ACUERDO del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Programa Estratégico de Educación Cívica que regirá la labor institucional en la materia durante el periodo de 2005 a 2010 y presentación del Informe sobre la ejecución de las 19 estrategias del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003, cuya continuidad se aprobó mediante Acuerdo del Consejo General del 30 de abril de 2004.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG182/2004.

  Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Programa Estratégico de Educación Cívica que regirá la labor institucional en la materia durante del periodo de 2005 a 2010 y presentación del Informe sobre la ejecución de las 19 estrategias del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003, cuya continuidad se aprobó mediante Acuerdo del Consejo General del 30 de abril del año en curso.

Antecedentes

I. El 6 de abril de 2001 el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003. El Plan tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía consciente de sus derechos y responsabilidades, fomentar la participación cívica e impulsar la práctica de valores de la democracia para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como en el desarrollo de las comunidades, de las instituciones y del país en el marco de un orden político democrático.

  Asimismo, se propuso dar unidad y secuencia a las tareas de educación cívica y fomento de la cultura democrática, tanto en el espacio educativo formal como en el comunitario en colaboración con otras instituciones públicas, privadas y sociales.

II. El 21 de octubre de 2003 el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo por el que se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para que elabore y presente a la Comisión del ramo, una propuesta de Plan y programas de educación cívica para desarrollarse en el corto y mediano plazo.

  El punto segundo de este Acuerdo estableció que la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica evaluaría los términos y los plazos en que presentaría la propuesta de nuevo Plan de educación cívica al Consejo General.

III. El 30 de abril de 2004 el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó la extensión del periodo de instrumentación de las 19 estrategias del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003 durante 2004.

  El punto segundo de dicho Acuerdo estableció que la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica sometería a consideración del Consejo General, a más tardar en el mes de diciembre de 2004, la propuesta de Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, así como un informe de los resultados alcanzados en la instrumentación de las 19 estrategias del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003 que tendrán continuidad durante 2004.

Considerando:

1. Que de conformidad con lo que establecen los artículos 39, 40 y 41 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal; y la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral.

2. Que con fundamento en el último párrafo de la fracción III del artículo 41 constitucional, el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, entre otras, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica.

3. Que el artículo 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que son fines del Instituto Federal Electoral: contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, integrar el registro federal de electores, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura democrática.

4. Que tal y como lo establece el artículo 82, párrafo 1, incisos b) y z) del Código Electoral, son atribuciones del Consejo General vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto; conocer, por conducto de su Presidente y de sus Comisiones, las actividades de los mismos; solicitar los informes específicos que estime necesarios y dictar los acuerdos para hacer efectivas las atribuciones que le señala el propio ordenamiento.

5. Que el Consejo General tiene la facultad de integrar las comisiones necesarias para el desempeño de sus atribuciones; siendo la de Capacitación Electoral y Educación Cívica una Comisión que funciona permanentemente, tal y como se señala en los párrafos 1 y 2 del artículo 80 del Código de la materia.

6. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 86, párrafo 1, inciso f) del Código de la materia, es atribución de la Junta General Ejecutiva, entre otras, supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica del Instituto.

7. Que en términos de lo establecido por el artículo 96, párrafo 1, incisos a) al e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otras atribuciones, elaborar y proponer los programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas; coordinar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y de educación cívica; preparar el material didáctico y los instructivos electorales; orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que no hubiesen cumplido con las obligaciones establecidas en el Código de la materia, en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores y las de voto, a que lo hagan.

8. Que de conformidad con los dispuesto por el artículo 100, párrafo 1, inciso b) del multicitado ordenamiento, corresponde a las Juntas Locales Ejecutivas supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Servicio Profesional Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica.

9. Que el artículo 110, párrafo 1, inciso a) del propio Código establece como una de las atribuciones de las Juntas Distritales Ejecutivas la de evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica.

10. Que los artículos 101 y 111 del Código Electoral determinan que es atribución de los Vocales Ejecutivos Locales y Distritales, dentro de su ámbito de competencia, ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica. Además, el artículo 119 del mismo ordenamiento establece que las Juntas Distritales llevarán a cabo en forma permanente cursos de educación cívica y capacitación electoral, dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos.

11. Que las políticas y programas generales del Instituto Federal Electoral para el año 2005, aprobadas por el Consejo General en sesión del 15 de julio de 2004, establecen como uno de sus Objetivos Estratégicos el impulsar la participación ciudadana y la Educación Cívica como factores centrales para el fortalecimiento de la vida democrática, a través de la instrumentación de la primera etapa del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010.

12. Que dentro de las disposiciones antes señaladas se determinaron como políticas generales de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otras, la de promover la educación cívica y la cultura político democrática a nivel nacional, regional y local para la formación de ciudadanos informados, críticos, responsables y participativos en los diferentes espacios de la vida pública.

13. Que no obstante los importantes logros mencionados, como parte de un proceso de evaluación interna del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003, se realizó un balance con la participación de las 332 Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, para conocer los aspectos significativos en la instrumentación de cada una de las 42 estrategias que conformaron el Plan Trianual. De dicho balance se desprendieron diversas aportaciones orientadas a perfeccionar los esfuerzos de la institución hacia el mediano y largo plazo en la instrumentación de la estrategia de educación cívica del Instituto.

14. Que a fin de fortalecer el trabajo de educación cívica del Instituto, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Comisión del ramo integraron en el mes de marzo un Comité Técnico de Especialistas para coadyuvar en el diseño de una propuesta de política pública en materia de educación cívica, la cual ha sido denominada Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010.

15. Que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentó a la Comisión del ramo el Informe de los resultados alcanzados en la instrumentación de las 19 estrategias del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003 que tuvieron continuidad durante 2004, en su sesión extraordinaria celebrada el 7 de diciembre del presente año. Los integrantes de la Comisión del ramo acordaron hacerlo del conocimiento del Consejo General.

16. Que en la misma sesión extraordinaria de la Comisión señalada, se sometió a su análisis y consideración el Programa Estratégico de Educación Cívica, mismo que fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes, acordándose someterlo a la consideración de este Consejo General.

  Por los motivos y consideraciones antes señaladas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40, 41 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, 80, párrafos 1 y 2, 82, párrafo 1, inciso b); 86, párrafo 1, inciso f); 96, párrafo 1, incisos a) al e); 100, párrafo 1, inciso b); 101; 110, párrafo 1, inciso a); 111 y 119 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 82, párrafo 1, inciso z) del propio ordenamiento legal, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emite el siguiente

Acuerdo:

  Primero.- Se aprueba el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, según se anexa, formando parte integral del presente acuerdo.

  Segundo.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva que ordene a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica que a más tardar en el mes de enero del año 2005, presente a la Comisión del ramo la propuesta de los proyectos específicos, el calendario y los indicadores de gestión para la instrumentación del Programa Estratégico 2005-2010.

  Tercero.- La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica presentará a la Comisión respectiva, durante el mes de enero de 2005, la propuesta de ajustes al calendario anual de actividades de oficinas centrales y de órganos desconcentrados para la óptima instrumentación del Programa Estratégico de Educación Cívica durante el próximo año, para su análisis, y su posterior aprobación por parte de la Junta General Ejecutiva.

  Cuarto.- La Junta General Ejecutiva, previo conocimiento de las comisiones respectivas, determinará las responsabilidades de las distintas áreas del Instituto Federal Electoral, tanto en oficinas centrales como en los órganos desconcentrados, respecto a la instrumentación del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010.

  Quinto.- La Secretaría Ejecutiva instruirá a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para que a través de la Comisión del ramo, presente informes semestrales al Consejo General sobre el avance del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010. El primer semestre corresponderá del 1o. de enero al 30 de junio, y el segundo semestre del 1o. julio al 31 de diciembre. Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva dispondrá de 45 días naturales para la integración de los informes, previamente a su presentación al Consejo General.

  Sexto.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración que revise el presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal de 2005, con el fin de que la Junta General Ejecutiva asegure la canalización de recursos para el desarrollo del Programa Estratégico de Educación Cívica.

  Séptimo.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que ordene a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral el diseño e incorporación de indicadores de evaluación de desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral, que den cuenta de su participación en la instrumentación del Programa Estratégico de Educación Cívica.

  Octavo.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que ordene al área correspondiente el diseño del programa de formación y evaluación continua que permita al personal de Instituto asumir la función que le corresponda en la eficaz instrumentación del Programa Estratégico de Educación Cívica.

  Noveno.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Junta General Ejecutiva y a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral, para su debido cumplimiento.

  Décimo.- Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

  El presente acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 16 de diciembre de 2004.- El Consejero Presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde Ramírez.- Rúbrica.- La Secretaria del Consejo General, María del Carmen Alanis Figueroa.- Rúbrica.

  INDICE

  Introducción

  1. MARCO JURIDICO

  2. MARCO TEORICO

2.1. La democracia

2.2. La ciudadanía como institución fundamental de la democracia

2.3. El papel de las Instituciones y del Estado en la consolidación de una cultura democrática

  3. MARCO CONTEXTUAL: CULTURA POLITICA Y EJERCICIO DE CIUDADANIA EN MEXICO

3.1. Democracia y ciudadanía: conocimientos y percepciones

3.2. Las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía

3.3. La paradoja entre el discurso y la práctica de la participación ciudadana

3.4. El papel del Estado, los actores políticos y sociales en la construcción de ciudadanía democrática

  4. MARCO PEDAGOGICO

4.1. Los fines de la educación ciudadana

4.2. La educación ciudadana basada en el desarrollo de competencias cívicas

4.3. Los rasgos del enfoque metodológico

  5. ESTRATEGIA

5.1. Principios rectores de la política de educación cívica

5.2. Objetivos y Líneas de acción programática

5.3. Ejes transversales

  REFERENCIAS

  Anexo

Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010

  Introducción

  El Programa Estratégico de Educación Cívica (PEEC) que se presenta a continuación ha sido concebido como uno de los programas institucionales prioritarios del Instituto Federal Electoral (IFE) para el periodo de 2005 a 2010, año en que el Consejo General concluirá su responsabilidad al frente del máximo órgano de esta institución y rendirá las cuentas finales de su gestión.

  Este programa es resultado de un amplio proceso de deliberación respecto de las tareas que el IFE debe llevar a cabo, como órgano de Estado y de acuerdo con sus atribuciones legales, para contribuir a elevar la calidad de la democracia mexicana.

  Este proceso fue coordinado por el Comité Técnico de Especialistas, que se conformó en marzo de 2004 a iniciativa de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con el objeto de apoyar a la Dirección Ejecutiva del ramo en el diseño de una propuesta de estrategia de educación cívica de largo alcance.

  En la formulación de esta propuesta se retoma y se valora la experiencia obtenida por el IFE a lo largo de más de diez años de realizar acciones en materia de educación cívica, así como los aprendizajes adquiridos durante este proceso. El programa estará sujeto a una constante evaluación y retroalimentación hacia el interior del IFE y con diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de responder a los desafíos que una democracia de calidad plantea.

  Con la convicción de que para lograr una democracia profunda y eficaz se requieren cambios en la cultura política de los mexicanos, este programa parte de la necesidad de impulsar una educación cívica que permita a la población mexicana ejercer a cabalidad su derecho político de votar y elegir a sus representantes, además de reconocer y exigir -en su plenitud- los derechos de ciudadanía, así como participar en la construcción de un gobierno transparente, un sistema de justicia accesible y eficaz, además de promover la equidad social entre los géneros y una mayor justicia social.

  El IFE asume que el principal objetivo de los procesos de educación cívica es promover la participación ciudadana en el ámbito público, como vía efectiva para mejorar sus condiciones de vida y hacer válidos sus derechos. Por ende, concibe a los ciudadanos como actores fundamentales de la democracia y se propone, a través de sus programas en la materia y de su trabajo institucional en general, dotarlos de competencias (conocimientos, aptitudes y actitudes cívicas) para el ejercicio pleno de su ciudadanía.

  Como órgano de Estado que tiene entre sus encomiendas la de atender de manera integral la educación cívica, el IFE articula en este programa estratégico las grandes intenciones y líneas a través de las cuales desempeñará su acción pública en la materia.

  El PEEC tiene el propósito de orientar el quehacer institucional en la materia, por lo que corresponderá a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, bajo la supervisión de la Comisión del ramo, garantizar que toda acción y proyecto educativo atienda los criterios aquí establecidos.

  El nivel de participación de las diversas áreas del Instituto, entre las que destacan las Juntas Locales y Distritales, dada su cercanía con la población en cada uno de sus ámbitos geográficos, es decisiva en el cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, el éxito del programa se cifra en la capacidad institucional de generar sinergias con diversos actores de la sociedad mexicana.

  Este documento está compuesto por cinco capítulos que se describen a continuación:

  El primero refiere los elementos legales que fundamentan la competencia del Instituto y de otras organizaciones públicas en torno a la educación cívica e integran el Marco Jurídico que norma la estrategia de educación cívica propuesta.

  El segundo describe el Marco Teórico, desde el cual deben concebirse los procesos de construcción de ciudadanías que impulse el Instituto, tanto de manera directa como en coordinación con terceros. En él, se presentan algunas reflexiones teóricas en torno a la democracia, sus prácticas sociales e instituciones políticas, que dan sustento a los referentes de partida de la política de educación cívica del IFE.

  En el tercer capítulo, Marco Contextual: Cultura política y ejercicio de ciudadanía en México, se destacan algunos de los rasgos actuales que conforman la cultura política y el ejercicio de ciudadanía en México. Estos planteamientos iniciales de referencia son la base del diseño estratégico del programa, pero será necesario que la labor de investigación que realiza el IFE se vea fortalecida y se constituya en una tarea institucional permanente para conocer con mayor precisión qué pasa y cuáles son los desafíos y necesidades de educación ciudadana en las diversas regiones del país.

  El Marco pedagógico, constituye otro de los pilares de la propuesta de política de educación cívica. Define el enfoque pedagógico, los rasgos que dan personalidad a la propuesta de formación ciudadana, las competencias cívicas del programa, así como los fines educativos que se persigue alcanzar.

  En el quinto capítulo se plantea la Estrategia del IFE en materia de educación cívica, se definen los principios rectores, los objetivos a alcanzar y las líneas de acción programática, así como orientaciones estratégicas para la realización de esta política educativa.

  Por último, el documento del Programa Estratégico integra un anexo propositivo con el diseño general de algunos proyectos susceptibles de instrumentación, en términos de modelo de estructura y criterios que orienten la definición de proyectos específicos y futuras iniciativas que concreticen la política de educación cívica del IFE. En este mismo anexo se plantea, a manera de guía general, una proyección general que permite visualizar el desarrollo de este programa durante el periodo de 2005 a 2010.

  1. MARCO JURIDICO

  Del Instituto Federal Electoral

  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, mandata al Instituto Federal Electoral (IFE) para desarrollar, en forma integral y directa, actividades relativas a la capacitación y educación cívica. El IFE es el único órgano al que la Constitución Federal confiere, expresamente, atribuciones en materia de educación cívica.

  Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) señala en su artículo 69, entre otros fines del Instituto, los de contribuir al desarrollo de la vida democrática, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.

  El Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 se fundamenta en el acuerdo aprobado por el Consejo General del IFE el 21 de octubre de 2003, en el que se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) para que elabore y presente una propuesta de plan y programas de educación cívica para desarrollarse en el corto y mediano plazo.

  Entre las atribuciones que el COFIPE otorga a la DECEYEC, en su artículo 96, destacan las de elaborar y proponer los programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, coordinar y vigilar el cumplimento de tales programas, preparar el material didáctico y los instructivos electorales, así como orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.

  Los artículos 101 y 111 del código electoral vigente determinan que es atribución de los vocales ejecutivos locales y distritales, dentro de su ámbito de competencia, ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica. Además, el artículo 119 del citado ordenamiento establece que las Juntas Distritales llevarán a cabo en forma permanente cursos de educación cívica y capacitación electoral dirigidos a los ciudadanos residentes en su distrito.

  Por su parte, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo General, establecida por mandato contenido en el artículo 80 del COFIPE, contribuye al desempeño de las atribuciones conferidas al Consejo General en la materia, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento Interior del IFE.

  De otras instituciones de Estado

  El IFE, como órgano del Estado mexicano, interactúa con el resto de las instituciones públicas en el logro de sus fines constitucionales. La actuación coordinada con dichas instituciones se encamina al fortalecimiento institucional, particularmente en materias relacionadas con la educación cívica y el desarrollo de una cultura democrática.

  En consecuencia, resulta de suma relevancia hacer referencia a las atribuciones que en dichas materias detentan otros organismos electorales, así como diversas autoridades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. A continuación se presentan de manera enunciativa y no limitativa, dichas facultades:

        Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

  El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está relacionado estrechamente con el Instituto Federal Electoral en materia de educación cívica, pues de conformidad con lo establecido en la fracción VIII del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los artículos 44 y 46 del Reglamento Interno de la referida Institución, es la autoridad competente para desarrollar -directamente o por conducto de su Centro de Capacitación Judicial Electoral- tareas de formación, investigación, capacitación y difusión en la materia.

  Los objetivos principales del Centro de Capacitación Judicial Electoral consisten en participar en el constante perfeccionamiento y fortalecimiento de las instituciones, procedimientos e instrumentos democráticos, difundiendo el conocimiento de la materia electoral y su área contenciosa, así como en lo relativo a la educación cívica y la cultura democrática, a través de publicaciones y de la realización de continuos eventos académicos, para contribuir al fomento de la cultura política y la plena consolidación de la democracia en el país.

  Con fecha 9 de marzo de 1999, el TEPJF y el IFE suscribieron un Convenio General de Colaboración, con el objeto de establecer las bases generales de colaboración para la planeación y desarrollo de proyectos académicos específicos que contribuyan a la formación de personal altamente especializado en materia de derecho electoral, su rama procesal y disciplinas afines; y para el fortalecimiento de la cultura democrática.

        Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales

  La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) es el organismo especializado de la Procuraduría General de la República (PGR) responsable de atender lo relativo a los delitos electorales federales, contenidos en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal. Entre sus atribuciones, establecidas en el artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, está la de fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración con autoridades tanto federales como del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales.

  En virtud de lo anterior, la FEPADE y el IFE signaron un convenio de apoyo y colaboración con fecha 13 de noviembre de 2001 para fines de divulgación e impartición de cursos de capacitación a los diversos actores involucrados en el proceso electoral federal y a la ciudadanía en general, con la finalidad de prevenir los delitos electorales federales, así como para la mejor atención de las denuncias que sobre esos ilícitos se presenten.

        Partidos Políticos

  En los términos del artículo 41, fracción II, de la Constitución General de la República, la ley debe garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades, entre otros, el financiamiento público, parte del cual consiste en que se les reintegre un porcentaje de los gastos anuales que eroguen por concepto de actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.

  El artículo 36, párrafo 1, inciso c) del COFIPE especifica que los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento con el propósito de garantizar que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de éstos al ejercicio de poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En este sentido el inciso o) del párrafo 1 del artículo 38 del mismo ordenamiento, señala que los partidos políticos deben utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para realizar las actividades antes descritas, además del sostenimiento de sus actividades.

  Asimismo, el artículo 49, párrafo 7, inciso c) del código electoral, determina que la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, podrán ser apoyadas mediante el financiamiento público en los términos del Reglamento que en la materia expida el Consejo General del IFE, el cual puede establecer apoyos hasta del 75% anual de los gastos comprobados en estos rubros.

        Agrupaciones Políticas Nacionales

  Por su parte, las agrupaciones políticas nacionales tienen derecho a recibir financiamiento público exclusivamente para apoyar sus actividades editoriales, de educación y capacitación política, y de investigación socioeconómica y política, según lo establece el artículo 35, párrafo 7, del COFIPE.

  Esta prerrogativa es consecuente con lo dispuesto por el artículo 33, párrafo 1, del mismo ordenamiento legal, que establece que las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

        Autoridades federales, estatales y municipales

  En términos de lo dispuesto por el artículo 2 del COFIPE, las autoridades electorales contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales para el desempeño de sus funciones. En razón de lo anterior, el IFE ha celebrado convenios de apoyo y colaboración con diversos municipios, gobiernos estatales y con institutos electorales locales para coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades a efecto de coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura cívico-electoral.

  Los convenios que se firman con cada dependencia u órgano tienen fundamento en las atribuciones que a ellas les confieren las leyes aplicables.

  Entre los convenios gestionados por las Juntas Ejecutivas Locales se encuentran los suscritos con autoridades educativas estatales, universidades, ayuntamientos e instituciones diversas, los cuales han permitido implementar la mayor parte de los programas del Plan Trianual de Educación Cívica: Derechos y Valores de la Niñez Mexicana, Elección de Representantes en el Espacio Escolar, Jornadas Cívicas, Un Día en el Cabildo, Nosotros los Jóvenes...Proyecto Ciudadano y Talleres de Educación Ciudadana, entre otros.

  De manera particular, se ha trabajado con las Secretarías de Educación en las 25 entidades con que se tiene convenio suscrito, en el marco de los cuales se ha desarrollado el Programa Educar para la Democracia. Por su parte, los 87 convenios con universidades e instituciones de educación media y superior permiten desarrollar cursos, conferencias, seminarios, diplomados y pláticas de divulgación de cultura democrática.

  De igual manera, los convenios con 154 ayuntamientos fueron de importante colaboración para organizar la Semana Nacional de Educación Cívica, así como para la aplicación de programas educativos que se refieren al contexto municipal.

  Se cuenta con 71 convenios con instituciones diversas, entre las cuales destacan algunas delegaciones del CONAFE, del DIF, y del INEA, así como con organismos públicos de derechos humanos. Tales convenios han permitido la formación de promotores e instructores de los programas a través de las estructuras institucionales.

        Secretaría de Educación Pública

  La Ley General de Educación estipula en su artículo séptimo que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otros fines entre los que destaca infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad.

  Derivado de los principios establecidos por el propio artículo 3o. constitucional, el artículo 8o. de la ley en comento define el criterio democrático que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -incluida la educación primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan-, el cual se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Dicho criterio considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La misma ley en su artículo 10 determina que los planes, programas, métodos y materiales educativos constituyen parte del sistema educativo nacional.

  El plan y los programas de estudio para educación primaria establecen que la educación cívica es el proceso a través del cual se promueve el conocimiento y la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento . A través de dichos programas, se propone desarrollar en el alumno las actitudes y los valores que lo doten de bases firmes para ser un ciudadano conocedor de sus derechos y los de los demás, responsable en el cumplimiento de sus obligaciones, libre, cooperativo y tolerante; es decir, un ciudadano capacitado para participar en la democracia .

        Secretaría de Gobernación

  La Secretaría de Gobernación (SEGOB), en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa Especial para el Fomento de la Cultura Democrática 2001-2006, tiene dentro de sus compromisos fundamentales difundir la cultura política democrática entre los actores políticos, los ciudadanos y la población en general y promover condiciones que alienten y favorezcan una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, así como en las cuestiones sociales y comunitarias. En este horizonte se pretende, a partir de una nueva actitud de las personas que se exprese en su conducta, imprimir vitalidad a la convivencia política, dar soporte a las instituciones de gobierno, otorgar sustento a la gobernabilidad democrática y dotar de mayor dinamismo tanto al desarrollo político del país como al desarrollo social de los grupos sociales, de las comunidades y del país en general.

  Es por ello que, con fecha 16 de abril de 2002, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la SEGOB suscribieron con el IFE un convenio de colaboración, con el objeto de crear un espacio de interlocución, consulta recíproca y colaboración para el diseño e instrumentación de acciones y estrategias de promoción, desarrollo y fortalecimiento de la educación cívica, la formación ciudadana, la cultura democrática y la participación social, así como la investigación en dichas áreas, con el propósito de consolidar los valores, las prácticas y las instituciones de la democracia.

        Secretaría de Desarrollo Social

  La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuenta actualmente con programas como el Programa de Coinversión Social, que impulsa la alianza entre gobierno y sociedad civil mediante la corresponsabilidad, el respeto, la autonomía y la confianza, en beneficio de los grupos de población más pobres y vulnerables, para apoyar con recursos públicos proyectos de alto impacto en el ámbito del desarrollo social; y para cuyo desarrollo se apoya en organizaciones de la sociedad civil e instituciones legalmente constituidas, sin fines de lucro y que no realizan proselitismo político o religioso. La vertiente social de los proyectos consiste en brindar asistencia para el desarrollo humano y comunitario que contribuya a la creación de capital social y a la promoción y defensa de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales. Por su parte, la vertiente de capacitación consiste en fomentar acciones que generen o fortalezcan habilidades, conocimientos y valores de participación ciudadana que contribuyan al crecimiento de capacidades personales y comunitarias de los beneficiarios.

  Con fecha 16 de marzo de 2004, el IFE y la SEDESOL suscribieron un Convenio General de Apoyo y Colaboración, con el objeto de establecer los mecanismos mediante los cuales se instrumentarán programas de educación cívica, participación ciudadana, desarrollo social y servicio social, y con la finalidad de divulgar entre la ciudadanía la cultura política democrática y evitar que los programas sociales instrumentados por el Ejecutivo Federal, cuya operación está a cargo de la SEDESOL, se utilicen con fines político electorales, así como para promover el voto libre y secreto.

        Secretaría de la Función Pública

  La Secretaría de la Función Pública (SEFUPU), en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo, establece como uno de sus objetivos dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad. Entre las diez líneas estratégicas de su programa destacan la generación de acuerdos con la sociedad mediante convenios de colaboración, pactos sectoriales y la promoción de una nueva cultura social de transparencia y combate a la corrupción, que tiene como meta incidir en el modelo educativo para formar a los niños y niñas en los valores asociados con la transparencia.

  El 13 de febrero del año 2000, el IFE firmó un convenio de apoyo y colaboración con la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la Función Pública, con el objeto de establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas tanto al fortalecimiento de una cultura democrática como a la formación y capacitación del personal de la Secretaría en valores y prácticas de la democracia y temas relacionados con la transparencia y rendición de cuentas, así como para la formalización de promotores de dichos valores.

        Instituto Federal de Acceso a la Información

  El artículo 37, fracciones XIII y XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que son atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) difundir, entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la información y las responsabilidades en el uso y conservación de la misma, así como elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de dicha Ley.

  El 15 de octubre de 2003, el IFE y el IFAI suscribieron un convenio de colaboración que tiene como propósito fundamental fomentar actividades relacionadas con la promoción de la cultura democrática y de transparencia. Mediante este instrumento se sentaron las bases para el trabajo conjunto entre estos dos organismos autónomos, con el propósito de fomentar una cultura de transparencia.

2. MARCO TEORICO

  La política de educación cívica del Instituto Federal Electoral es una herramienta del Estado y de la sociedad mexicana que busca ayudar a la consolidación de los valores, las prácticas, los procedimientos y las instituciones de la democracia mexicana.

  A continuación se presentan una serie de reflexiones con el objeto de propiciar una mejor comprensión del estado que guarda la discusión teórica sobre el proceso de consolidación democrática, así como de las prácticas sociales e instituciones políticas que le acompañan. Su propósito es el de orientar los contenidos del trabajo cívico educativo del IFE, por lo que de ninguna manera pretende agotar las discusiones teóricas que sobre estas temáticas existen.

  En el primer apartado se abordan diferentes definiciones de democracia, con énfasis particular en aquellos elementos y procedimientos que, además del voto, deberían jugar un papel central a la hora de concebir esta forma de gobierno.

  En el segundo apartado se problematizan los temas de la ciudadanía, la participación política, la confianza en las instituciones y el capital social; considerados como elementos para el buen funcionamiento de una democracia de calidad.

  Finalmente, en el tercer apartado se revisa el papel que deberían tener el Estado, las instituciones y sus políticas en la perspectiva de la consolidación de una sólida cultura democrática.

2.1. La democracia

  En el transcurso del siglo XX los sistemas políticos de una buena parte del mundo se auto-denominaron democráticos. Bajo la amplísima noción de el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo llegaron a justificarse regímenes autoritarios como los que se implantaron durante la era del fascismo en Alemania, Italia o España o durante el largo pasaje por el socialismo real en el que transcurrieron más de una veintena de países de Europa del Este, Africa, Asia y América Latina.

  Durante los años de la guerra fría (1946-1989), debido a la imperiosa necesidad que se tenía en Occidente para distinguirse de los regímenes pertenecientes al bloque soviético, tanto en Europa Occidental como en América del Norte se fue construyendo, a partir de la noción legada por Joseph A. Shumpeter, una suerte de consenso sobre la superioridad de una concepción de la democracia que pudiese ser inmune al abuso de los grandes conceptos inasibles o abstractos a partir de la medición de un conjunto de procedimientos concretos. Sin embargo, no fue sino hasta la caída del muro de Berlín que la definición procedimental de la democracia derrotó a las otras versiones.

  Las definiciones alternativas a la democracia procedimental sustentaron su legitimidad en la convicción de que ninguna sociedad podía basar su gobierno en el resorte de la libertad sin antes resolver el problema de la inequidad. En ellas, la idea democrática estaba asociada a las nociones de igualdad y justicia social y no, como sucede en el caso de la democracia procedimental, al principio de libertades cívicas y políticas del ciudadano. La intención primera fue evitar que, a través de las elecciones libres de los ciudadanos, pudiese ocurrir la toma del control de las instituciones del Estado por parte de las clases económicamente poderosas. Debido a esta asociación de conceptos, las fórmulas popular o participativa de la democracia terminaron por legitimar las diversas expresiones autoritarias en el ejercicio del poder.

  Hoy es posible definir a la democracia como aquel arreglo de las instituciones que se constituyen en gobierno gracias, tanto a la práctica libre, directa y secreta de los votos como a la participación de ciudadanos que se reconocen en el ejercicio tolerante y razonado de la deliberación pública. Esta práctica implica necesariamente la existencia previa de un piso mínimo de derechos humanos: el derecho a estar informado sobre los asuntos públicos, así como las libertades para expresarse, para publicar, para organizarse y para reunirse. Todas ellas son vías inseparables de la participación en el debate político y de la celebración de campañas para obtener los votos al momento del ejercicio electoral. Robert Dahl (1971) sintetiza en ocho los procedimientos que adjetivan la extensión de la llamada dimensión poliárquica₁ respecto a la democracia procedimental:

  libertad para formar y pertenecer a organizaciones de la sociedad

  libertad de expresión

  derecho al voto

  derecho a ser elegible para los cargos de elección popular

  libertad para competir por el apoyo de los votantes

  elecciones libres y justas

  fuentes de información alternativas al Estado

  instituciones que hagan gobierno en dependencia de los votos y de otras expresiones de participación ciudadana.

  De acuerdo con esta definición, es necesario subrayar que la democracia no puede ser entendida como un fin en sí mismo sino como un medio para resolver los problemas de la sociedad que abraza tal forma de gobierno. Se trata, además, del camino por excelencia para evitar el autoritarismo y la violencia. La democracia es, ante todo, un engranaje de procedimientos que le permite a cada persona existir políticamente en sociedad y manifestar sus convicciones abiertamente en el espacio de lo público.

  Los límites de la definición de democracia procedimental

  En fechas recientes la democracia denominada procedimental ha presentado algunos límites. Si bien este modelo ha fomentado el centro de su expresión en el ejercicio electoral, aborda en un segundo plano la concepción deliberativa y participativa de los ciudadanos de manera directa en problemas y asuntos de su comunidad.

  En los hechos, el voto es un logro incuestionable y una condición necesaria para el ejercicio de la democracia. Aún con ello, es conveniente impulsar una estrategia para que los ciudadanos participen en una forma más activa en torno a los problemas específicos de su propia comunidad. Aquella democracia que logra echar raíces profundas en una sociedad es la que se constituye bajo la forma más general del ejercicio de la razón y la deliberación públicas. (Rawls 1987, Amartya Sen 2004, Habermas 1983). El derecho para estar suficientemente informado y la libertad para crear o pertenecer a organizaciones sociales, expresar opiniones y participar en las discusiones públicas se vuelven condiciones fundamentales tan relevantes como aquellas enfocadas en la práctica electoral. En suma, ofrecen condiciones para que cada persona cuente con oportunidades similares a la hora de ejercer su ciudadanía en el gobierno de los asuntos públicos.

  El giro deliberativo en la teoría democrática supone que ésta puede centrarse en razones y argumentos y autocontrolarse de tal forma que evite la confrontación y promueva un proceso de aprendizaje sobre las implicaciones que se derivan de la calidad ciudadana y también sobre las prácticas democráticas. Jürgen Habermas (1987, 1998) demuestra la importancia de la deliberación pública como requisito sine qua non de la democracia. Este autor sostiene que la comunicación libre de trabas a través de una compleja red de espacios públicos que interconectan lo micro y lo macro, así como los debates a escala de grupos e individuos con los medios de comunicación y con la esfera público-política, son la clave de una democracia que transciende el limitado momento electoral. Por su parte, Dryzek (2002) señala que el tipo de comunicación que puede traducirse en una deliberación efectiva con potenciales democratizantes es aquella que no es coercitiva, que ofrece y acepta razones y que es capaz de conectar lo particular con lo general. Asumiendo esta perspectiva, la democracia debe ser vista como un proceso amplio y complejo cuyo objetivo es establecer el gobierno de los asuntos públicos mediante procedimientos que permitan la deliberación plural y razonada sobre las decisiones de interés general.

  El ejercicio de la razón pública₂ -entendido como la experiencia cotidiana de los ciudadanos cuando participan, con reales posibilidades de influir, en la deliberación de las decisiones políticas- ocurre en tres momentos secuenciales: el primero depende de un vigoroso flujo público de información libre de censura; en el segundo tiene lugar la deliberación colectiva de las razones informadas y el tercero es cuando los ciudadanos participan de la decisión, a través de su influencia en organizaciones sociales, en la opinión pública o directamente con su voto. Una condición indispensable para que estos tres momentos del proceso democrático puedan llevarse a cabo es que previamente existan ciudadanos dispuestos a ejercer a plenitud los derechos que de esta cualidad política se derivan. Por ello, sin ciudadanos en activo no hay democracia posible.

2.2. La ciudadanía como institución fundamental de la democracia

  La ciudadanía admite diversas aproximaciones. De manera tradicional se asume como la conciencia de pertenencia a una colectividad fundada sobre el derecho y la situación de ser miembro activo de una sociedad política independiente (Touraine, 1992). Como puede observarse, implica un referente de pertenencia territorial, jurídica y política a una entidad o estado nacional. Esta noción refleja de alguna manera la concepción jurídica de ciudadanía, adicionada en este caso con elementos identitarios.

  En un sentido complementario al que dice el derecho, la calidad moral de ciudadano no sólo se adquiere al alcanzar la mayoría de edad. Es una construcción de la conciencia individual y colectiva que se va fraguando a lo largo de la vida de una persona. De poco sirve que las leyes o el Estado dicten la ciudadanía desde los textos jurídicos si el individuo y la sociedad no la hacen valer cotidianamente.₃

  La ciudadanía es la condición que permite a la persona transitar con plenitud de lo privado a lo público. El tránsito de la esfera de lo que le es familiar hacia el ámbito de su comunidad, en la que mucho y muchos le serán desconocidos. La democracia es el sistema que ejercido en su plenitud hace iguales a las personas a través de la expresión, de la participación y del voto y por tanto le otorga la confianza suficiente para participar por objetivos comunes, a pesar de las visiones y posiciones distintas que se posean entre los integrantes de una misma comunidad política.

  La calidad ciudadana comienza a construirse cuando la persona siente la necesidad de informarse y exige estar convenientemente informada de lo que ocurre fuera de su casa; cuando se dota de elementos que le ayudan a discernir, a edificar la crítica personal y a razonar sobre su comunidad política. Luego, la ciudadanía se adquiere cuando la persona se otorga a sí misma, y en toda conciencia, el derecho para exigir lo que le corresponde. Más aún, cuando se asume como sujeto político capaz de influir en el entorno social y político que le rodea. Esta conciencia encuentra su expresión más acabada cuando lleva al sujeto a ser observante y respetuoso del cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas.

  En palabras de Hannah Arendt (1949) la ciudadanía es el derecho a tener derechos, los cuales sólo es posible exigir a través del pleno acceso al orden jurídico que únicamente la ciudadanía concede . Por tanto, el ciudadano es un sujeto de derechos, alguien que conoce sus derechos y tiene la posibilidad y la capacidad de defenderlos. La calidad de la ciudadanía no sólo depende del ejercicio de derechos, es necesaria también la presencia de la conciencia ciudadana, es decir, ...la convicción de que se cuenta con el reconocimiento del estado al que se pertenece, y que dicho reconocimiento se expresa en prácticas concretas que aseguran el ejercicio ciudadano (Zamudio 2004).

  La conciencia ciudadana se construye con tres elementos esenciales: el conocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanas; la identificación del Estado como responsable de su reconocimiento y traducción en leyes y políticas que aseguren su realización; y el conocimiento de las formas legítimas para plantear las demandas.

  Es importante destacar que el Estado desempeña un papel fundamental en la construcción de la conciencia ciudadana:

Si el Estado... no me mira como ciudadano, si sus representantes y las instituciones que me rodean y con quienes trato frecuentemente no me dan dicho trato, entonces internalizo una cualidad distinta, de cliente , de hijo (ante un estado paternalista) o de algo más, distinto de la de ciudadano. En consecuencia, tampoco identificaré las vías necesarias y legítimas de expresión de mis demandas... Y por el contrario, en la medida en la cual se da un ejercicio por una persona como ciudadana, tratada como tal, internalizará esta actitud del otro generalizado hacia ella y estará en condiciones de conformar una conciencia ciudadana (Zamudio 2004).

  La construcción e institucionalización de la ciudadanía ha sido un largo y accidentado proceso histórico, cuyo motor es el disenso social. Varios autores₄ han insistido en que la legalización de los derechos ha sido el resultado de grandes luchas sociales, procesos que sentaron un precedente de carácter universal. En las naciones en las cuales se produjo la innovación jurídica e institucional de los derechos de ciudadanía se presentó históricamente una correlación entre desacuerdos sociales, aprendizaje normativo e institucionalización jurídica. En otras palabras, la ley expresó no sólo un horizonte normativo deseable, sino un compromiso social exigible.

