de garantizar el principio de legalidad en el actuar de las autoridades electorales que conforman el Sistema Nacional Electoral, a partir de las disposiciones establecidas en la CPEUM, las Constituciones locales, la LGIPE, las leyes locales señaladas, y acorde con los criterios emitidos por el TEPJF, se estima pertinente precisar los criterios en el ámbito estrictamente administrativo y sin establecer ninguna norma general adicional, lo cual se estima en forma alguna implica reglamentar en materia de programas sociales.(3)
La importancia de estos criterios estriba en la necesidad de dar certeza y claridad al actuar de las autoridades electorales tomando como base los pronunciamientos emitidos por el propio INE en procesos electorales pasados y los respectivos criterios sentados por la Sala Superior, respecto a la aplicación de dichos programas sociales.
IV.   Mecanismos para garantizar el uso adecuado de programas sociales
Con objeto de prevenir la coacción o presión en el electorado, se instruye reforzar la difusión de los siguientes criterios a los Partidos Políticos Nacionales y locales, a los respectivos OPL y a los Consejos Locales y Distritales del Instituto en las treinta y dos entidades federativas, al Titular del Ejecutivo Federal, a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, a las Agrupaciones Políticas Nacionales y Locales, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, orientados a prevenir y contribuir a erradicar posibles prácticas que afecten las contiendas electorales mediante la aplicación de programas sociales.
En el citado contexto se reitera, en lo conducente, lo establecido en el diverso Acuerdo INE/CG04/2017 y INE/CG124/2019:
1.     La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.
 
2.     Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido político, coalición o candidatura alguna, se pagan con los impuestos de todas y todos.
3.     El estar inscritos en algún programa social de salud, educativo, vivienda, alimentación u otro, nos da derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién votamos.
4.     Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura.
5.     Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o condicionar nuestro voto.
6.     Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social en el que estemos inscritos; amenaza nuestros empleos para que nos abstengamos de votar o para que votemos a favor o en contra de un partido político, coalición o una candidatura en particular; o compra, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya que quien lo haga estará cometiendo un delito.
Se considera trascendente establecer explícitamente tales puntos, a fin de dotar de claridad y certeza a la población respecto de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, así como garantizar la efectividad y autenticidad del sufragio.
V.    Programas sociales o cualquier otro mecanismo que implique la entrega de bienes y/o servicios a la población
La Constitución establece en su artículo 134, párrafo séptimo, que los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En el párrafo octavo del citado artículo constitucional se establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Además, en el artículo 11 de la LGCS se establece que la comunicación social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, deberán incluir de manera visible o audible, la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Para ello, deberán considerarse las características de cada medio de comunicación, asimismo, en los casos de los programas de desarrollo social, únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, y en ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda o comunicación.
Bajo esa premisa y, tomando en consideración que la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 1, fracción I, que los programas sociales tienen como objeto favorecer el ejercicio de los derechos sociales, el INE considera que para efectos de la tutela del principio de imparcialidad en el ámbito electoral, la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales con estricto apego a la legislación aplicable, puede constituir un indicio de que los mismos no tendrán fines electorales, toda vez que la naturaleza de la constitución y operación de dichos programas atiende a favorecer el ejercicio de los derechos sociales.
Lo anterior, considerando que en términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social. Y en relación con las 32 entidades federativas que realizarán comicios en 2021, está previsto lo siguiente:
Entidad
Normatividad
Reglas específicas
Federal
Ley General de
Desarrollo Social
Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les competen, de acuerdo a sus atribuciones, al Poder Legislativo.
Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales.
Ley General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
[...] XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
Aguascalientes
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Aguascalientes
Artículo 5.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Estatal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión de Desarrollo Social, el Sistema Estatal de Desarrollo Social y a los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social, así como las que corresponden, de acuerdo a sus atribuciones, al Poder Legislativo.
Artículo 17.- El Gobierno del Estado y los Municipios, que tengan bajo su cargo, la ejecución de programas o acciones de desarrollo social deberán sujetarse a los siguiente:
[...]
II. Publicar en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes las reglas de operación de los programas sociales Estatales y para el caso de programas Municipales deberán ser publicadas en sus gacetas o estrados Municipales, de manera que se publique un catálogo de programas sociales, los mecanismos de focalización y criterios de elegibilidad;
[...]
Baja California
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Baja California
Artículo 2.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social y a los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 18.- Para la administración y actualización del padrón de beneficiarios, la Secretaría realizará las siguientes acciones:
I. Emitir a más tardar el 30 de noviembre de cada año, las reglas de operación para la integración y actualización;
[...]
 
