DICTAMEN relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la declaración de validez de la elección y a la de presidente electo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.- Sala Superior.- Secretaría General de Acuerdos.

DICTAMEN RELATIVO AL COMPUTO FINAL DE LA ELECCION DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION Y A LA DE PRESIDENTE ELECTO.

COMISION DICTAMINADORA: MAGISTRADOS LEONEL CASTILLO GONZALEZ Y JOSE DE JESUS OROZCO HENRIQUEZ.

  México, Distrito Federal, a dos de agosto del año dos mil.

  Visto el expediente formado para tramitar y llevar a cabo la etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, y

RESULTANDO

  1. El siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, mediante sesión pública realizada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, inició formalmente el proceso electoral federal ordinario 1999-2000, para la elección del titular del Poder Ejecutivo de la Unión.

  2. El diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral otorgó a los partidos políticos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, el registro de la coalición denominada Alianza por el Cambio, y a los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social, el registro de la coalición identificada como Alianza por México, a ambas coaliciones para postular candidatos a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas resoluciones se publicaron el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, así como el tres de enero del año dos mil, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación.

  3. Del primero al quince de enero del año dos mil, los partidos políticos Revolucionario Institucional, Auténtico de la Revolución Mexicana, de Centro Democrático y Democracia Social, así como las coaliciones señaladas, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral presentaron las solicitudes de registro de candidatura para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  4. El dieciocho de enero del año dos mil, el Consejo General del Instituto Federal Electoral registró las candidaturas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de participar en el proceso electoral federal ordinario 1999-2000, en el orden siguiente:

  Lo anterior, en virtud de que se cumplieron los requisitos formales correspondientes, sin que se hubiera combatido alguno de los registros otorgados. Dicho acuerdo se publicó el veintiséis de enero del año dos mil, en el Diario Oficial de la Federación.

  5. El trece de junio del año dos mil, el candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Porfirio Muñoz Ledo, renunció a su postulación, y por ese motivo, mediante acuerdo dictado el veintitrés siguiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó cancelar el registro de esa candidatura. El citado acuerdo se publicó el treinta de junio del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación.

  6. Durante la etapa de preparación de la elección del presente proceso electoral federal ordinario, se promovieron mil doscientos cinco juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, de los cuales la gran mayoría versó sobre la no obtención de la credencial para votar con fotografía o la no inclusión o indebida exclusión de la lista nominal de electores de la sección correspondiente al domicilio respectivo, y los restantes sobre la negativa del Consejo General del Instituto Federal Electoral a registrar candidatos para participar en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en relación con dicha etapa preparatoria de la elección, los partidos políticos y las coaliciones citadas interpusieron cuarenta y un recursos de apelación vinculados con la elección presidencial. Dichos medios de impugnación fueron resueltos dentro de los plazos legales por las Salas Superior y Regionales de este Tribunal Electoral, en el ámbito de sus respectivas competencias.

  7. El dos de julio del año dos mil, tuvo verificativo la jornada electoral con el objeto de elegir al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  8. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mesas directivas hicieron llegar los paquetes y los expedientes respectivos a los consejos distritales correspondientes, los cuales llevaron a cabo los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  9. El seis de julio del año dos mil, Democracia Social, Partido Político Nacional, interpuso recurso de apelación en contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la forma en que los consejos locales y distritales deberán proceder en el caso del cómputo de los votos emitidos a favor de candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados, ambos por el principio de mayoría relativa, que hubiesen sido canceladas y no haya procedido su sustitución conforme a lo establecido en el artículo 181, párrafos 1, inciso b), y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo acuerdo que fue aprobado en la sesión del dos de julio del año dos mil. El citado recurso se radicó con el número de expediente SUP-RAP-036/2000.

  El nueve de julio, la coalición Alianza por México promovió dos juicios de inconformidad, a través de los cuales impugnó los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondientes a los distritos electorales uninominales 02 del Estado de México y 11 del Estado de Puebla. Dichos juicios fueron radicados con los números de expediente SUP-JIN-001/2000 y SUP-JIN-002/2000.