  Hall (1995) retoma el eje de las manifestaciones sociales como factor explicativo de la formación de las instituciones de la democracia liberal y de una cultura política de la tolerancia, con lo cual la centralidad de la política en la conformación de la ciudadanía y más aún, de la sociedad civil, queda establecida. La integración política creciente de la mayoría de la población en el Estado es la clave del proceso. Así, la extensión de la ciudadanía se convierte en el eje de la formación de la sociedad civil.

  La gama de los derechos ciudadanos se ha ampliado a lo largo de la historia en un proceso sumamente irregular que apenas en la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial alcanzó cierta estabilización en los países del mundo occidental. Así, los derechos civiles, que protegen al individuo frente al Estado y crean la noción misma del individuo como sujeto autónomo; los derechos políticos, que definen las formas de participación de los individuos en la conformación y la operación del Estado; y los derechos sociales que, a diferencia de los anteriores, definen prerrogativas universales para todos los miembros de la comunidad política y establecen un estatuto de ciudadanía complejo que constituye hoy día la columna vertebral de los estados modernos (Isunza, 2000).

  Por lo general, al momento en que la persona ejerce su ciudadanía, poco distingue entre las tres clases de elementos que confluyen en esta compleja calidad. De ahí que resulte adverso a la comprensión de la persona cualquier proposición que implique la limitación de sus derechos ciudadanos. Dentro del conjunto de derechos que en la actualidad se consideran como normativamente aceptados para definir la ciudadanía tendría que haber una suerte de equilibrio entre sus acepciones: civil, política y social.

  Una de las características de las democracias es que tienden a priorizar la ciudadanía política por encima de las otras dos, lo cual suele ser interpretado por los ciudadanos como ineficacia del propio régimen democrático. Es probable que en cierta medida lo sea; cuando se trata de democracias que dejan de lado el componente cívico y social de la ciudadanía y la percepción sobre este régimen político tiende a ser insatisfactoria. Tal eventualidad afecta, a su vez, las razones para participar políticamente ya que, por lo general, son las vertientes cívica y social de la ciudadanía las que con mayor energía promueven la participación ciudadana.

  Problemas para la participación ciudadana

  El ejercicio de la razón pública es intransitable sin la participación activa y responsable de los ciudadanos. No hay debate de razones ni contraste de argumentos si las voces encargadas de operar el diálogo democrático se abstienen de hacerlo.

  Existen varias virtudes de la participación que otorgan vida a una democracia. En primer lugar, hay que subrayar que el involucramiento en el debate público ejerce una poderosa influencia pedagógica en el ciudadano. Es a través de su participación fuera del ámbito privado que la persona adquiere las herramientas conceptuales, conocimientos, valores y destrezas para discernir, actuar e intervenir en los asuntos de su comunidad; y es gracias a su participación cotidiana que éste adquiere madurez y solvencia para opinar, razonar y actuar políticamente con responsabilidad.

  La deliberación de ciudadanos responsables requiere que éstos encuentren un espacio adecuado y atractivo para su participación. Para ello, es necesario que en el espacio de lo público se cuente con instituciones y redes sociales que promuevan el encuentro de la pluralidad entre las voces y las buenas razones y que permitan, a su vez, que los ciudadanos se asocien alrededor de las causas y temas que les son preciados.

  Desde el famoso análisis que Alexis de Tocqueville hiciese en el siglo XIX sobre la democracia en América, se puso de relieve la significación que para la sociedad democrática tiene la posesión de un denso tejido de redes sociales que asocien a los ciudadanos para canalizar su participación en los asuntos públicos. Una vida asociativa fuerte tiende a estimular la participación política reclutando y entrenando a los ciudadanos en el arte de las prácticas democráticas. La ventaja de un denso tejido asociativo es que éste inhibe la emergencia de actitudes autoritarias y del abuso de poder de las instituciones del Estado. Como dice Larry Diamond (1998) una vida asociativa plural, autónoma y vigorosa es importante para balancear y limitar el poder del Estado y para brindar canales para la articulación y práctica de intereses democráticos.

  Claus Offe y Susanne Fuchs (2002) han identificado tres niveles asociativos a disposición del ciudadano que vive en democracia. El primero incluye a los núcleos familiares ligados a partir de los lazos de sangre, así como a los grupos que comparten las mismas tradiciones o raíces étnicas y religiosas. Se trata de redes que siguen patrones vinculantes donde las fronteras para la exclusividad tienden a estar firmemente delineadas y generalmente transcurren sin disputas por la autoridad, ya que los lugares que cada persona ocupa en esa red social se encuentran previa y legítimamente determinados por el linaje o la tradición.

  El nivel asociativo secundario, a diferencia del anterior, tiene como ámbito de actuación el espacio de lo público. En él, sus integrantes asumen una posición de igualdad dentro del entramado de la red social y el objeto de su asociación es más bien preciso (el agua potable, la seguridad, los derechos humanos). Se trata, por lo general, de redes abiertas para la incorporación de nuevos integrantes. En este caso asociativo se distingue el hecho de que personas desemejantes o extrañas entre sí cooperan voluntariamente en una misma dirección por necesidades, intereses o valores que les son comunes.

  Por último, se encuentra la red de asociaciones denominadas por estos autores como terciarias, entre las que se ubican empresas, partidos políticos, iglesias y grandes conglomerados de intereses económicos y sociales (sindicatos o las cámaras empresariales). En este nivel asociativo los objetivos son muy precisos, pero a diferencia de los otros dos, la membresía tiende a variar ampliamente en función de los intereses que estas grandes corporaciones persigan. Es a partir de estas tres vías para la participación que los seres humanos definen sus intereses y las plataformas para interactuar en el espacio de lo público.

  Para un régimen democrático es grave que su población se encuentre desinteresada por lo político. Esta situación lleva a que, por una parte, las personas se replieguen en el primer nivel asociativo y, por la otra, la administración de lo público quede exclusivamente en las manos del tercer nivel, es decir de la clase gobernante. Cuando esto sucede en una democracia, la propensión es muy grande para que quienes compiten por los votos centren toda su atención en los procesos electorales y no consideren en toda su importancia al resto de los engranajes de la democracia.

  En su obra Salida, voz y lealtad, Albert O. Hirschman (1970) advierte que los seres humanos tienden a abandonar las construcciones sociales en las que interactúan cuando el uso de su voz para expresar las opiniones se ve suprimido o saturado. Bajo esa eventualidad, salir del juego se convierte en la forma activa y patente de manifestar el desacuerdo. La hipótesis de este autor es que la lealtad con respecto a las instituciones ocurre en la misma proporción con que la voz de las personas es tomada en cuenta.

  En este sentido, la expectativa que la persona posea sobre el impacto real de su participación se vuelve determinante para el compromiso cívico que el individuo adquiere. La ausencia de participación estaría directamente relacionada con la apreciación que las personas tengan sobre la oportunidad para que su opinión y sus ideas influyan en el devenir de la realidad. Si en tal apreciación se calcula que la posibilidad de ser escuchado es muy limitada, lo más probable es que el individuo opte por la apatía y el desinterés.

  Esta reflexión plantea que un elemento poderosamente inhibidor del compromiso cívico es la supresión del debate a partir de mecanismos autoritarios o de fórmulas que intencional o azarosamente provoquen la incomunicación social, es decir, la ausencia de un debate inteligible y transparente donde los temas de la agenda pública sean claramente expuestos, así como las distintas posiciones alrededor de ellos, racionalmente argumentadas. Cualquier forma de incomunicación que impida el diálogo racional y razonado alrededor de las ideas y de las prácticas políticas conlleva, a su vez, a la inacción ciudadana. En este proceso los medios de comunicación pueden jugar un papel tan virtuoso como negativo.

  Otro elemento del compromiso cívico es la apreciación del ciudadano sobre el grado de verticalidad de la construcción social. Resulta más estimulante para la persona involucrarse en estructuras sociales donde la posición que se ocupa tenga un contexto de reciprocidad y simetría entre sus integrantes, que hacerlo en espacios donde, de entrada, se llega al último nivel del aparato jerárquico. De ahí que, siguiendo a Offe y Fuchs (2002), a la hora de interactuar en el espacio de lo público, los ciudadanos tiendan a preferir el nivel secundario de las redes sociales, donde impera la reciprocidad entre iguales, que sobre el terciario de los grandes conglomerados institucionales, en el cual predominan las relaciones jerárquicas y verticales.

  Tanto o más determinante para inhibir la participación es la distancia o marginación que la persona aprecie con respecto a las instituciones o a las redes sociales. La exclusión cultural y económica mediatiza el compromiso cívico, por lo que resulta obvio que mientras más limitada sea la situación material del ciudadano, menores serán las probabilidades para que éste participe en los asuntos de su comunidad política.

  Otra limitante para la participación en los asuntos públicos es la reputación y honorabilidad del espacio donde se interactúa. Si la institución o la red social convocante resultan poseer mala fama o descrédito, lo más probable es que el ciudadano se automargine para conservar su propia reputación y honorabilidad.

  Finalmente, también influye en los niveles de participación la valoración (positiva o negativa) que se tenga sobre el curso de acción del espacio donde se participa. Si en su visión de las cosas el ciudadano calcula que, aun participando, la realidad tiene pocas probabilidades de cambiar, éste evitará invertir sus energías y su tiempo en aventuras que evaluará como poco redituables.

  La mayoría de los inhibidores para la participación están relacionados, de una manera o de otra, con la confianza. Mientras menor sea la desconfianza, sea porque se tiene una valoración positiva del resultado eventual de la participación, sea porque se interviene en una esfera de relaciones recíprocas y entre iguales, o sea porque se colabora en un espacio incluyente, mayor disposición habrá hacia la participación por parte de los ciudadanos.

  En suma, el ejercicio de la razón pública que engloba al conjunto de procedimientos democráticos requiere de una amplia participación de los ciudadanos y ésta depende de los niveles de confianza que prevalezcan entre los integrantes de la comunidad política. Las redes sociales y las normas de reciprocidad que les regulan tienden a fortalecer la confianza social indispensable para participar en democracia.

  El problema de la desconfianza

  Como se mencionó, la confianza es un acto que se produce a partir de la expectativa sobre lo que harán los otros al momento de cooperar. Si el cálculo del individuo es que el peso del esfuerzo colectivo recaerá asimétricamente en perjuicio de él, la consecuencia lógica será que éste quiebre el compromiso personal con la persecución del bien colectivo. De ahí que la participación y el compromiso cívico no sean sólo resultantes de la ética y los valores individuales, sino también de las formas con que se doten los miembros de una comunidad para su interacción.

  La incertidumbre con respecto al comportamiento del otro eleva sustancialmente los niveles de desconfianza. En sentido inverso, la predicibilidad del comportamiento ajeno hace que los individuos confíen en el resultado final de la acción colectiva. De acuerdo con Douglass North (1993), son las instituciones las que le ofrecen a los seres humanos la predecibilidad sobre el contexto en el que nos desenvolvemos socialmente. Es decir, las reglas del juego , o más precisamente las limitaciones formales o informales ideadas para modular la interacción humana. Ellas estructuran los incentivos en el intercambio humano, sea éste político, económico o social.

  Si tales instituciones, si los pactos entre los integrantes de una comunidad son respetados y cumplidos por todos, la incertidumbre tiende a reducirse y, por tanto, la confianza en el otro se incrementa. Este proceso ocurre por igual en los tres niveles de asociación expuestos por Offe y Fuchs (2002), lo mismo en las familias que en las organizaciones filantrópicas o en los partidos políticos.

  Es evidente que donde existe mayor posibilidad de cumplir con los acuerdos es en el nivel primario de asociatividad, ya que en éste los elementos afectivo o tradicional juegan un papel sobre el comportamiento del individuo de mucho mayor peso en comparación con los que se pueden apreciar en el ámbito de lo público. Por ejemplo, la relación asimétrica de autoridad entre el padre/madre y el hijo/hija (legitimada por la tradición) resuelve, en la mayoría de las ocasiones, el reforzamiento de los pactos asociativos dentro del ámbito familiar.

  Sin embargo, fuera de ese ámbito -una vez en la arena pública- el problema social comienza cuando los mecanismos para la construcción de confianza no pueden ser reproducidos de la misma manera en que sucede dentro del nivel asociativo primario. En un régimen democrático, al menos en términos conceptuales, los ciudadanos se presentan como semejantes en sus derechos y, por tanto, su capacidad para reforzar acuerdos no pasa por las herramientas afectivas o de tradición jerárquica. Quizá la coordenada más intrincada de una sociedad que avanza hacia la igualdad en las relaciones sociales sea la de dotarse de un repertorio de códigos para la cooperación y de formas de comportamiento que sean capaces de reducir la incertidumbre en el espacio de lo público sin buscar reproducir los mecanismos que para tal efecto se utilizan en la esfera de lo privado.

  Para consolidarse, la cultura democrática requiere del fortalecimiento de la confianza social, porque de ella depende en gran medida la participación ciudadana en el ejercicio de la deliberación racional y colectiva. Ello no quiere decir que automáticamente la confianza social se traduzca en confianza ciudadana hacia las instituciones políticas. Sólo implica que la democracia cuenta con tierra fértil para germinar. Sin embargo, es previsible que tal fenómeno, eventualmente, tenderá a influir en el comportamiento y compromiso del ciudadano con el tercer nivel asociativo; es decir, en el terreno de las grandes instituciones (los grandes conglomerados políticos y sociales).

  El papel del capital social

  Desde la aparición del ya clásico libro de Robert Putnam (1993) ha quedado establecida la correlación entre confianza, asociaciones y democracia. En efecto, las relaciones interpersonales estables a nivel microsocial son el punto de partida de la institucionalización de la confianza interpersonal, que es el fundamento social de las asociaciones. Las redes asociativas adquieren una capacidad de intervención en lo público, lo cual permite la difusión de valores y principios que norman la vida colectiva, incluyendo las interacciones entre ciudadanos y gobierno, que son estabilizadas a su vez por leyes que responden a los valores y las normas desarrollados originalmente en el campo asociativo.

  La literatura contemporánea llama capital social a ese conjunto de redes sociales y de normas de reciprocidad o simetría que conforman al universo asociativo de una comunidad (Putnam 1993). En palabras de Offe y Fuchs (2002), el capital social constituye el repertorio de disposiciones y formas del comportamiento del que dispone un grupo social para disminuir los costos que se deben pagar colectivamente para alcanzar la cooperación. A través de este capital de la sociedad es que se vuelve posible alcanzar los bienes colectivos a bajo costo, ya que gracias a él se limita considerablemente el llamado fenómeno del gorrón ; es decir, de los individuos que se benefician de la acción colectiva sin invertirse personalmente en ella y que por tanto terminan minando su consecución.

  A partir del concepto de capital social, Offe y Fuchs (2002) proponen tres variables sustantivas para el ensanchamiento del repertorio citado. De acuerdo con estos autores, la acumulación de capital social depende:

1) De que en el grupo humano exista una actitud positiva con respecto a informarse sobre lo que ocurre en el entorno público (lo opuesto a tal nivel de atención y receptividad sería la ignorancia que se traduce en indiferencia hacia lo público). Por supuesto, a esta disposición debería corresponder una oferta de información y la garantía de su accesibilidad.

2) De la confianza que lleva a creer en que uno puede resolver conjuntamente los problemas con los otros y también en que es posible mantener una interacción durable con ellos, para lo cual debe existir un horizonte razonable de espacios de acción (organizaciones) y de instituciones protectoras de derechos (el Estado), que le den fundamento y materialidad a tal confianza.

3) De la asociatividad que proviene de la disposición de los individuos para comprometerse tanto en redes informales como en asociaciones formales. Esta última variable alerta, a su vez, del nivel de atención del individuo sobre los asuntos públicos y promueve el crecimiento de los niveles de confianza en la sociedad, por lo menos, de la confianza entre los ciudadanos.

  Siguiendo la definición de Robert Putnam (1993), el capital social decrece si la sociedad que le posee cuenta con un frágil tejido de organizaciones sociales o si las normas de reciprocidad y simetría no predominan en los intercambios humanos. En tales situaciones el capital social se convierte en una suerte de energía negativa que corroe los arreglos democráticos. El primer caso -la fragilidad de las redes sociales- es conducente, como ya se expresó, a la desvertebración de la deliberación pública que por lo general se expresa en la ausencia de acuerdos y por tanto de cooperación entre los integrantes de la sociedad. En el segundo caso, cuando ocurre la ausencia de normas de reciprocidad y simetría, se propician en el espacio de lo público arreglos mafiosos, clientelares, cupulares y paternalistas, o lo que los críticos de la teoría del capital social se han dado en llamar capital social negativo .

  En este sentido es conveniente hacer una clara distinción entre capital social positivo y capital social negativo. El primero es el que se produce por las redes de confianza y el asociacionismo derivado de éstas, que se caracterizan por la reciprocidad y el respeto a la legalidad. El segundo es el que se produce por las redes asimétricas (como por ejemplo, el clientelismo) y la actuación al margen de la ley (Putnam 2002)₅.

  Esto nos indica que el campo de las asociaciones no es homogéneo, ya que dependiendo del tipo de asociación en que concentremos nuestra atención encontraremos distintos efectos potenciales sobre la vida democrática y diferentes constelaciones de intereses, cuyo efecto social general puede ser sensiblemente democratizador o por el contrario, profundamente excluyente y antidemocrático.

  Con todo, el Estado juega un papel fundamental en el proceso de creación de ambos tipos de capital social. En efecto, puede ejercer un papel tanto promotor como inhibidor de dicho capital. No es concebible una verdadera consolidación del proceso democrático y por tanto de la ciudadanía sin que el Estado participe deliberada y consistentemente a través de sus instituciones, prácticas y políticas públicas para lograr la acumulación de capital social positivo₆.

2.3. El papel de las instituciones y del Estado en la consolidación de una cultura democrática

  El liderazgo y la actuación de las instituciones, así como las políticas públicas, despiertan un particular interés a la hora en que los procedimientos democráticos, con particular interés en los electorales, se instrumentan plenamente dentro de la esfera del Estado, ya que son pieza clave para la producción del capital social y de la confianza política.

  Como se mencionó antes, las instituciones reducen la incertidumbre en la interacción humana (North 1993). De la solidez que éstas posean, depende el nivel de confianza y la disposición a participar que el ciudadano proyecta hacia la vasta diversidad del espacio de lo público. Este argumento determina por qué las instituciones son la pieza clave del proceso de consolidación de la cultura democrática.

  Es importante subrayar aquí que, bajo la acepción del término instituciones , se reflejan todas las formas de pacto entre dos o más personas, desde las expresiones informales como la puntualidad o los acuerdos de una comunidad para celebrar la fiesta del pueblo, hasta la manifestación más formal de la institucionalidad, como puede ser la Ley Suprema de una Nación₇.

  Entre las relaciones que el individuo mantiene frente a las diversas instituciones que inciden en su vida, una de las más importantes es la que establece con la ley. Si la ley se toma por un trámite manipulable o excusable, el individuo se permitirá burlarle sin mayor remordimiento y lo mismo se inclinará a hacer en los demás acuerdos que establezca con sus pares. Una vez que los actores involucrados asumen que sus interlocutores buscarán la manera de eludir las restricciones que la ley o los acuerdos sociales les imponen, se producirá una escalada inflacionaria generalizada de elusión a las bases para la certidumbre que la sociedad se haya procurado.

  En sentido inverso, si la ley es evaluada como un límite infranqueable e innegociable, lo cual ocurre en una sociedad donde la cultura de la legalidad ha echado raíces, lo más probable es que el ciudadano le otorgue el mismo tratamiento al resto de los pactos que asuma con su sociedad. Aquella comunidad política en donde predomina el respeto por la ley tiende a generar pactos más sólidos entre las personas y, por tanto, acumula reservas de confianza social. A mayor respeto por la ley, mejores serán las posibilidades para que crezca la confianza y, por tanto, la participación social.

  Es por ello que el gobierno de la aplicación de la ley se vuelve vital para un sistema democrático. De una extendida cultura de la legalidad radica, en buena medida, la confianza que se genere en la sociedad. Si las instituciones del Estado refuerzan el cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, saben someterse al imperio de la ley, ocurre una mutación virtuosa en las formas de relación entre los ciudadanos.

  Puesto en sentido negativo, cuando prevalece la desconfianza hacia el poder y hacia la autoridad, tal actitud tiende a derramarse sobre el resto de las relaciones sociales, incluidas las que se originan en el nivel secundario de la asociatividad. Si esta dinámica se desata, el individuo buscará refugiarse en la red social que mayores niveles de confianza le ofrezca -es decir en la familia- y demás expresiones del nivel asociativo primario. Tal postura previsiblemente provocará el abandono de la participación en el espacio de lo público y, en el extremo, empujará hacia el fracaso de la democracia.

  La valoración que el ciudadano haga sobre la eficacia del conjunto de instituciones para mediar los debates políticos, para garantizar una verdadera aplicación de los derechos de ciudadanía y, sobre todo, para coordinar las relaciones entre los intereses económicos y sociales es crucial a la hora de producir las nuevas fibras de la confianza social. El proceso de institucionalización debe ser entendido como el momento a través del cual las instituciones y las organizaciones que de ellas se derivan adquieren valor y estabilidad a los ojos de la población. Se trata de un difícil tránsito por el que pasa una sociedad cuando abandona las instituciones previas y les sustituye por otras más adecuadas a su realidad. Tal desplazamiento implica un tiempo de adaptación social mientras las nuevas normas, acuerdos y pactos, tanto formales como informales, adquieren carta plena de residencia entre la comunidad política. La mutación institucional que en principio se origina en los grandes trazos que regulan la vida de la sociedad tiende con el tiempo a repercutir en todo el entramado institucional y social.

  Es importante considerar que la velocidad con la que se produce dicha confianza sobre las instituciones nuevas tiene que ver con la correspondencia existente entre estas instituciones y los valores democráticos de la ciudadanía, así como con el papel que los liderazgos políticos y sociales jueguen para imprimir en la nueva cultura política un sello de talante democrático que claramente se distinga de los rasgos otrora autoritarios.

  En esta coordenada, la transformación de los partidos políticos y, en general, de los grandes conglomerados institucionales pertenecientes al tercer nivel asociativo se vuelve clave. Su capacidad para agregar intereses y para ligar fuerzas sociales con el Estado se revela como una fuente muy sensible de autoridad y de legitimidad. También influye en la creación de confianza la valoración que hagan los ciudadanos sobre la capacidad del nuevo Estado democrático para mantener el crecimiento económico, así como para mejorar la distribución de los beneficios sociales.

  Igual valor tiene para la generación de capital social la capacidad que tenga el Estado para hacer valer los derechos fundamentales y la eficiencia para lograr una justa distribución de los bienes públicos básicos. Si la población no percibe que ambas tareas son desarrolladas a satisfacción, los ciudadanos tenderán a ver con desconfianza, tanto a las nuevas instituciones como a quienes, en su apreciación, se beneficien de ellas.

  Una de las formas a través de las cuales los gobiernos promueven la creación y reproducción del tejido asociativo es la incorporación de las organizaciones sociales en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Un Estado que logra echar raíces en la sociedad (Evans 1995) es aquel que puede orquestar una buena parte de sus actividades legislativas y de gobierno a partir de una relación interactiva con la sociedad organizada. Tal suerte de Estado, en efecto, se convierte en un gran promotor del capital social.

  De entre los bienes públicos, quizá el que mayor interés despierta para la consolidación de la democracia es el acceso a la educación. De acuerdo con distintos estudios (Hall 2002), los países que poseen mayores niveles de capital social son aquellos que han invertido más en la educación de sus ciudadanos_. En efecto, los ciudadanos que poseen mejores índices de educación tienden a asumir mayor compromiso social y, por tanto, buscan involucrarse más activamente con las cuestiones de su comunidad. La escuela es, a este respecto, el lugar privilegiado para que el ciudadano realice su primer viaje de lo privado hacia lo público a través del desarrollo de competencias cívicas para interactuar en una sociedad democrática.

  En sentido ilustrativo, resulta conveniente mencionar algunas experiencias que muestran la capacidad de algunos gobiernos para propiciar o institucionalizar innovaciones democráticas sustantivas fundamentadas en el principio de la participación y la deliberación. Tal es el caso del llamado Presupuesto Participativo en numerosos municipios de Brasil₈. Por otra parte, no debe olvidarse que parte sustancial de la nueva aspiración democrática que emerge en varios lugares del mundo es la llamada accountability social _9, que refiere esfuerzos ciudadanos encaminados a propiciar la rendición de cuentas de los gobernantes hacia los ciudadanos. La vigilancia del ejercicio de gobierno es una forma dialógica y pública que materializa la aspiración republicana del diálogo constructivo entre gobierno y sociedad.

  Referentes de partida para una política de educación cívica que ayude a consolidar una cultura ciudadana y democrática.

  En lo fundamental, toda democracia se expresa en la práctica directa, secreta y sin coerciones del voto, la cual a su vez, depende del ejercicio libre, informado, tolerante y razonado de la deliberación ciudadana.

  Sin igualdad de oportunidades para ejercer la ciudadanía, el edificio democrático se debilita y el resto de sus instituciones opera con niveles muy bajos de calidad. La ciudadanía, en todas sus expresiones: civil, política, social, económica y cultural, es una condición indispensable si lo que se busca es igualar las condiciones de participación democrática.

  Para la participación democrática resulta esencial la existencia de un sólido tejido de redes sociales e instituciones públicas creíbles y confiables. A través de su participación en el espacio de lo público, el ciudadano se vuelve capaz de leerse en clave de igualdad cuando entra en contacto con sus desemejantes. Por ello es que un régimen que se pretende representativo se resuelve en una democracia frágil sin un denso tejido de redes sociales que asocien al ciudadano con el poder público.

  La desconfianza ciudadana es producto de la incertidumbre al momento de vivirse en sociedad. La carencia o debilidad de instituciones, así como de un proceso conveniente de institucionalización de los acuerdos sociales, lleva a la incertidumbre y con ella a la desconfianza al momento de participar en el espacio de lo público. En sentido inverso, el cumplimiento de la ley y la consolidación institucional de un Estado que sea capaz de ofertar acciones y políticas eficaces y duraderas en el tiempo otorgan certidumbre y, por consiguiente, confianza en la democracia. La capacidad del Estado para responder a las cuestiones relativas a la justicia y a la seguridad también influye la percepción del ciudadano. Justicia entendida como lucha contra la pobreza, pero también como el ejercicio cotidiano, sin distingos del Estado de derecho; seguridad entendida también en su doble acepción: el uso del imperio de la ley para defender al ciudadano de los enemigos de la sociedad democrática y como certidumbre con respecto al futuro de cada persona.

  Por último, es importante considerar que el Estado puede desplegar políticas específicas para detonar la participación y el ejercicio pleno de las calidades democráticas, tales como las políticas educativas que dotan de competencias democráticas desde el espacio escolar, hasta la formación permanente que el sujeto experimenta a lo largo de su vida. También influyen en este sentido, las políticas destinadas a vincular directamente al ciudadano con el ejercicio público de gobierno a partir de su incorporación en los procesos de consulta, elaboración, concertación y evaluación tanto de las leyes como de las políticas públicas. Queda decir que todo aquel mecanismo institucional y público que detone organización social y apego a la legalidad fortalecerá la acumulación de una cultura irreversiblemente democrática.

3. MARCO CONTEXTUAL: CULTURA POLITICA Y EJERCICIO DE CIUDADANIA EN MEXICO

  Identificar los principales desafíos en materia de educación cívica en nuestro país, requiere de un análisis profundo e integral -aunque diferenciado por regiones y sujetos- acerca del estado actual de nuestra democracia y sus instituciones, así como de las condiciones existentes para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Este análisis debe aceptar la integralidad y complementariedad prevaleciente entre estos dos conceptos dinámicos y, a la vez, asumir y reconocer que en México coexisten identidades diferenciadas de comunidades e individuos, así como una profunda desigualdad en el acceso a oportunidades y el goce pleno de derechos.

  El objetivo de este apartado es apuntar los rasgos de la ciudadanía en México que, a juicio del Instituto Federal Electoral, son fundamentales para definir su planteamiento estratégico en materia de educación cívica. Se trata de un primer acercamiento, debido a que un trabajo a profundidad requeriría un proceso de análisis empírico de grandes dimensiones y complejidad, que es necesario asumir como tarea institucional pendiente. Por ello, los principales rasgos deberán ser reforzados con un proceso más amplio en el que se incorporarán diversas metodologías y fuentes de información, además de convocar a diferentes actores para conocer con más precisión qué pasa y qué desafíos persisten en el país como unidad y sus regiones.

  Para su integración se analizaron diversos estudios sobre cultura política₁₀ y derechos humanos₁₁. La información se presenta a partir de las distintas dimensiones que constituyen la ciudadanía, particularmente las que se refieren a la práctica o ejercicio de la misma, así como a la conciencia y el reconocimiento de ésta por parte del Estado.

3.1. Democracia y ciudadanía: conocimientos y percepciones

  De acuerdo con los resultados de la Encuesta La Naturaleza del Compromiso Cívico, la mayoría de la población mexicana (60%) valora a la democracia como un régimen de gobierno preferible a otros;₁₂ los resultados de estudios latinoamericanos también coinciden con esta afirmación. El Latinobarómetro 2004 señala que la mayoría de los habitantes de nuestro país (53%) prefiere y apoya a la democracia por encima de un régimen autoritario; 60% de la población señala que bajo ninguna circunstancia apoyaría un régimen autoritario o militar y el 71% considera que la democracia puede ser imperfecta, pero a pesar de ello, es el mejor sistema de gobierno. Para el 72%, la democracia es una forma de gobierno donde las cosas se resuelven por discusión y acuerdos, así como el único sistema para alcanzar el desarrollo.₁₃

  No obstante lo anterior, en la relación democracia-bienestar económico se advierte una contradicción que debe tomarse en cuenta; de acuerdo con el mismo estudio, al 67% de la población mexicana no le importaría tener un gobierno no democrático en el poder si éste resuelve los problemas económicos. Inclusive, sólo el 17% manifestó estar satisfecho con la democracia.

  Otro dato que resulta relevante de este estudio es que sólo el 52% de mexicanos cree que el sentido del voto puede hacer que las cosas sean diferentes en el futuro y una franja de 30 a 40% de la población cree que el voto no tiene poder de cambio.

  Por su parte, la ENCUP 2003 registra que para el 68% de los entrevistados es mejor una democracia que respete los derechos de todas las personas, aunque no asegure el avance económico ; sólo una tercera parte de ellos manifestó estar dispuesta, completamente o en parte, a sacrificar la libertad de expresión (33.5%), de organización (33.1%) y de creencias (30.4%) a cambio de vivir sin presiones económicas.

  Esta valoración también puede mirarse a la par de los niveles de satisfacción de los ciudadanos con su democracia. Datos de la ENCUP 2003 muestran que más de la mitad de los encuestados (61%) están poco o nada satisfechos con la democracia en México. En el caso de Latinobarómetro 2003, México aparece entre los países cuyo apoyo a la democracia (53%) supera ampliamente el grado de satisfacción.

  Otro dato que destaca el Latinobarómetro, en su reporte 2003, es que el sector más pobre de la población parece ser el que apoya más a la democracia, ya que mientras el promedio general fue de 53%, éste aumentó a 60% en el caso de sectores marginados. Por el contrario, mientras que 15% fue el promedio general de quienes estuvieron de acuerdo con que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario, el porcentaje en el caso de este grupo de población descendió hasta un 2%.

  Las percepciones que reflejan los ciudadanos mexicanos a través de diversas encuestas de opinión, son indicativas de las diferentes concepciones y expectativas existentes en torno a la democracia. Resultados del estudio La naturaleza del compromiso cívico revelan que el 42% de los encuestados afirmó que la democracia sirve para elegir a los gobernantes , otro 25% manifestó que sirve para exigir cuentas al gobierno y una proporción similar (24%) que sirve para resolver las injusticias de la sociedad . No obstante, seis de cada diez ciudadanos opinaron que un país con elecciones limpias, pero que no resuelve el problema de la pobreza no es democrático; y sólo una tercera parte (27.3%) opinó que sí lo es.

  Por otra parte, algunos análisis basados en los resultados de la ENCUP 2003 han enfatizado que quienes en especial no logran definir lo que es la democracia son aquellas personas que no alcanzan la educación media.₁₄

  Al respecto del nivel de conocimiento político que en general muestran los ciudadanos, pareciera que el desafío se centra en lograr una distribución equitativa del conocimiento político entre ciertos grupos de la población, particularmente en aquellos que reflejan menores niveles de conocimiento político: las mujeres, los jóvenes y personas con niveles bajos de educación e ingreso.₁₅ Los déficit de conocimientos afectan su capacidad de incidencia en el sistema político para que éste responda mejor a sus intereses.

  La mirada sobre la concepción de ciudadanía que prevalece en los mexicanos no debe revisarse únicamente sobre la base del conocimiento de derechos, obligaciones, procedimientos y mecanismos para hacerlos efectivos; es necesario abordarla también desde el nivel de práctica y ejercicio, así como de la conciencia misma de lo que ésta implica.

  En lo referente al conocimiento y de acuerdo con la ENCUP 2003, el significado que los entrevistados otorgan al ser ciudadano muestra un abanico diverso: tener derechos y obligaciones (49.5%), poder votar (16.3%), tener responsabilidades (8.4%), pertenecer a un país (6.5%), haber cumplido 18 años (4.2%), todas las anteriores (9%) y no sabe, no contestó y otras (5%).

  En el plano del ejercicio de derechos, los resultados de la encuesta Cultura de la Constitución reportan que la mayoría de los entrevistados opinó que en México se vive un contexto de libertades; la percepción varía de acuerdo al tipo de derechos, ya que el nivel de satisfacción está determinado por factores socioeconómicos y por las condiciones de acceso a oportunidades. Así, por ejemplo, las dos primeras actividades que la mayoría de los entrevistados manifestaron que siempre pueden realizarse son: tener la religión que se quiera (90%) y votar por el partido que se quiera (82%)). En contrapartida, las dos que fueron señaladas con mayor frecuencia como las que a veces y nunca pueden realizarse se refirieron a poner el negocio que se quiera (40% y 21%) y expresar lo que se quiera (29% y 13%).

  Datos de la misma encuesta revelan que la opinión de la población entrevistada prácticamente está dividida entre quienes opinan que sí se puede demandar al gobierno en caso de que éste le cause algún daño (42%) y los que opinan que no se puede (40%). Estas opiniones están correlacionadas con los niveles educativo y socioeconómico: cuando éstos son mayores también aumenta el porcentaje de opiniones que consideran la demanda como una opción viable.

  Por otra parte, la valoración que los ciudadanos hacen sobre su capacidad de incidencia está prácticamente dividida. El 56% de los entrevistados en la ENCUP 2003 consideró que puede influir entre poco y nada en las decisiones del gobierno y sólo cuatro de cada diez estimaron que pueden influir mucho . Las expectativas de que esta situación puede mejorar en el futuro muestran una percepción similar: el 48.5% afirmó que tendrá más oportunidades para influir, el 37% dijo que tendrá menos y el 8% que será igual.

3.2. Las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía

  Un ejercicio integral de la ciudadanía pasa necesariamente por la defensa y goce pleno de derechos, los cuales están determinados por los niveles de educación, la región en que se vive, la pertenencia o no a algún grupo en situación de vulnerabilidad (o discriminación) y la situación económica de la persona.

  Coincidiendo con diversos estudios internacionales, podemos afirmar que en México, como en el resto de la región latinoamericana, ... la democracia política convive con un estado de derecho limitado y con serios problemas económicos y sociales ₁₆ y, al igual que muchos países del mundo, (...) la transición de la democracia trajo adelantos en cuanto a muchos derechos humanos, los cuales ahora están amenazados como resultado del conflicto étnico, el aumento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad y la tirantez social (...) La transición y el colapso económico desmantelaron muchas garantías anteriores de derechos sociales y económicos₁₇ .

  De acuerdo a los cálculos realizados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la pobreza en nuestro país se manifiesta de la siguiente manera:

  Porcentaje de hogares y personas pobres a nivel urbano, rural y nacional

  Fuente: Cálculos realizados por la SEDESOL, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2002 (ENIGH 2002).

  De acuerdo con los Indices de marginación 2000₁₉, las entidades federativas con el mayor grado de marginación son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, en las cuales se concentra el 20% de la población nacional. Además, si agregamos las nueve entidades que le siguen en grado de marginación, es decir, si agrupamos a todos los Estados que tienen un alto o muy alto nivel de marginación, se forma una amplia región en el sur del país (con excepción de Quintana Roo, Tlaxcala y Morelos) donde una proporción importante de la población se encuentra en clara desventaja para participar en el proceso de desarrollo y disfrutar de sus beneficios.

  Esta situación también refleja de manera significativa la inequidad en el acceso de oportunidades, particularmente en el caso de las comunidades y pueblos indígenas, en donde de los 803 municipios que concentran más del 30% de la Población Indígena Estimada (PIE), el 88% registra condiciones de alta y muy alta marginación₂₀; así como también por el fenómeno de la feminización de la pobreza , ya que, de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el 60% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres₂₁.

  Lo anterior, aunado a los cambios demográficos que ha vivido el país en las últimas dos décadas, plantea desafíos tales como una mayor demanda de educación superior y de empleo para el grupo de población joven, que se enfrenta a altos índices de desempleo y oportunidades, entre otros.

  Esta situación de desigualdad y exclusión representa un mayor riesgo de desintegración social, dada la gran proporción de la población que las padece. Es evidente que las consecuencias psicoemocionales en quienes viven estas situaciones de exclusión y marginalidad son graves y pueden llegar a afectar las estructuras de las relaciones sociales y familiares, así como la formación misma de los seres humanos.