Baja California
Sur
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Baja California Sur
Artículo 3.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo para el Desarrollo Social de Baja California Sur, el Sistema Estatal de Desarrollo Social y a los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social, así como las que les corresponden, de acuerdo a sus atribuciones al Poder Legislativo.
Artículo 31.- El Gobierno del Estado en un plazo máximo de treinta días, a partir de la aprobación del Presupuesto Anual de Egresos, deberá elaborar y publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, las reglas de operación de los Programas de Desarrollo Social.
Campeche
Ley de Desarrollo
Social del Estado de
Campeche
Artículo 5.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría, sin menoscabo de las atribuciones que en la materia se otorgan a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.
Artículo 46.- El Gobierno del Estado deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado y difundir los Lineamientos y reglas de operación, requisitos de los programas de desarrollo social, los convenios de coordinación con las autoridades federales y municipales e incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado ante las autoridades conforme a lo que dispone la Ley de la materia".
Chiapas
Ley de Desarrollo
Social del Estado de
Chiapas
Artículo 2.- La aplicación de la presente Ley, le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Chihuahua
Ley de Desarrollo
Social y Humano para
el Estado de
Chihuahua
Articulo 4.- La aplicación de la presente ley corresponde a las dependencias, organismos y entidades de la administración pública estatal y municipal, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a sus atribuciones.
Artículo 31.- El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos deberán elaborar y publicar en el Periódico Oficial, las reglas de operación de los programas en la materia, incluidos en el presupuesto de egresos, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las diversas regiones y municipios de la entidad, sin perjuicio de transparentar de oficio la información pública establecida en la correspondiente ley.
Ciudad de México
Ley de Desarrollo
Social para el Distrito
Federal
Artículo 6.- La aplicación de la presente ley corresponde a los órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal en el ámbito de su competencia.
Artículo 34.- En la Ciudad de México existirá un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas de las Dependencias de la administración pública local, que contendrá la información sobre la totalidad de las personas que acceden a los diversos programas de desarrollo social. Dicho padrón unificado y los programas serán auditables en términos de la legislación por los órganos facultados para ello. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los artículos 33 y 35 de esta ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública local que tengan a su cargo programas destinados al desarrollo social, deberán: I. Publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a más tardar el 31 de enero del año de ejercicio, las reglas de operación de los diferentes programas de desarrollo social, en términos de la presente ley
 
Coahuila
Ley para el Desarrollo
Social del Estado de
Coahuila de Zaragoza
Artículo 2. El cumplimiento de la presente ley corresponde al Titular del Ejecutivo por conducto las dependencias y entidades de desarrollo social, y a los municipios en el ámbito de su competencia y jurisdicción.
Artículo 26. Las dependencias y organismos estatales que ejecuten programas sociales, una vez aprobado el presupuesto de los programas deberán elaborar o realizar las adecuaciones procedentes en su marco normativo y reglas de operación de su responsabilidad y publicarlas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en sus sitios electrónicos oficiales.
Colima
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Colima
Artículo 21.- Corresponde al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría y a los Ayuntamientos, por conducto de sus presidentes municipales, vigilar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 34 Bis 16.- Se implementarán campañas de difusión para que la población en general tenga conocimientos del contenido, reglas de operación y beneficios de los programas de desarrollo humano que se apliquen en la Entidad, la que se dará a conocer a través de los medios de comunicación más accesibles.
Durango
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Durango
Artículo 5.- La aplicación de la presente Ley, le corresponde al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, independientemente de las atribuciones que en la materia se establezcan a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 18.- El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos difundirán en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, los programas operativos anuales en materia de desarrollo social y la normatividad respectiva en un plazo no mayor al último día de febrero de cada año o dentro de los 30 días siguientes a su generación.
Ley de Acceso a la
Información Pública
del Estado de
Durango
ARTÍCULO 65. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, Reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;
[...]
 
Guanajuato
Ley de Desarrollo
Social y Humano para
el Estado y los
Municipios de
Guanajuato
Artículo 4.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente ley: I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato, así como las dependencias y entidades estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, y II. Los Ayuntamientos, por conducto del área encargada del desarrollo social municipal, así como las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las autoridades estatales y municipales ejercerán sus atribuciones de manera coordinada, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
Artículo 15 Bis.-
[...]
Las reglas de operación se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
[...]
Guerrero
Ley Num. 102 para el
Desarrollo Social del
Estado de Guerrero
Artículo 3.- Corresponde al Poder Ejecutivo Estatal la aplicación de esta Ley por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual normará y coordinará la formulación y evaluación de la Política Social de Estado, de conformidad con la presente ley y disposiciones aplicables de los demás ordenamientos.
Hidalgo
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Hidalgo
Artículo 5.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, como órgano coordinador de Dependencias, Organismos y a los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las que correspondan a otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Artículo 27.- Los criterios de ejecución del Programa Sectorial de Desarrollo Social especificarán anualmente las estrategias para alcanzar sus objetivos, y serán la base para la presupuestación del gasto público en Desarrollo Social, en cuyo contenido se observarán: I.- Las prioridades en materia de Desarrollo Social que requieren los habitantes del Estado; II.- Los objetivos, que se pretenden alcanzar en cada uno los aspectos de las acciones para el Desarrollo Social; III.- El monto del gasto que se ejercerá en cada uno de los aspectos de las acciones para el desarrollo social; y IV.- La elaboración y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de las reglas de operación de todos los programas de desarrollo social, así como de la metodología, normatividad y calendarización
 
