PROGRAMA Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024. Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 1.- Índice 1.- Índice 2.- Fundamento normativo de elaboración del programa 3.- Siglas y acrónimos de Ciencia, Tecnología e Innovación 4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa 5.- Análisis del estado actual 6.- Objetivos prioritarios 6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Promover la formación y actualización de especialistas de alto nivel en investigación científica, humanística, tecnológica y socioeconómica que aporten a la construcción de una bioseguridad integral para la solución de problemas prioritarios nacionales, incluyendo el cambio climático y así aportar al bienestar social. 6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Alcanzar una mayor independencia científica y tecnológica y posiciones de liderazgo mundial, a través del fortalecimiento y la consolidación tanto de las capacidades para generar conocimientos científicos de frontera, como de la infraestructura científica y tecnológica, en beneficio de la población. 6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Articular a los sectores científico, público, privado y social en la producción de conocimiento humanístico, científico y tecnológico, para solucionar problemas prioritarios del país con una visión multidisciplinaria, multisectorial, de sistemas complejos y de bioseguridad integral. 6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Articular las capacidades de CTI asegurando que el conocimiento científico se traduzca en soluciones sustentables a través del desarrollo tecnológico e innovación fomentando la independencia tecnológica en favor del beneficio social, el cuidado ambiental, la riqueza biocultural y los bienes comunes. 6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Garantizar los mecanismos de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico y sus beneficios, a todos los sectores de la población, particularmente a los grupos subrepresentados como base del bienestar social. 6.6.- Relevancia del Objetivo prioritario 6: Articular la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, IES y centros de investigación, para optimizar y potenciar el aprovechamiento y reutilización de datos e información sustantiva y garantizar la implementación de políticas públicas con base científica en beneficio de la población. 7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales 8.- Metas para el bienestar y Parámetros 9.- Epílogo: Visión hacia el futuro 10.- Lista de dependencias y entidades participantes Anexo 1.- Entidades de la APF que desarrollen investigación científica 2.- Fundamento normativo de elaboración del programa Con fundamento en los artículos 1o., 2o., 25 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la base de la organización política y el orden jurídico del Estado mexicano es la soberanía de su Nación pluricultural, misma que reside esencial y originalmente en el pueblo y en cuyo beneficio las autoridades dotadas de legitimidad democrática ejercen el poder público mediante instituciones garantes de los derechos humanos y del desarrollo económico, social y sustentable. Por su parte, el artículo 3o. de la propia Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica, en congruencia con los artículos 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que definen el contenido esencial del llamado derecho a la ciencia como el derecho humano a participar y gozar del progreso científico y de los beneficios que de él resulten. En consecuencia, la Carta Magna reconoce la obligación del Estado de apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, además de garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, debiendo para tales efectos proveer recursos y estímulos suficientes, de conformidad con las bases de coordinación, vinculación y participación que prevea la legislación vigente. Al respecto, el artículo 1o. constitucional ordena a las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, el ejercicio del derecho a la ciencia se vincula orgánicamente con el goce de otros derechos fundamentales como los relativos a la participación e información, pero también a la salud, el agua, la biodiversidad o la educación y la cultura. Igualmente, el derecho a la ciencia forma parte esencial del derecho al desarrollo sostenible, bajo cuya premisa todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan ejercer plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. En correspondencia con lo anterior, el artículo 73 constitucional faculta al Congreso mexicano a expedir leyes tendientes a la promoción de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional, así como para legislar en materia de CTI, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, además de la participación de los sectores social y privado de la economía, con el objeto de consolidar el SNCTI. En este proceso, acogemos el contenido básico del derecho a la ciencia explicitado por la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, basado en: a) el acceso de todos, sin discriminación, a los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones, incluido el conocimiento científico; b) oportunidades para todos de contribuir a la actividad científica y la libertad indispensable para la investigación científica; c) la participación de individuos y comunidades en la adopción de decisiones y el derecho conexo a la información, y; d) el fomento de un entorno favorable a la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología. Finalmente, y en concordancia con lo anterior, el Conacyt desea colaborar en el gran esfuerzo nacional convocado por el Poder Ejecutivo Federal, a partir del 1 de diciembre de 2018, para atender las necesidades y hacer realidad los derechos colectivos de los grupos subrepresentados que históricamente han padecido una discriminación estructural al interior de la sociedad mexicana. En tal sentido, el Consejo reconoce la valía del conocimiento que tiene una tradición ancestral, que sigue regenerándose y aplicándose en las comunidades rurales de México, así como, las innovaciones de todo tipo provenientes de las colectividades étnicas y afrodescendientes además de las aportaciones de núcleos campesinos y populares, quienes son custodios y responsables de nutrir territorios y espacios multiculturales donde se conserva y renueva día a día el de por sí amplio acervo constitutivo de la riqueza biocultural de nuestro