PROGRAMA Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.
Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024
Secretaría de Gobernación
PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1. Índice
1. Índice
2. Fundamento normativo de elaboración del programa
3. Siglas y acrónimos
4. Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
5. Análisis del estado actual
6. Objetivos prioritarios
6.1. Relevancia del Objetivo prioritario 1: Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
6.2. Relevancia del Objetivo prioritario 2: Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
6.3. Relevancia del Objetivo prioritario 3: Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados
6.4. Relevancia del Objetivo prioritario 4: Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos
6.5. Relevancia del Objetivo prioritario 5: Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos
7. Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
8. Metas para el bienestar y Parámetros
9. Epílogo: Visión hacia el futuro
10. Lista de dependencias y entidades participantes
11. Glosario
12. Anexo. Instrumentos programáticos de la APF
2. Fundamento normativo de elaboración del Programa
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 (PNDH) es un programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), cuya elaboración se enmarca en el Sistema de Planeación Democrática al que hace referencia el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo que señala el artículo 22 de la Ley de Planeación.
El Proyecto de Nación delineado en el PND plantea un nuevo pacto social y establece como objetivo superior del desarrollo nacional el bienestar general de la población, para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. En esta nueva etapa de la vida pública del país, los derechos humanos tienen un lugar preponderante, porque el Ejecutivo Federal reconoce que la transformación de la vida nacional pasa necesariamente por la transformación de las condiciones de vida de todas las personas y, en particular, de quienes históricamente han sido discriminadas y enfrentan condiciones de rezago y marginación.
En este sentido, el Estado debe cumplir con el mandato del artículo 1o. constitucional que establece que las autoridades tienen la obligación, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos(1). Igualmente, dicho precepto dispone que las autoridades deben observar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y deben establecer políticas y programas orientados a la realización de todos los derechos humanos para todas las personas.
Atendiendo a esta disposición, el PNDH fue elaborado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en atención a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que son las siguientes: vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar la promoción, protección y garantía de los derechos humanos y atender las recomendaciones de los organismos competentes en esta materia, y conducir las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión, con las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los órganos constitucionales autónomos, así como con las organizaciones sociales y demás organizaciones de la sociedad civil.
De igual manera, el PNDH atiende el compromiso con la comunidad internacional de elaborar un plan nacional de acción, o documento rector, en el que se plasme la política nacional para mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos(2). En tal sentido, el PNDH tiene como objetivo desarrollar una política nacional rectora en materia de derechos humanos que brinde direccionalidad, articulación, consistencia y coherencia a la multiplicidad de programas, instituciones y presupuestos existentes en materia de derechos humanos, con el propósito de fortalecer su eficacia, cobertura y disponibilidad, y así comenzar a cerrar las amplias brechas de desigualdad existentes entre estratos y condiciones sociales, regiones geográficas, géneros y edades.
La responsabilidad de coordinar la elaboración, la publicación, la ejecución y el seguimiento de este Programa corresponde a la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, conforme a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
3. Siglas y acrónimos
APF: Administración Pública Federal
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
DESCA: derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
FGR: Fiscalía General de la República
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LGBTTTIQ: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y queer
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OSC: organizaciones de la sociedad civil
OTPCID: otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
PNDH: Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
SNAV: Sistema Nacional de Atención a Víctimas
4. Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
5. Análisis del estado actual
Crisis de derechos humanos
La herencia más dolorosa que recibió la presente administración es la profunda crisis de derechos humanos que se vive en todo el país. Su naturaleza es histórica y sus expresiones más sensibles son la desigualdad, la pobreza, la violencia y la impunidad, así como los obstáculos y limitaciones que han enfrentado las víctimas para acceder, gozar y ejercer sus derechos humanos.
Los efectos de esta crisis se expresan en dos vertientes, que son: (i) la pobreza generalizada y las
extensas desigualdades sociales producto de la implementación irresponsable de políticas neoliberales, y (ii) la creciente inseguridad y violencia que han provocado un aumento desmedido en el número de víctimas, particularmente de violaciones graves de derechos humanos. Ambas vertientes de la crisis tienen su origen en políticas de Estado fallidas, un pasado de abandono institucional y el desmantelamiento de los órganos de Estado para beneficio de unos pocos.
Durante el periodo neoliberal, los gobiernos asumieron que mantener la estabilidad financiera y manejar de manera adecuada las variables macroeconómicas tendría como consecuencia una mejora en las condiciones de vida de la población; sin embargo, al olvidarse de las personas y su desarrollo, y sólo concentrarse en el crecimiento económico, se ampliaron profundamente las brechas de desigualdad, lo cual generó un claro debilitamiento del pacto social.
En consecuencia, tan sólo el 10% más rico de la población concentra 20.7 veces más ingreso que el 10% de la población más pobre(3). Estas diferencias en la concentración de ingreso tienen su origen en la captura del poder político por parte de las élites económicas. Mientras algunas de las personas más ricas en México consolidaron su riqueza por medio de concesiones y privatizaciones(4), 61 millones de personas no tienen el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas(5).
Un crecimiento económico excluyente, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y la discriminación de sectores poblacionales como parte del modelo de Estado neoliberal de las administraciones pasadas, dieron como resultado los 52.4 millones de personas (41.9% de la población) en situación de pobreza, de las cuales 9.3 millones se encuentran en situación de pobreza extrema y 43.1 millones en pobreza moderada(6).
Lo anterior aunado a políticas de seguridad para combatir al crimen organizado que ignoraron el carácter multidimensional del problema y privilegiaron el uso de la fuerza por encima de estrategias de inteligencia y de acciones que atendieran las causas estructurales de estos conflictos para restarle base social a la criminalidad. El objetivo central de la política instaurada a partir de 2007 consistió en eliminar a los líderes de las organizaciones criminales; no obstante, en lugar de conseguir su desmantelamiento, el resultado fue su fragmentación, lo que ocasionó un aumento generalizado de la violencia en gran parte del territorio del país(7).
La expresión más clara de la violencia se encuentra en el incremento del número de homicidios. De 2000 a 2018 se registraron 349,670 homicidios, de los cuales el 80% se concentró en el periodo de 2007 a 2018. La violencia ha crecido tanto en nuestro país que, en 2018, se cometieron cuatro veces más homicidios que en 2007, situación que representa un incremento del 303%(8).
Estas estrategias fallidas trajeron como consecuencia un claro debilitamiento de la cohesión social y gobernabilidad, lo que derivó en violaciones sistémicas a los derechos humanos, y se generó una deuda histórica con las víctimas ante la incapacidad del Estado para garantizarles sus derechos.
Una de las peores herencias es el saldo en personas desaparecidas. Al día de hoy se tiene registro de más de 60 mil personas no localizadas y se han contabilizado más de 3 mil fosas clandestinas(9), lo que refleja una de las deudas más lacerantes del Estado, evidenciando una incapacidad para dar con su paradero y garantizar a las familias la verdad de lo ocurrido.
A lo anterior se suma la expresión más extrema de violencia en contra de las mujeres: la violencia feminicida. Entre 2015 y 2019 se registraron 3,628 feminicidios y sólo en enero de 2020 se contabilizaron 72 casos más(10). Junto con el feminicidio existen otras formas de violencia y explotación, como la trata de personas, donde las niñas y mujeres representan el 85% del total de las víctimas de este delito(11). La persistencia de estas problemáticas ha evidenciado la ausencia de una política pública de atención a las víctimas, así como acciones enfocadas a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres.
Esta crisis de derechos humanos se fue gestando a partir de la evidente incapacidad del Estado mexicano para prevenir y atender oportunamente las violaciones a los derechos humanos, así como para garantizarle a cada una de las víctimas sus derechos a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Todo ello vuelve necesario transformar la realidad nacional.
La transformación de la vida pública del país sólo será posible mediante el respeto y la garantía de los derechos humanos. Estos son un factor clave para la consecución del cambio que asegure a todas las personas un desarrollo nacional que no excluya a nadie y garantice los derechos humanos de todas las personas que viven y transitan por México, bajo el principio de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.
La regeneración ética de las instituciones es impostergable para transitar a un régimen que tenga como principio el desempeño del poder con apego a la ley, observando el pleno respeto a los derechos humanos. Para ello, es necesario partir del reconocimiento del propio Estado como el principal causante de esta crisis, que durante más de tres décadas, lejos de superarla, la acentuó y la llevó a niveles generalizados.
Es menester del Gobierno de México ubicar en el centro de este cambio a las personas afectadas de manera directa por la crisis heredada. Las víctimas de violaciones a derechos humanos, las víctimas de las políticas sociales desiguales, las víctimas de la inseguridad, de la corrupción, entre otras, son el eje central de la política nacional. No será posible lograr la paz y transitar a un nuevo pacto social sin antes saldar la deuda que se tiene con todas ellas.
Causas estructurales
En el fondo de estas problemáticas subyacen causas estructurales que cruzan de forma transversal todas las acciones del Estado. La identificación de estas causas surge de los 14 Foros de Consulta y 31 Mesas Técnicas de Trabajo que realizó la SEGOB en el marco de la elaboración de este Programa, en donde participaron personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía y sus organizaciones, representantes de organismos internacionales y de la iniciativa privada, así como personas académicas y expertas en la materia. Además, se consideraron las recomendaciones y observaciones al Estado mexicano en los informes de los diversos comités internacionales en materia de derechos humanos(12), así como en diversos estudios y encuestas que se citan a lo largo de este documento.
Este Programa está construido a partir de la identificación de las causas atribuibles al Estado que ocasionaron su incapacidad para la atención y superación de esta crisis. Todos los compromisos que derivan de este instrumento giran en torno a garantizar la no repetición de estos actos, mediante la atención a las causas identificadas en la etapa consultiva del Programa, las cuales son:
1. La fragmentación de normas, instituciones y programas que impiden dar una respuesta articulada como Estado mexicano.
2. Las limitadas capacidades presupuestarias y de cobertura para la atención de los múltiples requerimientos, rezagos y desigualdades.
3. Las limitadas herramientas técnicas de las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos.
4. La escasa capacidad institucional para la realización efectiva de los derechos humanos.
Objetivos prioritarios
El Programa parte de la premisa de brindar soluciones de raíz que permitan superar esta crisis y transitar progresivamente hacia a un gobierno que asegure los derechos humanos y permita el desarrollo de todas las personas en condiciones de igualdad. Por ello, los objetivos prioritarios giran en torno a canalizar los esfuerzos de la APF para la superación de estas causas.
El primer objetivo busca atender la fragmentación de la administración pública, cuyo origen se encuentra, en parte, en el diseño institucional, al establecer arreglos normativos que, más allá de definir los pesos y contrapesos necesarios para asegurar a todas las personas sus derechos humanos, distribuyen atribuciones en función de los objetivos que debe perseguir cada una de las instituciones públicas en lo individual. Con instituciones acotadas a objetivos y contextos particulares, la operación institucional fomenta la atención desordenada, inconsistente y desarticulada.
Para ello se creará e instalará el sistema de derechos humanos como un espacio estratégico y prioritario de coordinación, cuyo fin último es brindar una respuesta articulada y efectiva por parte del Estado mexicano a la actual crisis de derechos humanos.
El segundo objetivo parte de la premisa de reconocer la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las víctimas de violaciones de derechos humanos. En él se establecen un conjunto de estrategias y prioridades de atención, las cuales surgen del modelo de intervención del PNDH, cuya finalidad es la identificación de la intensidad de las intervenciones públicas a partir de temáticas prioritarias: violaciones graves de derechos humanos, reparación integral a víctimas de violaciones de derechos humanos, atención y protección a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugio, construcción de paz y garantía de los derechos a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
El tercer objetivo tiene como base el mandato constitucional de igualdad y no discriminación como un principio rector en todas las acciones públicas, comprendiendo que esta crisis afecta de manera desigual a determinados grupos históricamente discriminados. La igualdad sustantiva es un elemento fundamental para la actual administración -que parte del principio de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera-, lo que se traduce en la disminución de las brechas de desigualdad y en la erradicación de las prácticas discriminatorias. Por ello, en este objetivo se describe el conjunto de prioridades de atención de las personas que pertenecen a los grupos históricamente discriminados, las cuales serán impulsadas por las dependencias y entidades de la APF.
El cuarto objetivo parte de la premisa del Gobierno de México de erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Centra la atención en fortalecer la institucionalidad pública y robustecer la capacidad de gestión y de respuesta de la APF, ubicando en todo momento, en el centro de la actuación del Estado, los derechos humanos de las personas.
Es fundamental contar con un entramado institucional que logre atender las causas estructurales que dieron origen a esta crisis. Para fortalecer la institucionalidad pública del Estado, además de paliar la precariedad administrativa, es necesario regenerar la ética en el servicio público mediante la ejecución de acciones que eliminen las prácticas clientelares y corruptas. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana deben ser valores rectores del desempeño gubernamental, cuyo propósito sea el de recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía.