  10. Del trece al veinte de julio del año dos mil, los presidentes de los consejos distritales remitieron a esta Sala Superior los expedientes de los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con las correspondientes actas de las casillas que se ubicaron en los trescientos distritos electorales uninominales en que se divide el territorio del país, el acta de cómputo distrital, copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo y copia del informe de los propios presidentes sobre el desarrollo del proceso electoral federal ordinario en sus respectivos distritos, así como, en su caso, la constancia de que no se presentó medio de impugnación en contra de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  11. El veinticinco de julio del año dos mil, esta Sala Superior emitió el acuerdo general sobre el procedimiento para la elaboración del dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la declaración de validez de la misma y a la de Presidente Electo, en el cual se determinó: a) Tener por recibida la documentación relativa a la referida elección; b) Requerir, por conducto del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, la documentación presentada por los partidos políticos y las coaliciones para el registro de sus candidatos a la elección citada, y c) Comisionar a los Magistrados Leonel Castillo González y José de Jesús Orozco Henríquez para formular el dictamen respectivo, en forma de resolución.

  12. El veintiséis de julio del año dos mil, el Presidente de esta Sala Superior requirió al Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la documentación relacionada con los candidatos que contendieron en la elección presidencial, y a ciertos presidentes de los consejos distritales electorales federales, diversa documentación relativa a los expedientes de los cómputos distritales.

  13. El veintisiete de julio del año en curso, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los juicios de inconformidad presentados en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en uno de ellos, confirmando el relativo al 02 Distrito Electoral Federal del Estado de México y, en el otro, modificando el correspondiente al 11 Distrito Electoral Federal del Estado de Puebla, en los términos siguientes:

ESTADO DE PUEBLA

  Por cuanto hace al recurso de apelación SUP-RAP-036/2000, esta Sala Superior lo resolvió en el sentido de confirmar el acuerdo impugnado.

  14. Al concluir la sesión pública en la que se resolvieron los citados medios de impugnación, dio inicio la etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.

  15. El primero de agosto del año dos mil, el Presidente de la Sala Superior dictó proveído por el cual tuvo por cumplidos oportunamente los requerimientos a que hace referencia el resultando 12.

  En esa misma fecha, compareció el ciudadano Germán Martínez, representante propietario de la coalición denominada Alianza por el Cambio ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aportando los siguientes documentos: Copias certificadas del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento número mil quinientos ochenta y cinco, en favor de Vicente Fox y Quesada, y del certificado de nacionalidad mexicana número cuatrocientos dieciséis, expedido en favor de José Luis Fox, así como copias del acta de nacimiento de José Luis Fox Pont, de la certificación de bautizo de la niña María de las Mercedes Quesada Echaide, de la declaratoria de inmigrado número doscientos un mil doscientos veintiséis, en favor de María de las Mercedes Quesada Echaide de Fox, y del acuse de recibo de la solicitud de Vicente Fox Quesada para separarse definitivamente del cargo de gobernador del Estado de Guanajuato, a partir del siete de agosto de mil novecientos noventa y nueve. El propio primero de agosto, el Presidente de este Tribunal acordó que se agregara al expediente la documentación presentada, para los efectos legales correspondientes, y

CONSIDERANDO

  I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción II, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo.

  II. Con fundamento, además, en los artículos 186 fracción II primer párrafo y 189 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con base en las actas de cómputo distrital cuyos resultados no fueron impugnados, la de aquel otro que fue confirmado, así como en la recomposición decretada respecto del cómputo del 11 Distrito Electoral Federal del Estado de Puebla, por ejecutoria que resolvió el juicio de inconformidad con el número de expediente SUP-JIN-002/2000, se procede a realizar el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos resultados distritales son:

  III. La suma de los resultados de los cómputos distritales de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez hecha la recomposición señalada, arroja el siguiente cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

  IV. De los resultados del cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, asentados en el cuadro que antecede, se evidencia que el ciudadano Vicente Fox Quesada, postulado por la coalición Alianza por el Cambio, integrada por los partidos políticos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, obtuvo quince millones novecientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco votos, los cuales representan la mayor votación.

  V. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera que con la resolución, en tiempo y forma, de la totalidad de los medios de impugnación se han garantizado los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones correspondientes a la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como protegido los derechos político-electorales del ciudadano de votar, de ser votado y de asociación, relacionados con dicha elección, como se estableció en los resultandos 6, 9 y 13 de esta resolución. En consecuencia, esta Sala Superior concluye que se ha dado definitividad a las etapas previas a la de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.

