DOF: 15/06/2004

ACUERDO General de Administración VI/2004, del treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula el Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACION VI/2004, DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL CUATRO, DEL COMITE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, POR EL QUE SE REGULA EL PLAN DE PRESTACIONES MEDICAS COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO ECONOMICO EXTRAORDINARIO A LOS TRABAJADORES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

El Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado por los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juan Díaz Romero, con fundamento en el Punto Tercero del Acuerdo Plenario 2/2003 relativo a la Creación, Atribuciones, Funcionamiento e Integración de los Comités del propio Tribunal Pleno, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene, entre otras atribuciones la de nombrar los Comités que sean necesarios para la atención de los asuntos de su competencia;

SEGUNDO. Que el veinte de enero de dos mil tres, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 2/2003, relativo a la Creación, Atribuciones, Funcionamiento e Integración de los Comités del propio Tribunal Pleno, en cuyo punto primero se estableció el Comité de Gobierno y Administración;

TERCERO. Que en el punto tercero del mencionado Acuerdo, se prevé que dicho Comité se ocupará del ejercicio presupuestal y de todas las cuestiones que no sean competencia de los otros Comités;

CUARTO. Que acorde con los objetivos fundamentales del Estado Mexicano, y en la medida de sus posibilidades presupuestarias, al tenor de reglas precisas y objetivas la Suprema Corte de Justicia de la Nación procura apoyar a sus servidores públicos que reciben menores ingresos -quienes con su encomiable esfuerzo y diaria labor colaboran en la administración de la justicia sin esperar más retribución que la que les permita vivir con decoro- cuando enfrentan situaciones económicas difíciles con motivo de gastos médicos relacionados con servicios que no les son cubiertos en forma adecuada o suficiente por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o bien, no están cubiertos por el respectivo seguro de gastos médicos;

QUINTO. Que en virtud de que la Unidad de Promotoras Voluntarias del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil, fue disuelta y liquidada según acuerdo de la Asamblea General de Asociados, tomado en la sesión extraordinaria celebrada el día quince de agosto de mil novecientos noventa y siete, en razón de los cambios operados en el Poder Judicial de la Federación ocurridos en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y en el transcurso de mil novecientos noventa y cinco y de que en dicha Asamblea se decidió destinar el patrimonio de la asociación disuelta, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta lo aportara a un nuevo sistema de apoyo y beneficio social, se determinó establecer el Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y Apoyo Económico Extraordinario, a los empleados del Poder Judicial de la Federación que le permita regular, en forma integral, todo lo concerniente a las condiciones y procedimientos del otorgamiento de apoyos económicos, haciéndose éstos por conducto de un órgano colegiado integrado por altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de garantizar la transparencia en su manejo y la consecución de sus finalidades asegurando de esta forma, que la toma de decisiones se basa en criterios objetivos;

SEXTO. Que mediante Acuerdo 7/97 del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, se estableció el Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Empleados del Poder Judicial de la Federación;

SEPTIMO. Que el diez de junio de mil novecientos noventa y nueve se emitió el Acuerdo 29/99 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece el Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Empleados del Poder Judicial de la Federación, por el que se regula en forma integral todo lo concerniente a las condiciones y procedimientos para el otorgamiento de apoyo económico a los empleados antes referidos, el cual resulta necesario modificar como consecuencia de la nueva estructura administrativa de este Alto Tribunal y con el propósito de que las ayudas otorgadas no repercutan fiscalmente en la Institución y se mejore la regulación, previendo supuestos no contemplados; y,

OCTAVO. Que en sesión celebrada el primero de diciembre de dos mil tres el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de acuerdo general conjunto por el que se autoriza la división y transferencia al Consejo de la Judicatura Federal del 66.5% de los recursos financieros que sirven de sustento al Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Extraordinario a los empleados del Poder Judicial de la Federación, por lo que es necesario emitir un nuevo acuerdo general de administración en el que se establezca y regule el Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta la nueva estructura administrativa de este Alto Tribunal, las complejidades advertidas en el pasado, que dicho plan únicamente puede beneficiar, salvo excepciones plenamente justificadas, a los trabajadores de menores ingresos, que las ayudas otorgadas no deben repercutir fiscalmente en la Institución y que su financiamiento debe realizarse, incluso, mediante donativos deducibles realizados a favor de este Alto Tribunal, órgano integrante de la Federación, por los servidores públicos con mayores ingresos.