Los puntos centrales del nuevo consenso nacional radican en comprender que el quehacer gubernamental debe estar orientado al bienestar de la población como el fin último, y éste debe partir del paradigma de que los principios éticos y civilizatorios de nuestro pueblo son claves para el nuevo pacto social.
En consecuencia, el objetivo quinto busca subsanar los actuales rezagos en materia de capacidades de las personas servidoras públicas. Esto será posible mediante estrategias que acerquen herramientas éticas y técnicas en materia de derechos humanos y que disminuyan la discrecionalidad de las autoridades, para estar en posibilidad de brindar una atención integral a las víctimas y garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos en todos los ámbitos.
Un elemento fundamental para la consecución de la transformación de la realidad nacional es la consolidación de los derechos humanos como parte del quehacer diario de todas las personas que integran la administración pública, siendo conscientes de sus obligaciones y de la importante labor que desempeñan, cada una de ellas, en la concreción de un gobierno garante de derechos humanos.
Modelo de intervención(13)
El establecimiento de estos objetivos prioritarios, así como las estrategias y acciones puntuales que de ellos derivan, tienen como base un modelo de intervención diseñado para orientar la intensidad de cada una de las intervenciones que realizará la APF a partir de los compromisos emanados de este programa. A continuación se desarrolla el modelo de intervención sobre el cual se construyó este Programa.
El campo analítico de los derechos humanos, desde la disciplina de las políticas públicas, es un paradigma en construcción. Desde el origen de los derechos humanos se ha construido un cuerpo robusto de conceptos y categorías que los definen y delimitan, así como principios de actuación que permiten sustentar su aplicación e interpretación. Sin embargo, estos abordajes han resultado insuficientes para orientar y sustentar las complejas funciones estatales derivadas de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.
Dada su naturaleza y contribución diversa al proceso civilizatorio y de desarrollo de las personas y las sociedades, la comunidad internacional de derechos humanos los ha abordado en dos categorías analíticas y operativas distintas pero complementarias: los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por el otro(14). Aunque estas categorías se rigen por los mismos principios (universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad) y demandan de las mismas funciones estatales para su realización efectiva (promover, respetar, proteger y garantizar y, en su caso, prevenir, investigar, sancionar y reparar), las normas, instituciones, políticas, programas, procedimientos, presupuestos y demás instrumentos requeridos en su aplicación son diferentes. Por lo tanto, se requiere de un marco analítico que oriente la intensidad y alcance de las intervenciones estatales en materia de derechos humanos.
Para ello, el punto de partida es el reconocimiento de que no todas las personas en el país inician desde el mismo lugar para alcanzar la realización de sus derechos. Existen personas excluidas del acceso, goce y ejercicio pleno de múltiples derechos de forma simultánea. Además, las personas que padecen múltiples carencias comparten, en su gran mayoría, rasgos sociodemográficos comunes, como ser mujer, indígena, persona mayor o vivir con algún tipo de discapacidad o en ciertas regiones del país. A este fenómeno se le conoce como interseccionalidad, y las personas que se ubican bajo este supuesto requieren de intervenciones públicas de mayor intensidad que las del resto de la población.
De esta forma, se puede establecer un continuo diferenciado de intervenciones estatales que reconozca que no todas las personas parten del mismo lugar a partir de tres niveles de intervención: universal, focalizado e indicado. Esto, considerando que muy probablemente las personas se moverán entre estos niveles de atención, de acuerdo con sus situaciones particulares de interseccionalidad, así como los retos que deben enfrentar en distintos puntos de su trayecto de vida.
El nivel universal consiste en la provisión de intervenciones y servicios estandarizados para todas las personas por medio de los distintos sistemas y subsistemas con los que cuenta el Estado mexicano para garantizar los derechos en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad social, la seguridad pública o el sistema judicial, entre otros. El principio clave que sustenta el nivel universal de provisión es que se espera que beneficie a todas las personas bajo estándares básicos y comunes de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad en cada intervención o servicio brindado.
El nivel focalizado consiste en la provisión de intervenciones y servicios para personas, hogares o comunidades que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en tanto que enfrentan restricciones estructurales de acceso, goce o ejercicio de sus derechos y/o pertenecen a algún grupo históricamente discriminado. El principio clave que sustenta el nivel focalizado de provisión es el de atención a grupos específicos de personas bajo estándares diferenciados y adecuados de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad en cada intervención o servicio prestado.
El nivel indicado consiste en la provisión de intervenciones y servicios especialmente diseñados para personas, hogares o comunidades que se encuentran en una situación crítica de vulneración de derechos, que incluye a quienes les han sido violentados sus derechos por parte del Estado por acción (como los casos de desaparición forzada) u omisión. El principio clave que sustenta el nivel indicado de provisión es el casuístico, es decir, que reconoce la existencia de una situación tan crítica de vulneración de derechos que demanda de una atención integral caso por caso con estándares ad hoc de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad del conjunto de intervenciones o servicios prestados, hasta que las personas logren superar su condición crítica y transitoria de vulneración de derechos.
Por todo lo anterior, este Programa, en su carácter de nacional y asumiéndose como el instrumento rector de política pública en la materia, tiene como firme propósito contribuir al nuevo modelo de gobierno al ubicar, en el centro de la actuación Estatal, el desarrollo basado en el bienestar y los derechos humanos de todas las personas, con especial énfasis en los grupos históricamente discriminados.
Este instrumento está orientado hacia la atención de las causas estructurales que han impedido al Estado la disminución y atención de las violaciones de derechos humanos y que fueron las principales causantes de la crisis en derechos humanos a la que hoy nos enfrentamos.
6. Objetivos prioritarios
La realización plena de los derechos humanos en México implica superar los problemas estructurales que han impedido que el Estado cumpla oportunamente con sus obligaciones. Como instrumento rector de las actividades del ejercicio gubernamental, la política nacional de derechos humanos del Gobierno de México se enfoca en cinco áreas prioritarias.
| Objetivos prioritarios del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024
|
| 1. Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos |
| 2. Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos |
| 3. Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados |
| 4. Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos |
| 5. Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos |
6.1. Relevancia del Objetivo prioritario 1: Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
La reforma constitucional de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011(15), es el avance jurídico de mayor relevancia en la materia que México ha tenido en décadas. Sin embargo, a nueve años de su entrada en vigor, sus escasos resultados contrastan con la grave situación en la que se encuentra el ejercicio de los derechos y las libertades en el país. La realización de los derechos es un asunto pendiente del Estado, en parte porque el ejercicio gubernamental se desarrolla en un contexto de alta fragmentación institucional.
Para dimensionar la magnitud de la fragmentación institucional del Estado mexicano es pertinente resaltar el amplio marco normativo que delimita la naturaleza y el alcance de las acciones del sector público, en el que confluyen e interactúan numerosos actores. La función pública se torna más compleja con la operación simultánea de sistemas nacionales y comisiones intergubernamentales que responden a temas en concreto o que atienden a sectores específicos de la población. A esto se suman varios programas e intervenciones públicas que se ponen en marcha de forma paralela en los distintos órdenes de gobierno.
Ante esta situación, la coordinación de las instituciones resulta fundamental para reducir las ineficiencias en la conducción de las políticas públicas. En la política social, por ejemplo, la evidencia sugiere que algunos programas públicos del ámbito federal se empalmaron entre sí. Esto también ocurrió entre los programas de la federación y los que las entidades federativas implementaron en su esfera. El hecho de que los mismos tipos de apoyos se otorgaron a la misma población implica el desaprovechamiento de recursos públicos que pudieron destinarse a la atención de otras personas en la misma situación de vulnerabilidad. Otra ineficiencia de la política social es la heterogénea oferta de programas que las entidades federativas implementan, ya que generan diferentes soluciones a las mismas necesidades. Esto propicia que los derechos sociales se garanticen territorialmente de forma desigual(16).
La desarticulación del quehacer institucional en el ámbito de derechos humanos inhibe el planteamiento y la implementación de soluciones de fondo, que requieren de la participación concurrente de numerosas autoridades e instituciones. Las respuestas institucionales, en este sentido, se han confeccionado de forma aislada y parcial a partir de un diseño que responde a problemáticas individuales y sin considerar el amplio entramado institucional.
Los cursos de acción sin articulación ni direccionalidad ocasionan que, para el Estado, sea más difícil atender oportunamente las violaciones de derechos humanos y reducir las carencias sociales, así como tener un marco normativo armónico entre la federación y el ámbito subnacional. El modo tradicional de operación institucional, además, dificulta que la ciudadanía conozca y utilice mecanismos efectivos para exigir sus derechos, por lo que la actividad gubernamental debe promover una política de comunicación y sensibilización constante hacia la población que contribuya a afianzar una cultura de derechos humanos y los mecanismos para exigirlos.
La situación actual obliga a la instalación de un espacio institucional de coordinación de carácter macrosistémico, en reconocimiento del conjunto de sistemas nacionales, comisiones y mecanismos que en la actualidad funcionan para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales de derechos humanos. Este espacio de coordinación es crucial para identificar las áreas que no han sido suficientemente atendidas por el Estado a partir del establecimiento de una agenda compartida, donde se definan prioridades y se articulen las intervenciones públicas.
Así, este Objetivo prioritario centra su contenido en establecer un sistema de derechos humanos como un espacio de coordinación estratégica que cuente con la participación de las dependencias y entidades de la APF, otros poderes y órdenes de gobierno, organismos autónomos e internacionales, así como la ciudadanía organizada. La creación del sistema se considera una condición indispensable para asegurar corresponsabilidad del más alto nivel y definir las prioridades del Gobierno de México en materia de derechos humanos.
El sistema de derechos humanos estará encabezado por la Secretaría de Gobernación en virtud de que, al velar por la conducción de la política interior del país, es la instancia que coordina a las instituciones que conforman a la APF y es también el enlace de las relaciones institucionales del poder ejecutivo federal con el resto de las autoridades del Estado. Por sus atribuciones, la conducción ejecutiva del sistema estará a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
6.2. Relevancia del Objetivo prioritario 2: Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
Aunado al preocupante incremento de homicidios y de casos de personas desaparecidas en la última década, existen otras manifestaciones de la crisis en materia de derechos humanos que se vive en el país. Entre ellas se encuentran la tortura, la trata de personas, la violencia contra las mujeres y el desplazamiento forzado interno. Todas estas problemáticas requieren de acciones gubernamentales urgentes y efectivas, encaminadas a garantizar justicia a las víctimas y a establecer medidas que eviten su repetición.
Debido a las dificultades que existen para dimensionar la incidencia de la tortura, las encuestas realizadas a la población privada de su libertad -la cual es particularmente vulnerable a ser víctima de este crimen- permiten realizar una aproximación al problema. Durante 2016, el 64% de las personas privadas de su libertad reportó que sufrió una agresión física durante su arresto y el 16% manifestó que se declaró culpable porque sufrió agresiones físicas durante su estancia en el Ministerio Público(17). Al utilizarse como método de investigación, la tortura no sólo impacta de forma negativa sobre las víctimas, sino que también pone en duda la credibilidad y la capacidad del sistema de justicia para sancionar a los verdaderos responsables de los delitos.
Además de la violencia generalizada en el país, las mujeres se enfrentan a otros tipos de violencia, producto de la cultura machista que prevalece en la sociedad mexicana. En la mayoría de los casos, la
violencia contra las mujeres la ejercen personas de su círculo social más cercano, principalmente sus parejas, lo cual contribuye a normalizar su repetición. La máxima violencia que se comete en contra de las mujeres es la de carácter feminicida. Tan sólo entre enero y octubre de 2018, más de diez mujeres fueron asesinadas al día en el país(18).
Las mujeres también son desproporcionadamente las principales víctimas de trata, en comparación con los hombres. La trata de personas tiene distintas manifestaciones, como la esclavitud, diversas formas de explotación sexual y laboral, el matrimonio forzado y la adopción ilegal, entre otras. De acuerdo con la CNDH, entre 2012 y 2017 se identificaron más de 5,200 víctimas de trata en México, de las cuales 84% fueron niñas (21%) y mujeres (63%) y 15% fueron niños (6%) y hombres (9%)(19). Una vez más, esto se debe a esquemas culturales machistas que promueven la cosificación sexual y la venta de mujeres(20).
Una de las consecuencias más graves de esta crisis es el desplazamiento forzado de miles de personas, quienes abandonan sus lugares de residencia por miedo a ser víctimas de la violencia o porque ya lo fueron(21). El desplazamiento forzado interno implica más que un cambio de residencia: las personas desplazadas enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos humanos y se ven forzadas a abandonar sus lazos comunitarios y redes de protección.