  En mérito de lo razonado en el párrafo anterior y atendiendo al hecho de que se realizaron los actos y actividades trascendentes del proceso electoral, a que se hace referencia en los informes de los respectivos presidentes de los trescientos consejos distritales del Instituto Federal Electoral, sobre el desarrollo del proceso electoral federal ordinario en sus correspondientes distritos, según se precisa en el resultando 10 que antecede, los cuales no fueron impugnados o, habiéndolo sido, se resolvió confirmarlos, revocarlos o modificarlos, a fin de garantizar que se ajustaran a los principios de constitucionalidad y legalidad electoral, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que debe declararse válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  VI. En el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que, para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se deben cumplir los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años;

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;

III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia;

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto;

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección;

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de Departamento Administrativo, Procurador General de la República, ni gobernador de algún Estado, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, y

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.

  De la documentación que la coalición Alianza por el Cambio presentó ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el diez de enero del año dos mil, a efecto de obtener el registro de su candidato para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la allegada legalmente a este expediente, se advierte que Vicente Fox Quesada satisface dichos requisitos, en razón de lo siguiente:

  La nacionalidad mexicana por nacimiento se adquiere con el mero hecho de nacer en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de los padres, como se advierte en el artículo 30, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  De acuerdo con el artículo 34 de la propia Constitución federal, para ser ciudadano mexicano se requiere: a) tener la calidad de mexicano, b) haber cumplido dieciocho años y c) tener un modo honesto de vivir.

  Los elementos descritos en los incisos a) y b) se acreditan fehacientemente con la copia certificada del acta de nacimiento de Vicente Fox Quesada, a la cual se le concede pleno valor probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que en dicho instrumento se advierte que nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el dos de julio de mil novecientos cuarenta y dos, elementos que permiten concluir que es mexicano por nacimiento, con lo cual se demuestra la actualización de la calidad que requiere la norma constitucional y que, por otra parte, tiene más de dieciocho años.

  El elemento consignado en el inciso c) debe tenerse por satisfecho, en razón de lo siguiente:

  En algunas ejecutorias emitidas en diferentes etapas de este Tribunal Electoral, se encuentra la coincidencia en dos puntos, respecto a la expresión modo honesto de vivir, que emplea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  El primero se refiere a la definición del concepto, como la conducta constante y reiterada, asumida por un hombre o una mujer en el seno de la comunidad en la que reside, que se realiza con apego y respeto a los principios superiores de la convivencia humana, según la consideración compartida por la generalidad de los habitantes de ese núcleo social, en un lugar y tiempo determinados, como elementos necesarios para llevar a cabo una vida decente, decorosa, razonable y justa; y de esto se desprende la necesidad de que concurran, fundamentalmente, dos elementos: uno de carácter objetivo, consistente en el conjunto de actos y hechos en que interviene la persona, y el otro subjetivo, consistente en que esos actos se encuentren en concordancia con los valores legales y morales que rigen en el medio social y territorial en que vive y se desarrolla.

  El segundo punto en mención consiste en la precisión de las personas a las que se debe atribuir la carga de la prueba del modo honesto de vivir de alguien, cuando dicha prueba sea necesaria en algún asunto de cualquier naturaleza, en estrecha vinculación con las características o calidades que deben tener los elementos con los que se integre la probanza; respecto de lo cual se ha sostenido el siguiente razonamiento:

  Una máxima de experiencia y de consenso generalizado enseña que la honestidad se presume, por lo cual, en principio, todas las personas se encuentran beneficiadas por dicha presunción, y con ella acreditan su modo honesto de vivir. Esto conduce, a la vez, como consecuencia lógica, a la determinación de que para tener por acreditada una vida carente de honestidad, resulta indispensable, en primer lugar, la atribución o imputación de actos u omisiones concretos no acordes con los principios y fines perseguidos con los valores de la honestidad, y en segundo lugar, que se cuente con los elementos suficientes para acreditar la imputación; lo cual es acorde con el principio general aplicable en la materia, consistente en que, sobre quien goza de una presunción a su favor no pesa el gravamen de probar el hecho presumido, mientras el pretendiente a que no se tome en cuenta ese hecho, tiene la carga de acreditar su dicho, inclusive en el caso de hechos negativos, a lo que se debe adicionar la circunstancia de que, como la materia controvertida en esa hipótesis está vinculada con la multiplicidad formada por el conjunto de actos y hechos en que interviene una persona en su vida, dentro de las más variadas e innumerables relaciones entabladas con los demás integrantes de su comunidad, esto hace necesario que los medios de prueba aportados en la hipótesis indicada deban producir un alto grado de convicción, en la cual no quede duda de la deshonestidad atribuida.

