PROGRAMA Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 Instituto Nacional de las Mujeres PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 1.- Índice 1.- Índice 2.- Fundamento normativo de elaboración del programa 3.- Siglas y acrónimos 4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa 5.- Análisis del estado actual 6.- Objetivos prioritarios 6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad. 6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. 6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos. 6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad. 6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado. 6.6.- Relevancia del Objetivo prioritario 6: Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes. 7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales 8.- Metas para el bienestar y Parámetros 9.- Epílogo: visión de largo plazo 10.- Lista de instituciones participantes 11. Glosario 2.- Fundamento normativo de elaboración del Programa El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y la obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, dicho precepto constitucional dispone que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y congruente con ello, el artículo 4o determina que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Por su parte, el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas y eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país. En ese orden de ideas, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, por medio del cual se erigió a nivel constitucional el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas de los partidos políticos a las legislaturas federales y locales. No obstante, no fue sino hasta que en el marco de la Cuarta Transformación de nuestro país y con el impulso de la primera legislatura paritaria en la historia de la Nación, que se aprueba el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, publicado en el DOF el 6 de junio de 2019, mediante el cual se establece la paridad de género para las mujeres en los cargos de decisión en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, en los organismos autónomos, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena. En este contexto, es de destacar el compromiso a favor de la igualdad y en contra de la discriminación y violencia por motivos de género que el Estado mexicano ha asumido, ante la comunidad internacional, expresado en su adhesión a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, instrumento de derechos humanos de las mujeres del sistema universal, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará, , lo que amplía el marco jurídico para contribuir de manera determinante a la vigencia de los derechos de las mujeres mexicanas a la igualdad, la no discriminación y a vivir una vida libre de violencia. En ese marco de obligaciones y responsabilidades, los artículos 12, fracción III y 20 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) establecen respectivamente que el Ejecutivo Federal es el encargado de la aplicación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y del PROIGUALDAD, a través de los órganos correspondientes, corresponde al Gobierno Federal diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad garantizada, y en su artículo 29 establece que le corresponde al INMUJERES proponer este Programa. El PROIGUALDAD, alineado con los principios, objetivos, estrategias y prioridades que se señalan en el Plan Nacional del Desarrollo 2019-2024, y cumple con los ordenamientos jurídicos en materia de planeación nacional. En cumplimiento al 20 de la Ley de Planeación que precisa que para la elaboración de los programas debe realizar con participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones, se realizaron 32 Foros Estatales, al que concurrieron y participaron mujeres de todos los perfiles sociales, entre ellas mujeres indígenas. El PROIGUALDAD cumple con los principios establecidos en la Ley de Planeación, en particular, el de igualdad de derecho entre las personas, la no discriminación, la promoción de una sociedad más igualitaria y la incorporación de la perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. Con base en los artículos 12, fracciones I a IV, 17, 18, fracción II, 20 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Política Nacional en Materia e Igualdad, que incluye la creación y aplicación del PROIGUALDAD, corresponde al Gobierno Federal, siendo el encargado de su aplicación el Ejecutivo Federal en su conjunto. El Ejecutivo Federal reconoce que, para hacer efectivos los derechos de las mujeres a una vida libre violencia y de acceso a la justicia; la prevención, la institucionalización, la transversalidad; el fomento a la igualdad, la no discriminación y la eliminación de los estereotipos de género en el ámbito sustantivo y la cultura organizacional, requiere la participación de diversas autoridades, de los distintos órdenes de gobierno, y demás Poderes de la Unión, así como de los organismos constitucionalmente autónomos, para lo cual buscará establecer en términos de la Ley de Planeación, la coordinación para la ejecución del Plan Nacional y del PROIGUALDAD. En este sentido, de conformidad con los artículos 32 de la Ley de Planeación y 28 y 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la coordinación para la participación en la ejecución de líneas de acción del Programa por parte de otros poderes de la Unión y órganos constitucionales autónomos, se establecerá en convenios de colaboración que al efecto se propongan y se firmen, en los que se establecerán las líneas de acción concretas que correspondan conforme a su ámbito de competencias y facultades. Por lo tanto, cualquier referencia a otros poderes de la Unión u organismos constitucionales autónomos en acciones puntuales de las estrategias de este PROIGUALDAD será una mera anotación para la facilitar la celebración de convenios de colaboración. Para el seguimiento de este Programa, se observará en todo tiempo lo señalado por la LGIMH en sus artículos 11, 22 y los contenidos en el Título V, Capitulo Primero, relativo a la Observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, función en la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un rol preponderante. Así como también en los objetivos, atribuciones y obligaciones señaladas en la materia para el INMUJERES en su Ley de creación, particularmente en los artículos 6 y 7. 3.- Siglas y acrónimos APF: Administración Pública Federal CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer Convención de Belem do Pará: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DDHH: Derechos Humanos ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENUT: Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo ENPOL: Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ITS: Infecciones de Transmisión Sexual ILE: Interrupción legal del embarazo INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres IVE: Interrupción voluntaria del embarazo LGBTI: Personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible OIT: Organización Internacional del Trabajo OMS: Organización Mundial de la Salud ONU: Organización de las Naciones Unidas OSC: Organización de la Sociedad Civil ONUMUJERES: La entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer SE-SIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SNIMH: Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia PG: Perspectiva de Género PIPASEVM: Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres PND: Plan Nacional de Desarrollo PROIGUALDAD: Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 RNPED: Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido SNIEG: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica VCMNA: Violencia Contra las Mujeres y las Niñas VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia. 5.- Análisis del estado actual La Cuarta Transformación de México es un periodo histórico de modificación de los valores culturales, de regresar al sentido de nuestra historia como país, y fortalecer a las nuevas generaciones con el conocimiento de sus derechos. La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano que sienta las bases para que las mujeres y los hombres, sin exclusión, participen de las mismas oportunidades y beneficios del desarrollo social y económico. La igualdad es también un principio transversal de los derechos humanos y condición indispensable para el pleno ejercicio del conjunto de derechos humanos. Es por este carácter dual y estratégico que resulta fundamental a la labor sustantiva del Estado garantizar su plena vigencia. El Gobierno de México consciente de los grandes retos para alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres, presenta este Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, dirigido a lograr cambios significativos para responder a las necesidades y aspiraciones de las mujeres y las niñas, así como a generar las condiciones para avanzar en la igualdad sustantiva y la no discriminación de las mujeres y las niñas. Este Programa, emanado de los compromisos y directrices asumidas por el Gobierno de México en el Plan Nacional de Desarrollo, responde a las demandas ciudadanas y a un diagnóstico profundo sobre los problemas que enfrentan actualmente las mujeres mexicanas, a los principales retos para avanzar a la igualdad, da cumplimiento a los ordenamientos nacionales e internacionales relativos a los derechos de las mujeres, así como a las recomendaciones y orientaciones hechas al Estado Mexicano por instancias internacionales, como el Comité de la CEDAW y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, asumiendo así plenamente la responsabilidad y el compromiso con la seguridad, bienestar, libertad e igualdad de las niñas y mujeres mexicanas. Es importante destacar que una base fundamental para la elaboración de este Programa, en concordancia con el Principio Rector del PND: No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, fue el resultado de un ejercicio participativo y de consulta ciudadana, cuyo principal objetivo fue conocer de viva voz de las mujeres mexicanas sus necesidades, intereses y demandas, así como sus propuestas para responder ante ellas, teniendo como perspectiva una visión de futuro definida colectivamente. De este modo, los contenidos de este PROIGUALDAD responden a las voces de más de 4,000 mujeres que participaron en este proceso y compartieron sus saberes y experiencias en el periodo de julio a septiembre de 2019. En este ejercicio democrático de participación ciudadana se realizaron 32 foros denominados "Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México", uno por cada entidad federativa, los cuales se llevaron a cabo durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019. Se contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, servidoras y servidores públicos, integrantes y especialistas en la materia y mujeres que enfrentan diversas desventajas, múltiples formas de exclusión y factores de discriminación, a quienes históricamente se les ha excluido de participar