Jalisco
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Jalisco
Artículo 13.- El Ejecutivo del Estado, será la autoridad rectora del desarrollo social del Estado, en la planeación y ejecución de las políticas y programas relativos a ello.
Artículo 28.- Además de las obligaciones que señalan los artículos anteriores, el Gobierno del Estado y los Municipios implementarán campañas de difusión masivas para que toda la población se entere del contenido, reglas de operación y beneficios de los programas de desarrollo social que se aplican en el Estado.
México
Ley de Desarrollo
Social del Estado de
México
Artículo 5.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, de sus dependencias, organismos y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 18.- El Gobierno del Estado deberá publicar en el periódico oficial Gaceta del Gobierno y difundir las reglas de operación de los Programas de Desarrollo Social, los convenios de coordinación con las autoridades federales y municipales e incluir la siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado ante las autoridades conforme a lo que dispone la Ley de la materia"
Michoacán
Ley de Desarrollo
Social del Estado de
Michoacán
ARTÍCULO 30.- [...]
La planeación del desarrollo social en el Estado, estará a cargo del Gobernador a través de las dependencias en la materia, en coadyuvancia con el Sistema Estatal, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.
ARTÍCULO 4.- Corresponde al Gobernador: [...]
[...]
Las reglas de operación y sus modificaciones se publicarán en el Periódico Oficial y en las páginas electrónicas de las autoridades ejecutoras de los programas. Los recursos no podrán ejercerse hasta que éstas se publiquen.
Morelos
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Morelos
Artículo 2-. La aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado a través de las Secretarías, Dependencias y Entidades competentes y a los Ayuntamientos, dentro del ámbito de sus atribuciones; asimismo al Poder Legislativo de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 32.- [...]
Las Secretarías, Dependencias y Órganos del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, ejecutores de Programas de Desarrollo Social, deberán elaborar y publicar las Reglas de Operación de los mismos en el Periódico Oficial, en su página electrónica oficial, y difundirlas ampliamente, de tal manera que se garantice que la población objetivo se entere oportunamente de los términos y condiciones de las mismas.
 
Nayarit
Ley Para el Desarrollo
Social del Estado de
Nayarit
Artículo 2.- La aplicación de la presente Ley corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, dependencias y organismos y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 48.- Las Reglas de Operación a que se refiere el artículo anterior serán elaboradas sin menoscabo de mezcla de recursos que se destinaren para los programas sociales reconocidos en esta Ley. Las reglas de operación de cada programa deberán estar publicadas en el Periódico Oficial, a más tardar al 31 de enero del año del ejercicio fiscal de que se trate, así como en la página de internet del Gobierno del Estado. En un plazo de cinco días a partir de la publicación, la Secretaría, cada dependencia y entidades deberá remitir a los ayuntamientos los documentos que contengan la información citada en el párrafo anterior.
Nuevo León
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Nuevo León
Artículo 2.- La aplicación de la presente Ley corresponde a las dependencias, organismos y entidades del Gobierno del Estado y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Oaxaca
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Oaxaca
Artículo 4.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, de sus dependencias y entidades, así como, a los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 36.- El Gobierno del Estado y los Municipios implementarán campañas de difusión con el objeto de informar a la población del contenido, reglas de operación y beneficios de los programas de desarrollo social que se apliquen en el Estado.
Puebla
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
de Puebla
Artículo 6.- La aplicación de esta Ley corresponde al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos por conducto de sus Dependencias, Entidades y Organismos, los que ejercerán sus atribuciones de manera concurrente y coordinada en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 16.- El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos de los Municipios, elaborarán y harán del conocimiento público cada año sus Programas de Desarrollo Social y las Reglas de Operación de los mismos, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de noventa días, a partir de la aprobación de sus respectivos presupuestos de egresos anuales
 
