PROGRAMA para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012. PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2009-2012 Introducción El Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, (PDPI), establece los objetivos, indicadores, metas, estrategias y acciones, a través de las cuales el Gobierno Federal promueve el desarrollo con identidad, es decir, con respeto y reconocimiento a las culturas, las lenguas y los derechos de las personas, los pueblos y las comunidades indígenas del país, con pleno apego al Plan Nacional de Desarrollo 20072012, (PND), y en el marco de la estrategia del Gobierno Federal Vivir Mejor. Para la integración del PDPI se tomó en cuenta la información obtenida en los 57 foros regionales realizados con pueblos indígenas a principios de 2007 en el marco de la consulta para la elaboración del PND, así como las propuestas formuladas por el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a finales de ese mismo año, que se encuentran contenidas en Documento de Ek Balam. Cabe señalar que el PDPI tiene, como principio estructural, el apartado B del artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la superación de los rezagos económicos y sociales y el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y las comunidades indígenas, son responsabilidad de las instituciones del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno. Con base en ello, y partiendo del mandato de que todas las instituciones han de atender, en el ámbito de sus respectivas competencias y con pertinencia cultural, a la población indígena, la CDI, a finales de 2007, convocó a las dependencias y entidades federales para que participaran en la definición de las estrategias y líneas de acción de este Programa. Las dependencias que participaron en este esfuerzo, con sus entidades y organismos sectorizados, son: Secretaría de Gobernación, en adelante "SEGOB"; Secretaría de Desarrollo Social, en adelante "SEDESOL"; Secretaría de la Función Pública, en adelante "SFP"; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en adelante "SCT"; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en adelante "STPS"; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en adelante "SEMARNAT"; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en adelante "SAGARPA"; Secretaría de Educación Pública, en adelante "SEP"; Secretaría de Salud, en adelante "SSA"; Secretaría de Turismo, en adelante "SECTUR", y Secretaría de la Reforma Agraria, en adelante "SRA". A las dependencias antes mencionadas como coordinadoras de sector, se articularon las entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal que a continuación se mencionan: · Centro Nacional para la Prevención de Desastres Naturales; · Consejo Nacional de Población, en adelante "CONAPO"; · Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en adelante "CONAPRED"; · Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en adelante "INAFED"; · Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; · Comisión Nacional del Agua, en adelante "CONAGUA"; · Comisión Nacional Forestal; · Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua; · Consejo Nacional para el Fomento Educativo; · Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en adelante "CONACULTA"; · Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en adelante "INALI"; · Instituto Mexicano del Seguro Social, en adelante "IMSS" y · Procuraduría Agraria. Los cambios profundos que se requieren para lograr que la diversidad cultural no se asocie, ni se viva como, desigualdad y discriminación, obligan a la convergencia de acciones y a la construcción de agendas específicas para todos los ámbitos del desarrollo. El desarrollo con identidad para los pueblos y las comunidades indígenas es el objetivo y la tarea en torno a los cuáles se han de articular los esfuerzos de las dependencias y entidades de todas las instituciones, de los diferentes órdenes de gobierno y de todos los actores sociales. Es indispensable lograr la armonización del marco jurídico nacional en congruencia con los derechos colectivos indígenas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se trabajará en la elaboración de opiniones jurídicas para apoyar el trabajo legislativo en los ámbitos federales y estatales. Asimismo, es necesario que las instituciones públicas encargadas de la administración y procuración de justicia, adquieran estructuras y capacidades suficientes para el respeto, promoción, defensa y protección de los derechos humanos de la población indígena. También es de suma importancia, profundizar en la capacitación a la población indígena en materia de derechos, entre los que destacan los derechos de las mujeres. La valoración y aprecio de las culturas y lenguas indígenas del país es un elemento fundamental para construir un diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discriminación hacia la población indígena. Para lograr este cambio será vital el fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial de las culturas indígenas y el papel que jueguen los medios masivos de comunicación para difundir la diversidad cultural y lingüística del país y erradicar prácticas de discriminación hacia la población indígena. La consulta hacia los pueblos y comunidades indígenas es igualmente importante para un mejor diseño de políticas públicas en los ámbitos que les atañen directamente. En materia de participación, el conocimiento que la población indígena tiene sobre su propio entorno, es un elemento muy valioso para la elaboración de las mejores estrategias de desarrollo para las diferentes comunidades, municipios y regiones. Su participación les permitirá conservar los elementos culturales deseados y establecer los cambios, la dirección y velocidad a los que aspiran. Un asunto prioritario es generar las condiciones adecuadas para que la población indígena supere los rezagos en materia de servicios. En este sentido, es imperativo redoblar esfuerzos en la promoción del desarrollo económico, impulsar la construcción de vivienda, ampliar la dotación de los servicios de agua potable, electricidad, desagüe, entre otros, construir y modernizar caminos rurales y alimentadores, además de mejorar el acceso a las nuevas tecnologías de telecomunicación. Asimismo, a fin de favorecer el desarrollo de la población indígena, es necesario fortalecer el sistema de salud, que considere la medicina tradicional. También es fundamental ampliar la educación básica bilingüe, educación media superior y superior en regiones indígenas, así como mejorar su calidad. Por lo que a la sustentabilidad se refiere, es imperativo promover esquemas de fomento a la protección de bosques y selvas en regiones indígenas, la elaboración de inventarios de flora y fauna, la reforestación y manejo sustentable de microcuencas hidrológicas, así como reducir la generación de desechos sólidos. En materia de desarrollo territorial, se apoyará la integración de diagnósticos en escala local, municipal y regional que incluyan el ordenamiento ecológico territorial y el enfoque de pertinencia cultural, y se promoverán los acuerdos necesarios entre los tres órdenes de gobierno y la población local para apoyar la elaboración de planes de desarrollo de largo plazo que sean sustentables, integrales y culturalmente pertinentes. En cuanto a la migración, es importante promover que las jornaleras y jornaleros agrícolas en los campos laborales habiten en lugares que cuenten con condiciones dignas, que se apoye un traslado organizado de los jornaleros agrícolas y se facilite el efectivo acceso a sus derechos laborales y culturales. Para la población indígena que habita en ciudades, se aplicará una política diferenciada, ya que existe una amplia gama de circunstancias que enfrentan a esta población, como es la necesidad de vivienda y dotación de servicios, en algunos casos, formación de capacidades laborales, protección para no ser víctimas de redes de delincuencia organizada, espacios para sus expresiones culturales, entre otros. En materia de transversalidad, en el PDPI se ha previsto una matriz de corresponsabilidad, que acompañará los procesos de planeación compartida y orientada al desarrollo con identidad de los pueblos y comunidades. Para mejorar la acción de las instituciones federales es necesario generar y promover información sociodemográfica sobre la población indígena, desarrollar investigaciones encaminadas al diseño y ajuste de políticas y programas públicos, fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia indígena y pertinencia cultural, proponer ajustes a sus instrumentos y herramientas de registro, además de sus sistemas informáticos. El PDPI está conformado por un apartado y cinco secciones. En el apartado se presenta la misión y la visión del Gobierno Federal. Las secciones están estructuradas de la siguiente manera: en la primera, se describe la diversidad cultural y lingüística de México; en la segunda, se ubica la importancia del desarrollo con identidad para el futuro de nuestro país y se establecen los ejes de política pública que dan estructura a la acción pública federal en correspondencia con el PND y la estrategia Vivir Mejor del Gobierno Federal; en la tercera, se establece la manera en que el PDPI ha de contribuir al cumplimiento de los objetivos y estrategias del PND; en las secciones cuarta y quinta se presentan los objetivos, indicadores y metas del PDPI que se pretende alcanzar en el 2012 y las estrategias y líneas de acción que es necesario poner en marcha para lograr los objetivos propuestos. La expedición y publicación de este Programa es un momento propicio para redoblar los esfuerzos de coordinación entre las instituciones y refrendar los compromisos. Es tiempo de hacer que los ejes, objetivos y líneas acordadas, maduren y se conviertan en realidad. No obstante se alcancen las metas propuestas para esta administración, habrán tareas pendientes, por lo que será necesario corregir, mejorar y reencauzar propuestas. Sin embargo, el desarrollo con identidad de los pueblos y las comunidades indígenas de México seguramente estará más cerca. MISIÓN Y VISIÓN El proceso de integración del PDPI fue una etapa propicia para que la CDI, compartiera con otras instituciones federales una visión sobre los pueblos y las comunidades indígenas de México y una misión o razón de ser para el propio PDPI. Cabe señalar que en esta misión y visión se condensan el conocimiento social, etnográfico y administrativo que hay en la CDI y otras dependencias federales, así como la información obtenida en diversas consultas en las que los pueblos y comunidades indígenas del país han expresado sus aspiraciones de desarrollo. VISIÓN Los pueblos y comunidades indígenas definen sus proyectos de desarrollo en un marco de equidad e inciden en la formulación, aplicación de políticas públicas para su beneficio, viven en condiciones sociales y económicas iguales al promedio nacional y ejercen plenamente sus derechos. MISIÓN Lograr que todas las dependencias de la Administración Pública Federal actúen con equidad, pertinencia cultural y calidad, para alcanzar el desarrollo con identidad de los pueblos y comunidades indígenas. SECCIÓN I. MÉXICO, PAÍS CULTURAL Y LINGÜÍSTICAMENTE DIVERSO CON PROFUNDOS REZAGOS SOCIALES Y ECONÓMICOS México es un país pluricultural, en el cual existen, cuando menos, 62 pueblos indígenas. Los pueblos y las comunidades que dan origen y sustento a esta diversidad tienen, como rasgos comunes, el uso de sus propias lenguas, que hoy son reconocidas por Ley como lenguas indígenas nacionales, que dan sentido de pertenencia a colectivos que tienen valores, culturas y sistemas sociales, políticos y normativos propios, en torno a los cuales organizan su vida y toman sus decisiones. 1.1. La población indígena a lo largo y ancho del territorio nacional De acuerdo con cifras oficiales, la población indígena alcanza los 10 millones de habitantes y representa el 9.8% de la población nacional. Esta población se localiza mayoritariamente en cinco entidades federativas del sur y sureste del país. Oaxaca es la entidad que concentra mayor número de indígenas, 1.5 millones; le siguen Chiapas con 1.2 millones y Veracruz, Yucatán y Puebla con más de 900 mil cada uno.  De los 2,438 municipios que existían en México en el 2005, 662 de ellos tienen 40% y más de población indígena y concentran el 62.4% de esta población .  Un análisis de las características poblacionales y culturales del país permite ubicar localidades y municipios cuya composición cultural y lingüística marca dinámicas regionales muchas veces asociadas al aprovechamiento de recursos naturales. En estas 25 regiones indígenas se asientan poco más de 8 millones de personas indígenas y algunas de ellas comprenden territorios de más de una entidad federativa. 