en decisiones públicas: mujeres indígenas, afromexicanas, rurales, lesbianas, transexuales, con discapacidad, de la tercera edad, en pobreza y marginación, trabajadoras del hogar, migrantes, jóvenes, jefas de familia, amas de casa, jornaleras, campesinas, entre otras. Asimismo, el INMUJERES trabajó en coordinación con más de 40 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para definir las líneas programáticas susceptibles de integrarse al PROIGUALDAD 2020-2024. La información recopilada constituyó una base fundamental para la elaboración de este PROIGUALDAD 2020-2024, cuyos principales contenidos también se alinean con los principios rectores del PND de la Cuarta Transformación, que trazan un cambio sustancial en el diseño de las políticas públicas en México. La apuesta del Gobierno de México por un desarrollo sustentable, basado en el respeto a los derechos, de manera integral, incluyente y con justicia social, así como preservando el equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el aprovechamiento de recursos naturales y se integra en este PROIGUALDAD por medio del principio articulador Libertad e Igualdad, con énfasis en la libertad de las mujeres y la igualdad de género, en entornos sustentables. El PROIGUALDAD se alinea además con los principios del PND: Por el bien de todos, primero los pobres; Economía para el bienestar y No puede haber paz sin justicia. Las condiciones de vida de las mujeres y niñas en México mantienen rezagos sustantivos en salud, educación, ingresos, seguridad, propiedad de la tierra y en general, al conjunto de derechos que implica el bienestar, lo cual hace insoslayable la integración de estos principios en las políticas públicas. Se reconoce además que si bien todas las mujeres, de alguna manera, enfrentan limitaciones, brechas y discriminación por el sólo hecho de ser mujeres, algunas tienen mayores restricciones derivadas de factores de exclusión, desventaja social o discriminación, como la edad, etnicidad, condición de discapacidad, lugar de residencia, pobreza, entre otros. Atendiendo a ello, el PROIGUALDAD además de elaborarse bajo la perspectiva de género y de derechos humanos, incorpora los enfoques interseccional y multicultural. El Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024 establece como objetivo superior el bienestar general de la población mediante la construcción de un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales donde nadie quede excluido, la contribución del PROIGUALDAD al nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar integra el Eje General del PND denominado Política y gobierno, el cual contribuye al cambio de paradigma en seguridad, pues una de las apuestas de este Programa es contribuir a generar las condiciones de seguridad ciudadana necesarias y suficientes para que las mujeres y niñas recuperen la tranquilidad y gocen de libertad y entornos seguros y en paz, así como fortalecer los liderazgos de las mujeres en sus comunidades para construir una cultura de paz. Asimismo, este Programa contribuye prioritariamente a construir un país con bienestar, salud para toda la población y cultura para la paz, para el bienestar y para todos mediante el desarrollo de estrategias orientadas a garantizar los derechos de las mujeres a un trabajo digno, a la salud, a la educación, al bienestar y a una vida libre de violencia. Con ello, se propone impulsar el adelanto de las mujeres y su plena autonomía y participación económica, cultural, política y social, sin discriminación y con pleno respeto a la diversidad cultural, sexual, política y religiosa. De igual manera, tiene como atención cerrar brechas históricas de desigualdad, tanto entre mujeres y hombres, como entre los distintos grupos de mujeres, por lo cual prioriza la atención a grupos con mayor desprotección y desventajas históricas, como las mujeres indígenas con capacidades diferentes, afrodescendientes, trabajadoras del hogar, pobres, transexuales, entre otros grupos de mujeres que han enfrentado múltiples factores de discriminación y para quienes este gobierno de la Cuarta Transformación asume una responsabilidad histórica por mejorar sus condiciones y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Finalmente, integra estrategias dirigidas a detonar el crecimiento y participación económica de las mujeres en condiciones de igualdad y promover cambios culturales para revertir estereotipos y prejuicios de género, así como propiciar las condiciones laborales favorables para la igualdad mediante el apoyo a empresas y proyectos productivos impulsados por mujeres favoreciendo la inclusión de las mujeres en la propiedad. El punto de partida en la elaboración de este Programa es el saber que, pese a que se han registrado avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en el mejoramiento de ciertas condiciones de vida producto de la lucha organizada de las propias mujeres, la posición desigual que tienen respecto de los hombres sigue siendo injusta, amplia y lacerante en diversas esferas de lo social e incluso, surgen nuevas expresiones de desigualdad y violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, derivado del desarrollo excluyente propio de los gobiernos neoliberales y corruptos. De igual forma, se parte de reconocer que las desigualdades entre hombres y mujeres son producto de relaciones de poder marcadas histórica y culturalmente por la dominación masculina en todos los ámbitos de la vida social. Bajo este principio estructural, los distintos modelos de crecimiento económico y el desarrollo, nunca consideraron las problemáticas diferenciadas que afectan a niñas y mujeres, y reprodujeron condiciones de discriminación, lo cual generó efectos nocivos sobre los propios niveles de desarrollo de la sociedad, pues las mujeres representan más de la mitad de la población y no puede haber desarrollo sin ellas. Esta situación es particularmente sensible en mujeres con mayores desventajas estructurales. Las desigualdades referidas, tienen sustento bajo la prevalencia del sistema de dominación patriarcal el cual no sólo construye y reproduce las desigualdades entre hombres y mujeres, sino que las naturaliza entendiéndolas como inherentes a un supuesto orden biológico, legitimando con ello la desventaja de las mujeres en todas las esferas de la vida social, económica, política y de acceso al bienestar. Por lo que cualquier política que pretenda impactar en la igualdad entre mujeres y hombres debe tener en el centro de su estrategia la posibilidad de incidir en la transformación de estos factores estructurales de desigualdad, los cuales generan, entre otros, los siguientes efectos directos en la vida de las mujeres: Obstáculos para lograr su plena autonomía económica Las mujeres enfrentan limitaciones de género para contar con ingresos propios suficientes para alcanzar su autonomía económica. La división sexual del trabajo ha colocado a las mujeres como responsables casi exclusivas de las tareas asociadas a los trabajos reproductivos, domésticos y de cuidados, lo cual ha ocasionado menor acceso a las actividades productivas, oportunidades laborales bien remuneradas, servicios financieros y contar con un pleno desarrollo de capacidades que les permita lograr una plena autonomía económica. La ENOE (2018) muestra que la participación económica de las mujeres es de 43.7%, obteniendo en promedio ingresos inferiores a los hombres, el 53% cuenta con ingresos de hasta un salario mínimo, mientras que los hombres concentran el 70% con ingresos superiores a los 5 salarios mínimos; se destaca que la mediana en el ingreso mensual real de las mujeres para 2018 fue de 3,557 pesos mientras que en el caso de los hombres fue de 4,446, una diferencia de 25% (INEGI, 2018). Lo anterior, representan obstáculos para las mujeres y el desarrollo de su plena libertad y construcción de un proyecto de vida propio, afectando también su capacidad de decisión, su participación en espacios públicos de interacción social, y su capacidad para para salir de relaciones violentas o de poder con familiares o parejas y sus niveles de bienestar y desarrollo. Las mujeres siguen cargando con la responsabilidad principal en los trabajos domésticos y de cuidados. La distribución tradicional de estos trabajos les genera importantes limitaciones de tiempo para la realización de otras actividades productivas y educativas que les permita acceder a mayores niveles de autonomía y desarrollo, así como también les genera importantes costos emocionales y de salud que merman su calidad de vida. La Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo (ENUT, 2014) muestra que mientras las mujeres dedican a las labores domésticas y de cuidados no remunerados 46.9 horas a la semana en contraste, los hombres le dedican sólo 15.7 horas, es decir, la tercera parte. La situación de las mujeres cuidadoras que además tienen un empleo remunerado se agrava por la carencia de acceso a servicios de guarderías infantiles. Los datos de la ENOE 2018 muestran que 79.9% de las mujeres ocupadas no cuenta con acceso a esos servicios para sus hijos e hijas, siendo más grave esta situación para las trabajadoras de actividades agrícolas (96.4%), de servicios personales (93.9%) o comerciantes (87.9%). Asimismo, las mujeres tienen menor acceso a la cultura, esparcimiento y el deporte, en razón de su escasa disponibilidad de tiempo, recursos económicos, y las limitaciones que enfrenta para la toma de decisiones. Obstáculos y limitaciones para ejercer sus derechos al bienestar y a la salud. Las consecuencias de la desigualdad estructural en nuestro país, encuentra en el ámbito de la salud y el desarrollo humano integral de las mujeres y niñas mexicanas algunas de sus expresiones más preocupantes, pues impiden el pleno goce de sus derechos fundamentales. La sobre carga de trabajo en las mujeres, la persistencia de brechas de desigualdad de género, así como actitudes machistas, discriminadoras y violentas generan efectos graves en el bienestar y la vida de las mujeres, especialmente evidentes en la edad madura en la cual las consecuencias de las inequidades vividas desde la niñez en términos económicos, sociales, de acceso a la salud, a la educación y el bienestar repercuten con mayor crudeza, particularmente en mujeres indígenas, rurales, que viven en zonas con mayores niveles de marginación o enfrentan múltiples formas de exclusión. La inequitativa distribución de los servicios de salud pública entre territorios y grupos sociales, la prevalencia de prácticas discriminatorias por parte de las mismas personas encargadas de brindar la atención a la salud, así como la reproducción de los mandatos y roles de género que tienen consecuencias en la ausencia de prácticas de autocuidado entre las mujeres, representan sólo algunos de los principales problemas que las afectan. Con respecto a la salud sexual y reproductiva, hay dos temas que requieren especial atención: la prevención del embarazo adolescente y la garantía del aborto gratuito, legal y seguro. El primero, en cuanto representa niveles elevados de incidencia