Querétaro
Ley de Desarrollo
Social Del Estado De
Querétaro
Artículo 4.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley: I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, así como las dependencias y entidades estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias; y II. Los ayuntamientos, por conducto del área encargada del desarrollo social municipal, así como las dependencias y entidades que integran la administración pública municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 20.- [...]
Las reglas de operación se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" y en la página electrónica del Poder Ejecutivo del Estado, así como en las correspondientes Gacetas Municipales.
Quinta Roo
Ley para el Desarrollo
Social del Estado de
Quintana Roo
Artículo 21.- Corresponde al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría y a los Ayuntamientos, por conducto de sus presidentes municipales, vigilar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 43.- El Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la aprobación de su Presupuesto de Egresos, difundirán en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, los programas operativos anuales en materia de desarrollo social y la normatividad respectiva.
San Luis Potosí
Ley de Desarrollo
Social para el Estado
y Municipios de San
Luis Potosí
Articulo 2.- La aplicación de la presente Ley corresponde a las dependencias, organismos y entidades del Ejecutivo del Estado, y de los municipios, de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia; así como al Poder Legislativo del Estado, de acuerdo a sus atribuciones que le competen.
Artículo 28 BIS.- Los programas sociales derivados de los objetivos del Programa Estatal de Desarrollo Social, deberán contar con reglas de operación que establecerán como mínimo
[...]
Los requisitos de acceso al programa. Las reglas de operación se publicarán anualmente en la página de internet de la dependencia o municipio.
Sonora
Ley de Desarrollo
Social del Estado de
Sonora
Artículo 24.- La aplicación de la presente ley en las funciones y atribuciones que corresponden expresamente al Gobierno del Estado será responsabilidad directa de la Secretaría, con la concurrencia de las demás dependencias y entidades de la administración pública estatal que participan en la Comisión.
Artículo 38.- Las dependencias del gobierno estatal y los municipios harán del conocimiento público, cada año, sus programas operativos de desarrollo social y sus reglas de operación, a través de medios de comunicación masivos accesibles a la población, en un plazo no mayor a treinta días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales. Tal publicación deberá realizarse también, en el caso de los municipios, en la lengua de la etnia residente en su jurisdicción territorial, cuando sea el caso.
 
Tabasco
Ley de Desarrollo
Social del Estado de
Tabasco
Artículo 2.- La aplicación de esta Ley corresponde a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Tamaulipas
Ley de desarrollo
Social para el Estado
de Tamaulipas
Artículo 3.- La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, y a los Ayuntamientos de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 13.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios harán del conocimiento público, cada año, sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.
Tlaxcala
Ley de Desarrollo
Social del Estado de
Tlaxcala
Artículo 2.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobierno del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 16.- El Gobierno del Estado y los Municipios publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en los medios oficiales de difusión todos los programas operativos de desarrollo social, los recursos asignados y sus respectivas reglas de operación conforme a lo dispuesto en esta Ley, en un término de sesenta días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.
Veracruz
Ley de Desarrollo
Social y Humano para
el Estado de Veracruz
Artículo 2. La aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, independientemente de las atribuciones que en la materia conciernan a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a los Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 17. El Gobierno del Estado y los Municipios implementarán campañas de difusión con el objeto de informar a la población del contenido, reglas de operación y beneficios de los programas de desarrollo social y seguridad humana que se apliquen en el Estado.
Zacatecas
Ley de Desarrollo
Social Para el Estado
y Municipios de
Zacatecas
Artículo 5.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Estatal, los Consejos Regionales de Desarrollo Social, la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, el Subcomité Sectorial de Desarrollo Social y a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les corresponden, de acuerdo a sus atribuciones a la Legislatura del Estado.
Artículo 33.- La o el Ejecutivo del Estado dentro de los 60 días naturales siguientes a la aprobación del presupuesto de egresos del Estado, deberá elaborar y publicar en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, así como en su página electrónica, las reglas de operación de los programas de desarrollo social.
 