*/ Se refiere a la suma de los 2438 municipios que existían en México en el año 2005 más las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. Fuente: Sistema de indicadores sobre población indígena de México a partir de INEGI: XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.  Es importante aclarar que la población indígena, además de encontrarse mayoritariamente en las regiones arriba mencionadas, también se asentó históricamente, en pequeñas zonas del país, que por su tamaño y población no han sido consideradas como regiones indígenas; por ejemplo: los asentamientos kikapú de Coahuila, cucapá, kiliwa y cochimí, en Baja California. Asimismo hay que señalar que aunque una mayor parte de la población indígena vive en localidades rurales en las regiones tradicionales de asentamiento, hay una base estadística para afirmar que aproximadamente uno de cada tres indígenas viven en ciudades del país, entre las cuales destacan la Zona Metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, lo cual se debe a importantes procesos migratorios. 1.2. Riqueza cultural y diversidad lingüística Los pueblos y comunidades indígenas no sólo representan un pasado glorioso, sino que son culturas vivas, con rasgos y expresiones propias de cada cultura, que enriquecen con su conocimiento y patrimonio a nuestro país. Su vitalidad se recrea cotidianamente a través de su vida comunitaria, rituales, tradiciones y saberes asociados a los procesos de la naturaleza, que conforman su cosmovisión, desde una perspectiva holística, que no sólo se transmiten de generación en generación, sino que también los acompañan en donde quiera que se encuentren. El INALI ha clasificado la diversidad lingüística en 11 familias, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales. Es importante tener en cuenta que hay lenguas como el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco y el otomí, que son las más habladas y que entre las cinco suman más de 5.5 millones de hablantes. En el otro extremo, están las lenguas con menor número de hablantes como el kiliwa, el cochimí y el aguacateco que cuentan con 21, 34, y 36 hablantes, respectivamente. 1.3. Discriminación hacia las personas, pueblos y comunidades indígenas La discriminación es un fenómeno estructural, histórico e injustificado que se basa en el estigma y el prejuicio y que tiene como efecto la negación de los derechos fundamentales. Es la manifestación más profunda de la desigualdad social e impide la cohesión social y por ende el desarrollo intercultural. Es la causa esencial de los profundos rezagos socioeconómicos que hoy viven los pueblos y comunidades indígenas. Es fundamental eliminar la concepción errónea que asimila las diferencias a la inferioridad. México es un país, históricamente, afectado por la discriminación étnico-racial y las personas indígenas conforman uno de los sectores de la población que con mayor intensidad la han padecido. En una encuesta promovida por SEDESOL y aplicada a población en general, se ubicó que la principal causa que provoca desigualdad entre las personas, está el hecho de que unas son indígenas y otras no. El 42.9% de las personas encuestadas señalaron que los indígenas tendrán siempre una limitación social por sus características raciales. De la población indígena encuestada, el 90.8% señaló que hay discriminación contra este grupo. No obstante que se considera a las personas, pueblos y comunidades indígenas como herederos de un pasado glorioso, cuyas culturas contribuyen a configurar la identidad nacional, las formas de vida, costumbres y tradiciones que se practican y reproducen actualmente, no son socialmente valoradas ni reconocidas. Esto se hace manifiesto cuando el 39.5% de las personas encuestadas declaró que estaría dispuesto a organizarse con otras personas para solicitar que no dejaran vivir a un grupo de indígenas cerca de su comunidad.  La discriminación étnico-racial hacia la población indígena les afecta en su participación política, en su desarrollo económico, en el acceso a servicios y se expresa en el trato cotidiano entre las personas. Esto se ha traducido, sin duda, en exclusión y marginación, y el resultado es una profunda desigualdad de oportunidades. A lo señalado anteriormente, se agrega que las instituciones públicas no escapan a estas prácticas y terminan por perpetuar este trato discriminatorio también. A este respecto, las personas indígenas encuestadas, señalaron que se discrimina a las personas indígenas en los hospitales públicos en 6.29 puntos, en una escala del 0 a 10, donde 0 es nula discriminación y 10 es mucha discriminación. Puntualmente, el 18.5% de la personas indígenas encuestadas señalan que han tenido problemas para que los atiendan en los servicios públicos de salud. 1.4. Rezagos económicos y sociales Los diagnósticos sobre las condiciones de vida de las personas, pueblos y comunidades indígenas muestran que, a pesar de los esfuerzos y avances realizados en años anteriores, viven los mayores rezagos en materia de bienestar y acceso a servicios básicos y enfrentan una profunda desigualdad. Estos rezagos tienen su origen en factores históricos y estructurales, y son determinantes sociales que se reproducen de una generación a otra, abarcando todos los ámbitos de la vida de las personas; por ejemplo, se hacen presentes en el ejercicio de sus derechos y acceso a la justicia del Estado, en la relación entre hombres y mujeres, en el acceso a los servicios de educación y de salud, en la carencia de infraestructura social y de comunicaciones, en las posibilidades de desarrollar la lengua y la cultura propia, así como en la oportunidad de decidir sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales. a) Acceso a la justicia y respeto y ejercicio de los derechos indígenas Es importante tener en cuenta que las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los pueblos y comunidades indígenas no siempre se hacen efectivas y tampoco se miran en los procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son diversos y va del desconocimiento de su existencia o contenido, a la velada discriminación, pasando, en ocasiones por la falta de normas y de procedimientos para asegurar su observancia y exigibilidad. La falta de reconocimiento real y efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas no sólo son factores que producen injusticia para individuos y grupos concretos, también constituyen un severo obstáculo para el desarrollo integral y sustentable de la población indígena y de todo el país en general. Este último, para ser efectivo, requiere seguridades y certezas jurídicas, procedimientos adecuados y el reconocimiento de las autoridades indígenas y de sus sistemas normativos, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de derechos políticos, destaca también, la poca participación en los procesos electorales y la escasa representación política que alcanza este sector de la población en los órganos legislativos y la conflictividad electoral. b) Pobreza y marginación A nivel nacional 17 millones de personas viven en municipios con alta y muy alta marginación, 6.1 millones de ellos son indígenas. Es decir la población indígena que representa el 10% de la población nacional, constituye el 60.4% de la población que vive en municipios de alta y muy alta marginación.  Del mismo modo, con información para el año 2000, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para los Pueblos Indígenas (IDHPI) se ubica en 0.7057, a diferencia del IDH de la población no indígena que es de 0.8304. c) Educación En México hay 1.97 millones de niños y niñas indígenas entre 5 y 12 años, de los cuales 1.81 millones (91.7%.) asiste a la escuela. Ellos cursan su educación básica en preescolares y primarias indígenas; en preescolares y primarias generales urbanas y rurales; en escuelas comunitarias; en secundarias generales y telesecundarias. Veintisiete de las entidades federativas atendieron en sus escuelas de modalidad general a niños y niñas indígenas durante el ciclo escolar 2007-2008. Por su parte, los estados de Aguascalientes, Colima, Tamaulipas y Tlaxcala reportaron una atención casi nula a esta población; y Coahuila reportó no atenderla. Es por ello que en la totalidad del país se hace manifiesta la necesidad de desarrollar e impulsar la educación intercultural para todos y todas. La formación inicial de maestros y maestras en la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe (LEPIB), impartida actualmente en 18 escuelas Normales del país y las tres Normales Indígenas que funcionan en los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, contribuyen a este propósito. Cabe hacer notar que los resultados del nivel de logro escolar en 2007 en primarias públicas ubicadas en municipios con más del 70% de población hablante de lengua indígena arrojaron un 49.8% de los educandos en el nivel de insuficiencia en la asignatura de español y a 47.5% en matemáticas. A esto se suman altos niveles de reprobación y abandono escolar. Lo anterior hace imprescindible fortalecer las acciones necesarias en regiones indígenas para alcanzar con mayor velocidad los niveles educativos existentes a nivel nacional. Los indicadores de rezago educativo permiten observar cómo esta situación se agudiza entre la población indígena. A manera de ejemplo, en 2005, el porcentaje de población analfabeta a nivel nacional asciende a 8.3% en tanto que entre la población indígena llega al 25.5%. La población indígena que no asiste a la escuela entre los 15 y 24 años, es decir, que no accede a la educación media superior y superior es de 70%, contra el 61% de la población no indígena. En este sentido, resulta fundamental el impulso y crecimiento de los bachilleratos interculturales para el nivel medio superior y de las Universidades Interculturales, para el superior. Ambos son modelos educativos innovadores cuyo propósito es abrir espacios de oportunidad para incluir, en condiciones de igualdad de oportunidades, a jóvenes provenientes de los pueblos y comunidades indígenas de la población, los cuales son discriminados por el sistema educativo nacional por su lengua o identidad. Adicionalmente, debe trabajarse en mejorar las condiciones de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de origen indígena en los sistemas generales de educación medio superior y superior. Hasta ahora no se han podido reducir, a la velocidad que se requiere, las brechas educativas entre la población indígena y no indígena, sobre todo respecto de las tasas de continuidad educativa, rendimiento escolar y adquisición de competencias en lectoescritura. Esta distancia es igualmente importante en lo que se refiere a las condiciones de infraestructura física, el equipamiento y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de las que disponen los centros educativos que atienden a la población que habita en contextos indígenas. Es necesario redoblar el esfuerzo para lograr una educación intercultural de calidad que incorpore modelos acordes a sus expectativas de desarrollo, fortalezcan su identidad y valoración de su cultura y que impliquen un bilingüismo estable, escuelas dignas, con acceso a las más modernas tecnologías de la información y la capacitación en habilidades y conocimientos, así como favorecer el acceso de las y los jóvenes indígenas a la educación media superior y superior y sobre todo, favorecer entre los educadores y educadoras el manejo de los nuevos paradigmas de la educación intercultural y bilingüe. d) Salud y nutrición Los estudios específicos sobre la situación de la salud de los pueblos indígenas tienden a mostrar su alta vulnerabilidad, y permanente exposición a diversos factores de riesgo. Aunque han sido importantes los avances que en esta materia se han realizado en los últimos años, aún existen rezagos por superar, como se expresa en el hecho de que la esperanza de vida al nacer en 2005 es de 73.7 años para la población indígena, en comparación con el promedio nacional de 75.4 años. Durante los últimos años, a nivel nacional se ha logrado un descenso en las tasas de mortalidad materna e infantil, erradicación de enfermedades y prevención de enfermedades endémicas. Este logro ha sido posible por programas como Sistema Nacional de Protección Social en Salud, Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, Comunidades Saludables, Caravanas de Salud, y campañas como Equidad de Género y Salud Reproductiva y Semana Nacional de Vacunación, entre otros. Sin embargo, a pesar de estos programas, en estados con alta presencia de población indígena, las deficiencias y problemas de cobertura, calidad y falta de adecuación de los servicios de salud dan lugar a que no se haya logrado un descenso importante. Esto ha generado el impulso de políticas y acciones de carácter intercultural en el terreno médico, mediante el desarrollo de la medicina tradicional indígena, cuyo reconocimiento está en la Ley General de Salud y de modelos propios de este sistema de atención a la salud, incorporando a la oferta de servicios y mediante el trabajo conjunto, los aportes y beneficios que en diferentes problemas y situaciones es altamente aceptada y eficiente, como es la utilización de la herbolaria y la atención humanizada del parto, en comparación con la altamente sobre-utilizada atención de la operación cesárea, logrando un descenso importante en las tasas de mortalidad materna e infantil en las unidades de salud donde se ha implementado este modelo. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que a nivel nacional, el 49.8% de la población no es derechohabiente de los servicios públicos de salud, mientras que entre las personas indígenas este dato aumenta a 72%. Debe destacarse que la situación nutricional de la niñez indígena es desventajosa frente a los niños no indígenas, ya que la prevalencia de déficit de talla en municipios indígenas es de 31.2% en 2004, en comparación con el promedio nacional que es de 8.9% para el mismo año. e) Igualdad de género Las mujeres indígenas representan el sector de la población femenina que acumula mayores rezagos sociales del país. Históricamente ellas han sido discriminadas y afectadas por la pobreza y por referentes culturales, que en ocasiones, fomentan la desigualdad. Esta inequidad se traduce en: · Menores oportunidades para acceder a la educación, la salud y los niveles mínimos de bienestar. La tasa de analfabetismo de las mujeres indígenas de 15 años y más es de 34.5%, en tanto que esta tasa en los hombres es de 19.6%. · Violencia de género contra ellas. · Condiciones de alta marginación social y económica que, si bien en su mayoría afecta a los pueblos indígenas, para el caso de las mujeres se agudizan de manera notable. f) Infraestructura básica y vivienda A pesar de que los indicadores en 2005 muestran avances significativos en la dotación del servicio de agua entubada, cobertura de energía eléctrica, servicio de drenaje y disminución del número de viviendas indígenas con piso de tierra, la inversión de recursos públicos en regiones indígenas sigue presentando notables rezagos comparados con la media nacional. Para ilustrar esta situación, se destaca que a nivel nacional, el 12.2% de las viviendas carecen de agua entubada y que el 13.3% carecen de drenaje, porcentajes que se elevan al 29.5 y al 44.4% si solamente se considera a las viviendas indígenas. Asimismo, el 10% de las casas a nivel nacional tienen piso de tierra, en tanto que para los hogares indígenas esta situación se presenta en 38%. Las viviendas que no cuentan con energía eléctrica en México representan el 3.4% del total, sin embargo, este dato para viviendas indígenas es del 10%.  