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DOF: 13/04/2021
SENTENCIA dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-139/2019 y acumulados

SENTENCIA dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-139/2019 y acumulados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
EXPEDIENTES: SUP-REP-139/2019 Y ACUMULADOS
RECURRENTES: CANAL ONCE Y OTROS
AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA
SECRETARIADO: FRANCISCO M. ZORRILLA MATEOS, FABIOLA NAVARRO LUNA, PRISCILA CRUCES AGUILAR, E ISAÍAS MARTÍNEZ FLORES.
Ciudad de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno.
Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca parcialmente la sentencia dictada en el procedimiento especial sancionador con clave de identificación SRE-PSC-70/2019, únicamente por lo que hace al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (Canal catorce) y al Instituto Politécnico Nacional (Canal Once), y se revoca, en la materia de impugnación, la resolución por lo que hace a la sanción de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.
ÍNDICE
GLOSARIO
ANTECEDENTES
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. Competencia
SEGUNDO. Justificación para resolver en sesión no presencial
TERCERO. Acumulación
CUARTO. Procedencia
QUINTO. Prueba superveniente
SEXTO. Acto impugnado
SÉPTIMO. Pretensión,causa de pedir y litis
OCTAVO. Estudio de fondo
NOVENO. Efectos
RESUELVE
GLOSARIO
Acto impugnado
Sentencia dictada por la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSC-70/2019 que, entre otras cuestiones, declaró existente la infracción relativa a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, por la transmisión íntegra o parcial de las conferencias de prensa matutinas realizadas por el presidente de la República y, en consecuencia, se impusieron diversas sanciones
Canal once
Instituto Politécnico Nacional, concesionaria de las emisoras XEIPN-TDT y XHSIN-TDT, identificadas como Canal once
CQyD
Comisión de Quejas y Denuncias del INE
IMER
Instituto Mexicano de la Radio
INE
Instituto Nacional Electoral
Ley de Comunicación
Ley General de Comunicación Social
Ley de Medios
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
LEGIPE
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley Orgánica
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
PAN
Partido Acción Nacional
Recurrentes
Canal once, SPR, IMER y la Universidad de Guadalajara
Reglamento Interno
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
REP
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador
SPR
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, concesionaria de las emisoras XHSPRZC-TDT, XHSPRMS-TDT, XHSPR-TDT, XHSPRMT-TDT, identificadas como canal catorce
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara
 
ANTECEDENTES
1. Primera y segunda quejas. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve(1) el representante del Partido Acción Nacional (PAN) presentó dos quejas ante el Consejo General del INE. La primera, en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del partido político MORENA y de los canales de televisión 11,14 y 22 y, la segunda, en contra del SPR. Ambas denuncias, por la difusión ininterrumpida de las conferencias conocidas como "mañaneras" en los estados con proceso electoral, con las cuales se podrían actualizar las siguientes infracciones:
·  Difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.
·  Promoción personalizada a favor del presidente de la República.
·  Uso indebido de recursos públicos.
·  Vulneración al principio de imparcialidad.
·  Incumplimiento de la transmisión de la pauta ordenada por el INE.
Asimismo, se solicitó la adopción de medidas cautelares. El veinticuatro de mayo la autoridad instructora dictó sendos acuerdos, a fin de registrar las quejas en los expedientes UT/SCG/PE/PAN/77/2019 y UT/SCG/PE/PAN/78/2019. El veintisiete siguiente las admitió a trámite y determinó su acumulación.
2. Primera emisión de medidas cautelares. El veintiocho de mayo se determinó la procedencia de las medidas cautelares solicitadas en las quejas referidas, por lo que mediante acuerdo ACQyD-INE-37/2019, se ordenó a las concesionarias de radio y televisión de los estados con proceso electoral (y a la Presidencia de la República), abstenerse de difundir las conferencias en su totalidad y de forma ininterrumpida. De igual forma, se ordenó a las concesionarias cumplir con la pauta ordenada por el INE, con independencia de la cobertura que realicen de las conferencias.
3. Primera audiencia de ley. El diez de julio se emplazó a las partes a celebrar audiencia de pruebas y alegatos, misma que tuvo lugar el diecisiete siguiente.
4. Tercera queja y diligencias para mejor proveer. El dieciocho de julio, Fadua Zulema David Rodríguez, presentó ante la autoridad instructora un escrito de queja en el que denuncia al presidente de la República porque, desde su perspectiva, la difusión ininterrumpida de las conferencias matutinas podría incurrir las siguientes infracciones:
·  Promoción personalizada y violación al principio de equidad.
·  Adquisición de tiempos en radio y televisión.
·  Actos anticipados de campaña.
·  Difusión de informe de labores fuera de los plazos permitidos.
El diecinueve de julio, mediante acuerdo de la autoridad instructora, se registró la queja con la clave UT/SCG/PE/FZDR/CG/103/2019. El cinco de agosto se admitió a trámite y el siete siguiente, se determinó acumular la queja UT/SCG/PE/FZDR/CG/103/2019 a la diversa UT/SCG/PE/PAN/77/2019.
 
5. Primer Juicio Electoral ante la Sala Regional Especializada. En su oportunidad, la autoridad instructora remitió el expediente a la Sala Regional Especializada para su resolución, radicándose bajo la clave SRE-JE-33/2019.
La Sala Regional determinó que, del conjunto de datos e información del expediente, no era posible determinar de manera clara y precisa la forma en que cada concesionaria incumplió o no con la normativa electoral.
Por ello el veinticinco de julio, mediante Acuerdo Plenario, la Sala Regional Especializada determinó regresar el expediente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, a fin de realizar diversas diligencias para constatar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas denunciadas.
6. Medidas cautelares respecto de la tercera queja. El seis de agosto siguiente, la CQyD determinó mediante acuerdo ACQyD-INE-43/2019, la improcedencia de medidas cautelares que se solicitaron en la tercera queja, al considerar que no había proceso electoral en curso que pudiera verse afectado.
7. Segunda audiencia de ley. El veinte de agosto, la autoridad instructora emitió acuerdo para citar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada el veintinueve del mismo mes y año.
8. Segundo Juicio Electoral ante la Sala Regional Especializada. En su oportunidad, la autoridad instructora remitió el expediente a la Sala Regional Especializada, la cual lo registró con la clave SRE-JE-33/2019 y revisó su integración.
El trece de septiembre, la Sala Regional Especializada determinó nuevamente regresar el expediente a la Unidad Técnica, al advertirse de las constancias remitidas por la autoridad electoral, que se debía emplazar a veintitrés concesionarias más, que pudieran ubicarse en el ilícito denunciado. Asimismo, a fin de que la autoridad instructora realizara diversas diligencias.
9. Tercera audiencia de ley. El treinta y uno de octubre, se realizó audiencia de pruebas y alegatos, emplazada por la autoridad instructora al término de la investigación correspondiente.
10. Acto impugnado. El veintisiete de noviembre, la Sala Regional Especializada resolvió, por mayoría de votos, el procedimiento especial sancionador instaurado en el expediente SRE-PSC-70/2019, en el que se determinó:
·  La inexistencia de las infracciones atribuidas al presidente de la República y al partido político Morena.