  En la especie, la presunción mencionada está robustecida, por lo menos, con los dos hechos siguientes: el treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, Vicente Fox Quesada rindió protesta como diputado federal por el Estado de Guanajuato, para integrar la LIV Legislatura, según consta en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, fungió como gobernador constitucional del Estado de Guanajuato, en parte del período que debe concluir en el año dos mil, del cual se separó mediante licencia que se le otorgó por la H. Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, por acuerdo de ocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, como consta en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve, actividades consideradas por la generalidad de los habitantes de la nación mexicana como honestas, por encontrarse destinadas a la consecución de los valores legales y morales rectores del medio social que rigen en la época y país en que se desempeñan.

  Por otro lado, no obstante que Vicente Fox Quesada, como ya quedó indicado en esta resolución, fue postulado como candidato a la presidencia de la República por la coalición Alianza por el Cambio, y registrado por la autoridad electoral competente desde el dieciocho de enero del año dos mil, no se hizo valer ningún medio de impugnación en contra del mencionado registro, en el que se invocara como base la carencia de una conducta acorde con los principios necesarios para estimar que una persona tiene un modo honesto de vivir, a pesar de existir la posibilidad de hacerlo, dado que también durante la etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un acuerdo general, en donde señaló con claridad el procedimiento y reglas a seguir para la emisión del dictamen respectivo, dentro del cual se encuentra la verificación de los requisitos de elegibilidad, pues en el punto tercero del acuerdo se precisó que en el dictamen y resolución correspondiente se verificaría la satisfacción de los requisitos de elegibilidad del candidato triunfador, y al acuerdo se le dio publicidad a través del Diario Oficial de la Federación, de veintiocho de julio del año dos mil, evento que daba pauta para que cualquier ciudadano o persona que considerara que existen elementos para destruir la presunción de honestidad referida, lo hiciera valer ante este órgano jurisdiccional y allegara los documentos conducentes, en especial los partidos políticos, por ser no sólo interesados, sino entes de orden público con la obligación de vigilar que los actos electorales se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad; esto es, tales personas pudieron ocurrir a poner en conocimiento los hechos de que se tratara y allegar las pruebas pertinentes, y no obstante eso, se abstuvieron de hacerlo.

  El requisito relativo a que el candidato elegido se encuentre en pleno goce de sus derechos, debe tenerse por satisfecho, ya que sobre el particular en el expediente relativo no obra medio probatorio que ponga de manifiesto que se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 38 de la Carta Magna, relacionado con los motivos de suspensión de los derechos o prerrogativas de un ciudadano, al no existir prueba de ninguna especie de que Vicente Fox Quesada haya incumplido alguna de las obligaciones que impone el artículo 36 de la citada normatividad constitucional, ni que esté sujeto a proceso criminal por delito que merezca pena corporal, o bien, que se encuentre en el transcurso de la extinción de una pena de la naturaleza señalada; asimismo, que haya sido declarado vago o ebrio consuetudinario, esté prófugo de la justicia, o que, por sentencia ejecutoriada, se le hubiere impuesto como pena la suspensión de sus derechos.

  Tampoco existen elementos de que se haya decretado la pérdida de la nacionalidad mexicana mencionada.

  En lo tocante al requisito de ser hijo de padre o madre mexicanos, tal condición se cumple, ya que de la prueba documental pública, consistente en la copia certificada del acta de nacimiento mencionada, se advierte que Vicente Fox Quesada es hijo de José Luis Fox y Mercedes Quesada. El padre es mexicano, según se aprecia, en primer lugar, del indicio que resulta de la copia de su acta de nacimiento, en la que se declaró por sus padres que nació en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el once de mayo de mil novecientos doce, y se comprueba plenamente con la copia autenticada del certificado de nacionalidad mexicana número cuatrocientos dieciséis, expedido a favor de José Luis Fox por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, el cuatro de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, en el que se hace constar que esta persona comprobó debidamente ante la Secretaría haber nacido dentro del territorio nacional el once de mayo de mil novecientos doce, y estar comprendido en lo dispuesto por el artículo 3o. transitorio reformado de la entonces vigente Ley de Nacionalidad y Naturalización, de cinco de enero de mil novecientos treinta y cuatro, y que optó por la nacionalidad mexicana, razón por la cual tiene la nacionalidad mexicana por nacimiento. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que dicho documento fue expedido por una autoridad dentro de los límites de su competencia.