Así mismo, esta crisis afecta de forma desproporcionada a las personas migrantes, quienes son más susceptibles de ser víctimas de delitos como la trata, la violencia sexual, el secuestro, la extorsión y la desaparición forzada, entre otros. Organismos internacionales han expresado su preocupación por la grave situación de violencia y discriminación en contra de esta población(22).
La crisis de derechos humanos se ha consolidado ante la incapacidad de las instituciones del Estado mexicano para atender oportunamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y para procurar e impartir justicia mediante mecanismos de investigación adecuados. Esta incapacidad se expresa, en parte, ante la fragmentación de instituciones que atienden a las víctimas y la falta de cobertura y presupuesto para solventar las múltiples necesidades.
Durante los últimos años, en México se han creado diversas comisiones y mecanismos para proporcionar atención especializada a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos e implementar estrategias de prevención. Por ejemplo, en 2012 se estableció la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas; en 2013 se instaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, en 2017, se crearon el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la Comisión Nacional de Búsqueda. En sus respectivas leyes, estas comisiones y mecanismos también contemplan la creación de comisiones y mecanismos locales y de fondos, programas y sistemas que permitan su operación y su coordinación con otras instituciones gubernamentales. Sin embargo, estos esfuerzos no se han materializado en respuestas efectivas de atención para las víctimas y han demostrado ser procesos lentos que no corresponden con la urgencia que estas problemáticas requieren.
En relación con la procuración de justicia, las fiscalías también presentan serias deficiencias en cuanto a sus capacidades para procesar los delitos y procurar justicia. Durante 2018 se cometieron 33 millones de delitos, de los cuales sólo uno de cada diez fue denunciado. Las principales razones, atribuibles a la autoridad, por las que no se denunciaron los demás delitos fueron que las personas consideraron que hacerlo era una pérdida de tiempo, existe desconfianza hacia las autoridades y los trámites son largos y difíciles(23). Incluso cuando se logran superar estas barreras y las personas acuden a denunciar, la probabilidad de que se lleve a cabo una investigación que esclarezca los hechos e identifique y sancione a los culpables es muy baja. En este contexto, en 2017, México obtuvo la cuarta tasa de impunidad más alta a nivel mundial y la primera en el continente americano(24).
Para enfrentar esta crisis, el Gobierno de México está construyendo un nuevo paradigma de seguridad que impulse procesos regionales de pacificación y disminuya la base social de la criminalidad, mediante programas prioritarios que ofrezcan ayuda social y alternativas de vida a las personas, en especial a las más jóvenes(25). Partiendo de la premisa de que no puede haber paz sin justicia, para contribuir a la solución de estos problemas es necesario atender de manera prioritaria a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos e implementar políticas que eliminen las causas estructurales que permiten que estas violaciones se perpetúen. Por esta razón, este Objetivo prioritario plantea fortalecer a las comisiones y mecanismos que brindan atención especializada a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, así como mejorar la coordinación entre las distintas dependencias y entidades de la APF que contribuyen en su operación.
6.3. Relevancia del Objetivo prioritario 3: Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados
Reconociendo que no todas las personas parten del mismo lugar para ejercer sus derechos, lograr la igualdad sustantiva implica asegurar una expansión sostenida de la oferta gubernamental de bienes y servicios, en especial para las personas y los grupos que históricamente han enfrentado mayores obstáculos
para acceder a ellos. Estos grupos se conforman por niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y la comunidad LGBTTTIQ, así como personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas(26).
Cualquier medida que el Estado implemente para la realización de los derechos humanos debe tener como base el uso adecuado de los recursos públicos para ampliar y mejorar su disfrute. El proceso presupuestario constituye el momento en el que se llevan a cabo los arreglos políticos que establecen las prioridades de gasto público. Sin embargo, en la práctica, una vez que se asignan los recursos para financiar la operación gubernamental surgen deficiencias de cobertura que limitan la garantía de los derechos de toda la población, pero en mayor medida de los grupos históricamente discriminados.
Prueba de ello es la situación presupuestal en materia de salud. México es uno de los países que menos gasta en salud en comparación con otras naciones que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Tan sólo en 2018, su gasto en salud representó 5.5% de su producto interno bruto, frente al 8.8% del gasto que tuvieron, en promedio, los integrantes del organismo multilateral(27). A la falta de presupuesto se suma el mal uso de recursos públicos destinados a ofrecer servicios de salud a la población. Como muestra, en 2016, la Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) que administran las entidades federativas, entre las que se encuentran transferencias a otros fondos y cuentas, recursos sin transferir a instituciones que retienen impuestos, pagos sin documentación comprobatoria y pagos que rebasan los límites autorizados(28).
Estas irregularidades han impedido la expansión de la cobertura de los servicios de salud, lo cual tiene un impacto especialmente negativo en las personas más pobres. En 2017, México contaba con 1.4 camas hospitalarias y 2.4 doctoras y doctores por cada mil habitantes, cifras que se encuentran por debajo del promedio de los países de la OCDE, las cuales registran 4.7 camas hospitalarias y 3.5 doctoras por cada mil habitantes(29).
La insuficiencia presupuestaria y la falta de cobertura de bienes y servicios que ofrece el Estado contribuyen a perpetuar las brechas de desigualdad social causadas por las restricciones en el acceso y la permanencia de los grupos históricamente discriminados en ámbitos básicos como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y el trabajo. Durante 2018, según el CONEVAL, 91% de la población indígena presentaba al menos una carencia social y 48% presentaba al menos tres carencias sociales, lo que representa una diferencia de 22 y 32 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con la población no indígena(30).
La desigualdad en el acceso a los derechos sociales es una constante al analizar las brechas entre los grupos históricamente discriminados y el resto de la población. En consecuencia, estas personas son más propensas a estar en situación de pobreza. En 2018, mientras que 42% de la población total estaba en situación de pobreza, 49% de las personas con alguna discapacidad, 50% de las niñas, niños y adolescentes y 70% de las personas indígenas vivían la misma situación(31). Otro ejemplo es que, mientras sólo una de cada diez personas con tono de piel oscuro tiene educación superior, una de cada cuatro personas de piel clara pudo ir a la universidad(32).
Además, las personas LGBTTTIQ todavía enfrentan graves dificultades para ejercer de manera plena sus derechos, pues continuamente son discriminadas por su orientación sexual y por su identidad o expresión de género. Según datos del INEGI, una de cada cuatro personas no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas transexuales, y una de cada tres a personas lesbianas o gays(33). Al mismo tiempo, México es el segundo país de América Latina con más crímenes de odio: más de 200 personas LGBTTTIQ fueron asesinadas entre 2014 y 2016, siendo las personas transgénero quienes tienen mayor riesgo(34).
Respecto a las personas mayores, de acuerdo con datos del INEGI, 37% declaró que dependen económicamente de sus hijos o hijas. Además, 22% percibe que los problemas más importantes a los que se enfrentan son la falta de una pensión y de oportunidades laborales. En cuanto a la percepción que tienen sobre el respeto a sus derechos, la mitad de las personas mayores mencionó que perciben poco o nulo respeto y el 25% indicó que, por lo menos alguna vez, se les negó un derecho de manera injustificada(35).
Las cifras anteriores son prueba de que las personas que pertenecen a los grupos históricamente discriminados enfrentan mayores dificultades para acceder y ejercer sus derechos humanos. Esto refleja cómo las oportunidades a las que las personas pueden acceder están determinadas, en cierta medida, por características históricamente ligadas a prácticas discriminatorias que obstaculizan el ejercicio de sus derechos humanos.
En concordancia con el principio rector del Gobierno de México de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, este Objetivo prioritario establece acciones encaminadas a disminuir y erradicar las brechas existentes entre las personas que pertenecen a los grupos históricamente discriminados y el resto de la población. La implementación de estas acciones, además, deberá tomar en cuenta las posibles interseccionalidades que se presenten, reconociendo la existencia de situaciones críticas de vulneración de derechos y la expansión de cobertura de bienes y servicios para las personas, los hogares o las comunidades que enfrentan restricciones estructurales de acceso, goce o ejercicio de sus derechos humanos.
6.4. Relevancia del Objetivo prioritario 4: Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos
La APF constituye el entramado institucional mediante el cual el Estado mexicano implementa políticas públicas en el ámbito federal para elevar el bienestar de la población. Sin embargo, la tolerancia sistemática de malas prácticas en el sector público en sexenios anteriores restó capacidad a las instituciones federales para satisfacer las demandas y necesidades de amplios sectores de la sociedad. La corrupción y la opacidad son muestra del indebido comportamiento de las autoridades en el pasado.
Al finalizar la gestión del gobierno federal anterior, en 2018, Transparencia Internacional situó a México en el lugar 138, de 180 países, en su Índice de Percepción de la Corrupción, lo cual representó una caída de tres lugares en comparación con 2017(36). En el mismo sentido, de acuerdo con datos del INEGI, las personas mayores de 18 años consideraron que la corrupción y el mal desempeño del gobierno fueron los dos problemas más importantes en la entidad federativa donde residen, sólo por debajo de la inseguridad y la delincuencia(37).
Así mismo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas reportó, con base en la Métrica de Gobierno Abierto de 2017, que la opacidad gubernamental no ocurría en desapego al marco legal, sino que las normas se utilizaron como instrumentos para negar prácticas de transparencia en el quehacer institucional(38). Otra de las secuelas que origina la baja integridad en el ejercicio del servicio público reside en el desvío de recursos. Para el periodo 2017-2018, el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial colocó a México en la posición 127, de 137 países, en lo referente al desvío de fondos públicos(39).
La disminución de la confianza de la población hacia el gobierno es la consecuencia más visible de un servicio público que se conduce con opacidad y sin principios éticos. En 2017, sólo una de cada cuatro personas en México confiaba en el gobierno federal. La confianza en esta institución fue incluso menor de la que se percibió para los ministerios públicos (29%), los gobiernos estatales (30%) y los cuerpos de policía (30%)(40). Desde una perspectiva internacional, en 2018 el 16% de los mexicanos manifestó confianza hacia el gobierno federal, cifra que es seis puntos porcentuales menor respecto a lo que se reportó, en promedio, para los poderes ejecutivos de 18 países de América Latina(41).
La captura del gasto público con fines privados afecta de manera directa a las estructuras gubernamentales, ya que compromete el desempeño de quienes ejercen la función pública y limita sus capacidades para proporcionar bienes y servicios a la población y expandir su cobertura, lo cual genera una pérdida en el bienestar social y contribuye al debilitamiento del pacto social. Por tal motivo, el Gobierno de México estableció la honestidad, la honradez y la ética como principios rectores para contrarrestar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.
Para garantizar el cumplimiento a los mandatos constitucionales de derechos humanos y aumentar el bienestar social, este Objetivo prioritario propone encauzar los esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales de los aparatos gubernamentales. Esto implica el establecimiento de una institucionalidad pública basada en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas para erradicar las prácticas corruptas y clientelares, y así favorecer el involucramiento de la ciudadanía y de sus organizaciones en la solución de los problemas públicos.
Para lograrlo, el asunto debe abordarse como una prioridad del Estado, en la cual no sólo exista coordinación entre las dependencias y entidades de la APF, sino que también exista una colaboración activa y constante con los otros Poderes de la Unión, organismos autónomos y órdenes de gobierno del ámbito subnacional. La operación institucional sistémica y la colaboración estrecha son cruciales para definir prioridades compartidas que se traduzcan en un mejor uso y aprovechamiento de los recursos públicos, al tiempo que permitan una expansión progresiva de las asignaciones presupuestarias y de la oferta institucional de bienes y servicios esenciales para la población.
6.5. Relevancia del Objetivo prioritario 5: Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos
La actuación de las personas servidoras públicas es determinante para la promoción, el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos. El desempeño de los aparatos gubernamentales está limitado, en parte, por las capacidades técnicas que las personas servidoras públicas tienen a su alcance en cuanto a conocimientos, habilidades, procedimientos e información. Entre mayores sean estas capacidades, mayor será el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y menor será la probabilidad de que sus acciones se materialicen en violaciones a los derechos humanos.
Con el tiempo, la ausencia de capacidades técnicas ocasionó la pérdida de confianza en las instituciones y en las personas servidoras públicas que las integran. Un ejemplo representativo se observa en los cuerpos de policía, cuyas funciones principales consisten en prevenir, investigar y perseguir los delitos, mantener el orden y la paz públicos, y atender conductas antisociales, entre otras. A pesar de su indispensable contribución a la sociedad, datos del INEGI señalan que sólo el 30% de la ciudadanía confía en la policía y el 24% se siente satisfecha con el servicio que proporciona en su ciudad(42). Estas cifras indican que existe una percepción negativa y generalizada sobre el desempeño de los cuerpos de policía, aun cuando su operación es esencial para la población.