Por lo anterior, con fundamento en los preceptos legales citados, se expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por:

      I. SUPREMA CORTE: Suprema Corte de Justicia de la Nación;

      II. PRESIDENTE: Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

      III. COMITE: Comité de Desarrollo Humano, Salud y Acción Social de la Suprema Corte;

      IV. TITULAR DE DESARROLLO HUMANO: Titular de la Dirección General de Desarrollo Humano adscrita a la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargado de administrar el Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación;

      V. DIAGNOSTICO: Fijación de un criterio sobre el que se definirá el tratamiento y se preverá el pronóstico. Se basa en el análisis de las características anatómicas, funcionales y patológicas de una persona mediante la recopilación de datos de antecedentes y síntomas, a través de la anamnesis o interrogatorio y signos, por examen semiológico y estudios complementarios, análisis de laboratorio, radiológico o por imágenes, cardiológico, así como procedimientos instrumentales de diferente complejidad y riesgo;

      VI. DIRECTOR MEDICO: Titular de la Dirección General del Servicio Médico de la Suprema Corte:

      VII. DISCAPACITADO: Persona que padece, temporal o permanentemente, una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales;

      VIII. ENFERMEDAD O PADECIMIENTO: Alteración o desviación del estado fisiológico, en una o varias partes del cuerpo, que trae aparejada la pérdida de la salud, de capacidades o de sentidos;

      IX. PROTESIS: Organo o miembro artificial de sustitución;

      X. REHABILITACION: Actividad encaminada a la prevención y tratamiento de la incapacidad, transitoria o permanente, y la discapacidad, para la recuperación de actividades, sentidos o capacidades perdidas por traumatismo o enfermedades;

      XI. SEGURO: Seguro de Gastos Médicos Mayores del Poder Judicial de la Federación;

      XII. SINDROME: Cuadro o conjunto sintomático o serie de síntomas o signos que definen clínicamente un estado determinado;

      XIII. TRABAJADORES: Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Las prestaciones médicas a que se refiere este Acuerdo serán independientes y complementarias a las que otorgue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a las cubiertas por el respectivo seguro de gastos médicos que gozan los trabajadores de la Suprema Corte.

TERCERO. Son materia de este Acuerdo las prestaciones médicas que a continuación se enumeran.

      I. Ayuda para gastos médicos quirúrgicos;

      II. Ayuda para la adquisición o renta de aparatos ortopédicos, camas especiales, andaderas, bastones, muletas, sillas de ruedas, oxígeno y equipo médico;

      III. Ayuda para rehabilitación -terapias, instrumentos o implementos prescritos médicamente- y escuelas de educación especial;

      IV. Ayuda para la adquisición de prótesis;

      V. Ayuda para estudios médicos de gabinete o clínicos;

      VI. Ayuda para la contratación de servicios auxiliares, médicos y personal capacitado para la atención del padecimiento y la rehabilitación;

      VII. Ayuda para la adquisición de medicamentos que no estén dentro del cuadro básico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o que éste no pueda proporcionar por falta de abastecimiento y que su uso sea imprescindible; o bien, que se trate de medicamentos que por su costo están fuera del alcance de ese Instituto o del paciente, cuando sea de suma urgencia o necesidad para éste, a juicio del titular de Desarrollo Humano;

      VIII. Viáticos para cada vez que tenga que trasladarse por indicación médica de su ciudad de origen para recibir atención médica en el Distrito Federal y su área conurbada;

      IX. Diversa ayuda económica para el tratamiento de:

      a) Síndromes neurológicos u otros similares, que ocasionen problemas graves de conducta o de lento aprendizaje;

      b) Discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje o mental;

      c) Enfermedades incurables, o padecimientos crónicos o degenerativos; y,

      d) Enfermedades, padecimientos o lesiones que no sean tratados adecuadamente, en tiempo o en calidad en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; o que en su caso, no estén cubiertos o excedan la suma asegurada por el seguro de gastos médicos mayores que tenga contratado el Poder Judicial de la Federación.