·  Declaró la existencia de infracciones relativas a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuibles a diversas concesionarias de radio y televisión, por la transmisión íntegra de las conferencias de prensa mañaneras,
·  Se determinó el incumplimiento de transmitir pautas conforme a lo ordenado por el INE, derivado de la difusión íntegra o parcial de las conferencias de prensa realizadas por el presidente de la República.
·  Se declaró el incumplimiento al acuerdo de medida cautelar ACQyD-INE-37/2019, por parte de SPR (Canal 14), imponiéndole la correspondiente sanción.
11. Demandas. Inconformes con la sentencia de la Sala Regional Especializada, el cinco y seis de diciembre, los recurrentes presentaron, respectivamente, recursos de revisión del procedimiento especial sancionador para controvertir la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSC-70/2019.
12. Turno. Mediante los acuerdos del cinco, seis y nueve de diciembre, respectivamente, se turnaron los expedientes SUP-REP-139/2019, SUP-REP-140/2019, SUP-REP-141/2019 y SUP-REP-143/2019 a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.
13. Radicación, admisión y cierre. En su oportunidad, el magistrado instructor ordenó radicar, admitir y cerrar instrucción en los medios de impugnación aludidos.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. Competencia
Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base VI; 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución general; 186, fracción III, inciso h), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica, así como 3°, párrafo 2, inciso f); 4°, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley de Medios.
Lo anterior, por tratarse de cuatro recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, cuya resolución corresponde de manera exclusiva a este órgano jurisdiccional.
 
SEGUNDO. Justificación para resolver en sesión no presencial
Esta Sala Superior emitió el acuerdo 8/2020(2) en el cual, si bien reestableció la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo segundo determinó que las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias, hasta que el Pleno de esta Sala Superior determine alguna cuestión distinta.
TERCERO. Acumulación
De la revisión integral de las demandas que dieron origen a la integración de los expedientes de los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador citados al rubro, se advierte que existe identidad en el acto impugnado y autoridad responsable, esto es, en todos los casos se impugna la sentencia emitida por la Sala Especializada en el expediente SRE-PSC-70/2019.
En atención a lo anterior, acorde al principio de economía procesal y conforme a lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica; 31, de la Ley de Medios; y, 79 y 80 del Reglamento Interno, lo procedente es acumular los recursos SUP-REP-140/2019, SUP-REP-141/2019 y SUP-REP-143/2019 al diverso SUP-REP-139/2019, por ser éste el que se recibió en primer orden en esta Sala Superior.
En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a los autos de los recursos acumulados.
CUARTO. Procedencia
Los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador al rubro reúnen los requisitos previstos en los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 45, párrafo 1, inciso b); 109, párrafo 3 y 110, de la Ley de Medios, como a continuación se analiza:
1. Forma. Los recursos se interpusieron por escrito, en ellos se hizo constar el nombre y firma autógrafa de los representantes de los recurrentes, así como su domicilio para oír y recibir notificaciones, se identifica la sentencia impugnada, se mencionan los hechos en que se basa su impugnación, los agravios que les causa y los preceptos presuntamente violados.
2. Oportunidad. Los recursos se interpusieron dentro del plazo legal de cuatro días, pues de las cédulas de notificación se advierte que el lunes dos de diciembre se notificó a los recurrentes la sentencia impugnada.
De ahí que, el plazo de cuatro días para impugnar la resolución trascurrió del martes tres al viernes seis de ese mes.
En tanto que las demandas se presentaron los días cinco y seis de diciembre, de ahí que sea evidente que se presentaron de manera oportuna, tal y como lo reconoce la autoridad en su informe circunstanciado.
3. Legitimación. Este requisito se encuentra satisfecho, en virtud de que los recursos fueron interpuestos por Canal Once, el SPR, el IMER y la Universidad de Guadalajara, quienes tuvieron el carácter de denunciados en el procedimiento especial sancionador cuya resolución se impugna.
4. Personería. Se cumple este requisito, porque en su informe circunstanciado, la responsable reconoce expresamente que quienes promueven, cuentan con la calidad de representantes de los recurrentes, al habérseles reconocido así en el procedimiento sancionador correspondiente.
5. Interés jurídico. Se surte en la especie, porque el acto impugnado es la resolución dictada en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-70/2019, en la que se sancionó a los recurrentes por la comisión de diversas conductas.
6. Definitividad. Está colmada en el caso porque de la normativa aplicable no se advierte que exista algún medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir a la presente instancia, a través del cual se pueda modificar o revocar el acuerdo controvertido.
QUINTO. Prueba superveniente
La Universidad de Guadalajara presentó el veintisiete de enero de dos mil veinte un escrito, por medio del cual solicita se le tenga como prueba superveniente la copia certificada por notario público de la comunicación IFT/225/UC/0352/2019.
Esta Sala Superior ha razonado de conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley de Medios qué se debe entender por pruebas supervenientes:
1)    Los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse, y
2)    Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar.
 
La primera hipótesis no debe interpretarse de manera literal, sino en relación con los hechos acontecidos después de presentado el escrito del medio de impugnación y que así se consigne en el documento aportado al proceso, no por la fecha de su expedición, toda vez que la excepción que nos ocupa para tener por presentado un medio de convicción como superveniente, no autoriza la aportación de documentos que contengan situaciones vinculadas al recurrente o a los documentos en los que funde sus pretensiones anteriores a la instauración del recurso, pero su fecha de emisión sea posterior.
Es por ello por lo que los medios de convicción surgidos en la fecha posterior al vencimiento del plazo en que deban aportarse tendrán el carácter de prueba superveniente, sólo si el surgimiento posterior obedece también a causas ajenas a la voluntad del oferente, ya que, de lo contrario, indebidamente se permitiría a las partes subsanar las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley les impone.
Respecto de la segunda hipótesis, se advierte que se refiere a pruebas previamente existentes que no son ofrecidas o aportadas oportunamente por causas ajenas a la voluntad del oferente.
Tal criterio se contiene en la jurisprudencia de esta Sala Superior, de rubro "PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE".2(3)
En el caso, el recurrente ofrece con el carácter de prueba superveniente, la documental pública, consistente en la copia certificada por notario público de la comunicación IFT/225/UC/0352/2019 (sin que se advierta la fecha de la solicitud), por la que se solicitó realizar los ejercicios de medición para vigilar el cumplimiento de los índices de calidad establecidos en la Disposición Técnica IFT-013-2016, por parte de los concesionarios que prestan el servicio de televisión radiodifundida.
Cabe señalar que ese medio de convicción es ofrecido por el recurrente con la finalidad de hacer notar que, el alcance de la señal de la emisora XHUDG-TDT no cubre el estado de Aguascalientes.
No obstante, la prueba no puede ser calificada como superveniente, ya que si bien las fechas del oficio signado por el Titular de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como de la certificación notarial correspondiente, son posteriores a la fecha de presentación del recurso de revisión, no está acreditado que el recurrente hubiera solicitado esa constancia de forma previa a la presentación del medio de impugnación o bien que sea una documental que le era desconocida, a efecto de que esta Sala Superior pudiera admitir ese medio de convicción como superveniente.
En efecto, de las constancias presentadas como prueba superveniente, no se advierte que haya mediado una solicitud por parte del recurrente con antelación a la presentación de su medio de impugnación, ni tampoco se anunció que hubiera sido presentada en el recurso correspondiente.