  Visto este contexto general y en el entendido de que para ejercer los derechos ciudadanos es necesario poseer información y conocimientos sobre cuáles son esos derechos y cómo pueden hacerse efectivos, la situación se plantea compleja.

  De acuerdo al índice de sofisticación política₂₂ elaborado en el marco del estudio La naturaleza del compromiso cívico, el 60% de los entrevistados posee un nivel bajo o muy bajo de sofisticación política. En estos resultados se observó una clara correlación positiva entre escolaridad y sofisticación política, ya que por ejemplo, el nivel más alto de sofisticación política se da entre quienes cuentan con estudios universitarios (31.9%) y, en contrapartida, el más bajo se ubica entre quienes no tienen ninguna instrucción (40.7%).

  Indice de sofisticación política por escolaridad

  Fuente: Encuesta la Naturaleza del Compromiso Cívico: Capital Social y Cultura Política en México

  Nota: Estos porcentajes han sido redondeados.

  Dado que la escolaridad está asociada a otras variables de desarrollo, podemos inferir que la sofisticación política, y por tanto, la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus derechos con eficacia y eficiencia, disminuye conforme aumenta la marginación social. Otro dato que refuerza lo anterior es el hecho de que, de acuerdo con este mismo estudio, los tres Estados con el mayor grado de marginación (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) son también los que muestran los niveles más bajos de sofisticación política.

  Los resultados de la encuesta Cultura de la Constitución en México también parecen confirmar lo anterior, ya que aun y cuando la mayoría de los entrevistados afirmó que sus derechos habían sido respetados, el 45.8% consideró que sus derechos no lo habían sido debido a su nivel educativo y más de un tercio (35.3%) lo atribuyó, en alguna medida, al barrio o lugar en donde vive.

  En una mirada desde los estudios realizados en la región latinoamericana, la percepción de los mexicanos es coincidente: la población considera que el ejercicio de los derechos ciudadanos está condicionado por el origen o condición social de la persona . De acuerdo con los datos de Latinobarómetro 2002₂₃, la mayoría de las personas afirma que los ricos siempre logran hacer valer sus derechos . Asimismo, opina que son los pobres, los inmigrantes y los indígenas quienes padecen serias desventajas legales . En el caso de las mujeres, la percepción sobre su situación legal es mejor valorada. En todos los países, la mayoría de las personas cree que, hoy día, las mujeres siempre o casi siempre logran hacer valer sus derechos. Esta mayoría oscila entre un mínimo de 54.8 en México y Bolivia y un máximo de 78.4% en Uruguay ₂₄.

  Los resultados del propio Latinobarómetro, en su edición 2004, muestran que la mayor fuente de discriminación ya no es la raza, ni el género, sino la pobreza con un 39% en la región latinoamericana y un 37% en el caso específico de México.

3.3. La paradoja entre el discurso y la práctica de la participación ciudadana.

  En el terreno de las percepciones que se han recogido en las diversas encuestas consultadas para este diagnóstico inicial, destaca una contradicción al respecto de cómo la población mexicana valora su participación e incidencia en lo público; mientras que en el nivel discursivo tiende a ser mayor, en la práctica se expresan niveles bajos de participación y asociatividad.

  De acuerdo a la ENCUP 2003, seis de cada diez ciudadanos entrevistados consideraron que la política puede contribuir a mejorar la calidad de vida; pero sólo uno de cada diez afirmó estar muy interesado en ella; y más del 40% opinó que mientras en su casa las cosas estén bien, no les interesa lo que pase en la política.

  Siguiendo con este mismo estudio, en el tema de la valoración de la participación y su práctica efectiva también se reflejan claroscuros. Siete de cada diez entrevistados (71%) opinaron que a la gente le toca hacer algo respecto a los problemas que trata de resolver el gobierno, aunque a la hora de ponderar el impacto de su participación se presenta una disminución, ya que el 57% consideró que los ciudadanos pueden influir poco o nada en la solución de los problemas. Además, cuatro de cada diez mencionaron que los gobernantes no los toman en cuenta.

  Asimismo, más de la mitad de los entrevistados estimó que es difícil o muy difícil organizarse con otros para trabajar por una causa común; y sólo cuatro de cada 10 señalaron que han intentado organizarse con otras personas afectadas para resolver un problema.

  La encuesta La naturaleza del compromiso cívico coincidió en que casi seis de cada diez ciudadanos consideran importante participar en la comunidad para mejorar las cosas . También afirmaron participar poco (54%) o nada (33%) en las actividades de la comunidad, ya sea por no tener tiempo para dedicarse a ello (52.8%) o por no interesarse (26.0%); que es una minoría la que participa en redes de interacción horizontales como asociaciones de colonos (22%) y organizaciones ciudadanas (28%); que en redes de interacción vertical la participación tiende a ser mayor, como en desfiles y actos cívicos (41%) y en asociaciones religiosas (42%); y que la participación en partidos o agrupaciones políticas es también baja (18%).

  La participación y el nivel de interés también pueden valorarse a partir de ciertas actitudes o prácticas ante hechos concretos. En este sentido, llama la atención que ante la pregunta de si reclamaban o no cuando alguien comete una injusticia o abuso, poco más de la mitad afirmó no hacerlo y entre las razones de esta posición, el 11.4% señaló como argumento el hecho de que no se gana nada con ello.

  Por su parte, la ENCUP 2003 mostró que los entrevistados dispuestos a colaborar de manera individual en coyunturas específicas, en más de un 50% no lo hacen de la misma manera cuando se requiere organizarse y buscar a las instancias gubernamentales o civiles adecuadas para la solución de algún problema comunitario, tal y como lo muestra la tabla siguiente:

Para resolver un problema que afecta a usted y a otras personas, ¿alguna vez ha tratado de...?

  Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, Secretaría de Gobernación, 2003.

  Tal como señala Víctor Manuel Durand Ponte, la diferencia entre la participación controlada y cívica corresponde a dos formas de hacer política: en la cívica se destaca la participación racional; es decir, aquella que considera la política como forma reflexiva del cambio social, como la voluntad consciente de construir historia (Durand 2004). Una participación racional requiere que el ciudadano tenga un interés en la actividad política, ya que es a partir de ese interés que construye su percepción de la democracia y su participación en los espacios públicos.

  Para ello, dicho autor elaboró la siguiente tipología: Cuando el entrevistado participa activa o subjetivamente, lo definimos como un militante de un partido o de una organización política, es decir, se trata de un individuo que une su interés subjetivo por la política a las acciones destinadas a lograr los intereses de la organización o partido con el cual se identifica. En cambio, cuando la persona participa activamente pero carece del compromiso subjetivo, en pocas palabras no le interesa la política, lo denominamos movilizado , es decir, participa no por su interés político sino por un interés de otro tipo, por ejemplo, la lucha por los objetivos o metas de una organización social... Entre los que no participan activamente y tampoco lo hacen subjetivamente están los apolíticos: aquellos ciudadanos a los que no les interesa la política y que tampoco participan en alguna actividad práctica.

  De esta manera, en su estudio comparado entre 1993 y 2000, Durand Ponte muestra que a mayor nivel de compromiso político o militancia, mayor participación en los espacios sociales organizados. Para el año 2000, el porcentaje disminuyó entre los ciudadanos militantes , pero se incrementó entre los movilizados .

  Participación en organizaciones sociales y políticas por tipo de participación, porcentaje que sí participa₂₅

  Fuente: Durand Ponte, Víctor Manuel. Ciudadanía y cultura política México 1993-2001. Editorial Siglo XXI. México, 2004

  Por otro lado, es necesario mirar a la participación política y social en México a la par de los procesos de transformación que ha tenido nuestro sistema político. El tránsito de un sistema autoritario a uno democrático, refleja también la manera en que se ha ido configurando la participación social y política en México.

  Durante las décadas de los ochenta y noventa, se generaron importantes movimientos desde la sociedad que sin duda influyeron en el avance del proceso de transición democrática del país. Durante ese periodo surgieron diversas organizaciones que pusieron de manifiesto la defensa y reivindicación de los derechos de la sociedad y de las personas (protección de los derechos humanos, medio ambiente, derechos sociales, derechos políticos, etc.).

  Esta situación vino a transformar el paradigma de la organización social en México, la cual se había caracterizado por formas de asociación que se restringían fundamentalmente a agrupaciones sindicales o de carácter sectorial (burócratas, obreros, campesinos, empresarios, populares), reconocidas o fundadas por el propio Estado.

  Asimismo, otro aspecto importante a considerar en el análisis de la participación se refiere al fenómeno del abstencionismo. La reciente elección de Diputados Federales de 2003, presentó un nivel de participación ciudadana que no superó el 50%, por lo que el nivel de abstencionismo, de 1991 a la fecha, llegó a su punto más alto con el 58%. Las tres entidades con mayor nivel de abstencionismo fueron Baja California (69%), Chiapas (68%) y Guerrero (67%). En las elecciones presidenciales del año 2000₂₆ se registró un 63.97% de participación ciudadana, y sólo un nivel de abstención del 36.03%. Las tres entidades que en aquella ocasión registraron mayores niveles de participación fueron Yucatán (71.96%), Distrito Federal (70.59%) y Querétaro (70%), mientras que las tres entidades con mayor nivel de abstencionismo fueron las mismas que en 2003: Chiapas (47.81%), Guerrero (45.85%) y Baja California (42.45%).

  La evidencia empírica acumulada hasta antes del proceso federal electoral de 2003, obtenida a partir de diversas investigaciones, ha apuntado que de entre los perfiles del abstencionista₂₇ predominan los jóvenes menores de 25 años, las mujeres más que los hombres, los ciudadanos de zonas rurales más que urbanas, las personas con menores niveles de ingreso, las personas que no tienen una identificación partidaria, así como los ciudadanos que cuentan con un mayor nivel educativo y con amplia información político electoral₂₈, principalmente.

  No obstante lo anterior, datos más recientes sobre el comportamiento electoral₂₉, revelados en el Estudio de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2003₃₀ elaborado por el IFE, muestran nuevos hallazgos:

  1) Las mujeres, en términos relativos, participaron más que los hombres, con excepción de Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Tabasco y Chiapas.

  2) El nivel de participación por grupos de edad reveló que los niveles más bajos de participación se ubicaron en las edades comprendidas entre los 20 y 34 años, en donde se concentra aproximadamente el 43% de población en edad de votar.

  3) El grupo de 18 años presentó un nivel de participación superior a la media nacional (aproximadamente 44%).

  4) Según la condición geográfica de los electores urbano y no urbano (rural), el nivel de participación pareciera no presentar diferencias en el conjunto nacional, aunque por entidad federativa no constituye un patrón. No obstante, en el caso de las mujeres, se observó que en las edades jóvenes y adultas-jóvenes, las que residen en medios rurales tuvieron niveles de participación un tanto superiores a las de regiones urbanas. Esta relación se invirtió a partir de los 55 años de edad.

  5) Con excepción de los 18 años, durante las primeras edades y hasta aproximadamente el grupo de 50-54, los niveles de participación más altos tuvieron lugar en las regiones eminentemente rurales, correspondientes a secciones ubicadas en localidades de menos de 2,500 habitantes.

  El fenómeno del abstencionismo es multifactorial y algunas de las causas que lo generan, de acuerdo a los avances que existen en esta materia son: 1) la falta de sentido de eficacia política y por ende de beneficios concretos para la población; 2) el costo de las elecciones; 3) la lejanía entre las propuestas de campaña de los partidos y las demandas o prioridades de la ciudadanía; 4) las campañas políticas centradas en la descalificación más que en las propuestas; 5) la escasa identificación de los ciudadanos con los partidos políticos; 6) el tipo de autoridad que se elige (en las llamadas elecciones intermedias es en donde se presenta mayor abstencionismo); entre otros.

3.4. El papel del Estado y los actores políticos y sociales

  Los procesos de construcción de ciudadanía democrática requieren de un contexto congruente con los valores, reglas y principios de la democracia. Demandan de la consolidación de un Estado Democrático de Derecho, eficiente y eficaz, que garantice y proteja los derechos y libertades de sus gobernados.

  La consolidación del ejercicio de ciudadanía precisa de la reestructuración de las instituciones públicas, de la forma en que se ejerce el poder público y político y de democratizar las relaciones entre el Estado y la sociedad. Requiere garantizar que en todas las esferas del gobierno se pongan como ejes de acción los derechos humanos, la participación ciudadana y la rendición de cuentas ₃₁.

  Ante ello, es importante reconocer que en nuestro país la cultura de transparencia y rendición de cuentas está en pleno proceso de construcción y que todavía no se cuenta con mecanismos e información suficientes para el acceso a la información pública de los tres niveles de gobierno, ni para realizar una evaluación sobre la eficacia y eficiencia de los órganos del Estado. Por ejemplo₃₂, aun y cuando se han dado pasos importantes en materia de acceso a la información pública, todavía no se logra que todas las entidades federativas del país cuenten con legislación en la materia₃₃ y, en el ámbito municipal, sólo se tiene reglamentación en este campo en 26 municipios del país correspondientes a las entidades de Coahuila (3), Colima (3), Estado de México (3), Jalisco (3), Nuevo León (2), Guanajuato (4) y Sinaloa (9).

  Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó en el diagnóstico realizado sobre nuestro país, que ninguna constitución local garantiza los derechos de participación en la formulación y ejecución de las políticas públicas, de vigilancia de los actos o las decisiones de los gobernantes, ni del de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas.₃₄

  En este último rubro, en particular, resalta la situación de las mujeres. Actualmente, la participación femenina en puestos de representación popular se comporta de la siguiente manera: 1) En la Legislatura LIX, en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, las mujeres ocupan 23% y 22% respectivamente_35; 2) se estima que la participación de las mujeres en los congresos locales es de 13.8%₃₆ y 3) de los 2,435 municipios del país, sólo 86 son gobernados por mujeres, lo cual equivale al 3.53%. Las entidades con mayor número de presidentas municipales son: Veracruz, Oaxaca, Yucatán y el Estado de México₃₇.

  De acuerdo al INMUJERES, algunos de los principales obstáculos que limitan el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones son: 1) la existencia de una cultura política discriminatoria que subsiste en el aparato público, partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales que imponen resistencias al acceso y participación de mujeres en espacios de poder; 2) la desvalorización de las capacidades y aportaciones de las mujeres al ejercicio del poder político, a la dirección empresarial y a las diferentes formas de organización social (sindicatos, representaciones campesinas, ONG s, etc.); 3) la ausencia de mecanismos que promuevan de manera permanente y efectiva la participación de las mujeres y una cultura cívica que considere las realidades diferenciadas y específicas de hombres y de mujeres y 4) la mayor responsabilidad que asumen las mujeres en la comunidad y en el ámbito privado (familia), restringe su participación en niveles de decisión del ámbito público.

  En cuanto al reconocimiento legal de mecanismos de participación ciudadana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró, en el diagnóstico anteriormente referido, que aun cuando nuestra Constitución reconoce los derechos de petición y consulta (artículos 8 y 26), en la práctica las leyes federales y locales no contemplan (o son insuficientes) los medios y modalidades para hacer efectivos los derechos de consulta popular directa como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. En el nivel federal no existe una ley de participación ciudadana y sólo en 8 entidades de la República existen legislaciones locales en la materia.

  Otra variable importante para ponderar el papel que el Estado desempeña en los procesos de construcción de ciudadanía se refiere a los niveles de confianza ciudadana que poseen las instituciones del Estado y los actores políticos. En México, de acuerdo a los resultados de diversos estudios, esta confianza no sólo es baja, sino que presenta una tendencia a seguir disminuyendo. Si se hace un análisis comparativo de lo registrado por el Latinobarómetro entre el año 2000 y el 2003 se demuestra esta situación:

  Confianza en las instituciones

     Fuente: Latinobarómetro. Opinión Pública Latinoamericana. En www.latinobarometro.org

  Otros estudios, como La naturaleza del compromiso cívico, confirman estos índices de desconfianza en diversos actores políticos y sociales. Con base en una escala de 0 a 10, se concluyó que los valores más altos de confianza correspondieron a los curas, sacerdotes, o ministros religiosos (7.42), los maestros (7.40), la CNDH (7.27) y las organizaciones sociales de ayuda (7.12). En un nivel intermedio, se ubicaron los medios de comunicación (6.92), el IFE (6.66) y el Presidente de la República (6.16). Los valores más bajos fueron para actores e instituciones políticas claves para la democracia: el gobierno de su estado (5.98), gobierno federal (5.92), autoridades municipales (5.84), diputados federales (5.14), partidos políticos (5.04) y la policía (5.11).

  Asimismo, en la Encuesta de Confianza en las Instituciones, realizada por Consulta Mitofsky en abril de 2004, en respuesta a la pregunta ¿quién está mejor calificado?, el primer lugar lo obtuvo la Iglesia con 7.7 y luego el Ejército con 7.5. El Presidente tiene 6.1; la Suprema Corte 5.7 y hasta el final de la lista se ubicó a los senadores y partidos políticos con 4.7 y los diputados con 4.2.

  Los datos anteriores muestran un dato relevante: de entre todas las instituciones públicas que se mencionan, las que logran un mayor índice de confianza (que no supera el 8) son instituciones creadas ex profeso para vigilar y proteger derechos ciudadanos.

  Otro factor para conocer la manera en que los ciudadanos valoran el desempeño de las instituciones y la autoridad, se refiere a cómo observan su comportamiento. En este sentido, resulta importante señalar que en el estudio La naturaleza del compromiso cívico, el 54.8% de los encuestados afirmó que quienes violan más las leyes son las autoridades; mientras que solamente el 12.6% mencionó que los ciudadanos. El 31.0% respondió que ambos.

  En proporciones distintas, este fenómeno también se presenta en la confianza interpersonal. El Latinobarómetro 2004 registra que sólo el 17% de entrevistados mexicanos afirmó que se puede confiar en la mayoría de las personas (en 2001 lo había manifestado un 36%). Asimismo, los resultados de la encuesta La naturaleza del compromiso cívico, arrojaron que sólo el 33.6% estuvo de acuerdo con la frase la mayoría de la gente es honrada y se puede confiar en ella ; el 33.5% con que hay que tener cuidado porque todos se quieren aprovechar de uno ; el 44.6% con que la gente se interesa sólo en su propio bienestar ; y el 42.7% sostuvo estar de acuerdo con la frase si uno tiene un problema siempre hay alguien que le dé la mano .

  Asimismo, la encuesta La naturaleza del compromiso cívico, mostró cómo en el ámbito privado, la familia es el espacio que más confianza genera y también cómo se advierte una desconfianza de clase, ya que se desconfía de quienes tienen más dinero y se confía en quienes tienen menos:

  En una escala del 0 al 10, como en la escuela, donde 0 es nada de confianza y 10 es completa confianza, ¿dígame que tanta confianza le tiene a...?

    Fuente: La naturaleza del compromiso cívico: Capital social y Cultura Política en México.

  Los datos anteriores reflejan a una sociedad mexicana con altos índices de desconfianza. Pero ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y de los actores políticos en ello? ¿Las instituciones del Estado y los actores políticos están propiciando los mecanismos para resolver con eficacia y eficiencia los problemas de la sociedad mexicana y satisfacer sus necesidades básicas?

  Los problemas de impunidad, corrupción, pobreza y desigualdad provocan un efecto negativo en el impulso democrático; afectan la cohesión social y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones; desgastan la gobernabilidad y el proceso de consolidación de un Estado de Derecho democrático.

  Los problemas en el sistema de procuración e impartición de justicia en México y la inseguridad pública significan una preocupación central para los mexicanos, agravada por actos de impunidad y corrupción. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) reveló que el 56% de los detenidos considera que si le hubiera dado dinero a la policía, lo hubieran dejado ir; asimismo, 19% de los detenidos respondió que la policía misma les pidió dinero ₃₈.

  Asimismo y de acuerdo con investigaciones recientes, entre 1996 y 2003 la impunidad promedio en nuestro país fue de 96%₃₉. Es decir, de cada 100 delitos denunciados, sólo en 4 se concluyó la investigación; y en una proporción menor (1.6) se consignó ante el juez.

  Estos son algunos factores que provocan desconfianza de la población hacia las instituciones encargadas de preservar la seguridad de sus habitantes en los tres niveles de gobierno. Dicha desconfianza se refleja en el promedio de 25 denuncias que se presentan por cada 100 delitos que se cometen en nuestro país. Además, la población expresa temor a sufrir represalias por parte de los delincuentes. Hoy en día (...) quien denuncia no sólo teme enfrentarse a una autoridad que no cumplirá cabalmente con su función, sino que también teme que el delincuente pueda sobornar a la autoridad y perjudicarle aún más₄₀ .

  Además, el 35% de los ciudadanos opina que para que se fortalezca la democracia en México, lo más importante es que se respeten y apliquen las leyes. Así pues, podemos suponer que la impunidad y los problemas en la impartición y procuración de la justicia, afectan negativamente la percepción que tienen los mexicanos sobre su democracia.

  Por otro lado y de acuerdo con los resultados de la encuesta La naturaleza del compromiso cívico, la mayoría (60%) de los ciudadanos opina que un país con elecciones limpias, pero que no resuelve el problema de la pobreza, no es democrático. Se observa que el porcentaje de quienes tienen esta opinión aumenta conforme disminuye el nivel de ingreso. Además, casi una cuarta parte de los entrevistados respondió que la democracia sirve para resolver las injusticias en la sociedad.

  Si tomamos en cuenta, por un lado, los altos niveles de pobreza y concentración de ingreso que persisten en el país y, por el otro, la asociación que hacen los ciudadanos entre democracia y justicia social, tiene sentido suponer que la insatisfacción total o parcial con la democracia que la mayoría de los ciudadanos expresa, tiene dos de sus causas más importantes en la pobreza y la desigualdad social.

  Los elementos arriba descritos muestran un primer panorama general respecto del estado actual de la cultura política y el ejercicio de ciudadanía en México. Si bien no abarcan todas las dimensiones que constituyen a la ciudadanía, su formulación arroja desde ahora pistas suficientes para el planteamiento de la política de educación cívica del IFE, a saber:

  Los mexicanos no disfrutan de las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos y por ende de su ciudadanía. La pobreza, así como las diversas expresiones de exclusión social o discriminación, son factores que impiden igualar las condiciones de participación democrática en nuestro país.

  Los problemas que enfrenta el país en materia de pobreza, corrupción e inseguridad, influyen en una percepción ciudadana negativa en torno al desempeño de la democracia y sus instituciones, lo que genera desconfianza y por ende, desinterés ciudadano por participar en el espacio de lo público.

  En México, la desconfianza que en general muestran los ciudadanos hacia las instituciones tanto del Estado como de la sociedad tiende a aumentar, lo que dificulta los esfuerzos de construcción de ciudadanías democráticas, ya que es a través de la participación en la vida pública que los ciudadanos adquieren las capacidades para actuar como tales.

  La participación e interés ciudadano por intervenir en los asuntos públicos tiende a ser más bien baja, lo que pudiera revelar no sólo el problema de la desconfianza, sino la dificultad que representa para la ciudadanía vincular lo público y lo político con su vida cotidiana.

4. MARCO PEDAGOGICO

  El sustento teórico pedagógico de los proyectos de educación cívica que conforman el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 está basado en la teoría constructivista y el enfoque sociocultural de la psicología. Este enfoque asume que el proceso educativo, sobre todo en las edades tempranas entre 7 y 15 años, se produce cuando la interacción entre educador y educando privilegia o respeta tres condiciones: el contacto directo del aprendiz con el objeto de conocimiento, la ayuda interactiva de otros para hacer, reconocer y aprovecharse de ese descubrimiento y la construcción de significados personales y sociales del objeto conocido y de su relevancia social.

  El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas a partir de las cuales realiza nuevas construcciones mentales y se apropia de nuevos significados, valores y compromisos. Esta construcción depende de la representación inicial que se tiene de la nueva información, de la clase de interacción entre aprendiz y educador y de las acciones y reflexiones que ponga en práctica el aprendiz, sobretodo en su mundo cotidiano.

  Para Piaget, la construcción del conocimiento ocurre principalmente mediante la elaboración de esquemas con los cuales el sujeto representa los objetos, los procesos, los juicios y los conceptos. Los dos procesos básicos de la construcción son la asimilación y la acomodación, los cuales permiten ir construyendo esquemas cada vez más complejos y abstractos e incluso desechar los que resultan inoperantes. Ausubel sostiene que es mediante la realización de aprendizajes significativos (aquellos que se producen mediante los procesos lógicos, afectivos y cognitivos propios de la significación) que las personas enriquecen su conocimiento del mundo físico y social y se facilitan a sí mismos su crecimiento personal. El proceso formativo en edades tempranas se favorece a través de tres aspectos clave: el logro del aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los contenidos y la funcionalidad eficaz de lo aprendido.

  De acuerdo con César Coll, la concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales:

  El sujeto es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. El es quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural y puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de otros.

  El sujeto no tiene en todo momento que descubrir o inventar todo lo nuevo. En este sentido, a través de la educación el sujeto reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad en el plano personal, acercándose en forma progresiva y comprensiva a lo que significan y representan los saberes culturales.

  El sujeto que guía el aprendizaje tiene como función engarzar los procesos de construcción individuales con el saber colectivo culturalmente organizado. Esta función no se limita a crear condiciones óptimas para que el sujeto despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad.

  Con base en lo anterior, los programas de educación ciudadana que propone el IFE incluyen actividades que propician la reflexión, el análisis y la práctica (aprender haciendo), lo que facilita la aplicación de los conocimientos en la vida cotidiana,₄₁ tanto en el ámbito público como el privado.

  Desde un enfoque sociocultural de la psicología, Vygotsky concibe al aprendizaje como una actividad producto de procesos psicológicos superiores que implican la exposición y contacto con nuevos datos, situaciones, objetos y prácticas mediante una interacción con otros sujetos que ya las han experimentado y que son capaces de identificar cuáles son, dada la sensibilidad del aprendiz, aquellas que le son más próximas y por tanto, con las cuales pueda empezar a desarrollarse. Los procesos y las actividades sociales e interactivas en un grupo, en una comunidad y en la sociedad en general son escenarios de aprendizaje necesarios para completar el desarrollo personal de conocimiento, significación y apropiación. Esta perspectiva sociocultural es apta para propiciar aprendizajes en jóvenes mayores y aun en adultos. Desde esta perspectiva, el contexto socio-cultural en el cual viven los aprendices es definitivo para que el sujeto logre una meta para él, que también sea valorada en lo social. En esta concepción, el aprendizaje no es una realización meramente individual, sino de alguna forma una realización social.

  Los modelos pedagógicos pensados para las situaciones escolares o familiares, por tanto para jóvenes y niños, enfatizan procesos psicosociales propios de esa edad. La educación cívica y ciudadana también ha de atender a la población de adultos, independientemente de su escolaridad. Por ello, es necesario reconocer esta realidad de los mexicanos para proponer un modelo pedagógico dirigido a los adultos.

  La educación de adultos, congruente con las concepciones constructivistas, asume lo asumen como un sujeto culto, es decir pleno de experiencias y modos propios de pensar y capaz de contribuir a la mejora y transformación social, económica y política del mundo en el que vive y trabaja. Paulo Freire, Edgar Morín, Lawrence Kolhberg, Paco Cascón y otros filósofos y pedagogos han propiciado la elaboración y puesta en práctica de modelos pedagógicos para adultos con esas bases.

  Estos modelos, en general pueden describirse así: un adulto es capaz de tomar su práctica social, su quehacer o su trabajo cotidiano como materia prima para descubrir y reconstruir las características de los dinamismos sociales en los cuales vive y trabaja. Ese descubrimiento constituido por la apropiación de la capacidad de elección es el material con el cual puede valorar, mediante un proceso de interacción y significación con otros sujetos y guiado por un educador, lo humano, justo, equitativo, democrático... de las características de dichos dinamismos. Con esa valoración puede decidir y asumir, con autonomía, compromisos de acción ética, ciudadana, cívica, moral o política capaz de incidir en la modificación de tales dinamismos.

4.1. Los fines de la educación ciudadana

  El punto de partida de todo programa educativo es la definición de sus fines, los cuales para el caso del PEEC 2005-2010, pueden resumirse en la pretensión de formar personas:

  Con un sólido desarrollo de conocimientos y competencias cívicas, así como de valores éticos, propios del orden democrático.

  Con capacidad de pensamiento crítico e intervención responsable en los asuntos públicos.

  Capaces de participar en la democratización de los espacios públicos y privados.

  Sensibles ante los sucesos actuales, que se interesen de manera empática por los problemas de todos y desarrollen prácticas democráticas.

  Capaces de aplicar el conocimiento para la participación, la toma de postura, el diálogo y el ejercicio responsable de sus derechos y obligaciones en cualquier ámbito de la vida social.

  Respetuosas de las diversidades y defensoras de la equidad de género, la multiculturalidad y todas las formas de pluralismo.

  Capaces de mejorar las instituciones y procedimientos democráticos, así como de resolver los conflictos de manera no violenta.

  Con un alto sentido de justicia y legalidad, que conozcan la ley y cumplan sus deberes fundamentales.

  Con una visión global y conscientes de las responsabilidades de la humanidad.

  Estos fines apuntan hacia un proceso educativo centrado en la persona como ser moral, donde la meta es el desarrollo de la conciencia autónoma y el ejercicio responsable de las libertades.

  La educación ciudadana atañe tres ámbitos estrechamente vinculados: el saber de la democracia o los conocimientos, conceptos y teorías que fundan y significan la democracia), el saber hacer de la democracia constituido por las competencias para llevar a cabo las prácticas sociales congruentes a la vida democrática y el ser y convivir democrático, constituido por las actitudes personales y cotidianas congruentes con los principios de la democracia.

  Los contenidos de estos tres ámbitos han de presentarse de manera integral y no uno a uno. Los conocimientos lo serán en verdad una vez que se asocien a las prácticas a que dan lugar y éstas tendrán sentido si son, para quien aprende, una concreción de valores y actitudes que se desprenden de los conocimientos. Al enseñar los contenidos de la democracia, es preciso incidir en la formación de valores y actitudes que faciliten al adulto descubrir el sentido ético de la política, así como que pueda usar las herramientas de la participación a modo de ejercicio de sus derechos, convicciones y valores.

El saber de la democracia.- Este campo alude a la dimensión conceptual de la educación ciudadana desde un enfoque integral. Es decir, desde un abordaje conceptual en estrecha relación con la vida cotidiana, el entorno social inmediato, los aprendizajes e información previa que poseen los sujetos. Se refiere a la adquisición de conocimientos e información sobre la ciudadanía y sus derechos, la democracia y sus instituciones, así como al desarrollo de habilidades cognitivas que favorezcan la construcción de estructuras mentales que faciliten el aprendizaje de las nociones cívico-políticas.

El saber hacer: las habilidades en la democracia.- Este ámbito se refiere al desarrollo y adquisición de competencias procedimentales: capacidad de trabajo en equipo, de participar, de comunicarse con otros, de tomar decisiones, de resolver conflictos de manera pacífica, así como habilidades relativas a la participación electoral, entre otras. Pretende preparar a los sujetos para la acción, la convivencia, la toma de decisiones y el ejercicio de derechos, etc. Busca desarrollar, mediante la práctica, la capacidad del sujeto para aplicar procedimientos.

El ser y convivir: los valores de la democracia.- Este campo contempla la dimensión actitudinal y aspira a favorecer el desarrollo del juicio crítico y la práctica de la democracia en la vida cotidiana. La formación de sujetos democráticos tiene un fuerte vínculo con el desarrollo moral, por lo que es preciso incidir en la formación de valores y actitudes que den sentido ético a una cultura política, en un contexto sociocultural congruente con los principios de la democracia. En este sentido, el mínimo de valores y normas, que en el estudio de la ética son conocidos como mínimos morales, pueden sintetizarse en lo que hoy día conocemos como Derechos Humanos, así como en valores tales como tolerancia, respeto, legalidad, diálogo, pluralismo, libertad e igualdad, por mencionar los más importantes.

4.2. La educación ciudadana basada en el desarrollo de competencias cívicas

  Los tres ámbitos antes descritos deben integrarse en los procesos educacionales y una herramienta metodológica para llevar a cabo esta tarea son las competencias. La competencia es una herramienta para movilizar el saber que pone el énfasis en el desempeño práctico y cotidiano de los conceptos; facilita el dominio de las herramientas prácticas y reta al sujeto aprendiz a poner en práctica sus actitudes y valores personales y grupales. La educación cívica basada en el desarrollo de competencias cívicas, es decir en la movilización de conocimientos, habilidades y actitudes, prepara a los sujetos para el desempeño en la vida democrática y por tanto favorece el ejercicio efectivo de la ciudadanía en todas sus dimensiones (civil, política y social).

  La organización de un programa educativo integral en torno a competencias puede generar un efecto que en los procesos de construcción de ciudadanía resulta fundamental: la aplicación del aprendizaje (conceptual, procedimental o actitudinal) vinculado a un contexto, que da lugar a la experiencia significativa e incorpora diversos contenidos y preocupaciones locales.

  Por tanto, los proyectos que integran el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 deberán articular, a partir de las condiciones culturales de los distintos contextos y de los niveles de desarrollo moral y cognitivo de los sujetos destinatarios, el desarrollo de las siguientes competencias₄₂:

  Autoconocimiento y autorregulación.- Autoestima y capacidad de conocerse a sí mismo, definir su escala de valores, adoptar de manera autónoma las normas que regulan su vida y establecer mecanismos de autocontrol.

  Perspectiva social y búsqueda del bien común.- Conocimiento del país y su entorno social y político, identificación de las identidades colectivas y sus procesos de construcción, recuperación de la propia experiencia y sentido de familia, grupo y comunidad; apropiación de una concepción significativa, personal y grupal del país y construcción del compromiso con el país. Esta competencia incluye la realización de prácticas que lleven al sujeto a interesarse en la atención de los problemas vinculados con el bien común, entendido como un medio también para la mejora personal/individual.

  Respeto la diversidad.- Reconocimiento, valoración y respeto de todas las formas de diversidad; tomar en cuenta a los otros, sus puntos de vista y sus formas de vida y fortalecer actitudes y valores de tolerancia y lucha contra la discriminación por razones de género, edad, ideas, religión, origen étnico, condición social o económica.

  Conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos.- Comprensión de derechos y mecanismos legales con los que cuenta cada persona para exigir su respeto, aprender a identificar las situaciones en las cuales se viola algún derecho y desarrollar las habilidades necesarias para denunciar los abusos y el incumplimiento de los mismos.

  Manejo y resolución de conflictos.- Entendimiento, comprensión y aplicación de habilidades y actitudes congruentes para resolver de manera no violenta conflictos interpersonales cotidianos y proyectar el manejo de los conflictos sociales que ocurren en distintas escalas (local, nacional e internacional), con base en procedimientos legales y legítimos.

  Convivencia democrática.- Capacidad para identificar, comprender y llevar a la práctica vivencial y cotidiana un comportamiento congruente con el conjunto de valores y disposiciones éticas que constituyen una forma específica de convivencia democrática.

  Diálogo.- Desarrollo de la capacidad de expresar con claridad las ideas propias, configurar una postura, argumentar con fundamento y contra-argumentar en caso necesario. La capacidad de escuchar activamente las intervenciones de los otros a fin de comprender su postura, argumentos y sentimientos, implica poner en marcha actitudes de respeto a las diversas opiniones, tolerancia, autocontrol de las emociones, apertura a nuevos puntos de vista que incluso le pueden hacer cambiar de opinión. Asimismo, supone el fortalecimiento de esta capacidad con el fin de exponer sus cuestionamientos ante la autoridad, denunciar injusticias o hacer propuestas de manera clara, fundamentada y con respeto a los canales legítimos para hacerlo.

  Toma de decisiones.- Toma de decisiones personales, desde las más elementales, con base en el ejercicio responsable e informado ante los dilemas de la vida diaria y los que están en el proyecto personal, familiar y social de vida.

  Participación democrática.- Desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades que permitan al sujeto involucrarse en las decisiones sobre asuntos públicos que le conciernen y en las acciones tendientes a mejorar su entorno.

  Participación en procesos electivos y de consulta democrática.- El conocimiento de los derechos políticos, la comprensión de los procesos electorales y el desarrollo de habilidades para elegir, tomar decisiones y expresar su opinión mediante los mecanismos de consulta pública.

  Comprensión crítica.- Desarrollo de las habilidades necesarias para analizar y comprender cómo algunas prácticas dañan al ambiente; adquisición y ejercicio de habilidades para la participación de las personas en la mejora del entorno social.

  Respeto y valoración de la justicia y legalidad.- Adquisición y construcción del sentido de respeto práctico y cotidiano de los valores de justicia y legalidad, el compromiso con las leyes y la aplicación de la justicia, conocimiento de las leyes e instituciones que protegen a los mexicanos y las propiedades y dificultades de la vida social en un Estado de Derecho.

  Comprensión de la democracia como forma de gobierno y como forma de vida.- Comprensión y valoración de las características, principios y cualidades de la democracia frente a otras formas de gobierno.

  Ejercicio democrático de la autoridad y control ciudadano del poder.- Comprensión de los distintos tipos de autoridad democrática y conocimiento de cómo está organizado el gobierno, las funciones y limitaciones de las autoridades en México, así como la característica de representatividad. Desarrollo de valores y actitudes constitutivas del ejercicio democrático del poder y la rendición de cuentas, al participar en diversos procesos de toma de decisiones.

4.3. Los rasgos del enfoque metodológico

  La educación debe ser democrática tanto por sus fines como por sus procedimientos y promover una congruencia pedagógica que favorezca una auténtica formación ciudadana. Por ello, es importante explicitar algunas de las características que conforman el modelo pedagógico planteado:

Parte de la realidad

Las acciones se basan en la identificación de los saberes y aprendizajes ya constituidos por los sujetos en sus entornos específicos y desde ahí se despliegan los procesos de aprendizaje de nuevas competencias.