  La condición relativa a haber residido en el país al menos durante veinte años, se encuentra justificada.

  El principio ontológico de la prueba tiene su fundamento inmediato en el modo natural de ser de las cosas, como origen de todas las presunciones, de tal forma que lo ordinario se presume y cuando a la afirmación de un hecho de esta naturaleza se enfrenta a la de uno extraordinario, la primera merece mayor credibilidad.

  En tal contexto, como una aplicación de dicho principio, debe establecerse que cuando una calidad específica se encuentra acreditada en los puntos inicial y final de un período, debe presumirse igualmente demostrada durante el lapso intermedio, lo cual adopta la expresión específica de que probados los extremos, los medios se presumen (probatis extremis, media censentur probata).

  En el caso, el ciudadano Vicente Fox Quesada ha residido por más de veinte años dentro del territorio nacional, pues de la copia certificada de su acta de nacimiento, que obra en el expediente, se acredita el punto inicial de ese lapso (dos de julio de mil novecientos cuarenta y dos), y para el efecto examinado se debe tener como punto final el día de la elección (dos de julio del año dos mil).

  No obstante que entre los dos puntos existe un lapso más o menos prolongado, para formar la presunción existen otros elementos probatorios que revelan, con suficiente mérito de convicción, que el hecho sujeto a prueba prevaleció como al inicio en diferentes momentos intermedios.

  Así, debe tenerse por demostrado que el cuatro de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, Vicente Fox Quesada se encontraba en territorio nacional, dado que en esta fecha su padre José Luis Fox obtuvo el Certificado de Nacionalidad Mexicana número cuatrocientos dieciséis, expedido por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, al haber optado por esta nacionalidad, conforme al artículo 3º transitorio reformado de la Ley de Nacionalidad y Naturalización de cinco de enero de mil novecientos treinta y cuatro, en ese entonces vigente; por lo cual este dato contribuye para inferir válidamente la residencia mencionada, en razón de que, conforme al artículo 31, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en vigor en esa época, Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto .

  Este tribunal estima que pueden ser considerados hechos notorios aquellos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal de una sociedad, los cuales son del dominio público y que nadie pone en duda, teniendo tal calidad, no sólo los que de manera directa le constan al grupo social, sino también aquellos que, en forma generalizada da por ciertos, mediante su conocimiento indirecto, incluso a través de los medios masivos de comunicación.

  En la actualidad resulta notorio para los mexicanos que el ciudadano Vicente Fox Quesada cursó sus estudios de nivel superior en la Universidad Iberoamericana de México, Distrito Federal, durante los años de mil novecientos sesenta a mil novecientos sesenta y cuatro, dado que, con motivo de su postulación y campaña electoral hacia la presidencia de la República, se difundieron ampliamente sus datos curriculares en la radio, televisión, prensa e internet. Por tanto, se estima válido deducir que durante esos años residió en territorio nacional, dado que las actividades escolares exigen, ordinariamente, la permanencia en el país en que se realizan.

  Según publicación en el Diario Oficial de la Federación, de siete de abril de mil novecientos ochenta y ocho, fue candidato a diputado al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, por el Estado de Guanajuato, Distrito III, con cabecera en la ciudad de León, postulado por el Partido Acción Nacional. Fue declarado electo el veintisiete de agosto y rindió protesta el treinta y uno siguiente, según consta en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Esto pone de manifiesto un fuerte indicio de que en ese período residió en el país, dado que el ejercicio de su función lo hace necesario, además de que el artículo 31, fracción VI, del entonces vigente Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal establece que los servidores públicos tendrán su domicilio legal en el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses.

  En el año de mil novecientos noventa y uno compitió como candidato para ocupar el cargo de gobernador del Estado de Guanajuato; y en el siguiente proceso electoral fue electo gobernador para ese estado, de cuyo cargo se le concedió licencia para separarse definitivamente, según acuerdo emitido por la H. Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, en sesión celebrada el ocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve (publicado en el periódico oficial de esa entidad federativa de trece siguiente). También en esta situación es válido pensar que tuvo la residencia en territorio nacional durante los lapsos referidos, por las razones dadas.