país, comprometiéndose con su salvaguardia y protección en el ámbito de su competencia legal. Lo anterior en consonancia con el mandato del artículo 2o. de la Constitución que ordena al Estado mexicano reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, así como en apego a las previsiones relativas del artículo 27 constitucional y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que se reconoce que los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo, así como a la ordenación adecuada del ambiente. Sobre este marco jurídico sustantivo y con fundamento en los artículos 26 constitucional, 9o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 8o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 16, 22, 26, 26 BIS, 28, 29 y 30 de la Ley de Planeación, 2 fracción I de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2, 12, 13, 20 y 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 29 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como sobre la base de los referidos instrumentos y estándares internacionales relativos al derecho humano a la ciencia, el acceso universal a sus beneficios y la libertad de investigación, se presenta el PECiTI 2021-2024, con la intención de contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales de la vida del pueblo de México desde las humanidades, las ciencias, las tecnologías y los procesos de innovación y acceso público y social a los conocimientos. Cabe mencionar que el PECiTI 2021-2024 contempla la formulación del PDBB, con fundamento en los artículos 21 fracción V, y 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 5 fracción XVII, 8 fracción V, 34 fracciones I, II y IV del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 19 fracción V, 28, 29 y 30 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; 9 fracción XIV y 10 fracción XI del Reglamento de la CIBIOGEM, y 2 de las Reglas de Operación de la CIBIOGEM. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la entidad responsable de coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del PECiTI 2021-2024. 3.- Siglas y acrónimos de Ciencia, Tecnología e Innovación
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia. 5.- Análisis del estado actual 5.1 Introducción: Contexto Nacional El diagnóstico presentado por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que ve con justeza en el régimen económico neoliberal las causas de la crisis nacional, es adecuado como marco general para un nuevo programa estratégico para el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación en México. La construcción de soluciones verdaderas y sustentables para los problemas a los que se enfrenta nuestra nación requieren con urgencia la acción concertada de académicos, científicos y tecnólogos, en armonía con las instituciones que salvaguardan los intereses nacionales. En este sentido la presente administración reconoce la significación cultural del quehacer científico y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 aclara que la generación de conocimiento científico se pervierte cuando se le orienta en exclusiva a la gestación de resultados con valor de mercado, tal y como ha estado aconteciendo debido a la imposición de la lógica neoliberal en el ámbito científico-tecnológico y en su entorno educativo. La mercantilización a ultranza de los procesos de generación de conocimiento y de formación de recursos humanos de alto nivel tiene implicaciones éticas profundas, y en sentido estricto podrían estar destruyendo a la ciencia y a las universidades de raíz. Este proceso nocivo de mercantilización supedita la generación de conocimiento a intereses corporativos contrapuestos al interés público. El énfasis mercantil de las tecno-ciencias en el mundo neoliberal globalizado ha implicado el desarrollo de tecnologías peligrosas, con poco o nulo contenido científico, que no toman en cuenta los límites de la naturaleza , son ajenas a los criterios de sustentabilidad y dejan de lado las consideraciones sociales, humanitarias y éticas. Por ello, es importante que la recuperación de industrias nacionales se base en generación de conocimiento novedoso y tecnologías bien evaluadas y sustentadas, adecuadas para nuestro entorno y el fin productivo que se plantea y que prioriza el interés público. Es fundamental que en México se dote de una política de Ciencia, Tecnología e Innovación propia y no se adhiera, adapte o siga modelos establecidos globalmente. Esto último sólo profundiza la dependencia científica y tecnológica, anulando en los hechos la soberanía nacional. Las aportaciones científicas contribuyen a avanzar el conocimiento y superar paradigmas anteriores. Si no ocurre esto, no hay ciencia. Los modos de hacer ciencia pueden ser distintos y estar influenciados por los contextos económico-políticos, culturales o inclusive ideológicos de los países, pero en cada caso, la investigación científica es la que hace contribuciones novedosas al conocimiento. Por ello, es incorrecto distinguir entre ciencia básica y ciencia aplicada. Aunque sí se puede hablar de ciencia orientada que favorezca descubrimientos novedosos valiosos para entender, prevenir o resolver problemáticas particulares. El papel del Gobierno Federal en esta materia es primordialmente el de apoyar la ciencia pública, al fortalecer las capacidades nacionales de formación de recursos humanos de alto nivel, priorizando la formación de nuevos científicos mexicanos que contribuyan al desarrollo de la investigación científica, sin embargo la realidad es otra ya que la comunidad científica se encuentra sumida en el sostenimiento de esquemas de producción de conocimiento que puede ser irrelevante y estéril y un número importante de investigadores son maniatados mediante la imposición de mecanismos de evaluación de índole productivista de la actividad científica. Si bien el Sistema Nacional de Investigadores ha contribuido a la credencialización de la investigación científica, estabilizando laboralmente una comunidad importante de científicos, también ha dado lugar a prácticas de simulación al privilegiar la cantidad sobre la calidad en la producción de conocimiento científico. La lógica administrativa llevada a cabo por los gobiernos neoliberales ha dado lugar a procesos de transferencia de recursos que privilegian intereses privados ajenos al interés público. En los últimos años se ha destinado desde el Conacyt una proporción muy considerable de recursos a proyectos de empresas privadas (en numerosos casos multinacionales), que en la práctica no realizan ninguna clase de investigación científica y se han alimentado proyectos tecnológicos guiados por un interés privado más que público y/o con base en paradigmas ya superados o conocimiento generado tanto fuera como dentro de México en épocas pasadas. En el mejor de los casos, muchos de los proyectos apoyados bajo diferentes esquemas de participación, no siempre fueron fundados en la competencia equitativa por los recursos, sino por el contrario, fueron producto de la confirmación y replicación de datos o propuestas ya comprobadas en otros países, lo que ocasionó que no se genera conocimiento nuevo y nacional. 