Durante 2017, en el país, ocho de cada diez elementos declararon que recibieron al menos un curso de formación inicial cuando ingresaron(43). De acuerdo con el Programa Rector de Profesionalización de 2017 del SESNSP, el Programa de formación inicial para policía preventivo tenía una duración de 972 horas (máximo 45 horas a la semana), lo cual equivale a 22 semanas de formación(44). Esto implica que dos de cada diez elementos no recibieron los conocimientos y las herramientas básicas para desempeñar su trabajo cuando comenzaron y que tuvieron que adquirirlas posteriormente, con todos los riesgos que eso conlleva, tanto para ellos mismos como para la sociedad. En el caso de los elementos que sí tomaron el curso, un semestre se consideró suficiente para desempeñar tareas de prevención del delito, las cuales requieren de habilidades específicas (como manejo de conflictos, comunicación efectiva y vinculación con la ciudadanía), conocimientos especializados (como derecho penal, primeros auxilios, uso de armas) y acondicionamiento físico.
Además, a pesar de que el curso de formación inicial incluye 40 horas de capacitación en derechos humanos, el 73% de los elementos de policía consideraron que la aplicación de protocolos en la materia limitaba su actuación efectiva(45). Esto es indicativo de que las capacitaciones en derechos humanos no están diseñadas, en este caso, desde una perspectiva policiaca que fomente la utilización de éstos como una herramienta útil para desarrollar sus funciones y que, al mismo tiempo, los considere como componentes centrales de su actuación.
En un aspecto diferente a las capacidades técnicas, pero estrechamente relacionada a ellas, los elementos de policía también reportaron carencias sobre su equipamiento, entre los cuales se incluyen protecciones indispensables para su propia seguridad. En 2017, nueve de cada diez elementos con funciones operativas tuvieron que obtener por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo para el desempeño de sus funciones. Esto pudo deberse a que la corporación a la que estaban adscritos nunca se los proporcionó, la repartición fue insuficiente, o bien, lo que recibieron fue inadecuado para llevar a cabo sus operaciones(46).
Esta situación no se limita a los cuerpos de policía. Otras personas servidoras públicas también enfrentan limitaciones técnicas y materiales para desempeñar sus funciones que repercuten en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales de derechos humanos. En 2018, por ejemplo, se reportaron más de 167 mil presuntos hechos violatorios a derechos humanos en los que se señala a diversas autoridades federales, estatales o municipales como presuntas responsables(47). Esto representa casi 9 mil hechos violatorios más respecto a 2017(48). Aunque esta situación responde a distintas causas, entre ellas se encuentra la falta de conocimientos y protocolos adecuados para llevar a cabo sus funciones.
En consecuencia, para lograr un Estado garante de derechos, es necesario otorgar a las personas servidoras públicas las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera adecuada y oportuna, además de consolidar la perspectiva de derechos humanos como parte central de su quehacer diario. Así, este Objetivo prioritario plantea el desarrollo de recursos de formación y protocolos pertinentes para ejercer de forma efectiva las funciones públicas, así como el diseño y la implementación de programas de capacitación en materia de derechos humanos para las personas servidoras públicas.
7. Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
Las estrategias prioritarias son los medios por los cuales se puede alcanzar la transformación estructural a la que, en conjunto, apuntan los Objetivos prioritarios del PNDH. Cada una de estas estrategias tiene una estructura que agrupa acciones puntuales para ejecutar actividades específicas, generales o de coordinación en el nivel operativo gubernamental. Si bien este Programa es del ámbito federal y está bajo la responsabilidad de la SEGOB, el enfoque de derechos humanos permea en todas las esferas del Estado. En apego a la competencia de la federación en la materia, además de la SEGOB, otras dependencias y entidades de la APF pueden ser responsables de la instrumentación de las acciones puntuales, así como coordinar el seguimiento de sus avances. Finalmente, es importante considerar que todas las acciones puntuales deben ser implementadas tomando en cuenta su pertinencia cultural, así como los enfoques y perspectivas correspondientes(49).
Objetivo prioritario 1. Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
Estrategia prioritaria 1.1. Crear un sistema de derechos humanos para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano en la materia
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 1.1.1. Desarrollar los instrumentos reglamentarios y operativos para la instalación de un sistema de derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.1.2. Instalar las comisiones sustantivas y los grupos de trabajo del sistema de derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.1.3. Definir los mecanismos de coordinación del sistema de derechos humanos con otros sistemas y mecanismos de atención en materia de derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.1.4. Definir los mecanismos de coordinación del sistema de derechos humanos con los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y entidades federativas | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.1.5. Establecer la estrategia y los procedimientos de seguimiento de la implementación del sistema de derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 1.2. Identificar las causas que obstaculizan la atención de las violaciones graves de derechos humanos para eliminarlas
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 1.2.1. Consolidar y coordinar los sistemas, comisiones y mecanismos que brindan atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos | Coordinación de la
estrategia
| CEAV, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.2.2. Colaborar con las Fiscalías en sus procesos de profesionalización y modernización para garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el acceso a la justicia | Coordinación de la
estrategia
| SEGOB, SSPC
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.2.3. Crear un grupo de trabajo entre la CEAV, la FGR y la SEGOB a fin de asegurar la coordinación, conforme a sus mandatos, sobre la asistencia y protección a víctimas y la procuración de justicia | Específica
| CEAV, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.2.4. Colaborar con el Poder Judicial de la Federación para el fortalecimiento institucional orientado a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.2.5. Colaborar en la formación en materia de derechos humanos del personal que integra a las instituciones encargadas de la procuración de justicia | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 1.3. Desarrollar estrategias para la atención de personas y hogares con más carencias sociales
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 1.3.1. Impulsar la generación de un padrón único de las personas beneficiarias de los programas prioritarios de la APF | Específica
| BIENESTAR,
ECONOMÍA, OPR,
SADER, SALUD,
SEDATU, SEGOB,
SEP, STPS
| 2 - Oficina de la
Presidencia de la
República
129 - Jefatura de la
Oficina de la
Presidencia
|
| 1.3.2. Identificar a las personas, hogares y comunidades que padecen tres o más carencias sociales | Específica
| BIENESTAR, OPR
| 2 - Oficina de la
Presidencia de la
República
129 - Jefatura de la
Oficina de la
Presidencia
|
| 1.3.3. Establecer estrategias articuladas de atención para las personas y hogares que padecen tres o más carencias sociales, priorizando a la población excluida de los programas y a las comunidades con mayor concentración de carencias, en coordinación con entidades federativas y municipios | Específica
| BIENESTAR, INPI,
OPR, SALUD,
SEDATU,
SEMARNAT, SEP,
STPS
| 2 - Oficina de la
Presidencia de la
República
129 - Jefatura de la
Oficina de la
Presidencia
|
| 1.3.4. Promover un sistema de seguimiento territorial de la atención proporcionada a las personas y hogares que padecen tres o más carencias sociales | Específica
| BIENESTAR, OPR
| 2 - Oficina de la
Presidencia de la
República
129 - Jefatura de la
Oficina de la
Presidencia
|
| 1.3.5. Impulsar la realización de estudios para identificar y analizar las causas que llevan a las personas a una situación de calle, con el propósito de diseñar estrategias para atenderlas | Específica
| BIENESTAR, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 1.4. Impulsar el cumplimiento de compromisos y recomendaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 1.4.1. Articular a la APF para la atención oportuna de recomendaciones emitidas por la CNDH | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.4.2. Impulsar la firma y ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos | Específica
| CJEF, SEGOB, SRE
| 5 - Relaciones
Exteriores
100 - Secretaría
|
| 1.4.3. Fortalecer la capacidad del Sistema Nacional para la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos para ampliar su alcance con otros instrumentos internacionales | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.4.4. Establecer un mecanismo que permita dar seguimiento a la atención de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos | Específica
| SEGOB, SRE
| 5 - Relaciones
Exteriores
100 - Secretaría
|
| 1.4.5. Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para conocer sobre casos individuales | Específica
| SEGOB, SRE
| 5 - Relaciones
Exteriores
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 1.5. Impulsar políticas públicas de derechos humanos para atender áreas parcialmente cubiertas por el Estado
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 1.5.1. Implementar políticas públicas dirigidas a generar contextos favorables para el pleno desarrollo de la autonomía de las mujeres | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
HHG - Instituto
Nacional de las
Mujeres
|
| 1.5.2. Adoptar políticas públicas que aseguren a las personas migrantes y refugiadas la protección y garantía de sus derechos humanos, así como mecanismos de integración social y laboral | Específica
| BIENESTAR, SALUD,
SEGOB, SEP, SSPC,
STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.5.3. Impulsar la creación de una política pública para la atención integral de las personas mayores, que promueva una cultura de envejecimiento digno y garantice el acceso al trabajo, salud, seguridad social, educación, esparcimiento y actividades deportivas | Coordinación de la
estrategia
| BIENESTAR,
CULTURA,
ECONOMÍA, IMSS,
ISSSTE, SADER,
SALUD, SECTUR,
SEGOB, SEP, STPS
| 20 - Bienestar
100 - Secretaría
|
| 1.5.4. Desarrollar una política pública que garantice el acceso universal a internet | Específica
| SCT
| 9 - Comunicaciones y
Transportes
100 - Secretaría
|
| 1.5.5. Impulsar el diseño de una política nacional en materia de cuidados para niñas, niños, adolescentes y personas mayores, enfermas y con discapacidad | Específica
| BIENESTAR, IMSS,
INMUJERES,
ISSSTE, SALUD,
SEGOB, STPS
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
HHG - Instituto
Nacional de las
Mujeres
|
Estrategia prioritaria 1.6. Implementar acciones de sensibilización y comunicación para difundir y promover una cultura de derechos humanos
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 1.6.1. Implementar campañas, programas y acciones que promuevan una cultura de derechos humanos, comprendiéndolos como un elemento fundamental de la sociedad y el gobierno | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.6.2. Diseñar e implementar campañas nacionales dirigidas a condenar agresiones y reconocer la labor que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.6.3. Difundir información sobre el fenómeno de desplazamiento forzado interno para sensibilizar a la población, evitar ambientes de discriminación y estigmatización, y prevenir violaciones a los derechos de las personas en esta situación | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.6.4. Difundir de manera permanente los servicios de atención y los mecanismos de denuncia para víctimas de violencia de género | Específica
| INMUJERES, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.6.5. Propiciar que los medios de comunicación públicos y privados dejen de difundir contenidos basados en estereotipos de género, que reproducen y toleran la violencia contra las mujeres e incentivan la cultura machista | Específica
| INMUJERES, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.6.6. Formular estrategias de difusión nacional para prevenir la trata de personas, fomentar la denuncia e informar sobre los mecanismos de protección y acceso a la justicia, con énfasis en grupos de mayor riesgo | Específica
| INMUJERES, SCT,
SECTUR, SEGOB,
SEMAR, SEP, STPS,
SSPC
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.6.7. Promover el derecho de las personas con discapacidad a tener una vida independiente, fomentando su plena inclusión y participación en la comunidad | Específica
| BIENESTAR, SEP,
SALUD, IMSS,
INMUJERES,
ISSSTE, SEGOB
| 20 - Bienestar
100 - Secretaría
|
| 1.6.8. Impulsar campañas que promuevan una cultura de prevención y de denuncia contra el maltrato, la violencia y la explotación económica de las personas mayores | Específica
| BIENESTAR
| 20 - Bienestar
100 - Secretaría
|
| 1.6.9. Generar campañas de divulgación y orientación sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en formatos accesibles y en lenguas indígenas que promuevan su exigibilidad | Específica
| BIENESTAR,
CULTURA,
ECONOMÍA,
INMUJERES, INPI,
SADER, SALUD,
SCT, SEDATU,
SEMARNAT, SENER,
SEP, STPS
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYB - Instituto
Nacional de los
Pueblos Indígenas
|
Estrategia prioritaria 1.7. Impulsar la adecuación del marco normativo mediante la creación, modificación y derogación de normas para la realización de los derechos humanos
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 1.7.1. Proponer la armonización de la legislación penal federal y local en materia de feminicidio y violencia de género, conforme a los estándares nacionales e internacionales | Específica
| INMUJERES, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.7.2. Promover en las entidades federativas la armonización del marco normativo, conforme a los estándares internacionales, para garantizar los derechos a defender derechos, de réplica y de libertad de expresión y de prensa, derogando los tipos penales y normas administrativas que los restrinjan | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.7.3. Impulsar, en el marco normativo, la incorporación de medidas que garanticen el secreto profesional y condiciones de seguridad en el ejercicio del periodismo, en corresponsabilidad con los medios de comunicación públicos y privados | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.7.4. Propiciar la armonización de la legislación en las entidades federativas en materia de víctimas y de violaciones graves a los derechos humanos, conforme a las leyes federales o generales vigentes | Específica
| CEAV, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.7.5. Impulsar un marco normativo en materia de desplazamiento forzado interno que reconozca la problemática, brinde atención integral a las víctimas, proporcione soluciones duraderas y contemple un registro de personas desplazadas | Específica
| CEAV, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.7.6. Proponer las modificaciones a la legislación laboral necesarias para incrementar los días otorgados por concepto de licencia de maternidad y paternidad, en caso de nacimiento y adopción | Específica
| INMUJERES,
SEGOB, STPS
| 14 - Trabajo y
Previsión Social
100 - Secretaría
|
| 1.7.7. Impulsar la homologación del marco normativo en las entidades federativas en materia de registro civil para garantizar el derecho a la identidad y lograr el registro oportuno, universal y gratuito | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.7.8. Fomentar la armonización en las legislaciones civiles locales para incluir el registro de la identidad de género autopercibida, conforme a los estándares internacionales en la materia, estableciendo los procedimientos administrativos para su acreditación | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.7.9. Incentivar el debate legislativo sobre la interrupción legal del embarazo que asegure a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo | Específica