Por tanto, las constancias presentadas no son admisibles como pruebas supervenientes, al no haberse acreditado que hubieran surgido con posterioridad a la presentación de la demanda por el recurrente, o bien, que éste los desconociera o estuviera en imposibilidad de haber generado la respuesta por parte de la autoridad correspondiente.
SEXTO. Acto impugnado
Los recurrentes controvierten la sentencia SRE-PSC-70/2019, en la que la Sala Especializada consideró como inexistente la infracción consistente en la comisión de propaganda personalizada atribuida a Andrés Manuel López Obrador, al titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, así como al Coordinador de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, por la realización de las conferencias mañaneras.
Ello porque, si bien el presidente de la República realizó manifestaciones de las acciones de gobierno llevadas a cabo durante su administración, no las atribuyó a título personal, ni exaltó su figura o la calidad de su cargo.
Por lo que hace a la realización de la conducta consistente en la difusión de las conferencias mañaneras, se razonó que únicamente le resultaba reprochable a los concesionarios que la llevaron a cabo, ya que fueron éstos quienes decidieron de voluntariamente difundirlas de manera íntegra, en entidades en las que se desarrollaban procesos electorales o donde se encontraban obligados a bloquear la señal.
Igualmente, se consideró inexistente la infracción, por lo que hace al director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, así como al Coordinador de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, ya que de las constancias se advierte que ambos sujetos no ordenaron ni instruyeron a las diversas concesionarias de radio y televisión, realizar la difusión de las conferencias de prensa matutinas.
La Sala Especializada resolvió que resultaba inexistente la infracción consistente en la violación a las
reglas de difusión de informe, ya que las conferencias denunciadas no correspondían a un informe de labores del presidente de la República, se desarrollan al amparo de una modalidad de comunicación social y buscan informar a la sociedad de los asuntos de interés público, así como transparentar las gestiones efectuadas por la administración pública en diversas temáticas.
En cuanto a la infracción consistente en la contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, la Sala Especializada estimó que no se configuraba, porque quedó acreditado que los medios de comunicación que difundieron las conferencias mañaneras lo hicieron de manera voluntaria, dentro de su programación habitual, y en el formato que estimaron pertinente.
Igualmente, se consideró como inexistente la comisión de actos anticipados de campaña atribuibles al presidente de la República, ya que, del análisis de las expresiones realizadas durante las conferencias de prensa denunciadas, no se advirtieron manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y/o un llamamiento directo al voto en favor o en contra de algún precandidato, candidato o partido político, ni elementos que llevaran a pensar de manera objetiva y sin ambigüedades que se estuviera generando un posicionamiento político y/o electoral que pudieran incidir en algún proceso electoral.
Así también, en la resolución se concluyó que no era posible atribuir responsabilidad alguna al partido MORENA, ya que no se acreditó que hubiera tenido participación en los hechos denunciados, ni obra en el expediente prueba en contrario.
Por otra parte, la Sala Especializada consideró que se actualizaba la infracción consistente en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, atribuibles a diversas concesionarias de radio y televisión, por el incumplimiento de transmitir pautas conforme a lo ordenado por el INE, derivado de la difusión íntegra o parcial de las conferencias de prensa realizadas por el presidente de la República.
Asimismo, en la resolución controvertida, se declaró el incumplimiento al acuerdo de medida cautelar ACQyD-INE-37/2019, imponiendo la sanción correspondiente.
Se graduaron las sanciones conforme a las circunstancias particulares de cada caso, según las faltas acreditadas como se advierte en el siguiente cuadro:
Categoría /
infracciones
Bloque 1.
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
 
Modificación y/o
alteración de la
pauta.
Vulneración al
modelo de
comunicación política.
Difusión de
propaganda
gubernamental en
periodo prohibido.
Difusión de
propaganda
gubernamental en
periodo prohibido y
modificación y/o
alteración de la pauta.
1.Difusión de
propaganda
gubernamental en
periodo prohibido.
2.Modificación y/o
alteración de la
pauta.
3.Incumplimiento del
acuerdo de medida
cautelar la emisora
de Sinaloa
XHSPRMS-TDT.
4.Omisión de
transmitir
promocionales
conforme al pautado
del INE.
Razonamiento
de la individua-
lización:
Difusión íntegra y/
o parcial de
diversas
conferencias de
prensa matutinas
del 31 de marzo al 1
de junio, en
diversas entidades
de la República
Mexicana, durante
campañas y veda
de procesos
electorales locales.
Una sola conducta
infractora calificada
como grave
ordinaria.
Difusión parcial de
dos conferencias de
prensa matutinas, del
31 de marzo al 1 de
junio en Nuevo León.
Dos conductas
infractoras calificadas
como graves
ordinarias.
Difusión íntegra de
conferencias
matutinas, que
incluían propaganda
gubernamental, del
31 de marzo al 28 de
mayo, en
Aguascalientes,
durante la campaña
del proceso electoral
local.
La Universidad de
Guadalajara las
difundió 1 día.
Una sola conducta
infractora calificada
como grave
ordinaria.
Difusión íntegra y/o
parcial de
conferencias de
prensa matutinas, en
las que se incluía
propaganda
gubernamental,
además, difusión de
pauta fuera de
horario, de orden y/o
en diferente versión,
del 31 de marzo al 28
de mayo, en Baja
California y Durango,
durante campaña.
Canal 11 las difundió
21 días en entidades
con proceso electoral,
de los cuales, en 18
se difundió
propaganda
gubernamental. Por
otra parte, las
difundió 25 días en
entidades donde
tenía obligación de
bloquear la señal, de
los cuales, en 22 se
difundió propaganda
gubernamental.
Dos conductas
infractoras calificadas
como graves
ordinarias.
Difusión íntegra y/o
parcial de
conferencias de
prensa matutinas, en
las que se incluía
propaganda
gubernamental,
además, difusión de
pauta fuera de
horario, de orden y/
o en diferente
versión; se dejó de
transmitir e
incumplió una
medida cautelar, del
31 de marzo al 31 de
mayo, en
Aguascalientes y
Puebla, durante la
campaña y veda.
Las conferencias se
difundieron durante
40 días en
entidades con
proceso electoral,
de los cuales, en 34
se difundió
propaganda
gubernamental. Por
otra parte, se
difundieron 43 días
en entidades donde
tenía la obligación
de bloquear la
señal, de los cuales,
en 37 se difundió
propaganda
gubernamental.
Cuatro conductas
infractoras graves
ordinarias.
 
Sanción
Amonestación
pública.
Amonestación
pública.
Multa.
100 UMAS,(4)
equivalente a
$8,449.00 (ocho mil
cuatrocientos
cuarenta y nueve
pesos 00/100).
Multa.
3000(5) UMAS,
equivalente a
$253,470.00
(doscientos cincuenta
y tres mil,
cuatrocientos setenta
pesos 00/100 M.N.).
Multa.
6500(6) UMAS,
equivalente a
$549,185.00
(quinientos cuarenta
y nueve mil ciento
ochenta y cinco
pesos 00/100 M.N).
Concesionaria
s sancionadas
Instituto Mexicano
de la Radio (IMER)
y otras.
Una concesionaria.(7)
Operadora del
Sistema
Universitario de
Radio, Televisión y
Cinematografía
(Universidad de
Guadalajara) y otra.
Canal Once (Canal
11) y otra.
SPR (Canal 14).