 
Tratándose de los estados de Sinaloa y Yucatán, de la revisión exhaustiva a sus ordenamientos legales, se advierte que no hay regulación local específica sobre la implementación y operación de los programas sociales.
En Chiapas y Guerrero la normativa no contempla la obligación de publicar reglas de operación. Además, en los estados de Durango y Colima la legislación no determina que la difusión para la socialización de las reglas de operación de los programas sociales se realice en el periódico oficial.
Adicionalmente, la información relativa al desarrollo social es pública, de manera que el artículo 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, en sus medios eléctricos, la información sobre los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, servicios, infraestructura social y subsidios.
En consecuencia, no sólo la publicidad de las reglas de operación, sino también la información relativa a todo recurso público que se ejerza para la ejecución de los programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para ese fin, está sujeta a las reglas de transparencia y rendición de cuentas, lo cual, si se cumple, constituye indicio de que los mismos se ajustan a las reglas establecidas en la Constitución, particularmente a las establecidas en el artículo 134, párrafo octavo.
Por otra parte, como ya ha sido señalado, en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, y que, para la efectiva aplicación de dichos principios observarán, entre otras directrices, conducirse con rectitud sin utilizar el empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho, ventaja personal o a favor de terceros, y administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios indicados para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
En efecto, el citado precepto legal establece:
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, Reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;
V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;
 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones;
X. Se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad;
XI. Separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión;
XII. Abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado,
XIII. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.
La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este artículo deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión.
En ese contexto, se deberá evitar un manejo parcial de los programas sociales y los respectivos padrones de beneficiarios, sobre los procesos electorales en general y las condiciones de la equidad en la competencia en especial.
Las indicadas obligaciones legales también se encuentran previstas en el ámbito local en las siguientes disposiciones de las 32 entidades federativas:
Entidad
Reglas Específicas
Aguascalientes
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 6.- Los servidores públicos se sujetarán en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
Baja California
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de respeto a la dignidad de las personas, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
 
Baja California Sur
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR
Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
Campeche
LEY REGLAMENTARIA DEL CAPÍTULO XVII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
ARTÍCULO 53.- Para salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones:
[...]
XVI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener, o pretender obtener, beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado o Municipio le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIV;
[...]
XXVII. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja, para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XIV;
[...]
Chiapas
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS
Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.
[...]
 
Ciudad de México
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 7.- Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
Guanajuato
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS
Artículo 2.- Son servidores públicos los mencionados en los artículos 122 y 126 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como todas aquellas personas que manejen, administren o apliquen recursos públicos estatales, municipales, o federales, concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con municipios; quienes deberán conducirse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Serán sujetos de responsabilidad administrativa y resarcitoria cuando incumplan las obligaciones o incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta ley, así como aquéllas que deriven de otras leyes y Reglamentos, con las salvedades establecidas en la presente ley.
[...]
Artículo 12.- [...]
VI. Realizar por sí o inducir a otro servidor público para que anticipe, retrase u omita la realización de algún acto de su competencia, con objeto de que le reporte algún beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 11 de esta Ley; o bien, cuando con dichas conductas le ocasione daño o perjuicio a un tercero;
[...]
Gurrero
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE GUERRERO
Artículo 7.- Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las directrices siguientes:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener ilegalmente algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
 
México
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
Artículo 7.- Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.
[...]
Michoacán
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN
Artículo 6.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, institucionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
Morelos
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE MORELOS
Artículo 6.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar o aprovechar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
 
Nayarit
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT
Articulo 53.- Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en este ordenamiento, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
Articulo 54.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
[...]
XIV. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el estado o el municipio le otorga por el desempeño de su función.
Nuevo León
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: I
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
Oaxaca
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA
Artículo 6.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las directrices previstas en el artículo 7 de la Ley General.
Querétaro
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Artículo 5.- Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las directrices previstas en la Ley General.
 
Quintana Roo
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE QUINTANA ROO
ARTÍCULO 47.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público sin perjuicio de sus derechos laborales tendrá las siguientes obligaciones de carácter genera:
[...]
XXIX. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de utilizar los recursos públicos que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un partido político o de un candidato, o de proporcionar ese apoyo con su participación o a través de la de sus subordinados usando el tiempo correspondiente a sus labores para prestar servicios a un partido político o a un candidato; sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponderle;
[...]
San Luis Potosí
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ
Artículo 6.- Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros; ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
Sinaloa
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SINALOA
Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
Sonara
LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES
Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II.- Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
 
Tabasco
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales:
[...]
XVI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función.
[...]
Tamaulipas
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Artículo 7.- Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices:
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
Tlaxcala
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
Artículo 59.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, certeza, veracidad y eficacia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, independientemente de las que les correspondan en razón de la naturaleza del mismo, y sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, los servidores públicos tienen las obligaciones
administrativas siguientes:
[...]
 