| INMUJERES, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 1.7.10. Propiciar en el Congreso de la Unión el debate sobre la regulación del uso de la cannabis con fines recreativos, medicinales y terapéuticos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Objetivo prioritario 2. Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
Estrategia prioritaria 2.1. Implementar medidas encaminadas a la construcción de paz y garantía de los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de violaciones graves de derechos humanos
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 2.1.1. Instalar mesas de coordinación interinstitucional para impulsar mecanismos de diálogo, procesos de construcción de paz y reconstrucción del tejido social | Coordinación de la
estrategia
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.1.2. Implementar planes enfocados a la construcción de paz para contribuir a la reconstrucción del tejido social, priorizando a las poblaciones con mayores brechas de desigualdad y especialmente afectadas por la violencia | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.1.3. Analizar y, en su caso, implementar mecanismos extraordinarios para el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia, la reparación y la no repetición | Específica
| CEAV, SEGOB,
SSPC
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.1.4. Fortalecer a las instituciones de justicia para responder a la violencia y criminalidad masiva y sistemática, con base en investigaciones especializadas en patrones, delitos complejos y estrategias orientadas al desmantelamiento de aparatos criminales | Coordinación de la
estrategia
| SEGOB, SSPC
| 36 - Seguridad y
Protección Ciudadana
100 - Secretaría
|
| 2.1.5. Implementar modelos de protección y seguridad para víctimas, personas colaboradoras y servidoras públicas que desarrollen sus actividades en el marco de procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición | Coordinación de la
estrategia
| SEDENA, SEGOB,
SEMAR, SSPC
| 36 - Seguridad y
Protección Ciudadana
100 - Secretaría
|
| 2.1.6. Consolidar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa como un mecanismo interinstitucional que garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.1.7. Incorporar la formación en derechos humanos en todos los niveles del sistema educativo nacional para promover una cultura de paz y ambientes libres de riesgos y violencia | Específica
| SEGOB, SEP
| 11 - Educación
Pública
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 2.2. Brindar atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, en un nivel de intervención indicado, para que logren superar su condición crítica
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 2.2.1. Fortalecer los mecanismos de protección, seguridad y atención integral con enfoque psicosocial para familiares de las personas desaparecidas, con el fin de contrarrestar los riesgos e impactos que enfrentan durante la búsqueda y el acceso a la verdad y justicia | Coordinación de la
estrategia
| CEAV, SEGOB,
SSPC
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.2.2. Impulsar acciones de coordinación para atender la desaparición de personas migrantes extranjeras, en territorio nacional y, en su caso, facilitar a sus familiares medidas de protección, acceso a la justicia, atención y reparación integral | Coordinación de la
estrategia
| CEAV, SEGOB, SRE,
SSPC
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.2.3. Implementar medidas especiales de atención integral para el retorno, acogida, integración o reubicación voluntaria de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, en condiciones seguras y dignas | Coordinación de la
estrategia
| BIENESTAR,
CULTURA, SALUD,
SEDATU, SEGOB,
SEP, SSPC, STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.2.4. Generar mecanismos de coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de las víctimas directas e indirectas de violencia feminicida | Específica
| CEAV, INMUJERES,
SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.2.5. Adoptar y fortalecer las medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas de tortura y OTPCID, así como procurar su adecuada representación legal | Específica
| CEAV, SEGOB
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYJ - Comisión
Ejecutiva de Atención
a Víctimas
|
| 2.2.6. Incorporar medidas de protección y atención dentro del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para prevenir y contrarrestar los riesgos que enfrentan estos profesionales con un enfoque diferencial | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.2.7. Asegurar a las víctimas de trata de personas el acceso a la justicia, la verdad y la reparación mediante acciones de coordinación | Específica
| CEAV, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.2.8. Generar acciones en coordinación con organismos nacionales e internacionales para proteger los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes en su tránsito por el territorio mexicano, previniendo las violaciones a sus derechos humanos | Específica
| INMUJERES, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.2.9. Fortalecer los servicios de salud y atención obstétrica y ginecológica de calidad y oportunos a mujeres privadas de la libertad | Específica
| INMUJERES, SALUD,
SSPC
| 36 - Seguridad y
Protección Ciudadana
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 2.3. Atender las violaciones graves de derechos humanos, en un nivel de intervención focalizado, para asegurar su no repetición
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 2.3.1. Desarrollar mecanismos de coordinación para el fortalecimiento y mejora en las labores de identificación forense, procesamiento de cuerpos y restos humanos y entrega digna a familiares de personas desaparecidas | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.3.2. Realizar análisis de riesgos, desde un enfoque diferencial, de género y especializado, para identificar, prevenir y atender de forma oportuna las causas del desplazamiento forzado interno | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.3.3. Construir estándares homologados para todo el país mediante la implementación de un programa nacional de reparaciones que incluya las vías administrativa y jurisdiccional, privilegiando medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición | Específica
| CEAV
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYJ - Comisión
Ejecutiva de Atención
a Víctimas
|
| 2.3.4. Consolidar y fortalecer el Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres como instrumento de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida | Específica
| INMUJERES, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.3.5. Desarrollar una estrategia de prevención que incluya monitoreo de riesgos y alertas tempranas, de acuerdo con los informes de patrones de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en coordinación con las entidades federativas | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.3.6. Incentivar a las empresas para que implementen una cultura de prevención y denuncia en materia de trata de personas, en particular a aquellas que prestan servicios turísticos, de transporte y de comunicación | Específica
| SCT, SECTUR,
SEGOB, STPS
| 14 Trabajo y
Previsión Social
100 - Secretaría
|
| 2.3.7. Integrar el Registro Nacional de Población con información de identidad jurídica y biométrica, para garantizar el derecho a la identidad de todas las personas y expedir un documento único digital de identificación nacional biometrizado, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, protegiendo los datos personales | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.3.8. Promover acciones para garantizar el reconocimiento a la identidad, a través de impulsar el registro oportuno y disminuir el subregistro de nacimientos y defunciones, priorizando las regiones y poblaciones con mayores brechas de desigualdad y aquellas que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad, en coordinación con los tres órdenes de gobierno | Coordinación de la
estrategia
| INPI, SALUD, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 2.3.9. Promover la mejora de la operación y las condiciones de internamiento en los centros penitenciarios para prevenir y evitar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad | Específica
| SSPC
| 36 - Seguridad y
Protección Ciudadana
100 - Secretaría
|
| 2.3.10. Fortalecer la supervisión y regulación de los establecimientos que realizan actividades de tratamiento de las adicciones para prevenir violaciones a los derechos humanos | Específica
| SALUD
| 12 - Salud
100 - Secretaría
|
Objetivo prioritario 3. Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados
Estrategia prioritaria 3.1. Implementar medidas para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 3.1.1. Garantizar los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a su vida cultural, a la ciencia y a la educación intercultural, bilingüe e inclusiva, de acuerdo con sus características lingüísticas y cosmovisiones | Específica
| CONACYT,
CULTURA, INPI, SEP
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYB - Instituto
Nacional de los
Pueblos Indígenas
|
| 3.1.2. Incluir el conocimiento generado por personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología | Específica
| CONACYT,
CULTURA, INPI, SEP
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYB - Instituto
Nacional de los
Pueblos Indígenas
|
| 3.1.3. Coordinar acciones interinstitucionales que permitan a las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas contar con asesoría y asistencia legal con perspectiva intercultural para garantizar el acceso a la justicia, respetando los sistemas normativos indígenas | Específica
| CEAV, INPI, SEGOB
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYB - Instituto
Nacional de los
Pueblos Indígenas
|
| 3.1.4. Asegurar la implementación del enfoque diferenciado en la prestación de bienes y servicios públicos para las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo su libre determinación y sus sistemas normativos y cosmovisiones | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYB - Instituto
Nacional de los
Pueblos Indígenas
|
| 3.1.5. Articular acciones interinstitucionales para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, culturalmente adecuado y de buena fe a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la implementación de medidas y proyectos susceptibles de afectarles | Específica
| INPI
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYB - Instituto
Nacional de los
Pueblos Indígenas
|
| 3.1.6. Impulsar acciones encaminadas a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a la protección y desarrollo de su patrimonio cultural | Específica
| ECONOMÍA, INPI,
SEGOB
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYB - Instituto
Nacional de los
Pueblos Indígenas
|
Estrategia prioritaria 3.2. Propiciar cambios sociales y culturales para favorecer el pleno desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 3.2.1. Impulsar que las personas con discapacidad accedan, en condiciones de igualdad, a los servicios, apoyos y créditos gubernamentales, así como a los productos y servicios que ofrecen las instituciones de crédito | Específica
| BIENESTAR,
ECONOMÍA, SADER,
SEGOB, SHCP
| 6 - Hacienda y Crédito
Público
100 - Secretaría
|
| 3.2.2. Formular acciones que aseguren el acceso de las personas con discapacidad a la educación inclusiva y de calidad en condiciones de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y diseño universal | Específica
| BIENESTAR,
SEGOB, SEP
| 11 - Educación
Pública
100 - Secretaría
|
| 3.2.3. Garantizar que todos los bienes, servicios e inmuebles de la APF cumplan con los criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 6 - Hacienda y Crédito
Público
100 - Secretaría
|
| 3.2.4. Difundir y promover la implementación de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los programas y las instituciones de la APF | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 27 - Función Pública
100 - Secretaría
|
| 3.2.5. Promover el diseño y la implementación de acciones afirmativas y de ajustes razonables para incluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral del sector público y privado | Específica
| BIENESTAR,
SEGOB, STPS
| 14 - Trabajo y
Previsión Social
100 - Secretaría
|
| 3.2.6. Promover acciones que permitan garantizar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, con perspectiva de género e interculturalidad | Específica
| BIENESTAR, IMSS,
INMUJERES,
ISSSTE, SALUD,
SEGOB, SEP
| 12 - Salud
100 - Secretaría
|
| 3.2.7. Fomentar en las instituciones de salud el respeto a la autonomía en la toma de decisiones y al consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad | Específica
| BIENESTAR, IMSS,
ISSSTE, SALUD,
SEGOB
| 12 - Salud
100 - Secretaría
|
| 3.2.8. Asegurar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica en la toma de decisiones de las personas con discapacidad en la normatividad correspondiente | Específica
| BIENESTAR, SEGOB
| 20 - Bienestar
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 3.3. Eliminar los prejuicios y las prácticas discriminatorias para garantizar los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 3.3.1. Impulsar entre el personal del sector educativo, en los ámbitos público y privado, una cultura de pleno respeto a los derechos de las personas LGBTTTIQ | Específica
| SEGOB, SEP
| 11 - Educación
Pública
100 - Secretaría
|
| 3.3.2. Diseñar e implementar programas para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de discriminación o violencia por su orientación sexual o por su identidad o expresión de género, en los ámbitos educativo, de salud, cultural y deportivo | Específica
| CULTURA, SALUD,
SEGOB, SEP
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.3.3. Impulsar, en las entidades federativas, el reconocimiento en condiciones de igualdad al matrimonio civil y el reconocimiento del concubinato de las parejas del mismo sexo, así como los derechos derivados | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.3.4. Diseñar políticas públicas orientadas a la prevención, atención, sanción y reparación a víctimas de la violencia y/o de crímenes de odio cometidos en contra de personas LGBTTTIQ | Específica
| CEAV, SEGOB,
SSPC
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.3.5. Impulsar acciones para erradicar la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad sexogenérica en los medios de comunicación públicos y privados | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 3.4. Generar condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 3.4.1. Impulsar acciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso a servicios e información científica de calidad, que promuevan el ejercicio libre de la sexualidad, con énfasis en la prevención de las infecciones de transmisión sexual y de embarazos adolescentes | Coordinación de la
estrategia
| IMSS, INMUJERES,
ISSSTE, SALUD,
SEGOB, SEP
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.4.2. Reforzar las acciones orientadas a la erradicación del embarazo infantil mediante la coordinación interinstitucional | Coordinación de la
estrategia
| IMSS, INMUJERES,
ISSSTE, SALUD,
SEGOB, SEP, SSPC
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.4.3. Implementar acciones de coordinación interinstitucional para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con énfasis en aquellos grupos en contextos de pobreza, marginación y violencia | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.4.4. Fortalecer las acciones para prevenir, sancionar y erradicar el trabajo infantil | Coordinación de la
estrategia
| BIENESTAR,
SEGOB, STPS
| 14 - Trabajo y
Previsión Social
100 - Secretaría
|
| 3.4.5. Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años, fomentando las mejores prácticas de salud materna | Específica
| IMSS, INMUJERES,
ISSSTE, SALUD
| 12 - Salud