CUARTO. Podrán ser beneficiarios de este Acuerdo las siguientes personas:

      I. Los trabajadores de la Suprema Corte cuya percepción ordinaria mensual sea inferior a veinte mil pesos, cantidad que se actualizará en febrero de cada año considerando la variación anual del Indice Nacional de Precios al Consumidor;

      II. La cónyuge o concubina de los referidos servidores públicos;

      III. Los hijos de los citados servidores públicos menores de 18 años; los que tengan entre 18 y 22 años, siempre que permanezcan solteros y sean estudiantes; y, los mayores de 18 años, solteros, que se encuentren incapacitados;

      IV. Los padres de los mencionados servidores públicos, que no reciban prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o de alguna otra institución similar y que dependan económicamente del servidor público;

      V. Otros dependientes económicos de los referidos servidores públicos, siempre que sean menores de 18 años y se encuentren incapacitados; y,

      VI. Los jubilados de la Suprema Corte únicamente para lo establecido en el punto tercero, fracción VII. de este Acuerdo.

Los requisitos señalados en las fracciones anteriores deberán acreditarse plenamente ante la Dirección General de Desarrollo Humano.

QUINTO. A los solicitantes de ayuda económica deberá practicarse un estudio socioeconómico.

El referido estudio se ajustará al formato que previamente autorice el titular de Desarrollo Humano.

SEXTO. Las solicitudes de apoyo económico deberán hacerse en los siguientes términos:

      I. Presentarse en el formato autorizado por el titular de Desarrollo Humano, el cual deberá contener:

      a) Nombre del trabajador;

      b) Adscripción y nivel; y,

      c) En su caso, nombre del paciente diverso al trabajador, y su parentesco con éste;

      II. Acompañar a la solicitud los siguientes documentos:

      a) Identificación oficial del trabajador;

      b) Copia fotostática del último recibo de pago;

      c) En su caso, identificación del paciente diverso al trabajador;

      d) En su caso, acta de nacimiento, para comprobar el parentesco con el trabajador;

      e) Historia clínica y evolución del paciente en la que se señale:

      1. Diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo, tratamiento y su descripción sea médico y/o quirúrgico, descripción de la rehabilitación si existiera, así como el pronóstico del caso;

      2. En los casos de padecimientos crónicos degenerativos o de evolución no satisfactoria y en los cuales hayan recibido ayuda previa de la Suprema Corte, de acuerdo a lo que conste en las actas respectivas, es necesario solicitar al trabajador un informe de las instituciones, centro de atención y/o médicos privados que atienda al paciente, donde se describa la evolución y estado actual que permita analizar la necesidad de continuar brindando el apoyo.

      f) En su caso, documentos que acrediten la dependencia económica y los antecedentes del caso;

      g) Certificado médico y escolar recientes del padecimiento en caso de educación especial; y,

      h) Cuando se trate de hijos con padecimiento orgánico cerebral, el trabajador tendrá que presentar constancia médica, la cual deberá certificar el padecimiento y la necesidad del tratamiento requerido.

SEPTIMO. Una vez recibida la solicitud, el titular de Desarrollo Humano deberá:

      I. Ordenar la realización de un estudio socioeconómico el cual describirá la situación económica por la que atraviesa el solicitante;

      II. Ordenar una valoración médica del caso, la cual se realizará en el Servicio Médico de la Suprema Corte o en el lugar especializado, a juicio del Director Médico;

      El Director del Servicio Médico de la Suprema Corte emitirá, en un plazo prudente, el dictamen correspondiente en el cual se pronunciará sobre la necesidad médica del apoyo solicitado y, en su caso, propondrá el monto, las condiciones y el tiempo durante el cual se proporcionará la prestación solicitada;

      III. Una vez recibido el referido dictamen, con base en lo determinado en él y, tomando en cuenta los requisitos establecidos en este Acuerdo, pronunciarse sobre la procedencia de la prestación solicitada.

Para fijar el monto de la prestación médica complementaria deberá considerarse el impacto que ésta tiene en términos porcentuales en los recursos con los que cuenta el fideicomiso respectivo.