5.2 Política de CTI (2001-2018) Al igual que en el resto de la Administración Pública Federal, en materia de ciencia y tecnología el cambio de régimen implica grandes retos, pero también abre oportunidades invaluables para impulsar un profundo proceso de cambio que permita que la política de Estado en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico se ubique a la altura del presente y contribuya al desarrollo nacional integral y al bienestar social, tal y como lo exigen los 12 principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. El PECiTI 2021-2024 es un instrumento de política pública que tiene como objetivo exponer los problemas del país en materia de ciencia, tecnología e innovación, así como prever sus soluciones en una proyección sexenal, siendo su sentido profundo contribuir al diagnóstico y a la solución de los grandes problemas nacionales referidos en el PND 2019-2024 a partir de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El programa especial en materia de ciencia, tecnología e innovación se ha elaborado desde 2001 y hasta la presente administración, se han operado tres programas especiales, los cuales han dado continuidad y han profundizado la política en el quehacer de CTI. En términos de impacto económico, social, cultural y ambiental, así como de desarrollo institucional, de capacidades e infraestructura de CTI y de ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia, sus resultados se pueden calificar de manera cualitativa como dudosos, mediocres o francamente negativos, dependiendo del indicador usado. De todos estos, quizá el que más destaca es el del desarrollo de infraestructura; en este ámbito se detecta falta de equidad, de uso eficiente o de beneficio social y, en ocasiones, nacional(1). En particular, el Programa del sexenio anterior tuvo como propósito explícito guiar al país en la transición hacia una economía basada en el conocimiento. Tal aspiración se motivó en la idea de que la competitividad depende de la capacidad empresarial de innovar y generar condiciones que permitan tener éxito en los mercados globales y locales, por lo que, si se trataba de impulsar el crecimiento, entonces, era necesario generar una política pública orientada a fomentar la innovación. Paradójicamente bajo el supuesto del libre mercado, la intervención del Estado en el sector debía limitarse a crear un ambiente favorable a las acciones de innovación empresarial, mediante la eliminación de trabas regulatorias y administrativas. Asimismo, la intervención estatal debía favorecer los flujos de información, establecer incentivos económicos para los agentes que participaran directa y exitosamente en actividades de innovación, además de generar las condiciones que facilitaran la vinculación entre las instituciones de educación superior y los Centros Públicos de Investigación (CPI) con las empresas. Aún bajo esta lógica, la política de mercantilización de la CTI no garantizó que México creciera en términos de eficiencia y se convirtiera en una "sociedad del conocimiento dinámica y fortalecida". En contraste, bajo la mirada actual, "el mercado no sustituye al Estado" como principio rector y, por tanto, impele a todos los servidores públicos a reivindicar el rol de garante del Estado mexicano y su papel como rector del desarrollo nacional, donde las ciencias y las tecnologías, incluidas las humanidades y ciencias sociales, están llamadas a desempeñar un rol estratégico. Es importante no olvidar que los responsables en administraciones pasadas de la política de CTI no cumplieron con varios de los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enlistados arriba o de sus propios planes nacionales de desarrollo. Adicionalmente, la gestión pública de CTI se desenvolvió en medio de principios y prácticas alejadas de las que rigen el servicio público de la Cuarta Transformación. Ahora rige el principio de Austeridad Republicana que está ya liberando recursos para las funciones y obligaciones sustantivas del Estado. Los primeros datos apuntan a que las autoridades encargadas de coordinar el ejercicio de los recursos destinados al SNCTI en administraciones anteriores, no priorizaron el avance del conocimiento desde México, la soberanía científica o tecnológica nacionales, y tampoco aseguraron que los jóvenes formados en el extranjero con apoyo público, se quedaran en nuestro país a rendir sus mejores frutos. Con ello, en 25 años se generó un éxodo de más de 1.2 millones de mexicanos altamente calificados que dan su talento en empresas y universidades del extranjero. Este hecho constituye un preocupante pasivo para el país. En suma, en las gestiones pasadas, la innovación estuvo por encima del interés público o el bien común. En contra de tal tendencia, uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación señala que "Por el bien de todos, primero los pobres". Por su parte, las leyes de CTI fueron modificadas en diferentes ocasiones, básicamente con el objetivo de consolidar la vinculación con el sector privado y la innovación como ejes fundamentales de las actividades de CTI, bajo esquemas de productividad y competitividad, que buscaban asegurar el control del SNCTI a través de diversos mecanismos e instancias de gobernanza excluyente, corporativa y de intermediarios. Estas tendencias incluso llevaron a la precarización y desarticulación de las condiciones de trabajo de los científicos y académicos, que a falta de salarios dignos se sometieron a criterios de competitividad mediante diversos estímulos, que finalmente implican grandes costos de administración al Estado y no han permitido garantizar las condiciones de trabajo y seguridad que requieren los académicos y científicos. En contraste, no debemos olvidar que "Democracia significa el poder del pueblo", tal como lo establece el PND 2019-2024. Así, como nota característica