y requiere atención prioritaria por parte de las instituciones de salud pues México ocupó el primer lugar en este rubro entre los países de la OCDE en el año 2018. Respecto al segundo, resulta necesario velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, establecer excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto en aquellas entidades federativas en las que esto aún no sucede, y generar condiciones para su atención gratuita y en condiciones seguras por parte de las instituciones de salud. Con ello se busca garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y se acabe con el flagelo de las mujeres, principalmente pobres, que mueren en nuestro país por no acceder a un aborto legal y seguro. Persistencia de la violencia de género contra las mujeres y niñas que limita sus oportunidades de crecimiento y autonomía, impacta en su calidad de vida, deteriora su salud física y mental, tiene efectos profundos en sus proyectos de vida y en el desarrollo individual y colectivo. La violencia en contra de las mujeres y niñas en México es un problema social, multicausal y multidimensional de magnitudes alarmantes, pues 66.1% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, en cualquier ámbito (ENDIREH, 2016). A pesar de existir una estrategia institucional con el objetivo de eliminar cualquier forma de la violencia en contra de las mujeres y niñas mexicanas, este horizonte de cambio no ha logrado ser alcanzado. La raíz estructural que permite la continuidad de cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y niñas, sostenida en los desequilibrios de poder en las familias y en la sociedad, formas de control interpersonal y la posición de desventaja social de las mujeres frente a los hombres, perdura en nuestro país al ser legitimada por la cultura machista y misógina en un contexto patriarcal. Las formas de la violencia de género contra las mujeres referidas adquieren mayores niveles de gravedad en el caso de aquellos grupos o sectores que enfrentan mayores condiciones de exclusión, factores de vulnerabilidad o riesgo, o que cuentan con menores recursos para hacer frente a la violencia. Mujeres indígenas, afromexicanas, en situación de pobreza o marginación, de la tercera edad, adolescentes, jóvenes, niñas, dedicadas a las labores del hogar, en situación de reclusión, trabajadoras sexuales, lesbianas, trans, con discapacidad y migrantes, son especialmente susceptibles a ser violentadas. Restricciones en la libertad y toma de decisiones en los distintos ámbitos de la vida de las mujeres y subrepresentación en puestos de poder político, económico y social. Tanto en el plano personal, como familiar, político, económico y social, las mujeres se enfrentan cotidianamente a mecanismos sociales y culturales de control machista y exclusión que merman sus plenas capacidades para decidir ser, decir o hacer lo que consideran valioso y atender a sus propias necesidades, intereses y aspiraciones; como el derecho a decidir sobre su sexualidad, sus cuerpos, los ingresos familiares, sus ocupaciones, sus entornos comunitarios y sociales, el uso de su tiempo libre, entre otros aspectos. Una de las expresiones de las restricciones a la plena inclusión de las mujeres a espacios públicos y políticos, así como las limitaciones en la toma de decisiones en estos ámbitos, se expresa en la subrepresentación de mujeres en puestos de poder. En 2017, las mujeres representaban solamente 23% de las titulares de dependencias de la Administración Pública de las Entidades Federativas, 30% del total de magistradas y magistrados integrantes del pleno de los Tribunales Superiores de Justicia en los Estados, mientras que en 2016 sólo 11.5% de las presidencias municipales en el país eran encabezadas por una mujer. Esta subrepresentación de las mujeres en espacios clave de decisión política, además de contravenir la igualdad de género en el derecho a la participación política, ocasiona serios problemas para la inclusión de una agenda de género en el quehacer público que atienda las demandas y necesidades de las mujeres en el país. Restricciones a la autonomía, la movilidad, el bienestar y el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas por los altos índices de inseguridad y violencia prevaleciente en las comunidades y territorios en los que gestionan su vida. Como consecuencia de la llamada "guerra contra el narcotráfico" iniciada por Gobiernos neoliberales, en el año 2006, se generó un alza sostenida en los índices de criminalidad y de diversas violencias asociadas a la acción de grupos del crimen organizado en distintos territorios del país. Las violencias social, estatal y criminal presentes en el entorno tienen efectos importantes y profundos en la vida de las mujeres, pues éstas experimentan una sensación de inseguridad permanente; la ENVIPE (2018) indica que 82.1% de las mujeres se siente insegura. Las mujeres viven con miedo a ser víctimas de algún delito, como asalto o violación, tanto como a ser desaparecidas, levantadas o asesinadas en un fuego cruzado; ellas también se preocupan y tienen temor por la victimización de sus hijas e hijos, familiares o parejas sentimentales. Los espacios públicos representan un ámbito en que se expresan de manera concentrada los problemas de inseguridad, conflictividad y violencia social del país, y en ellos predominan las agresiones en contra de las mujeres, muchas de las cuales se expresan como acoso sexual. Todas y cada una de ellas repercuten en su toma de decisiones, afectando sus derechos a la autonomía, libertad, movilidad, seguridad, integridad y vida libre de violencia. Aunado a este grave problema, datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta de otra dimensión de las violencias que afectan a las mujeres relacionada con la criminalidad y la inseguridad. En el periodo de enero de 2015 a julio de 2019, hubo 2,220 víctimas de trata, 9,327 casos de mujeres desaparecidas del fuero común y 195 casos del fuero federal (RNPED, 2018). Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero de 2015 y julio de 2019 se han registrado 3,174 feminicidios. El acceso a la justicia social, la reparación del daño y la reconciliación para las mujeres víctimas de las violencias asociadas al entorno de criminalidad e inseguridad, representa hoy día un desafío de gran envergadura para la actual administración, pues sin ello el derecho de las mujeres a vivir en comunidades seguras y en paz no será alcanzable. Tomando en cuenta lo anterior, se estructura este PROIGUALDAD, que tiene como fin establecer la política nacional para avanzar en la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. Para ello ha definido los siguientes seis objetivos prioritarios que responden a las principales problemáticas enunciadas anteriormente: Objetivo prioritario 1. Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad. Alcanzar la independencia y promover la autonomía económica de las mujeres resulta estratégico para avanzar en el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Abona a cerrar brechas de desigualdad, a acabar con la precariedad que permea sus vidas, al empoderamiento, la toma de decisiones, libertad y construcción de un proyecto de vida propio, lo cual permite no solo lograr mayores niveles de bienestar y desarrollo sino también incrementar la participación de las mujeres en espacios públicos de interacción social, e incluso favorece las condiciones para abandonar relaciones violentas o de sometimiento con familiares o parejas. Objetivo prioritario 2. Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Resulta indispensable reconocer que los trabajos domésticos y de cuidados permiten a las personas mantenerse en vida, alimentarse, estar sanas, educarse y vivir en un hábitat propicio para su desarrollo y bienestar, por lo que aportan un valor social y económico sustantivo. Desde este reconocimiento, las estrategias para la atención a los trabajos domésticos y de cuidados se estructuran desde un enfoque de derechos, lo que implica generar las condiciones dignas, necesarias para garantizar el derecho de todas las personas a cuidar, cuidarse y ser cuidadas. Esto implica poner en marcha las políticas públicas para acercar bienes y servicios básicos, así como proporcionar los dispositivos necesarios para reducir el tiempo que las mujeres dedican a ellos y procurar la redistribución de las labores domésticas y de cuidados entre las y los integrantes de las familias, la comunidad, el Estado y el sector privado. Implica también generar las condiciones necesarias para que el ámbito productivo asuma su responsabilidad ante las necesidades domésticas y de cuidados de las personas y se rompa el paradigma del agente económico plenamente disponible y exento de necesidades personales y familiares. Objetivo prioritario 3. Mejorar las condiciones para mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos. El Gobierno de México asume su responsabilidad para generar las condiciones que permitan alcanzar el bienestar y la salud de las niñas, adolescentes y mujeres, prioritariamente en aquellas que enfrentan mayores rezagos y desventajas, lo cual contribuirá no solo al reconocimiento y goce de sus derechos humanos y al incremento de su calidad de vida, sino también al fortalecimiento de los hogares y comunidades en las que se desenvuelven para construir una sociedad más justa e igualitaria. Objetivo prioritario 4. Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad. Abatir la violencia de género contra las mujeres y las niñas es imprescindible. México no puede avanzar en mayores niveles de igualdad, desarrollo y bienestar si las mujeres y las niñas son violentadas solo por el hecho de ser mujeres, por lo que resulta fundamental impulsar estrategias en coordinación con diversas entidades y dependencias de Gobierno, así como con los tres órdenes de gobierno y poderes del Estado para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia de género contra las mujeres y las niñas (VCMNA). Objetivo prioritario 5. Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado. Una condición indispensable para el logro de la igualdad de género es que las mujeres sean actoras determinantes en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de toda iniciativa impulsada en esta dirección. Para ello, deben tener presencia sustantiva en la toma de decisiones tanto en los ámbitos públicos y gubernamentales, como en las diversas esferas de la vida social y en el ámbito doméstico. La experiencia histórica y el pensamiento crítico y feminista muestran que, en la medida en que las mujeres integren los espacios de decisión en paridad y además actúen desde una posición estratégica con efectiva vigencia de sus derechos humanos, se avanzará hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de manera más rápida, firme y sostenible. Objetivo prioritario 6. Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes. Garantizar entornos seguros, saludables y en paz para las mujeres, adolescentes y niñas es un objetivo prioritario para este Gobierno. No podemos avanzar como país si las mujeres, las adolescentes y las niñas tienen temor al salir de sus casas, si los niveles de inseguridad, violencia social y deterioro ambiental en las comunidades, colonias y territorios en los que gestionan su vida, les generan restricciones importantes en su autonomía y bienestar y vulneran sus derechos a la integridad, seguridad y movilidad. Los objetivos antes señalados se potenciarán mediante la plena inclusión de las mujeres en programas prioritarios de este gobierno como el de las Becas Familiares para el Bienestar; Tandas para el Bienestar; Programa Jóvenes Construyendo Futuro; Programa para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; Becas para el bienestar de educación media y superior; Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; Programa Fertilizantes para el Bienestar, entre otros. A partir de la puesta en marcha del PROIGUALDAD el Gobierno de México busca revertir factores de desigualdad, atender las necesidades y demandas más apremiantes externadas por las mujeres que participaron en los Foros de consulta y generar las condiciones para avanzar en la igualdad sustantiva entre las mujeres y las niñas. 6.- Objetivos prioritarios El PROIGUALDAD articula su Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a partir de la consecución de los siguientes objetivos prioritarios:
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad. Las mujeres enfrentan obstáculos importantes para lograr su plena independencia económica, los cuales son resultado de factores estructurales entre los cuales destaca la división sexual del trabajo que ha colocado a las mujeres como responsables casi exclusivas de las tareas asociadas al ámbito de la reproducción, como los trabajos domésticos y de cuidados. Derivado de la asignación de estas funciones, las mujeres han sido históricamente relegadas de las actividades que se desarrollan en la esfera de la producción. La ENOE (2018) muestra que la participación económica de las mujeres es de 43.7%(1) mientras que la de los hombres es de 77.5%, lo cual revela que si bien hay una creciente participación económica de las mujeres es aún distante de la preeminencia masculina en este ámbito. Las enormes limitaciones de tiempo que se desprenden de la realización de los trabajos reproductivos es una de las principales razones por la cual las mujeres acceden a ocupaciones más precarias que les generan ingresos insuficientes, irregulares y sin estabilidad ni seguridad laboral o social. Otra de las consecuencias de la división sexual del trabajo es que las mujeres se insertan en un modelo económico diseñado por y para los hombres, por y para el beneficio económico de grandes corporaciones, que no solo invisibiliza las necesidades domésticas y de cuidados de las personas y legitima la existencia de un agente económico ideal con plena disponibilidad para dedicarse de manera exclusiva a las labores productivas, sino que además desvaloriza las capacidades productivas de las mujeres. Esta desvaloración está reforzada por estereotipos de género que fomentan la desconfianza hacia el potencial, la experiencia y aporte productivo de las mujeres, pese a su creciente participación económica, y repercuten también en una notoria segregación ocupacional: las mujeres suelen concentrarse en actividades tradicionalmente femeninas que son menos valoradas y retribuidas económicamente. Los datos de la ENOE (2018) evidencian que las mujeres trabajan de manera centralizada en el sector terciario, en actividades tradicionalmente feminizadas como la educación, oficinistas, comerciantes y en servicios personales; laboran en actividades que les demandan jornadas laborales menores, obteniendo en promedio ingresos inferiores a los hombres. La mediana en el ingreso mensual real de las mujeres para 2018 fue de 3,557 pesos mientras que en el caso de los hombres fue de 4,446, una diferencia de 25% (INEGI, 2018).  De manera particular, las mujeres enfrentan condiciones desfavorables para una participación reconocida y valorada en el ámbito rural. El escaso acceso a la propiedad de la tierra agraria plantea un obstáculo fundamental para que las mujeres se constituyan en beneficiarias de opciones productivas. Asimismo, las mujeres hacen frente a la precariedad y lejanía de los servicios, infraestructura y equipamiento, lo que implica la prolongación de las jornadas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados. Aunado a esta falta de tiempo, las mujeres rurales enfrentan un mínimo acceso a guarderías (96% de ellas carecen de este servicio) y escaso acceso a créditos productivos y a bienes de producción. En el caso de mujeres indígenas esta situación se agrava por la exclusión cultural de la propiedad de la tierra y de la toma de decisiones en espacios comunitarios para el desarrollo. Participaron más de 4000 mujeres en los 32 Foros de Consulta "Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México", uno por cada entidad federativa, durante el periodo del 5 de julio hasta el 25 de septiembre de 2019 para la elaboración del PROIGUALDAD en cada foro se realizaron seis mesas de trabajo: 1) mujeres con mejor calidad de vida y salud, 2) compartir las labores de cuidado, 3) mujeres con independencia económica, 4) mujeres viviendo en comunidades seguras y en paz, 5) mujeres tomando decisiones y 6) mujeres libres de violencia; las cuales se desarrollaron bajo una metodología basada en los principios de participación, horizontalidad, inclusión, respeto y escucha; orientada a generar un encuentro y diálogo entre mujeres y generar acuerdos. Como parte de los resultados de las mesas de trabajo se identificaron importantes limitaciones y problemas a los que se enfrentan las mujeres para alcanzar plenamente su independencia económica. Se destaca que la realización de los foros tuvo por objeto conocer las principales problemáticas de las mujeres, sus intereses y necesidades, desde su propia voz y vivencias, a fin de que sus testimonios fueran el principal insumo para delinear la política pública en materia de igualdad de género, a fin de contrarrestar las problemáticas identificadas por las mujeres mediante estrategias y acciones puntuales presentes en el PROIGUALDAD. Durante el desarrollo de los Foros de Consulta se contó con la participación de grupos de mujeres indígenas, campesinas, jornaleras, afromexicanas, trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, jóvenes, mujeres migrantes, académicas, mujeres con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, cuidadoras, lesbianas y trans, así como mujeres de organizaciones civiles. Por lo que corresponde al ámbito cultural, las mujeres señalaron que les resultan altamente nocivos los cuestionamientos y restricciones que reciben por parte de familiares y parejas cuando buscan un empleo o emprender un proyecto económico propio, lo cual no solo les inhibe en sus iniciativas, sino que les significa falta de apoyos en su realización. Asimismo, enfrentan discriminación laboral por ser mujeres, en especial aquellas que están embarazadas, son madres o están en edad reproductiva, ante quienes las y los empleadores muestran resistencias para su plena incorporación, especialmente en puestos de mayor jerarquía o dirección. Por lo que compete a las condiciones y apoyos institucionales necesarios para su plena inserción productiva, las mujeres consultadas identifican la insuficiencia de servicios accesibles para atender las necesidades de cuidado, así como dificultades para el acceso a programas y apoyos productivos o financieros de gobierno, los cuales durante los sexenios pasados no han reconocido las condiciones, desventajas y necesidades específicas de las mujeres. Asimismo, en el tema educativo se reporta una significativa subrepresentación de mujeres en áreas productivas altamente redituables, como las vinculadas a las tecnologías de la información y comunicación, ingenierías, matemáticas, entre otras. Las condiciones laborales vigentes en el país, producto de un mercado de trabajo neoliberal diseñado bajo el supuesto de la existencia de un "trabajador ideal", masculino, plenamente disponible, explotable y exento de necesidades personales y de cuidados, son un factor problemático, no solo para la plena inserción productiva de las mujeres, sino también para garantizar condiciones de igualdad y bienestar en las actividades laborales y para una efectiva corresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidado. Las largas jornadas de trabajo, los permisos, los días de vacaciones, las licencias de maternidad y de paternidad y la falta de mecanismos claros para garantizar organizaciones productivas igualitarias inhiben tanto la participación de más mujeres en ámbitos laborales como la participación de los hombres en las labores de cuidado, al mismo tiempo que ocasionan que las mujeres que se integran lo hagan en climas y condiciones laborales desfavorables para una participación igualitaria. Ante estas problemáticas, el PROIGUALDAD en este objetivo impulsará seis líneas estratégicas que den una respuesta integral a las principales necesidades y obstáculos para avanzar en la autonomía económica de las mujeres. Estas estrategias consisten en fortalecer el marco normativo e institucional para la participación productiva de las mujeres en condiciones de igualdad, promover cambios culturales para revertir estereotipos y prejuicios de género, propiciar las condiciones laborales favorables para la igualdad, apoyar empresas y proyectos productivos impulsados por mujeres, ampliar la seguridad y protección social de mujeres con mayores desventajas y favorecer la inclusión de mujeres en la propiedad, uso y decisiones sobre bienes inmuebles y de producción. 6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. La organización social actual de las labores domésticas y de cuidados asigna fundamentalmente a las mujeres la responsabilidad de realizar todas aquellas actividades que permiten a las personas mantenerse en vida, desarrollarse emocional y físicamente, alimentarse, estar sanas, educarse y vivir en un hábitat propicio para su desarrollo y bienestar, sin que estas labores sean reconocidas social o económicamente. Esta asignación, casi exclusiva para las mujeres, representa grandes costos económicos, sociales, físicos y emocionales para ellas, tiene efectos profundos en la persistencia de la desigualdad entre mujeres y hombres, así como en la garantía de sus derechos. Las niñas mayores de 12 años y mujeres, dedican en promedio 48.5 horas a la semana a realizar trabajos no remunerados; en comparación, los niños mayores de 12 años y los hombres, invierten solo 19.5 horas semanales. (2) Los datos desglosados por tipo de actividad confirman que las niñas mayores de 12 años y mujeres duplican las horas de tiempo investido en la mayoría de actividades de trabajo doméstico no remunerado. Gráfico 1. Promedio de horas a la semana, por sexo, que dedica la población de 12 años y más a las actividades no remuneradas.  Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Las labores de cuidado son esenciales para el desarrollo emocional, psíquico, personal, social y económico, generan bienestar social, mejora en la calidad de vida y riqueza económica. Representan de facto un subsidio al capital en el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo y un subsidio al Estado cuando suplen deficiencias en la debida atención a personas enfermas. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados alcanzó un nivel equivalente a 5.1 billones de pesos durante 2017. En ese mismo año, las actividades realizadas por mujeres alcanzaron un valor per cápita anual de 55 mil 811 pesos, en tanto que las actividades realizadas por hombres se valoraron en 20 mil 694 pesos. Por lugar de residencia, se observa que el trabajo de cuidados que realizan las mujeres en ámbitos rurales alcanza valores más altos y registra una mayor brecha con respecto al que realizan los hombres (60,248 pesos contra 18,312 pesos, respectivamente). En tanto, el trabajo realizado por mujeres del ámbito urbano alcanzó un valor de 54 mil 320 pesos, mientras que los hombres realizaron el equivalente a un valor de 21 mil 409 en labores de cuidado. A pesar del valor que agrega a la sociedad y a la economía, el trabajo de cuidados que realizan las mujeres no se traduce en beneficios para ellas, sino que implica obstáculos para su autocuidado, desarrollo personal, proyectos de vida, laborales y profesionales y, en varios casos, deterioro de su salud mental y física. Las mujeres participantes en los Foros de Consulta realizados para la elaboración de este Programa señalaron de manera reiterada el desgaste físico y emocional que les genera esa sobrecarga de responsabilidades, así como las restricciones en la disponibilidad de tiempo y la libertad para gestionar su propia vida, las cuales se acentúan cuando deben atender a personas con discapacidad, enfermas o adultas mayores sin los apoyos necesarios. Asimismo, expresaron que las labores de cuidado y los trabajos domésticos limitan su preparación académica y restringen las posibilidades de acceso y ascenso en el mercado laboral, enfatizando que las empresas y espacios de trabajo valoran más a los hombres pues suponen están exentos de responsabilidades domésticas y tienen mayor disponibilidad para dedicarse al trabajo remunerado. Las participantes apuntaron que se requiere una redistribución del trabajo doméstico y de cuidados más justa, equitativa y corresponsable y plantearon la necesidad de establecer como un derecho universal el cuidar, ser cuidada y cuidarse. Uno de los principales problemas es que no se visibiliza la doble jornada laboral que realizan las mujeres. Algunas de ellas incluso realizan una tercera jornada laboral al llevar a cabo labores comunitarias para acceder a servicios que no disponen. La invisibilización y naturalización de la doble o triple jornada laboral ha ocasionado que el sistema de trabajo remunerado se organice sin considerar el trabajo doméstico y de cuidados, generando situaciones que crean tensión e impiden compatibilizar la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y de los hombres. La OIT ha señalado que existe una "penalización en el empleo vinculada a la maternidad", que se refleja sistemáticamente a nivel mundial en el hecho de que las mujeres madres de niñas o niños de 0 a 5 años registran las tasas de empleo más bajas. Por su parte, el trabajo doméstico remunerado suele realizarse en condiciones precarias y de desprotección social, pues fue hasta el 2019 que se realizaron reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer el derecho de las personas trabajadoras domésticas a la seguridad social. Sin embargo, aún es un pendiente generar mecanismos que garanticen condiciones dignas de trabajo a las personas que realizan esta labor, así como el acceso a prestaciones laborales en igualdad de condiciones que otros trabajadores. Si bien las mujeres, en general, enfrentan la carga y presión social por los cuidados y trabajos domésticos, su experiencia e intensidad están fuertemente determinadas por la condición socioeconómica, por ello, las políticas de cuidado deben tomar en cuenta las necesidades diferenciadas a las que se enfrentan las mujeres, a fin de reducir las brechas, no solo con los hombres, sino respecto de las mismas mujeres de otros estratos. A partir de este marco, el PROIGUALDAD estructura estrategias para la atención a las labores domésticas y de cuidados desde un enfoque de derechos, lo que implica crear las condiciones necesarias para garantizar el derecho de todas las personas a cuidar, cuidarse y ser cuidadas. Este enfoque conlleva reconocer el valor y la importancia de estas labores, generar las acciones necesarias para reducir el tiempo que las mujeres dedican a ellas, y procurar la redistribución de estas labores entre las y los integrantes de las familias, la comunidad, el Estado y las actividades económicas. Implica también generar las condiciones necesarias para que el ámbito productivo asuma su responsabilidad en los cuidados y rompa el paradigma del agente económico exento de necesidades personales y familiares. Este enfoque no solo contribuirá a cerrar brechas entre mujeres y hombres, sino a mejorar la calidad de vida de todas las personas. La política de cuidados contenida en este Programa está integrada por siete estrategias: fortalecer el marco institucional de los cuidados; incrementar la participación del Estado, la comunidad y el sector privado en el cuidado de las personas; ampliar el acceso a servicios de cuidado diseñados de acuerdo con las necesidades de las mujeres y de los hombres; promover la regulación y establecimiento de condiciones laborales compatibles con las responsabilidades familiares y necesidades de cuidado; promover la regulación y establecimiento de condiciones de trabajo dignas en el sector cuidados y trabajo del hogar; estimar y difundir el valor social y económico de las labores de cuidado y del hogar; e impulsar la transformación de prácticas y normas socioculturales para promover una distribución justa y equitativa trabajo del hogar. 6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos. En México, muchas mujeres enfrentan diferentes tipos de obstáculos para gozar de bienestar y ejercer su derecho a la salud. El bienestar está relacionado con el goce y ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas, con el desarrollo humano integral y con la percepción subjetiva de lo que es la calidad de vida para cada ser humano, por lo que incluye lo relativo a la educación, alimentación, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano, acceso al trabajo, seguridad social y salud. Gran parte de las brechas de género entre mujeres y hombres adultos mayores son el resultado de las inequidades que viven a lo largo de su vida. Los menores niveles de instrucción escolar en mujeres mayores de 30 años respecto a los de los hombres están asociados al privilegio que se ha dado a los hombres para estudiar. Esto se traduce en oportunidades diferentes para incorporarse al mercado de trabajo y con ello a la posibilidad de contar con una pensión por retiro o jubilación. Para el año 2050, se espera que la natalidad descienda, así como la mortalidad, por tanto, la población adulta mayor representará el 21.4% del total de la población, del cual el 56.1% serán mujeres.(3) Esto representará un reto importante para las generaciones futuras en términos de las garantías que deberá proporcionar el Estado para el ejercicio de los derechos de las mujeres adultas mayores. En el terreno educativo, México ha logrado disminuir significativamente la brecha de género en el acceso a la educación básica, y si bien en la actualidad las mujeres universitarias mexicanas se gradúan más que el promedio de los países de la OCDE en disciplinas tradicionalmente ocupadas por hombres, todavía están subrepresentadas en estas áreas y los índices de deserción de las mujeres a nivel bachillerato aún son altos.(4) Las desigualdades más significativas en la educación se asocian sobre todo a la condición étnica, pues las mujeres que hablan alguna lengua indígena van a la escuela un promedio de 4.5 años frente a 8.5 años para las mujeres no indígenas. Respecto al acceso a la vivienda, en 2015 se registraron 31.9 millones de viviendas particulares habitadas en México, de las cuales los hombres eran los propietarios del 56% y las mujeres del 35.3%; destacándose que dichas desigualdades de género eran más profundas en las áreas rurales, donde sólo el 30.1% eran propiedad de las mujeres. Los niveles de nutrición en la población también reflejan las desigualdades sociales y de género. La obesidad y el sobrepeso afectan principalmente a las mujeres. La ENSANUT 2012 arrojó que entre los años 2006 y 2012 el aumento combinado de sobrepeso y obesidad fue de 7% para mujeres y 3% para hombres.(5) Como fue referido por las propias mujeres en los Foros de Consulta, algunos de los desafíos a los que se enfrenta el actual gobierno en cuestión de salud de niñas, adolescentes y mujeres están relacionados con la salud sexual y reproductiva, la atención a mujeres con discapacidad, las adicciones, la obesidad, la violencia obstétrica, cáncer, cáncer de mama y cervicouterino. Además, las brechas de desigualdad a las que se enfrentan las mujeres y las niñas en materia de salud se ven acentuadas si pertenecen a poblaciones indígenas, rurales, afromexicanas, jóvenes, migrantes, de la diversidad sexual, adultas mayores, trabajadoras sexuales, trabajadoras domésticas, en reclusión o en condición de discapacidad. Un problema que presenta niveles elevados de incidencia y requiere atención prioritaria es el embarazo adolescente. Entre 1974 y 2009 las mujeres de 15 a 19 años habían reducido su tasa de fecundidad un 47%, sin embargo, la ENADID 2014 señaló que la tasa se incrementó en un 10.8% para 2012, lo que implicó una regresión. Y aunque para 2015 descendió, sigue estando por encima de los niveles de 2009 y está fuera de rango para los países miembros de la OCDE entre los cuales, México ocupaba el primer lugar en este rubro en 2018.(6) La alta incidencia del embarazo adolescente está relacionada con factores como la vulnerabilidad social, abandono, abuso, marginación, pobreza, falta de información y servicios de planificación familiar, además de un fuerte componente de violencia sexual. Detrás de todo embarazo adolescente existe un riesgo de salud alto tanto para la madre, como para sus hijos o hijas. Aunado a lo anterior, está el riesgo de padecer consecuencias sociales que limiten sus posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida en el futuro. En lo que refiere a las ITS, ha crecido la incidencia en la población femenil en casos de VIH y SIDA. En 1990 había una mujer diagnosticada por cada seis hombres, en tanto que para 2017 la relación fue de una mujer diagnosticada por cada cinco, afectando en mayor medida a mujeres de menores ingresos y escolaridad. En cuanto al aborto, dada su condición de delito penal en la mayoría de las entidades federativas y la poca atención por parte de las instituciones de salud, cada año miles de mujeres se someten a dicha práctica en condiciones que ponen en riesgo su vida. Según los datos de la ENADID 2014, el 8.8% de los embarazos de mujeres en edad fértil terminaron en aborto.