OCTAVO. El apoyo económico se proporcionará cuando del dictamen médico se desprenda que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no pueda otorgar en forma adecuada y oportuna el servicio, siempre que el padecimiento no esté cubierto por el respectivo seguro de gastos médicos, o bien, no obstante estar cubierto por éste, se agote la respectiva suma asegurada; asimismo, cuando de dicho dictamen se estime que el paciente pueda recuperar o mejorar la salud y las capacidades o sentidos de que carece, que el abandono del tratamiento pueda agravar su estado o que, en el caso de enfermos incurables o desahuciados, pueda mejorar su calidad de vida.

Para tener derecho a la referida ayuda serán preferidos los servidores públicos que hayan contratado la potenciación de la suma asegurada del seguro de gastos médicos correspondiente, cuando menos, al nivel inmediato superior.

NOVENO. Las decisiones en cuanto a la procedencia, monto, condiciones y tiempo durante el cual se proporcionará la ayuda, corresponderán al titular de Desarrollo Humano.

La negativa a proporcionar la prestación solicitada o los términos en que se otorgue podrá impugnarse en el plazo de treinta días hábiles, contado a partir de que se notifique la resolución al solicitante, ante el Comité.

Una vez otorgada la ayuda por el titular de Desarrollo Humano, o bien, por el referido Comité, aquél girará las instrucciones conducentes al comité técnico del fideicomiso respectivo, para que se proceda al pago de la ayuda.

El referido titular informará mensualmente al Comité las labores desarrolladas en relación con este Acuerdo.

DECIMO. En caso de que se otorgue la ayuda económica, el trabajador deberá entregar los recibos a su nombre que amparen los gastos efectuados, para lo anterior contará con un plazo de hasta 30 días hábiles, contado a partir de la fecha en que se le entregó la ayuda. Para el caso de que el trabajador requiera de más tiempo, tendrá que informar al titular de Desarrollo Humano dicha circunstancia, a efecto de que apruebe o no una prórroga.

Los recibos originales deberán reunir los siguientes requisitos:

      a. Estar expedidos a nombre del trabajador;

      b. Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida;

      c. Número de folio, lugar y fecha de expedición;

      d. Cantidad y clase de productos o descripción del servicio que ampare;

      e. Valor unitario e importe total consignado en número y letra, así como el monto de los impuestos que, en su caso, en términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse.

DECIMO PRIMERO. El Comité y el titular de Desarrollo Humano tendrán la facultad, en todo tiempo, de verificar la autenticidad de los datos de la solicitud y sus anexos.

DECIMO SEGUNDO. En casos excepcionales, el Comité o el referido titular podrán autorizar apoyos sin la correlativa obligación de presentar los recibos oficiales, en cuyo caso, deberá motivar su resolución, exigir a la persona apoyada que manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, la causa, el concepto y el importe de los gastos realizados e informar de ello al Comité.

DECIMO TERCERO. El titular de Desarrollo Humano llevará los archivos adecuados que permitan registrar la estadística y el monto de las prestaciones que otorguen.

DECIMO CUARTO. Los trabajadores de la Suprema Corte podrán realizar donativos que permitan financiar el Plan regulado en este Acuerdo General, en la inteligencia de que, en términos de lo previsto en el artículo 31, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo son deducibles para efectos de ese tributo los aportados por los trabajadores a los que no está destinado el Plan en comento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo General de Administración 29/99 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como todas aquellas disposiciones administrativas que se opongan a lo señalado en este Acuerdo.

TERCERO. Los servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación, diversos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por la regulación que en su momento expida el Consejo de la Judicatura Federal, salvo los que hayan solicitado y obtenido algún apoyo conforme a lo previsto en el Acuerdo General de Administración 29/99.

CUARTO. Los casos no previstos en este Acuerdo serán resueltos por el Comité.

QUINTO. Publíquese este acuerdo en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y, en términos de lo dispuesto en el artículo 7o., fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en medios electrónicos de consulta pública.

Así lo acordaron y firman los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juan Díaz Romero, integrantes del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Los Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juan Díaz Romero.- Rúbricas.

Licenciado José Javier Aguilar Domínguez, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, CERTIFICA: Que esta copia del Acuerdo General de Administración número VI/2004, del treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, constante de diez fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con la copia certificada por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se tuvo a la vista. México, Distrito Federal, a siete de junio de dos mil cuatro.- Conste.- Rúbrica.

 



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