Situado

Los procesos de aprendizaje se ubican en situaciones concretas y pertinentes a las personas o al grupo de personas a quienes se dirigen los procesos, con lo que se reconoce la influencia formativa de lo cotidiano en la construcción del desempeño propio de cada competencia cívica o ética.

Integral

Los procesos de aprendizaje articulan conocimientos, el ejercicio del juicio moral, la expresión de actitudes, valores y sentimientos y por tanto, involucran a las dimensiones afectiva y ética en éstos.

Trabajo cooperativo

Los procesos de educación ciudadana se desarrollan en un clima basado en los principios y valores democráticos, en el que las personas se reconocen como parte de un grupo cooperativo, participativo y emocionalmente cálido y entienden y practican la cooperación para un mejor y más profundo aprendizaje.

Dialógico

La intervención pedagógica se centra en la participación de las personas en la construcción de su conocimiento, el desarrollo de su código ético y de su juicio moral, a través del fortalecimiento de las habilidades de diálogo, argumentación, escucha activa, cuestionamiento argumentado, formulación de consensos, toma de postura y configuración de nuevas maneras de entender la realidad e intervenir en ella.

Crítico

La pedagogía propuesta incluye el abordaje crítico de aspectos sociales, económicos y políticos y sus consecuencias y supone la capacidad de entender una situación a fin de considerar los diferentes puntos de vista, tomar postura, así como desarrollar el juicio crítico y el juicio político.

Aplicado

Aplica métodos y técnicas que ponen énfasis en la solución de problemas reales, cercanos y pertinentes a los grupos a los que se dirigirá la acción educativa, así como a su entorno humano y social.

Autónomo

La aplicación didáctica del enfoque de educación ciudadana se sustenta en el desarrollo autónomo del juicio moral, a través de procesos reflexivos que propician en las personas la toma de conciencia y la responsabilidad frente a aquello que valoran, aceptan o piensan.

Socioafectivo

La fuerte presencia de procesos emocionales que se desencadenan en el trabajo con los otros, impone a la metodología de la educación ciudadana un enfoque socioafectivo, desde el cual se pretende combinar la información con la vivencia personal para generar una actitud de aprecio. Se trata de que cada persona viva, sienta, analice y sea capaz de compartir una situación real, que favorezca la confianza y seguridad en sí misma, así como la concordia y empatía con el otro.

5. ESTRATEGIA

  En este apartado se exponen los elementos para la materialización estratégica del PEEC 2005-2010. La estrategia con la que el IFE orientará su función educativa establece seis principios rectores y dos ejes transversales que dan marco a sus cinco objetivos básicos con sus respectivas líneas de acción programática. Los objetivos surgen de los planteamientos que anteriormente se expusieron en los capítulos correspondientes al Marco Teórico, al Diagnóstico y al Marco Pedagógico. Por su parte, las líneas de acción programática buscan orientar el campo de actuación dentro del cual se desarrollarán los proyectos que deriven de este programa. Para que tales líneas de acción programática mantengan consistencia entre sí, se desarrollan a partir de tres elementos: el objetivo específico al que cada uno pretende responder, los destinatarios o población objetivo a quienes se dirigirán los proyectos y acciones cívico educativas, así como las orientaciones estratégicas a las que deberán apegarse.

  En el siguiente diagrama se muestra gráficamente los diferentes elementos que componen la estrategia, así como la forma en que éstos se relacionan entre sí:

La imagen no su puede mostrar, por lo que para consultarlo deberá de hacerlo mediante la opción de imagen o puede solicitar se le envíe el archivo en formato comprimido por correo electrónico.

  En su conjunto, esta estrategia pretende ser una plataforma que si bien se asume como un punto de partida, deberá adecuarse de manera flexible conforme a los resultados de las diversas experiencias que se obtendrán a partir de la retroalimentación y el diálogo con cada uno de los actores involucrados en su desarrollo.

5.1. Principios rectores de la política de educación cívica

  El Instituto Federal Electoral establece los siguientes principios rectores, ineludibles para cualquier acción y proceso que se derive de este Programa Estratégico.

  Instrumentará la política de educación cívica con un enfoque participativo que promueve la transparencia y la rendición de cuentas.

  El IFE garantizará que en el diseño, desarrollo y evaluación de sus proyectos de educación cívica se contemplen mecanismos que favorezcan la participación ciudadana; para lo cual, buscará fortalecer y colaborar con diversas organizaciones, agrupaciones e instituciones que realizan tareas de formación ciudadana, con el fin de retroalimentar y coordinar acciones conjuntas. De la misma manera, alentará la conformación de espacios que articulen y potencien los diferentes esfuerzos educativos que se realizan desde diversas instancias en favor de la construcción de ciudadanía democrática en México.

  De esta forma, el IFE promoverá una relación corresponsable y transparente, basada en la interacción de diversos actores, para crear espacios que promuevan sistemáticamente la reflexión, la evaluación y el diseño de proyectos de educación cívica con impacto en la cultura democrática y los espacios y formas de participación ciudadana de la sociedad mexicana.

  Garantizará una concepción integral de la educación cívica que incluya todo su desempeño institucional.

  El marco teórico de este programa coloca en el centro de los procesos de construcción de ciudadanías democráticas, la importancia de que el Estado garantice y reconozca, mediante prácticas y políticas concretas, el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía.

  En esta perspectiva el IFE, como órgano de estado comprometido con la consolidación de una democracia de calidad, revisará su desempeño institucional continuamente con el fin de imprimirle sentido educativo a las funciones que desempeña a través de toda su estructura, particularmente de aquellas que implican una relación directa con la población y los ciudadanos, para lo cual reitera su convicción de fortalecer la formación y profesionalización de su personal, así como eficientar y transparentar su desempeño.

  Privilegiará una visión nacional con un enfoque local para el diseño de procesos educativos pertinentes a las diversas realidades y necesidades cívico-educativas de las regiones del país.

  Los rasgos del modelo pedagógico de este programa subrayan la importancia de realizar intervenciones educativas que partan de la realidad nacional, estén situadas a contextos específicos y puedan coadyuvar a la solución de problemas concretos. Para atender lo anterior y dadas las condiciones prevalecientes de desigualdad para el acceso y disfrute de derechos, se requiere el diseño de proyectos acordes con las necesidades y características propias de las diversas entidades y localidades del país. Así, es imprescindible subrayar, dentro del carácter federal, propiamente nacional de los programas institucionales, la orientación hacia un enfoque local, en el que los órganos desconcentrados del Instituto deben jugar un papel central para la generación de propuestas pertinentes a sus realidades, y apegadas a los criterios y principios de la política de educación cívica del IFE.

  Para ello también es necesario profundizar en el análisis y conocimiento de las diversas culturas que coexisten en nuestro país, así como de las condiciones existentes para el acceso y ejercicio de derechos, por lo que, a través de sus órganos desconcentrados, el IFE trabajará en esta línea para diseñar acciones y desatar procesos de diagnóstico que permitan hacer frente a la complejidad y diversidad que caracterizan a nuestro país.

  Focalizará acciones educativas hacia los grupos que enfrentan mayores dificultades para el acceso y disfrute de sus derechos.

  Los resultados de diversos estudios sobre cultura política en nuestro país han evidenciado la manera en que el ejercicio pleno e integral de la ciudadanía está condicionado por diversos factores (niveles de educación, región en la que se vive, pertenencia a algún grupo en situación de vulnerabilidad o discriminación, situación económica, etc.). Estas evidencias, sumadas a la desigualdad en el acceso a oportunidades que se registra en México, plantean también condiciones diferenciadas para la participación en la vida democrática; lo que demanda, desde una perspectiva estratégica, a focalizar la acción cívico educativa para contribuir a generar condiciones de igualdad para la participación.

  Por ello el IFE, en sus acciones y proyectos educativos, dará prioridad a aquellos sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para el acceso y disfrute de sus derechos, sea por su condición económica, etnia, género o edad.

  Promoverá la puesta en práctica de los valores de la democracia, así como la importancia del voto libre y secreto.

  El modelo pedagógico basado en el desarrollo de competencias cívicas que rige este programa, coloca el énfasis en la aplicación y el desempeño cotidiano de los conceptos; facilita el dominio de las herramientas y reta a los sujetos a poner en práctica actitudes y valores propios de la vida democrática.

  Uno de los aportes que el IFE ha hecho en materia de cultura democrática ha sido el de colocar en el imaginario social los significados de los valores que la sustentan, y su reflejo práctico en la organización de procesos electorales legítimos y legales. Ello habrá de continuar con un nuevo sentido: contribuir a que estos valores efectivamente sean practicados, a partir de mostrar la manera en que constituyen la base para lograr una convivencia pacífica y democrática, respetuosa de la legalidad.

  Desde esta perspectiva, los valores de la democracia, así como la promoción del voto libre y secreto seguirán constituyendo la base de la labor de educación cívica del IFE.

  Favorecerá la perspectiva de género y el respeto a la pluriculturalidad.

  La importancia del tema de la equidad de género y del reconocimiento a la diversidad radica en la necesidad de construir una sociedad con igualdad de oportunidades, en la que el respeto por las diferencias sea la base de las relaciones entre las personas.

  Las acciones y procesos cívico educativos emprendidos por el IFE deberán promover la equidad e igualdad de oportunidades, así como evitar que los contenidos, lenguaje o maneras de relacionarse al interior de los grupos refuercen estereotipos de gé nero o de alguna otra forma de discriminación.

5.2. Objetivos y Líneas de acción programática

  El Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 persigue el cumplimiento de cinco grandes objetivos sustantivos, los cuales se presentan a continuación con las líneas de acción programática correspondientes.

  Objetivo I. Socializar los límites y alcances de la democracia

  Tal como se estableció en el diagnóstico presentado en este documento, entre la población mexicana suele concurrir una definición ambigua e incluso abstracta de la democracia.

  Para la etapa de consolidación que enfrenta el país resulta conveniente promover una mayor precisión en el conocimiento de lo que se puede esperar de este tipo de régimen político. En otras palabras, se considera pertinente socializar tanto los límites como los verdaderos alcances de la democracia. Entre los límites que hacen posible el buen funcionamiento de una democracia está el apego a la legalidad. De ahí que en la estrategia didáctica que se utilice para socializar la definición de democracia que se ha delimitado en el apartado del Marco Teórico deberá prestarse particular importancia a este tema, indispensable para hacer que la confianza ciudadana se despliegue hacia las nuevas instituciones democráticas.

   Línea de Acción Programática 1: Preparar a niños y jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía

  El espacio escolar constituye el ámbito ideal de socialización y formación de una cultura democrática. Por eso es indispensable seguir fortaleciendo el diseño y puesta en marcha de modelos de educación ciudadana que logren un impacto formativo a lo largo de la educación básica y media superior; así como garantizar que toda acción no escolarizada que esté dirigida a estos grupos de población atienda a criterios y contenidos cívico educativos.

      Objetivo específico

   Promover entre futuros ciudadanos (menores de edad) y los nuevos ciudadanos (población que recién cumplió los 18 años) el interés en los asuntos públicos, así como las competencias cívicas que les permitan participar en la comunidad para mejorar sus condiciones de vida y los capaciten para ejercer su ciudadanía de manera efectiva al adquirir dicho estatus legal.

      Destinatarios

- Niños y adolescentes

- Jóvenes que recién cumplieron los 18 años de edad

   De manera prioritaria se ubican los siguientes grupos o perfiles:

- Niños y adolescentes que cursan la educación básica y asisten a planteles que participan en programas ya estructurados, dado que se buscaría lograr un efecto de sinergia, al sumar los recursos que puede aportar el IFE a los que ya canalizan las autoridades educativas hacia esas escuelas. También es posible aprovechar la infraestructura material y organizativa que tienen esos planteles para la evaluación y seguimiento de las acciones tendientes a elevar su calidad.

- En el caso de los jóvenes, se dará prioridad a aquellos que están próximos a cumplir los 18 años o que recién los cumplieron, buscando establecer convenios con las instituciones que trabajan permanentemente con población en este rango de edad, como es el caso de los institutos de la juventud, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o los planteles de educación media superior (universidades, colegios de bachilleres, colegios nacionales de educación profesional, etcétera).

      Orientaciones estratégicas

- Incidir en los programas curriculares de educación básica, media y superior para que el desarrollo de competencias cívicas se convierta en un eje que efectivamente atraviese la formación de niños y jóvenes.

- Incidir en la democratización de los ambientes escolares.

- Generar procesos de reflexión, análisis y puesta en práctica de propuestas de solución a temas o problemáticas cercanas a niños y jóvenes.

- Analizar información y conceptos básicos de política que permitan que niños y jóvenes reconozcan las diferencias y los vínculos entre lo público y lo privado, así como los derechos humanos, sus características, los procesos que se han dado para su reconocimiento, etc.

- Familiarizar a niños y jóvenes con la gestión pública, propiciando el diálogo con autoridades de los tres niveles de gobierno, para la búsqueda de soluciones a problemáticas que les afecten.

- Ampliar la aplicación y evaluación del proyecto Educar para la Democracia a fin de asegurarse del impacto del modelo educativo para el desarrollo de competencias cívicas entre estudiantes de educación básica.

- Diseñar un modelo de educación cívica para estudiantes de nivel medio y superior que pueda ser incorporado a las diversas modalidades de este nivel educativo.

- Realizar ejercicios de participación cívica que permitan a niños y jóvenes poner en práctica valores y actitudes propias de una cultura democrática, como procesos de aprendizaje que vinculen el ser, el conocer, el hacer y el convivir de la democracia.

   Línea de Acción Programática 2: Promover el debate público acerca de la democracia y la ciudadanía.

      Objetivo específico

   Contribuir a fomentar un amplio debate sobre el proceso de consolidación democrática por el que atraviesa México a partir de la detección y focalización de los problemas que cotidianamente se enfrentan en cada una de las regiones del país.

      Destinatarios

- Universidades

- Centros de investigación

- Grupos de reflexión sobre la educación cívica

- Medios de comunicación

      Orientaciones estratégicas

- Promover que los espacios académicos con los que se establezca la alianza estratégica para cumplir con esta línea de acción sean aquellos que mayor calificación tengan para crear y desarrollar el conocimiento que un debate público informado necesita y que este programa estratégico busca promover.

- Diseñar una estrategia de comunicación específica para procurar que los medios de comunicación acompañen y difundan el proceso.

- Garantizar la socialización del proceso a través de la creación de espacios públicos de reflexión y debate.

Objetivo II.  Generar conciencia, confianza y participación ciudadana

  Los conceptos de conciencia, confianza y participación ciudadana se vinculan estrechamente para hacer que cualquier régimen democrático logre calidad en su actuación y desempeño. La conciencia que la persona toma con respecto a los derechos y las obligaciones que el régimen democrático le ofrece es la piedra de toque para que el individuo adquiera la ciudadanía plena.

  A partir de este supuesto, es posible establecer las bases para la confianza interpersonal entre sujetos que, más allá de sus diferencias, aspiran a cooperar por las causas que les son comunes. Ello se traduce a su vez en intenciones concretas de participación que constituyen el punto de partida del buen funcionamiento de los procedimientos democráticos.

   Línea de Acción Programática 3: Impulsar la cultura democrática y los derechos de ciudadanía

      Objetivo específico

   Orientar a las personas para que asuman las consecuencias plenas que se derivan de los derechos y las obligaciones que su calidad ciudadana les ofrece dentro del marco de las reglas democráticas, basados en valores.

      Destinatarios

- En particular aquellos ciudadanos que por cualquier razón social, política, religiosa, económica o cultural se encuentran en condición de vulnerabilidad para ejercer sus derechos cívicos, políticos o sociales.

      Orientaciones estratégicas

- Para la aplicación de esta línea estratégica deberán tomarse en cuenta las zonas, regiones y comunidades de más alta complejidad por motivos de discriminación.

- Una orientación pedagógica adecuada a los distintos grupos en situación de vulnerabilidad será indispensable para que quienes padecen de discriminación tomen conciencia de que es a partir de su calidad ciudadana que pueden exigir que sus derechos sean respetados y garantizados.

- La presencia de calidades ciudadanas diferenciadas en buena medida tiene un origen cultural. De ahí que esta línea programática responderá a una suerte de re-educación que promueva la transformación de conductas y prácticas en la sociedad mexicana.

- Para promover esta línea de acción programática se considera a la política institucional de medios de comunicación del IFE como conducto prioritario.

   Línea de Acción Programática 4: Educar para la participación en la vida pública y el ejercicio de la ciudadanía.

      Objetivo específico

   Contribuir a que los ciudadanos en ejercicio se interesen y participen en la vida pública, a partir del desarrollo de competencias cívicas que favorezcan dicha participación, ya sea mediante el voto o a través de otros mecanismos que les permitan incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad o entorno.

      Destinatarios

- Mujeres y hombres mayores de 18 años de edad (ciudadanos en ejercicio).

      De manera prioritaria se ubican los siguientes grupos o perfiles:

- Personas que enfrentan mayores dificultades para ejercer de manera plena sus derechos, como es el caso de las mujeres, los indígenas, así como quienes tienen menores niveles de ingreso y educación.

- Ciudadanos que por su condición laboral, económica o social se encuentran en riesgo de coacción.

- Ciudadanos que residen en distritos uninominales que presentan mayor grado de complejidad electoral y niveles altos de abstencionismo.

- Ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero (de aprobarse reformas legales en la materia).

      Orientaciones estratégicas

- Diseñar un modelo de educación ciudadana para adultos que pueda ser adaptado a diversos contextos y problemáticas.

- Promover una concepción de ciudadanía centrada en el reconocimiento y la capacidad de los sujetos para ejercer y exigir sus derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales).

- Fomentar una concepción amplia de la democracia que ubique al derecho a elegir (voto) como uno de los instrumentos clave para su funcionamiento, pero no único para lograr una democracia de calidad.

- Revalorizar al voto como un instrumento fundamental de los ciudadanos para intervenir en los asuntos de gobierno y como el ejercicio de su capacidad de elegir de manera libre, informada y razonada.

- Propiciar la reflexión, el análisis y la práctica en temas o problemáticas cercanas e importantes para los grupos a los que se dirige la acción educativa.

- Proveer y analizar la información necesaria para la participación en la vida pública (mecanismos y formas de participación ciudadana en los distintos niveles de gobierno, responsabilidades de las autoridades en materia de transparencia y rendición de cuentas, etc.).

- Incentivar y apoyar el diseño, ejecución y evaluación de propuestas de acciones educativas de las juntas locales y distritales del IFE para atender a los grupos prioritarios de las diversas localidades que conforman el país.

  Objetivo III. Contribuir al fortalecimiento de la integración social y a la democratización de las relaciones entre el Estado y la Sociedad

  Los bajos niveles de participación que se manifiestan en México se deben en gran medida a la debilidad y escasez de un denso tejido de redes sociales que vinculen lo micro con lo macro. A esta situación se suma la poca relación que existe entre los diferentes espacios organizados de la sociedad y que termina por mediatizar la vinculación de los intereses ciudadanos con los espacios para la toma de las decisiones.

  Por ello, es pertinente que este programa se planteé como objetivo el de coadyuvar a ampliar y fortalecer las redes sociales que constituyen la sociedad civil (asociaciones ciudadanas autónomas). De forma paralela, fomentar la democratización de las relaciones entre el Estado y la sociedad reforzando la cultura cívica, la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas. El objetivo es contribuir a generar confianza social mediante la promoción del ejercicio de los derechos ciudadanos, particularmente los político electorales, para lo cual es necesario no sólo la representación organizada de sus intereses sino también el reconocimiento pleno de estos derechos por parte de las autoridades del Estado.

   Línea de Acción Programática 5: Fortalecer el tejido social

      Objetivo específico

   Impulsar iniciativas de formación ciudadana y promoción de los derechos ciudadanos con diversos actores sociales y políticos acordes con la política de educación cívica del IFE.

      Destinatarios

- Agrupaciones Políticas Nacionales

- Medios de comunicación

- Organizaciones civiles y sociales que promueven la defensa de los derechos ciudadanos, particularmente aquellas que desarrollan proyectos afines al programa estratégico de educación cívica del IFE.

      Orientaciones estratégicas

- Identificar a organizaciones de la sociedad civil que desarrollan tareas afines a la política de educación cívica del IFE en localidades y estados.

- Alentar y sistematizar las propuestas cívico-educativas desarrolladas por agrupaciones políticas nacionales.

- Fortalecer la relación con medios de comunicación social de carácter público, en particular con aquellos de presencia local.

- Promover espacios de encuentro para poner en común las iniciativas que se están desarrollando en materia de educación cívica.

- Proponer con diversas instituciones y organizaciones nacionales y locales el diseño de una política de colaboración para desarrollar acciones conjuntas de educación cívica que permitan atender las necesidades de formación en las diversas regiones del país.

- Crear espacios de apoyo y comunicación permanente que promuevan aprendizajes organizacionales en torno a la educación cívica.

- Propiciar el debate en torno al papel que juegan los medios de comunicación en los procesos de construcción de ciudadanías democráticas.

- Contribuir a la generación de redes de organizaciones ciudadanas que tengan entre sus funciones principales la educación cívica y la promoción de la cultura democrática.

   Línea de Acción Programática 6: Promover mecanismos que favorezcan la relación entre el Estado y la Sociedad

      Objetivo específico

   Contribuir a incrementar la capacidad cívico-educativa de las instituciones del Estado mexicano.

      Destinatarios

- Instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

      En un inicio se sugiere trabajar con las instituciones que por mandato legal tienen la encomienda de promover la participación ciudadana en la vida pública, así como aquellas que desarrollan programas específicos de formación ciudadana y cultura democrática congruentes con los fines de la política educativa del IFE.

      Orientaciones estratégicas

- Promover que las instituciones del Estado mexicano desarrollen políticas y prácticas concretas que favorezcan la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

- Generar procesos que coadyuven a fortalecer la capacidad cívico-educativa de las instituciones involucradas en el desempeño democrático.

- Sensibilizar a actores políticos y gubernamentales sobre el impacto que en términos de construcción de ciudadanías generan sus actuaciones.

- Sensibilizar a actores políticos y gubernamentales sobre la importancia de la formación ciudadana para fortalecer la gobernabilidad democrática.

- Promover el aprendizaje organizacional para que las instituciones lleven a cabo su cometido democrático con mayores niveles de eficacia.

  Objetivo IV. Llevar a cabo investigación aplicada sobre cultura política y calidad de la ciudadanía.

  Si bien existe una amplia gama de estudios que ofrecen evidencia muy variada sobre la percepción que la población mexicana tiene sobre la democracia, así como del estado que guarda la construcción de la ciudadanía en México, será necesario instrumentar una política de investigación sólida que permita contar con información actualizada y especializada que fortalezca su trabajo cívico educativo. Dicha política deberá atender la diversidad regional que caracteriza a México.

  En este esfuerzo el IFE requiere diseñar sus propios indicadores y métodos para estudiar ambos fenómenos. En particular el que se relaciona directamente con las formas y modos a través de los cuales los ciudadanos se perciben a sí mismos y participan en la muy amplia gama de espacios públicos que constituyen al régimen democrático. Lo anterior, permitirá contar con indicadores y métodos para evaluar el impacto de esta política de educación cívica. Asimismo, es necesario llevar a cabo un programa de investigación sobre cultura política y calidad de la ciudadanía, diseñado específicamente para desarrollar políticas institucionales de educación cívica más eficientes y focalizadas.

   Línea de Acción Programática 7: Generar investigación sobre el estado que guarda la ciudadanía y sobre las percepciones de la calidad de la democracia

      Objetivo específico

   Adquirir y sistematizar de manera progresiva información estratégica sobre los siguientes temas:

- La percepción del ciudadano mexicano al respecto del ejercicio de su ciudadanía y sobre la sociedad particular donde la ejerce.

- La mirada que el ciudadano mexicano tiene sobre la sociedad particular donde ejerce su ciudadanía.

- La mirada que el ciudadano mexicano tiene sobre los poderes y las instituciones públicas.

- La evaluación que de la democracia hace el ciudadano mexicano a partir del ejercicio de sus derechos y obligaciones.

      Destinatarios

- Todos aquellos centros de investigación, medios de comunicación, autoridades públicas, partidos políticos y organizaciones civiles y sociales que estén interesados en contar con información, investigación y análisis sobre el estado que guardan la democracia y el estado de derecho, así como la construcción de ciudadanías democráticas en México.

      Orientaciones estratégicas

- Las investigaciones del IFE deberán hacer confluir metodologías cualitativas y cuantitativas.

- También deberán ofrecer un nivel amplio de profundidad sobre el nivel de competencias cívicas de la población; así como la relación que el ciudadano establece con cada uno de los diferentes ámbitos sociales (organizaciones vecinales, de padres de familia, sindicales), económicos (empresas, redes comerciales, espacios de consumo) y políticos (partidos, organizaciones, grupos de presión) con los que interactúa.

- En sentido coincidente con los ejes rectores, la investigación que sobre este tema se realice deberá ofrecer en el contexto nacional, perspectivas regionales que le permitan al IFE distinguir los fenómenos que se expresan de manera diferenciada en cada parte del territorio mexicano.

- Definir en un plan institucional de estudios e investigaciones que cohesione y dote de una dirección compartida a los esfuerzos realizados en la materia por las diversas áreas de la institución.

- Establecer líneas de investigación, proyectos específicos, mecanismos de colaboración interinstitucional y procedimientos para la adopción de resultados en los programas y materiales de educación cívica institucionales.

   Línea de Acción Programática 8: Investigar sistemas, prácticas y procesos de formación cívica.

      Objetivo específico

   Mantener actualizada la visión y los planteamientos del Instituto en materia de educación cívica, así como generar conocimiento sobre las prácticas y procesos de formación cívica que se desarrollan en nuestro país y en otras partes del mundo, para fortalecer la labor cívico educativa del IFE y de otros actores.

      Destinatarios

- Areas del IFE que intervienen en labores de educación cívica.

- Instituciones y organismos interesados en la educación cívica.

- Centros de investigación e instituciones académicas.

- Medios de comunicación.

      Orientaciones estratégicas

- Realizar un proceso amplio, integral y participativo, que permita actualizar el estado de conocimiento e indagar más sobre las distintas realidades y prioridades de educación cívica de las regiones del país.

- Identificar programas y mecanismos de participación y acceso a la información en los diversos niveles de gobierno a fin de profundizar en el conocimiento de las políticas y prácticas que el Estado mexicano promueve para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de ciudadanía.

- Sistematizar experiencias educativas propias y ajenas de formación cívica, como base de conocimiento indispensable para atender nuevas situaciones y reforzar las actuales.

- Difundir los resultados de investigación con un triple propósito: 1) promover un mayor conocimiento aplicable en la materia; 2) sensibilizar a diversos actores y a la ciudadanía en general respecto de la importancia e impacto de la educación cívica para el fortalecimiento de la democracia; y 3) aportar elementos para la definición de estrategias de educación cívica.

- Las investigaciones y los estudios empíricos responderán siempre a las necesidades institucionales que se detecten en el proceso de aplicación y evaluación de los programas de educación cívica.

- Se creará una base de datos que sistematice experiencias exitosas de educación cívica y construcción de ciudadanía en México y otras partes del mundo.

  Objetivo V. Consolidar al IFE como una institución formadora de ciudadanía

  La educación cívica debe trasminar a toda la institución y dejar de verse como labor exclusiva de las instancias que normativamente tienen la encomienda, por lo que la aspiración es que, desde los ámbitos de competencia propios de cada instancia, toda la estructura del IFE desempeñe su labor con una perspectiva de reconocimiento de los derechos ciudadanos. Para ello, es importante que los funcionarios del IFE desarrollen y fortalezcan sus propias competencias cívicas; realizar acciones tendientes a favorecer el diseño de mecanismos de participación ciudadana, así como eficientar la planeación y presupuestación de las acciones y proyectos que derivarán de este programa estratégico.

   Línea de Acción Programática 9: Instrumentar políticas internas para fortalecer la capacidad cívico-educativa del IFE.

      Objetivo específico

   Incrementar la capacidad del IFE en materia de construcción de ciudadanías democráticas, desde una perspectiva amplia e integral que abarque a toda su estructura.

      Destinatarios

- Funcionarios de todos los niveles y áreas del IFE

      De manera prioritaria se ubican:

- Funcionarios y personal operativo adscritos a áreas en las que se tiene contacto directo con la ciudadanía o con aliados estratégicos (personal de los Módulos de Atención Ciudadana administrados por la Dirección Ejecutiva y las vocalías del Registro Federal de Electores, Transparencia y acceso a la información pública, Comunicación social, etc.)

- Funcionarios de las vocalías locales y distritales que históricamente han presentado menor actividad de educación cívica.

- Funcionarios de oficinas centrales, estatales y distritales que tienen a su cargo la instrumentación de la política de educación cívica.

      Orientaciones estratégicas

- Realizar una profunda revisión del quehacer institucional para reforzar la relación que el IFE establece con la ciudadanía a través de sus diferentes áreas sustantivas y de apoyo.

- Diseñar políticas y prácticas concretas en los distintos ámbitos de responsabilidad del IFE, que favorezcan la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

- Reforzar el sentido educativo de la capacitación electoral para la integración de mesas directivas de casilla.

- Garantizar que las campañas mediáticas y demás recursos de difusión del IFE atiendan la política de educación cívica.

- Fortalecer las dinámicas interinstitucionales del IFE, bajo el reconocimiento y trato de pares y la práctica de construir juntos espacios democráticos.

- Favorecer una mayor profesionalización de los funcionarios de los órganos desconcentrados y de oficinas centrales, responsables de diseñar e implementar las tareas de educación cívica.

- Diseñar e instrumentar con las áreas correspondientes un programa de desarrollo de competencias cívicas para los funcionarios del IFE.

- Diseñar una estrategia institucional de implementación del PEEC a corto, mediano y largo plazo, que considere los recursos humanos y financieros con los que cuenta el IFE a nivel nacional.

- Fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral a través de programas de formación y sistema de incentivos que profesionalicen a los miembros en su tarea como educadores cívicos.

- Incorporar en los programas de evaluación de todos los funcionarios y órganos del SPE, indicadores que den cuenta de su desempeño en materia de educación cívica.

   Línea de Acción Programática 10: Instrumentar estrategias para fortalecer la imagen del IFE ante la sociedad mexicana.

      Objetivo específico

   Contribuir al fortalecimiento de la imagen institucional del IFE, a partir de dar a conocer su política de educación cívica, así como de rendir cuentas a la sociedad mexicana respecto de los resultados que logre en esta materia.

      Destinatarios

- Líderes de opinión

- Medios de comunicación

- Organizaciones civiles

      Orientaciones estratégicas

- Diseñar una estrategia que presente ante la sociedad mexicana la política de educación cívica del IFE para el periodo de 2005 a 2010.

- Difundir y promover los proyectos y acciones que derivarán de la instrumentación del PEEC 2005-2010 entre diversos sectores de la sociedad.

- Rendir cuentas a la sociedad mexicana respecto de los resultados de la política de educación cívica del IFE.

5.3. Ejes transversales

  El buen logro de los propósitos del PEEC requiere de la realización de una serie de acciones que, aun y cuando no son propiamente educativas, le dan a éstas soporte y viabilidad.

  En este apartado se definen los ejes transversales fundamentales para la instrumentación de la política de educación cívica que plasma este programa: la colaboración y coordinación con diversos actores estratégicos para la construcción de ciudadanías democráticas; y la evaluación permanente e integral de la política educativa institucional como factor necesario para determinar la viabilidad e impacto de la contribución del IFE en esta materia, así como medio ideal para rendir cuentas a la sociedad mexicana respecto de su desempeño.

        Colaboración y coordinación

  Las tareas planteadas por el PEEC 2005-2010 requieren de una estrategia de alianzas entre el IFE y otras instancias tanto de la sociedad como del Estado. En materia de educación cívica, cuya naturaleza exige el desarrollo de acciones de amplio alcance en todas las regiones del país, el IFE necesita de la colaboración y coordinación con actores sociales, políticos y gubernamentales que le permitan cumplir a cabalidad las funciones que le señala la ley.

  El marco jurídico faculta al IFE para llevar a cabo acciones conjuntas con diversas secretarías de Estado, con partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales y gobiernos estatales y municipales. Asimismo, puede establecer convenios con asociaciones civiles, universidades y toda clase de instituciones de enseñanza e investigación.

  Este programa propone utilizar estas capacidades legales y el interés nacional en la promoción de una cultura y una práctica de la democracia para desarrollar un conjunto de proyectos de educación cívica orientados a la generalización de una conciencia de la ciudadanía integral, al fortalecimiento del orden democrático y a la valoración de la democracia como una forma de vida.

  Para ello es importante explicitar los criterios que definen los alcances de la colaboración que propone el IFE con los diferentes actores de la sociedad. El criterio rector es el cumplimiento de los objetivos de carácter educativo de este programa en el marco de las atribuciones legales de la institución. Los criterios secundarios atienden a la especificidad de los campos de acción en los que la educación cívica debe desarrollarse.

  Si entendemos, como lo hace este programa, que la educación cívica significa ante todo la creación de competencias cívicas que sustentan y fortalecen la ciudadanía integral de los mexicanos, de ello se derivan necesidades de acción en muy diversos campos. Los derechos de ciudadanía son un conjunto integral indisoluble que abarca los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, el respeto y aplicación de los cuales es la base de una democracia sustentable. Son además tareas imprescindibles en la promoción de una cultura cívica democrática la creación de espacios públicos y el desarrollo de capacidades de diálogo, el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad, la tolerancia y el respeto por los demás.

  La coordinación del IFE con las secretarías del gobierno federal y con los gobiernos estatales y municipales se fundará en el criterio de la promoción de derechos y el desarrollo de competencias ciudadanas, lo cual fundamenta la práctica y el ejercicio de la democracia, tal como se ha expresado en el capítulo del Marco Teórico. En ningún caso el IFE impulsará acciones que pudieran interpretarse como crítica a la gestión del partido en el gobierno o como apoyo al mismo, ni promoverá acción que lo confronte con actor alguno. Por el contrario, de lo que se trata es de transmitir a los ciudadanos tanto la conciencia de sus derechos como proporcionarles los instrumentos para exigirlos o ejercerlos, tareas en las cuales hay una coincidencia con los objetivos de numerosos programas de los tres niveles de gobierno y para lo cual el IFE puede promover diversos acuerdos con las partes, en el marco de una política de alianzas interinstitucionales.

  La colaboración del IFE con los partidos políticos y con las APN s se centrará en la promoción de los derechos de ciudadanía y en la creación de capacidades de supervisión y control de los ciudadanos sobre el gobierno y los propios actores políticos. No se trata de apoyar a partidos y agrupaciones políticas en sus actividades de proselitismo, sino de favorecer el cumplimiento de sus obligaciones legales en términos de promover la cultura cívica y la democracia como forma de vida.

  Con universidades e instituciones educativas en general, la colaboración se centra en el desarrollo del conocimiento sobre los derechos, la realidad de su ejercicio y aplicación, la investigación sobre la cultura cívica y la calidad de la democracia, así como la promoción de la conciencia ciudadana entre los niños y jóvenes. Esta alianza es esencial para impulsar en el mediano y largo plazos el cambio cultural en el país.

  En el caso de los actores de la sociedad civil, la colaboración se establecerá con aquellas organizaciones autónomas e independientes que promuevan la defensa y promoción de los derechos y fomenten el ejercicio de la rendición de cuentas a través de acciones educativas. Reconociendo la pluralidad y diversidad de los actores y agendas de la sociedad civil, el IFE se abocará a colaborar y promover aquellos proyectos que impliquen investigar, enseñar y practicar los derechos de ciudadanía e impulsar las capacidades ciudadanas de supervisión y/o participación en la integración y el ejercicio de gobierno.

        Medición y evaluación

  Para una institución como el IFE resulta de vital importancia conocer sistemáticamente el estado que guarda la educación cívica en el país; particularmente el resultado e impacto de las acciones y procesos educativos que impulsa. De ahí que se requiera contar con un programa de evaluación permanente e integral que permita determinar el impacto de esta política de educación cívica, garantizar la oportuna toma de decisiones, así como rendir cuentas a la sociedad mexicana respecto de su desempeño.

  Los cinco criterios a los que debe responder el programa de evaluación del PEEC 2005-2010 son: 1) eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de los objetivos en función de los resultados alcanzados; 2) eficiencia, referida a la adecuada o no utilización de recursos de todo tipo (costo-beneficio); 3) pertinencia, relacionada con el contexto en el que se desarrollarán los proyectos; 4) viabilidad, como la medida o el grado en el que los resultados positivos alcanzados se mantienen aún sin apoyos externos; y 5) impacto, como los efectos o consecuencias de los proyectos y acciones sobre la población a quienes se dirigen los procesos de intervención educativa.

  Para el diseño de un modelo de evaluación que le permita al IFE medir el impacto real que en el ciudadano y su entorno tendría eventualmente este programa estratégico, que incorpore indicadores adecuados a la política de educación cívica, a partir de variables exógenas a la institución, se podrá acudir a una instancia experimentada en materia de evaluación de políticas educativas.

  Dicho modelo derivará también en el diseño de un sistema permanente de seguimiento que permita:

- Valorar el impacto de la metodología y estrategias didácticas utilizadas en el proceso educativo y, en su caso, hacer las correcciones pertinentes (en los procedimientos, materiales, dinámicas, capacidad de los multiplicadores, etc.).

- Contar con elementos de información oportunos que permitan identificar el grado de aprendizaje que se va generando para, en caso de detectar problemas, intervenir de manera oportuna en su corrección.

- Identificar factores de riesgo y áreas de oportunidad con el fin de realizar los ajustes necesarios y modificaciones necesarias que den viabilidad al proyecto en diversas circunstancias y condiciones de operación.

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  Sen, Amartya. El Ejercicio de la Razón Pública . Vuelta, Número del mes de Mayo, 2004.

  Touraine, Alain. Critique de la modernité. París: Fayard, 1992.