(7) Por lo que respecta a la mortalidad materna, aunque ha disminuido en las últimas décadas, en México no se pudo alcanzar la meta comprometida para 2019 en los ODS, que era de 22.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. Los altos índices de mortalidad materna son un reflejo de las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres en los servicios médicos de atención obstétrica y son evidencia de desigualdad y rezago social a la que está asociada. Otro reto importante para los servicios de salud es la atención al cáncer de mama que, en nuestro país, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más.(8) Los roles y estereotipos de género tienen repercusiones también en su bienestar emocional. En el caso de las mujeres, éstas se enfrentan a situaciones de estrés derivadas de la sobrecarga de trabajo, además de las repercusiones por la violencia de género que muchas enfrentan, por lo que se requiere de servicios accesibles y con enfoque de género. Otro problema de salud pública en México es el consumo de drogas, el cual creció 205% entre 2011 y 2017, sobre todo entre las mujeres, siendo las niñas de 12 a 17 años el grupo que incrementó de manera más alarmante el consumo de drogas legales e ilegales.(9) En cuanto a la discapacidad, las cifras muestran una mayor prevalencia en las mujeres comparada con los hombres (3.8 y 3.3 millones, respectivamente), además de que tiene mayor incidencia en mujeres de 60 años y más, grupo de edad en el que una de cada dos mujeres presenta alguna discapacidad.(10) La atención del Gobierno de México al bienestar y la salud de las niñas y mujeres, prioritariamente de aquellas que enfrentan mayores rezagos y desventajas, contribuirá no sólo al reconocimiento y goce de sus derechos humanos y al incremento de su calidad de vida, sino también al fortalecimiento de los hogares y comunidades en las que se desenvuelven. En este marco, el PROIGUALDAD estructurará su política a partir de siete estrategias: fortalecer el marco institucional de las instancias de salud; fortalecer la adaptabilidad, accesibilidad y suficiencia de los servicios de salud; generar y difundir conocimiento sobre la salud y el bienestar; garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; impulsar cambios culturales para la autonomía, autocuidado y bienestar de las mujeres; prevenir y atender problemáticas específicas de salud de las mujeres; y ofrecer bienes y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida y bienestar de las mujeres. 6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad. Abatir la violencia de género contra las mujeres y las niñas es imprescindible. México no puede avanzar en mayores niveles de igualdad, desarrollo y bienestar, si las mujeres y las niñas son violentadas sólo por su condición de mujeres, por lo que resulta fundamental impulsar estrategias en coordinación con diversas entidades y dependencias de gobierno, particularmente con la SEGOB a través de la CONAVIM, para prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia de género contra las mujeres y las niñas. La violencia de género contra las mujeres y niñas se origina en la existencia de desequilibrios de poder y se expresa en diversos contextos, formas de control interpersonales y posiciones de desventaja social de las mujeres frente a los hombres. Tanto la construcción de sujetos violentos como de sujetos sociales que admiten o toleran acciones violentas en su contra están muy vinculadas a pautas de construcción y orientación de la identidad de género. Se trata de un problema social complejo, multicausal y multifactorial en el que confluyen aspectos sociales de distinta dimensión: estructural, institucional, comunitaria, familiar e individual. El "enfoque ecológico", propuesto por Heise (1994) a partir de la propuesta de Bronfenbrenner (1979), y que ha sido asumido por la OMS desde 2003, permite visualizar cómo se articulan dimensiones individuales, comunitarias y sociales en la explicación de la violencia contra las mujeres. Este enfoque permite visualizar las razones estructurales más profundas, como la desigualdad entre mujeres y hombres, la impunidad, la corrupción y la cultura de la ilegalidad, con factores de riesgo que constituyen circunstancias que incrementan las probabilidades de que una mujer o un grupo de mujeres viva situaciones de violencia o que una persona o grupo ejerza violencia. Construir una visión que combine lo macro y lo micro es necesario para que las políticas atiendan todos los niveles que dan vida a las distintas expresiones de la violencia contra las mujeres. Las consecuencias de la violencia contra las mujeres son muchas y en múltiples ámbitos, destacando las económicas y en la salud como las de mayor gravedad. Los efectos pueden ser permanentes o prolongados como es el caso de las discapacidades, daños en órganos internos, embarazos no deseados, abortos, infertilidad, depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos alimenticios, ideación suicida, entre otros. Estas consecuencias también pueden presentarse entre las personas que atestiguan violencia. Actualmente, la violencia contra las mujeres alcanza magnitudes significativas: según datos de la ENDIREH 2016, el 66.1% de las mujeres de 15 años y más han vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, en cualquier ámbito. Cabe destacar que la prevalencia de violencia contra las mujeres se ha mantenido en cifras similares a lo largo de la última década. El tipo de violencia más frecuente que viven las mujeres es la emocional (49%), seguida por la sexual (41.3%) y la física (34%). Destaca que el 29% de las mujeres ha vivido violencia patrimonial, económica o discriminación en el trabajo alguna vez en su vida. En lo que refiere a los ámbitos en que las mujeres son violentadas, la relación de pareja destaca como el más frecuente; seguido por el ámbito comunitario, el laboral y el escolar. Cabe destacar que el 78.6% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja actual o última no solicitó apoyo ni presentó una denuncia. Lo mismo ocurre con el 88.4% de las mujeres que ha experimentado violencia física y/o sexual por parte de un agresor distinto a la pareja en cualquier ámbito. Los homicidios, la expresión más grave de violencia contra las mujeres, muestran una preocupante tendencia creciente: entre 2010 y 2018 el INEGI registró 25,190 defunciones femeninas con presunción de homicidio, siendo 2018 el año con el mayor registro (3,633). También los registros de presuntos delitos de feminicidio se han incrementado, de enero de 2015 a julio de 2019 se contabilizan 3,174. Los registros de presuntos homicidios dolosos contra mujeres ascienden a 10,852 en el mismo período, 1,610 en los primeros siete meses de 2019, según lo reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En lo que refiere a la violencia física en el noviazgo, la Encuesta Nacional de Juventud 2010 muestra que 25.9% de las mujeres de 15 a 29 años han experimentado al menos un incidente de violencia física en la relación de noviazgo que tenían. Las entidades federativas con mayor prevalencia de violencia física contra las mujeres en el noviazgo fueron: Sinaloa (43.5%), Sonora (37.1%), Guerrero (36.7%), Estado de México (36.1%) y CDMX (35%). También evidencia que prácticamente la mitad de las mujeres jóvenes (44.8%) padece o ha padecido violencia psicológica en su relación de noviazgo. Este tipo de violencia también es más frecuente en Sinaloa (64.9%), seguido del Estado de México (55.7%), CDMX (55.6%), Guerrero y Jalisco con 53.7%, y Campeche (51.7%). En cuanto a la violencia sexual en el noviazgo, la misma Encuesta muestra que el 21.7% de las mujeres de entre 15 y 29 años de edad en México padecen o han padecido por lo menos en una ocasión dicho tipo de violencia, siendo nuevamente Sinaloa la entidad con mayor prevalencia (40.7%), seguida de Sonora (37.1%), Estado de México (34.7%), Guerrero y Querétaro, ambas con 32.3%. Las mujeres que asistieron a los foros, señalaron como problemáticas vinculadas a la violencia contra las mujeres la violencia psicológica por parte de sus parejas, la violencia sexual contra niñas y adolescentes, el acoso sexual en el transporte y los espacios públicos, el incremento en el miedo de las mujeres a salir a la calle, el feminicidio, abusos contra mujeres con discapacidad, así como la violencia contra mujeres transexuales y lesbianas, la violencia y acoso sexual contra jóvenes y activistas en redes sociales. En el ámbito de atención institucional al problema, las mujeres enfatizaron los obstáculos a los que se enfrentan, como falta de información sobre los mecanismos de atención y denuncia; personas servidoras públicas sin capacitación ni sensibilización en materia de violencia de género, que desconocen los protocolos de actuación y aplican procedimientos inadecuados; insuficiente seguimiento a las denuncias presentadas por mujeres; violencia institucional; instancias inoperantes por falta de recursos; mala utilización de recursos públicos; falta de apoyo y reparación integral de daños a víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia, incluyendo feminicidio; insuficiente apoyo psicológico especializado para víctimas de violencia; entre otros graves problemas. Si bien todas las mujeres y niñas enfrentan el riesgo de ser potenciales víctimas de violencia de género, sólo por el hecho de ser mujeres, existen grupos que tiene mayor desventaja y factores de vulnerabilidad, así como menores recursos para responder cuando son víctimas. Estos grupos, están integrados por mujeres indígenas, rurales, en situación de precariedad y pobreza, afromexicanas, mujeres reclusas, adolescentes, jóvenes, niñas, mujeres con discapacidad, migrantes y aquellas que viven en zonas con altos índices de marginación o delictividad. En este marco, el PROIGUALDAD integra siete líneas estratégicas orientadas a avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes: fortalecer el marco institucional; impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales; mejorar los servicios y los mecanismos de protección que brinda el Estado; fortalecer las acciones del Estado en la atención, impartición de justicia y reparación de daños; fortalecer y promover la autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes; generar, difundir e intercambiar conocimiento; y fomentar la participación activa, corresponsable, democrática y efectiva de los distintos sectores de la sociedad en la prevención de la VCMNA. Estas estrategias serán impulsadas en coordinación con las contenidas en el PIPASEVM, elaborado y coordinado por la CONAVIM. 