 
SÉPTIMO. Pretensión, causa de pedir y litis
La pretensión de los recurrentes es que se revoque la resolución impugnada y, por tanto, se dejen sin efecto las sanciones impuestas.
La causa de pedir la sustentan en las siguientes premisas:
 
·  La responsable no valoró que la transmisión de las conferencias mañaneras corresponde a un ejercicio de labor periodística y libertad de expresión, además de que es acorde con el derecho de las audiencias.
·  No se acreditó que las conferencias matutinas tuvieran una intención de generar un impacto en el ánimo de los electores y, por tanto, una afectación al principio de equidad de la contienda electoral.
·  No es posible que las concesionarias de radio y televisión tengan un "cuidado especial" en la transmisión de las conferencias matutinas, porque desconocen previamente los contenidos que se van a abordar en las mismas.
·  La resolución impugnada es incongruente, ya que, por una parte, determina que el presidente de la República no cometió promoción personalizada y, por otra, se sanciona a las concesionarias por difundir propaganda gubernamental.
·  La clasificación por bloques utilizada por la Sala Regional responsable no es clara, ya que otorga un trato desigual a las concesionarias que transmitieron íntegramente las conferencias, respecto de las que lo hicieron parcialmente, cuando ambos son contenidos informativos, y además que, las hipótesis ahí planteadas, no coinciden con las sanciones impuestas.
·  La autoridad responsable no fue exhaustiva al valorar sus pruebas, argumentos y alegatos.
·  Los materiales enviados por el INE fueron retransmitidos en otros horarios, lo que fue informado a la autoridad administrativa electoral de manera oportuna, amparados en lo dispuesto por el artículo 56 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.
·  La responsable realizó una incorrecta individualización de las sanciones, al basarse en premisas falsas y al no analizar de forma individual y pormenorizada las particularidades de cada caso.
Por tanto, la litis consiste en determinar si la resolución materia de la impugnación fue dictada conforme a Derecho, a la luz de los aludidos motivos de agravio.
OCTAVO. Estudio de fondo
Metodología
En primer lugar, se analizan los motivos de inconformidad de tipo formal, relacionados con tres temáticas: la falta de exhaustividad de la resolución, la individualización de la sanción, así como el supuesto incumplimiento de la medida cautelar.
Posteriormente se presenta un marco normativo general, relacionado con los principios de equidad e imparcialidad que rigen la contienda electoral, respecto del cual se desprenden conclusiones relevantes para el análisis de los agravios de tipo sustantivo.
Asimismo, se estudian los agravios relacionados con el contenido de las conferencias mañaneras, la propaganda gubernamental y las consecuencias jurídicas que se desprenden para los recurrentes, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:(8)
I.      Falta de exhaustividad e incongruencia de la resolución
a)     Exhaustividad
b)     Incumplimiento del pautado
c)     Mapas de cobertura y solicitud de disculpa
d)     Falta de pronunciamiento sobre los argumentos de la recurrente
II.     Individualización de la sanción
a)     Individualización de la sanción de manera separada
b)     Capacidad económica para la imposición de la sanción
III.    Medida cautelar
a)     Cumplimiento de la medida cautelar
IV.    Propaganda gubernamental y conferencias mañaneras
       Marco normativo general
a)     Contenido de las conferencias mañaneras
b)     Clasificación de las conferencias en tres modelos
c)     Incongruencia de la resolución y responsabilidad y deber de cuidado de los concesionarios respecto de la transmisión de las conferencias matutinas
d)     Criterios para concesionarias
 
I.     Falta de exhaustividad e incongruencia en la resolución impugnada
El SPR manifestó que, si bien durante el periodo comprendido del treinta y uno de marzo al veintiocho de mayo, se transmitieron ininterrumpidamente las conferencias matutinas a través de la señal del canal 14, y a pesar de los ajustes de horario, se cumplió con la transmisión total del tiempo que dispone el INE en el periodo de campañas electorales. Asimismo, que la responsable no consideró esta circunstancia y no valoró un disco DVD que contiene los reportes de transmisión correspondientes, lo cual es una violación que transgrede los derechos de defensa de esa concesionaria.
El IMER controvierte que la autoridad responsable no estudió de forma exhaustiva y pormenorizada la totalidad de las constancias, puesto que consideró que los promocionales ordenados por el INE se dejaron de transmitir y que se afectó el pautado ordenado, sin tomar en cuenta que las conferencias denunciadas se transmitieron de manera parcial, por bloques no mayores a seis minutos con cincuenta segundos.
Se pretende sustentar la existencia de la infracción y la imposición de la sanción correspondiente, únicamente con el reporte del monitoreo realizado por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, toda vez que con el mismo se tuvo por acreditado que se había afectado el pautado ordenado por el INE, al considerar que se transmitieron dieciocho pautas fuera del horario, omitiendo analizar si dichas afectaciones fueron derivadas de la transmisión de las conferencias de prensa del presidente de la República, o bien, si dicha transmisión se empalmaba con el horario de transmisión de otra pauta.
No se tomó en cuenta que a partir del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho de las 7:00 am a las 7:59 am, el IMER carece de coberturas informativas especiales, por lo que la continuidad de la transmisión se ajustaría 50% antes y 50% después, en términos de lo previsto por el artículo 56 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, situación que fue informada oportunamente al INE, sin que éste se haya pronunciado.
La Universidad de Guadalajara alega que cumplió cabalmente con la transmisión de los promocionales de conformidad con lo mandatado por el INE, como quedó demostrado con los testigos de transmisión de la emisora XHUDG-TDG de los días veintiocho y veintinueve de mayo que no fueron valorados por la autoridad responsable.
Que las notificaciones de la sentencia con clave de identificación SRE-PSC-70/2019 a todos los concesionarios de radio y/o televisión que no fueron parte del procedimiento, viola la presunción de inocencia y afecta la imagen y los derechos de la Universidad de Guadalajara, por lo que solicita una disculpa pública que se notifique de igual manera que la sentencia en cuestión.
Así también que la responsable tomó en consideración el área de cobertura de la emisora XHUDG-TDT, a partir de elementos teóricos y no prácticos, ya que resulta materialmente imposible que la señal llegue a Calvillo, Aguascalientes, lo cual se corrobora con un peritaje que anexa como medio de prueba.
Derivado del peritaje que adjunta a la demanda, concluye que la mancha de cobertura en la que se ubica la población de Calvillo, Aguascalientes, es un área de escasas diez casas o viviendas, y que ello no fue tomado en cuenta por la responsable desde los aspectos objetivos y subjetivos al individualizar la sanción. De ahí que solicite que se pidan informes al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para corroborar sus afirmaciones.
Así también que, de los resultados electorales en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, se registró una votación de 21,292 personas que representa el 0.3799% del total y que está por debajo del 1%(9) por lo que no hay afectación al proceso electoral de esa comunidad.
Tesis de la decisión
Son inatendibles e ineficaces los motivos de disenso expuestos por los recurrentes, ya que parten de premisas inexactas respecto de las hipótesis legales, así como de las situaciones de hecho por las que fueron sancionados.
Consideraciones que sustentan la decisión
Previo a estudiar los agravios de los recurrentes conviene precisar qué se entiende por exhaustividad en las resoluciones jurisdiccionales.
La Sala Superior ha sostenido reiteradamente que el principio de exhaustividad se cumple cuando en la resolución respectiva se atienden todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por las partes durante la integración de la litis y se valoran todos los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso.(10)
En el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución general, se consagra el derecho al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional, que concluye con el dictado de una resolución en la que se dirimen las cuestiones efectivamente debatidas.