  Turner, Bryan. Outline of a Theory of Citizenship en Chantal Mouffe (ed.) Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community. Londres: Verso, 1992.

  Zamudio, Patricia. Investigadora del CIESAS-Golfo. Las Paradojas de la Ciudadanía. Ponencia presentada en el Coloquio Internacional Los Espacios de la Globalización: Mutaciones, Articulaciones, Interacciones CIESAS-IRD-U. de Guanajuato. Guanajuato, 2-4 de junio del 2004.

  Fuentes consultadas para el diagnóstico:

- Covarrubias, Ana (Democracia... ¿con qué se come?) y Abundis, Francisco (Lo que saben y lo que opinan los ciudadanos sobre la democracia y la política), ponencias presentadas en el marco del Seminario para el Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, celebrado del 8 al 10 de septiembre de 2003.

- Cultura de la Constitución en México. Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004.

- Durand Ponte, Víctor Manuel. Ciudadanía y Cultura Política. México 1993-2001. Ed. Siglo XXI. 2004.

- Delincuencia, Marginalidad y Desempeño Institucional. Encuestas realizadas en el D.F., Estado de México y Estado de Morelos. Centro de Investigación y Docencia Económicas. México, 2003. p. 70 Citado en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, OACNUDH.

- Encuestas Nacionales de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y Secretaría de Gobernación, 2001 y 2003.

- Indices de marginación 2000, Consejo Nacional de Población, p. 11, http://www.conapo.gob.mx).

- Justicia y Seguridad Ciudadana, CIDE-Hewlett Fundation. Septiembre, 2002.

- La Democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD. Abril, 2004.

- La Naturaleza del Compromiso Cívico: Capital social y Cultura política en México, IFE/UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales. 2003

- La participación ciudadana en las elecciones federales de 2000. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Instituto Federal Electoral. Octubre, 2001.

- Latinobarómetro 2004, Una Década de Mediciones; Informe-Resumen. 2004.

- _____________Municipios Gobernados por Mujeres Boletín Informativo, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), Núm. 8, Abril 2004, México http://www.inafed.gob.mx/wb2/INAFED/INAF_Boletín_8.

- Perfil de los Diputados Federales LIX Legislatura. Consulta Mitofski, 2004 Disponible en: http://www.consulta.com.mx

- _____________ Sigue la inequidad laboral para mujeres en http://www.universia.net.mx Fecha de publicación: 26 de enero 2004.

- Temkin, Benjamín. Explorando la dinámica del abstencionismo electoral, ponencia presentada en el Seminario de Análisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. México, septiembre de 2003.

  Anexo PEEC 2005-2010

  Presentación

  La serie de proyectos e iniciativas que se presenta a continuación muestra, en términos propositivos, la manera en que puede instrumentarse la política de educación cívica del IFE, a partir de:

1. La continuidad de proyectos que el IFE ha venido desarrollando₁ básicamente para población infantil y juvenil (Educar para la Democracia, Nosotros los jóvenes...Proyecto Ciudadano y Ejercicios de participación cívica infantil y juvenil).

2. El desarrollo inicial de proyectos que favorezcan la construcción de espacios y mecanismos de participación, debate y retroalimentación en torno a la calidad de la democracia y la formación ciudadana (Red de comunicación y apoyo para la educación ciudadana y Evaluación Ciudadana de la Democracia); así como que favorezcan la participación ciudadana en los procesos electorales (EL voto: una vía para cambiar la sociedad).

3. La realización de pruebas piloto para determinar la viabilidad de procesos de intervención educativa dirigidos a ciudadanos en ejercicio (Construyamos juntos un mejor gobierno).

4. El establecimiento de criterios generales para el diseño de proyectos que fortalezcan las capacidades institucionales para la instrumentación de la política de educación cívica y profundicen en la detección de prioridades educativas regionales y locales (investigaciones sobre el nivel de desarrollo de competencias cívicas de la población mexicana; sistematización de experiencias exitosas; sensibilización en torno a la educación ciudadana; profesionalización del personal del IFE, etc.)

  Los proyectos e iniciativas que se presentan a continuación no pretenden agotar las posibilidades de intervención educativa que pueden derivarse de este programa estratégico. Su carácter es sólo indicativo, ya que siendo congruentes con los lineamientos del PECC 2005-2010, es importante reiterar la necesidad de profundizar en diagnósticos particulares (regionales, estatales o distritales) que propicien el diseño de procesos pertinentes a las distintas necesidades y realidades que la Institución habrá de enfrentar.

  Corresponderá a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en cumplimiento de las atribuciones que la ley le encomienda, definir las acciones específicas del PEEC y dictaminar, en su caso, la viabilidad de lo que aquí se plantea, con base en los análisis y estudios que ésta, en coordinación con la Comisión del Ramo consideren, así como de la disponibilidad presupuestal de cada ejercicio fiscal.

  Los tres proyectos que se presentan a continuación se refieren a iniciativas que el IFE ha venido consolidando en los últimos años, dirigidas en particular a población infantil y juvenil.

  Atienden de manera particular al Objetivo 1 del presente programa y están vinculadas directamente a la primera línea de acción programática, referida a preparar a niños y jóvenes para el ejercicio pleno de su ciudadanía.

  1.1. EDUCAR PARA LA DEMOCRACIA

  ANTECEDENTES

  Durante diez años (1993-2003) el IFE instrumentó el programa denominado Jornadas Cívicas Infantiles y Juveniles en escuelas primarias y secundarias de todo el país, el cual estaba enfocado a una formación en valores a través de diversas actividades grupales, lúdicas y vivenciales. Este programa resultó exitoso y tuvo gran demanda; sin embargo, a la luz de nuevos conocimientos y experiencias en materia de educación cívica, y producto de estudios, investigaciones y nuevos proyectos del IFE, se planteó la necesidad de elaborar un programa mejor estructurado, con contenidos teóricos más accesibles para los instructores, así como una metodología que promoviera más la participación activa y fomentara el desarrollo del juicio crítico y otras destrezas cívico-políticas.

  Así, en 2001, surgió el proyecto Educar para la Democracia, mismo que cuenta con una fundamentación teórico pedagógica específica para la educación básica, así como con materiales para su instrumentación.

  Educar para la Democracia es un proyecto de apoyo curricular que maneja como tema transversal la democracia, lo cual busca que ésta pase de ser sólo un concepto, a ser vivida como un proceso de reflexión-acción.

  Este proyecto es un modelo educativo, racional, autónomo, que propicia el desarrollo de la personalidad moral del sujeto, a través de competencias cívicas que son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para vivir en democracia. A partir de él, el IFE está contribuyendo y cooperando con las autoridades educativas a favorecer la formación ciudadana desde la educación básica de la población mexicana.

  OBJETIVOS

  Promover en el alumnado el desarrollo de competencias para la vida democrática, a partir de los contenidos y materiales de los programas de estudio vigentes de educación básica.

  Propiciar la construcción de ambientes escolares democráticos mediante el apoyo a diversos procesos de gestión.

  METODOLOGIA

  Cada Junta Local Ejecutiva diseñará la estrategia para instrumentación, capacitación e instrumentación del programa, de acuerdo a sus necesidades. Algunos vocales han partido del análisis de los resultados de la Consulta 2003, para promover entre autoridades educativas los beneficios de este programa, otros han concertado directamente con funcionarios de las secretarías de educación en la entidad, la inclusión de este proyecto y otros más lo han hecho a través de ofertar cursos con valor a carrera magisterial a través del PRONAP.

  POBLACION OBJETIVO

        Directivos, profesores y alumnos de nivel básico.

  ALIADOS ESTRATEGICOS

- Autoridades educativas federales y estatales; institutos estatales de las mujeres; comisiones e instituciones de derechos humanos; universidades públicas y privadas; secretarías estatales de salud; sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

- Organismos civiles que trabajen temas específicos que correspondan a los ejes transversales del proyecto (derechos humanos, educación para la paz, perspectiva de género, educación ambiental, sexualidad, etcétera).

  DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1. Los funcionarios de órganos desconcentrados del Instituto, presentan el programa a las autoridades educativas de su localidad, concertando tiempos y espacios para la capacitación del personal docente y asesores técnicos pedagógicos, jefes de sector y/o supervisores.

2. Los funcionarios de órganos desconcentrados tiene la opción de convocar a los medios de comunicación y a los aliados estratégicos para la difusión del programa.

3. Se realizan talleres con docentes y directivos en donde:

 Conocen el enfoque teórico y metodológico del programa.

 Conocen el concepto de competencias cívicas, el manejo de la transversalidad de la democracia a través del currículo y las propuestas didácticas de los ficheros de actividades.

 Elaboran una propuesta didáctica en la que se relaciona el contenido curricular con las competencias cívicas.

 Identifican que a través del desarrollo de las propuestas didácticas, los alumnos no sólo adquieren conocimiento sobre una asignatura específica, sino que también adquieren elementos para comprender su contexto social y político y avanzar en el desarrollo de su juicio moral.

 Adquieren las herramientas para elaborar un diagnóstico que les permita evaluar los avances de su grupo en términos del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de sus alumnos.

4. Una vez que los miembros de la comunidad educativa conozcan el programa, es importante que trabajen al interior de la escuela la planeación de cómo se van a involucrar todos en su operación. Es decir qué actividades desarrollarán en materia de gestión escolar para que ésta sea democrática, para lo cual deberán atender 4 dimensiones de manera integral, colocando la formación de niñas, niños y jóvenes al centro de la acción:

 La pedagógica curricular.

 La comunitaria.

 La administrativa financiera.

 La pedagógica operativa.

5. Finalmente como parte de las actividades de este programa, los vocales habrán de llevar a cabo el proceso de acompañamiento, el cual consiste en la asesoría y apoyos continuos a directivos y maestros para cumplir con los objetivos del programa.

  PAUTAS PARA LA EVALUACION

  El propósito último de la evaluación será conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto, para lo cual es necesario valorar de qué manera se modifican las conductas y comportamientos de los alumnos, tanto en el espacio escolar como en sus entornos inmediatos, particularmente en cuanto a su compromiso por:

- el ejercicio de los derechos ciudadanos.

- el cumplimiento de responsabilidades ciudadanas.

- el respeto a la legalidad.

  La evaluación del proyecto deberá atender a las siguientes necesidades:

- Elaborar un diagnóstico que permita determinar la situación antes de iniciar la intervención educativa a fin de conocer el estado actual de la población objetivo.

- Valorar el impacto de la metodología y estrategias didácticas utilizadas en el proceso educativo para, en su caso, hacer las correcciones pertinentes.

- Contar con elementos de información oportunos, que permitan identificar el grado de aprendizaje que se va generando para, en el caso de detectar deficiencias, intervenir de manera oportuna en su corrección.

  Los cinco criterios a los que debe responder la evaluación del proyecto son: 1) eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de los objetivos en función de los resultados alcanzados; 2) eficiencia, referida a la adecuada o no utilización de recursos de todo tipo (costo-beneficio); 3) pertinencia, relacionada con el contexto en el que se desarrolla el proyecto (demandas y problemas prioritarios de los destinatarios, políticas o programas concurrentes, etc.); 4) viabilidad, como la medida o el grado en el que los resultados positivos alcanzados -el desarrollo de competencias cívica en alumnos y la democratización de la gestión escolar- se mantiene aún sin apoyos externos; y 5) impacto, como los efectos o consecuencias del proyecto, particularmente en la escuela y de manera general en el entorno inmediato de los alumnos en donde se instrumentó el proyecto.

  1.2. NOSOTROS LOS JOVENES... PROYECTO CIUDADANO

  ANTECEDENTES

  Nosotros los jóvenes... Proyecto Ciudadano es un programa creado por el Center For Civic Education₂, adaptado por el Instituto Federal Electoral para el contexto cívico-político de México. Una vez realizada la fase piloto del mismo en diversas entidades federativas, se capacitó a todos los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas Locales y Distritales Ejecutivas para su instrumentación.

  En virtud de que la temática y metodología de este proyecto están vinculadas con los contenidos oficiales de la asignatura de Formación Cívica y Etica que se imparten en la educación secundaria, se cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

  Este proyecto es integral porque favorece el ejercicio de la ciudadanía, desarrolla habilidades y destrezas ciudadanas como la toma de decisiones, la resolución de conflictos de manera pacífica, el consenso, la comprensión crítica, la reflexión en torno a problemas reales que afectan a la comunidad, y sobre todo, genera un sentido de pertenencia a la comunidad.

  Adicionalmente, motiva a los jóvenes a organizarse en redes sociales, a acercarse con instancias públicas y privadas que tienen que ver en la toma de decisiones de interés colectivo y los acerca al conocimiento y uso de las leyes, así como a la elaboración de propuestas de solución a problemas de interés colectivo.

  Una de las ventajas del proyecto es que los participantes experimentan y viven valores democráticos como el diálogo, la solidaridad, la participación, la tolerancia y el pluralismo.

  En cuanto al aprendizaje escolar rescata los conocimientos previos de los alumnos, así como el trabajo en equipo, además de que contribuye a vincular a la escuela con distintos sectores de la comunidad.

  Proyecto Ciudadano busca que los jóvenes comprendan que los problemas que surgen en la vida pública involucran a todos, que pueden participar directamente en la toma de decisiones de manera conjunta con la autoridad y que para participar y tomar decisiones existen reglas que facilitan la organización. Permite a los alumnos reflexionar sobre el papel que juegan los gobernantes en la elaboración de las políticas públicas y que en la democracia todos tenemos responsabilidades, en mayor o menor escala.

  El aprendizaje vivencial del programa está en que los alumnos no juegan a resolver problemas, ni a inventarlos, sino que se trabaja con problemas reales, accesibles a ellos, sobre los que pueden proponer soluciones y líneas de acción. Al investigar el problema identifican en él a otros actores políticos y sociales involucrados, buscan su apoyo, identifican la complejidad de la organización política y social, reflexionan sobre la importancia de tomar parte en los asuntos públicos y reconocen que la política no es tarea exclusiva de los políticos, sino de toda la sociedad civil.

  Un aspecto relevante a cuidar en todo el proceso educativo será el de promover una concepción realista de la democracia y evitar que los jóvenes se desanimen al enfrentar problemas derivados de la propia confrontación de ideas e intereses en el grupo, así como de la falta de respuesta o atención de parte de las autoridades hacia sus iniciativas.

  OBJETIVO

  Contribuir a que adolescentes y jóvenes se interesen por lo público y lo político, mediante el desarrollo de procesos educativos en los que a partir de problemas particulares que les afectan, desarrollen competencias para participar en el diseño de propuestas específicas de solución en las que promuevan la corresponsabilidad de la comunidad y de las autoridades.

  POBLACION OBJETIVO

- Jóvenes estudiantes de secundaria.

- Jóvenes de 16 a 20 años,₃ especialmente estudiantes de bachillerato y licenciatura, integrantes de agrupaciones políticas y organismos civiles, jóvenes en cumplimiento del servicio militar nacional, jóvenes que frecuentan espacios comunitarios de socialización (recreativos, deportivos, culturales).

  ALIADOS ESTRATEGICOS

- Las secretarías de educación en las entidades federativas; institutos estatales de las mujeres; comisiones de derechos humanos; universidades públicas y privadas; secretarías de estado; DIF estatales; organismos civiles que trabajen temas afines; partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.

  METODOLOGIA

  Cada Junta Local Ejecutiva diseñará la estrategia para la apropiación, capacitación e instrumentación del proyecto, de acuerdo a sus necesidades.

  Este proyecto se ha realizado básicamente, bajo la modalidad de taller, en el contexto del espacio escolarizado, por lo que ahora se plantea ampliar sus modalidades de instrumentación.

  En la modalidad dirigida a estudiantes de secundaria, los participantes identifican un problema que les afecta a todos como miembros de la comunidad o de la escuela misma; investigan y recaban información relacionada con el problema, por ejemplo: que hay de él en las leyes, códigos, reglamentos o políticas públicas ya existentes. Con la información recabada, realizan una investigación documental y de campo para entender el origen del problema e identificar las posibles vías de acción que les permitan resolverlo. Posteriormente, elaboran una carpeta con la información más importante para documentar o presentar evidencias del trabajo desarrollado, además de un gráfico que les servirá de apoyo para hacer una presentación oral de su investigación ante las autoridades competentes u organizaciones políticas o ciudadanas y sustentar su propuesta de plan de acción para solucionar el problema.

  En el caso de la modalidad destinada a grupos de jóvenes de entre 16 y 20 años, en espacios no necesariamente escolarizados, el planteamiento se desarrolla en las siguientes fases:

  Primera: Se diseña una serie de talleres que en conjunto desarrollen las competencias cívicas. Estos talleres se imparten en escuelas, bibliotecas públicas, espacios de socialización, módulos de registro del IFE, juntas distritales, espacios destinados para el cumplimiento del servicio militar nacional.

  Segunda: Aquellos participantes de la primera fase que muestren interés y disposición integran un grupo para iniciar la segunda fase del proyecto. Para ello, eligen un problema público que consideren que afecta a todos como miembros de la comunidad a la que pertenecen y diseñan un modelo de intervención (en interacción con las autoridades correspondientes) para resolverlo.

  DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1. Se diseña un taller de formación de docentes para que éstos a su vez lo multipliquen.

2. El taller será de 5 sesiones de dos horas cada una, más las horas que empleen los participantes en la investigación bibliográfica, la cual podrá realizarse en un periodo de dos a tres semanas.

3. Para aplicarlo, cada maestro tendrá la flexibilidad de desarrollar el Proyecto Ciudadano, en el tiempo que quiera asignar de su clase, en ese caso, el programa será tan corto o tan largo como él lo disponga. Regularmente ha tenido una duración de entre 3 y 6 meses.

4. En el procedimiento de instrumentación para el caso de jóvenes de entre 16 y 20 años de edad, se sugiere que el IFE y los aliados estratégicos formen multiplicadores entre estudiantes que deseen liberar el servicio social con esta actividad y jóvenes miembros de organismos civiles.

5. Los multiplicadores imparten los talleres de la fase uno e integrarán el grupo que continuará con la fase dos, de la cual serán los coordinadores.

6. Se sugiere que los talleres se conformen por grupos de no más de 15 jóvenes con la siguiente dinámica: 1) los participantes eligen uno de varios dilemas políticos que les propondrá el multiplicador; 2) se presenta información básica sobre el dilema elegido; 3) se lleva a cabo una discusión grupal; 4) se toma una decisión colectiva sobre cómo participar para resolver el problema elegido; 5) se destaca la importancia y utilidad de la participación; y 6) se explican procedimientos institucionales concretos de participación relacionados con el dilema discutido.

7. El objetivo fundamental de esta primera fase es despertar el interés de los participantes en asuntos públicos que les afectan directamente. Aquellos jóvenes que se muestren más interesados integrarán los grupos de la segunda fase, que a continuación se describe:

8. La duración de esta actividad es de 10 sesiones de trabajo, que pueden organizarse en dos sesiones por semana; cada una de dos a tres horas de duración. Durante las sesiones los participantes investigan y recaban información relacionada con el problema, revisan el marco jurídico e identifican a la autoridad responsable de resolver el problema. Finalmente desarrollan una propuesta de plan de trabajo para solucionarlo.

9. La responsabilidad de coordinar esta segunda fase recaerá en uno o dos de los jóvenes multiplicadores mencionados anteriormente. La función del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica será apoyar el desarrollo de las sesiones, orientando a los jóvenes coordinadores y resolviendo las dudas que surjan dentro del grupo.

10. De forma paralela y para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje y más exitoso el diseño de plan de acción, se impartirán una serie de talleres que profundicen en el desarrollo de las competencias cívicas y se diseñarán materiales con información clara y concreta sobre: qué es y para qué sirve una política pública, búsqueda de información, redacción de cartas a autoridades públicas, llamadas telefónicas con autoridades, esquema sobre las responsabilidades concretas de cada tipo de autoridad (municipal, estatal y federal), directorio de instituciones públicas y privadas a las cuales acudir, etc.

  PAUTAS PARA LA EVALUACION

  El propósito último de la evaluación será conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto, para lo cual es necesario valorar de qué manera se modifican las conductas y comportamientos de los alumnos, particularmente en cuanto a su compromiso por:

- el ejercicio de los derechos ciudadanos.

- el cumplimiento de responsabilidades ciudadanas.

- el respeto a la legalidad.

  La evaluación del proyecto deberá atender a las siguientes fases:

- La evaluación diagnóstica inicial que permite determinar la situación antes de iniciar la intervención educativa a fin de conocer el estado que guarda la población objetivo.

- Valorar el impacto de la metodología y estrategias didácticas utilizadas en el proceso educativo para, en su caso, hacer las correcciones pertinentes.

- Contar con elementos de información oportunos, que permitan identificar el grado de aprendizaje que se va generando para, en el caso de detectar deficiencias, intervenir de manera oportuna en su corrección.

  Los cinco criterios a los que debe responder la evaluación del proyecto son: 1) eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de los objetivos en función de los resultados alcanzados; 2) eficiencia, referida a la adecuada o no utilización de recursos de todo tipo (costo-beneficio); 3) pertinencia, relacionada con el contexto en el que se desarrolla el proyecto (demandas y problemas prioritarios de los destinatarios, políticas o programas concurrentes, etc.); 4) viabilidad, como la medida o el grado en el que los resultados positivos alcanzados -el interés de los jóvenes y adolescentes por participar en la solución de problemas colectivos- se mantiene aun sin apoyos externos; y 5) impacto, como los efectos o consecuencias del proyecto, particularmente en la escuela y entornos inmediatos de los participantes con quienes se instrumentó el proyecto.

1.3. EJERCICIOS DE PARTICIPACION CIVICA INFANTIL Y JUVENIL

  JUSTIFICACION

  Los ejercicios de participación infantil y juvenil, son herramientas educativas en tanto que propician la deliberación y la participación a partir de la reflexión sobre asuntos de la vida cotidiana, con lo que contribuyen a la construcción de una conciencia individual y colectiva que incluye el reconocimiento de las capacidades políticas y propicia la defensa de los derechos. Dichos ejercicios legitiman, a través de la experiencia vivencial, tres modalidades de participación: Consulta Infantil y Juvenil, Parlamento de las Niñas y los Niños de México y Elección de representantes en el espacio escolar.

  Reconociendo que uno de los problemas que han afectado la participación activa de la ciudadanía es la falta de espacios públicos que promuevan el encuentro de la pluralidad, los ejercicios de participación se constituyen en la oportunidad para complementar la formación ciudadana de niñas, niños y jóvenes, en tanto que sirven como canales que propician su acercamiento con los asuntos públicos.

  CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL

  OBJETIVO

  Abrir espacios de participación en los que niñas, niños y jóvenes ejerzan su derecho a opinar sobre temas que les interesan y planteen propuestas de atención a sus necesidades y demandas; así como promover que la sociedad en general valore, escuche y actúe en respuesta a las opiniones, inquietudes y propuestas de las niñas, niños y jóvenes al reconocerlos como sujetos de derechos.

  POBLACION OBJETIVO

- Niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 17 años de edad.

  ALIADOS ESTRATEGICOS

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Secretaría de Educación Pública (SEP); autoridades educativas de las 32 entidades federativas y representantes de los medios masivos de comunicación.

  METODOLOGIA

  El ejercicio de la Consulta Infantil y Juvenil requiere, para su función como proceso pedagógico, de tres etapas diferenciadas.

1. Etapa previa: Consiste en la definición del marco conceptual y de operación de la consulta, lo que implica la definición de las estrategias educativa, de concertación y difusión, de elaboración de materiales y de procesamiento y análisis de los resultados. Con ella se busca sensibilizar a la población respecto de la importancia de su participación, los temas de la consulta y la modalidad del ejercicio, lo que implica buscar el apoyo de autoridades educativas, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación.

2. Durante la Consulta: Consiste en el despliegue de todo un operativo logístico a nivel nacional, que logre la cobertura de los espacios urbanos, rurales e indígenas, lo que hace del ejercicio una experiencia formativa en tanto que sigue los procedimientos que establece esta modalidad de participación en un sistema democrático y genera las condiciones apropiadas para que la población objetivo se involucre no sólo expresando su opinión, sino también incorporándose al proceso de ejecución del ejercicio.

3. Etapa posterior: Está conformada por el procesamiento y análisis de la información contenida en las boletas de la Consulta, la elaboración y edición del material de promoción de los resultados y la organización de diferentes acciones que propicien su difusión o conocimiento público para su consideración y/o atención en la definición de programas o acciones. Con ella, el instituto cierra el proceso educativo pues al dar a conocer los resultados públicamente a diferentes organismos o instituciones involucradas con los temas, hace evidente el derecho de la población infantil y juvenil a ser escuchados, y los ubica ante los adultos y las instituciones como sujetos de derecho con necesidades, demandas y alternativas específicas a los asuntos de su cotidianidad. En el aspecto educativo formal, los resultados de la consulta infantil y juvenil sirven como insumo para trabajar la conciencia social y el compromiso cívico, en tanto que a partir de ellos se puede propiciar la organización de equipos de trabajo que, por lo menos en los espacios donde se desenvuelven, puedan llevar a cabo acciones que promuevan la atención de los problemas planteados en la consulta.

  DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

  La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE integra un documento base en el que se definen los objetivos específicos, el tema y los contenidos del ejercicio; y se describe la logística del ejercicio, que comprende: las actividades de elaboración de materiales didácticos y para la operación del ejercicio (boletas, urnas, distintivos, actas de casilla), de campañas de difusión, concertación de apoyos interinstitucionales y de instrumentación del ejercicio a nivel nacional.

  También tiene a su cargo la definición del contenido y formato de los materiales didácticos que apoyarán el proceso pedagógico del ejercicio, los cuales hacen referencia a la importancia de la participación de los miembros de una sociedad en la consolidación de un sistema democrático. Tanto el contenido como el diseño de dichos materiales se somete a un proceso de evaluación por parte de grupos de niños, niñas y jóvenes.

  Dado que el ejercicio está orientado a propiciar que niñas, niños y jóvenes se reconozcan como sujetos de derecho y desarrollen habilidades para la participación y la deliberación, es indispensable la planeación de una campaña de sensibilización que trasmita estos mensajes.

  En virtud de que el ejercicio se realiza a nivel nacional, se elaboran lineamientos específicos para que las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas concerten apoyos y espacios; programen las actividades de difusión; distribuyan el material para la consulta en cada casilla y organicen el desarrollo de la jornada; reúnan los paquetes de cada casilla y procesen la información conforme a las instrucciones.

  Cuando la información es procesada por oficinas centrales, con el apoyo de alguna institución educativa, se elaboran formatos que permitan obtener información preliminar que pueda presentarse a la opinión pública en un periodo de tiempo relativamente corto.

  Se presentan los resultados obtenidos a la opinión pública y se definen acciones para que, con el apoyo IFE, diversas instituciones y organismos públicos y privados puedan dar respuesta a lo expresado por los participantes.

  El que el Instituto haga un primer ejercicio de análisis de la información que se genera de la consulta, obedece a que ésta ha resultado un insumo invaluable que permite enriquecer los contenidos de los programas y otras acciones en materia de formación ciudadana que desarrolla el IFE, además de proveer de información a otras instituciones para el mismo efecto.

  PAUTAS PARA LA EVALUACION

  El proceso de evaluación de este ejercicio debe ser de utilidad para determinar:

- Si es efectivamente un espacio para la participación de todos los niños y jóvenes de México.

- Si la Consulta es percibida por niños y jóvenes como un ejercicio de participación.

- Si el material que se utiliza para realizar el ejercicio promueve efectivamente la participación entre la población infantil y juvenil.

- Si los contenidos propician el reconocimiento como sujetos de derecho y contribuyen con los procesos de formación ciudadana.

- Si las campañas de difusión son efectivas para transmitir a la población infantil y juvenil el significado de la participación.

  PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MEXICO

  OBJETIVOS

  Que los niños se apropien de los principios y valores de la democracia y los derechos de la niñez mexicana, mediante la realización de ejercicios de participación infantil en los que pondrán en práctica reglas de convivencia democrática a partir de su entorno, escolar y social.

  Fomentar la participación infantil y propiciar un espacio donde las niñas y los niños adscritos al sistema educativo del país, opinen, analicen, deliberen y discutan en torno a la problemática que afecte a su ámbito escolar o a su comunidad, en un esquema de organización y trabajo del Poder Legislativo y formulen propuestas de solución a los diversos problemas presentados.

  Difundir los resultados del Parlamento, así como llamar la atención de la sociedad y las autoridades sobre las preocupaciones y propuestas de las niñas y los niños. Asimismo, dar seguimiento a las declaraciones derivadas del Parlamento.

  POBLACION OBJETIVO

- Niñas y niños inscritos en el quinto grado de primaria.

  ALIADOS ESTRATEGICOS

- Principalmente, el H. Congreso de la Unión y la Secretaría de Educación Pública, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es deseable la incorporación de otras instituciones y organizaciones vinculadas a los ámbitos educativos y de promoción de los derechos humanos y la participación ciudadana.

  DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

  El Parlamento de las Niñas y los Niños de México está conformado por 300 niñas y niños representantes de sus distritos. En su elección, pueden participar las niñas y niños mexicanos que cursen el quinto grado de primaria o el tercer nivel de cursos comunitarios cuyas escuelas quieran participar. Las autoridades escolares informarán a la Junta Distrital correspondiente su intención de llevar a cabo la elección del representante escolar.

  El Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública y el IFE a través de sus Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, difunden la convocatoria en las escuelas de todo el país, además de llevar a cabo otras labores de promoción.

  La elección de las niñas y niños parlamentarios se lleva a cabo en dos etapas:

  1. Elección del representante escolar. Los directores de las escuelas y los profesores de quinto grado difunden la convocatoria y fijan la fecha, horario y el lugar para el desarrollo de la etapa de elección en la escuela. Los interesados en participar deberán identificar y reflexionar en torno a una problemática que afecte a su comunidad o a su ámbito escolar y analizarla, junto con la propuesta de una posible solución. Los temas mediante los cuales podrán participar son los siguientes: 1) cultura, recreación y juego, 2) derechos humanos, 3) educación, 4) grupos vulnerables, 5) medio ambiente y vivienda, 6) participación infantil, 7) radio, televisión y cine, 8) salud, 9) seguridad y justicia, y 10) trabajo (los temas son predeterminados ya que fueron desarrollados por el Congreso de la Unión, con lo cual además se intenta dar continuidad a las declaraciones de los parlamentos previos).

  El día establecido, los participantes hacen una exposición oral de sus propuestas ante los grupos de quinto grado, en un ambiente en donde prevalezca el respeto, la libertad, la igualdad, el diálogo, la tolerancia y la pluralidad.

  Una vez expuestas todas las propuestas los alumnos eligen, mediante su voto directo y secreto, al participante que consideren presentó mejor su propuesta. Las autoridades escolares pueden invitar a un representante de la Junta Distrital Ejecutiva del IFE, así como a los representantes de las instituciones convocantes, como testigos de honor el día de la elección en la escuela.

  Las autoridades escolares, junto con los representantes de las instituciones que estuvieran presentes, seleccionarán a 2 alumnos como escrutadores, que serán los encargados de efectuar la revisión y el conteo de las boletas para determinar qué niña o niño obtuvo la mayoría de votos. El nombre de la niña o el niño electo como representante de escuela es publicado en cada escuela y registrado ante la Junta Distrital Ejecutiva del IFE correspondiente.

  2. Elección de representante distrital. Las niñas y los niños electos, junto con demás alumnos, directivos y profesores, son convocados por la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente a la convención distrital. En esta etapa, las niñas y los niños electos exponen nuevamente sus temas para posteriormente dialogar entre sí, exponiendo sus ideas, consideraciones e impresiones que cada uno experimentó en relación con el desenvolvimiento de sus iguales. Una vez concluido este ejercicio los alumnos presentes elegirán al legislador infantil propietario y al suplente. La niña o niño que obtenga la mayoría de votos ocupará el cargo de legislador en calidad de propietario. El alumno que obtenga el segundo lugar en la votación ocupará el cargo de suplente. En caso de empate, se repetirá el proceso de elección en donde surja el legislador infantil propietario y suplente. En su caso, el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del IFE y los Vocales que lo acompañen durante la convención, tomarán la decisión para adoptar el procedimiento que permita el desempate.

  Una vez que se han realizado las dos etapas de elección, conjuntamente los representantes del IFE y la Secretaría de Educación Pública en la entidad federativa informarán a los legisladores infantiles electos, familiares y autoridades escolares, sobre su trasladado a la sede del Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

  Las niñas y niños parlamentarios propietarios son trasladados a la sede del parlamento, en el cuál realizan actividades de inducción previas a su participación en las sesiones, como talleres sobre los valores y prácticas democráticas, así como el conocimiento de sus derechos. El trabajo del Parlamento tiene una dinámica similar al Poder Legislativo: las niñas y niños exponen sus temas y desarrollan conclusiones en comisiones, posteriormente tienen unan Sesión Plenaria y finalmente se emite una declaratoria con las conclusiones de los trabajos.

  PAUTAS PARA LA EVALUACION

  Se evaluarán los conocimientos de los niños parlamentarios en torno a los principios y valores de la democracia, los derechos de la niñez, así como su percepción de la participación y deliberación como instrumentos para resolver problemas.

  Se diseñará un cuestionario adecuado a la edad de las niñas y niños parlamentarios en el cuál se les harán preguntas como: ¿Qué piensas tú que es la democracia? ¿Cuáles son los derechos de las niñas y los niños? ¿Por qué crees que es importante participar en el Parlamento? ¿Crees tú que es posible que personas que tienen diferentes opiniones respecto de cómo resolver un problema puedan ponerse de acuerdo? ¿Qué virtudes o habilidades crees que deba tener alguien que participa en un parlamento?

  El cuestionario se enviará a las 300 Juntas Distritales Ejecutivas a fin de que lo apliquen a las niñas y niños parlamentarios electos en las convenciones distritales. Posteriormente, remitirán una copia de esta información a las oficinas centrales.

  Este ejercicio se aplicará a las niñas y niños parlamentarios una vez que hayan concluido los trabajos del Parlamento. Se puede aplicar de manera directa (en papel a cada niña y niño) o bien de manera abierta mediante un ejercicio de debate. Las respuestas que den se compararán con las que dieron antes del Parlamento y se analizarán a partir de una muestra.

  METAS 2005-2010

  Principalmente, lo que se espera es que las niñas y niños parlamentarios adquieran conocimientos relativos a los valores de la democracia a los derechos que les corresponden como niños. Asimismo, se proyecta que adquieran una noción positiva de la participación y la deliberación, que asuman el diálogo y la deliberación como herramientas necesarias para la resolución de problemas y que reconozcan que un buen parlamentario debe tener cualidades como ser tolerante, tener capacidad de comunicación con los demás, reconocer la valía de los argumentos contrarios etc.

  ELECCION DE REPRESENTANTES EN EL ESPACIO ESCOLAR

  OBJETIVO

  Que los alumnos, a partir de los procesos de elección de sociedades o mesas directivas de alumnos, lleven a la práctica valores y principios fundamentales de la democracia, que conozcan las diferentes etapas de un proceso electoral y la normatividad que las regula, desarrollen las destrezas correspondientes y se apeguen a las normas que darán certeza y transparencia al proceso de elección y la confiabilidad de los resultados.

  POBLACION OBJETIVO

- Alumnos de primaria, de secundaria, y de bachillerato.

  ALIADOS ESTRATEGICOS

- Autoridades educativas federales y estatales y Organismos electorales locales.

  METODOLOGIA

  El desarrollo del proyecto está apoyado de dos materiales básicos que sirven de guía a profesores y alumnos, y proporciona elementos pedagógicos necesarios para su instrumentación. El primero es un manual, que está dirigido a todas aquellas personas que instrumentarán el ejercicio en los tres niveles educativos (primaria, educación secundaria y nivel medio superior), y el segundo es el Código Escolar Electoral, cuyo objetivo es regir los procedimientos mediante los cuales se desarrollará el ejercicio cívico₄.

  El ejercicio de elección escolar se desarrolla en las siguientes fases:

  Convocatoria y campañas

  Preparación de la Jornada Electoral Escolar.

  La Jornada Electoral Escolar.

  Resultados de la Jornada Escolar Electoral.

  En cada una de las etapas se desarrollan distintas actividades que vienen descritas en el manual anteriormente mencionado. Asimismo contiene la descripción de las actividades que le corresponde realizar a cada integrante de las mesas de votación.

  Este ejercicio de participación y elección tiene como propósito familiarizar a la población estudiantil con el ejercicio del derecho a elegir (el voto) así como con prácticas cívico-electorales. Una de las formas más fáciles de inducir ese comportamiento democrático es el de organizar, dentro de los programas académicos oficiales, una versión escolar del proceso constitucional de elección de representantes.

  Un aspecto a reforzar para los futuros ejercicios de esta naturaleza será el de favorecer la generación y debate de propuestas entre candidatos y comunidad educativa, así como el seguimiento, a partir de la elección de las sociedades o mesas directivas de alumnos, del desempeño de las mismas y el cumplimiento de sus compromisos de campaña.

  PAUTAS PARA LA EVALUACION

  Dadas las características del ejercicio, y partiendo de que se trata de un ejercicio educativo mediante el cual los estudiantes eligen, en un proceso democrático, a quienes habrán de ser sus representantes, se requiere de una evaluación de tipo cualitativa que permita conocer en un primer momento los avances que tienen los alumnos en cuanto al desarrollo y aplicación de valores que lleva implícito un ejercicio de elección. En este sentido se debe considerar que se trata de una evaluación constante basada en la observación minuciosa de las conductas de quienes participan en el proceso. Por otro lado y no de menos importancia, se debe evaluar también de manera cualitativa la organización y participación del resto de la comunidad educativa que se ve involucrada en el desarrollo de ejercicios de esta naturaleza.

  El ejercicio también implica una evaluación cuantitativa que permita calcular el número de estudiantes que participan en el proceso de elección, así como la cantidad de votos emitidos, que no necesariamente reflejan el número total de participantes.