100 - Secretaría
|
| 3.4.6. Impulsar acciones dirigidas a prevenir la obesidad infantil mediante la promoción de cultura nutricional y actividades físicas y deportivas en el ámbito educativo | Específica
| IMSS, ISSSTE,
SALUD, SEP
| 11 - Educación
Pública
100 - Secretaría
|
| 3.4.7. Implementar medidas de asistencia, atención y reparación integral, especializadas, diferenciadas y adaptadas para niñas, niños y adolescentes víctimas, en el marco del SNAV, garantizando el interés superior de la infancia | Específica
| CEAV, SEGOB
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYJ - Comisión
Ejecutiva de Atención
a Víctimas
|
| 3.4.8. Colaborar en la consolidación de los programas encaminados a la inserción laboral y capacitación de las y los jóvenes | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 14 - Trabajo y
Previsión Social
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 3.5. Implementar acciones para generar bienestar y mejora en la calidad de vida de las personas mayores
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 3.5.1. Implementar políticas públicas en materia de salud con perspectiva gerontológica y de curso de vida, dirigidas a garantizar el bienestar, la autonomía y la mejora en la calidad de vida de las personas mayores | Específica
| BIENESTAR, IMSS,
ISSSTE, SALUD
| 12 - Salud
100 - Secretaría
|
| 3.5.2. Impulsar oportunidades de trabajo digno para la incorporación de las personas mayores en los sectores laborales público y privado, con actividades que valoren y desarrollen sus conocimientos, habilidades y aptitudes | Específica
| BIENESTAR,
SEGOB, STPS
| 14 - Trabajo y
Previsión Social
100 - Secretaría
|
| 3.5.3. Promover el acceso a la educación mediante espacios de formación, capacitación, aprendizaje continuo y accesible, así como actividades de interés para las personas mayores | Específica
| BIENESTAR,
CULTURA, SEP
| 11- Educación Pública
100 - Secretaría
|
| 3.5.4. Realizar acciones de sensibilización dirigidas a promover la autonomía, la participación, la independencia y el respeto de las decisiones de las personas mayores en los ámbitos familiar y social | Específica
| BIENESTAR, SEGOB
| 20 - Bienestar
100 - Secretaría
|
| 3.5.5. Promover acciones de coordinación para que las personas mayores tengan acceso a un mínimo vital | Específica
| BIENESTAR
| 20 - Bienestar
100 - Secretaría
|
| 3.5.6. Asegurar la implementación de un enfoque diferenciado en la prestación de bienes y servicios públicos para las personas mayores | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 20 - Bienestar
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 3.6. Impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 3.6.1. Promover y proteger los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o afectados en el contexto de las actividades empresariales | Coordinación de la
estrategia
| ECONOMÍA, SEGOB,
STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.6.2. Impulsar la adopción de los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de la ONU y las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE | Coordinación de la
estrategia
| ECONOMÍA, SEGOB,
STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.6.3. Promover la armonización del marco normativo que regula las actividades empresariales públicas, privadas y mixtas, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos | Específica
| ECONOMÍA, SEGOB,
STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.6.4. Impulsar la creación de un instrumento de política pública que desarrolle acciones de respeto y protección de los derechos humanos que corresponden al sector empresarial, así como de prevención y reparación del daño en caso de violaciones a los mismos | Específica
| ECONOMÍA, SEGOB,
STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.6.5. Impulsar la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos generados por la actividad empresarial pública, privada o mixta, y para propiciar la transparencia y rendición de cuentas en las cadenas de valor | Específica
| ECONOMÍA, SEGOB,
STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.6.6. Fortalecer mecanismos que permitan a las personas alertar sobre casos de abusos a derechos humanos, corrupción y malas prácticas en el sector empresarial de forma segura, confidencial y anónima, garantizando su protección | Específica
| ECONOMÍA, SEGOB,
STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.6.7. Establecer con los sectores social y privado medidas para la garantía de condiciones satisfactorias de trabajo para jornaleras y jornaleros agrícolas | Específica
| ECONOMÍA, SADER,
SEGOB, STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.6.8. Difundir y capacitar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre las obligaciones en materia de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales | Específica
| SEGOB, ECONOMÍA
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 3.6.9. Promover que las empresas públicas, privadas y mixtas adopten las medidas necesarias para fomentar la formalización del empleo, orientadas a evitar su precarización | Específica
| ECONOMÍA, SEGOB,
STPS
| 14 - Trabajo y
Previsión Social
100 - Secretaría
|
| 3.6.10. Establecer mecanismos de prevención, evaluación y reparación integral para atender los impactos negativos producidos por la actividad empresarial pública y privada, con la participación de las personas y comunidades afectadas | Específica
| ECONOMÍA, SEGOB,
STPS
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 3.7. Implementar medidas orientadas a la protección de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente sano, privilegiando la autonomía y la libre determinación de las comunidades
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 3.7.1. Promover la adopción, aplicación y monitoreo de medidas efectivas para garantizar el respeto y la protección de los agrosistemas tradicionales de producción de alimentos y su biodiversidad | Específica
| SADER, SEDATU,
SEMARNAT
| 8 - Agricultura y
Desarrollo Rural
100 - Secretaría
|
| 3.7.2. Fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar los derechos a la tierra, territorio, recursos naturales y patrimonio biocultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando sus sistemas normativos y cosmovisiones | Específica
| INPI, SCT, SEDATU,
SEGOB, SEMARNAT,
SENER
| 15 - Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano
100 - Secretaría
|
| 3.7.3. Asegurar el acceso universal al agua potable, gestionando medidas de control, sanción y remediación para garantizar la calidad en los cuerpos de agua, priorizando zonas rurales y remotas | Específica
| SEMARNAT
| 16 - Medio Ambiente
y Recursos Naturales
100 - Secretaría
|
| 3.7.4. Fortalecer el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental y Social de proyectos y actividades de los sectores público y privado, que impacten en los DESCA, con la participación de personas y comunidades potencialmente afectadas | Específica
| INPI, SCT,
SEMARNAT, SENER
| 16 - Medio Ambiente
y Recursos Naturales
100 - Secretaría
|
| 3.7.5. Propiciar la generación de acciones afirmativas, con perspectivas de género e intercultural, que faciliten el acceso a la seguridad de la tenencia de la tierra para las mujeres | Específica
| INMUJERES,
SEDATU
| 15 - Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano
100 - Secretaría
|
| 3.7.6. Diseñar e implementar una política pública en materia ambiental y biocultural incluyente, preventiva e integral, asegurando la participación ciudadana | Específica
| SEMARNAT
| 16 - Medio Ambiente
y Recursos Naturales
100 - Secretaría
|
| 3.7.7. Promover la armonización del marco normativo, de acuerdo con los estándares internacionales, en materia de soberanía alimentaria, con regímenes agrarios adecuados y sistemas justos de producción, conservación y distribución de alimentos | Específica
| ECONOMÍA, SADER,
SEDATU
| 8 - Agricultura y
Desarrollo Rural
100 - Secretaría
|
| 3.7.8. Impulsar la adecuada tipificación de los delitos contra el ambiente, de responsabilidad de los sectores público y privado, así como para la reparación del daño, a fin de facilitar el acceso a la justicia en materia socioambiental | Específica
| ECONOMÍA, SADER,
SEMARNAT, SENER
| 16 - Medio Ambiente
y Recursos Naturales
100 - Secretaría
|
Objetivo prioritario 4. Mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la APF para la protección y garantía de los derechos humanos
Estrategia prioritaria 4.1. Promover la expansión de las asignaciones presupuestarias para aumentar la oferta de bienes y servicios de la APF en materia de derechos humanos
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 4.1.1. Identificar las necesidades de bienes y servicios en las comunidades y poblaciones | Específica
| BIENESTAR, OPR
| 2 - Oficina de la
Presidencia de la
República
129 - Jefatura de la
Oficina de la
Presidencia
|
| 4.1.2. Orientar la expansión progresiva de la oferta de bienes y servicios públicos de la APF, en coordinación con otros poderes y órdenes de gobierno | Específica
| BIENESTAR, OPR
| 2 - Oficina de la
Presidencia de la
República
129 - Jefatura de la
Oficina de la
Presidencia
|
| 4.1.3. Impulsar la inclusión del enfoque de derechos humanos en los estudios presupuestales relacionados con los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público | Específica
| SEGOB, SHCP
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.1.4. Diseñar herramientas para incluir el enfoque de derechos humanos en la elaboración de presupuestos | Específica
| SEGOB, SHCP
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.1.5. Fortalecer la integridad de los servidores públicos en el orden estatal y municipal | Específica
| SESNA, SFP
| 27 - Función Pública
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 4.2. Mejorar la integridad pública de la APF para la protección de los derechos humanos
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 4.2.1. Fortalecer los mecanismos internos de control en la APF que aseguren la investigación y sanción de personas servidoras públicas que violen derechos humanos | Específica
| SFP
| 27 - Función Pública
100 - Secretaría
|
| 4.2.2. Impulsar y fortalecer mecanismos administrativos sencillos que permitan a las personas alertar sobre violaciones a derechos humanos, corrupción y malas prácticas en la APF de forma segura, confidencial y anónima, garantizando su protección | Específica
| SFP
| 27 - Función Pública
100 - Secretaría
|
| 4.2.3. Promover la paridad de género en la designación de nombramientos en todos los puestos de la APF, con énfasis en aquellos de toma de decisión | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
HHG - Instituto
Nacional de las
Mujeres
|
| 4.2.4. Implementar medidas para facilitar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, así como promover la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal en la APF | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
HHG - Instituto
Nacional de las
Mujeres
|
| 4.2.5. Emprender acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en la APF | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 27 - Función Pública
100 - Secretaría
|
| 4.2.6. Incorporar el lenguaje incluyente y no discriminatorio en la comunicación y difusión institucional de la APF | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
HHG - Instituto
Nacional de las
Mujeres
|
| 4.2.7. Aplicar procedimientos administrativos, de investigación y sanción a las personas servidoras públicas que atenten contra los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas | Específica
| SEGOB, SFP
| 27 Función Pública
100 Secretaría
|
| 4.2.8. Robustecer las capacidades técnicas, financieras y de recursos humanos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.2.9. Fortalecer las capacidades institucionales en los tres niveles de gobierno que garanticen acciones integrales de reparación y atención a víctimas | Específica
| CEAV
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYJ Comisión
Ejecutiva de Atención
a Víctimas
|
| 4.2.10. Fortalecer las capacidades técnicas, financieras y de recursos humanos de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para garantizar el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, conforme a los estándares nacionales e internacionales | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 4.3. Colaborar con otros poderes y organismos para el fortalecimiento de las capacidades institucionales
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 4.3.1. Colaborar con organismos autónomos para la promoción de una cultura de derechos humanos, así como para la prevención de violaciones a estos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.3.2. Establecer convenios de colaboración con instituciones de educación superior para la realización de estudios, eventos académicos y otros proyectos en materia de derechos humanos | Específica
| SEGOB, SEP
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.3.3. Propiciar esquemas de cooperación con organismos internacionales que promuevan el fortalecimiento institucional para la realización de los derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.3.4. Establecer grupos de trabajo para promover la armonización normativa en materia de derechos humanos en coordinación con los poderes legislativo, tanto federal como de las entidades federativas | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.3.5. Proponer y celebrar instrumentos jurídicos de colaboración entre instancias públicas y organismos nacionales e internacionales para la prevención, investigación y persecución de la tortura y OTPCID | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 4.4. Colaborar con las entidades federativas y los municipios para ampliar las capacidades de atención y respuesta a las violaciones de derechos humanos
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 4.4.1. Impulsar en las entidades federativas la elaboración e implementación de instrumentos de política pública en materia de derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.4.2. Fomentar que las entidades federativas difundan sus instrumentos de política pública en materia de derechos humanos en lenguas indígenas y formatos accesibles | Específica
| SEGOB, SEP
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.4.3. Promover la creación de áreas especializadas de derechos humanos en los gobiernos estatales y municipales | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.4.4. Establecer mecanismos institucionales en los tres órdenes de gobierno que permitan la instrumentación de medidas efectivas para la prevención y atención de la violencia feminicida | Coordinación de la
estrategia
| INMUJERES, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.4.5. Impulsar la creación y fortalecimiento de las comisiones estatales de atención a víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas, así como la provisión de recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos y materiales suficientes | Específica
| CEAV, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.4.6. Articular la colaboración con las entidades federativas y organismos de derechos humanos para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.4.7. Implementar campañas dirigidas a todas las autoridades para la consolidación de una cultura de cero tolerancia a la tortura y OTPCID, en los tres órdenes de gobierno | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.4.8. Colaborar con gobiernos municipales para promover y fortalecer la atención y prevención de violaciones a derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 4.5. Propiciar esquemas de participación ciudadana para el fortalecimiento de las acciones de la APF en materia de derechos humanos
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 4.5.1. Promover la participación informada y competente de los actores relevantes en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de derechos humanos | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.5.2. Promover mecanismos que aseguren la participación de las familias y colectivos de personas desaparecidas en las políticas, programas e instrumentos contemplados en la Ley General en la materia | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.5.3. Garantizar la implementación de mecanismos de participación de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, en los procesos de prevención, atención y reparación integral | Específica