de las anteriores políticas de CTI, se diseñó un marco jurídico e institucional a modo para trasladar recursos del pueblo de México al sector privado, sin beneficio público o social observable y efectivo. Es decir, los esquemas y mecanismos de apoyo sirvieron para que empresas privadas, con la mediación de instancias estatales, usaran dinero público para financiar sus emprendimientos sin riesgos ni costos propios y sin responsabilidad social alguna. Asimismo, en no pocas ocasiones, los apoyos de CTI solventaron obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas en materia de desarrollo social, infraestructura y prestación de servicios públicos, sin relación o con poca vinculación con actividades de CTI. Incluso asociaciones civiles y diversas entidades privadas sacaron provecho indebido del régimen de apoyos de CTI. Algunos ejemplos significativos de lo ocurrido durante el periodo analizado y que son muestra del estado del sector de CTI hasta 2018 son los siguientes: · El Conacyt tiene dentro de sus atribuciones la generación de estadísticas en materia de CTI. A lo largo del sexenio anterior se inflaron los datos para representar una realidad falsa y maquillada del estado de la ciencia y la tecnología en el país. En 2016, por ejemplo, México reportó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una contribución de 0.49% de su PIB al GIDE. Sin embargo, la cifra real para ese año fue de 0.39%. Esto se debió a que se alteró arbitrariamente la metodología internacional establecida en el Manual de Frascati para aparentar un entorno más positivo(2). · El Índice Global de Innovación, instrumento basado en datos de la OMPI, a través del que se miden resultados de las capacidades y el éxito en innovación de las economías a nivel mundial, demuestra que de 2013(3) a 2018(4) México ganó 7 lugares, pasando del lugar 63 al 56. No obstante y paradójicamente, en el mismo periodo perdió 16 lugares en materia de eficiencia, pasando del 56 al 72. Es decir, a pesar de que el gobierno anterior destinó mayores recursos para el apoyo a la innovación del país, la eficiencia fue menor: con más se hizo menos. · Entre 2013 y 2018, como consta en los registros administrativos derivados de los diferentes programas que opera el Conacyt, el Gobierno abandonó la ciencia básica, aquella que avanza la frontera del conocimiento y que ahora referimos como Ciencia de Frontera. Incluso en 2017 y 2018 no se otorgaron recursos a los investigadores para la misma; también se fue disminuyendo el apoyo para renovar o mantener su infraestructura. Esto se reflejó en la última convocatoria para este fin; a pesar del tiempo limitado de la misma y del ejercicio de los fondos disponibles, se recibieron más de 2,100 convocatorias por un monto necesario de más de 15 mil millones de pesos, mucho mayor al total disponible, gracias a la consolidación de otros fondos lograda en los primeros meses de esta administración. En contraste, de los recursos en los fideicomisos existentes y de las transferencias indirectas, que en suma alcanzaron 72,598.5 millones de pesos, el Conacyt apoyó a la iniciativa privada con al menos (hasta ahora cuantificado) 35,175.1 millones de pesos. Esto es equivalente al 48% del total disponible en fondos; de este total, de más de 35 mil millones de pesos, 17,810 millones se asignaron a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). En administraciones pasadas, las políticas de apoyo a proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación favorecieron las propuestas presentadas bajo una visión empresarial, principalmente de los sectores manufacturero, automotriz y agroindustrial, los cuales dejaron de lado el bienestar social, las implicaciones socioambientales y sanitarias, así como los principales problemas nacionales(5). · No obstante, el sector privado en México no destinó recursos significativos a fortalecer sus capacidades o eficiencia de innovación y mucho menos al desarrollo científico nacional. Así, en 2016, el sector empresarial únicamente financió el 19% de la investigación científica y el desarrollo experimental en México, mientras que el resto de los recursos fueron aportados por el gobierno (77%) y otras fuentes (4%), contrario a lo que sucede en otros países. De acuerdo con la OCDE, el sector empresarial es el principal financiador de las actividades de investigación científica y desarrollo experimental (en promedio 62%) y en menor proporción el gobierno y los demás sectores (38%)(6). · El acelerado crecimiento del PNPC, de 1,713 programas en 2013 a 2,346 en 2018, especialmente de maestrías profesionalizantes y de ciencias sociales, el aumento en el número de becas (de 50,819 en 2013 a 66,752, con un monto ejercido de 9,618 millones de pesos a diciembre de 2018(7)) y de miembros del SNI (de 19,747 investigadores en 2013 a 28,633 en sus diferentes niveles con un presupuesto aprobado de 5,000 millones de pesos en 2018), así como del número de proyectos apoyados por el Conacyt a través de los Fondos Sectoriales para CTI (5,358.6 millones de pesos en 2018), no se ha reflejado en un incremento significativo en la soberanía o liderazgo científico del país (tampoco de la eficiencia en innovación, como se apuntó arriba), y mucho menos se ha reflejado en un mayor beneficio del pueblo de México(8). Además, existe una crisis ambiental sin precedentes, la precarización del empleo y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población, incluyendo al empleo en las universidades públicas, en particular, en lo que se refiere a los docentes. · Los indicadores usados no dan cuenta del impacto de estos rubros en el bienestar social, pero tampoco permiten medir el nivel de cumplimiento del propio derecho humano a la ciencia, por lo que su revisión es impostergable en términos de estructura (normas e instituciones), proceso (instrumentos y operatividad de la política pública) y resultado (cumplimiento de objetivos). · La concentración de recursos y el desconocimiento de las asimetrías locales y de las capacidades diferenciadas en los estados, obstruyeron la descentralización efectiva de la política de CTI e impidieron la consolidación de un federalismo cooperativo. Por ejemplo, Guerrero, Morelos, Colima y Tlaxcala son entidades federativas en las que aún no existen CPI o alguna subsede de los mismos, en comparación con entidades federativas como la Ciudad de México con cinco CPI o Guanajuato y Querétaro con tres CPI, respectivamente. · Por su parte, el esquema de FOMIX fracasó