  En cuanto a la evaluación cualitativa, se trata de apreciar durante el proceso y a mediano plazo:

  los avances que tienen los estudiantes con relación a las competencias democráticas, a través de la participación, el análisis y la reflexión educativa, (juicio crítico, capacidad de análisis, participación, resolución de conflictos, diálogo, etc.)

  los elementos teóricos, de juicio y actitudinales que los estudiantes pongan en práctica a fin de desarrollar su capacidad de análisis y de discusión que les permitan tomar decisiones personales y colectivas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad.

  En este sentido se debe tener en cuenta que una evaluación cualitativa tiene que ser constante y periódica, es decir, es necesario reforzar continuamente los valores y las actitudes que permitan desenvolverse en sociedad y favorezcan la convivencia democrática.

  A fin de llevar un registro que permita detectar si verdaderamente el ejercicio está promoviendo prácticas democráticas y elevando el grado de interés en asuntos colectivos en los alumnos y por ende, el nivel de participación de los mismos, la evaluación tiene que ser cuantitativa y concreta, pues es importante abarcar datos numéricos que tienen que ver con el nivel de participación por parte de los estudiantes y por parte de la comunidad educativa en general.

  Los tres proyectos que se presentan en este apartado corresponden a iniciativas formuladas por el Comité Técnico de Especialistas que coadyuvó en la elaboración del programa estratégico. Su propósito general es proveer alternativas para la instrumentación de la política de educación cívica.

  Atienden de manera particular a los Objetivos 1 y 2 de este programa y responden a las líneas de acción programática 2, 4 y 5 (Promoción del debate público acerca de la democracia y la ciudadanía, Educar para la participación en la vida pública y el ejercicio de ciudadanía y Fortalecimiento del tejido social, respectivamente).

  La descripción de cada uno de estos proyectos plantea la manera en que éstos pueden ser desarrollados. Por su naturaleza, se considera que los mismos pueden iniciarse en el año 2005, cada uno con grados de avance distintos.

  2.1. EL VOTO: UNA VIA PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD

  JUSTIFICACION

  El voto libre y secreto, como derecho político fundamental de toda democracia, brinda a los individuos la oportunidad de llamar la atención sobre sus necesidades e intereses generales, y demandar que las autoridades políticas lleven a cabo acciones para satisfacerlas.

  En una democracia moderna la legitimidad de las autoridades políticas depende en gran parte de la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. En las últimas elecciones federales el abstencionismo ha ido aumentando hasta alcanzar casi 60% en el 2003. Este fenómeno no sólo afecta a un partido político en particular sino al sistema político democrático en general. Al socavar la legitimidad de las autoridades, un alto índice de abstencionismo también reduce el apoyo y la cooperación de los ciudadanos en las políticas públicas y acciones de gobierno.

  Si en una democracia el voto es: una vía de comunicación entre gobernantes y gobernados; un canal indispensable para que las demandas ciudadanas lleguen a las instituciones del Estado: un medio de control de los gobernados sobre los gobernantes; un instrumento para la rendición de cuentas.

  Entonces, además de organizar las elecciones, y asegurar su transparencia, el IFE, mediante la divulgación de la cultura política democrática y el desarrollo de competencias cívicas, debe contribuir a elevar el nivel y la calidad de la participación electoral como una condición necesaria para fortalecer la ciudadanía democrática en México.

  OBJETIVOS

  Incrementar la intención de votar entre la población que participe en este proyecto mediante procesos educativos que permitan revalorizar al voto como mecanismo importante de transformación e incidencia ciudadana en lo público, así como desarrollar competencias cívicas básicas para el ejercicio del voto libre y razonado.

  Dotar de contenidos educativos a las tareas de capacitación electoral para que su función no sólo se limite a realizar sus labores de manera adecuada sino a sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de las elecciones para la resolución pacífica de los conflictos sociales y la rendición de cuentas de los gobernantes.

  POBLACION OBJETIVO

- Ciudadanía en general, con énfasis en aquellos que presentan mayores niveles de abstencionismo₅

- Mujeres y Hombres adultos, quienes por su condición económica o laboral presentan mayores riesgos de sufrir coacción para ejercer su derecho al voto.

- Capacitadores electorales, funcionarios de casilla y observadores electorales.

- Público políticamente atento para la formación de multiplicadores, representantes de los medios de comunicación, militantes de partidos y agrupaciones políticas.

  ALIADOS ESTRATEGICOS

- Institutos Estatales Electorales; partidos y agrupaciones políticas; instituciones de educación superior; medios de comunicación y líderes de opinión; organizaciones civiles y sociales e instituciones públicas diversas de los tres niveles de gobierno.

  METODOLOGIA

  A partir de los lineamientos del marco pedagógico de la política de educación cívica, se diseñará una serie de actividades formativas enfocadas a que los participantes conciban el ejercicio de su derecho al voto, como la vía para lograr cambios sin violencia en la sociedad, el medio que permite a los ciudadanos contar con un sistema de rendición de cuentas para controlar los posibles abusos de quienes están en el poder, un instrumento que posibilita la intervención de los ciudadanos en el gobierno y que brinda la oportunidad de atender sus necesidades e intereses generales y demandar acciones para que sean satisfechos₆.

  La instrumentación de este proyecto será de manera permanente con énfasis durante los procesos electorales federales y locales.

  Dado que está dirigido a población con características muy diversas, deberá adaptarse de acuerdo con el perfil de cada uno de los grupos arriba presentados.

  En el caso de los ciudadanos en general, se contempla trabajar por medio de un taller que desarrolle los temas arriba expuestos a partir de preguntas detonadoras, material didáctico claro y sencillo y actividades grupales (debate, socio drama, exposición, cine comentado).

  Para el grupo de capacitadores y observadores electorales, el proceso de formación, deberá incluir los temas mencionados, además de los contenidos de capacitación electoral. Para el caso de los procesos electorales locales se propiciará el diseño conjunto con las autoridades electorales correspondientes.

  Para el último grupo enunciado, se contemplan talleres, así como conferencias con especialistas.

  En todos los casos se otorgarán constancias de participación.

  Las actividades incluirán, en todos los casos, material didáctico sobre delitos electorales y compra y coacción del voto, los cuales atentan contra los derechos de la ciudadanía por incidir y participar en los asuntos públicos.

  Los temas se podrán impartir de manera independiente o secuencial, con diferente duración y en diversas modalidades como: talleres, cursos, conferencias, etc., o de manera integral. Cualquiera de las dos modalidades no debe tener una duración mayor a dos horas y media. Asimismo, para cada tema se integrará una carpeta maestra , que contendrá material de apoyo para el Vocal y los posibles multiplicadores responsables del proyecto: materiales didácticos, lecturas, así como propuestas de ejercicios y dinámicas grupales.

  Este proyecto se podrá aplicar conjuntamente con otros proyectos dirigidos a población adulta, como complemento de su formación ciudadana. Asimismo, un aspecto relevante a considerar en su instrumentación es el diseño de diversas estrategias de convocatoria que motiven e interesen a los públicos destinatarios a participar. Para ello, las alianzas estratégicas con instituciones públicas son fundamentales.

  DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1. Diseño del manual de procedimientos y elaboración de los ficheros didácticos

2. Capacitación de multiplicadores (Vocales del ramo Locales y Distritales y aliados estratégicos)

3. Planeación estratégica para la implementación del proyecto en todo el país.

4. Piloteo del proyecto

5. Ajustes finales

6. Implementación

7. Evaluación acorde a los objetivos del proyecto.

  PAUTAS PARA LA EVALUACION

  Para el primer grupo (ciudadanía en general): se medirá la intención de votar de los participantes antes y después de la impartición de los talleres (entre más aumente el número de participantes que cambian su intención de NO participar a participar, la valoración será mayor); además de que se organizará un simulacro de toma de decisión colectiva antes y después de la impartición de los talleres para medir el uso de las competencias: (ejercicio de la razón pública, regla de la mayoría, respeto a los intereses de las minorías y solución pacífica de conflictos). Se elaborará una lista de control para cada simulacro y se compararán para medir los cambios.

  Para el grupo de capacitadores y observadores electorales: antes y después de la impartición del taller, el grupo llevará a cabo una lluvia de ideas sobre el tema la importancia del voto; se evaluará si la lista de conceptos mejoró en cantidad y calidad respecto a los conocimientos que se manejaron en el taller.

  Para el tercer grupo: se diseñarán versiones específicas para este grupo, tanto de la lluvia de ideas o mapa mental, como del simulacro descritos para los otros grupos. Se registrarán los cambios para evaluar la adquisición de competencias.

  La evaluación la llevarán a cabo los propios multiplicadores con los formatos diseñados en la DECEyEC. La información se recopilará en una base de datos por público objetivo por entidad.

  METAS 2005-2010

  En general las metas a lograr con el presente proyecto, se podrían describir en términos de que los participantes en los talleres muestren cambios que nos permitan inferir que están adquiriendo las competencias deseadas. Para las elecciones federales del 2006 el objetivo sería aplicar el proyecto en grupos previamente seleccionados. Para las elecciones federales del 2009, el objetivo sería que la totalidad de CAES, observadores electorales, representantes de todos los partidos políticos y APN S con registro hayan tomado este taller y se obtengan resultados positivos en el promedio de la evaluación.

  ACCIONES PARA 2005

  La realización del proceso electoral federal 2005-2006 demanda ubicar de manera prioritaria este proyecto para 2005. De esta manera, las acciones que deberán contemplarse son:

- Identificación de grupos de población que en cada distrito electoral y entidad presentan mayores índices de abstencionismo (la referencia inmediata son las elecciones federales de 2003) para realizar talleres específicos dirigidos a ellos.

- Elaboración de materiales didácticos que señalen de manera sencilla y directa la importancia de los procesos electorales y la participación ciudadana, con base en los conceptos clave desarrollados en el presente proyecto.

- La inclusión de criterios y contenidos cívico-educativos en la estrategia de capacitación electoral para la integración de mesas directivas de casilla, así como en la campaña institucional de promoción del voto.

- La realización de este taller en el programa de capacitación que se dirigirá a los capacitadotes-asistentes electorales.

  2.2. RED DE COMUNICACION Y APOYO PARA LA EDUCACION CIUDADANA

  JUSTIFICACION

  Desde los inicios de su actuación, el Instituto ha participado en el impulso del conocimiento y la práctica de la educación ciudadana en otras organizaciones e instituciones, a través de la organización de diversos eventos comunes de estudio y el establecimiento de múltiples convenios de colaboración con ellas para el desarrollo e instrumentación de acciones educativas en torno a la ciudadanía y la democracia.

  La pertinencia de continuar con esta línea de acción se reafirma a la luz de los planteamientos del marco teórico, que resaltan la importancia de contar con un denso tejido de redes sociales que asocien al ciudadano con el espacio público a fin de que éste ejerza efectivamente la ciudadanía; la percepción de que todo mecanismo institucional y público que detone organización social y apego a la legalidad fortalecerá la acumulación de una cultura irreversiblemente democrática y la necesidad de que tanto las instituciones del Estado como las organizaciones civiles cuenten con políticas educativas que desarrollen en el sujeto las capacidades democráticas que requiere para la participación.

  La continuidad de la línea requiere, sin embargo, un cambio de enfoque operativo que le permita tanto al IFE como a las demás instituciones incrementar el efecto de sus esfuerzos que en múltiples ocasiones resultan inconexos y faltos de sinergia. La experiencia en otros campos de actividad pública y en el ámbito educativo mismo muestra que la constitución de redes de apoyo y comunicación es una modalidad que incrementa la ejecución común de acciones, la construcción compartida de significados, así como de un mayor aprendizaje organizacional de las tareas propias del campo. De ahí que se vea conveniente adoptar esta forma organizativa para canalizar la colaboración del IFE con otras entidades públicas y privadas.

  OBJETIVOS

  General: Constituir un espacio de comunicación y apoyo que promueva aprendizajes organizacionales en torno a la educación ciudadana.

  Particulares: se buscará alentar especialmente los siguientes aprendizajes organizacionales:

- Visión estratégica de la formación ciudadana.

- Gestión participativa de proyectos educativos.

- Metodologías activas.

- Evaluación y seguimiento de proyectos.

- Liderazgo pedagógico.

  También específicamente se buscará incorporar al proyecto a los siguientes públicos:

- Personal de las instituciones oficiales que por mandato de ley están involucradas en el desarrollo de una cultura democrática y de las organizaciones sociales que tengan entre sus funciones la educación de ciudadanos (organismos electorales locales, secretarías de educación estatales, asociaciones cívicas y políticas, etcétera.)

- Personal de las vocalías de capacitación electoral y educación cívica del IFE.

  METODOLOGIA

  Este proyecto adopta como punto de partida la convicción de que el desarrollo de la capacidad para formar ciudadanos en una institución u organización sólo es posible si los integrantes de la misma valoran positivamente esa función, saben cómo impulsarla y se habilitan para propiciarla. Por tal razón, impulsa una serie de actividades conectadas con esos tres objetivos, agrupadas en dos frentes de trabajo:

1. La formación básica de los formadores.

  La apertura de este frente de trabajo tiene como propósito desarrollar en los responsables los aprendizajes que requieren en su papel de formadores de ciudadanos. Con ello se busca que los formadores se apropien de conocimientos, metodologías y técnicas básicas que les permitan mejorar su trabajo formativo.

  Propuestas pedagógicas para este propósito:

- Talleres regionales en los que, mediante la demostración práctica de experiencias, los formadores se apropiarán de los conocimientos y maneras de proceder que pueden llevar a mejorar la capacidad formativa de las instituciones.

- Seminario interactivo en el que, mediante la comunicación vía Internet organizada por la DECEYEC, se discutirán tópicos sobre la educación ciudadana que permitan fundamentar e instrumentar mejores propuestas de formación ciudadana.

  2. Intercambio de saberes y experiencias sobre la educación ciudadana.

  Este frente de trabajo pretende incentivar el intercambio de saberes y experiencias entre las unidades del IFE y de otras instituciones u organizaciones que llevan a cabo tareas de formación ciudadana con el propósito de fortalecer su desempeño.

  Para ello, el IFE promoverá la conformación de una red interinstitucional e intrainstitucional de unidades operativas que desarrollen tareas de formación ciudadana, a fin de compartir los aprendizajes y las realizaciones que cada una de ellas considera valioso dar a conocer.

  Esta red se integrará en torno a las siguientes actividades:

- Encuentros entre unidades para dar a conocer los proyectos en los que cada una está trabajando, así como concertar acciones con otras unidades en torno a objetivos comunes.

- Revisión de experiencias en las que unas unidades podrán aprender de manera práctica la forma en que otras unidades resolvieron un determinado problema de formación ciudadana. Para llevar a cabo la revisión, se programarán visitas a experiencias relevantes, desde el punto de vista del marco teórico y metodológico del programa estratégico, y exitosas, desde el punto de vista de la experiencia misma.

- Formadores que enseñan a otros formadores, consistente en la conformación de grupos de formadores prácticos que se pondrán a disposición de quienes inician una experiencia semejante a la suya para acompañarlos en su propósito.

- Sección formativa en el portal de Internet del IFE, mediante la cual se propiciará la comunicación a distancia entre las unidades y se pondrán a disposición de las mismas diferentes informaciones, en forma de foros, páginas temáticas o noticias, además de recursos para la gestión educativa y el desempeño pedagógico directo con los destinatarios.

  El diseño de los talleres regionales y del seminario interactivo estará a cargo de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE. Los talleres serán impartidos por personal que provenga, preferentemente, de la misma región en que se desarrollará cada uno de ellos; mientras que el seminario será coordinado por personal de la DECEYEC. La invitación a participar en ambos tipos de eventos, será abierta.

  En el caso de la red, se efectuará un diagnóstico por entidad para detectar a las instituciones y organizaciones que tienen experiencias valiosas que compartir, así como a las que deseen enlazarse para aprender. Todas ellas serán invitadas a participar en la red en forma interpersonal. La DECEYEC coordinará directamente los encuentros y la sección formativa del portal; la organización de las visitas y los enlaces con los formadores que enseñan a otros formadores , será responsabilidad de la vocalía de Capacitación Electoral de la Junta Local en que éstos se ubiquen.

  METAS 2005-2010

  PAUTAS PARA LA EVALUACION

  La evaluación del proyecto considerará dos dimensiones del aprendizaje:

  1) El personal, que a su vez se abordará, por una parte, en los participantes de los talleres, el seminario o los intercambios de la red y que se medirá con los procedimientos e instrumentos tradicionalmente utilizados para este propósito (ensayos, solución de casos, etc.) y por otra parte, el de los ciudadanos destinatarios de los proyectos que hayan sido gestados o modificados en el seno de la red, que se medirá con un test de competencias.

  2) El organizacional, que se tratará de valorar a través de las modificaciones que hayan sido introducidas efectivamente a los procesos de formación de las instituciones u organizaciones de los participantes, después de haber sido aprendidas por los mismos en los talleres, el seminario o los intercambios de la red.

  2.3. EVALUACION CIUDADANA DE LA DEMOCRACIA EN MEXICO

  JUSTIFICACION

  En nuestro país no existen antecedentes para este tipo de proyecto, el ejemplo más cercano de una estrategia exitosa similar es el caso de Costa Rica, donde desde hace 10 años se ha instrumentado el proyecto denominado El Estado de la Nación , que consiste en una evaluación sistemática, con el concurso de una vasta red de ciudadanos e instituciones académicas y de gobierno, de los avances y pendientes de la democracia de ese país en términos de cumplimiento de derechos y de desempeño del gobierno.

  En años recientes se han impulsado dos experiencias concretas de ejercicio de una Auditoría Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia , en las que, usando instancias de evaluación basadas en espacios públicos, con la participación de académicos destacados, así como encuestas y grupos de enfoque, se han analizado a fondo las percepciones y diagnósticos que los ciudadanos costarricenses tienen sobre su propia vida política.

  La realización de un proyecto de esta naturaleza en México puede significar un avance importante para contribuir al desarrollo de la vida democrática y responde a varios de los criterios y postulados de la política de educación cívica del IFE:

  La importancia de que la democracia mexicana se fortalezca mediante el ejercicio libre, informado, tolerante y razonado de la deliberación ciudadana.

  El impacto educativo de la deliberación y la participación en la vida pública.

  La trascendencia del papel del Estado en la construcción de la conciencia ciudadana, mediante prácticas concretas que vinculen directamente al ciudadano con el ejercicio público a partir de su incorporación en procesos de consulta, elaboración, concertación y evaluación tanto de las leyes como de políticas públicas.

  El reconocimiento del IFE como órgano autónomo e imparcial con capacidad de convocatoria para generar sinergias que favorezcan la participación, y por ende la formación ciudadana, en aras de contribuir al desarrollo de la vida democrática mexicana.

  Con la realización de un proyecto de esta naturaleza, el IFE puede fortalecerse como un órgano de Estado que, efectivamente, reconoce y promueve el derecho de la ciudadanía a evaluar la calidad de su democracia. En efecto, el IFE contribuirá, al igual que lo hace con la organización de elecciones libres y transparentes, al desarrollo de la vida democrática en México.

  OBJETIVOS

   Propiciar la creación de mecanismos e instancias públicas de análisis y debate sobre la calidad de la democracia mexicana.

   Facilitar, mediante métodos y prácticas específicas, el desarrollo de competencias ciudadanas diversas, así como el aprendizaje colectivo sobre el significado y contenidos de la democracia: el debate público informado sobre la calidad de la vida pública, la evaluación de la existencia o no de oportunidades para el desarrollo social y cultural de la ciudadanía y la verificación de la correspondencia operativa entre instituciones del Estado y el cumplimiento de derechos.

  POBLACION OBJETIVO

  Miembros de instituciones educativas (ante todo universidades), organizaciones sociales y civiles, representantes de los medios de comunicación, así como ciudadanos en general que deseen hacer uso de sus capacidades de juicio crítico aplicadas a la evaluación de la calidad de la democracia.

  ALIADOS ESTRATEGICOS

- Instituciones públicas federales y estatales; Cámaras de Diputados y de Senadores; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Partidos políticos; Instituciones académicas; Organizaciones civiles y sociales y Medios de comunicación.

  METODOLOGIA

  Este proyecto pretende ir construyendo en el tiempo la capacidad colectiva de evaluación de la vida pública a través de ejercicios progresivamente más complejos y amplios sobre diversas dimensiones de interés ciudadano. Para ello es imprescindible la vinculación de capacidades académicas, institucionales y mediáticas en un esfuerzo conjunto de ejercicio de la razón pública que, dado el tamaño y complejidad de nuestro país, deberá avanzar por etapas y regiones antes de lanzar un ejercicio nacional.

  En primera instancia, se promoverá la creación de un comité técnico a nivel nacional encargado de definir la organización técnica y social de la evaluación (modelo central), así como realizar un cabildeo y explicación públicas de sus funciones en el ánimo de lograr la cooperación de los poderes de la nación, los partidos políticos y las principales organizaciones sociales y civiles del país; es decir, deberá lograr un mandato fundado en un acuerdo sobre los estándares mínimos de la calidad de la vida democrática a la que como nación aspiramos.

  En segundo lugar, será necesario convocar a los actores políticos y los poderes del Estado para establecer un mandato a esta comisión sobre la base de un reconocimiento de la conveniencia de contar con evaluaciones independientes y participativas de la vida pública, las cuales señalen los horizontes deseables de la construcción democrática. Este paso puede plantearse directamente en un nivel nacional o en un nivel estatal y/o regional, dependiendo del interés y colaboración de las instituciones académicas y de la disposición de los actores políticos e institucionales.

  En tercer término, habrá de establecerse una estrategia específica para el trabajo de campo, que deberá estar compuesta por una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, de espacios de debate abiertos a la ciudadanía, de eventos públicos sucesivos y complementarios y de instancias de consulta diseñadas para facilitar la expresión de la opinión pública.

  Finalmente, deberá procederse a la realización misma del trabajo de campo para reunir los resultados, procesarlos y presentarlos en una serie de foros y seminarios que nuevamente induzcan al debate y a una evaluación del trabajo mismo. En este proceso será central la creación de espacios de intercambio de opiniones entre académicos, ciudadanos y representantes de los poderes del Estado. El ciclo culminará con la publicación de los resultados y el inicio de un nuevo ciclo de evaluación.

  METAS 2005-2010

  PAUTAS PARA LA EVALUACION

  La evaluación de los esfuerzos deberá diseñarse junto con el ejercicio mismo. La reflexión sistemática y pública es un eje central de todo este programa, de manera que los balances de lo que se hace son parte central de su propio quehacer. La Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral deberá recibir un informe trimestral de las actividades preparatorias de la Evaluación Ciudadana, y aprobar el proyecto definitivo de la primera experiencia una vez elaborado. El monitoreo de avances se hará mensualmente una vez iniciado formalmente el proceso.

  La evaluación se fundará en el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y en la capacidad del programa para desarrollar las competencias y habilidades en la ciudadanía que han sido antes enunciadas. El conjunto de la experiencia como ejercicio en continua evolución y extensión, deberá entenderse en un proceso de desarrollo de largo plazo que buscará consolidar la idea del ejercicio crítico de la razón pública en la cultura política nacional.

  El proyecto que se presenta en este apartado está vinculado con el Objetivo II y la línea de acción programática 4, relativa a educar para la participación en la vida pública y el ejercicio de ciudadanía.

  Debido a que su propósito final es desarrollar un modelo de educación ciudadana para adultos, que pueda ser adaptado a distintos ámbitos de la vida pública que sean de interés de los públicos prioritarios a los que se dirija, se plantea la realización de una prueba piloto durante el año 2005, en seis municipios del país.

  3.1. CONSTRUYAMOS JUNTOS UN MEJOR GOBIERNO

  JUSTIFICACION

  La realización de un proyecto de esta naturaleza responde a varios de los criterios y planteamientos de la política de educación cívica del IFE, a saber:

  La importancia de mantener una visión de la democracia que vaya más allá de la libertad de elección y del voto y que coloque en el centro la deliberación y la participación ciudadana.

  La dificultad que representa para la ciudadanía definir el espacio público y el privado, así como su relación con lo político, además de la dificultad de vincular todo esto con su vida diaria.

  Los efectos formativos de la participación en la vida pública para favorecer la construcción de ciudadanías democráticas.

  La importancia de abordar a los sujetos de la acción educativa a partir de temas o problemáticas que les resultan importantes para su vida cotidiana y en las que su intervención puede generar un beneficio directo.

  El reconocimiento del papel del IFE como órgano de estado con capacidad de convocatoria para generar sinergias que favorezcan la participación y la formación ciudadana en distintos temas de la vida pública.

  Es por ello que se ha pensado en diseñar una propuesta educativa que, en colaboración con otras instancias, promueva la participación ciudadana para incidir en mejores condiciones de vida y por ende, en la generación de mayores condiciones para el ejercicio de derechos.

  Lo anterior, a partir de involucrarse en el análisis, generación de propuestas y seguimiento de las acciones gubernamentales en los ámbitos prioritarios para la funcionalidad de la vida cotidiana y el acceso y disfrute de derechos ciudadanos en comunidad, tales como: educación, salud, vivienda, seguridad pública y servicios públicos (agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, etc.).

  A través de las competencias cívicas que se puedan desarrollar con los participantes de este proyecto y del conocimiento de sus derechos y responsabilidades reconocidas en diversos ordenamientos legales, será posible dotarlos de las habilidades necesarias para poder participar activamente y ejercer sus derechos ciudadanos para evaluar, identificar prioridades y generar propuestas de solución, de tal manera que junto con sus autoridades, construyan un municipio mejor para las generaciones presentes y futuras.

  En su instrumentación debe considerarse de manera prioritaria la atención de grupos que enfrentan mayores dificultades para el ejercicio de sus derechos.

  Con la realización de un proyecto de esta naturaleza, el IFE podrá avanzar en el diseño de un modelo -flexible e integral- de educación cívica para adultos, el cual pueda adaptarse a más temas públicos que sean prioritarios en las diversas regiones del país.

  Con el diseño de dicho modelo, el IFE contribuiría, al igual que lo ha hecho con el sistema educativo nacional, a formular concepciones, procedimientos y metodologías que favorezcan la formación ciudadana de distintos sectores de la sociedad mexicana -particularmente de quienes enfrentan mayores dificultades para el acceso y ejercicio pleno de sus derechos- en colaboración con las instituciones públicas que por ley tienen la encomienda de atenderles y de generar mecanismos de participación ciudadana, así como con organizaciones civiles y sociales.

  OBJETIVO

  Contribuir al desarrollo de competencias cívicas de población adulta en situación de marginalidad, con el fin de dotarles de herramientas e interesarlos en intervenir en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades y fortalecer los mecanismos de ley que regulan la participación ciudadana en asuntos públicos.

  POBLACION OBJETIVO

   Mujeres y hombres adultos

   Autoridades locales

  ALIADOS ESTRATEGICOS

   Autoridades locales, estatales y federales

   Instituciones de educación de adultos

   Organismos civiles

  METODOLOGIA

  Este proyecto comprende tres fases de desarrollo:

  Primera.- Con apoyo de los talleres y materiales que ha diseñado el IFE, se facilitará la reflexión del grupo sobre el concepto amplio de democracia y sobre el hecho de que la participación ciudadana no puede restringirse al ejercicio del voto, sino que debe ampliarse a fin de influir en el logro de mejores condiciones para el acceso y disfrute de derechos.

  Durante los talleres se abordarán temas con los que se profundizará al respecto de valores democráticos tales como diálogo, tolerancia y participación y se mostrará un mosaico de ejemplos exitosos de participación ciudadana, en los que el resultado obtenido haya representado una mejora para la comunidad, para lo cual será necesario utilizar las prácticas exitosas que documente el IFE derivadas tanto de proyectos propios, como de otras organizaciones sociales (presentadas no sólo en textos, sino en videos, fotos y de ser posible, facilitando visitas de intercambio, o comunicación vía Internet en las plazas comunitarias donde exista este servicio).

  Para ello, se utilizarán algunos módulos de talleres ya existentes en el IFE sobre democracia y sus valores. En el caso de la transmisión de experiencias exitosas, fundamental para motivar a los ciudadanos a partir de casos concretos, se requerirá terminar la recopilación que está haciendo el IFE y reunir un buen número de ejemplos de otras instituciones públicas, así como de organizaciones de la sociedad civil.

  Segunda.- Con la participación de los aliados estratégicos del IFE en el proyecto, se presentará la opción de influir en los destinos de sus comunidades, a partir del conocimiento y aplicación de diversos mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, establecidos en ordenamientos legales (federales, estatales y municipales). Para cubrir los objetivos de esta fase, será necesario que de manera previas se investigue y sistematicen diversos ordenamientos legales que reconozcan y regulen la participación ciudadana en asuntos públicos.

  Tercera.- En esta etapa, se explicarán los mecanismos de participación que existen en diversos ordenamientos legales y se les motivará a efectuar un ejercicio práctico para aplicar las competencias adquiridas. Se proporcionarán herramientas específicas para el caso práctico, tales como: elaboración de diagnósticos comunitarios, presupuestos participativos, diseño de mecanismos para ejercer la contraloría social, elaboración de propuestas de política pública, etc.

  En lo que se refiere a las autoridades, el proceso ayudará a sensibilizarlos sobre la importancia de la participación ciudadana para el éxito de su función y el bien de la comunidad. Ello ayudará, en general, a consolidar los lazos de cooperación y confianza necesarios entre los ciudadanos y sus autoridades.

  El IFE participará en la tercera fase en los talleres donde se proporcionará la información y en caso de que el grupo decida poner en práctica las competencias adquiridas, su responsabilidad será sólo la de recabar información al final del proceso para la evaluación y sistematización del ejercicio.

  Para el desarrollo de esta fase, será necesario preparar materiales especiales en los que se incluyan dinámicas las dinámicas de análisis y desarrollo de casos. En cuanto a la información específica de los temas o ámbitos que hayan definido los participantes, se buscará el apoyo de los aliados estratégicos para la planeación de los módulos, así como la regionalización de contenidos para favorecer una mejor comprensión.

  PAUTAS PARA LA EVALUACION DEL PROYECTO

  El propósito último de la evaluación será conocer el nivel de cumplimiento del objetivo del proyecto, el cual se puede desplegar de la siguiente manera:

- Desarrollar competencias cívicas, tales como: 1) perspectiva social y búsqueda del bien común, 2) manejo y resolución de conflictos, 3) diálogo, 4) respeto y valoración de la justicia y legalidad, 5) conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos, 6) convivencia y participación democráticas, 7) ejercicio democrático de la autoridad y control ciudadano del poder, etc.

- Desarrollar habilidades para la participación, tales como: 1) diálogo y debate, 2) toma de decisiones, 3) análisis de información, 4) interacción con instituciones públicas, 5) mecanismos para ejercer la contraloría sociales, etc.

- Promover la participación de adultos en situación de marginalidad en la búsqueda de mejoras a las condiciones de vida de sus comunidades, a partir de los mecanismos de ley existentes.

  El diseño de la evaluación del proyecto, deberá atender a las siguientes necesidades:

- Valorar el impacto de la metodología y estrategias didácticas utilizadas en el proceso educativo y, en su caso, hacer las correcciones pertinentes (en los procedimientos, materiales, dinámicas, capacidad de los multiplicadores, etc.).

- Contar con elementos de información oportunos que permitan identificar el grado de aprendizaje que se va generando para, en caso de detectar problemas, intervenir de manera oportuna en su corrección.

- Identificar factores de riesgo y áreas de oportunidad con el fin de realizar los ajustes necesarios y modificaciones necesarias que den viabilidad al proyecto en diversas circunstancias y condiciones de operación.

  La evaluación del proyecto debe considerar el proceso (el antes y después de la intervención educativa), así como los resultados del proyecto (impactos logrados en las comunidades, grupos atendidos, municipios abarcados de acuerdo a lo programado, etc.)

  Las fases de la evaluación, y sus respectivos énfasis, serán los siguientes:

  Planificación e instrumentación.

  El proyecto deberá ser sometido a una prueba piloto durante 2005, en 6 municipios de la República Mexicana, con el propósito de establecer la viabilidad inicial del proyecto.

  La selección de los municipios deberá de atender los siguientes criterios:

   Ser de alta o muy alta marginalidad.

   Contar con el apoyo de autoridades municipales y federales para que el proyecto pueda realizarse hasta la fase 3.

   Contar, de preferencia, con organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en apoyar el proyecto en los municipios seleccionados.

  Dicha prueba piloto deberá dar respuesta a las necesidades de evaluación del proyecto enunciadas anteriormente y su ejecución será responsabilidad de los equipos de los órganos desconcentrados correspondientes, bajo la coordinación de personal de oficinas centrales.

  Ejecución.

  Implica un seguimiento puntual de cómo se están llevando a cabo las acciones con el propósito de garantizar el flujo de información permanente que permita la toma de decisiones oportunas, tanto en lo referente a la eficacia de los recursos como a la efectividad de las actividades desarrolladas (tácticas, didácticas, de gestión, etc.).

  En esta fase se deberá indagar sobre el logro de resultados a mediano plazo, con base en los indicadores, tanto de resultados como de impacto, que se definan a partir de los resultados de la prueba piloto.

  Asimismo, deberán considerarse los instrumentos y mecanismos que permitan identificar aquellos factores, internos y externos, que inciden positiva o negativamente en el desarrollo del proyecto y sus resultados.

  Finalización.

  Los cinco criterios a los que debe responder la evaluación del proyecto son: 1) eficacia, entendida como el grado de cumplimiento de los objetivos en función de los resultados alcanzados; 2) eficiencia, referida a la adecuada o no utilización de recursos de todo tipo (costo-beneficio); 3) pertinencia, relacionada con el contexto en el que se desarrolla el proyecto (demandas y problemas prioritarios de los destinatarios, políticas o programas concurrentes, etc.); 4) viabilidad, como la medida o el grado en el que los resultados positivos alcanzados -la participación ciudadana en los asuntos públicos- se mantiene aún sin apoyos externos; y 5) impacto, como los efectos o consecuencias del proyecto sobre la comunidad que habita en el municipio en el que se realizó el proyecto.

  Sistematización.

  Un aspecto de especial importancia, es que las experiencias que se lleven a cabo en este proyecto sean debidamente documentadas y sistematizadas por los grupos participantes, con apoyo del IFE y los aliados estratégicos.

  METAS 2005-2010

  Las iniciativas de este apartado atienden al Objetivo IV y V del programa y están vinculadas a las líneas de acción programática 7, 8, 9 y 10.

  Se presentan sólo las finalidades que habrán de alcanzar y se plantea que puedan diseñarse durante 2005 a fin de iniciar su instrumentación a partir del año 2006.

  4.1. Investigación sobre el nivel de desarrollo de competencias cívicas de la población mexicana

  A lo largo de todo el programa estratégico se ha insistido en la importancia de profundizar en diagnósticos que atiendan la diversidad que caracteriza a México y permitan conocer a mayor detalle cuál es el nivel de competencias de sus habitantes. Ello repercutirá en el diseño de procesos educativos más pertinentes y de impacto.

  Finalidades:

  Indagar el nivel de competencias cívicas de los ciudadanos de las diversas regiones del país.

  Para instrumentar un proyecto de investigación de esta naturaleza, que acompañe y fortalezca las acciones y procesos que deriven de la política de educación cívica del IFE, será necesario reforzar y ampliar los vínculos con centros e instituciones de investigación, regionales y estatales.

  Para ello, se plantea que durante 2005 se realice una convocatoria abierta a diversos centros e instituciones de investigación -nacionales, regionales y locales- con el propósito de conformar un grupo interdisciplinario que coadyuve en el diseño de propuestas y metodologías de investigación que permitan un estudio de esta magnitud. El objetivo sería que durante 2005 se diseñe una propuesta de investigación que pueda ser presupuestada para el ejercicio fiscal de 2006.

  4.2. Sistematización de experiencias exitosas

  Finalidades:

  Sistematizar experiencias educativas propias y ajenas de formación cívica, como base de conocimiento indispensable para nuevas situaciones.

  La sistematización requerirá del diseño de procesos específicos que permitan al IFE apoyar a quienes impulsaron la experiencia para desarrollar esta labor e identificar experiencias modelo, que puedan ser retomadas y ampliadas. Otras acciones que se desprenden de esta iniciativa son la identificación de instituciones y organizaciones que llevan a cabo actividades de promoción de la participación ciudadana a nivel nacional y estatal, la firma de convenios o adición de este punto en los ya existentes, el diseño de fichas que permitan documentar la experiencia para poder estandarizar su presentación, etc.

  Para la difusión de estas experiencias, se podrá diseñar un software que permita la identificación geográfica de la experiencia, así como su estratificación, de acuerdo a variables tales como las características del lugar en el que se desarrolló (rural/urbano), la población objetivo que atendió, la institución que lo realizó, el tipo de proyecto (político, económico, social, etc.).

  Dicha base deberá actualizarse y difundirse de manera permanente y su acceso será para todo público.

  Asimismo, se contempla la identificación de programas y mecanismos de participación y acceso a la información que han ido incorporando diversas instituciones, con el propósito de apoyar los proyectos educativos encaminados a favorecer la participación ciudadana en la vida pública.

  Con esta línea, el IFE puede consolidarse como un referente para la divulgación y promoción de prácticas educativas que construyan ciudadanía.

  4.3. Sensibilización en torno a la educación ciudadana

  Finalidades:

  Sensibilizar y movilizar a las organizaciones y a los ciudadanos para que se involucren en procesos de formación cívica. No pretende brindar formación ciudadana en sí misma, sino disponer a los destinatarios para involucrarse en la misma.

  Una línea central que debe abordarse en un proyecto de esta naturaleza es la revalorización de lo público y lo político, así como revisar el público objetivo y criterios educativos de las labores institucionales de difusión.

  Asimismo y dada la importancia de que el Instituto en su totalidad asuma el compromiso de contribuir a la construcción de ciudadanía democrática, este proyecto deberá dirigir acciones al propio personal del IFE, tanto del servicio profesional electoral como de su estructura administrativa.