g) Comunicaciones La comunicación terrestre y las telecomunicaciones son factores determinantes para mejorar las condiciones de vida de la población indígena y para facilitar su desarrollo. Uno de los principales problemas que enfrenta la población indígena es la dispersión y el aislamiento geográfico. Según información disponible en 2005, 2.9 millones de indígenas vivían en localidades ubicadas a más de 3 km de algún camino. Es necesario encontrar soluciones para que las localidades con menos de 2500 habitantes tengan comunicación terrestre, pues la relación costo-beneficio que determina la elegibilidad no puede ser el factor que determine las posibilidades de desarrollo de sus habitantes. Debido a la falta de vías de comunicación eficientes, las poblaciones indígenas enfrentan problemas para el abasto, traslado de los pobladores, comercialización de la producción local, acceso a los servicios de salud en caso de emergencia, acceso cotidiano a los servicios educativos y dificultades para que los programas institucionales operen con eficiencia. h) Recursos naturales y medio ambiente Los rezagos que caracterizan a las muy diversas comunidades indígenas, paradójicamente, degradan y ocultan una inmensa riqueza natural. El 90% de la población indígena se encuentra en las regiones biogeográficas más ricas de México: trópico húmedo, trópico seco, zonas templadas, desierto y semidesierto. Estos territorios de rica diversidad biológica, han influido en el desarrollo de sus culturas e historia, sin embargo, estos pobladores carecen de una participación justa y equitativa de los beneficios generados. El deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad, aunado a la incidencia de los riesgos ambientales vulneran al espacio físico sobre el que durante siglos, se ha sustentado y reproducido la vida cotidiana e identidad cultural de los pueblos indígenas, alteran sus saberes y relaciones con el entorno natural como son sus interpretaciones acerca de la naturaleza, técnicas de conservación, tecnologías, entre otros, ocasionando con ello, una clara pérdida de control sobre los recursos naturales. i) Empleo Entre los indígenas prevalece una economía familiar diversificada; importante estrategia para la obtención de recursos. En muchos casos, se combina el trabajo agrícola con actividades pesqueras, producción artesanal y actividades de traspatio (huerto familiar y cría de animales). Asimismo, los indígenas se contratan como jornaleros, tanto en sus regiones como en los grandes campos de cultivo agrocomercial del noroeste de México y del sur y centro de los Estados Unidos de América; también se contratan como cortadores en las zonas cañeras de Morelos, Puebla y Veracruz, o como obreros de la construcción, vigilantes, policías, soldados, vendedores ambulantes y empleadas domésticas en las principales ciudades. Las estrategias de supervivencia de la población indígena incluyen diversificar las fuentes de ingreso, incorporar al mayor número de miembros de la familia al trabajo remunerado estacional, de tiempo parcial e informal, y la movilidad geográfica. Este fenómeno se refleja en el nivel de ingresos percibidos por la población indígena, que es bajo e irregular, ya que el 80% percibe menos de dos salarios mínimos o no percibe ingresos. La producción agrícola de la población indígena se destina fundamentalmente al autoconsumo, aunque también participan, en pequeña escala, en la producción de cultivos comerciales, tales como el café, la pimienta, la miel, la vainilla y otros productos cuyas ganancias son utilizadas para complementar su ingreso. Entre las actividades productivas más relevantes por su impacto en la vida cotidiana y en la economía familiar, se encuentra la producción del café. México ocupa el cuarto lugar mundial en la producción del grano, sólo superado por Brasil, Colombia y Costa de Marfil. Las plantaciones de café en México se encuentran ubicadas en doce entidades, siendo las principales productoras: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero. La promoción de las certificaciones orgánicas sería un agregado para el comercio de este producto. La agricultura entre los pueblos indígenas está estrechamente ligada a su modo de vida, en el cual la multiactividad, el policultivo y el trabajo familiar no remunerado son prácticas productivas comunes y que se relacionan con sus culturas y tradiciones, así como con el manejo de sus recursos naturales. j) Jornaleros agrícolas indígenas Una de las opciones de la población indígena para hacer frente a la pobreza de sus comunidades es emplearse como asalariados agrícolas en los campos agroindustriales de diversas zonas del país. Esta modalidad está ligada al proceso de industrialización iniciado en México desde los años 40, seguido por una rápida transformación de la economía agrícola, hacia una más urbana y orientada a los servicios. De acuerdo con el Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México CDI-PNUD, de un total de 3.2 millones de indígenas ocupados, 516 mil 801 son peones o jornaleros agrícolas. Las y los indígenas jornaleros representan casi el 20% de los jornaleros a nivel nacional, que en total asciende a 3 millones de personas. Estos trabajadores y trabajadoras agrícolas son contratados por su mano de obra barata en la siembra, cosecha, recolección y preparación de productos. Las relaciones de trabajo que sostienen son informales y se realizan a través del contratista o enganchador, y se alza como una de las manifestaciones más precarias en el ejerció de los derechos laborales. A pesar de los esfuerzos institucionales, las y los jornaleros enfrentan aún graves problemas, entre los cuales destacan: salarios precarios que los obliga a incorporar al trabajo a varios miembros de su familia, incluidos menores de edad; no acceso a la seguridad social; discriminación por su origen étnico; mecanismos de contratación que vulneran los derechos laborales; problemas severos de salud asociados a la exposición a los agroquímicos; mala alimentación e insalubridad; hacinamiento; dificultades para el abasto; carencia de documentos personales; opciones educativas escasas e inadecuadas a sus necesidades particulares. Un problema fundamental que requiere especial atención es el del trabajo infantil. Los niños, niñas y jóvenes indígenas que trabajan como jornaleros, peones o vendedores ambulantes, enfrentan situaciones de riesgo para su vida y salud, con frecuencia sufren abusos y tienen mayores dificultades para ingresar y permanecer en la escuela. k) Urbanización de la población indígena El proceso urbanización es un fenómeno que se ha ido sucediendo a través de los siglos pero que en las últimas décadas del siglo veinte comenzaron a presentarse de manera acelerada. Este fenómeno ha provocado que cada vez sea más factible encontrar importantes concentraciones de indígenas fuera de sus localidades de asentamiento tradicional, como es el caso de las principales ciudades del país, en zonas de frontera norte, en las ciudades de las regiones agrícolas del noroeste, en ciudades medias de rápido crecimiento industrial y en ciudades de Estados Unidos y Canadá. La CDI estima que, de los 871 municipios que se identificaron como indígenas con base en la información del Censo de 2000, el 34.8% de los municipios se ubicó como de expulsión, y sólo 10.4% de atracción. Entre los pueblos indígenas que registran mayores movimientos migratorios se encuentran los purépechas, mayas, zapotecos, mixtecos de Guerrero, Oaxaca y Puebla; mazatecos de Oaxaca, otomíes de Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Puebla y Veracruz, nahuas de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y San Luis Potosí, chinantecos de Oaxaca, kanjobales de Chiapas, totonacas de Veracruz, mazahuas del Estado de México, choles de Chiapas y mixes de Oaxaca. La población indígena en las grandes zonas urbanas se desarrolla en un contexto discriminante, lo cual dificulta su acceso a los servicios públicos y a la dinámica social. Particularmente, para las personas indígenas recién llegadas a las ciudades, uno de los problemas principales es la adaptación al nuevo medio sociocultural y son víctimas de la discriminación al portar símbolos de su identidad como la vestimenta y hablar otra lengua. La población indígena que está más relacionada entre ella no es tan proclive a perder sus valores mientras que la más aislada no tiene medios para compartir su cultura. Adicionalmente, la población indígena no goza de espacios de cultura y recreación que les permita reforzar su identidad, y una consecuencia inmediata de esto es la pérdida generacional de la lengua indígena de la población, su identidad y cosmovisión. En su mayoría, la población indígena en las zonas urbanas se emplea en la industria de la construcción, el sector terciario, el empleo doméstico, el comercio informal, o como artesanos. El contexto laboral es discriminante al no contar con prestaciones ni con acceso al sistema de seguridad social, los empleos son mal pagados, con largas jornadas laborales y con escasas posibilidades para convertirse en mano de obra calificada. Asimismo, a consecuencia del flujo migratorio y de las dificultades de inserción en el mercado laboral, la población se concentra en zonas conurbadas con asentamientos irregulares, sin servicios de agua potable, drenaje y electrificación formal; no cuentan con documentos de identificación oficial que les permita inscribirse para ser beneficiarios de los programas de atención propios de las instituciones en las zonas urbanas; y además, resulta común que los inmigrantes que lograron asentarse no sean considerados como residentes por diversos motivos, por lo que se les limitan sus derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, así como espacios de participación, y en muchos casos son invisibles ante las autoridades encargadas de proveer seguridad social y no tienen medios para acceder a las instancias de justicia. Uno de los fenómenos presentes en esta población es la delincuencia juvenil; ya que son el grupo más sensible ante el choque cultural, resultan más vulnerables ante la introducción a pandillas y actos delictivos, así como la presencia de enfermedades de índole sexual. Históricamente, la atención gubernamental a la población indígena estuvo concebida desde la perspectiva de lo rural. En la actualidad, el Gobierno Federal todavía no cuenta con instrumentos eficientes de política pública para atender de manera efectiva a las personas indígenas que viven en zonas urbanas. La protección y atención a las necesidades de las personas indígenas que viven en las ciudades del país, es una línea para el desarrollo integral que requiere de especial atención pues no se cuenta con información suficiente para diseñar políticas públicas específicas y diferenciadas que impacten positivamente en sus condiciones de vida, sobre todo porque en la ciudad se dificulta mantener las redes sociales étnicas y se propician procesos de individuación o introyección de la discriminación que motiva una negación u ocultamiento de su identidad como estrategia de sobrevivencia. l) Diversidad lingüística En la actualidad, los pueblos y las comunidades indígenas no cuentan con condiciones propicias para el desarrollo de sus patrimonios culturales y lingüísticos ni para el fortalecimiento y revitalización de sus lenguas. Las personas indígenas, portadores de las culturas, son el eje fundamental para conservar y desarrollar sus lenguas pero, en la mayoría de los casos, viven en condiciones económicas y sociales muy desfavorables y padecen, además, una fuerte discriminación a sus culturas, lenguas y tradiciones que las desvaloriza y atenta contra su sobrevivencia. En este ámbito, es de destacar el riesgo de la acelerada pérdida de la diversidad lingüística en el país. Específicamente, el proceso de desplazamiento de las lenguas indígenas que se caracterizan por el predominio de hablantes adultos y la reducción de hablantes jóvenes, niñas y niños. Las causas de este desplazamiento se encuentran en el confinamiento de las lenguas indígenas a espacios íntimos del hogar y de la comunidad, la exclusión frente al castellano, el escaso estudio de las lenguas, la falta de enseñanza en su lengua materna, la migración y la discriminación por parte de la sociedad en general. La CDI, con base en el Índice de Reemplazo Lingüístico (IRL), el cual ubica a los hablantes de las lenguas por grupo de edad y verifica el reemplazo lingüístico, ha detectado que -con independencia del número total de hablantes de cada lengua- hay 22 grupos etnolingüísticos que enfrentan el riesgo de no lograr la reposición generacional de su volumen de hablantes. Estos grupos son: maya, otomí, mazahua, mayo, chontal de Oaxaca, matlazinca, ocuilteco o tlahuica, chocho, jacalteco, ixcateco, quiché, cakchiquel, paipái, motocintleco, pápago, ixil, kiliwa, cochimí y aguacateco. Además, unas 100 variantes lingüísticas se encuentran en muy alto riesgo de desaparecer pues cuentan, entre otras características, con menos de mil hablantes.   