Veracruz
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
Artículo 5.- Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las directrices siguientes
[...]
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;
[...]
Yucatán
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Artículo 7.- Principios rectores del servicio público Para efecto de la observancia a que hace referencia la Ley General, los servidores públicos estarán obligados a salvaguardar en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función los siguientes principios: I. Disciplina: Cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas del ente público del Estado, estando sujeto a las acciones de las autoridades competentes en caso de inobservancia de sus obligaciones; II. Economía: Ejercer los recursos presupuestales asignados asegurando las mejores condiciones para el Estado, conforme a los precios de mercado; III. Eficacia: Lograr los objetivos y metas programadas en el respectivo ámbito de su competencia. IV. Eficiencia: Ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta a mayores condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y absteniéndose de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o deficiencia de la función que le sea encomendada o el aumento significativo de los costos proyectados; V. Honradez: Observar una conducta ética y abstenerse de obtener, para sí o para las personas a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley, provechos indebidos o cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración; VI. Imparcialidad: Mantenerse ajenos a los intereses personales, familiares, de trabajo, de negocios, o cualquier otro que afecten la objetividad, adoptando en sus actos y resoluciones criterios que privilegien el mejor derecho, así como abstenerse de aceptar obsequios o regalos de cualquier valor por parte de individuo u organización alguna; VII. Integridad: Ejercer la función pública conforme a lo dispuesto en el Código de Ética y prevención de conflictos de intereses respectivo; VIII. Lealtad: Ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus componentes, y cualquier acto u omisión que generen un daño a aquel; IX. Legalidad: Observar durante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión las Constituciones Federal y del Estado, las Leyes, los Reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como fundar y motivar los actos de autoridad que representen actos de molestia y privativos a las personas a las que se encuentren dirigidos; X. Objetividad: Adoptar una actitud crítica imparcial apoyado en datos y situaciones reales, despojada de prejuicios y apartada de intereses para concluir sobre hechos o conductas; XI. Profesionalismo: Ejercer de manera responsable la función pública, con la debida capacidad y aplicación, y cumpliendo con los requisitos aplicables al ejercicio del empleo, cargo o comisión respectivo; XII. Rendición de cuentas: Capacidad de explicar y documentar el sentido de las decisiones tomadas o de cualquier acto, derivado de las competencias, facultades o funciones de sujetos en ejercicio de la función pública y sus resultados, y XIII. Transparencia. Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre su actividad institucional, sin más límites que los que impongan las disposiciones normativas aplicables.
 
Las entidades federativas de Chihuahua, Colima y Durango no cuentan con una legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos, por lo que de manera directa la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de observancia general en las mismas.
Mientras que los estados de Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Puebla y Zacatecas tienen un ordenamiento legal que regula las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sin embargo, debido a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las disposiciones normativas referentes a los procedimientos administrativos fueron derogadas.
Los recursos que los servidores públicos tienen bajo su encargo deben aplicarse con imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como los asociados a la prestación de bienes y servicios contenidos en los programas sociales garantes de los derechos sociales previstos en la Constitución, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y la Política Nacional de Desarrollo Social.
Es importante señalar que durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los programas sociales no tienen que suspenderse, salvo lo dispuesto en contrario en otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas modalidades establecidas en las correspondientes reglas de operación.
En ese sentido, la Sala Superior ha reconocido que no existe alguna previsión normativa de suspender durante las campañas la entrega de programas sociales o de cualquier otro mecanismo que persiga ese fin, sin embargo, también ha determinado como criterio orientador que los bienes o servicios derivados de éstos no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral.
Al respecto, cabe citar la Tesis LXXXVIII/2016:
PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN
EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la interpretación teleológica, sistemática y funcional de los artículos 41, Base IIl, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo, octavo y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que, en principio, no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad; sin embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los Procesos Electorales, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera, que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.