  Vertientes básicas:

  Sensibilizar a los funcionarios del IFE para que se comprometan en las labores educativas y actúen en congruencia con los principios democráticos.

  Sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de aprender a actuar como tales.

  Sensibilizar a las organizaciones sociales y a las instancias oficiales respecto a la necesidad de impulsar procesos de educación cívica en las poblaciones-objetivo.

  Cooperar en la difusión y el intercambio de las experiencias de educación ciudadana entre las organizaciones que ya las hayan generado y las que desean iniciarlas.

  4.4. Profesionalización del personal del IFE

  Un elemento central de la propuesta pedagógica es la congruencia que debe prevalecer entre el contexto educativo y los valores democráticos. De ahí la importancia de que se fortalezcan las propias competencias cívicas de los funcionarios del IFE.

  Para ello, se recomienda realizar una evaluación diagnóstica con el propósito de reconocer las competencias cívicas de los funcionarios de la rama administrativa y del Servicio Profesional Electoral (SPE) del IFE.

  Dicha evaluación proporcionaría las bases para diseñar programas específicos de formación, dirigidos a dichos funcionarios; además de que su aplicación debería contemplarse de manera permanente, con el fin de medir los avances y el impacto de los programas de formación.

Informe Ejecutivo

  En cumplimiento del punto segundo del Acuerdo del Consejo General aprobado en la sesión ordinaria del 30 de abril de 2004, por el que se extiende el periodo de instrumentación del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003 durante 2004, en 19 de las 42 estrategias originales del Plan, en tanto el Comité Técnico de Especialistas, conjuntamente con la Comisión del ramo y la DECEyEC, se han dado a la tarea de elaborar el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica presenta ante el máximo órgano de dirección del Instituto el informe de los resultados alcanzados.

  En el periodo que se reporta la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y los Organos Desconcentrados han dado continuidad a las 19 estrategias mencionadas anteriormente, a través de diversas actividades en las cuales se reporta que la población atendida asciende a más de nueve millones de personas y los multiplicadores de los programas de educación cívica capacitados superan los cincuenta y dos mil ciudadanos. A continuación se detalla por programa los datos más relevantes:

  Programa I de Educación y Formación Ciudadana en el Espacio Escolar.

  Programa Educar para la Democracia. Capacitación y acompañamiento 2004.

  Como parte del Programa Educar para la Democracia, para el presente año se planeó la capacitación de los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, quienes, bajo la coordinación de los Vocales Ejecutivos, serán los responsables de su instrumentación en los órganos desconcentrados.

  A la fecha, en 26 entidades federativas se han capacitado a 903 personas, entre las que se encuentran los 297 Vocales Distritales del ramo, que representan el 99% (existían 3 vacantes al momento de la capacitación), además de 246 personas de los órganos desconcentrados entre vocales de otros ramos y personal de diversas áreas. En estas 26 entidades, como apoyo a los Vocales Locales, 12 funcionarios de la DECEyEC y la asesora externa participaron como instructores.

  En algunos de estos eventos participó personal de las Secretarías de Educación Federal y Estatales; asimismo, como parte del acompañamiento a las Juntas Locales, la DECEyEC diseñó e impartió cursos a personal docente y directivo de dichas secretarías, atendiendo a un total de 360 personas: entre directores de educación, integrantes de las mesas técnicas (asesores técnicos pedagógicos, coordinadores y supervisores de zona) y personal docente de preescolar, primaria y secundaria en 12 entidades federativas.

  Asimismo, el IFE actualizó y envió a la SEP los siete cursos generales de actualización del programa Educar para la Democracia (2 para preescolar, 2 para primaria y 3 para secundaria). Estos fueron registrados en tiempo y forma ante la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial.

  Los compromisos adquiridos por el IFE ante la Coordinación General de Actualización y Capacitación del Magisterio en Servicio (CGAyCMS) de la Secretaría de Educación Pública, así como de las instancias estatales de actualización, son esencialmente el apoyo y la capacitación a facilitadores; en la medida de lo posible, apoyar con materiales adicionales de la producción editorial del IFE que se vinculen a las necesidades a los directivos y facilitadores de actualización del magisterio; así como reforzar, mediante conferencias y pláticas, durante el proceso de actualización a los beneficiarios finales.

  Con respecto al próximo ciclo escolar 2005-2006, la recomendación de la Coordinación General de Actualización y Capacitación de Profesores en Servicio informó que a principios del 2005 estará circulando el catálogo con los cursos de actualización, en una versión informática más interactiva.

  Instrumentación de Jornadas Cívicas con especial énfasis en los procesos de formación de instructores dirigidos a maestros, y en la promoción de su adopción curricular.

  En esta estrategia se reporta la impartición de un total de 454 cursos, a través de los cuales se capacitó a 4,391 profesores, 3,964 de nivel primaria y 427 de nivel secundaria.

  El programa se llevó a cabo en 28 entidades del país. Se registró un total de 1,597 jornadas: 1,332 para el nivel primaria y 265 para el nivel secundaria; estas jornadas fueron aplicadas en un total de 1,072 escuelas: 901 de nivel primaria y 171 de nivel secundaria; participaron en su instrumentación 1,928 profesores: 1,625 de primaria y 303 de secundaria, así como un total de 128,102 alumnos: 98,652 de primaria y 29,450 de secundaria.

  Las entidades que destacan en cuanto al número de jornadas impartidas son: Puebla, el Distrito Federal y el Estado de México; y, en cuanto al número de alumnos participantes tanto del nivel primaria como de secundaria destacan: el Estado de México, el Distrito Federal y Puebla.

  Aplicación de Nosotros los Jóvenes... Proyecto Ciudadano con énfasis en su adopción a nivel masivo en secundaria y su proyección a los niveles de bachillerato y profesional.

  El programa Nosotros, los Jóvenes...Proyecto Ciudadano se impartió durante el periodo de abril a octubre de 2004 en 28 entidades de la República, logrando atender a 86,189 alumnos de nivel secundaria, 6,840 alumnos de bachillerato y a 470 alumnos de nivel profesional. El taller se impartió en 1,372 escuelas de secundaria, bachillerato y profesional, con el apoyo de 3,629 maestros de los tres niveles educativos.

  Las entidades que lograron capacitar a un mayor número de maestros de nivel secundaria fueron Tamaulipas, Puebla, Estado de México y Chihuahua. Vale la pena mencionar que Oaxaca y Sonora fueron las entidades con mayor número de maestros de nivel bachillerato. En cuanto a las entidades que impartieron el Proyecto Ciudadano a nivel superior fueron: Estado de México, Puebla, Sonora y Veracruz.

  Realización del programa Derechos y Valores de la Niñez Mexicana para su implementación masivamente en los grados 5o. y 6o. de primaria.

  Durante el periodo que se reporta, se han atendido de manera oportuna las solicitudes de las diferentes entidades que han solicitado apoyo para la impartición de los cursos, así como con los materiales didácticos que se requieren para su implementación. Se puede percibir que el programa sigue teniendo excelente aceptación en el ámbito educativo; esto se ve reflejado a nivel nacional, ya que 31 estados reportan cursos, población atendida y formación de instructores.

  El número de maestros capacitados fue de 13,983; se atendieron 3,617 escuelas; por último, el número de alumnos atendidos fue de 140,977.

  Instrumentación de los ejercicios de Elección de Representantes en el Espacio Escolar.

  El programa sigue teniendo un alto nivel de instrumentación en secundaria, como modalidad para elegir a las sociedades de alumnos. Entidades como Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, muestran mayor número de alumnos atendidos a nivel secundaria; Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Puebla y Sonora reportan un alto número de alumnos atendidos tanto a nivel primaria como secundaria.

  A nivel nacional hubo una participación total de 992,363 alumnos y se formaron a 9,039 capacitadores.

  Elaboración del ejercicio de participación y expresión cívica Congresos Infantiles y Juveniles con base en metodologías vivenciales para que niñas, niños y jóvenes desarrollen habilidades deliberativas y reconozcan la función e importancia del trabajo parlamentario.

  Se llevó a cabo el Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2004 los días 28, 29 y 30 de abril en la sede del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, en la Ciudad de México. Asistieron las 300 niñas y niños parlamentarios electos a través de las Convenciones Distritales a las que convocaron las Juntas Distritales Ejecutivas del IFE. En ellas se registraron y convocaron a un total de 5,749 alumnos de igual número de escuelas: 90% públicas y 10% privadas a nivel nacional.

  Los parlamentarios infantiles trabajaron en 10 comisiones, correspondientes a los temas que desarrollaron previamente. Estos fueron: 1) Cultura, Recreación y Juego, 2) Derechos Humanos, 3) Educación, 4) Grupos Vulnerables, 5) Medio Ambiente y Vivienda, 6) Participación Infantil, 7) Radio, Televisión y Cine, 8) Salud, 9) Seguridad y Justicia, y 10) Trabajo. Posteriormente, en una sesión plenaria discutieron y aprobaron la Declaración de Segundo Parlamento de las niñas y niños de México 2004.

  Asimismo, las Juntas Locales y Distritales desarrollaron 439 pláticas y 2,050 cursos a alumnos, para el fomento de la participación en parlamentos infantiles y juveniles, en la cuales se atendieron a 4,442 escuelas a nivel nacional, así como a un total de 38,832 alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y nivel profesional, y a 3,678 profesores. Cabe mencionar que el 96.86% de las escuelas atendidas correspondió al nivel primaria, lo mismo que el 81.66% de los alumnos participantes.

  Desarrollo y aplicación del programa Un día en el Cabildo..., con base en las experiencias vigentes en diversos estados de la República, con el fin de que niñas, niños y jóvenes reconozcan la importancia del cabildo como órgano colegiado de gobierno municipal, conozcan sus funciones y desarrollen las competencias cívicas del caso.

  En este periodo, las Juntas Locales y Distritales de 27 entidades federativas desarrollaron un total de 157 pláticas y 327 cursos a alumnos vinculados a esta actividad. Asimismo, se formó a 1,011 instructores. Estas actividades se llevaron a cabo en 1,215 escuelas, de las cuales 1,120 corresponden al nivel primaria, 84 a secundaria, 10 a bachillerato y 1 al nivel profesional, en las cuales se atendió a 11,448 alumnos de primaria, 13,395 de secundaria, 765 de bachillerato y 46 de nivel profesional, dando un total de 25,654 alumnos. Asimismo, asistieron 1,240 profesores de los cuatro niveles.

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  Programa II de Formación, Educación no Formal y Participación Ciudadana.

  Promoción de una cultura del voto libre y secreto, con especial énfasis en zonas y poblaciones identificadas como de alto riesgo

  En apoyo a la estrategia, se proporcionó orientación a los vocales de las Juntas Ejecutivas Locales de diversos estados del país, que solicitaron asesoría para la realización del curso-taller sobre promoción del voto libre y secreto. También se realizó una revisión al documento Estudio sobre la participación ciudadana y las condiciones del voto libre y secreto en las elecciones federales del año 2000. Cabe señalar que es una de las estrategias que tendrán continuidad en el nuevo Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, con las adecuaciones necesarias para fortalecer las actividades formativas de la población objetivo.

  Asimismo, los talleres para la promoción de una cultura del voto libre y secreto se continuaron impartiendo a los diversos públicos objetivo en los 32 estados del país (destacando 14 entidades que tenían programadas elecciones locales durante el año, donde se atendió al 50.7% de la población total atendida), logrando atender a 76,975 jóvenes y adultos, y capacitar a 5,973 multiplicadores. Cabe destacar que tanto en los multiplicadores como en la población atendida, por género han sido mayoritariamente mujeres con el 53.97% del total en ambas categorías.

  Instrumentación de los Talleres de Educación Ciudadana en coordinación con instituciones y organizaciones interesadas en la construcción de ciudadanía

  Se continuó apoyando a los vocales que solicitaron material y asesoría para la instrumentación del taller. Por sus contenidos y propuesta didáctica es un taller que será empleado para apoyar diversos proyectos del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, como el proyecto El voto: una vía para cambiar la sociedad, y en general para la formación ciudadana de adultos.

  El taller de Educación Ciudadana se impartió en 31 entidades federativas con la participación de 7,182 instructores, de los cuales 3,918 fueron mujeres y 3,264 hombres. La población atendida fue de 41,999 ciudadanos, destaca la participación de las mujeres (25,692) sobre la de los hombres (16,308).

  Aplicación del Proyecto Ciudadano para Adultos con la finalidad de que las políticas públicas propuestas y los planes de acción que se generen dentro del mismo sean presentados por los participantes y atendidos por las autoridades competentes.

  En esta estrategia se apoyó a los vocales que solicitaron material y asesoría para la instrumentación del taller. Por sus contenidos y propuesta didáctica es un taller que será empleado para apoyar diversos proyectos relacionados con la educación cívica y formación ciudadana en el espacio municipal del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010.

  Durante el semestre que se reporta, el Proyecto Ciudadano para Adultos se impartió solamente en 21 entidades federativas, logrando atender a 7,003 hombres y mujeres, destacando la participación de las mujeres (4,351). Asimismo, se capacitó a 496 mujeres y a 371 hombres.

  Apoyo, generación e instrumentación de iniciativas y programas de participación ciudadana en el ámbito municipal.

  Se llevaron a cabo eventos relacionados con esta estrategia en 16 entidades de la República. En ellos participaron 14,692 ciudadanos, de los cuales el 60.69% son mujeres.

  Nuevas políticas y programas a favor de la niñez y la juventud (Consulta infantil y juvenil 2003

  El pasado 26 de abril se creó el Comité Interinstitucional de Fomento a la Participación Infantil y Juvenil, que tiene por objetivo dar continuidad a las primeras acciones ya articuladas en relación a la difusión a nivel nacional de los resultados de la Consulta, además de organizar e impulsar nuevas iniciativas y dar seguimiento a todo aquello que las instituciones del Comité realicen para atender las demandas vertidas por la población infantil y juvenil el 6 de julio de 2003.

  Dicho Comité quedó formalmente integrado por: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia (COIA), la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las Subsecretarías de Educación Básica y Normal (SSEBYN) y de Servicios Educativos del Distrito Federal (SSSEDF) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

  En el periodo que se reporta, las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales en nuestro país se abocaron a la organización y desarrollo de diversas 860 eventos encaminados a difundir entre la población infantil y juvenil los resultados obtenidos por la Consulta de 2003.

  Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia 2004

  La Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, que se llevó a cabo del 6 al 10 de septiembre de 2004, fue concebida para ser un conjunto coordinado y coherente de acciones informativas, de sensibilización y formativas, que darán continuidad a los esfuerzos de las tres instituciones para formar una ciudadanía democrática, participativa y consciente de que el significado de las elecciones, más allá de intereses partidistas específicos, es la democracia misma, porque ninguna democracia tiene futuro sin ciudadanos que ejerzan sus derechos políticos en un marco de respeto a la legalidad y la libertad. En el transcurso de esos días se llevaron a cabo 8,017 eventos, como conferencias, seminarios, cursos, talleres, concursos y diversas actividades culturales y deportivas, en los cuales participaron un gran número de organizaciones públicas, privadas y sociales, y 1,076,123 personas.

  Es importante mencionar que los equipos de trabajo de las tres instituciones se han comenzado a reunir con la finalidad de diseñar los lineamientos para el año 2005 y poder adelantar los preparativos así como buscar un mayor impacto y trascendencia de esta estrategia en su próxima edición.

  Diseño, elaboración y difusión de materiales informativos sobre instituciones, prácticas y valores de la democracia.

  En este periodo consejeros electorales y funcionarios de oficinas centrales participaron en más de 100 eventos nacionales e internacionales (conferencias, foros, congresos, cursos, etc.) coordinados por diversas instituciones públicas y privadas. Destaca entre éstos la participación del Instituto en la Conferencia sobre Educación Cívica y Política en las Democracias: Comparando Enfoques Internacionales en la Educación de Nuevos Ciudadanos, organizada por el Center for Civic Education, en San Diego, California, en septiembre de este año.

  En el marco del Noveno Certamen Nacional de Ensayo, reflexiones y testimonios Francisco I. Madero , cuyos temas fueron Etica y política: construcción de la confianza en las instituciones públicas (para el caso de ensayos) y Valores democráticos: experiencias cotidianas (para el caso de testimonios), se recibieron un total de 362 trabajos, de los cuales 216 fueron ensayos, 143 fueron reflexiones o testimonios y 3 que no pudieron ser encuadrados en ninguna categoría. El fallo del jurado se dará a conocer en fechas próximas.

  En cuanto a la elaboración y edición de materiales de divulgación de la cultura democrática, el total del material distribuido por la Dirección Ejecutiva durante el período que se informa asciende a la cantidad de 799, 889 ejemplares.

  En el 6o. Concurso Nacional Pintando para la Democracia 2004 , organizado cada año con la finalidad de ilustrar el calendario anual de efemérides nacionales, se tuvo un éxito inusitado con la participación de un total de 702 creadores incrementándose respecto al año 2003 en un 242%. Del mismo modo, se realizó el 3er. Certamen Nacional Fotografiando la democracia , obteniéndose un 196% de incremento en la participación ciudadana con respecto al año 2003.

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  Programa III. de Información y comunicación.

  Interlocución entre el -entre el IFE y los ciudadanos- y medios de satisfacción de los servicios.

  Respecto a esta estrategia se alcanzó la cantidad de más de 6 millones de personas atendidas, a través de las consultas al servicio de atención telefónica IFETEL, correo electrónico, los buzones de sugerencias del público y atención en los módulos del Instituto.

  En lo que respecta a la página de Internet del IFE, se registraron total de 102 302,403 visitas entre abril y noviembre de 2004.

  Con el objetivo de que la ciudadanía conozca las acciones y los resultados de las actividades que realiza el Instituto, se editaron un total de 1,558,027 impresos, dentro de los cuales destacan 1,279,000 publicaciones en prensa y 110,872 trípticos. Asimismo, se publicaron 66,550 inserciones en revistas.

  Además se organizaron 12 conferencias, 2 concurso, 11 exposiciones, 4 talleres y se participó en 1 ferias, con una afluencia total en los eventos de 27,873 personas.

  De acuerdo con la información proporcionada por las propias Juntas en total se imprimieron de 128,236 materiales, de los cuales: 12,924 fueron volantes, 4,430 folletos, 110,872 trípticos y 10 inserciones en periódicos.

  Es de resaltar el esfuerzo institucional de los órganos desconcentrados para concertar espacios en los medios electrónicos, ya sea para apoyar la difusión de eventos organizados en sus localidades, o bien, con espacios formales en los que se abordan los valores democráticos y otros temas vinculados con la divulgación de cultura política democrática.

  En este contexto, las Juntas Locales y Distritales participaron en un total de 270 emisiones radiofónicas, 48 de ellos fueron programas en los que se abordaron como tema central actividades vinculadas con la Educación Cívica, 200 entrevistas y 22 anuncios de producción local.

  Como parte de la difusión para diversos eventos de divulgación de la cultura político democrática en materia de Impresos: se pintaron 9 bardas, 2,280 carteles, 17,879 dípticos, 4,430 folletos, 10 inserciones en periódico, 1,279,000 en prensa, 66,550 en revistas, 110,872 trípticos, 12,924 volantes, así como otros impresos 64,073 que dan un total de 1,558,027 ediciones.

  En lo que corresponde a difusión por medio de la Radio y Televisión, se hicieron 22 anuncios, 200 entrevistas y 48 programas, sumando un total nacional de 270 emisiones.

  Finalmente, como estrategia de expansión y difusión, en el ámbito de publicaciones, se divulgaron 20,455 boletines, 51 libros, 2,019,912 inserciones en periódico, y entre otras 80,112 formas, resaltando un total de 2,120,530 publicaciones en el semestre.

La imagen no su puede mostrar, por lo que para consultarlo deberá de hacerlo mediante la opción de imagen o puede solicitar se le envíe el archivo en formato comprimido por correo electrónico.

  Talleres de discusión y análisis de acciones del IFE con servidores del Instituto.

  Como parte de las actividades previstas por las distintas áreas del IFE para apoyar la difusión de eventos y actividades institucionales a través de la Red Satelital IFEEDUSAT, que se encuentra desplegada en las 332 Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, durante el periodo que abarca este informe se transmitieron 47 eventos, con una asistencia de 116,300 personas, que comprendieron 25 retransmisiones del programa radiofónico televisivo de Voces de la Democracia 15 programas de la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, 2 Teleconferencias, 2 presentaciones de libros, 2 mesa redonda, 1 Firma de Convenio, 1 Foro Internacional, 2 Conferencias.

INFORME DETALLADO

INDICE

  Presentación

1. INFORME RESPECTO A LA INSTRUMENTACION DE LAS 19 ESTRATEGIAS DEL PLAN TRIANUAL DE EDUCACION CIVICA 2001-2003 QUE TUVIERON VIGENCIA DURANTE 2004 POR ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL

1.1 Programa de Educación y Formación Ciudadana en el Espacio Escolar

1.2 Programa de Formación y Educación no Formal y Participación Ciudadana

1.3 Programa de Información y Comunicación

2. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

2.1 Convenios a nivel central

2.2 Convenios de apoyo y colaboración suscritos a través de las Juntas Locales Ejecutivas

3. TEMAS ABORDADOS EN LA COMISION DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION CIVICA RELACIONADOS CON EL PLAN TRIANUAL

4. DISTRIBUCION DE MATERIALES

5. ANEXOS

  PRESENTACION

  El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el 6 de abril de 2001 el diseño e instrumentación del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003 con el propósito de contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía consciente de sus derechos y responsabilidades, fomentar la participación cívica, impulsar la práctica de valores de la democracia e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como en el desarrollo de las comunidades, de las instituciones y del país en el marco de un orden político democrático.

  El 21 de octubre de 2003 el Consejo General el Instituto Federal Electoral aprobó el acuerdo por el que se instruye a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para que elabore y presente a la Comisión el ramo, una propuesta de Plan y Programas de Educación Cívica para desarrollarse en el corto y mediano plazos.

  El 30 de abril de 2004 el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó la extensión del periodo de instrumentación del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003 durante 2004.

  Por lo anterior, la DECEyEC consultó a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas sobre los programas exitosos de educación cívica y las estrategias del Plan Trianual de Educación Cívica que durante el periodo 2001-2003 tuvieron mayor aceptación por los públicos objetivos y viabilidad para su aplicación. La evaluación realizada por los vocales de los órganos desconcentrados dio como resultado la definición de las 19 estrategias siguientes:

  En el programa I de educación y formación ciudadana en el espacio escolar fueron: En el Proyecto 1. Codiseño de contenidos, métodos y materiales didácticos A) Concertación con autoridades educativas y, C) Contenidos, métodos y materiales didácticos de educación cívica, y en el Proyecto 4. Desarrollo y aplicación de actividades curriculares, A) Jornadas cívicas, B) Nosotros los jóvenes... proyecto ciudadano, C) Derechos y valores de la niñez mexicana, D) Elección de representantes en el espacio escolar, E) Parlamentos infantiles y juveniles, F) Un día en el cabildo... e, I) Experiencias y programas exitosos de educación cívica en el espacio escolar.

  En el programa II de formación y educación no formal y participación ciudadana: Proyecto 1. Educación y capacitación electoral, B) Cultura del voto libre y secreto, y C) Paquete de opciones educativas (talleres, diplomados, maestrías, seminarios, conferencias, etc.) en materia político-electoral; Proyecto 3. Promoción de una ciudadanía activa, A) Talleres de educación ciudadana, y B) Proyecto ciudadano para adultos; Proyecto 4. Educación cívica y formación ciudadana en el espacio municipal, B) Iniciativas y programas de participación ciudadana; Proyecto 6. Participación cívica para la niñez y la juventud, A) Nuevas políticas y programas a favor de la niñez y la juventud (Consulta infantil y juvenil 2003), y B) Semana estatal de educación cívica; y en el proyecto 7. Fortalecimiento y divulgación de la cultura democrática, A) Materiales informativos sobre instituciones, prácticas y valores de la democracia.

  En el programa III de información y comunicación: Proyecto 4. Orientación, información, consulta y atención a la ciudadanía en relación con las actividades del IFE, C) Interlocución -entre el IFE y los ciudadanos- y medición de satisfacción de los servicios y, D) Talleres de discusión y análisis de acciones del IFE con servidores del Instituto.

  En el presente documento la Comisión del ramo da cumplimiento al Acuerdo Segundo que aprobó el Consejo General y da cuenta de los resultados alcanzados en las 19 estrategias.

1. INFORME DE OFICINAS CENTRALES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS RESPECTO A LA INSTRUMENTACION DE LAS 19 ESTRATEGIAS DEL PLAN TRIANUAL DE EDUCACION CIVICA 2001-2003 QUE TUVIERON VIGENCIA DURANTE 2004 POR ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL.

1.1. PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION CIUDADANA EN EL ESPACIO ESCOLAR.

Proyecto 1.  CODISEÑO DE CONTENIDOS, METODOS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA EDUCACION CIVICA.

Estrategia A. Concertación con las autoridades educativas federal y estatales para crear espacios de interlocución que permitan incidir en la enseñanza de la educación cívica.

  Programa Educar para la Democracia. Capacitación y acompañamiento 2004.

  Como parte del Programa Educar para la Democracia, para el presente año se planeó la capacitación de los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, quienes, bajo la coordinación de los Vocales Ejecutivos, son los responsables de su instrumentación en los órganos desconcentrados.

  En el mes de abril se impartió el curso de formación a los 32 Vocales Locales del ramo; a la fecha, en 26 entidades federativas se ha capacitado a 903 personas, entre las que se encuentran los 297 Vocales Distritales del ramo, que representan el 99% (existían 3 vacantes al momento de la capacitación), además de 246 personas de los órganos desconcentrados entre vocales de otros ramos y personal de diversas áreas. En estas 26 entidades, como apoyo a los Vocales Locales, 12 funcionarios de la DECEyEC y la asesora externa participaron como instructores.

  Cabe mencionar que en el caso de Guanajuato, la capacitación la realizó el Vocal Local del ramo; y que en 5 entidades: Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, no fue necesario instruir a los vocales, ya que se consideró que cuentan con los conocimientos requeridos, obtenidos mediante su participación en los trabajos que se realizaron entre 2001 y 2003; únicamente se les envió el material de apoyo para su actualización. En el caso de Querétaro e Hidalgo, se ha involucrado a la totalidad de los vocales en estos cursos.

  En algunos de estos eventos participó personal de las secretarías de educación federal y estatales; asimismo, como parte del acompañamiento a las Juntas Locales, la DECEyEC diseñó e impartió cursos a personal docente y directivo de dichas secretarías, atendiendo a un total de 360 personas, entre directores de educación, integrantes de las mesas técnicas (asesores técnicos pedagógicos, coordinadores y supervisores de zona) y personal docente de preescolar, primaria y secundaria en 12 entidades federativas. En el cuadro siguiente se muestra por cada sede la fecha de instrumentación, la población a quien se dirigió el curso y el número de participantes.

  Asimismo, el IFE actualizó y envió a la SEP los siete cursos generales de actualización del programa Educar para la Democracia (2 para preescolar, 2 para primaria y 3 para secundaria). Estos fueron registrados en tiempo y forma ante la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial. Los nombres de los cursos de actualización son los siguientes:

  Participación en reuniones con la Coordinación General de Actualización y Capacitación del Magisterio en Servicio (CGAyCMS)

  Durante el proceso de actualización de los cursos, se apoyó al IFE con la asesoría de personal de la Coordinación de Actualización General de la SEP, a efecto de contar con la validación académica correspondiente.

  Para el ciclo escolar 2004-2005, la autoridad educativa de la SEP a nivel central planteó un año de transición, que consistía en que las instancias estatales de actualización pudieran desarrollar un ejercicio de planeación y programación de la oferta de actualización para el magisterio en cada entidad.

  Hacia mediados de año, las instancias estatales de actualización del magisterio en las entidades federativas hicieron una solicitud anticipada de los cursos con base en el conocimiento del catálogo integrado de los cursos de actualización, los que suman alrededor de 900.

  En el mes de abril de 2004 la CGyCMS realizó la difusión del catálogo y en el mes de junio se conocieron las solicitudes de cursos. Las solicitudes a los siete cursos realizadas por las autoridades estatales, sumaron 23. Los estados solicitantes fueron Baja California Sur, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y el Distrito Federal.

  El pasado 4 de noviembre la CGAyCMS confirmó la lista de entidades y se plantearon las prioridades para el apoyo a los facilitadores y la evaluación de los cursos. Los compromisos adquiridos por el IFE son esencialmente el apoyo y la capacitación a facilitadores, apoyar en la medida de lo posible, con materiales adicionales de la producción editorial del IFE que se vinculen a las necesidades de los directivos y facilitadores de actualización del magisterio, así como reforzar, mediante conferencias y pláticas, durante el proceso de actualización de los beneficiarios finales.

  Con respecto al próximo ciclo escolar 2005-2006, la recomendación de la instancia de la SEP es que a principios del 2005 estará circulando el catálogo con los cursos de actualización, en una versión informática.

  Juntas Locales y Distritales:

  En este marco, los días 22, 23 y 24 de noviembre se impartieron en Guadalajara, Jalisco, dos cursos a los facilitadores de la instancia estatal de actualización con el apoyo de funcionarias de oficinas centrales.

  El conjunto de facilitadores capacitados impartirá en enero cursos para los facilitadores, quienes posteriormente atenderán a los beneficiarios finales, inscritos en el proceso de actualización de Jalisco. Cabe mencionar que en este proceso también se incorporaron los Vocales Distritales del ramo de dicha entidad.

Estrategia C. Diseño y elaboración -coordinadamente con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras autoridades, instancias y actores educativos- de propuestas de contenidos, métodos y materiales didácticos para el aprendizaje de la educación cívica.

  Oficinas Centrales:

  El pasado 5 de agosto, la DECEYEC recibió una invitación del equipo de la SEP con el propósito de iniciar la segunda fase del Programa Integral de Formación Cívica y Etica para la Educación Primaria. La DECEyEC ha trabajado desde 2002 con la SEP para la implementación del programa Educar para la Democracia y su relación con las reformas a los planes y programas de educación primaria y secundaria.

  Al comenzar el año 2003, el IFE fue convocado para asistir a las reuniones de trabajo en la Secretaría de Educación Pública a fin de abordar la temática de las reformas en primaria y secundaria. En sendas reuniones de trabajo, el equipo técnico interinstitucional desarrolló la propuesta del Programa Integral de Formación Cívica y Etica. Esta fue presentada durante mayo de 2003, tanto en la SEP como en el IFE, ante las respectivas autoridades de ambas instituciones. Se contó con la presencia del Mtro. Lorenzo Gómez Morín, Subsecretario de Educación Básica y Normal de la SEP, y del Mtro. José Woldenberg Karakowsky. Ambos funcionarios elogiaron el trabajo conjunto y las perspectivas del mismo.

  A partir de la aprobación comenzó a organizarse la fase de piloteo. Doce entidades federativas (Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas) fueron seleccionadas por la SEP. En octubre de 2003 se llevó a cabo una reunión con los Vocales Locales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de dichas entidades federativas, a efecto de mantener un acercamiento con los equipos técnicos responsables de pilotear el Programa Integral.

  Cabe mencionar que debido a los ajustes del proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, las reuniones a nivel de oficinas centrales se suspendieron, y durante algunos meses la DECEYEC no tuvo contacto con el equipo de la SEP. A partir de agosto de 2004 la Dirección General de Investigación Educativa de la SEP convocó al IFE a retomar los trabajos del Programa Integral de Formación Cívica y Etica.

  Del 23 al 25 de agosto de 2004 se participó en la tercera reunión nacional de responsables de dicho programa, que tuvo como propósito hacer un balance de las acciones realizadas durante la primera fase de pilotaje y establecer la ruta de acciones para el ciclo escolar 2004-2005.

  Durante las jornadas de trabajo de esta reunión se presentaron los resultados del pilotaje en las entidades federativas participantes, entre las que destacan Chihuahua, Guerrero, Hidalgo y Zacatecas, que reportaron que han establecido un acercamiento con las autoridades del IFE y han recibido apoyo para algunas tareas del Programa Integral.

  La cuarta reunión nacional de responsables del Programa Integral de Formación Cívica y Etica se llevó a cabo del 4 al 6 de noviembre. En ésta se hizo un recuento de las tres reuniones nacionales anteriores, de los avances del pilotaje y se reflexionó en torno a la construcción de ambientes democráticos en las escuelas. También se identificaron estrategias de formación continua seleccionadas a escala estatal y a nivel escolar para impulsar el programa de referencia, que de acuerdo con la SEP, en el ciclo escolar 2006-2007 se proyecta desarrollar formalmente en todas las escuelas primarias del país.

  Finalmente, se realizaron diversas reuniones de trabajo de la DECEYEC con el equipo de SEP para analizar el avance del programa de la asignatura de Formación Cívica y Etica para educación primaria los días 10 y 24 de noviembre de 2004.

Proyecto 4.  DESARROLLO Y APLICACION DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE EDUCACION CIVICA EN EL ESPACIO ESCOLAR.

Estrategia A. Instrumentación de Jornadas Cívicas con especial énfasis en los procesos de formación de instructores dirigidos a maestros, y en la promoción de su adopción curricular.

  Oficinas Centrales:

  Dado la aceptación y demanda que el programa Jornadas Cívicas Infantiles y Juveniles ha tenido en el ámbito educativo a escala nacional, los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales y Distritales lo siguen promoviendo en las escuelas primarias y secundarias de todo el país y, en este sentido, oficinas centrales ha continuado el seguimiento y el apoyo a esta labor.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  El cuadro anterior presenta los cursos de formación de instructores que fueron instrumentados en relación con el programa Jornadas Cívicas Infantiles y Juveniles en 26 entidades del país. Se reporta un total de 454 cursos, a través de los cuales se capacitó a 4,391 profesores, 3,964 de nivel primaria y 427 de nivel secundaria.

  Como se observa, en cuanto al número de cursos impartidos destacan las entidades de Veracruz, Jalisco y Puebla, mientras que respecto al número de instructores formados de ambos niveles educativos destacan Tabasco, Guerrero, Chihuahua y Puebla.

  En el cuadro siguiente se observan los datos generales de la aplicación del programa, la cual se llevó a cabo en 28 entidades del país. Se registró un total de 1,597 jornadas: 1,332 para el nivel primaria y 265 para el nivel secundaria; estas jornadas fueron aplicadas en un total de 1,072 escuelas: 901 de nivel primaria y 171 de nivel secundaria; participaron en su instrumentación 1,928 profesores: 1,625 de primaria y 303 de secundaria, así como un total de 128,102 alumnos: 98,652 de primaria y 29,450 de secundaria.

  Las entidades que destacan en cuanto al número de jornadas impartidas son: Puebla, Distrito Federal y Estado de México; en cuanto al número de alumnos participantes tanto del nivel primaria como de secundaria destacan: Estado de México, Distrito Federal y Puebla.

  De acuerdo a lo informado por las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales del país, y como puede verse reflejado en los datos anteriores, el programa Jornadas Cívicas Infantiles y Juveniles sigue teniendo demanda y aceptación en el medio educativo; sin embargo, puede observarse que son más los profesores de nivel primaria que reciben la capacitación como instructores y que es mayor el número tanto de jornadas que se instrumentan en primaria como el de alumnos que participan en ellas.

Estrategia B. Instrumentación de Nosotros los Jóvenes... Proyecto Ciudadano con énfasis en su adopción a nivel masivo en secundaria y su proyección a los niveles de bachillerato y profesional.

  Oficinas Centrales:

  En el periodo se atendió a los vocales de ramo que consultaron sobre algún aspecto para la aplicación del taller. Es importante destacar que la estrategia fue bien evaluada por los vocales, por lo cual se mantiene como proyecto prioritario en el Programa Estratégico de Educación Cívica (PEEC) 2005-2010. El proyecto está dirigido a alumnos de secundaria, sin embargo, en el PEEC se pretende ampliar la cobertura a jóvenes de 16 a 20 años de edad, porque se busca reforzar el interés por los asuntos públicos en este grupo de población, además de que los resultados obtenidos demuestran que tiene buena aceptación por los docentes y alumnos en los niveles de bachillerato y profesional.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  El programa Nosotros, los Jóvenes... Proyecto Ciudadano se impartió durante el periodo de abril a octubre de 2004 en 28 entidades de la República, logrando atender a 86,189 alumnos de nivel secundaria, 6,840 alumnos de bachillerato y 470 alumnos de nivel profesional. El taller se impartió en 1,372 escuelas de secundaria, bachillerato y profesional, con el apoyo de 3,629 maestros de los tres niveles educativos.

  Las entidades que capacitaron a un mayor número de maestros de nivel secundaria fueron Tamaulipas, Puebla, Estado de México y Chihuahua. Vale la pena mencionar que Oaxaca y Sonora fueron las entidades con mayor número de maestros de nivel bachillerato. En cuanto a las entidades que impartieron el Proyecto Ciudadano a nivel superior fueron: Estado de México, Puebla, Sonora y Veracruz. En el cuadro siguiente se muestran los resultados alcanzados por entidad federativa.

Estrategia C. Instrumentación de Derechos y Valores de la Niñez Mexicana para su implementación masivamente en los grados 5o. y 6o. de primaria.

  Oficinas Centrales:

  Durante el periodo que se reporta, se han atendido de manera oportuna las solicitudes de las diferentes entidades para la impartición de los cursos, así como con los materiales didácticos que se requieren para su implementación. Se puede percibir que el programa sigue teniendo excelente aceptación en el ámbito educativo; esto se ve reflejado a nivel nacional, ya que 31 entidades reportan cursos, población atendida y formación de instructores.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  Durante el periodo que abarca el presente informe se ha mantenido la instrumentación del programa a nivel distrital en las instituciones educativas.