en su cometido de consolidar el desarrollo institucional de los consejos estatales y alentar la inversión local en CTI, pues en muchos casos la existencia y operación de estos consejos aún depende de la transferencia de recursos federales. Incluso, bajo prácticas jurídicamente cuestionables, en los hechos, los recursos de los FOMIX solían destinarse a fines distintos a los contemplados legalmente. · Toda investigación financiada con recursos públicos debería poner a disposición del público los resultados derivados de la misma, así como todos los productos generados en cualquiera de sus etapas, en búsqueda de colaborar con el conocimiento abierto mundial. Sin embargo, y a pesar de que el Conacyt está encargado de construir los repositorios nacionales, no se avanzó significativamente en este rubro. Esta política requiere de la integración de más actores a nivel nacional, liderados o coordinados por el Conacyt como órgano rector del sector, para la definición global de la Ciencia Abierta y la generación de políticas institucionales alineadas al objetivo que iniciara en las declaraciones e iniciativas de Budapest (2002), Bethesda (2003) y Berlín (2003). En este marco, los Lineamientos Generales de Ciencia Abierta, aprobados el 9 de junio de 2017 mediante el Acuerdo 60-17/17 de la Junta de Gobierno del Conacyt, que tienen como objetivo otorgar a cualquier interesado el acceso libre y gratuito a los materiales y recursos de información que resultan del proceso de investigación, en cualquiera de sus etapas, con la posibilidad de usarlos, reusarlos, modificarlos, compartirlos y difundirlos mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dicha política articuló las acciones de seis programas: Programa de Revistas; CONRICYT; Programa de Repositorios; Programa de Comunicación Pública de la Ciencia; SIICYT, y Programa de Conectividad. Sin embargo, la instrumentación de esta política no ha sido la más adecuada, el principal problema que presenta es la nula articulación entre los programas involucrados, dentro y fuera del Consejo, lo que ha impedido la alineación de los incentivos y responsabilidades de aquellos investigadores, becarios y sujetos de apoyo en general, que hayan sido beneficiados con recursos públicos, para compartir y publicar los resultados de sus investigaciones de manera abierta. Por su parte, la CIBIOGEM se condujo de forma sesgada al convertirse en una agencia de promoción de biotecnología agrícola basada en OGM. Consecuentemente, la política de bioseguridad del Estado mexicano renunció a la observancia del principio precautorio. Por ejemplo, de acuerdo con registros administrativos de la Secretaría General de la CIBIOGEM, la administración anterior otorgó de 2013 a 2018, 42.5 millones de pesos para investigación en biotecnología, mientras que destinó a bioseguridad poco más de 16 millones. Aproximadamente el 72% de los recursos para investigación en biotecnología se enfocó en OGM para fines agrícolas. Todo ello en perjuicio del desarrollo de una política de bioseguridad integral en beneficio del pueblo de México, simulando la participación ciudadana y de pueblos indígenas en aproximadamente 75 procesos de consulta exprés.(9) Cabe mencionar que en los registros administrativos generados por la Secretaría General de la CIBIOGEM, entre 2005 y 2015 se otorgaron más de 600 permisos de liberación sin consulta previa. Asimismo, poco hizo la CIBIOGEM para proteger el maíz nativo u otros cultivos nativos u originados en México de la contaminación transgénica. Al respecto, es indispensable no olvidar que desde 2001 se ha documentado la presencia de transgenes en el maíz nativo de distintas regiones del país, lo cual se agrava ante el escenario de desinformación que prevalece, en particular si se tiene en cuenta que todo el territorio nacional es centro de origen y diversidad genética.(10) 5.3 Política de CTI durante la Cuarta Transformación La reforma constitucional llevada a cabo mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, en la fracción XXIX-F del artículo 73 de la Carta Magna, le otorga la facultad al Poder Legislativo para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, abriéndose así la posibilidad de construir un orden público en la materia, que responda satisfactoriamente a las necesidades de la sociedad mexicana en correspondencia con los estándares internacionales relativos al derecho humano a la ciencia. El derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones se expresó conceptualmente en la intervención de la Relatora Especial en la esfera de los Derechos Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien clarificó los estándares para su satisfacción en el año 2012. No obstante, dada su naturaleza afín a las cuestiones sobre desarrollo, se ha caracterizado a partir de la producción permanente de informes y trabajos de varios organismos regionales y de las Naciones Unidas especializados en cuestiones de CTI para el desarrollo. Por supuesto, el derecho a la ciencia resulta inescindible del ejercicio efectivo de otros derechos humanos, así como un indicador fundamental de bienestar social, apareciendo el desarrollo científico y tecnológico simultáneamente como premisa y consecuencia del desarrollo económico, social y sustentable. Con el fin de contribuir al logro de los ODS de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que se encuentran: garantizar una educación de calidad, una vida sana, el acceso al agua y la energía, tomar medidas urgentes contra el cambio climático, así como lograr la seguridad alimentaria y la igualdad de género; el PECiTI 2021-2024 propone objetivos, estrategias y acciones puntuales que, como se ve reflejado en el presente documento, atienden a 14 ODS(11) y 29 metas de la Agenda. El PECiTI 2021-2024 se alinea directamente con el subtema de "Ciencia y tecnología" dentro del eje de Economía del PND 2019-2024, donde el Conacyt tiene a su cargo la coordinación del Plan Nacional para la Innovación. No obstante, al leer el PND 2019-2024 se hace evidente que la ciencia y la tecnología atraviesan la totalidad de las instancias y áreas de competencia de la Administración Pública Federal; es decir, no se limita a la esfera exclusiva de la economía, si bien tiene que ver con la reconstrucción del mercado interno y el rescate del sector energético entre otros asuntos de gran relevancia en la agenda de gobierno, el PECiTI 2021-2024 también incluye la investigación y uso del conocimiento para el combate a la