SECCIÓN II. DESARROLLO CON IDENTIDAD. PRIORIDADES Y EJES DE LA ACCIÓN PÚBLICA El PND incorpora, como premisa básica, la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable, al cual define como el proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que habrá de permitir a todos los mexicanos y mexicanas tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras y establece cinco ejes rectores de la acción pública: Estado de Derecho y seguridad, Economía competitiva y generadora de empleos, Igualdad de oportunidades, Sustentabilidad ambiental y Democracia efectiva y política exterior. En materia de población indígena, el Desarrollo Humano Sustentable que propugna el PND asume un reto adicional: constituirse en un Desarrollo con Identidad. Este reto obedece a que los pueblos y las comunidades indígenas de México, tienen valores, conocimientos tradicionales, saberes y maneras particulares de entender la vida y el bienestar, que dan lugar a que, en ocasiones, los pueblos y comunidades indígenas tengan prioridades y aspiraciones diferentes a las del resto de la población del país. El reconocimiento a la pluriculturalidad de la Nación, que se estableció en el Artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), determina la obligatoriedad para el Estado Mexicano de construir, en el marco del respeto a las identidades culturales, a las formas de organización social y a los derechos indígenas, una propuesta de desarrollo con identidad para los pueblos y las comunidades indígenas, en el seno de la unidad nacional. En el marco de este planteamiento, el PDPI establece como fin, el desarrollo con identidad de los pueblos y comunidades indígenas de México y define 5 ejes de política para lograrlo: · Eje 1. Derechos indígenas · Eje 2. Superación de los rezagos y desarrollo con identidad · Eje 3. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística · Eje 4. Participación y consulta para una democracia efectiva · Eje 5. Gestión institucional para un país cultural y lingüísticamente diverso Cada uno de los ejes referidos se encuentra estrechamente vinculado a las prioridades del desarrollo indígena, y los objetivos que de ellos se desprenden, tienen su marco en la estrategia Vivir Mejor del gobierno de la República. Eje 1. Derechos indígenas Entre los grandes reclamos de los pueblos y las comunidades indígenas destacan el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos. Estos reclamos abren la ruta del quehacer institucional en dos vías: el impulso a la armonización legislativa y la promoción de su ejercicio y del respeto y defensa de los derechos indígenas. Por lo que corresponde a la armonización legislativa, hay que tener en cuenta que desde la segunda mitad de los años 80, se comenzó a vivir un importante proceso de reconocimiento jurídico de su diversidad cultural, que derivó en dos reformas a la CPEUM. La primera, en 1992, con la que se le reconoció a la nación mexicana una composición pluricultural y se prescribió que la ley protegería las lenguas y las culturas y el acceso de las personas indígenas a la justicia del Estado. La segunda, aprobada en 2001, con la que se profundizó este reconocimiento y se otorgó a los pueblos y las comunidades indígenas derechos lingüísticos y culturales y de autonomía y libre determinación, en el marco de la unidad nacional y del respeto a los derechos humanos, haciendo un reconocimiento especial a los derechos de las mujeres indígenas. Cabe señalar que, en su momento, las reformas constitucionales de 1992 y de 2001 propiciaron la modificación de un importante número de leyes federales y de constituciones estatales. Sin embargo, el proceso de armonización legislativa que se requiere para lograr un efectivo ejercicio de los derechos indígenas todavía está inconcluso y es necesario impulsar que las instancias competentes adecúen las normas, federales, estatales y municipales, a los derechos indígenas consagrados en la CPEUM y en los instrumentos internacionales suscritos por México. En este mismo orden de ideas, el ejercicio pleno de los derechos indígenas implica que las instituciones federales, especialmente las de procuración y administración de justicia, orienten sus esfuerzos a la construcción de un Sistema de Justicia que considere y respete los derechos lingüísticos, culturales, económicos y políticos de los pueblos indígenas, así como el debido proceso que tienen las personas indígenas, cuando acuden a pedir o son presentados ante la justicia del Estado y que reconozcan y articulen las atribuciones que la CPEUM confiere a los pueblos y comunidades en materia de elección de autoridades y aplicación de sus sistemas normativos. Es importante tener en cuenta que el respeto y el ejercicio de los derechos indígenas, particularmente los referidos a la aplicación de sus normas y elección de autoridades debe darse con pleno respeto a los derechos humanos y, especialmente, a los derechos de las mujeres. El respeto y ejercicio de los derechos es un eje de política que se enmarca en los objetivos del PND y en la estrategia Vivir Mejor, que incluye y puntualiza la importancia de la certeza jurídica. Para el trabajo en materia de derechos indígenas, en el PDPI se ha establecido el objetivo que a continuación se señala: Objetivo 1. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas y generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos. Eje 2. Superación de los rezagos y desarrollo con identidad Las condiciones de rezago social y económico en las que sobrevive la mayor parte de la población indígena, sea que se encuentren asentados en las regiones tradicionales o en otras zonas rurales y urbanas del territorio nacional, hacen evidente la desigualdad de trato y oportunidades que priva hacia todas las etnias del país. Para combatir esta desigualdad es necesario tener en cuenta que la misma se origina en factores históricos y estructurales y que la igualdad de oportunidades es una de las prioridades y ejes fundamentales de trabajo de la Administración Pública Federal. El PND establece que es necesario construir una directriz integral de política pública, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades de las personas, pueblos y comunidades indígenas en comparación con otros sectores de la población y apunta que esta estrategia ha de articularse en torno a los siguientes elementos: · Ampliación y fortalecimiento de la participación de la población indígena en los programas públicos que los benefician o afectan para evitar la exclusión social. · Acción pública transversal para el desarrollo de las regiones indígenas. · Atención a personas indígenas jornaleras migrantes y aquellos que viven en ciudades. · Combate a las desigualdades de género y por otros motivos de discriminación. A fin de alcanzar el desarrollo con identidad para los pueblos y comunidades indígenas de México, superar los rezagos sociales y mejorar las relaciones de género se plantean los siguientes elementos: · La realización de planes de desarrollo territorial de largo plazo en regiones indígenas, que partan de los ordenamientos ecológicos territoriales formulados por los propios actores locales y que se fundamenten en la instrumentación de políticas públicas articuladas de los tres órdenes de gobierno, a fin de promover proyectos estratégicos y sustentables que generen un mayor impacto en el bienestar de la población y que faciliten la gestión y programación anual de recursos. · La atención a los jornaleros agrícolas implica trabajar en varios frentes: hacer exigibles mejores condiciones de contratación y trabajo; orientar esfuerzos para prevenir los problemas de salud asociados a la exposición a los agroquímicos; mejorar la alimentación y la vivienda; favorecer que estos trabajadores y trabajadoras cuenten con documentos de identidad; impulsar servicios de educación adecuados a su movilidad y necesidades específicas, sin embargo, la tarea no se agota con esto. Para que las políticas públicas respondan de forma contundente a la problemática general que viven las y los jornaleros es necesario lograr la coordinación interinstitucional para impulsar el desarrollo sostenido, tanto en las zonas de expulsión de jornaleros como en las zonas de atracción, promoviendo proyectos sustentables. · La superación, en los contextos urbanos, de los problemas de falta de documentos de identificación personal; la discriminación; el desempleo; la irregularidad en los espacios donde se encuentran asentados; las dificultades en el acceso a la educación, salud, vivienda, procuración de justicia y servicios públicos de calidad, que respondan a sus necesidades y condiciones de vida culturalmente diferenciada. · Las mujeres conforman el sector de la población indígena con menos opciones y libertades y por lo tanto con mayores grados de pobreza y marginación. Esta situación puede observase en la brecha registrada en los indicadores de bienestar y en la baja participación que éstas tienen en los cargos de representación política y comunitaria. El desarrollo y la superación de los rezagos sociales y económicos que padece la población indígena son prioridades plenamente reconocidas por el PND y la estrategia Vivir Mejor. Esta última incluye, entre sus objetivos, el desarrollo ordenado y regionalmente equilibrado del territorio nacional; la participación de los actores sociales; la ampliación de las capacidades centrales de las personas y el acceso a la alimentación, educación, salud, vivienda e infraestructura social básica. Para articular las prioridades descritas, en el PDPI se establecen tres objetivos que a continuación se describen: Objetivo 2. Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales. Objetivo 3. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo con identidad de las regiones indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género. Objetivo 4. Promover la mejora en la calidad de vida de los hombres y mujeres indígenas, que viven y trabajan en las diferentes ciudades del país o que se emplean como jornaleros agrícolas. Eje 3. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística A pesar de que México ha vivido un importante proceso de reconocimiento de su diversidad cultural y de que el PND reconoce que la Nación Mexicana debe su riqueza y su carácter distintivo como pueblo único en el mundo a la herencia de sus pueblos indígenas, éstos no son socialmente valorados ni reconocidos y sus integrantes no ejercen a plenitud sus derechos fundamentales. En México prevalece una percepción dual de la diversidad cultural que hace que al mismo tiempo que se considera a los indígenas como herederos de un pasado glorioso, se piense, generalmente, en las formas de vida, costumbres y tradiciones que se practican y reproducen actualmente como elementos que obstaculizan y detienen el desarrollo nacional. Esta visión equivocada se expresa cotidianamente en la falta de respeto a los derechos lingüísticos y culturales de los indígenas, en el escaso apoyo y reconocimiento a sus manifestaciones artísticas y en el desprecio o poca valoración de sus saberes y conocimientos tradicionales. Ésta es una práctica discriminatoria que se ejerce por la sociedad misma y que también se ha hecho presente en las instituciones públicas. Las disposiciones legales con las que actualmente se cuenta son necesarias pero no son suficientes para generar por sí mismas reconocimiento y valoración de la pluralidad cultural. Las culturas indígenas son base misma de la riqueza social que tanto enorgullece a la nación. Su patrimonio cultural está integrado por expresiones que se recrean cotidianamente y que se producen como obras colectivas, que responden a entornos ecológicos, socioculturales e históricos específicos, que se transmiten oralmente o mediante gestos, actitudes o habilidades y que se expresan en manifestaciones, tangibles o intangibles, como son: lengua; música; baile; tradición oral; costumbres; rituales y ceremonias; fiestas; prácticas curativas; gastronomía; formas de asentamiento territoriales; y tecnologías relacionadas con la producción y el hábitat, entre otras. El reconocimiento y la valoración de lo diferente pasa necesariamente por el conocimiento y el entendimiento. La difusión de la diversidad cultural en sí misma y de sus aportes son caminos que hay que recorrer para fomentar relaciones más armónicas e igualitarias entre pueblos y culturas diferentes. Por ello, las instituciones públicas han de impulsar decididamente una política de no discriminación y diálogo intercultural y de respeto y ejercicio de los derechos culturales y lingüísticos. El rescate, difusión y fortalecimiento de los patrimonios de las culturas indígenas son condiciones necesarias para que México conserve y viva la diversidad como riqueza y no como desigualdad. Las personas indígenas son capaces de rescatar, preservar y fortalecer sus culturas, pero en las comunidades no hay condiciones propicias para hacerlo. En consecuencia, es tarea de las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno generar estas condiciones y favorecer el desarrollo y el reconocimiento de la sociedad a las culturas y lenguas. El fortalecimiento y la valoración de las culturas indígenas son, además de demandas fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas, los objetivos ya incluidos en el PND y supuestos referidos en la estrategia Vivir Mejor. Para lograr avanzar en el fortalecimiento y revaloración de las culturas, en el PDPI se incluye el siguiente objetivo: Objetivo 5. Promover el avance en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística del país, y contribuir al fortalecimiento, rescate y difusión de las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas. Eje 4. Participación y consulta para una democracia efectiva El respeto a la identidad, a las culturas, a las formas de organización social y a la manera en que toman sus decisiones los pueblos y comunidades indígenas son principios que adquieren especial relevancia cuando se aborda el tema de la acción pública para el desarrollo. Los pueblos y las comunidades tienen el derecho de definir sus propias aspiraciones, objetivos y tiempos. Las propuestas de acción pública, para constituirse como una opción real de desarrollo con identidad deberán de considerar la participación y la consulta a los indígenas en la planeación y ejecución de las mismas. La superación de los rezagos no se traducirá en cohesión social si no se transforma la interlocución entre las instituciones y los pueblos y las comunidades indígenas para asegurar su cabal participación en todos los asuntos de la vida pública, mediante diversas formas de organización social y política. Así, la democracia no será sólo una forma de representación política sino una forma de vida sustentable y sostenida. En particular, la participación de la población indígena en el diseño e instrumentación de las políticas públicas tiene su fundamento en el derecho de los individuos y comunidades a participar directamente en aquellos aspectos que les atañen, en los principios de justicia y legalidad y en el contenido del artículo 2o de la