  El número de maestros capacitados fue de 13,983; se atendieron 3,617 escuelas, y el número de alumnos atendidos fue de 140,977. En el cuadro siguiente se puede apreciar el trabajo desempeñado por las Juntas.

  Por otra parte, en el siguiente cuadro se puede observar el número de cursos impartidos e instructores formados.

Estrategia D. Instrumentación de los ejercicios de Elección de Representantes en el Espacio Escolar.

  Oficinas Centrales:

  Durante el periodo que se informa, en Oficinas Centrales se dio seguimiento a las solicitudes de las diversas instituciones y Juntas Locales y Distritales que pidieron asesoría o envío de algún material con el fin de llevar a cabo dicha actividad.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  El programa sigue teniendo un alto nivel de instrumentación en secundaria, como modalidad para elegir a las sociedades de alumnos. Entidades como Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, muestran mayor número de alumnos atendidos a nivel secundaria; Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Puebla y Sonora reportan un alto número de alumnos atendidos tanto en primaria como en secundaria. Ello se puede observar en el cuadro siguiente:

  Por lo que se refiere al número de pláticas impartidas, Chiapas es la entidad con mayor número, seguido por Guerrero, Jalisco y Distrito Federal. En cuanto al número de instructores capacitados, Sinaloa y Sonora son los que mayor número registran, en tanto que Veracruz y Jalisco reportan mayor número de cursos a alumnos. En el siguiente cuadro se puede apreciar lo anterior.

Estrategia E. Elaboración del ejercicio de participación y expresión cívica Congresos Infantiles y Juveniles con base en metodologías vivenciales para que niñas, niños y jóvenes desarrollen habilidades deliberativas y reconozcan la función e importancia del trabajo parlamentario.

  Oficinas Centrales:

  Se llevó a cabo el Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2004 los días 28, 29 y 30 de abril en la sede del Senado de la República del H. Congreso de Unión, en la Ciudad de México. Asistieron los 300 niñas y niños parlamentarios electos en las Convenciones Distritales. La Mesa Directiva del Parlamento se eligió mediante sorteo y quedó conformada de la siguiente manera:

  Los parlamentarios infantiles trabajaron en 10 comisiones, correspondientes a los temas que desarrollaron previamente. Estos fueron: 1) Cultura, recreación y juego, 2) Derechos humanos, 3) Educación, 4) Grupos vulnerables, 5) Medio ambiente y vivienda, 6) Participación infantil, 7) Radio, televisión y cine, 8) Salud, 9) Seguridad y justicia, y 10) Trabajo. Posteriormente, en una sesión plenaria discutieron y aprobaron la Declaración de Segundo Parlamento de las niñas y los niños de México 2004.

  Asimismo, el día 27 de abril las niñas y los niños parlamentarios visitaron la sede del Instituto Federal Electoral, en donde se tomaron una fotografía de grupo e ingresaron a la sala de sesiones del Consejo General, en la cual establecieron un diálogo con los Consejeros Electorales.

  El 27 de octubre de 2004 se participó en la sesión de evaluación, así como en la entrega recepción de la Subcomisión Organizadora del Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2004, del Senado de la República; a la Comisión Especial de la Niñez, Adolescentes y Familias de la Cámara de Diputados, responsable de la coordinación general del Tercer Parlamento a realizarse durante el año 2005.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  En el periodo que se informa, las Juntas Locales y Distritales desarrollaron 439 pláticas y 2,050 cursos a alumnos, para el fomento de la participación en parlamentos infantiles y juveniles. En el cuadro siguiente se muestra la distribución, por entidad, de los cursos y pláticas, así como el número de instructores que se capacitaron en estos eventos:

  Como podemos observar, en lo referente al número de pláticas destacan los estados de Jalisco, Sinaloa, y Querétaro. Las entidades del Distrito Federal, Sinaloa, Baja California y Veracruz, sobresalen por el número de instructores capacitados. Las entidades que impartieron cursos a los alumnos en mayor número fueron Zacatecas, Distrito Federal, Yucatán y Jalisco.

  Asimismo, se reporta que en las pláticas y cursos se atendió a 4,442 escuelas a nivel nacional, así como a un total de 38,832 alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y nivel profesional, y a 3,678 profesores. Cabe mencionar que el 96.86% de las escuelas atendidas correspondió al nivel primaria, lo mismo que el 81.66% de los alumnos participantes.

  En relación con el Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2004, las 300 Juntas Distritales Ejecutivas del IFE registraron y convocaron a 5,749 alumnos de igual número de escuelas a las Convenciones Distritales para la elección del representante del distrito electoral al parlamento. En este se registró una participación del 90% de escuelas públicas y del 10% de escuelas privadas a nivel nacional.

  De conformidad con la convocatoria, se realizaron las Convenciones Distritales en los plazos establecidos y sin incidentes que alteraran el proceso de elección de los legisladores infantiles, quedando integrado el Segundo Parlamento por 68% de niñas (205) y 32% de niños (95). En cumplimiento de la convocatoria, los funcionarios del IFE elaboraron un acta de cómputo distrital y expidieron la Constancia de mayoría y validez de la elección a los legisladores infantiles electos en calidad de propietario y de suplente. Una copia de estos documentos fue remitida al Senado de la República, instancia responsable de la coordinación general del Segundo Parlamento 2004.

  En complemento a lo anterior, en las 300 Juntas Distritales Ejecutivas del IFE existe un expediente integrado por cada legislador infantil electo que incluye los siguientes documentos: 1) Convocatoria, 2) Hoja de registro de aspirantes, 3) Acta de cómputo distrital, y 4) Constancia de mayoría y validez de la elección.

Estrategia F. Elaboración y aplicación del programa Un día en el Cabildo..., con base en las experiencias vigentes en diversos estados de la República, con el fin de que niñas, niños y jóvenes reconozcan la importancia del cabildo como órgano colegiado de gobierno municipal, conozcan sus funciones y desarrollen las competencias cívicas del caso.

Oficinas Centrales:

  Se continuó proporcionando orientación a los vocales que consultaron para la mejor aplicación de esta estrategia.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  En este periodo, las Juntas Locales y Distritales de 27 entidades federativas desarrollaron un total de 157 pláticas y 327 cursos a alumnos vinculados a esta actividad. Asimismo, se formó a 1,011 instructores. Puede verse el desglose de esta actividad por entidad federativa en el cuadro siguiente:

  Como se puede observar, los estados en los que tuvo mayor difusión la estrategia por el número de pláticas fueron Jalisco y Morelos, en tanto las entidades que impartieron más cursos a alumnos fueron Aguascalientes, Jalisco y Campeche. En Nuevo León, Morelos y Chiapas se formó a un mayor número de instructores.

  Estas actividades se llevaron a cabo en 1,215 escuelas, de las cuales 1,120 corresponden al nivel primaria, 84 a secundaria, 10 a bachillerato y 1 a nivel profesional, en las cuales se atendió a 11,448 alumnos de primaria, 13,395 de secundaria, 765 de bachillerato y 46 de nivel profesional, dando un total de 25,654 alumnos. Asimismo, asistieron 1,240 profesores de los cuatro niveles.

  1.2. PROGRAMA DE FORMACION Y EDUCACION NO FORMAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.

Proyecto 1. EDUCACION Y CAPACITACION ELECTORAL.

Estrategia B. Promoción de una cultura del voto libre y secreto, con especial énfasis en zonas y poblaciones identificadas como de alto riesgo.

  Oficinas Centrales:

  En apoyo a la estrategia, se proporcionó orientación a los vocales de las juntas locales ejecutivas de los estados de Querétaro, Guanajuato y Veracruz, entre otros, que solicitaron asesoría para la realización del curso-taller sobre promoción del voto libre y secreto. También se realizó una revisión al documento Estudio sobre la participación ciudadana y las condiciones del voto libre y secreto en las elecciones federales del año 2000. Cabe señalar que es una de las estrategias que tendrán continuidad en el nuevo Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, con las adecuaciones necesarias para fortalecer las actividades formativas de la población objetivo.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  Los talleres para la promoción de una cultura del voto libre y secreto se continuaron impartiendo a los diversos públicos objetivo en las 32 entidades del país, logrando atender a 76,975 jóvenes y adultos, y capacitar a 5,973 multiplicadores. Cabe destacar que tanto en los multiplicadores como en la población atendida, por género han sido mayoritariamente mujeres con el 53.97% del total en ambas categorías.

  En este periodo se incrementó la demanda de talleres en los 11 estados que tenían programadas elecciones locales para este año, así lo demuestran las cifras de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Proyecto 1. EDUCACION Y CAPACITACION ELECTORAL

Estrategia C.  Impulso a espacios de análisis y reflexión para integrar y ofrecer un paquete de opciones educativas (talleres, diplomados, maestrías, seminarios, conferencias, etcétera) en materia político-electoral.

  Oficinas Centrales:

  Se revisó y validó el contenido de la propuesta temática del diplomado Procesos Electorales y Derechos Electorales en México que en forma conjunta organizan el Instituto Federal Electoral y la Universidad Mundial de La Paz, en Baja California Sur, evento que inició el 24 de septiembre y concluyó el 26 de noviembre del año en curso. Adicionalmente, se revisaron los contenidos temáticos del diplomado Derecho e Instituciones Electorales , que lleva a cabo la Coordinación Interinstitucional de Capacitación Electoral, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, (en esta Coordinación participan el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el gobierno del Estado de México, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el Instituto Electoral del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto de Estudios Legislativos y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral), y del diplomado Derecho Electoral que organizan la Universidad del Golfo de México y el Instituto Federal Electoral, mismo que inició el 6 de noviembre de 2004 y finalizará en mayo de 2005.

  Derivado de las actividades que en forma conjunta están realizando el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en materia de capacitación electoral, el día 18 de agosto del año en curso, en la ciudad de Querétaro, se dio inicio al programa de cursos en materia electoral , el cual se impartió a los miembros del Congreso del estado de Querétaro; a partir del mes de noviembre se imparte en las instalaciones de la IV Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, y se llevará a cabo en forma mensual hasta el mes de agosto de 2005.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  Por lo que respecta al contenido de esta estrategia, y derivado de los convenios de colaboración establecidos entre las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas y las instituciones educativas de las entidades federativas, como las escuelas primarias, secundarias, bachilleratos y universidades, de marzo a noviembre de 2004 se llevaron a cabo pláticas, talleres, conferencias, diplomados, maestrías, seminarios, coloquios y cursos sobre materia político-electoral, donde fueron abordados temas de educación cívica y participación ciudadana encaminados a impulsar espacios de análisis y reflexión a través de diversas opciones educativas.

  Estos eventos juegan un papel de suma importancia en la formación de la ciudadanía y los conocimientos que se requieren para promover la participación ciudadana en el ámbito público, como vía efectiva para mejorar sus condiciones de vida y hacer válidos sus derechos, constatando que a través de éstos los públicos objetivo se allegan de conocimientos, competencias y aptitudes cívicas y éticas para el ejercicio de su ciudadanía.

  Las conferencias y seminarios se enfocaron básicamente a la exposición de temas como: Sistema Electoral Mexicano, Cargos de Elección Popular, El Instituto Federal Electoral, Conformación de los Poderes de la Unión, La Participación Ciudadana, Educación Cívica, Jornada Electoral, Derecho Electoral, Registro Federal de Electores, La Democracia en México, el Juicio de Inconformidad y las Causales de Nulidad, entre otros. A continuación se mencionan algunos de los eventos más relevantes:

Proyecto 3. PROMOCION DE UNA CIUDADANIA ACTIVA.

Estrategia A. Instrumentación de los Talleres de Educación Ciudadana en coordinación con instituciones y organizaciones interesadas en la construcción de ciudadanía.

  Oficinas Centrales:

  Se continuó apoyando a los vocales que solicitaron material y asesoría para la instrumentación del taller. Por sus contenidos y propuesta didáctica es un taller que será empleado para apoyar diversos proyectos del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, como el proyecto El voto: una vía para cambiar la sociedad, y en general para la formación ciudadana de adultos.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  El taller de Educación Ciudadana se impartió en 31 entidades federativas con la participación de 7,182 instructores, de los cuales 3,918 fueron mujeres y 3,264 hombres. La población atendida fue de 41,999 ciudadanos, de la cual destaca la participación de las mujeres (25,692) sobre la de los hombres (16,308). Durante el semestre que se reporta, las entidades federativas que lograron capacitar a un mayor número de instructores fueron: Sinaloa (1,049), Veracruz (895), Distrito Federal (585) y Guanajuato (477). Cabe señalar que Jalisco y Puebla atendieron a un mayor número de población en relación con las demás entidades federativas, como se menciona en el cuadro siguiente:

Estrategia B. Instrumentación del Proyecto Ciudadano para Adultos con la finalidad de que las políticas públicas propuestas y los planes de acción que se generen dentro del mismo sean presentados por los participantes y atendidos por las autoridades competentes.

  Oficinas Centrales:

  Se continuó apoyando a los vocales que solicitaron material y asesoría para la instrumentación del taller. Por sus contenidos y propuesta didáctica es un taller que será empleado para apoyar diversos proyectos relacionados con la educación cívica y formación ciudadana en el espacio municipal del Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  Durante el semestre que se reporta, el Proyecto Ciudadano para Adultos se impartió en 21 entidades federativas, logrando atender a 7,003 hombres y mujeres, destacando la participación de las mujeres (4,351). Asimismo, se capacitó a 496 mujeres y a 371 hombres. Las entidades federativas que atendieron a un mayor grupo poblacional fueron Distrito Federal y Puebla mientras que Chihuahua, Nuevo León y Distrito Federal capacitaron a un mayor número de instructores.

Proyecto 4. EDUCACION CIVICA Y FORMACION CIUDADANA EN EL ESPACIO MUNICIPAL.

Estrategia B. Apoyo, generación e instrumentación de iniciativas y programas de participación ciudadana en el ámbito municipal.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  Como se puede observar en el cuadro siguiente, se llevaron a cabo eventos relacionados con esta estrategia en 16 entidades de la República. En ellos participaron 14,692 ciudadanos, de los cuales el 60.69% son mujeres.

Proyecto 6. PARTICIPACION CIVICA PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.

Estrategia A.  Definición de nuevas políticas y programas a favor de la niñez y la juventud a partir de la experiencia de la Consulta Infantil y Juvenil 2000 y del desarrollo de las acciones de análisis de sus resultados.

  Oficinas Centrales:

  A partir de la firma, con fecha 2 de octubre de 2003, del documento denominado Compromiso interinstitucional a favor de niñas, niños y jóvenes en materia de lucha contra la violencia, la desinformación y la discriminación, como resultado de la Consulta Infantil y Juvenil 2003 , y con la finalidad de dar continuidad a sus propósitos, el Instituto Federal Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, convocó a un conjunto de instituciones vinculadas a la niñez y la juventud y comprometidas con la generación de acciones a partir de los resultados de la Consulta, y con las que, desde el 29 de febrero de 2004, ha sostenido una serie de reuniones. Estas han dado como resultado que el pasado 26 de abril se oficializara la creación del Comité Interinstitucional de Fomento a la Participación Infantil y Juvenil, que tiene por objetivo dar continuidad a las primeras acciones ya articuladas en relación con la difusión a escala nacional de los resultados de la Consulta, además de organizar e impulsar nuevas iniciativas y dar seguimiento a todo aquello que las instituciones del Comité realicen para atender las demandas vertidas por la población infantil y juvenil el 6 de julio de 2003.

  Dicho Comité quedó formalmente integrado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), el Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia (COIA), la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las Subsecretarías de Educación Básica y Normal (SSEBYN) y de Servicios Educativos del Distrito Federal (SSSEDF), y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

  Actualmente se cuenta con la propuesta de un documento que establecerá los mecanismos de difusión, seguimiento y evaluación de las actividades que desarrolla el Comité Interinstitucional de Fomento a la Participación Infantil y Juvenil, el que además definirá la participación y el apoyo que brindarán a esta labor los órganos desconcentrados del IFE.

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  En el periodo que se reporta, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en nuestro país se abocaron a la organización y desarrollo de diversas actividades encaminadas a difundir entre la población infantil y juvenil los resultados obtenidos por la Consulta de 2003.

  En el cuadro siguiente se muestra el número de eventos realizados por entidad federativa y los niveles de participación de niñas, niños y jóvenes:

  Como se puede observar, las actividades que instrumentaron las 24 entidades federativas fueron dirigidas a niñas, niños y jóvenes, divididos en dos grupos de edad, el primero comprende a los de 6 a 13 años y el otro a los de 14 a 17 años. A escala nacional se realizó un total de 860 eventos, con los que las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas lograron impactar a un total de 92,945 niños, niñas y jóvenes, de los cuales 66,628 pertenecen al grupo de edad de 6 a 13 años y 26,317 al de 14 a 17 años, lo que confirma la tendencia en cuanto a los niveles de participación reflejados en el ejercicio cívico de 2003.

  Cabe destacar el trabajo realizado por el estado de Jalisco, el que con 149 eventos difundió los resultados de la Consulta entre 19,044 niños, niñas y jóvenes, lo que representa el 20.48% del total de la población atendida. Asimismo, cabe señalar la labor realizada por los siguientes estados: Puebla, que con 137 eventos, impactó a 10,336 niños, niñas y jóvenes, lo que representa el 11.12%; Durango, que atendió a una población de 9,339 (10.04%), con un total de 74 eventos y Tamaulipas, que logró la asistencia de 8,612 (9.26%) niñas, niños y jóvenes a 47 eventos de difusión. El total de la población infantil y juvenil atendida por estos cuatro estados representa el 50.88% del total reportado a escala nacional.

Estrategia B.  Desarrollo de la Semana Estatal de Educación Cívica con el objetivo de realizar en una semana actividades educativas y formativas para sumar esfuerzos y recursos de instituciones educativas y electorales, a fin de centrar la atención de la población en el tema de la educación cívica y la participación ciudadana.

  Oficinas Centrales:

  En relación con la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, se reactivaron las reuniones con las Instituciones aliadas: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (FEPADE-PGR).

  Los días 3 y 10 de junio del presente se llevó a cabo una reunión con los representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes solicitaron adelantar la realización de la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, prevista del 11 al 15 de octubre (fecha programada y establecida en el Calendario Anual de Actividades de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas), a la semana del 6 al 10 de septiembre del mismo año. Esta solicitud obedecía a que hacia finales de septiembre se estaría llevando a cabo en el TEPJF la designación del Presidente Magistrado de dicha institución.

  Los asuntos abordados en dichas reuniones fueron los siguientes: el tema central de la semana Calidad de la democracia en nuestro país ; incorporar como aliados estratégicos o instituciones convocantes a las universidades e instituciones de educación superior y que los eventos estuvieran más integrados en las universidades e instituciones de educación media-superior y reflexionaran sobre el tema.

  En la sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo General del IFE del pasado 22 de junio de 2004, se informó acerca de la realización de la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia, se presentó el documento rector, los avances respecto de la imagen del evento y se autorizó la petición del TEPJF para adelantar la fecha.

  Paralelo a lo anterior, se elaboró el documento rector y la definición de los paneles de expertos con base en el trabajo interinstitucional, así como el programa de actividades nacionales -general y específico- para cada uno de los eventos; también se procedió a elaborar los oficios de invitación, mismos que fueron remitidos a cada uno de los panelistas, y se llevó a cabo el seguimiento a la confirmación de las participaciones.

  Asimismo, se realizaron los diseños de portada, tríptico y reconocimiento de la Semana Nacional, diseños que fueron remitidos al TEPJF y a la FEPADE para su producción, el diseño y la producción de 3,000 carteles que fueron distribuidos entre las instituciones convocantes y las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.

  Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó la versión de la Semana en la página electrónica http:/www.democraciaytu.org.mx.

  Mediante oficio DECEyEC/1249/04 del 30 de julio, envío 039 de la DECEyEC, se remitieron a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas diversos materiales (documento rector, tríptico, cartel, programa de paneles nacionales y formato de captura del programa por distrito y entidad federativa) para su conocimiento, difusión y procesamiento.

  Asimismo, se llevó a cabo la transmisión de los paneles nacionales a través de la Red Edusat, así como los trámites relativos a la logística de los paneles a realizar en el Auditorio del IFE, entre éstos, mesa de recepción, personificadores, servicio de edecanes, servicio de cafetería, acceso al estacionamiento y la elaboración de proscenios a través de la producción de manta vinílica.

  A continuación se describen algunas actividades relevantes :

o De los 13 paneles, conferencia y seminario organizados por las instancias nacionales del IFE, TEPJF y FEPADE, 6 se realizaron en la Ciudad de México y 7 en las entidades federativas siguientes: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Oaxaca.

o El Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación organizó 2 eventos en el D.F., la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Coahuila y Aguascalientes, y el IFE 4 en el D.F. y 1 en Tijuana, en Jalisco, en Nuevo León y en Oaxaca).

o Se trasmitieron 13 eventos a nivel nacional por la red Edusat, con la colaboración del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y de la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP; 4 de ellos se transmitieron en vivo y 9 en forma diferida.

  Eventos realizados en la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia 2004

  Juntas Locales y Distritales Ejecutivas:

  Respecto al trabajo de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los resultados se sintetizan en las siguientes cifras: 8,017 eventos organizados, a los que asistieron 1,076,123 personas. Para un mayor detalle por entidad federativa, se presenta la tabla siguiente:

  Sobre el tipo de eventos que se realizaron durante la semana destacan: 1,553 conferencias, mesas redondas, paneles, seminarios y encuentros académicos (entre ellos se encuentran los 13 eventos nacionales), 906 cursos y talleres de formación ciudadana (elecciones escolares, jornadas cívicas, cursos de actualización en materia electoral, congresos infantiles, congresos juveniles, un día en el cabildo, asambleas sobre valores y jornadas de divulgación electoral jóvenes por la democracia ).

  Además se realizaron 74 presentaciones de publicaciones de las tres instituciones participantes (cuadernillos de divulgación, libros especializados, ensayos, entre otros), 199 concursos y certámenes (pintura, dibujo infantil, ensayo, periódicos murales), 368 exposiciones en las que se distribuyeron materiales de divulgación, 748 eventos culturales (obras de teatro, recitales, cine-debate, exposiciones fotográficas, pictóricas y de grafiti, muestras de dibujo infantil y periódicos murales), 206 eventos de difusión en medios de comunicación (ruedas de prensa, programas de radio o entrevistas, programas televisivos, cápsulas cortas, perifoneo o presentaciones a grupos interesados).

  Asimismo, se reportan 105 competencias deportivas y recreativas, 112 eventos para difundir los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2003, 24 visitas guiadas (a la Cámara de Senadores, a la Asamblea Legislativa, a las instalaciones centrales del IFE, a las Juntas Distritales Ejecutivas y a lugares históricos), 109 ceremonias de honores a la Bandera como parte de la inauguración o la clausura, 17 ejercicios de encuestas (Valores Democráticos, Participación Ciudadana, El IFE y el Voto, Participación Ciudadana, Encuestas Infantil y Juvenil), así como 33 firmas de convenios (SEDESOL, CONAFE, Institutos Estatales de Educación para Adultos, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, Ayuntamientos, Centros de Educación Superior, Instituto Estatal de la Mujer, Organismo Electoral).

  Las gráficas que se presentan a continuación ilustran la comparación entre los tipos de actividad, precisando en cifras absolutas y cifras relativas su posición respecto del conjunto tanto por población atendida como por eventos organizados.

La imagen no su puede mostrar, por lo que para consultarlo deberá de hacerlo mediante la opción de imagen o puede solicitar se le envíe el archivo en formato comprimido por correo electrónico.

  Con el propósito de realizar un análisis cualitativo de las actividades de la Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario a los 32 Vocales Locales del ramo, mediante el cual se revisaron aspectos de planeación y organización, difusión y promoción, así como de evaluación u opinión sobre objetivos, metas, eventos destacados, además de lo que valoraron como lo mejor de dicho evento.

  Por lo que corresponde a la planeación y organización, en términos generales se puede informar que 100% de los Vocales llevó a cabo reuniones previas de carácter interinstitucional con organismos locales para la organización de dicho evento, 57% estableció en alguna modalidad acuerdos formales para la realización de la Semana, mientras que 40% realizó sus actividades sin establecer formalidad alguna para el desarrollo de eventos; 3%, que equivale a una junta, no contestó.

  En todas las reuniones llevadas a cabo por las juntas que exploraron la modalidad formal se tomaron acuerdos de coordinación, colaboración y participación, no obstante que sólo 25% tiene constancia del desarrollo de dichas reuniones a través de las minutas correspondientes.

  Con respecto a la anticipación en la organización de la Semana, 9% inició las gestiones a partir de la segunda semana del mes de julio; 78% en la primera semana del mes de agosto; 9% quince días antes del inicio de actividades y 3% sólo una semana antes.

  El 56% de las juntas instaló una Comisión Organizadora Estatal que estableció los lineamientos respectivos. El resto no lo hizo y entre las principales razones expuestas están: tiempo insuficiente para la organización y desarrollo del evento; poco o nulo interés por parte de las instituciones convocadas; preferencia a establecer canales de colaboración específicos con cada institución y no con todas en un colectivo.

  Las instituciones convocantes locales -coorganizadoras- que más destacan por su participación son: instituciones de educación superior (87%), planteles escolares (81%), delegaciones de la PGR (84%), ayuntamientos (75%) e institutos o consejos estatales electorales (62%), comisiones de derechos humanos (53%), entre otras.

  Con respecto a otras instancias participantes, destacan, además de las anteriores, las Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (65%), instituciones culturales (56%) y los institutos estatales de las mujeres (56%).

  Los apoyos recibidos de las instituciones fueron variados, destacándose la colaboración de las instituciones locales en todos los rubros (ponentes, material de divulgación, difusión de los eventos y apoyos logísticos). La FEPADE y el TEPJF aportaron particularmente el apoyo con los ponentes.

  Por lo que toca a difusión y promoción, 93% de las juntas realizó la difusión a través de invitaciones personalizadas, adicionalmente 71% utilizó carteles y volantes, 68% medios electrónicos, 62% medios impresos -diarios- y 37% correos electrónicos. Cabe destacar que el seguimiento que se realizó a dicha convocatoria en 81% se llevó a cabo por la vía telefónica y 43% por correo electrónico, considerando que algunas juntas combinaron ambas formas de confirmación.

  El 100% de las Juntas Ejecutivas orientó la difusión a funcionarios públicos, docentes y académicos, 96% a estudiantes universitarios, 84% a partidos políticos, 75% a organizaciones de la sociedad civil, 56% a agrupaciones políticas y 53% a organizaciones empresariales y de comercio.

  En términos cuantitativos los resultados obtenidos son los siguientes:

  Las juntas locales proyectaron en conjunto alcanzar una cifra de 822,514 personas; los resultados finales de participación ascienden a un total de 1,076,123 personas conforme a reportes enviados y en revisión. En 46% de las juntas se estimó que fue mucho el grado de aceptación y satisfacción; y en 50% se considero que fue suficiente dicha aceptación por parte del público.

  En términos del desarrollo de los eventos, los de mayor atención ciudadana fueron las conferencias, mesas redondas, talleres y cursos.

  El 53% de las Juntas considero que se cumplieron ampliamente las metas y objetivos previstos, mientras que 47% dijo que sólo de forma suficiente.

  Al cierre del informe es importante mencionar que los equipos de trabajo de las tres instituciones han realizado reuniones de trabajo con la finalidad de diseñar los lineamientos para el año 2005 y poder adelantar los preparativos así como buscar un mayor impacto y trascendencia de esta estrategia en su próxima edición.

Proyecto 7. FORTALECIMIENTO Y DIVULGACION DE LA CULTURA DEMOCRATICA.

Estrategia A.  Diseño, elaboración y difusión de materiales informativos sobre instituciones, prácticas y valores de la democracia.

  Oficinas centrales:

  Actividades académicas.

  En el periodo comprendido en este informe, se contó con la presencia del Dr. Hans Jurgen Beerfeltz, Director Federal de Partido Liberal Alemán, quien impartió las siguientes conferencias magistrales: Una Propuesta Liberal para la Participación Ciudadana en el Ambito Municipal, El Sistema de Financiamiento de Campañas Electorales en Alemania y el Sistema Electoral mixto en Alemania, Promoción y Evaluación de Proyectos de Educación Política para Adultos y El Abstencionismo Electoral. Asimismo, se presentaron las siguientes publicaciones: Poder, derecho y corrupción, coordinado por el Dr. Miguel Carbonell y el Dr. Rodolfo Vázquez, en una coedición del IFE, Editorial Siglo XXI e ITAM; Cultura Política y Jóvenes en el Umbral del Nuevo Milenio, de la Dra. Anna María Fernández Poncela, en una coedición del IFE y el IMJ, y Cortejando a la democracia en México: Estrategias partidarias e instituciones electorales, del Dr. Todd A. Eisenstadt, editado por el Colegio de México.

  Eventos internacionales.

  En el ámbito internacional, el IFE tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias y puntos de vista con especialistas en materia de educación cívica en diversos foros, como por ejemplo la participación en la Conferencia sobre Educación Cívica y Política en las Democracias: Comparando Enfoques Internacionales en la Educación de Nuevos Ciudadanos, con la presentación del trabajo Citizenship Identity and Social Inequality , organizada por el Center for Civic Education, en San Diego, California, en septiembre de este año.

  Participación de los Consejeros Electorales del Consejo General y de los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, en el marco de las actividades del Plan Trianual de Educación Cívica 2001-2003.

  Como apoyo a la difusión de la cultura democrática, los Consejeros Electorales del Consejo General y los Titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto participan directamente en eventos académicos, como parte de las tareas del Plan Trianual de Educación Cívica, por lo que de conformidad con lo informado durante el periodo que se informa, asistieron en calidad de ponentes, comentaristas y moderadores a 68 eventos que se encuentran detallados en el anexo de este informe.

  Certamen.

  Una de las actividades más significativas por su impacto entre la población interesada en el tema de la educación cívica fue el Noveno Certamen Nacional de Ensayo, Reflexiones y Testimonios Francisco I. Madero , convocatoria que se publicó el 26 de abril del presente y cuyos temas fueron Etica y política: construcción de la confianza en las instituciones públicas (para el caso de ensayo) y Valores democráticos: experiencias cotidianas (para el caso de testimonios). La fecha de cierre para la recepción de trabajos era el 31 de agosto, sin embargo, debido a la enorme participación, se hizo una prórroga hasta el 20 de septiembre.

  Del total de 362 trabajos recibidos, 216 fueron ensayos, 143 fueron reflexiones o testimonios y 3 que no pudieron ser encuadrados en ninguna categoría. El fallo del jurado, integrado por el Dr. Santiago Carassale, el Dr. Julio Alberto Aibar Garete y la Mtra. Ana Corina Fernández, para la categoría de ensayo, la Escritora Maruxa Vilalta, la Mtra. Catalina Gloria Canedo Castro y la Mtra. Erika Tapia Nava, para la categoría de testimonio, se dio a conocer el día.

  Elaboración y edición de materiales de divulgación de la cultura democrática.

  Durante el periodo comprendido de abril a octubre del presente año, se recibió una amplia gama de materiales editados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica que tienen como propósito fundamental divulgar la cultura democrática. Además, en el marco de colaboración con otras Instituciones, se recibieron materiales de divulgación afines a la materia electoral, así como carteles-invitación, los cuales se distribuyeron a las Juntas Locales Ejecutivas y en las oficinas centrales del Instituto Federal Electoral.

  Asimismo, destaca la distribución que se efectuó a nivel nacional de los materiales que se desglosan en el Apartado 4. Distribución de Materiales de este informe, donde se mencionan los títulos y cantidades de los materiales distribuidos.

  El total de los materiales solicitados por las Juntas Locales Ejecutivas fue de 647,167 ejemplares enviados. Por lo que respecta a las solicitudes de material remitidas por Juntas Distritales, se les enviaron 1,470 ejemplares.

  En el rubro de las peticiones de material diverso, formuladas por público externo, esta Dirección Ejecutiva cumplió con el envío respectivo, dando un total de 151,252 ejemplares entregados.

  Del recuento de lo antes mencionado, el total del material distribuido por la Dirección Ejecutiva durante el período que se informa asciende a la cantidad de 799,889 ejemplares.

  Cabe destacar que entre el material más solicitado por público externo a esta Dirección Ejecutiva, se encuentran las siguientes publicaciones: cuentos y juegos infantiles, Calendario de Efemérides 2004, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, cuadernos que conforman la colección Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos, Apuntes de la Cultura Democrática, Constitución Política Mexicana y Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

  ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA INTEGRAL DE EDUCACION CIVICA CAP-CAI Y DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 2004-2006

  AGENCIA DE PUBLICIDAD

  Se llevó a cabo la contratación de agencia de publicidad mediante la LPN-IFE-00100001-008/008/2004, para la prestación de los servicios de diseño de estrategia, racional creativo y diseño de materiales impresos y audiovisuales para la Campaña Integral de Educación Cívica CAP/CAI y de Promoción de la Participación Ciudadana 2004-2006, en la que participaron 14 empresas.

1. Bbdo México, S.A. de C.V.

2. Imaginería, Casa de Publicidad, S.A. de C.V.

3. Proeza Bddp, S.A. de C.V.

4. S2 México, S.A. de C.V.

5. Socios y Asociados, S.A. de C.V.

6. Productora Imaginaria, S.A. de C.V.

7. Roberto Gaudelli y Asociados, S.A. de C.V.

8. Carlos Ascobereta Publicidad, S.A. de C.V.

9. Publicidad Ferrer y Asociados, S.A. de C.V.

10. Publicidad Imagen En Movimiento, S.A. de C.V.

11. Simpson Publicidad, S.A. de C.V.

12. Slogan Publicidad, S.A. de C.V.

13. Trimedia Publicidad, S.A. de C.V.

14. Xpo Control, S.A. de C.V.

  Después de revisar y evaluar las propuestas técnicas de los licitantes participantes, el comité de evaluación del IFE, de acuerdo con los términos contenidos en las bases y el anexo técnico de la licitación de referencia, dictaminó:

  Aceptar las propuestas técnicas de las empresas siguientes:

¦ Bbdo México, S.A. de C.V.

¦ Imaginería, Casa de Publicidad, S.A. de C.V.

¦ Proeza Bddp, S.A. de C.V.

¦ S2 México, S.A. de C.V.

¦ Socios y Asociados, S.A. de C.V.

  De acuerdo a la normatividad se prosiguió con la aplicación de la fórmula establecida a las ofertas económicas de los licitantes que cumplieron con todos los puntos solicitados en las bases y el anexo técnico de la LPN-IFE-00100001-008/008/2004, con la finalidad de determinar la propuesta ganadora, según se establece en el punto 6, inciso c) Criterios para la adjudicación del contrato y en el Capítulo IX Criterios de Evaluación y Adjudicación , contenidos en las bases y en el anexo técnico.

  Después de revisar y evaluar la solvencia de las propuestas económicas de los licitantes de referencia, el comité de evaluación procedió a aplicar la fórmula establecida en las bases y en el anexo técnico, quedando como ganadora la empresa PROEZA BDDP, S.A. DE C.V.

  Lo anterior, con base en el fundamento en el criterio establecido en las bases de la licitación, que a la letra dice la propuesta que como resultado de aplicar la fórmula indicada sea la más baja, será adjudicada .

  CONTRATACION DE CASA PRODUCTORA

  Se comenzaron los trabajos para realizar la contratación bianual de la casa productora para la producción y multicopiado de 21 spot s de televisión filmados en 35 mm, de 30 segundos de duración c/u de ellos, producción de 34 spot s de radio de 30 segundos de duración c/u de ellos, producción de la música de la campaña y producción de fotografías fijas.

  CAMPAÑAS DE DIFUSION

  Solicitudes para ampliación de transmisión en T.V. y Radio:

  Se realizaron los trámites correspondientes para la prórroga ante (RTC) con el objetivo de abrir tiempos oficiales en las estaciones de radio y canales de televisión para la transmisión de los spots de 30 segundos de la Subcampaña de Actualización del Padrón Electoral 2004 .

  En lo que respecta a las campañas de difusión con cobertura nacional en medios electrónicos que se transmiten a través de tiempos oficiales de RTC en las 1,333 estaciones de radio y 97 televisoras de todo el país, se llevaron las gestiones pertinentes ante las autoridades de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, como se detalla enseguida:

Televisión

Radio

  INSERCIONES EN PRENSA

  La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica realizó 36 inserciones de prensa durante el período de abril a octubre de 2004, correspondientes a los mensajes en los medios y fechas que a continuación se describen:

  PROGRAMA RADIOFONICO VOCES DE LA DEMOCRACIA

  Para el periodo comprendido de abril a octubre de 2004 se realizaron 30 programas de la serie Voces de la Democracia en sus formatos de radio y televisión, de los cuales se transmitieron a través del 860 de AM radio UNAM 21 programas en vivo, 3 programas pregrabados y 6 repeticiones.

  Se contó con la presencia de 53 invitados en el estudio, se grabaron 17 entrevistas para cubrir el segmento Palabra de ... y se realizaron aproximadamente 2,100 encuestas para el segmento Palabra de Ciudadano . Se recibieron un promedio de 7 llamadas por emisión. A continuación se presenta la temática abordada en cada programa y los especialistas participantes.

  Transmisiones y Retransmisiones

   Voces de la Democracia

RETRANSMISIONES (CANALES 13 DE EDUSAT Y EL CANAL DEL CONGRESO)

  Eventos realizados:

  Se realizó el 6o. Certamen Nacional Pintando para la Democracia 2004 , que contó en este año con la participación de 702 creadores, lo cual constituyó un aumento de la participación ciudadana de 242% respecto al año 2003. El tema a desarrollar fue Igualdad de derechos y democracia en la vida cotidiana . En total se recibieron 829 trabajos.

  Cada autor pudo participar hasta con tres trabajos, obteniéndose la participación siguiente:

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  Cabe destacar que en esta edición, el certamen registró un incremento sustancial respecto a las anteriores, debido a su nueva modalidad de participación y categorías, como se muestra en el cuadro siguiente:

  Distribución de la participación por sexo.

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