corrupción, la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz, el bienestar social, el desarrollo sostenible y la salud. La gestión institucional en estos temas requiere del cruce de metodologías e intercambios teóricos, conceptuales y técnicos, incluso del cambio de referentes epistémicos y tecnológicos, así como del uso de recursos transdisciplinarios y multisectoriales. A su vez, el desarrollo en ciencia y tecnología puede colaborar sustancialmente a la observancia de principios rectores del PND 2019-2024 según los cuales "No puede haber paz sin justicia" y "No más migración por hambre o por violencia", pues la ciencia de datos y la construcción de ecosistemas informáticos, en combinación con la articulación de la inteligencia social y las capacidades científicas y tecnológicas del país, pueden contribuir propositivamente a la atención de problemas de criminalidad y administración de justicia, así como a la consolidación de la soberanía alimentaria y el trabajo digno o a la erradicación de la violencia estructural. En este sentido, la generación y conservación de conocimientos, así como sus aplicaciones prácticas, son actividades de gran relevancia para todas las áreas y sectores del Gobierno, pues la construcción de una democracia constitucional y el diseño de políticas públicas incluyentes, sostenibles ambientalmente, solventes epistémicamente y participativas suponen una dirección y un liderazgo popular reforzados por la disponibilidad de recursos técnicos especializados y personal honesto altamente calificado, que facilite la labor prudencial de los tomadores de decisiones, en corresponsabilidad y consulta con la ciudadanía y el pueblo de México. Así, el sector de CTI participa en la observancia del principio rector que reconoce que la "Democracia significa el poder del pueblo". La transparencia proactiva y la política de ciencia abierta serán fundamentales para hacer realidad este imperativo categórico dentro de la Administración Pública Federal. La transversalidad del conocimiento y su importancia para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, coloca a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como a las instituciones que conforman el SNCTI, en el centro de la gestión pública para la atención de los grandes problemas nacionales. Sin duda los convenios de colaboración tendrán un rol determinante como instrumentos jurídicos de vinculación y cooperación interinstitucional multinivel, que faciliten la acción colectiva directa y la incidencia participativa concreta. Asimismo, la ciencia de datos cobrará una relevancia inusitada como herramienta de articulación y colaboración. De lo que se trata es que la ciencia y la tecnología sean factores determinantes del cambio social y del consiguiente mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo de México. Así, la comunidad CTI está llamada a reivindicar su papel en la esfera pública y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, dándole vida al principio rector que prevé la "Economía para el bienestar". Un reto al que se enfrenta la comunidad científica es el de cambiar de una política de incentivos y convocatorias fincada en principios de mercados lineales, a una política que promueva la colaboración y convergencia sustantiva en torno al avance del conocimiento o la comprensión, prevención y atención de los grandes problemas nacionales, siempre en articulación con las entidades de gobierno implicadas. Uno de los retos más profundos a los que se enfrenta la comunidad CTI es la reconciliación de saberes: por un lado, las disciplinas que la razón instrumental moderna encumbró como conocimiento científico y, por otro, las disciplinas que tras largos combates han logrado su reconocimiento y legitimidad: las ciencias sociales y las humanidades, cuna a veces olvidada de la sabiduría de Occidente. Asimismo, es necesario asumir el cuestionamiento realizado desde la filosofía y el pensamiento social del sur global respecto del eurocentrismo y los sesgos coloniales de las tecno-ciencias y el discurso ideológico propio del neoliberalismo, que ha sido capaz de renunciar a la razón y la verdad en aras de solapar y justificar valores de uso nocivo para la humanidad, francamente destructivos de subjetividades y de sus entornos vitales. Precisamente con el propósito de avanzar por el camino de la reconciliación y superar los atisbos cientificistas y sectarios aún imperantes entre algunos miembros de la comunidad CTI, resulta fundamental convocar al desarrollo de una ciencia por México abierta, sin discriminación ni prejuicios al intercambio y al diálogo epistemológico incluyente, respetuoso de todas las formas sociales del conocimiento, incluidos los saberes tradicionales de las comunidades indígenas y campesinas. Es necesario generar y respetar un diálogo que responda a la emergencia socioambiental por la que atraviesa el país con la generación y articulación de tecnologías para el bienestar social y emprendimientos de innovación abierta, pues solo así el sector de CTI atenderá el principio rector de "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera". En congruencia con los cambios profundos que impulsa la Cuarta Transformación y en concordancia con los estándares internacionales en la materia, el propósito ineludible del PECiTI 2021-2024 consiste en establecer las bases estratégicas de una política de CTI que contribuya al desarrollo económico, social y sustentable de nuestra Nación multicultural, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, de tal manera que se haga efectivo para las personas el disfrute del derecho a la ciencia, buscando siempre el bienestar social y la felicidad del pueblo de México. Estas transformaciones no deben desatender el cuidado y protección del ambiente, la riqueza biocultural del país, la alimentación y la salud de la población, así como, impulsar en todo momento a través del desarrollo científico y tecnológico, el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, la bioseguridad integral y el florecimiento de fuerzas productivas de todo tipo, además del apuntalamiento de la independencia y soberanía nacionales en un contexto de cooperación internacional y solidaridad global. Por supuesto, las actividades de CTI se encuentran sujetas a los principios de interés nacional y justicia social, pero también a los mandatos de austeridad republicana y combate a la corrupción que implica la Cuarta Transformación con el propósito de renovar el pacto social mexicano, pues la "Honradez y honestidad", así como la "Ética, libertad y confianza", son principios rectores del Gobierno en este nuevo régimen. Por otro lado y derivado de la insuficiencia presupuestal para incrementar el otorgamiento de becas de posgrado, de la falta de interés de los egresados y egresadas de licenciatura por continuar estudios de posgrado, la insuficiente infraestructura en las IES para impartir programas de posgrado, la falta de estímulos hacia la juventud por estudiar posgrados en ciencias naturales y exactas e ingenierías; la carencia y limitación de recursos monetarios en las familias para pagar estudios de posgrado, así como la concepción cultural equívoca del rol de la mujer en el núcleo familiar que limita sus posibilidades para acceder a estudios de posgrado; ha ocasionado que existan políticas públicas insuficientes para la formación de profesionales especializados. La escasa demanda de egresados de licenciatura por ingresar a programas de posgrado se ve reflejada en la matrícula de estudiantes que conforman este nivel educativo. Esto a su vez resulta de la limitada oferta de las IES para promover sus programas de posgrado, de las tasas de deserción escolar en licenciatura que impiden la continuación de estudios y de la necesidad de incorporarse a la fuerza de trabajo debido a las limitaciones económicas de las familias. Aunado a esto, existe una importante brecha de género en virtud de que el porcentaje de egresados de programas de posgrado es mayoritariamente masculino. Lo anterior hace necesario impulsar políticas públicas que atiendan las problemáticas antes señaladas a efecto de incrementar el número de científicos, humanistas y tecnólogos comprometidos con la sociedad, el cuidado del ambiente, la riqueza biocultural y los bienes comunes, respetuosos del carácter multicultural de la nación para enfrentar los problemas prioritarios y contribuir al bienestar de la población. Por otro lado, la insuficiencia presupuestal para apoyar proyectos de ciencia de frontera, aunado a la presencia de escaso personal especializado para desarrollar investigación científica, así como la escasez de infraestructura científica y tecnológica y el desaprovechamiento de la existente, ha propiciado la desarticulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto debido en parte a la falta de políticas públicas diferenciadas que atiendan las realidades de cada estado y región, así como el desaprovechamiento de la cooperación internacional científica y técnica. Como resultado de lo anterior, es necesario fortalecer el apoyo gubernamental para atender científicamente las necesidades de la población, así como fortalecer al personal especializado que pueda cubrir la demanda de proyectos de investigación científica y que haga uso eficiente de la infraestructura científica y tecnológica existente, además de fortalecer la bioseguridad y biotecnología en beneficio de la sociedad, aprovechando las oportunidades de cooperación internacional científica y técnica y apoyando a la Ciencia Básica. Por lo anterior, se hace necesario impulsar la independencia científica y tecnológica para México, así como promover un mayor liderazgo mundial en conocimientos científicos de frontera. Adicionalmente y en virtud de los diferentes problemas que existen en México, se hace indispensable aprovechar la ciencia para brindar soluciones sólidas y con base científica. Sin embargo, ello difícilmente podrá alcanzarse mientras exista una desarticulación de los actores del SNCTI involucrados en temas de salud; prevención de riesgos y desastres; temas ambientales; energéticos y de sustentabilidad; sociales; educación; cultura y alimentarios. Bajo un escenario desarticulado prevalecerá la escasa producción de conocimiento científico y tecnológico que facilite la implementación de medidas necesarias y urgentes que contribuyan a dar solución a las principales problemáticas que aquejan al país. Por ello, es necesario articular a los sectores científico, público, privado y social para propiciar la producción de conocimiento humanístico, científico y tecnológico con el propósito de atender los problemas prioritarios de México. De igual forma, la escasez de empresas de base tecnológica nacionales, la inexistencia de un Plan Nacional de Innovación, la carencia de una normatividad actualizada y otras herramientas que aseguren que el valor agregado a través de la aplicación del conocimiento se quede en el país, la falta de tecnologías disruptivas de tecnificación que atiendan los problemas nacionales, así como el desaprovechamiento de los saberes tradicionales a cambio de la importación de tecnología; ha generado una alta dependencia de tecnología del extranjero. En consecuencia, también se ha generado una limitada producción de conocimiento científico y tecnológico, la desarticulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el poco interés de profesionales, científicos y tecnólogos por producir conocimiento derivado de la falta de incentivos adecuados, entre otros. En este sentido, las estrategias y acciones en materia de desarrollo tecnológico e innovación estarán enfocadas a aprovechar el conocimiento científico que se traduzca en soluciones sustentables. Asimismo, la inexistencia de programas de acceso universal a las ciencias, humanidades y tecnologías que atiendan las necesidades de grupos subrepresentados, además de la escasez de programas que impulsen las vocaciones científicas y humanísticas desde edades tempranas, así como la obsoleta normatividad, no ha permitido asegurar que el valor agregado, a través de la aplicación del conocimiento, se quede en el país, del mismo modo, los canales de comunicación generados por el SNCTI son insuficientes, lo que no ha permitido una correcta cobertura en la población. Se debe buscar una mayor producción de conocimiento científico y tecnológico a través de mecanismos que generen el gusto por las matemáticas para el desarrollo del pensamiento crítico en todos los niveles educativos, además de la creación de programas que promuevan las vocaciones científicas y humanísticas en edades tempranas y que establezcan el interés de la sociedad por temas científicos y tecnológicos. En este sentido, se generarán mecanismos de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico para dirigir sus beneficios a todos los sectores de la población y poner a la ciencia al alcance de todos. Finalmente y aun cuando se ha generado y existe vasta información en materia de investigación científica