Es importante señalar que la LGIPE establece en el artículo 209, párrafo 5, la prohibición de entregar cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio. Asimismo, se establece que dichas conductas serán sancionadas y se considerará como indicio de presión hacia el elector.
En atención a lo anterior, esta autoridad considera que para garantizar el cumplimiento a lo establecido en Constitución y LGIPE, los programas sociales o cualquier otro mecanismo que implique la ejecución y reparto de bienes, servicios y recursos deberán apegarse a lo establecido legislación aplicable.
Cabe reiterar que este Consejo General ha emitido una serie de acuerdos bajo esta misma línea interpretativa: INE/CG67/2015, INE/CG94/2016, INE/CG04/2017 e INE/CG108/2017.
Por cuanto hace a la reelección o elección consecutiva, respecto a las candidatas y los candidatos que no se separen del cargo, los apoyos que reciban para el sostenimiento de módulos de atención a la ciudadanía, oficinas de gestión o de cualquier otra denominación, también son recursos públicos y por tanto los mismos deben usarse bajo el principio de imparcialidad para garantizar el cumplimiento a la normativa aplicable.
En ese sentido, en el artículo 8, fracciones XIV y XV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se establece la obligación de evitar que los recursos económicos que les son otorgados a legisladoras y legisladores se destinen a otros fines, como es el caso de tales centros de enlace legislativo en sus Distritos o circunscripciones, pues dichos recursos tienen prevista una finalidad específica, como es la de mantener un vínculo permanente con sus representados y representadas.
Por último, en otro aspecto, se deberán tener en consideración en todo lo que resulten aplicables al presente Acuerdo, los principios y reglas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en términos de la reforma legal de 13 de abril de 2020 y los diversos acuerdos y Lineamientos emitidos por este Consejo General sobre el particular.
VI.   Consideraciones finales
La CPEUM establece a través de su artículo 134, párrafo séptimo, que los servidores públicos de la federación, los estados, los municipios, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En el artículo 449, numeral 1, inciso e), de la LGIPE se establece que serán infracciones de autoridades y servidores públicos la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
Con base en lo expuesto y fundado, resulta necesario fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos, equidad en la contienda electoral y libertad en la emisión del sufragio de los ciudadanos en los procesos electorales federal y locales de 2020-2021, así como para generar certeza y seguridad jurídica respecto a la aplicación de programas sociales en términos de lo previsto en el artículo 449, numeral 1, inciso e), de la LGIPE.
Cabe destacar que dicha disposición normativa es similar en todas las legislaciones de entidades federativas donde se celebrarán elecciones en 2020-2021. De ahí que se encuentre plenamente justificada la trascendencia del asunto, certeza y seguridad jurídica, como elementos necesarios para ejercer la facultad de atracción, en términos de lo establecido por los 41, Base V, Apartado C, segundo párrafo inciso c) de la CPEUM, así como 60 y 64 del Reglamento.
Máxime que la competencia de este Instituto para emitir criterios respecto del principio de imparcialidad y programas sociales, ha sido reconocida por la Sala Superior tanto en las tesis mencionadas en el presente Acuerdo como en las ejecutorias SUP-RAP-14/2009, SUP-RAP-147/2011, SUP-JDC-903/2015 y acumulado, SUP-RAP-57/2010, SUP-RAP-123/2011 y SUP-RAP-54/2012.
Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado, este Consejo General:
RESUELVE
Primero. Se ejerce la facultad de atracción para fijar los mecanismos y criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda respecto a la aplicación de programas sociales en los procesos electorales federal y locales de 2020-2021.
Segundo. Se aprueban como mecanismo para contribuir a la debida observancia de las reglas existentes sobre la aplicación de programas sociales durante el desarrollo de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021, la difusión de los siguientes mensajes:
1.     La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.
2.     Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido político, coalición o candidatura alguna, se pagan con los impuestos de todas y todos.
3.     La inscripción en algún programa social de salud, educativo, vivienda, alimentación u otro, da derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién se vote.
4.     Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura.
5.     Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o condicionar el sentido del voto.
6.     Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social, o compra, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ya que quien lo haga estará cometiendo un delito.
Tercero. Para garantizar la vigencia de los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y locales 2020-2021, se fijan los siguientes criterios en relación con la operación de programas sociales:
A. Para efectos de la materia electoral se presume que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales o de cualquier otro mecanismo para tal fin, en estricto apego a las reglas de operación publicadas en los términos que establece la normatividad aplicable, atienden a los principios de imparcialidad y equidad en el desarrollo de las contiendas.
 