CPEUM, que prevé la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en todos aquellos aspectos que incidan en su desarrollo. Esta participación es fundamental para preservar valores y tradiciones y, en todo caso, para establecer la dirección y velocidad de los cambios que se desea incorporar. Asimismo, la participación de la población indígena permite tomar mejores decisiones en materia de políticas públicas ya que introduce información estratégica en el proceso de planeación del desarrollo. La participación deberá darse para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos y en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes y proyectos de desarrollo local, municipal y regional. Esta prioridad se incluye, en el PDPI con el siguiente objetivo: Objetivo 6. Incrementar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de su desarrollo y para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Eje 5. Gestión institucional para un país cultural y lingüísticamente diverso La mejora de la gestión institucional, la evaluación, la transparencia y rendición de cuentas son objetivos específicamente abordados por el PND y por la estrategia Vivir Mejor. Estos objetivos han dado lugar a que la Administración Pública Federal haya iniciado un intenso proceso de orientación de la gestión pública al logro de resultados y a la mejora de la misma. Este proceso adquiere matices y retos adicionales cuando se aplica a la acción pública dirigida al desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas. Cabe señalar que la posibilidad de construir un desarrollo con identidad enfrenta las dificultades asociadas de un modelo de acción pública ordenado por sectores, en el que las instituciones se especializan en temas específicos como salud, educación, trabajo, medio ambiente, etcétera y no por las necesidades en conjunto y las particularidades de la población que se atiende. El proceso general de mejora de la gestión que está llevando a cabo la Administración Pública Federal está dirigido a elevar los estándares de eficacia y eficiencia de la acción gubernamental a través del desarrollo de sistemas de información, del aprovechamiento de tecnologías y la mejora en la operación y el ejercicio de recursos. La mejora de la gestión institucional asociada a la atención a población indígena requiere un esfuerzo adicional al anterior, pues impulsa a todas las instituciones a visualizar a la población indígena en registros administrativos y en estadísticas; focalizando sus acciones con criterios de diversidad cultural lingüística y equidad, incluyendo elementos que den pertinencia cultural a sus acciones. Esta mejora debe, además, poder ser cabalmente monitoreada y evaluada. La mejora general de la gestión pública supone el fortalecimiento de la CDI y la adecuación de las estructuras, procedimientos y presupuestos de las otras instituciones, pues éstas han de atender en el marco de sus competencias a la población indígena. Esta prioridad se incluye en el PDPI, con el siguiente objetivo: Objetivo 7. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, mejora de la gestión de la CDI y promover que las dependencias y entidades federales atiendan, con prioridad, eficiencia, eficacia y pertinencia cultural a la población indígena, en el ámbito de sus competencias. A manera de resumen, los ejes y objetivos establecidos en este Programa se presentan a continuación: Eje 1. Derechos indígenas · Objetivo 1. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas y generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos. Eje 2. Superación de los rezagos y desarrollo con identidad · Objetivo 2. Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales. · Objetivo 3. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo con identidad de las regiones indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género. · Objetivo 4. Promover la mejora en la calidad de vida de los hombres y mujeres indígenas, que viven y trabajan en las diferentes ciudades del país o que se emplean como jornaleros agrícolas. Eje 3. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística · Objetivo 5. Promover el avance en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística del país, y contribuir al fortalecimiento, rescate y difusión de las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas. Eje 4. Participación y consulta para una democracia efectiva · Objetivo 6. Incrementar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de su desarrollo y para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Eje 5. Gestión institucional para un país cultural y lingüísticamente diverso · Objetivo 7. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la mejora de la gestión de la CDI y promover que las dependencias y entidades federales atiendan, con prioridad, eficiencia, eficacia y pertinencia cultural a la población indígena, en el ámbito de sus competencias. SECCIÓN III. VINCULACIÓN CON LOS EJES Y OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 2012 El PDPI responde en sus planteamientos a los objetivos y estrategias del PND y establece la manera en que se ha de promover el desarrollo con identidad de los pueblos y comunidades indígenas en el territorio nacional. Eje 1. Derechos indígenas
Eje 2. Superación de los rezagos y desarrollo con identidad
Eje 3. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística
Eje 4. Participación y consulta para una democracia efectiva
Eje 5. Gestión institucional para un país cultural y lingüísticamente diverso
SECCIÓN IV. OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS A fin de evaluar el avance en cada objetivo del PDPI, se incorporan los indicadores y metas al 2012 que dan cuenta sobre las temáticas más apremiantes para alcanzar el desarrollo con identidad de los pueblos y comunidades indígenas. Eje 1. Derechos indígenas Objetivo 1 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas y generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos. La armonización del marco jurídico nacional a los derechos indígenas consagrados en la CPEUM supone el impulso al trabajo legislativo en los ámbitos federal y estatal así como la adecuación de las normas administrativas. Este trabajo, requiere que legisladores y servidores públicos correspondientes sean sensibilizados en el tema y cuenten con información suficiente para orientar sus trabajos y resolver así los temas prioritarios y sensibles para el ejercicio de los derechos ya consagrados en la Constitución. Para apoyar este esfuerzo, la CDI elaborará opiniones jurídicas dirigidas a apoyar los trabajos del poder legislativo federal y los poderes estatales en materia indígena. En este orden de ideas, se ha de impulsar la formación, capacitación y certificación de intérpretes - traductores bilingües en materia de derechos. Este esfuerzo será emprendido por la CDI y el INALI, los cuales se coordinarán con las instancias del poder judicial en los ámbitos federal y estatal para la realización de estas acciones. En consecuencia con lo señalado hay que promover el respeto irrestricto y el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, tales como, el fortalecimiento de sus sistemas jurídicos tradicionales mediante la difusión y la capacitación. Para esto, la CDI, a través de sus programas, realizará la promoción de los derechos indígenas, derechos de las mujeres y los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Indicadores y Metas
1 / La CDI y otras entidades del Ejecutivo Federal solamente pueden emitir opiniones jurídicas debido a que la adecuación al marco jurídico es atribución exclusiva de los poderes legislativos federal y locales. 2/ Se refiere a los proyectos apoyados por el Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia de la CDI. 3/ Correspondiente a los cursos y talleres impartidos por la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de la CDI. 4/ La denuncia de conflictos religiosos es a petición de alguna de las partes. Entre enero de 2006 a agosto de 2008 se registraron en total 13 conflictos religiosos a nivel nacional, de los cuales 5 se dieron en municipios de Usos y Costumbres. Tanto la línea base como la meta denotan el número de conflictos prevalecientes, sin importar el año de su registro. 5/ Con dichas acciones se logra el 100% de la liberación de los presos indígenas que al carecer de recursos económicos no puedan pagar fianzas o reparaciones del daño dictadas por las autoridades. Eje 2. Superación de los rezagos y desarrollo con identidad Objetivo 2 Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales. Una de las mayores prioridades que enfrenta la administración pública, es la de generar condiciones adecuadas para que los pueblos y comunidades indígenas superen los rezagos y logren el desarrollo con identidad. Para ello es necesario fortalecer y ampliar el alcance y cobertura de los programas y acciones públicas sectoriales, sobre todo con acciones afirmativas destinadas a su beneficio. A fin de generar condiciones para que la población indígena incremente sus ingresos en términos reales, la CDI, a través de su programa productivo, apoyará a los productores indígenas mediante infraestructura productiva y capital de trabajo, a fin de conformar cadenas productivas y mejorar la comercialización. En materia de comunicaciones terrestres, se realizará un gran esfuerzo en la construcción de nueva infraestructura carretera por parte de la CDI, a fin de reducir significativamente el número de localidades que se encuentran a más de 5 kilómetros de una carretera pavimentada. Asimismo, la SCT, apoyará este esfuerzo mediante la construcción, modernización y rehabilitación de caminos rurales y alimentadores. Dotar de telecomunicaciones, que se han convertido en un elemento central en el desarrollo de los pueblos indígenas, especialmente el servicio de Internet en localidades rurales indígenas. Por lo anterior, se incrementará el número de telecentros operados por la CDI en comunidades indígenas, así como se ampliará el número de radiodifusoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) en banda de amplitud modulada. Promover la existencia de viviendas dignas y cómodas con los servicios de agua potable, electricidad, desagüe, entre otros, mediante sistemas convencionales y alternativos siempre a favor del medio ambiente. Para ello, la CDI se abocará a conjuntar los esfuerzos de las dependencias y entidades a fin de reducir el porcentaje de población con rezago en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado, además de electrificación mediante grandes obras de infraestructura. Uno de los mayores retos en esta administración es la ampliación, modernización y adecuación cultural de la infraestructura hospitalaria; la intensificación de los programas de medicina preventiva; vacunación universal y saneamiento ambiental con enfoque intercultural; el fortalecimiento y desarrollo de la medicina tradicional como parte de la atención y oferta de servicios de salud, lo cual implica la consolidación del Sistema de Redes de Servicios de Salud (SRSS). El sector salud ha establecido como metas la reducción significativa de la tasa de mortalidad materna e infantil en los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, así como la reducción en la prevalencia de desnutrición infantil en población indígena, la mortalidad por enfermedad diarreica e infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad a través del Programa IMSS Oportunidades. Asimismo, se trabajará para que aumente el porcentaje de mujeres indígenas embarazadas derivadas por partera rural a unidad médica del Programa IMSS Oportunidades para atención prenatal. Es prioritario, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación básica bilingüe, educación media superior y superior en regiones indígenas; así como innovar y fortalecer modelos de educación intercultural en todos los niveles de enseñanza. A fin de apoyar esta estrategia, la CDI, por medio de su sistema de albergues escolares, apoyará a los niños, niñas y jóvenes indígenas para que concluyan su ciclo escolar, y el sector educativo en general, contribuirá para que se reduzca la percepción de la población indígena de tener una menor accesibilidad a la educación escolarizada. En otros aspectos no cuantificados, se promoverán esquemas de fomento a la protección de ecosistemas en regiones indígenas, la elaboración de inventarios de flora y fauna, la reforestación, el manejo sustentable de microcuencas hidrológicas y el cambio climático, entre otros temas prioritarios. Se promoverá la reducción de desechos sólidos, e impulsarán proyectos para la limpieza de barrancas, cauces de ríos, playas y cuerpos de agua en regiones indígenas. Todo lo anterior, sin omitir la revaloración del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas en el manejo de recursos naturales y preservación del medio ambiente. Indicadores y Metas