  Cabe advertir que para ser elegido Gobernador del Estado de Guanajuato, se requería tener una residencia efectiva en ese estado no menor de cinco años, inmediatamente anteriores al día de la elección, según lo dispuesto en el artículo 116, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, entonces en vigor, dado que su nacimiento ocurrió en el Distrito Federal. De ahí que, si obtuvo su registro en ambas elecciones, se puede deducir que justificó su residencia en el estado de Guanajuato, respecto de los cinco años precedentes a tales comicios.

  Los elementos de prueba anteriormente señalados, ponen de manifiesto que el ciudadano Vicente Fox Quesada ha realizado actos que demuestran plenamente su residencia en el territorio nacional por más de veinte años, sin que, por el contrario, en el expediente exista prueba alguna o se conozca hecho notorio orientado a demostrar que en algún tiempo de su vida haya variado su residencia.

  En conclusión, con apoyo en el artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procede otorgar valor probatorio pleno a las pruebas antes mencionadas, conforme a las reglas de la experiencia y de la sana crítica, para tener por acreditado el requisito de elegibilidad en estudio.

  Con todo lo anterior, debe tenerse por demostrado el presupuesto establecido en la fracción I del artículo 82 constitucional.

  El requisito previsto en la fracción II del artículo 82 mencionado, debe estimarse acreditado también, ya que si Vicente Fox Quesada nació el dos de julio de mil novecientos cuarenta y dos, tal como quedó demostrado en párrafos precedentes, es incuestionable que a la fecha de la elección presidencial ya había cumplido los treinta y cinco años que se requieren para ser Presidente de la República, dado que en la actualidad cuenta con cincuenta y ocho años de edad.

  El supuesto relativo a haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección se encuentra colmado, en virtud de que Vicente Fox Quesada fungió como Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, del que se separó mediante acuerdo de ocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, como se advierte del precitado Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, del trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve, lo cual conduce a considerar que el ciudadano mencionado estuvo residiendo en el país durante todo el año anterior al día de la elección que se califica; incluso, los meses siguientes al de la separación del cargo de elección popular que venía desempeñando, los dedicó a organizar y, posteriormente, a desarrollar los actos tendentes a la obtención del voto, una vez que le fue otorgado el registro como candidato.

  El requisito de no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso debe considerarse probado, porque si se trata de hechos negativos, la experiencia enseña que su acreditación directa ofrece un altísimo grado de dificultad, ante lo cual el legislador suele acoger, como solución idónea, la de arrojar la carga probatoria para quienes aseveren los hechos positivos contrarios; de modo que cuando alguien afirma lo contrario al hecho negativo, sobre éste pesa el gravamen de demostrar sus asertos con las pruebas respectivas, y en el caso no existe dato que evidencie que alguna persona hubiere cuestionado la satisfacción del requisito en estudio, ni durante el período de registro de candidatos ni en el curso de las fases posteriores del proceso electoral, inclusive la presente, relativa al dictamen sobre cómputo final y declaraciones de validez y de presidente electo, dentro de la cual se publicó un acuerdo general de esta Sala Superior en el Diario Oficial de la Federación, como ya se precisó en otra parte de esta resolución, con lo que se abrió la oportunidad a cualquier interesado, de expresar y, en su caso, presentar los elementos de que dispusiera, con relación a la posible inelegibilidad del candidato victorioso en la elección que se califica; además, debe tenerse en cuenta que el registro de Vicente Fox Quesada, como candidato a la presidencia de la República, se llevó a cabo el dieciocho de enero del año en curso, cuya determinación se hizo del conocimiento público, sin que se hubiere impugnado por partido político o coalición alguna, por considerar que no se hubieren cubierto todos y cada uno de los requisitos constitucionales para tal efecto.

  Finalmente, en el expediente relativo no obra prueba de que el ciudadano Vicente Fox Quesada se encuentre en alguna de las hipótesis de impedimento previstas en las fracciones V, VI y VIII del artículo 82 de la Constitución Política Federal, y si bien es cierto que la persona en cuestión fue electa Gobernador del Estado de Guanajuato, también lo es que en el expediente está probado que se separó de tal puesto mediante licencia que le concedió la H. Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, por acuerdo de ocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el trece siguiente, la cual surtió efectos a partir del día diez de agosto de ese año, fecha en que rindió protesta como gobernador sustituto el ciudadano Ramón Martín Huerta, para ocupar el cargo hasta la conclusión del período, el veinticinco de septiembre del año dos mil, según consta en el Diario de los Debates de ese Congreso, el cual es un documento de consulta general y pública.