El principio de exhaustividad obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos que se incluyen en la demanda y todas las pretensiones deducidas oportunamente en la controversia, a efecto de resolver sobre todos los puntos sujetos a debate, de ahí que cuando la autoridad emite el acto de decisión sin resolver sobre algún punto litigioso, tal actuación es violatoria de este principio.
La exhaustividad se cumple cuando se agota cuidadosamente en la sentencia el estudio de todos y cada uno de los planteamientos de las partes y que constituyan la causa de pedir, porque con ello se asegura la certeza jurídica que debe privar en cualquier respuesta dada por una autoridad a los gobernados, en aras del principio de seguridad jurídica.
Por tanto, el principio de exhaustividad impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia todos y cada uno de los argumentos sustanciales de las partes durante la integración de la controversia.
Esto es, toda autoridad electoral tanto administrativa como jurisdiccional está obligada a estudiar la totalidad de los puntos que conforman las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, porque el proceder exhaustivo asegura la certeza jurídica que deben generar las resoluciones emitidas.
Al respecto, esta Sala Superior ha sentado las tesis de jurisprudencia 12/2001(11) y 43/2002,(12) de rubros: "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN", respectivamente.
a)    Incumplimiento del pautado
El SPR manifiesta que, si bien durante el periodo comprendido del treinta y uno de marzo al veintiocho de mayo se transmitieron de manera ininterrumpida las conferencias mañaneras en la señal del canal 14, y se cumplió con la transmisión total del tiempo que dispone el INE para el periodo de campañas electorales. En ese sentido, considera que la responsable no valoró las pruebas que presentó para acreditar su dicho, concretamente un disco DVD que contiene los reportes de transmisión correspondientes.
La Universidad de Guadalajara refiere que cumplió con la transmisión de los promocionales del INE, como quedó demostrado con los testigos de transmisión de la emisora XHUDG-TDG de los días veintiocho y veintinueve de mayo.
Así también, el IMER refiere que la responsable no tomó en cuenta que, a partir del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho de las 7 am a las 7:59 am, el IMER carece de coberturas especiales, por lo que la continuidad de la transmisión se ajustaría 50% antes y 50% después, en términos de lo previsto por el artículo 56 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, lo cual fue informado de manera oportuna a la autoridad administrativa electoral.
Tesis de la decisión
 
Los agravios de los recurrentes son infundados, ya que la Sala Regional sancionó la vulneración al modelo de comunicación política, a través del incumplimiento de la pauta.
Es decir, en estos casos, no se sancionó la omisión de la transmisión de los promocionales como lo refieren los recurrentes, sino más bien que los materiales enviados por el INE a los concesionarios, no se hubieran transmitido en el horario, en el orden y en la versión que fue originalmente notificada por la autoridad electoral.
Consideraciones que sustentan la decisión
Al respecto el artículo 159, párrafo 1, de la Ley General y el artículo 37, párrafo 1, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, establecen el derecho de acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación a través de los espacios asignados por el INE, y que éstos podrán determinar el contenido de los promocionales que les correspondan, por lo que no podrán ser sujetos de censura previa por parte del INE o de alguna otra autoridad.
Para ello, la norma establece que los promocionales de periodo ordinario se transmitirán durante la hora previstos por la pauta notificada por el INE, mientras que, en los procesos electorales, el tiempo de transmisión de los promocionales se debe distribuir en tres minutos por cada hora, en este caso durante la franja matutina.
A fin de dar cumplimiento a esas normas, la autoridad electoral notifica a los concesionarios los promocionales que deberán transmitir, fuera o dentro de los procesos electorales, conforme a la pauta y orden de transmisión correspondiente.
Así también, la autoridad electoral verifica si se cumplió o no con la transmisión de los promocionales conforme a la pauta y orden de transmisión, y para ello, se lleva a cabo un monitoreo de las programaciones de radio y televisión, para establecer con elementos ciertos y precisos si los promocionales se transmitieron en el horario, orden y versión correcta.
Ahora bien, la regla general de transmisión de los materiales por parte de las concesionarias tiene una excepción importante, prevista por el artículo 56 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral que implica la transmisión especial durante programación sin cortes.
Ese criterio aplica a concesionarios cuya señal sea interrumpida para la transmisión de boletines de cualquier autoridad, relacionados con la seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público o la difusión de medidas para prever o remediar calamidades públicas o de mensajes o avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro.
En esos casos, la emisora debe informar esa circunstancia a la Vocal de la entidad correspondiente o a la Dirección Ejecutiva, dentro de las 48 horas siguientes a la transmisión del boletín o aviso, detallando la duración de la cobertura y su contenido.
Una regla adicional respecto de la excepción de transmitir el pautado en sus términos, comprende que, durante la transmisión de los debates, conciertos, eventos especiales, eventos deportivos, oficios religiosos, la difusión de los mensajes de partidos políticos, candidatos y autoridades electorales se llevará a cabo bajo reglas especiales.
Así también, la excepción es aplicable en el caso de los debates obligatorios de los candidatos a la Presidencia de la República que sean transmitidos en estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público, mientras que los concesionarios de uso comercial deberán transmitirlos en por lo menos una de sus señales radiodifundidas cuando tenga una cobertura de 50 por ciento o más del territorio nacional, según el listado de concesionarios de uso comercial que se encuentren obligados a la transmisión de los debates a que se refiere ese precepto.
Así, de lo dispuesto por la norma anterior, la excepción a la transmisión del pautado es posible en diferentes supuestos en los que aplican reglas especiales para su validación por parte de la autoridad electoral.
Cabe señalar que las excepciones establecidas en el Reglamento antes referido al establecer supuestos específicos, no está abierto a interpretaciones que amplíen el supuesto normativo.
En el caso, se actualizó la infracción por parte de diversos concesionarios, consistente en la vulneración al modelo de comunicación política, a través del incumplimiento de la pauta. Esto es, que teniendo obligación para transmitir los materiales que les fueron notificados por la autoridad electoral, éstos no fueron transmitidos en el horario, orden y versión correcta para ello previsto. Sin que se actualizara una excepción para ello.
En efecto, en la resolución impugnada, la Sala Regional razonó que las conferencias matutinas no se ubican en el supuesto de excepción como programas especiales sin cortes, previsto por el artículo 56 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, ya que su contenido no se refiere a las hipótesis legales previstas en esa norma, tales como la transmisión de boletines de autoridades relacionados con temas de seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público, difusión de medidas para prever o remediar calamidades públicos entre otros.
Así, en la resolución controvertida la Sala Especializada concluyó que, en el caso en particular, los concesionarios de radio y televisión debían cumplir con las reglas generales y ordinarias para la transmisión de los promocionales ordenados por el INE, en periodo ordinario y/o en proceso electoral, cuando realizaron la difusión íntegra y/o ininterrumpida de las conferencias de prensa.
Asimismo, la responsable razonó que, si bien algunos concesionarios transmitieron un porcentaje de promocionales conforme a la pauta, es decir, en el horario, orden y versión notificado por el INE, también se detectaron ajustes a la transmisión de los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales, cuando se realizó la difusión de las conferencias de prensa realizadas por el presidente de la República.