| CEAV, SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.5.4. Realizar acciones, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para garantizar la participación de las personas con discapacidad en los programas sociales, culturales, deportivos y recreativos, en condiciones de igualdad | Específica
| BIENESTAR,
CULTURA, SEGOB,
SEP
| 20 - Bienestar
100 - Secretaría
|
| 4.5.5. Gestionar la implementación de mecanismos de participación en la toma de decisiones públicas, para niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su autonomía progresiva y en apego a su interés superior | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.5.6. Privilegiar el diálogo entre la sociedad civil, las instituciones y los organismos que promueven y defienden los derechos humanos, conforme al modelo de gobierno abierto | Específica
| SEGOB, SRE
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 4.6. Generar información y evidencia para la toma de decisiones en la APF
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 4.6.1. Generar sistemas de información, y consolidar los ya existentes, que permitan identificar al universo de víctimas y sus características, así como analizar patrones de violaciones graves de derechos humanos | Coordinación de la
estrategia
| CEAV, SEDENA,
SEGOB, SEMAR,
SSPC
| 36 - Seguridad y
Protección Ciudadana
100 - Secretaría
|
| 4.6.2. Asegurar la producción y disponibilidad de indicadores e información estadística que permitan medir la situación de los derechos humanos, por medio de censos, encuestas y registros administrativos | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.6.3. Garantizar el acceso a la información relacionada con violaciones graves de derechos humanos | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.6.4. Promover la instalación de comités especializados para el desarrollo de evaluaciones de programas en materia de derechos humanos en la APF | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.6.5. Promover la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del desplazamiento forzado interno para conocer, prevenir y atender integralmente la problemática | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.6.6. Promover la generación de información sobre tortura y OTPCID a través de estudios y encuestas, en particular la Encuesta a Población Privada de la Libertad que realiza el INEGI | Específica
| SEGOB, SSPC
| 36 - Seguridad y
Protección Ciudadana
100 - Secretaría
|
| 4.6.7. Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres para contar con información que permita focalizar los esfuerzos y realizar ajustes a las políticas públicas y programas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 4.6.8. Impulsar la generación de información estadística que visibilice los asentamientos irregulares, con base en criterios de derechos humanos para prevenir riesgos y propiciar asentamientos humanos seguros | Específica
| SEDATU, SEGOB
| 15 - Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano
100 - Secretaría
|
| 4.6.9. Elaborar diagnósticos sobre las capacidades institucionales con las que cuentan las entidades federativas y los municipios para prevenir, atender y garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Objetivo prioritario 5. Proporcionar herramientas y capacitación integral a las personas servidoras públicas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos
Estrategia prioritaria 5.1. Desarrollar metodologías, programas y materiales de capacitación en materia de derechos humanos y género
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 5.1.1. Realizar un estudio que permita identificar las necesidades de capacitación, así como el nivel de conocimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, al interior de la APF | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.1.2. Desarrollar, en colaboración con instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, herramientas de formación en materia de derechos humanos | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.1.3. Desarrollar materiales orientados a la transversalización de los enfoques de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación, interculturalidad y enfoques diferenciados, entre otros, en los programas y acciones en los tres niveles de gobierno | Específica
| INMUJERES, INPI,
SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.1.4. Generar en la APF espacios de diálogo especializados en temas coyunturales en materia de derechos humanos que incentiven a la reflexión y al intercambio de conocimientos y experiencias | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.1.5. Incorporar mecanismos de evaluación en los programas de capacitación en materia de derechos humanos de la APF | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.1.6. Implementar programas académicos para la especialización del personal del servicio público que atiende temas prioritarios y grupos históricamente discriminados | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.1.7. Promover la perspectiva de género en todos los programas de capacitación y difusión de la APF | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 27 Función Pública
100 Secretaría
|
| 5.1.8. Promover el reconocimiento y el respeto del derecho a la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad en los programas de capacitación | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.1.9. Diseñar e implementar campañas de difusión, en la APF, orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 2 - Oficina de la
Presidencia de la
República
129 - Jefatura de la
Oficina de la
Presidencia
|
Estrategia prioritaria 5.2. Promover la formación continua de las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos y género
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 5.2.1. Implementar programas de capacitación y formación en materia de derechos humanos y género para las personas servidoras públicas | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.2.2 Implementar programas de capacitación en la APF orientados a la atención de las recomendaciones de la CNDH para garantizar su no repetición | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.2.3. Implementar programas de capacitación orientados a la erradicación de la tortura y OTPCID, mediante la formación de personas capacitadoras especializadas en áreas de seguridad y prevención de delitos, en coordinación con los tres órdenes de gobierno | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.2.4. Promover acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones, en materia de desplazamiento forzado interno | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.2.5. Realizar cursos de sensibilización y capacitación para promover el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la APF | Específica
| INPI, SEGOB
| 47 - Entidades no
Sectorizadas
AYB - Instituto
Nacional de los
Pueblos Indígenas
|
| 5.2.6. Promover la sensibilización y capacitación de las personas servidoras públicas para prevenir y erradicar la estigmatización y la violencia motivada por la orientación sexual, la identidad o expresión de género y las características sexuales | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.2.7. Implementar un programa de capacitación a personas servidoras públicas para prevenir las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.2.8. Capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y no discriminación, para prevenir y erradicar la violencia obstétrica | Específica
| IMSS, INMUJERES,
ISSSTE, SALUD,
SEGOB
| 12 - Salud
100 - Secretaría
|
| 5.2.9. Capacitar a las personas servidoras públicas de la APF sobre acciones para prevenir y erradicar la violencia de género en los espacios de trabajo | General
| Todas las
dependencias y
entidades de la APF
| 27 - Función Pública
100 - Secretaría
|
| 5.2.10. Impulsar que las y los agentes encargados de hacer cumplir la ley se capaciten permanentemente en el uso gradual de la fuerza, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género | Específica
| SEDENA, SEGOB,
SEMAR, SSPC
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
Estrategia prioritaria 5.3. Elaborar, implementar y difundir protocolos en materia de derechos humanos orientados a mejorar la actuación de las personas servidoras públicas
| Acción puntual
| Tipo de Acción
puntual
| Dependencias y/o
Entidades
responsables de
instrumentar la
Acción puntual
(instituciones
coordinadas)
| Dependencia o
Entidad
coordinadora
(encargada del
seguimiento)
|
| 5.3.1. Impulsar que la elaboración e implementación de los protocolos y procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas se apeguen a los principios que establece la Ley y los tratados internacionales en la materia | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.3.2. Coadyuvar en la elaboración e implementación de protocolos de actuación en las instituciones de seguridad y procuración de justicia para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.3.3. Impulsar el diseño e implementación de protocolos especializados y homologados a nivel federal y estatal para la procuración y administración de justicia en materia de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas | Específica
| SEGOB
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.3.4. Promover el diseño de protocolos sobre el uso legítimo de la fuerza que regulen la actuación de las y los agentes encargados de hacer cumplir la ley, dirigidos a las instituciones de seguridad y procuración de justicia | Específica
| SEDENA, SEGOB,
SEMAR, SSPC
| 4 - Gobernación
100 - Secretaría
|
| 5.3.5. Promover la creación, mejora y homologación de protocolos y mecanismos de alerta para prevenir, identificar y atender actos discriminatorios, hostigamiento, violencia y acoso laboral y sexual en el trabajo en los sectores público y privado | Coordinación de la
estrategia
| INMUJERES,
SEGOB, SFP, STPS
| 14 - Trabajo y
Previsión Social
100 - Secretaría
|
8. Metas para el bienestar y Parámetros
Como un medio para valorar los avances y resultados de la implementación del PNDH, este apartado presenta dos tipos de mediciones: Metas para el bienestar y Parámetros. Ambos instrumentos numéricos permiten registrar cambios concretos y relevantes en los ámbitos en los que inciden los Objetivos prioritarios de este Programa de manera directa, sin restar importancia a las aportaciones de otros esfuerzos que comparten los mismos fines.
Las Metas para el bienestar son mediciones a las que se les establecen metas numéricas; compromisos del Gobierno de México a alcanzar hacia el final del sexenio. En cambio, los Parámetros son métricas complementarias cuyo propósito consiste en conocer su tendencia a lo largo de la administración.
El conjunto de estos indicadores constituye el compromiso del Gobierno de México con la sociedad mexicana y la comunidad internacional de dar seguimiento a la implementación del Programa. Sin embargo, este cuerpo de indicadores por sí mismo es insuficiente para dar evidencia exhaustiva de los ámbitos a los que contribuyen, por lo que debe considerarse información adicional, no sólo para orientar el rumbo de la política nacional en derechos humanos, sino también para evaluar el grado de cumplimiento del Estado mexicano en la materia.
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 1
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| Nombre
| Índice de Estado de Derecho de México
|
| Objetivo
prioritario
| Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
|
| Definición o
descripción
| Este índice, elaborado por World Justice Project, mide la adherencia al Estado de Derecho en México, de acuerdo
con dos principios: los límites legales que tienen tanto el Estado como la ciudadanía y los límites que el Estado
impone en la sociedad para salvaguardar el interés público.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Tipo
| Estratégico
| Acumulado o
periódico
| Periódico
|
| Unidad de
medida
| Puntos
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Dimensión
| Eficacia
| Disponibilidad de
la información
| Diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad
responsable de
reportar el
avance
| Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos
|
| Método de
cálculo
| IED: Índice de Estado de Derecho
LPG: Límites al poder gubernamental
AC: Ausencia de corrupción
GA: Gobierno abierto
DF: Derechos fundamentales
OS: Orden y seguridad
CR: Cumplimiento regulatorio
JC: Justicia civil
JP: Justicia penal
|
| Observaciones
| El dato nacional es un promedio de los resultados de las entidades federativas. Para una descripción completa de
cada componente del índice se sugiere revisar World Justice Project (WJP), Índice de Estado de Derecho en México
2018. Perspectivas y experiencias en los 32 estados del país (México: WJP, 2018).
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable
1
| Límites al poder
gubernamental
| Valor variable 1
| 0.41
| Fuente de
información
variable 1
| Índice de Estado de
Derecho en México
2018, WJP
|
| Nombre variable
2
| Ausencia de corrupción
| Valor variable 2
| 0.35
| Fuente de
información
variable 2
| Índice de Estado de
Derecho en México
2018, WJP
|
| Nombre variable
3
| Gobierno abierto
| Valor variable 3
| 0.38
| Fuente de
información
variable 3
| Índice de Estado de
Derecho en México
2018, WJP
|
| Nombre variable
4
| Derechos
fundamentales
| Valor variable 4
| 0.49
| Fuente de
información
variable 4
| Índice de Estado de
Derecho en México
2018, WJP
|
| Nombre variable
5
| Orden y seguridad
| Valor variable 5
| 0.40
| Fuente de
información
variable 5
| Índice de Estado de
Derecho en México
2018, WJP
|
| Nombre variable
6
| Cumplimiento
regulatorio
| Valor variable 6
| 0.36
| Fuente de
información
variable 6
| Índice de Estado de
Derecho en México
2018, WJP
|
| Nombre variable
7
| Justicia civil
| Valor variable 7
| 0.36
| Fuente de
información
variable 7
| Índice de Estado de
Derecho en México
2018, WJP
|
| Nombre variable
8
| Justicia penal
| Valor variable 8
| 0.38
| Fuente de
información
variable 8
| Índice de Estado de
Derecho en México
2018, WJP
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 0.39
| La puntuación es de 0 a 1, en donde mayor puntuación indica
mayor adherencia al Estado de Derecho
|
| Año
| 2018
|
| Meta 2024
| Nota sobre la meta 2024
|
| 0.47
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
|
| | | | | | 0.39
|
| METAS
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 0.39
| 0.41
| 0.43
| 0.45
| 0.47
|
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 1
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| Nombre
| Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema
|
| Objetivo
prioritario
| Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
|
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de la población con al menos tres carencias sociales y que se encuentra por debajo de la línea de
pobreza extrema por ingresos.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Bienal
|
| Tipo
| Estratégico
| Acumulado o
periódico
| Periódico
|
| Unidad de
medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Dimensión
| Eficacia
| Disponibilidad de
la información
| Diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Descendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos
|
| Método de
cálculo
| PPE: Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema
PEm: Población de mujeres en pobreza extrema
PEh: Población de hombres en pobreza extrema
PTm: Población total de mujeres
PTh: Población total de hombres
|
| Observaciones
| La línea de pobreza extrema por ingresos es igual al valor de la canasta alimentaria. Las personas que se
encuentran por debajo de esta línea no tienen una alimentación nutritiva y de calidad, incluso cuando gastan todo su
ingreso en alimentos. Las carencias sociales son: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación
nutritiva y de calidad.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable
1
| Población de mujeres
en pobreza extrema
| Valor variable 1
| 4'760,892
| Fuente de
información
variable 1
| Medición de la
pobreza 2008-2018.