1 / Indicador comprendido en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 2 / Se refiere a los beneficiarios del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Población Indígena (PROCAPI) de la CDI. 3 / Se considera con rezago a la población en 2005 de las 14 184 localidades (cobertura del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, PIBAI, de la CDI) que se encuentran a más de 5 kilómetros de una carretera pavimentada conforme a la información del II Conteo de Población y Vivienda 2005, realizado por el INEGI y la información del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) de infraestructura carretera 2000. 4 / Se toma como referencia la población estimada en 2005 de las 14 184 localidades (cobertura del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígena, PIBAI, de la CDI) que no cuenta con el servicio o que no especificó la disponibilidad del mismo conforme al II Conteo de Población y Vivienda 2005, realizado por el INEGI. 5 / La situación inicial es 2006 y corresponde a la cobertura de 738 municipios considerados indígenas por la CDI. Objetivo 3 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo con identidad de las regiones indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género. La creciente participación de la sociedad civil en los procesos de gobierno hace indispensable orientar las políticas públicas para que tengan un mayor impacto en los indicadores de desarrollo. Esta nueva orientación debe, ante todo, crear un espacio de entendimiento y comprensión para la construcción del desarrollo en un territorio determinado, en el cual convergen los intereses de la población local, indígena y no indígenas, los productores, las organizaciones civiles, universidades, y las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Este modelo de construcción del desarrollo pretende fortalecer la transversalidad articulando la acción sectorizada, en el cual se incorpore un amplio consenso de la población local, la experiencia y conocimiento que del terreno tienen los actores locales y autoridades municipales, así como los recursos técnicos y presupuestales del gobierno federal y gobiernos estatales. Para promover el desarrollo territorial, la CDI coordinará la elaboración de planes de desarrollo de largo plazo en regiones indígenas con la participación de la población local indígena y no indígena, que hagan énfasis en el ordenamiento territorial participativo, un desarrollo económico sustentable y que incluyan el enfoque de pertinencia cultural y de género, a fin de articular las acciones de las dependencias y entidades federales y establecer acuerdos con los gobiernos estatales y municipales. En este esfuerzo de planeación territorial participarán: SEGOB, SEDESOL, SCT, STPS, SEMARNAT, SAGARPA, SEP, SSA, SECTUR y SRA. En otros aspectos no cuantificados, por parte del INAFED, sectorizado a la SEGOB, en vinculación con la CDI, se favorecerá la creación de asociaciones de municipios y acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales para establecer mecanismos con el fin de impulsar el desarrollo de los municipios indígenas y la elaboración de proyectos estratégicos que faciliten la gestión y concurrencia de recursos entre las dependencias federales, estatales y municipales, sobre todo en aquellos municipios de menor IDH donde se carece de recursos suficientes para la elaboración de proyectos por ellos mismos. Un aspecto relacionado con el ordenamiento territorial, inmerso en los procesos de desarrollo local y regional, son los asentamientos de población indígena desplazada, por lo que la CDI continuará promoviendo el diálogo entre estos grupos y la población de las localidades cercanas a efecto de lograr una adecuada inserción de los asentamientos de población indígena desplazada, en un marco de respeto a sus derechos humanos y diversidad cultural. Indicadores y Metas
1 / Indicador comprendido en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 2 / De un total de 25 regiones indígenas definidas por la CDI. Objetivo 4 Promover la mejora en la calidad de vida de los hombres y mujeres indígenas, que viven y trabajan en las diferentes ciudades del país o que se emplean como jornaleros agrícolas. Las acciones establecidas para mejorar la calidad de vida de la población indígena en este Programa, están diseñadas para brindar opciones de desarrollo desde las zonas rurales indígenas de origen, hasta los grandes centros de trabajo agrícola y las grandes ciudades de destino. Además, resulta importante, promover que las y los jornaleros agrícolas, especialmente los migrantes indígenas, en los campos laborales, habiten en viviendas que cuenten con condiciones dignas, que se apoye su traslado organizado y se garantices sus derechos fundamentales: todo esto en el marco de una coordinación interinstitucional y en colaboración con las empresas contratantes orientada a impulsar el desarrollo humano sustentable, tanto en las zonas de expulsión de jornaleros como en las zonas de atracción. Para lo anterior, la STPS, a través del Programa de Movilidad Laboral Interna del Servicio Nacional de Empleo, realizará esfuerzos importantes para que las y los jornaleros agrícolas de los municipios indígenas se coloquen en empleos formales, a fin de que cuenten con los beneficios que la legislación laboral establece. En cuanto a la población indígena que habita en ciudades, se aplicará una política diferenciada, ya que existe una amplia gama de circunstancias a las que enfrenta esta población, como es la discriminación, la necesidad de vivienda y dotación de servicios básicos, generalmente en zonas marginadas, formación de capacidades laborales, protección para no ser víctimas de redes de delincuencia organizada, espacios para sus expresiones culturales, entre otros. Para esto se promoverán acuerdos con los gobiernos locales a fin de que incorporen en sus agendas la atención a población indígena urbana. Ante la complejidad de las formas de integración de las personas indígenas a la vida urbana, sobre todo en el caso de las grandes metrópolis del país, la CDI plantea la necesidad de diseñar esquemas de atención a fin de hacer visible a la población indígenas que radica en las ciudades que dignifique su identidad cultural, para lo que pondrá, en términos de las disposiciones aplicables, en marcha la operación de oficinas de atención a población indígena que presten servicios de información para su acceso a los programas públicos, bolsa de trabajo, asesoría para la creación de microempresas (herramientas para diseñar perfiles de proyectos productivos, formación y organización de grupos solidarios, capacitación, integración y sistematización de información, elaboración de los reglamentos internos de los grupos, estados contables y supervisión), asesoría legal (difusión de los derechos establecidos en el marco jurídico nacional, generación de espacios para el intercambio de experiencias, asistencia a personas que carezcan de actas de nacimiento o se encuentren en situación irregular y orientación e información a personas indígenas que se asientan en predios irregulares) y apoyo a proyectos de fortalecimiento al desarrollo cultural (promoción del reconocimiento, rescate y preservación de las culturas indígenas, difusión de los aspectos relevantes de la vida cotidiana de la población indígena, promoción de documentales y películas de realizadores indígenas del país y del extranjero, entre otras actividades). Indicadores y Metas
1/ Se refiere al número de jornaleros agrícolas de municipios indígenas colocados en el año 2007. 2/ Se refiere a la previsión del número de jornaleros agrícolas de municipios indígenas a colocar en empleos formales entre 2008 y 2012. Eje 3. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística Objetivo 5 Promover el avance en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística del país, y contribuir al fortalecimiento, rescate y difusión de las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas. La revaloración de las culturas y lenguas indígenas es un paso necesario para construir un diálogo intercultural que enriquezca a la nación mexicana. Esto sólo será posible si la sociedad reconoce y valora la diversidad cultural y se elimina la discriminación. La CDI y el CONAPRED promoverán la capacitación a los servidores públicos federales para que conozcan la diversidad y la aprecien, así como para que cuenten con las habilidades y capacidades para transformar los patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad y la discriminación por origen étnico y racial. El patrimonio cultural y natural de los pueblos y comunidades indígenas es uno de los mayores activos que tiene el país, por lo que es fundamental apoyar todas aquellas acciones dirigidas a la recuperación y el fortalecimiento de todas sus expresiones culturales como la música y danzas tradicionales, rescate artesanal, apoyar la recuperación de historias y narraciones indígenas, promover el desarrollo literario, periodístico y artístico, así como garantizar la viabilidad del patrimonio cultural material e inmaterial indígena, además de los conocimientos tradicionales asociados al uso de la diversidad biológica. Para dar viabilidad a lo anterior, la CDI, a través de su programa de cultura, apoyará esta diferente gama de proyectos. La extinción lenta y acelerada de las lenguas indígenas, medida por el IRL por región calculado por la CDI, se corresponde con prácticas de discriminación hacia la población indígena, mayor infraestructura de vías terrestres, servicios de comunicación satelital, así como las mayores posibilidades de desarrollo económico. Existen experiencias a nivel internacional donde se ha logrado preservar las lenguas regionales en entornos de desarrollo económico y social. Para detener la pérdida de las lenguas indígenas, la SEP, a través de sus diversas áreas y entidades en la materia, como el INALI, desplegarán un esfuerzo importante para reforzar la normalización de las lenguas indígenas y su práctica cotidiana entre los escolares de la educación básica, así como la ampliación en el ámbito social de las lenguas indígenas en coordinación con la CDI mediante estrategias diversas para su utilización en espacios públicos y medios de comunicación. De todas las acciones anteriormente establecidas se espera que la población indígena que declara haber sido discriminada por su condición se haya reducido al término de esta administración. Asimismo, para lograr este cambio es necesario utilizar los medios masivos de comunicación para difundir la diversidad cultural y lingüística del país, y eliminar los estereotipos en anuncios y programas televisivos que discriminan y ofenden a la población indígena. Aun cuando no existe una meta cuantificable, la SEGOB, a través del CONAPRED (en el marco de la Campaña Nacional por la Diversidad Cultural de México) y la CDI impulsarán estas acciones con la participación de la SEP y la SSA. Indicadores y Metas
1 / Se refiere a los proyectos apoyados por el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de las Culturas Indígenas de la CDI y la situación inicial corresponde a 2008. 2 / La clasificación del IRL es la siguiente: Expansión acelerada (mayor a 2); Expansión lenta (entre 1.11 y 2); Equilibrio (entre 0.91 y 1.1); Extinción lenta (entre 0.51 y 0.9); y Extinción acelerada (menor o igual a 0.5). Eje 4. Participación y consulta para una democracia efectiva Objetivo 6 Incrementar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de su desarrollo y para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Para tomar mejores decisiones en materia de acción pública, las instituciones necesitan conocer el parecer y sentir de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Hay que tener en cuenta que el conocimiento que tienen los actores locales sobre su propia comunidad es de fundamental importancia en la definición de una estrategia de desarrollo exitosa. También, lo son su participación en la planeación del desarrollo en cuanto a su identidad y los cambios, dirección y velocidad a los que aspiran. Para hacer efectiva la consulta a la población indígena la CDI brindará asistencia y acompañamiento a los pueblos y comunidades indígenas para que ejerzan su derecho frente a las instancias federales, pero también es necesario promover ante los gobiernos estatales el respeto al derecho de los indígenas a ser consultados en aquellos aspectos que les atañen. Una herramienta fundamental, para un mejor diseño de las políticas públicas del Gobierno Federal, son las propuestas del Consejo Consultivo de la CDI, lo que permitirá adecuar los programas federales para que tengan un mayor impacto sobre la población indígena a fin de canalizar los recursos públicos de manera más eficiente. Asimismo, se requiere promover ante los tres órdenes de gobierno, la participación de las comunidades indígenas en la elaboración de planes de desarrollo regional, a través de mecanismos idóneos de participación. Para esto, la CDI en vinculación con el sector salud, realizarán tareas para el fortalecimiento de las capacidades de la población indígena para emprender procesos de planeación. Indicadores y Metas
1/ Asistencia y acompañamiento a los pueblos y comunidades indígenas por parte de la CDI 2/ El sesiones de Consejo Consultivo están organizadas en 12 mesas temáticas. Eje 5. Gestión institucional para un país cultural y lingüísticamente diverso Objetivo 7 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la mejora de la gestión de la CDI y promover que las dependencias y entidades federales atiendan, con prioridad, eficiencia, eficacia y pertinencia cultural a la población indígena, en el ámbito de sus competencias. En el marco de la mejora de la gestión establecida por la Secretaría de la Función Pública, en la CDI se emprenderán los trabajos para hacer más eficientes y adecuados los procesos actuales, para sistematizar la información y disminuir las cargas administrativas además de orientar la acción de esta institución al logro de resultados. Para mejorar la acción de las otras instituciones federales y trabajar de manera transversal la atención y la inversión para el desarrollo de la población indígena, la CDI generará información estadística y geográfica sobre población indígena estimada con criterio de hogar indígena. Un aspecto fundamental para la mejora o rediseño de las políticas públicas en materia indígena y pertinencia cultural es su seguimiento y evaluación, a fin de contar con elementos suficientes para ajustar las acciones de gobierno y aprovechar de mejor forma los recursos públicos en aras de promover el desarrollo con identidad. Para esto, la CDI evaluará las políticas públicas, y la aplicación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Indicadores y Metas