Al respecto, cabe señalar que los testigos de grabación gozan de pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario. Ello, de conformidad con lo establecido por esta Sala Superior en la Jurisprudencia 24/2010, de rubro y texto siguientes:
MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENEN, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 359, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 14, párrafo 6, y 16, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se arriba a la conclusión de que los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 41, párrafo segundo, base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 76, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionado con el numeral 57 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.
De ahí que la autoridad responsable haya acreditado con documentales públicas que se incumplió el pautado notificado por el INE a las concesionarias, sin que existiera el caso de excepción previsto por el artículo 56 del Reglamento.
Por tanto, no les asiste razón al SPR y al IMER en sus motivos de inconformidad.
Así también, se consideran infundados los alegatos hechos valer por la Universidad de Guadalajara, ya que de las constancias del expediente se advierte que en el "Informe de cumplimiento del expediente UT/SCG/PE/PAN/77/2019 de la Dirección de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE", se desprende que la emisora XHUDG-TDT transmitió de manera íntegra la conferencia de prensa matutina el veintiocho de mayo.
Así también, en el "Informe de cumplimiento del Acuerdo ACQyD-INE-37/219 relativo al Monitoreo de las Conferencias Presidenciales Matutinas en entidades con Proceso Electoral", se advierte que esa misma emisora, el veintinueve de mayo transmitió la conferencia de prensa de forma parcial.(13)
En relación con lo anterior, en la sentencia recurrida, la Sala Especializada determinó sancionar a la Universidad de Guadalajara por la transmisión íntegra de las conferencias de prensa por únicamente un día. Lo cual coincide con lo cotejado en los reportes de monitoreo antes referido.
Si bien el día veintinueve de mayo se realizó una transmisión parcial, el día veintiocho previo se transmitió de manera total, y ello fue detectado por la autoridad administrativa electoral.
Por ello, los motivos hechos valer por la Universidad de Guadalajara deben declararse infundados.
b)    Mapas de cobertura y solicitud de disculpa
La Universidad de Guadalajara alega que en realidad la señal de su concesionaria no cubre el municipio de Calvillo, Aguascalientes, y que la notificación de la sentencia de la responsable afecta su imagen, y le genera diversos perjuicios, por lo que solicita una disculpa.
Tesis de la decisión
Los agravios son infundados e ineficaces.
 
Consideraciones que sustentan la decisión
Lo infundado del agravio radica en que la documental aportada por el recurrente no es suficiente para controvertir la validez de los mapas de cobertura utilizados por la autoridad electoral.
El modelo de comunicación político-electoral asegura el acceso a los medios de comunicación social a los partidos políticos, precandidatos y candidatos para la difusión de sus propuestas, políticas, principios y, en general, toda la información necesaria para desarrollo de una opinión pública informada.
La Sala Superior ha sostenido que, para garantizar el efectivo acceso a los medios de comunicación en materia político-electoral, el INE está obligado a elaborar los catálogos de radio y canales de televisión nacional, para los periodos ordinarios y de procesos electorales, así como las respectivas pautas en las cuales se distribuye el tiempo.(14)
La finalidad de los catálogos es establecer con toda precisión el total de estaciones de radio y canales de televisión que tienen cobertura en una determinada entidad federativa, municipio, distrito, sección o localidad, para efectos de que participen en la cobertura del periodo ordinario o de un proceso electoral específico.
Asimismo, la Sala Superior ha concluido que la cobertura no se limita al ámbito geográfico, territorial o espacial, sino también abarca la población y posibles electores susceptibles de escuchar o ver a las emisoras, sobre la base de los mapas proporcionados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de la información relativa al Registro Federal de Electores, para con ello garantizar la efectividad de los mensajes de los actores políticos.(15)
Cabe destacar que, en el caso concreto, los mapas fueron aprobados el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en el acuerdo INE/ACRT/85/2018, del Comité de Radio y Televisión del INE, por el que se declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo a los mapas de cobertura. En su resolutivo noveno, se instruyó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos a que notificara esa determinación a las emisoras de radio y televisión previstas en el catálogo, entre las que se encuentra el recurrente, lo cual no fue controvertido en su momento.
Es decir, los mapas de cobertura son documentos elaborados por autoridades electorales dentro del ámbito de su competencia, y que en términos de lo dispuesto por el artículo 14, numerales 1 y 4, inciso b) de la Ley de Medios, tienen plenos efectos probatorios, tal y como lo ha sostenido esta Sala Superior en diversos precedentes.(16)
Más aún, el propio recurrente reconoce en su demanda, en el punto 32 visible a foja 23, que el INE tiene considerada el área de cobertura de la emisora XHUDG-TDT en Guadalajara, Jalisco.
De igual manera, de la revisión de las constancias del expediente, no se advierte que el recurrente hubiera ofrecido durante la sustanciación del procedimiento sancionador el peritaje que ahora ofrece en el presente juicio, a efecto de que la Sala Especializada pudiera pronunciarse sobre el mismo.
En ese sentido, la afirmación que refiere el recurrente, respecto de que la señal de la emisora llega a Calvillo, Aguascalientes, de manera teórica pero no de facto, no afecta la validez de los mapas de cobertura aprobados por la autoridad electoral, ya que tal como se explicó previamente, esos mapas no solamente consideran criterios de cobertura, sino también poblacionales. Además de que el peritaje que refiere, así como los informes que solicita se requieran al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no fueron ofrecidos ante la autoridad administrativa electoral durante la sustanciación del procedimiento correspondiente.
De ahí lo ineficaz del agravio del recurrente, ya que no controvierte efectivamente la validez de los mapas de cobertura elaborados por la autoridad electoral.
Por otra parte, resulta igualmente ineficaz lo alegado por el recurrente en el sentido de que la notificación a todas las concesionarias de radio y televisión de la sentencia de la responsable le genera un perjuicio y por ello debe ofrecérsele una disculpa.
Ello, porque el recurrente no demuestra cuál es la relación entre la notificación de la sentencia a las concesionarias de radio y televisión, y la vulneración a la presunción de inocencia o la afectación a su imagen.
De lo razonado por la autoridad responsable en el párrafo 290 se advierte lo siguiente:
[...]Comunicación a la Secretaría Ejecutiva del INE. Por último, esta sentencia debe hacerse del conocimiento de todos los concesionarios de radio y/o televisión, puesto que implica darle la interpretación y alcance de la normativa electoral en aspectos que se relacionan con el uso de su concesión; por tanto, se solicita a la Secretaría Ejecutiva del INE para que realice las acciones necesarias, a efecto de que se notifique por los medios más eficaces [...]
Esto es, que en la propia sentencia la Sala Especializada precisó que la finalidad de que se haga del conocimiento de los demás concesionarios la sentencia impugnada es el de darle carácter de criterio de interpretación, con el propósito de que sea de utilidad para aquellas concesionarias que pudieran incurrir en el mismo ilícito electoral.
Es decir, lejos de generarle un perjuicio al recurrente, la finalidad de la difusión del criterio es informar sobre los criterios de la Sala Regional Especializada en torno a la difusión de propaganda gubernamental, concretamente las conferencias mañaneras llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal.
Ahora bien, de los agravios hechos valer por el recurrente no se explica el por qué esa difusión afecta su presunción de inocencia o le genera un daño, y menos aún por qué sería necesario que la autoridad responsable le solicitara una disculpa por su acción.