Programas de cálculo
y bases de datos
2008-2018,
CONEVAL.
|
| Nombre variable
2
| Población de hombres
en pobreza extrema
| Valor variable 2
| 4'549,261
| Fuente de
información
variable 2
| Medición de la
pobreza 2008-2018.
Programas de cálculo
y bases de datos
2008-2018,
CONEVAL.
|
| Nombre variable
3
| Población total de
mujeres
| Valor variable 3
| 64'347,668
| Fuente de
información
variable 3
| Medición de la
pobreza 2008-2018.
Programas de cálculo
y bases de datos
2008-2018,
CONEVAL.
|
| Nombre variable
4
| Población total de
hombres
| Valor variable 4
| 60'734,748
| Fuente de
información
variable 4
| Medición de la
pobreza 2008-2018.
Programas de cálculo
y bases de datos
2008-2018,
CONEVAL.
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 7.4
| NA
|
| Año
| 2018
|
| Meta 2024
| Nota sobre la meta 2024
|
| NA
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
|
| 9.8
| | 9.5
| | 7.6
| | 7.4
|
| METAS
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
|
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 1
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| Nombre
| Porcentaje de recomendaciones aceptadas y cumplidas
|
| Objetivo
prioritario
| Asegurar una respuesta articulada de la APF a la crisis de derechos humanos
|
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje de recomendaciones aceptadas y cumplidas por una autoridad respecto a las recomendaciones
emitidas por los organismos de protección de derechos humanos.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Tipo
| Estratégico
| Acumulado o
periódico
| Periódico
|
| Unidad de
medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Dimensión
| Eficacia
| Disponibilidad de
la información
| Diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Ascendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos
|
| Método de
cálculo
| PR: Porcentaje de recomendaciones aceptadas y cumplidas
RAC: Número de recomendaciones aceptadas y cumplidas
RT: Recomendaciones totales
|
| Observaciones
| Las recomendaciones totales se conforman por los siguientes grupos: aceptadas y cumplidas; aceptadas con
cumplimiento parcial; aceptadas sin prueba de cumplimiento; aceptadas y en tiempo para presentar pruebas de
cumplimiento; desechadas; pendientes (en tiempo de ser contestadas).
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable
1
| Recomendaciones
aceptadas y cumplidas
| Valor variable 1
| 359
| Fuente de
información
variable 1
| Tabulados
interactivos. Ejercicio
de la función en
materia de protección
de derechos
humanos. Censos
Nacionales de
Derechos Humanos
Federal y Estatal
2019, INEGI.
|
| Nombre variable
2
| Recomendaciones
totales
| Valor variable 2
| 1,768
| Fuente de
información
variable 2
| Tabulados
interactivos. Ejercicio
de la función en
materia de protección
de derechos
humanos. Censos
Nacionales de
Derechos Humanos
Federal y Estatal
2019, INEGI.
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 20.3
| La línea base corresponde a los Censos Nacionales de Derechos
Humanos Federal y Estatal 2019, los cuales muestran información
de 2018
|
| Año
| 2018
|
| Meta 2024
| Nota sobre la meta 2024
|
| NA
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
|
| | | | | 24.3
| 20.8
| 20.3
|
| METAS
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
|
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 2
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| Nombre
| Tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes (delitos seleccionados)
|
| Objetivo
prioritario
| Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
|
| Definición o
descripción
| Mide la tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes, que se refiere a la presunta
ocurrencia de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad personal y contra la sociedad
registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías de
justicia y fiscalías generales de las entidades federativas.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Tipo
| Estratégico
| Acumulado o
periódico
| Periódico
|
| Unidad de
medida
| Delitos que se cometieron por cada 100 mil
habitantes
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Dimensión
| Eficacia
| Disponibilidad de
la información
| Diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Descendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos
|
| Método de
cálculo
| ID: Tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes (delitos seleccionados)
DV: Delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal
DL: Delitos que atentan contra la libertad personal
DS: Delitos que atentan contra la sociedad
PT: Población total
|
| Observaciones
| Los delitos seleccionados son: homicidio, feminicidio y lesiones (delitos que atentan contra la vida y la integridad
corporal); secuestro, tráfico de menores, rapto y otros delitos que atentan contra la libertad personal; corrupción de
menores, trata de personas y otros delitos que atentan contra la sociedad.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable
1
| Delitos que atentan
contra la vida y la
integridad personal
| Valor variable 1
| 243,918
| Fuente de
información
variable 1
| Incidencia delictiva
del Fuero Común
(2018), SESNSP
|
| Nombre variable
2
| Delitos que atentan
contra la libertad
personal
| Valor variable 2
| 20,000
| Fuente de
información
variable 2
| Incidencia delictiva
del Fuero Común
(2018), SESNSP
|
| Nombre variable
3
| Delitos que atentan
contra la sociedad
| Valor variable 3
| 7,784
| Fuente de
información
variable 3
| Incidencia delictiva
del Fuero Común
(2018), SESNSP
|
| Nombre variable
4
| Población total
| Valor variable 4
| 125'327,797
| Fuente de
información
variable 4
| Proyecciones de la
población (2018),
Conapo
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 216.79
| NA
|
| Año
| 2018
|
| Meta 2024
| Nota sobre la meta 2024
|
| 184.5
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
|
| | | 189.81
| 192.09
| 217.75
| 216.79
|
| METAS
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| 224.99
| 220
| 210.49
| 198.7
| 184.5
|
Parámetro 1 del Objetivo prioritario 2
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| Nombre
| Porcentaje promedio de la población que dejó de realizar actividades por temor a ser víctima de algún delito
|
| Objetivo
prioritario
| Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
|
| Definición o
descripción
| Mide el porcentaje promedio de la población de 18 años y más que dejó de realizar actividades por temor a ser
víctima de algún delito a nivel nacional.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Tipo
| Estratégico
| Acumulado o
periódico
| Periódico
|
| Unidad de
medida
| Porcentaje
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Dimensión
| Eficacia
| Disponibilidad de
la información
| Diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Descendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos
|
| Método de
cálculo
| |
| Observaciones
| Las actividades que se consideran en este indicador son: permitir que sus hijos menores de edad salieran; usar
joyas; salir de noche; llevar dinero en efectivo; llevar tarjeta de crédito o débito; salir a caminar; tomar taxi; visitar
parientes o amigos; salir a comer; ir al cine o al teatro; ir al estadio; usar transporte público; viajar por carretera a otro
estado o municipio; frecuentar centros comerciales; ir a la escuela.
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable
1
| Suma de los
porcentajes de la
población de 18 años y
más que dejó de
realizar la actividad por
temor a ser víctima de
algún delito
| Valor variable 1
| 537.5
| Fuente de
información
variable 1
| Tabulados básicos.
Encuesta Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
2019, INEGI.
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 35.8
| NA
|
| Año
| 2018
|
| Meta 2024
| Nota sobre la meta 2024
|
| NA
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
|
| 33.9
| 35.5
| 34.1
| 33.6
| 33.6
| 33.7
| 35.8
|
| METAS
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
|
Parámetro 2 del Objetivo prioritario 2
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| Nombre
| Índice de Paz México
|
| Objetivo
prioritario
| Asegurar la atención a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos
|
| Definición o
descripción
| Promedio nacional del Índice de Paz, el cual mide la paz negativa entendida como ausencia de violencia.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Tipo
| Estratégico
| Acumulado o
periódico
| Periódico
|
| Unidad de
medida
| Puntos
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Dimensión
| Eficacia
| Disponibilidad de
la información
| Diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Descendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos
|
| Método de
cálculo
| IPM: Índice de Paz México
HO: Homicidio
DV: Delitos con violencia
DA: Delitos cometidos con armas de fuego
CS: Cárcel sin sentencia
CO: Crímenes de la delincuencia organizada
|
| Observaciones
| Para una descripción completa de cada componente del índice se sugiere revisar Institute for Economics and Peace
(IEP), Índice de Paz México 2019: Identificar y medir los factores que impulsan la paz (Sídney: IEP, 2019).
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor preliminar ni estimado.
|
| Nombre variable
1
| Homicidio
| Valor variable 1
| 2.597
| Fuente de
información
variable 1
| Índice de Paz México
2019, IEP
|
| Nombre variable
2
| Delitos con violencia
| Valor variable 2
| 3.354
| Fuente de
información
variable 2
| Índice de Paz México
2019, IEP
|
| Nombre variable
3
| Delitos cometidos con
armas de fuego
| Valor variable 3
| 2.735
| Fuente de
información
variable 3
| Índice de Paz México
2019, IEP
|
| Nombre variable
4
| Cárcel sin sentencia
| Valor variable 4
| 1.237
| Fuente de
información
variable 4
| Índice de Paz México
2019, IEP
|
| Nombre variable
5
| Crímenes de la
delincuencia
organizada
| Valor variable 5
| 2.534
| Fuente de
información
variable 5
| Índice de Paz México
2019, IEP
|
| Sustitución en
método de
cálculo
| |
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
|
| Línea base
| Nota sobre la línea base
|
| Valor
| 2.661
| El puntaje corresponde a una calificación cuyo rango de valores
va de 1 (más pacífico) a 5 (menos pacífico). El cálculo de la línea
base se obtiene mediante el promedio de los resultados de las
entidades federativas. El Índice de Paz México 2019 muestra
información de 2018
|
| Año
| 2018
|
| Meta 2024
| Nota sobre la meta 2024
|
| NA
| NA
|
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
|
| | | | 2.191
| 2.262
| 2.538
| 2.661
|
| METAS
|
| 2020
| 2021
| 2022
| 2023
| 2024
|
| NA
| NA
| NA
| NA
| NA
|
Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 3
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO
|
| Nombre
| Número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados
donde una autoridad es presunta responsable
|
| Objetivo
prioritario
| Impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados
|
| Definición o
descripción
| Mide el número de hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos de los grupos históricamente
discriminados registrados en los expedientes de queja calificados por la CNDH, donde se identifica a una autoridad
como presunta responsable.
|
| Nivel de
desagregación
| Nacional
| Periodicidad o
frecuencia de
medición
| Anual
|
| Tipo
| Estratégico
| Acumulado o
periódico
| Periódico
|
| Unidad de
medida
| Hechos presuntamente violatorios
| Periodo de
recolección de
los datos
| Enero a diciembre
|
| Dimensión
| Eficacia
| Disponibilidad de
la información
| Diciembre
|
| Tendencia
esperada
| Descendente
| Unidad
responsable de
reportar el avance
| Dirección General de Política Pública de
Derechos Humanos
|
| Método de
cálculo
| HG: Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados en los
cuales una autoridad es presunta responsable
H: Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de los siguientes grupos históricamente discriminados:
mujeres (HM); niñas, niños y adolescentes (HN); personas adultas mayores (HA); personas con discapacidad (HD);
personas y pueblos indígenas (HI)
|
| Observaciones
| Para una descripción completa de los derechos incluidos en este indicador se sugiere revisar: Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), Censo Nacional de Derechos Humanos Federal 2018: Marco conceptual (México:
INEGI, 2018).
|
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor pre |