1 / Se refiere a la mejora de los siguientes procesos: calidad regulatoria del marco normativo interno; sistematización y digitalización de trámites administrativos; tecnologías de información y comunicación para la gestión y prestación de servicios públicos; establecimiento de estándares de calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los mismos; tecnologías de información y comunicación para lograr una mayor eficiencia y eficacia institucional; y difusión de una cultura de trabajo orientada a resultados. SECCIÓN V. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN Para cada objetivo del PDPI, se establecen las estrategias y líneas de acción llevadas a cabo por el Gobierno Federal que contribuirán a alcanzar los objetivos y estrategias de PND y de la estrategia Vivir Mejor en materia indígena. Eje 1. Derechos indígenas Objetivo 1. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas y generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos. Estrategia 1.1 Promover la adecuación legislativa para el reconocimiento y el ejercicio de derechos indígenas en los ámbitos federal, estatal y municipal. Líneas de acción: · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, que el Congreso de la Unión adecue la legislación federal en materia de derechos indígenas con base en lo establecido en la CPEUM. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, que las legislaturas locales y los municipios adecuen sus ordenamientos jurídicos a los derechos indígenas referidos en la CPEUM. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la armonización de la legislación federal en materia indígena con los instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado México. Estrategia 1.2 Promover estudios e investigaciones jurídicas para garantizar los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Líneas de acción: · Promover estudios e investigaciones que establezcan las metodologías y mecanismos de representación de la población indígena para que participen en el diseño y operación de las políticas públicas para su desarrollo. · Promover estudios e investigaciones jurídicas que promuevan una mejor utilización de los recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. · Identificar, con base en estudios y análisis especializados, argumentos para promover y orientar las discusiones legislativas sobre temas relevantes para el ejercicio de los derechos indígenas. Estrategia 1.3 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, que las instancias de administración, procuración e impartición de justicia atiendan con pertinencia cultural y calidad a la población indígena. Líneas de acción: · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el fortalecimiento y ampliación de las instancias especializadas de administración, procuración e impartición de justicia, para la atención de población indígena. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, que las instancias de impartición de justicia en todas las actuaciones judiciales y administrativas procuren que la población indígena pueda comunicarse en su lengua. · Promover que las instancias de impartición de justicia brinden un trato justo, equitativo, no discriminatorio y respetuoso de los derechos humanos de los indígenas. · Coordinar, en términos de las disposiciones aplicables, con entidades federativas la promoción y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, a defensores públicos bilingües en materia de derechos y sistemas normativos indígenas. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la especialización y acreditación de traductores e intérpretes bilingües en materia de justicia para que asistan a la población indígena en el debido proceso. · Promover la sensibilización de los representantes y a las distintas figuras de gobierno tradicional de los pueblos indígenas responsables de la impartición de justicia, sobre los derechos de las mujeres indígenas. Estrategia 1.4 Difundir y reforzar los conocimientos de la población indígena en materia de justicia y derechos indígenas. Líneas de acción: · Apoyar la realización de promocionales en las lenguas indígenas sobre diversos tópicos relativos a los derechos indígenas y difundirlos a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. · Promover el respeto de los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de las personas indígenas. · Promover que las organizaciones civiles brinden asesoría y acompañamiento a colectivos e individuos indígenas para la procuración de sus derechos en todos los ámbitos. Estrategia 1.5 Promover una cultura de igualdad y no discriminación de manera que las diferencias de género, preferencia sexual, edad, religión o condición de salud, entre otras, no sean motivo de exclusión a las oportunidades de desarrollo. Líneas de acción: · Promover entre la población indígena actitudes a favor de la igualdad de género, tanto en la vida familiar como en la comunitaria. · Promover entre la población indígena el conocimiento, difusión y respeto de los derechos humanos, en particular del derecho a la no discriminación y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, para que puedan decidir sobre su cuerpo y prevenir infecciones de transmisión sexual. · Promover que la población indígena con discapacidad cuente con las ayudas técnicas necesarias, adaptadas a las condiciones de su comunidad, para su rehabilitación así como para la accesibilidad universal. · Promover en la Administración Pública Federal la adopción de todas las medidas administrativas que permitan el cumplimiento de los derechos de las personas indígenas con discapacidad. · Impulsar el respeto a las diferencias de preferencia sexual de las mujeres y los hombres indígenas. Estrategia 1.6 Promover que la población indígena cuente con identificación oficial sobre su persona y derechos de propiedad y posesión sobre sus bienes. Líneas de acción: · Promover que la población indígena cuente con documentos de identificación personal. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la regularización de los derechos de propiedad y posesión sobre tierras y bienes de la población indígena. Eje 2. Superación de los rezagos y desarrollo con identidad Objetivo 2. Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales. Estrategia 2.1 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, condiciones para incrementar la producción y el empleo bien remunerado en las regiones indígenas del país, a través de proyectos de desarrollo económico que consideren, valoren y conserven los potenciales y las riquezas con los que cuentan los pueblos y las comunidades indígenas. Líneas de acción: · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, obras de infraestructura productiva, en las comunidades indígenas, como la construcción, instalación, rehabilitación, reparación y mantenimiento de obras de captación y almacenamiento de aguas pluviales y fluviales, obras de riego, así como potencia eléctrica suficiente para uso agropecuario e industrial, equipo, bodegas y otras instalaciones en un esquema de sustentabilidad. · Fomentar la organización y las capacidades de la población indígena que vive en localidades dispersas, con énfasis en la igualdad de género, para emprender o ampliar proyectos productivos. · Promover mecanismos de ahorro y crédito, y otros instrumentos como seguros y coberturas para el fomento de actividades productivas. · Promover la diversificación de bienes y servicios para fomentar el desarrollo del mercado interno de las regiones indígenas. · Promover la incorporación de productores indígenas a cadenas productivas y brindar asistencia para la comercialización. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la creación de circuitos de turismo de naturaleza y culturales de manera planificada, integral y sostenible en regiones indígenas. Estrategia 2.2 Promover las rutas de acceso de las poblaciones indígenas a una red de corredores troncales, carreteras alimentadoras y caminos rurales en regiones indígenas que facilite el acceso a los servicios y fomente la producción. Líneas de acción: · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores, que se articulen a los corredores troncales, así como la construcción de puentes prioritarios que mejoren los índices de accesibilidad para las comunidades indígenas en un esquema de sustentabilidad. · Promover la conservación y rehabilitación de caminos rurales y alimentadores. Estrategia 2.3 Promover el acceso de la población indígena a los medios de comunicación, a los servicios de telecomunicación y a la información relativa a temas de interés. Líneas de acción: · Promover la introducción del servicio de Internet en localidades rurales indígenas, a fin de que sea un impulsor en el desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas. · Promover la introducción del servicio telefónico fijo y móvil en localidades rurales indígenas. · Promover la instalación de repetidoras de radio y televisión en las regiones indígenas en sus lenguas y en español, que sirvan como medio de información y/o comunicación entre las mismas. · Promover programas de capacitación sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC's) y para la operación y mantenimiento de medios de telecomunicación. · Promover a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI) la radiodifusión de contenidos de interés para la población indígena. · Promover programas de radio y televisión en español y en lengua indígena, que den a conocer y promuevan las culturas y los derechos indígenas. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la creación de nuevas radiodifusoras pertenecientes al SRCI. Estrategia 2.4 Mejorar la calidad de las viviendas de la población indígena y dotarlas de servicios básicos. Líneas de acción: · Promover, en términos de las disposiciones aplicables que las viviendas indígenas cuenten con agua potable, drenaje y energía eléctrica, así como en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas negras, apegados a la legislación ambiental. · Promover el mejoramiento, ampliación y construcción de viviendas indígenas, de preferencia con materiales y diseños de la región que sean acordes a sus costumbres e imagen de su localidad aprovechando sustentablemente los recursos. Estrategia 2.5 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, estrategias y obras de infraestructura en las regiones indígenas para prevenir desastres a consecuencia de fenómenos naturales. Líneas de acción: · Promover estudios que fortalezcan la prevención y mitigación del riesgo de desastres. · Proveer a la CDI de información oportuna para que transmita alertamientos en comunidades indígenas en sus propias lenguas ante la amenaza de una situación de emergencia. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo de programas de capacitación comunitaria que fomente el mejor conocimiento de los riesgos, así como las acciones básicas de prevención en las comunidades indígenas que coadyuve en el desarrollo sustentable de la localidad o municipio. · Promover con organizaciones no gubernamentales y gubernamentales del nivel comunitario, la realización de talleres, cursos y actividades de sensibilización e información para la participación en proyectos de reducción de riesgos en comunidades indígenas, respetando su idiosincrasia y lenguaje. · Promover la construcción de bordos, canales de aguas pluviales y otras obras de infraestructura en comunidades indígenas. Estrategia 2.6 Promover el derecho a la salud y a la seguridad social de la población indígena con pleno respeto a sus particularidades culturales y lingüísticas. Líneas de acción: · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, nuevas unidades médicas de consulta externa y hospitalaria acorde con la diversidad cultural, así como ampliar las unidades médicas móviles y el transporte especializado (ambulancias y helicópteros) que garanticen un traslado efectivo en casos de emergencia. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la colaboración y participación de médicos tradicionales, parteras, promotores y auxiliares de salud indígenas, como parte integrante de un Sistema de Redes de Servicios de Salud. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la ampliación de los programas de medicina preventiva, saneamiento ambiental y para la atención de padecimientos como la tuberculosis, tracoma, VIH, SIDA, ITS y dengue, entre otros, con enfoque intercultural. · Promover la capacitación y sensibilización del personal médico para que proporcione un trato digno y no discriminatorio a los pacientes indígenas con respeto a sus culturas. · Promover la capacitación del personal del Sector Salud en el modelo Intercultural de Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, programas para la prevención y atención del alcoholismo, violencia contra las mujeres en poblaciones indígenas. · Instrumentar programas compensatorios permanentes de alimentación a infantes, embarazadas y lactantes. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, mecanismos de prevención y atención de los factores que inciden en la mortalidad neonatal y materna, con perspectiva de género y no discriminación, interculturalidad y derechos humanos, que incluyan el facilitar el parto vertical por parteras indígenas reconocidas por sus comunidades, fortaleciendo esquemas de medicina tradicional y la interrelación con la medicina institucional, así como programas de apoyo para partos y/o cesáreas gratuitos a todas las mujeres, con embarazo normal y complicado. · Apoyar el desarrollo de la medicina tradicional como una práctica cultural que contribuye a elevar las condiciones de salud de la población indígena y que es parte integral de su cosmovisión. Estrategia 2.7 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, que los niños, niñas y jóvenes indígenas del país tengan acceso a la educación de calidad y culturalmente pertinente y promover la adopción del enfoque de interculturalidad en todo el Sistema Educativo Nacional. Líneas de acción: · Promover, la cobertura de educación básica bilingüe, educación media superior y superior en regiones indígenas. · Promover e innovar modelos de educación en todos los niveles que atienden a población indígena dispersa. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, acciones para mejorar la calidad de la educación que se imparte a población indígena. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la adopción del enfoque de interculturalidad en todo el Sistema Educativo Nacional. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, campañas de alfabetización y educación para adultos en comunidades indígenas, haciendo énfasis en la población femenina. · Fomentar que la población indígena practique deporte. Estrategia 2.8 Promover la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en las regiones indígenas y fomentar acciones para prevenir, reducir y controlar la contaminación ambiental. Líneas de acción: · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las regiones indígenas. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, acciones que fomenten el manejo integral de los residuos para evitar la contaminación y preservar el medio ambiente en las regiones indígenas. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, acciones de fortalecimiento de las capacidades de la población indígena para la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente mediante aprovechamientos sustentables. Estrategia 2.9 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, que las localidades rurales indígenas cuenten con mejores condiciones de infraestructura y servicios urbanos. Líneas de acción: · Realizar estudios sobre Centros Proveedores de Servicios que contribuyan al desarrollo de la población indígena dispersa. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la mejora del entorno urbano, como alumbrado público, pavimentación de calles, protección, construcción y rehabilitación de plazas, áreas verdes, jardines y canchas deportivas, imagen urbana, en localidades indígenas mayores de 15,000 habitantes. Objetivo 3. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo con identidad de las regiones indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género. Estrategia 3.1 Favorecer la coordinación de acciones entre órdenes de gobierno. Líneas de acción: · Promover la asociación entre los municipios con alta presencia de comunidades y pueblos indígenas para el fortalecimiento regional. · Promover en las Mesas Federales instaladas, la coordinación intergubernamental para la creación del eje estratégico: desarrollo institucional de municipios con alta presencia de grupos indígenas. Estrategia 3.2 Impulsar el fortalecimiento municipal Líneas de acción: · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el fortalecimiento municipal para lograr una mayor capacidad de planeación y operación en las demandas presentadas en municipios con alta presencia de grupos indígenas. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, con los gobiernos municipales la identificación de proyectos estratégicos para el desarrollo sustentable, económico y social del municipio. Estrategia 3.3 Promover entre dependencias federales, gobiernos estatales, municipios y actores locales acciones de planeación territorial para el desarrollo sustentable y con identidad en las regiones indígenas. Líneas de acción: · Fomentar la coordinación de instancias de los tres órdenes de gobierno para apoyar la integración de diagnósticos a escala regional con participación de la población local. · Promover la elaboración de planes de desarrollo integral, sustentables, interculturales y de largo plazo para localidades, municipios y regiones con la participación de la población indígena, que hagan énfasis en el ordenamiento territorial participativo, la conservación de recursos naturales, la pertinencia cultural y la equidad de género. · Promover la elaboración de proyectos estratégicos con la participación de las comunidades indígenas validados técnicamente para integrar una cartera que facilite la gestión y concurrencia de recursos entre las dependencias y entidades federales, estatales y municipales. Estrategia 3.4 Promover condiciones que permitan a la población indígena desplazada violentamente o por cualquier tipo de conflicto que motive su desalojo forzado, su reinserción a la vida comunitaria, con pleno respeto y reconocimiento a su identidad cultural. Líneas de acción: · Promover la creación de mesas de trabajo interinstitucional para encontrar las mejores alternativas de los asentamientos de población indígena desplazada, con pleno respeto a su diversidad cultural. · Promover el diálogo entre las comunidades originarias y la población desplazada a efecto de lograr una adecuada inserción de los asentamientos de población indígena desplazada, en un marco de respeto a la diversidad cultural. Objetivo 4. Promover la mejora en la calidad de vida de los hombres y mujeres indígenas, que viven y trabajan en las diferentes ciudades del país o que se emplean como jornaleros agrícolas. Estrategia 4.1 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, condiciones de vida y trabajo dignos para los jornaleros agrícolas indígenas. Líneas de acción: · Realizar campañas de difusión entre los jornaleros agrícolas indígenas para que conozcan sus derechos humanos y laborales. · Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la ampliación de las capacidades organizativas y de defensoría social de los jornaleros agrícolas. · Promover la concurrencia de acciones para que los jornaleros agrícolas cuenten con condiciones adecuadas de alojamiento y servicios básicos en los campos agrícolas y asentamientos cercanos. · Promover acciones para que los jornaleros agrícolas y sus familias cuenten con servicios de salud en cualquier lugar donde laboren, mediante su afiliación al Sistema de Protección Social en Salud. · Promover acciones para que los jornaleros agrícolas migrantes indígenas y sus familias, cuenten con servicios de educación en los campos agrícolas. Estrategia 4.2 Promover la mejora de las condiciones de vida de la población indígena que habita en zonas urbanas. Líneas de acción: · Promover la concertación y articulación entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno para la atención de la población indígena en zonas urbanas. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la creación de centros de atención de los tres órdenes de gobierno para orientar a las personas indígenas en zonas urbanas, en materia de derechos, alojamiento, empleo, salud, sustentabilidad y otros. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, acciones de política pública para que la población indígena en zonas urbanas tenga acceso a la vivienda y a los servicios. · Promover la rehabilitación de espacios públicos en las ciudades para actividades artísticas, a efecto de favorecer la convivencia, reproducción y revaloración de las culturas e identidades indígenas. · Promover campañas de difusión sobre los derechos humanos en las que se incluya a la población indígena asentada en zonas urbanas. · Promover mecanismos de seguridad para proteger a mujeres, niños y niñas indígenas de reciente migración a las ciudades contra redes delictivas. Eje 3. Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística Objetivo 5. Promover el avance en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística del país, y contribuir al fortalecimiento, rescate y difusión de las expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas. Estrategia 5.1 Promover que la sociedad en general y los servidores públicos en particular adopten una cultura de no discriminación y de diálogo intercultural. Líneas de acción: · Promover la presentación en los medios masivos de comunicación de los aspectos relacionados con la diversidad cultural y lingüística del país y los aportes que los pueblos indígenas han hecho y hacen a la Nación. · Promover la capacitación, presencial y en línea, a las y los servidores públicos para que conozcan la diversidad cultural, promuevan un trato no discriminatorio y atiendan, con respeto y pertinencia cultural a la población indígena. · Promover que los programas de la administración pública incorporen el enfoque intercultural a efecto de facilitar que la población indígena acceda a sus beneficios. Estrategia 5.2 Promover el cumplimiento y conocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Líneas de acción: · Promover la investigación básica y aplicada que permita vigorizar el conocimiento y la normalización de las lenguas indígenas. · Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas mediante la participación activa en la enseñanza de sus lenguas y su utilización en espacios públicos y medios de comunicación. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables la formación, capacitación y certificación de profesionales y técnicos traductores bilingües para asistir a la población indígena monolingüe en todos los quehaceres de la administración pública e impartición de justicia. · Promover el establecimiento de Institutos de lenguas Indígenas estatales y municipales. Estrategia 5.3 Rescatar, preservar, fomentar la creatividad y difundir las expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas. Líneas de acción: · Fomentar y fortalecer a los creadores de literatura y la recuperación y fortalecimiento de música y danzas tradicionales. · Apoyar a hombres y mujeres indígenas, organizaciones, comunidades y portadores de saberes y conocimientos tradicionales para que realicen investigaciones sobre la historia de las diversas culturas indígenas, las manifestaciones culturales, conocimientos asociados al uso de la biodiversidad, la recuperación de historias y narraciones indígenas, y sus características contemporáneas. · Apoyar la viabilidad del patrimonio cultural material e inmaterial indígena con acciones que comprendan su fortalecimiento, revitalización, identificación, registro, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración y transmisión a las generaciones futuras. · Fortalecer la difusión de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas a través de la Hora Nacional. Eje 4. Participación y consulta para una democracia efectiva Objetivo 6. Incrementar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de su desarrollo y para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Estrategia 6.1 Promover que las instancias administrativas y legislativas consulten a los pueblos y comunidades indígenas para el diseño de las políticas públicas y para la elaboración de las normas jurídicas que les atañen. Líneas de acción: · Brindar a los pueblos y comunidades indígenas la asistencia y acompañamiento para que ejerzan su derecho a ser consultados, de acuerdo a lo establecido en el inciso B del artículo 2o de la CPEUM. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la consolidación del Consejo Consultivo de la CDI. · Hacer del conocimiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el ámbito federal, estatal y municipal, las propuestas y recomendaciones del Consejo Consultivo de la CDI. Estrategia 6.2 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la participación de las comunidades indígenas en la formulación, ejecución y seguimiento de planes de desarrollo y proyectos estratégicos. Líneas de acción: · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, ante las dependencias del gobierno federal la participación de las comunidades indígenas en la formulación de planes de desarrollo y proyectos estratégicos. · Promover la participación de las comunidades indígenas en la elaboración de planes de desarrollo y proyectos estratégicos. · Promover la formación de indígenas a fin de facilitar su participación en la ejecución y seguimiento de planes de desarrollo y proyectos estratégicos. Eje 5. Gestión institucional para un país cultural y lingüísticamente diverso Objetivo 7. Promover, en términos de las disposiciones aplicables, la mejora de la gestión de la CID y promover que las dependencias y entidades federales atiendan, con prioridad, eficiencia, eficacia y pertinencia cultural a la población indígena, en el ámbito de sus competencias. Estrategia 7.1 Promover acciones para mejorar la calidad y la eficacia de las operaciones y servicios Institucionales. Líneas de acción: · Promover la calidad regulatoria del marco normativo interno para disminuir las cargas administrativas, bajo los principios de transparencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia. · Implementar mejoras que permitan reducir los gastos de operación a través de la sistematización y digitalización de trámites administrativos. · Aplicar las TIC´s para la gestión y prestación de servicios públicos, así como para satisfacer y atender las demandas y necesidades de los pueblos y comunidades indígenas. · Establecer estándares de calidad, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los mismos. · Aplicar las TIC´s para lograr una mayor eficiencia y eficacia institucional. · Difundir una cultura de trabajo orientada a resultados. Estrategia 7.2 Promover, en términos de las disposiciones aplicables, un sistema coordinado interinstitucional de información, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia indígena. Líneas de acción: · Generar indicadores de gestión, resultados e impacto apropiados para la población indígena. · Promover la inclusión en las cédulas de identificación de los beneficiarios de los programas federales criterios para la identificación de población indígena. · Promover la generación y difusión de información sociodemográfica sobre la población indígena. · Desarrollar investigaciones encaminadas al diseño y ajuste de políticas, programas y acciones concretas para la atención de los pueblos, comunidades y personas indígenas. · Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia indígena y pertinencia cultural con la participación de la población indígena. Estrategia 7.3 Promover la transversalidad de la política pública en materia indígena a través de las áreas de planeación y enlace de las dependencias y entidades federales. Líneas de acción: · Promover la difusión oral en lenguas indígenas del contenido de los programas y acciones del gobierno federal. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, lineamientos y criterios en materia indígena para el diseño y la operación de los programas federales que permitan un mayor acceso de la población indígena a los programas. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, presupuestos específicos destinados al cumplimiento de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. · Promover, en términos de las disposiciones aplicables, convenios entre las dependencias y entidades federales a fin de articular esfuerzos a favor de la población indígena. Matriz de corresponsabilidad El desarrollo con identidad de los pueblos y las comunidades indígenas de México es el objetivo central en torno al cual se articula el PDPI. Contribuir a la consecución de este fin es una responsabilidad compartida por toda la Administración Pública Federal. En este entendido, las dependencias federales que ejecutan programas y acciones dirigidos a población indígena o que tienen entre sus beneficiarios a individuos, familias y localidades indígenas, concertaron con la CDI orientar sus acciones para lograr objetivos del Programa. Este esfuerzo de concertación permitió la construcción de una matriz de corresponsabilidad, que es una herramienta que permite hacer visibles los ámbitos de actuación y compromisos asumidos por las distintas dependencias federales y/o entidades sectorizadas, para el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en el PDPI. Los compromisos contraídos se sustentan en la idea compartida de que la acción transversal de las diferentes instituciones federales es la ruta idónea para llevar a la práctica las políticas públicas, que con base en un diagnóstico y una planeación conjunta y con una acción coordinada, puedan construir un desarrollo integral con identidad. A continuación se presenta la matriz de corresponsabilidad del PDPI, en ella se hace referencia a las siguientes claves y siglas: · P. Indica que la dependencia, o alguna de las entidades sectorizadas a la misma, realice actividades que inciden directamente en el cumplimiento de la línea de acción señalada. · V. Indica que la dependencia, o alguna de las entidades sectorizadas a la misma, no realiza directamente actividades que inciden en el cumplimiento de la línea de acción señalada, pero que su participación es necesaria como apoyo debido a su carácter de instancia normativa o por su contribución.
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