Máxime, cuando del contenido de lo razonado por la Sala Especializada se advierte que su finalidad fue como criterio de interpretación para las demás concesionarias, y no de manera arbitraria, caprichosa o a efecto de generar alguna afectación a los recurrentes.
De ahí lo ineficaz del agravio.
c)    Falta de pronunciamiento sobre los argumentos de la recurrente
El Canal Once alega que la responsable no tomó en consideración que los denunciantes tenían la carga de la prueba para acreditar los hechos denunciados, sin que de las pruebas aportadas se acreditaran las violaciones.
Además, manifiesta que la responsable no valoró las pruebas y alegatos ofrecidos por la parte recurrente, con lo cual se vulnera el principio de legalidad.
Que se le deja en estado de indefensión al vulnerar las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de tutela jurisdiccional, al no tomar en consideración sus alegatos.
En ese sentido, que su participación en el procedimiento no debe limitarse a que conozca fehacientemente del inicio del procedimiento, sino a la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y emitir una resolución, además que, dentro de las reglas esenciales del procedimiento, está la posibilidad de que sus manifestaciones sean tomadas en cuenta al momento de resolver el asunto.
Tesis de la decisión
Es ineficaz el motivo de disenso expuesto por el recurrente, ya que no señala qué argumentos o pruebas dejó la autoridad responsable de estudiar.
Consideraciones que sustentan la decisión
El motivo de disenso es ineficaz, porque la parte recurrente no señala qué argumentos fueron los que dejó de estudiar la autoridad responsable para concluir en la acreditación de la falta y la responsabilidad, es decir, qué alegatos dejó de atender(17), con las que se pudo llegar a una conclusión distinta.
En efecto, conforme a la Jurisprudencia 29/2012, de rubro: "ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR", entre las formalidades esenciales del procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos.
Por tanto, a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia planteada, la autoridad administrativa electoral debe tomarlos en consideración al resolver el procedimiento especial sancionador.
Sin embargo, para hacer valer el cumplimiento de este imperativo, deben identificarse con precisión qué argumentos dejaron de analizarse, lo cual, como se ha señalado, no acontece en el presente caso.
Además, contrario a lo sostenido, la Sala responsable atendió los argumentos planteados desde la sustanciación del procedimiento especial sancionador, al desestimar los argumentos de defensa que hicieron valer los sujetos involucrados, sin que, en el caso, como se ha mencionado, la parte recurrente no expone lo que dejó de atenderse en este apartado o bien qué se omitió en el desarrollo del análisis de fondo y/o en sus conclusiones.
En efecto, la Sala Especializada señaló en el párrafo 114 de la resolución impugnada, lo siguiente:
...Cabe precisar que, los concesionarios de radio y televisión antes mencionados, al defenderse en el presente asunto señalaron que transmiten las referidas conferencias de prensa de manera íntegra y/o ininterrumpida porque son un referente informativo; es decir, que tienen como base la libertad de expresión y derecho a la información...
 
Así también, que las defensas de los recurrentes se describían de manera pormenorizada en el Anexo 3 de la sentencia.
Sobre lo alegado por los recurrentes, la responsable refirió que, en su consideración, el ejercicio de la libertad de expresión debe protegerse siempre y cuando no trastoque los límites previstos en la normativa constitucional, tal y como ocurrió en las conferencias de prensa en las que únicamente se utilizó un formato de preguntas y respuestas, lo cual no era aplicable en el caso de los recurrentes, ya que con el actuar de las concesionarias, se puso en riesgo la protección a otro principio constitucional, como el de equidad en la competencia electoral de los referidos procesos electorales locales.
Así también, la responsable analizó los motivos de inconformidad hechos valer por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Coordinador General de Comunicación Social y el Vocero de la Presidencia de la República, así como Canal Once y Morena, respecto a que las quejas interpuestas eran a su parecer frívolas porque los hechos no se soportaban en medios de prueba eficaces.
Sobre el particular, la Sala responsable refirió que, del análisis de los escritos de queja, se advertía que los denunciantes señalaron concretamente los agravios relacionados con la infracción denunciada y ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, por lo que no se actualizaba la frivolidad alegada.
De ahí que el motivo de inconformidad resulte ineficaz, ya que no precisa qué es lo que no atendió la responsable, y más bien se limita a realizar afirmaciones genéricas en el sentido de que no se atendieron sus motivos de inconformidad.
II.    Individualización de la sanción
El Canal Once sostiene que la autoridad no le debió sancionar con una multa, si consideró que no existían elementos que revelaran una intención o dolo de violar las normas electorales por parte del infractor.
La Sala Regional no realizó una debida fundamentación y motivación para considerar que las dos conductas infractoras que le fueron atribuidas debían calificarse como grave ordinaria y que, en consecuencia, se les sancionaría con una multa.
Asimismo, que la responsable se excedió en la imposición de la sanción, al calificar como grave la no transmisión de la pauta, pasando por alto los supuestos que se consideran como graves en términos de lo dispuesto en el artículo 456 de la Ley General.
Se vulnera el principio de exacta aplicación de la ley, porque la Sala Especializada no individualizó la sanción conforme a lo ordenado por el artículo 458 párrafo quinto de la Ley General.
A su decir, no se tomaron en cuenta las condiciones socioeconómicas del infractor, dado que tiene otorgada a su favor una concesión de uso público, sus recursos provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación y se destinan a la extensión y difusión de la educación y la cultura a través de la generación y transmisión de programas de televisión.
Así, en su concepto, se dejó de tomar en cuenta el oficio UAF/0140/2019 y las copias de conocimiento a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de las cuales se desprende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había reservado recursos del recurrente por la cantidad de $71,922,047.92. De ahí que el presupuesto disponible ascendía a la cantidad de $470,025,105.08 y no a la que refiere la responsable en su resolución.
Igualmente, que el presupuesto ejercido al veintitrés de septiembre asciende a $264,389,411.12, y el restante de $205,635,693.96 se encontraba comprometido para el cumplimiento de funciones sustantivas de la televisora.
Continúa su argumento, sobre la base de que resulta inexacta la afirmación de la responsable, en el sentido de que el presupuesto asignado a la parte recurrente es mensual, y que al mes de noviembre se tenía prevista la cantidad de $65,278,655.00. Ello, ya que la ministración mensual de recursos a esa institución la realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las necesidades calendarizadas de las áreas que la integran, las cuales varían de manera mensual.
Por lo que sostiene que la sanción impuesta es ilegal, además de que afecta el cumplimiento de funciones sustantivas que tiene encomendadas, al tratarse de un medio público de radiodifusión.
Por otro lado, el IMER refiere que no se cumplió con la administración de justicia pronta, completa e imparcial, ya que la responsable se limitó a citar preceptos legales, sin hacer un análisis pormenorizado de los actos reprochados, ni de cómo éstos pudieron influir en el ánimo del juzgador para graduar la sanción entre la mínima y la máxima.
Que en la sanción impuesta no se observó el principio de proporcionalidad, ya que la Sala Especializada omitió valorar los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la supuesta comisión de la falta, dado que no analizó de forma individual y pormenorizada las particularidades de cada caso. Ello, al imponer la sanción en cinco bloques, cada uno integrado por diversas concesionarias de radio y televisión, sin justificar la calificación de la conducta como grave ordinaria.