B. A partir del inicio de las campañas electorales de los procesos federal y locales 2020-2021 y hasta la conclusión de las jornadas electorales, no podrán operarse programas federales o locales no contemplados previamente, ni crearse nuevos programas sociales.
C. Se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de personas beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos a los establecido en las reglas de operación aplicables, con el objeto de promocionar a cualquier gobierno, partido político, coalición o candidatura en el marco de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021, es contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad en la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.
D. Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, los programas sociales no deben suspenderse, salvo que así lo dispongan otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas modalidades establecidas en las correspondientes reglas de operación.
En atención a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales, desde el inicio de las campañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados de tal manera que no generen un impacto negativo o pongan en riesgo los referidos principios.
E. No se debe suspender ni condicionar con fines electorales, de forma individual o colectiva, la entrega de recursos provenientes de programas sociales federales, locales o municipales, en dinero o en especie, ni el otorgamiento, administración o provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares.
Cuarto. Se solicita la colaboración y apoyo de quienes fungen como titulares de los poderes ejecutivos federal y locales, así como a los legisladores y demás servidores públicos de la federación y de las treinta y dos entidades federativas, a fin de que realicen las acciones necesarias para que la ejecución de los programas sociales o de cualquier otro mecanismo implementado para tal fin bajo su responsabilidad, se ajusten al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con fines distintos al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales correspondientes para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura en particular.
Quinto. Las quejas y denuncias por violaciones al principio de imparcialidad con motivo de la aplicación, ejecución y reparto de bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales, así como aquellas presentadas por violaciones al principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos que involucren la difusión en radio o televisión de cualquier clase de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, serán radicadas y sustanciadas como procedimientos sancionadores y resueltos por los órganos competentes, en términos de lo establecido en la normativa aplicable y, en caso de que éstos pudieran constituir algún delito en materia electoral, se dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales .
Sexto. En términos de lo previsto en los artículos 4 y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, el gobierno federal debe ordenar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, las reglas de operación de los programas de desarrollo social y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos periódicos oficiales.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es deber de los sujetos obligados, entre ellos autoridades federales y locales, publicitar la información relativa a los programas sociales en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
De igual forma, de acuerdo con la normativa en materia de desarrollo social de las entidades federativas, los respectivos programas de desarrollo, así como las reglas de operación de los mismos, deberán ser publicados en los periódicos o gacetas oficiales.
En materia electoral, el cumplimiento de dichas reglas tratándose de la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales, representan un indicio para considerar que éstos se apegan a los principios constitucionales y legales de imparcialidad y equidad.
Asimismo, para efectos electorales no se considerarán programas sociales emergentes o novedosos todos aquellos cuyas reglas de operación hayan sido publicadas a más tardar el 31 de diciembre de 2020, a excepción de aquellos cuyos objetivos se orienten a servicios educativos, salud o protección civil en casos de emergencia.
Séptimo. En términos de lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, en relación con el artículo 449, numeral 1, inciso e), de la Ley General, se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de personas beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos distintos a los establecidos en las reglas de operación aplicables, con el objeto de promocionar cualquier gobierno, partido político, coalición o candidatura en el marco de los procesos electorales federal y locales de 2020-2021 es contrario al principio de imparcialidad y, en consecuencia, afecta la equidad en la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.
Octavo. Se exhorta al Congreso General y a los Congresos Locales a informar al INE y a los OPL, según corresponda, sobre el destino y uso de los recursos entregados a las diputadas y los diputados tanto en el ámbito federal como local, de las subvenciones recibidas a efecto de garantizar su uso adecuado, así como del personal a su cargo, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG635/2020 del Consejo General mediante el cual se emitieron Lineamientos sobre elección consecutiva de diputadas y diputados federales.
Noveno. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga las medidas conducentes para comunicar el contenido de la presente Resolución a las dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales y locales, a los respectivos OPL y a los Consejos Locales y Distritales del Instituto, al Titular del Ejecutivo Federal, a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las treinta y dos entidades federativas que tendrán Proceso Electoral en 2020-2021, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para su más amplia difusión.
Décimo. Todas las autoridades en todos los niveles deberán tener en consideración en todo lo que resulten aplicables al presente Acuerdo, los principios y reglas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en términos de la reforma legal de 13 de abril de 2020 y los diversos acuerdos y Lineamientos emitidos por este Consejo General sobre el particular.
Décimo Primero. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga las medidas conducentes para difundir la presente Resolución entre las Dependencias del Ejecutivo Federal y de las y los Ejecutivos de las Entidades Federativas, responsables del Control Interno y en general con los órganos y oficinas que desarrollen esas funciones en los poderes legislativos, tratándose de legisladoras y legisladores aspirantes a la reelección. De igual manera, dar vista a la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas.
Décimo Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo a que realice las acciones necesarias para que por conducto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica se difunda la presente Resolución a través de los tiempos del Estado en radio y televisión correspondientes a este instituto.
Décimo Tercero. Los Acuerdos aprobados, en su caso, por los OPL de las 32 entidades federativas que tendrán Proceso Electoral en 2020-2021, a través de los cuales se busca garantizar la correcta aplicación de las reglas relacionadas con los programas sociales federales, estatales o municipales, seguirán vigentes en tanto su contenido no entre en contradicción con los criterios establecidos en la presente Resolución.
Décimo Cuarto. Lo no previsto en la presente Resolución será resuelto por el INE mediante las determinaciones correspondientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 44, numeral 1, inciso jj), de la LGIPE.
Décimo Quinto. Se instruye al Secretario Ejecutivo disponga de las medidas conducentes para la difusión del contenido de la presente Resolución a los servidores públicos de los distintos ámbitos de gobierno, a través de los Vocales Ejecutivos Locales y Distritales del INE, así como la publicación en la página de internet y redes sociales del propio Instituto, y en cualquier otro medio de difusión que resulte pertinente.
 
Décimo Sexto. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Décimo Séptimo. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de internet del Instituto.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 21 de diciembre de 2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
 
1     Jurisprudencias P./J. 144/2005 y P./J. 98/2006
2     SUP-RAP-038/99 y acumulados
3     Criterios emitidos en los SUP-RAP-232/2017, SUPRAP-356/2017, SUP-RAP-357/2017, SUP-RAP358/2017, Y SUP-RAP-381/2017, ACUMULADOS; así como el citado SUP-RAP-607/2017 Y ACUMULADOS

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