6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado. Una condición indispensable para el logro de la igualdad de género es que las mujeres sean sujetas activas en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de toda iniciativa impulsada en esta administración. Para ello, las mujeres deben tener presencia sustantiva en la toma de decisiones tanto en los ámbitos públicos y gubernamentales, como en las diversas esferas de la vida social y en el ámbito doméstico. La experiencia histórica, el pensamiento crítico y feminista muestran que en la medida en que las mujeres integren los espacios de decisión en paridad y además actúen desde una posición estratégica con efectiva vigencia de sus derechos humanos, se avanzará hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de manera más rápida, firme y sostenible. En México, se han logrado avances sustanciales en el incremento de la presencia de mujeres en espacios de decisión gubernamental, ello en virtud del establecimiento a nivel constitucional del principio de paridad de género, el cual fue impulsado por movimientos de mujeres. En 2014 dicho principio se fijó para la postulación de las candidaturas partidarias para integrar las legislaturas federales y locales. Siendo vigente en la elección federal de 2015, permitió elevar sustantivamente la presencia de las mujeres en la Cámara de Diputados Federal. Actualmente, y como resultado de la elección federal de 2018, la Cámara de Senadores está integrada en un 50.8% por hombres y 49.2% por mujeres, en tanto que la de Diputados está integrada por un 51.8% por hombres y 48.2% por mujeres. Cabe destacar que, en el ámbito estatal, la composición de las legislaturas locales en 2019 es idéntica a la que se tiene en la Cámara de Diputados Federal, es decir, 50.8% de hombres y 49.2% de mujeres. Si bien el panorama anterior representa un avance en la mayor participación de las mujeres en el ámbito político institucional, en el resto de las instituciones del Estado, en las cuales se concentra el mayor poder político del país, sigue predominando la presencia de hombres, pues sólo el 6.3% de las gubernaturas de los estados las encabezan mujeres; 18% del Pleno de la SCJN son mujeres; 22.77% de las presidencias municipales son mujeres y 23.6% de las personas titulares de las instituciones que conforman la administración pública de las entidades federativas son mujeres. Aunada a la baja proporción de mujeres en esos espacios, las instituciones mismas se rigen por códigos, prácticas y valores androcéntricos, lo cual tiene efectos desfavorables tanto en la dinámica organizacional interna como en las políticas públicas que impulsan. Frente a este escenario, lograr que un mayor número de mujeres se incorpore a los espacios de poder constituye un objetivo estratégico para la transformación de la institucionalidad gubernamental a favor de la igualdad de género. Existen muchos retos para la participación de las mujeres fuera del ámbito partidista como son las candidaturas por la vía independiente y también en las formas de participar en las comunidades indígenas cuyos sistemas normativos internos también representan, en varios casos, barreras para la participación efectiva y libre de violencia por parte de las mujeres de la comunidad. Bajo esa consideración, es fundamental iniciar una política pública consistente en la amplia formación y capacitación de mujeres en todos los ámbitos y niveles para incrementar su presencia en todos los ámbitos de decisión, incluido el público gubernamental. No obstante este propósito, es imprescindible reconocer que este paso por sí solo no es suficiente para desmontar la cultura de desigualdad y discriminación por género que rige a la institucionalidad pública, por lo que debe complementarse con el empoderamiento de las mujeres, con la generación de condiciones organizacionales favorables a la igualdad y con el impulso de una agenda con perspectiva de género para la igualdad sustantiva. A este respecto, las mujeres que participaron en los Foros Estatales de Consulta para elaborar el Programa reiteraron la demanda de impulsar la igualdad sustantiva en aquellos ámbitos donde la presencia de las mujeres es aún menor y en donde las estructuras androcéntricas rigen. En el ámbito político electoral, por ejemplo, ni en su momento las cuotas de género ni hoy con el principio de paridad instalado se ha logrado eliminar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en las condiciones de participación política. Para lograr transformar esas condiciones se deben encontrar nuevas fórmulas que dejen atrás la mala utilización de recursos públicos que desde hace muchos años realizan los partidos políticos. En este ámbito político electoral, se debe dar prioridad al trabajo a favor de los sectores de mujeres más vulnerables del país, como son las mujeres indígenas. A pesar de que la población indígena constituye cerca del 21% del total, hoy se encuentra subrepresentada en todos los ámbitos de gobierno. Con relación a la participación político electoral, las mujeres participantes en los foros destacaron la desigual disponibilidad de recursos entre mujeres y hombres para participar; las resistencias por parte de los partidos y las instituciones públicas para cumplir con la paridad, en muchos casos mediante prácticas de violencia política en la competencia por cargos o bien en el ejercicio de los mismos; así como la desviación o el mal uso de recursos dirigidos a formar y fortalecer liderazgos políticos femeninos. También se debe propiciar la transformación de las condiciones que han dejado al margen de los espacios de decisión más inmediatos e igualmente importantes a las mujeres rurales, como lo son el comunitario y ejidal, pues como señalaron las mujeres participantes en los foros, son excluidas en razón de no ser ni propietarias ni poseedoras de la tierra, aunque sí la trabajen. En el ámbito laboral, la situación de exclusión de las mujeres en espacios de decisión es semejante. De acuerdo con datos de la OCDE, sólo 34.3% de los puestos gerenciales en México son ocupados por mujeres. Por su parte, el CONAPRED da cuenta que, del total de expedientes abiertos entre 2012 y junio de 2018 por actos de discriminación contra las mujeres, casi tres cuartas partes (73%) se dieron en el ámbito laboral y la principal causa de discriminación reportada "fue el embarazo (32%). La segunda causa principal fue el género (18%), y la tercera la discapacidad (15%)".(11) Con relación a ello, en los Foros de Consulta, las mujeres señalaron la inexistencia de apoyos empresariales para promover el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisión, así como para ejercerlos cuando tienen una oportunidad para ello, también rechazaron la cotidiana desvalorización que existe de los estilos femeninos de dirección y toma de decisiones. La falta de autonomía de una proporción importante de mujeres mexicanas en el ámbito privado, se expresa en que 12.4% de las mujeres de 15 años y más pide permiso a su pareja para trabajar por un pago o remuneración, en tanto 8.4% lo hace para visitar parientes o amistades. Al respecto, las mujeres participantes en los foros señalaron que parte de este problema es que, además de vivir sometidas a relaciones violentas, algunas de ellas se sienten inseguras como resultado y expresión de la violencia de género a la que están expuestas cotidianamente. Para responder a estos problemas y atender a las demandas y necesidades que tienen las mujeres, este Programa busca favorecer la igualdad sustantiva en la toma de decisiones entre mujeres y hombres mediante el impulso de cinco líneas estratégicas que buscan: fortalecer el marco de leyes y políticas; promover un cambio cultural para el reconocimiento de las capacidades políticas y la autonomía de decisión de las mujeres; mejorar las condiciones para su participación política electoral; y su participación en los ámbitos gubernamental, laboral, educativo y comunitario, para que se incorporen en la toma de decisiones en igualdad sustantiva con los hombres. 6.6.- Relevancia del Objetivo prioritario 6: Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes. Garantizar entornos seguros, saludables y en paz para las mujeres, adolescentes y niñas es un objetivo prioritario para esta administración. No podemos avanzar como país si tienen temor al salir de sus casas, si los niveles de inseguridad y violencia social en las comunidades, colonias y territorios en los que gestionan su vida les generan restricciones importantes en su autonomía y bienestar y vulneran sus derechos a la integridad, seguridad y movilidad. El contexto de criminalidad, conflictividad social, violencia e inseguridad prevalecientes en el territorio nacional, producto, entre otros factores de la ineficacia y simulación de las instituciones de Gobierno; sumado a la crisis ambiental, resultado de la contaminación y el cambio climático, genera una serie de problemas que impiden a las mujeres, adolescentes y niñas mexicanas vivir con libertad, tranquilidad, armonía, plenitud y dignidad en entornos sanos y seguros. Las problemáticas centrales que se atenderán por medio de este objetivo son: las consecuencias derivadas de la interacción entre inseguridad y violencia de género; el acceso a la justicia para mujeres víctimas; las condiciones del espacio y servicios públicos; crisis ambiental y cambio climático; y caminos para la reconciliación y la construcción de paz. La ENVIPE indica una tendencia creciente en el número de víctimas de delitos entre la población de 18 años y más ya que en el año 2017 a nivel nacional se registró una tasa de 29,746 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente superior a la registrada en 2016, que fue de 28,788 (INEGI, 2018).(12) Se estima que la cifra no reportada asciende al 93.2% de los delitos cometidos en todo el país. También indica que la incidencia delictiva en los delitos personales, es decir, "aquellos que afectan a la persona de manera directa y no colectiva," es mayor en los hombres para todos los tipos de delitos, sin embargo, la percepción de inseguridad en el periodo que va entre marzo-abril de 2017 fue mayor entre las mujeres pues alcanzó un 82.1% mientras que entre los hombres un 73.6%. Un factor explicativo para esta brecha en la percepción de la inseguridad se puede encontrar en las determinantes sociales de los roles de género, pues el papel de cuidadoras que desempeñan las mujeres se expresa en la preocupación por la seguridad de los otros tanto como por la suya propia. Las mujeres asistentes a los foros de consulta ciudadana manifestaron sentir miedo y temor constante no sólo por verse a sí mismas como víctimas del crimen e inseguridad sino también por las y los miembros de sus familias. En este contexto, delitos de extrema gravedad en contra de las mujeres son cometidos en nuestro país, como la desaparición o desaparición forzada. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de reciente creación, refiere que en el periodo de enero de 2014 a abril del 2018 hubo 9,327 casos de mujeres desaparecidas en el fuero común y 195 casos de fuero federal. Las víctimas indirectas de estas desapariciones, generalmente son las hijas e hijos de las propias mujeres desaparecidas, sus madres o familiares. Otra vertiente del contexto de inseguridad, criminalidad y violencia social que aqueja a amplias regiones del país es el desplazamiento interno forzado. En México, como resultado de la crisis de violencia e inseguridad vivida en estados asolados por la violencia criminal y social ha derivado en el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras en Estados como Coahuila, Michoacán, Durango, Chihuahua, Guerrero y Chiapas. Los grupos más afectados son las adultas mayores, mujeres, niñas e indígenas, quienes generalmente viven en condiciones de pobreza, desprotección y extrema vulnerabilidad ante el abuso sexual y las redes de trata. En este mismo sentido, las cifras aportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad para el periodo de enero 2015 a julio de 2019 indican que 2,220 mujeres fueron víctimas de trata. Este es un problema vinculado con la diversificación de actividades delincuenciales que mercantilizan los cuerpos de las mujeres y que encuentran en su explotación sexual una actividad delictiva altamente lucrativa. Es importante destacar que en contextos de criminalidad quienes violentan a las mujeres no sólo abusan de ellas o las asesinan, sino que utilizan la violencia sexual como un dispositivo para sembrar terror, mostrar poder y brutalidad, amedrentar a rivales o sentar complicidades. También, la violencia sexual en contra de las mujeres ha estado presente entre los cuerpos de seguridad policiales y militares que desempeñan labores de vigilancia en diversas regiones del país, por ello resulta de extrema urgencia fortalecer las políticas públicas de seguridad ciudadana, mediante la incorporación de la perspectiva de género para incrementar su eficacia. Finalmente, otro factor que incrementa los riesgos de las mujeres en sus entornos y territorios de vida es la crisis ambiental y el cambio climático. Ello debido a los roles de género, en donde las mujeres son responsables de asegurar la supervivencia de las familias, al proveerlas de recursos como agua, alimentos y combustibles. Es por esto que los efectos de la degradación ambiental, los cambios en los ciclos de la naturaleza, la contaminación de suelos y cuerpos de agua generan consecuencias devastadoras para las mujeres, especialmente pobres, indígenas y rurales, ya que aumenta su carga de trabajo cotidiana. Ante este panorama, las experiencias de vida de las participantes en los foros de consulta ciudadana en sus pueblos, comunidades y ciudades están mediadas por las violencias criminales, sociales o estatales ejercidas contra ellas o el temor de vivirlas. Indicaron como factores que acrecientan el miedo por su seguridad, las condiciones deficientes de la infraestructura urbana y el transporte público. Para ellas una necesidad urgente de resolver es la insuficiencia de alumbrado público en las calles y la cobertura de red eléctrica en las zonas rurales; el descuido de banquetas y zonas peatonales; la falta de vigilancia y botones de pánico; así como la inadecuada distribución del espacio para el tránsito de mujeres con alguna discapacidad. De igual forma indicaron que el acoso y hostigamiento sexual que viven especialmente las mujeres jóvenes y adolescentes tanto en unidades de transporte público y taxis, como en las calles de pueblos y ciudades, intensifican su sensación de inseguridad y miedo en el espacio público. Todo ello limita su movilidad, el ejercicio de sus derechos fundamentales, su desarrollo integral, su libertad y tiene consecuencias negativas en su salud emocional. En la actualidad no se cuenta con información clara que permita profundizar en los efectos que la violencia social y la inseguridad ciudadana genera en las mujeres. Sin embargo, se sabe que la falta de acceso a la justicia a las mujeres víctimas asociada a la corrupción e impunidad en el ámbito judicial tiene consecuencias profundas. Las mujeres asistentes a los foros identificaron los factores que contribuyen a ello. Uno se relaciona con el desconocimiento de sus propios derechos, inoperancia del debido proceso; falta de protocolos y acceso a recursos judiciales adecuados y efectivos para las mujeres víctimas; ausencia de protección a las mujeres y reparación efectiva a las víctimas. Este objetivo se integra por cinco líneas estratégicas: fortalecer el marco institucional; generar, difundir e intercambiar conocimiento para explicar y comprender las causas y los efectos de las violencias e inseguridad en las mujeres; mejorar los servicios de denuncia, investigación, impartición de justicia y reparación de daños; fortalecer con liderazgos de mujeres la cohesión y organización comunitaria; incorporar la perspectiva de género la mejora de los espacios públicos; impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales, y garantizar atención integral a grupos con mayor vulnerabilidad y riesgo. 7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales El PROIGUALDAD articula su Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a partir de la consecución de las siguientes estrategias prioritarias y acciones puntuales: Objetivo prioritario 1.- Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad. Estrategia prioritaria 1.1 Fortalecer el marco normativo e institucional para la participación económica de las mujeres en condiciones de igualdad.
Estrategia prioritaria 1.2 Promover la eliminación de actitudes y comportamientos sexistas para la plena e igualitaria participación de las mujeres en actividades económicas.
Estrategia prioritaria 1.3 Favorecer la inserción laboral de las mujeres en un marco de igualdad, no discriminación y trabajo digno y decente.
Estrategia prioritaria 1.4 Impulsar programas y reformas que permitan mejorar las condiciones laborales y ampliar la seguridad y protección social de las mujeres trabajadoras.
Estrategia prioritaria 1.5 Impulsar las actividades productivas de mujeres con mayores desventajas para favorecer iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
Estrategia prioritaria 1.6 Favorecer la inclusión de mujeres en la propiedad, uso y decisiones sobre la vivienda y bienes de producción incluidos la tierra y recursos naturales, a fin de fortalecer su patrimonio.
Objetivo prioritario 2.- Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Estrategia prioritaria 2.1 Fortalecer el marco institucional relativo a los trabajos domésticos y de cuidados a fin de garantizar modelos de actuación favorables a la corresponsabilidad, el reconocimiento y el ejercicio digno de dichas labores.
Estrategia prioritaria 2.2 Ampliar el acceso a servicios de cuidados para que sean adecuados, oportunos, de calidad y diseñados con perspectiva de género.
Estrategia prioritaria 2.3 Impulsar el incremento de la participación del Estado y el sector privado en el cuidado de las personas para organizarlos de manera corresponsable y equitativa.
Estrategia prioritaria 2.4 Impulsar medidas que favorezcan la transformación de prácticas y normas socioculturales para promover la redistribución justa y equitativa de los trabajos de cuidados y del hogar
Estrategia prioritaria 2.5 Promover el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados a fin de que se desempeñe en condiciones decentes y dignas
Estrategia prioritaria 2.6 Estimar y difundir el valor social y económico de las labores de cuidado y del hogar para avanzar en su reconocimiento
Estrategia prioritaria 2.7 Promover la regulación y establecimiento de condiciones laborales compatibles con las responsabilidades familiares y necesidades personales de cuidado, para las personas que tienen empleo remunerado.
Objetivo prioritario 3.- Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos. Estrategia prioritaria 3.1 Fortalecer el marco institucional de las instancias de bienestar y salud que brindan atención directa a la población a fin de garantizar que sus servicios sean accesibles, de calidad, con pertinencia cultural, respeto a la diversidad y a los derechos de las mujeres.
Estrategia prioritaria 3.2 Ofrecer bienes y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida y bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes.
Estrategia prioritaria 3.3 Impulsar cambios culturales favorables a la autonomía, autocuidado y bienestar de las mujeres, adolescentes y niñas.
Estrategia prioritaria 3.4 Fortalecer la accesibilidad, calidad y suficiencia de los servicios de salud a mujeres con mayores desventajas.
Estrategia prioritaria 3.5 Generar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
Estrategia prioritaria 3.6 Prevenir y atender problemáticas específicas de salud de las mujeres, adolescentes y niñas.
Estrategia prioritaria 3.7 Generar, difundir e intercambiar conocimiento sobre la salud y el bienestar en las mujeres a fin de sustentar mejores estrategias de prevención y atención.
Objetivo prioritario 4.- Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad. Estrategia prioritaria 4.1 Fortalecer el marco institucional para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
Estrategia prioritaria 4.2 Impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales para fomentar una cultura libre de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, con perspectiva de género e interseccional.
Estrategia prioritaria 4.3 Mejorar los servicios y los mecanismos de protección que brinda el Estado a mujeres víctimas o en riesgo de violencia, para garantizar su seguridad y la de sus hijas e hijos, a fin de prevenir más violencia o feminicidios.
Estrategia prioritaria 4.4 Fortalecer las acciones del Estado en la atención, impartición de justicia y reparación de daños en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo el feminicidio, para garantizar una respuesta eficaz y apegada a los enfoques de derechos, género e interseccional.
Estrategia prioritaria 4.5 Desarrollar acciones para fortalecer y promover la autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes especialmente aquellas con mayores desventajas relativas y discriminación como indígenas, afromexicanas, con discapacidad, entre otras.
Estrategia prioritaria 4.6 Generar y difundir conocimiento sobre las causas, efectos, características y magnitud de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo el feminicidio, así como la eficacia de las políticas para su prevención, atención y sanción.
Estrategia prioritaria 4.7 Fomentar la participación activa, corresponsable, democrática y efectiva de los distintos sectores de la sociedad en la prevención de la VCMNA, para detonar cambios significativos y sostenibles en favor del derecho de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia
Objetivo prioritario 5.- Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado. Estrategia prioritaria 5.1 Fortalecer el marco institucional y de política pública para favorecer la participación sustantiva e igualitaria de las mujeres.
Estrategia prioritaria 5.2 Impulsar el cambio cultural de la sociedad mexicana a favor del reconocimiento de las capacidades políticas y la autonomía de decisión de las mujeres.
Estrategia prioritaria 5.3 Promover la transformación de los ámbitos comunitarios, laborales y educativos para favorecer la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones.
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