Tesis de la decisión
Son infundados los motivos de disenso alegados por el IMER, ya que la autoridad responsable fundamentó y expuso en consideraciones de Derecho, las razones con base en las cuales calificó las faltas y fijó las multas correspondientes.
Por otra parte, resultan fundados los agravios hechos valer por el Canal Once, en el sentido de que la sanción impuesta no consideró su capacidad económica, al no haberse valorado las pruebas que aportó para tal efecto.
Consideraciones que sustentan la decisión
a)    Individualización de la sanción de manera separada
La Sala Especializada justificó adecuadamente la imposición de las sanciones al razonar la importancia de la norma transgredida, los preceptos o valores que se trastocaron, además de la importancia de éstas en el sistema electoral.
Para ello se retomó como criterio orientador la tesis de rubro "SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN" y, a partir de ello, consideró que, para realizar una correcta individualización, es necesario determinar si la falta a calificar es levísima, leve o grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es con carácter ordinaria, especial o mayor.
Así también, y contrario a lo manifestado por los recurrentes, de la resolución impugnada se advierte que la responsable consideró lo establecido en el artículo 456, párrafo 1 así como el diverso 458 de la LEGIPE, para la individualización de sanciones a los concesionarios de radio y televisión.
De ahí que la autoridad atendió a los preceptos legales antes referidos y, para ello, analizó los diversos elementos y circunstancias que rodearon la contravención de las normas electorales como son el bien jurídico tutelado, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, singularidad o pluralidad de las faltas, contexto fáctico y medios de ejecución, beneficio o lucro y culpabilidad.
Para ello, la Sala Especializada consideró adecuado individualizar sanciones a partir de cinco bloques de concesionarios, dadas las características del número de sujetos sancionados y las diferencias y similitudes de las conductas por sancionar.
Lo anterior, con la finalidad de establecer el tipo de falta, resaltándose que en el primero se ocupa de la modificación de la pauta, en el segundo la modificación de la pauta y la omisión de transmitir los promocionales, en el tercer grupo la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, en el cuarto la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y la modificación de la pauta, y en el grupo quinto, la difusión de la propaganda gubernamental en periodo prohibido, la modificación de la pauta, el incumplimiento de la medida cautelar y la omisión de la transmisión de diversos promocionales.
En cada una de las categorías se razonaron los elementos y circunstancias que concurrieron en la comisión de las faltas, tales como el bien jurídico tutelado, el modo de comisión, el tiempo en que se dieron las faltas, el lugar, el número de conductas, si hubo beneficio económico, si hubo intención de violar la norma y, en su caso, si había algún antecedente sobre las mismas.
Por ello, resulta infundado lo manifestado por el IMER, en el sentido de que la responsable tenía que individualizar las sanciones de manera separada, ya que, con independencia de la forma, lo verdaderamente relevante es que se justificara en cada caso, de manera adecuada y pormenorizada, los elementos y circunstancias en los que se basó la autoridad responsable para imponer la sanción.
b)    No se consideró la capacidad económica para la imposición de la sanción
Por otra parte, son fundados los motivos de inconformidad, en cuanto a que para la individualización de la sanción la Sala Especializada no valoró las pruebas que le hizo llegar el Canal Once respecto de su capacidad económica.
El recurrente alega en su demanda que la Sala responsable no tomó en consideración lo que se respaldaba, a través del oficio UAF/0140/2019 y las copias de las adecuaciones presupuestarias, que se notificaron al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en los cuales se manifestaba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había reservado recursos de su representada por la cantidad de $71,922,047.92.
En la resolución impugnada la Sala Especializada determinó a fojas 120 y 122, párrafos 275 y 276 lo siguiente:
"...Respecto a esta concesionaria, se tiene que del presupuesto que se le autorizó para el ejercicio fiscal 2019, cuenta con un monto anual de $530,590,924.00 (quinientos treinta millones, quinientos noventa mil, novecientos veinticuatro pesos 00/M.N.), el cual se le asigna de manera mensual, por lo que, para noviembre de 2019 se contempla la cantidad de $65,278,655.00 (sesenta y cinco millones, doscientos setenta y ocho mil, seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/M.N)
En ese sentido, se considera que la sanción adecuada para esta concesionaria es una multa de 3000 UMAS, equivalente a $253,470.00 (doscientos cincuenta y tres mil, cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.) ..."
No obstante, de la revisión de las constancias del expediente realizado por esta Sala Superior se advierte que en el escrito de contestación presentado por Canal Once el día treinta y uno de octubre, se ofrecieron como pruebas para acreditar la capacidad económica de la emisora las siguientes:
a)    Copia del Registro Federal de Contribuyentes;
b)    Informe de los Estados Financieros al treinta de septiembre de 2019;
c)     Copia del oficio UAF/0140/2019 en el cual la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública notificó el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 a la emisora, y
d)    Copia de las adecuaciones presupuestales 2019-11-710-2053, 2019-11-710-2098 y 2019-11-710-2101 mediante las cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reservó recursos a la Televisora por $71,922,047.92.
Ello, sin que la responsable hubiera realizado algún pronunciamiento respecto del valor y alcance probatorio de las mismas, o que las hubiera considerado para determinar la capacidad económica del infractor.
De ahí que le asista la razón al recurrente, ya que la autoridad responsable no valoró las pruebas que le hizo llegar respecto de su capacidad económica, y contrario a ello, consideró otra cantidad de manera anual y el equivalente de manera mensual, sin pronunciarse sobre las pruebas que le fueron ofrecidas, ni dar cuenta de dónde se obtuvo esa información.
Por tanto, se revoca la sanción impuesta al Canal Once, para efectos de que la Sala Especializada realice la individualización nuevamente tomando en consideración las pruebas ofrecidas por el recurrente.
III.    Medida cautelar
La Universidad de Guadalajara argumenta que la responsable no valoró lo alegado en su momento, respecto de la imposibilidad de cumplir con la medida cautelar, ya que la transmisión de la conferencia mañanera se dio entre las 7:29 y las 7:38 am del veintinueve de mayo, y la orden de suspensión total de la transmisión se recibió el mismo día, a las 14:10, 17:34 y 17:34 pm, a través del acuerdo ACQyD-INE-37/2019.
Por su parte, el SPR manifiesta que, contrario a lo sostenido por el INE y por la responsable, el SPR no transmitió las conferencias matutinas los días 29, 30 y 31 de mayo en la frecuencia XHSPRMS-TDT, que le fue concesionada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.
Igualmente, que la responsable realizó una incorrecta individualización de la sanción ya que no se actualiza la infracción de difundir propaganda gubernamental durante periodo prohibido por los razonamientos antes referidos, ni el incumplimiento de la medida cautelar.
Tesis de la decisión
Es ineficaz el motivo de inconformidad hecho valer por la Universidad de Guadalajara porque la responsable no le sancionó por el incumplimiento de la medida cautelar, y fundado lo alegado por el SPR, en el sentido de no quedó acreditado que hubiera incumplido con la medida cautelar que le fue impuesta por la autoridad electoral
Consideraciones que sustentan la decisión
Los agravios son ineficaces respecto de la supuesta sanción que le fue impuesta a la Universidad de Guadalajara por el incumplimiento de la medida cautelar.
 
Ello, porque de análisis de la resolución impugnada, esta Sala Superior advierte que la parte recurrente no fue sancionada por el incumplimiento de