  Por otra parte, no existe elemento alguno que demuestre, aunque sea de manera indiciaria, que el referido candidato esté en servicio activo en el ejército, ocupe alguno de los cargos que se enumeran en la fracción VI referida, o que esté comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83 de la Carta Magna.

  Además, tampoco hay constancia en el expediente de que, con posterioridad a su registro, hubiera sobrevenido alguna de la causas de inelegibilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  En consecuencia, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluye que el ciudadano Vicente Fox Quesada satisface los requisitos para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, por lo tanto, es elegible para desempeñar el cargo de referencia.

  VII. En virtud de que debe declararse válida la elección presidencial y, una vez realizado el cómputo final, el ciudadano Vicente Fox Quesada fue el candidato que obtuvo el mayor número de votos, además de que satisface los requisitos de elegibilidad para desempeñar el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, según se razonó con anterioridad, esta Sala Superior estima que debe declararse al propio ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos para el período comprendido del primero de diciembre del año dos mil al treinta de noviembre del año dos mil seis, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 99, cuarto párrafo, fracción II, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  Como consecuencia de lo anterior y para asegurar la eficacia de la presente resolución, en su oportunidad, la misma se debe notificar por oficio a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para el mes de septiembre del año dos mil, acompañándole copia certificada de la propia resolución, en conformidad con lo previsto en los artículos 186, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1o. y 26, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a efecto de que se sirva ordenar la expedición y publicación del Bando Solemne para dar a conocer en toda la República que el ciudadano Vicente Fox Quesada ha sido declarado Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 74, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 23, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

  Como consecuencia también del cómputo final y de las declaraciones de validez de la elección y de Presidente Electo a que se refiere esta resolución y para asegurar igualmente la eficacia de la misma, en términos de lo dispuesto en los artículos 1o.; 26, apartado 3, y 27 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el 189, fracción XV, y 201, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 10, fracción XVII, y 80, fracción VIII, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se debe notificar personalmente al ciudadano Vicente Fox Quesada, acompañándole copia certificada de esta resolución y constancia firmada por los magistrados de la propia Sala, en donde se asiente, que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el día de la fecha en que se actúa, con fundamento en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción II, primer párrafo, y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 174, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, verificó la validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; que el ciudadano Vicente Fox Quesada, candidato postulado por la Coalición Alianza por el Cambio, obtuvo quince millones novecientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y cinco votos, con los cuales logró la mayoría en la elección, razón por la cual resolvió declararlo Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos para el período del primero de diciembre del año dos mil al treinta de noviembre del año dos mil seis.

  Finalmente, con base en el artículo 30, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior considera que debe hacerse pública la presente resolución en los estrados del propio Tribunal Electoral y a través del Diario Oficial de la Federación.

  Con fundamento en las consideraciones precedentes, se declara:

  PRIMERO. Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada el dos de julio del año dos mil.

  SEGUNDO. De acuerdo con el cómputo final de la elección, el ciudadano Vicente Fox Quesada es el candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

  TERCERO. En consecuencia, el ciudadano Vicente Fox Quesada es Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, para el período comprendido del primero de diciembre del año dos mil al treinta de noviembre del año dos mil seis.

  En su oportunidad, notifíquese por oficio la presente resolución a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para el mes de septiembre del año dos mil, acompañándole copia certificada del propio dictamen, para los efectos que se precisan en el segundo párrafo del considerando VII; asimismo, notifíquese personalmente al ciudadano Vicente Fox Quesada, acompañándole copia certificada de esta resolución y la constancia a que se refiere el tercer párrafo del considerando VII. Publíquese en los estrados de este Tribunal Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.

  En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

  Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.- Magistrado Presidente: José Luis de la Peza.- Rúbrica; Magistrado Leonel Castillo González.- Rúbrica; Magistrado Eloy Fuentes Cerda.- Rúbrica; Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.- Rúbrica; Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.- Rúbrica; Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez.- Rúbrica; Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata.- Rúbrica; Secretario General de Acuerdos: Flavio Galván Rivera.- Rúbrica.

  Lo que certifico en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 201, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento de lo ordenado en la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Doy fe.- México, Distrito Federal, a dos de agosto de dos mil.- El Secretario General de Acuerdos, Flavio Galván Rivera.- Rúbrica.

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