y tecnológica, esta se encuentra dispersa y desarticulada. No existe una clara y unificada estrategia de repositorios, ni tampoco la infraestructura suficiente y el conocimiento necesario para el adecuado intercambio de información y datos. Los modelos y tecnologías de bases de datos para la toma de decisiones en el campo de CTI operan con grandes limitaciones por su falta de uniformidad y actualización, además de existir un desconocimiento de licencias de uso abierto o libre para software y otros productos intelectuales de la investigación y la innovación. Lo anterior ha derivado en un deficiente uso de los repositorios, en el desaprovechamiento de la infraestructura existente y del conocimiento necesario para el adecuado intercambio de información y de datos. De esta forma, se ha desaprovechado la toma de decisiones con bases científicas para la generación y aplicación de políticas públicas eficientes y eficaces en diferentes sectores. Al reconocer la importancia y la necesidad del uso pertinente de toda la información que se genera en el sector de CTI, se impulsará la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a fin de optimizar, aprovechar y reutilizar datos e información sustantiva de base científica. En consecuencia, se pretende impulsar un cambio de paradigma en la política de CTI sobre la base de la articulación virtuosa entre el gobierno, la academia, las empresas, la sociedad y el ambiente, sin olvidar a las colectividades étnicas y rurales ni al sector social de la economía, por lo que se proponen seis objetivos prioritarios para el sector: 1. Fortalecimiento de la Comunidad Científica. Fomentar las vocaciones científicas, la creatividad y el ingenio de la población, así como promover la formación crítica y el fortalecimiento permanente de las capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico al más alto nivel, con una visión humanista de compromiso socioambiental, perspectiva de género y enfoque multicultural, además de incentivar a la comunidad a colaborar, a sumar esfuerzos, articularlos y converger para avanzar la frontera del conocimiento, el desarrollo tecnológico de vanguardia y la innovación, y comprender, prevenir y solucionar los grandes problemas nacionales. 2. Ciencia de Frontera. Impulsar la generación de conocimientos de vanguardia sobre la base de la cooperación y el apoyo mutuo en investigaciones de carácter inter, multi y trans disciplinario, de tal manera que la inteligencia colectiva nacional trascienda continuamente los horizontes del conocimiento humano y asuma posiciones de liderazgo científico mundial haciendo un uso más eficiente y racional de los recursos, así como de la infraestructura disponible para el quehacer científico. 3. Programas Nacionales Estratégicos. Contribuir al diagnóstico y atención de problemas nacionales prioritarios a través del apoyo a proyectos de investigación e incidencia basados en la articulación participativa de instituciones de educación superior, CPI, dependencias del Estado y múltiples actores sociales, donde la ciencia sea una herramienta estratégica y se ponga al servicio de la sociedad de manera directa o a través del apuntalamiento de los proyectos de Estado. 4. Desarrollo y Transferencia de Tecnología. Promover la generación y uso de tecnologías de vanguardia a partir de una política de cooperación e innovación abierta, bajo un modelo de pentahélice, con el propósito de desplegar fuerzas productivas técnicas que apuntalen el bienestar social y la soberanía tecnológica del país, en un marco de solidaridad internacional y respeto del ambiente. 5. Promoción del acceso universal al conocimiento y sus beneficios. Fomentar el acercamiento de la comunidad CTI a audiencias no especializadas, así como socializar los resultados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico como punto de partida para garantizar el derecho de todos a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico a través de una política efectiva de ciencia abierta. 6. Información y Prospectiva Científica con Impacto Social. Ampliar los alcances de las actividades de CTI en la sociedad, optimizando la articulación multisectorial e interinstitucional con fines preventivos, así como de identificación de áreas de oportunidad para la implementación colaborativa y transversal de políticas públicas según criterios rigurosos y datos sólidamente sustentados. Como se ve, se busca orientar el sector al avance del conocimiento y el cambio tecnológico de vanguardia, siempre anteponiendo la defensa del interés público, el bien común y la recuperación de la rectoría del Estado en el trazado de las vías del desarrollo nacional prioritarias y estratégicas, sobre la base de una ética pública donde el combate a la corrupción, la protección de los derechos humanos y colectivos de la presente y futuras generaciones; respetando plenamente la libertad de investigación y cátedra, y la búsqueda permanente del bienestar social serán pilares de la renovación del SNCTI. Cabe señalar que el PECiTI 2021-2024 incorpora el Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología (PDBB), el cual busca contribuir al consenso nacional para lograr el bienestar de la población mexicana de esta y de futuras generaciones a través de una política de bioseguridad integral, con acciones orientadas a evitar, minimizar o erradicar riesgos de diversa índole frente al uso de organismos genéticamente modificados y de otras biotecnologías emergentes que alteran la forma en que los genes se expresan o regulan normalmente en sus especies y entornos naturales. Aquí se parte de los principios establecidos en instrumentos nacionales e internacionales aplicables, coherente con la observancia de los derechos humanos individuales y colectivos, de la presente y de futuras generaciones, la protección de la riqueza biocultural, el cuidado ambiental y de los bienes comunes del país, desde una perspectiva inter y transdisciplinaria. En este sentido, el PDBB se alinea a los seis Objetivos prioritarios del PECiTI 2021-2024 a través de las Estrategias prioritarias 1.5, 2.6, 3.1 a la 3.7, 4.5, 5.1, 5.4, 6.1 y 6.2 y algunas de sus Acciones puntuales, mismas que no son exclusivas del PDBB, toda vez que este forma parte del PECiTI 2021-2024 y por lo tanto es aplicable al sector de CTI. Finalmente, para la elaboración del PECiTI 2021-2024 y del PDBB, se tomaron como referencia los siguientes documentos y aportaciones: 1. Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por el Movimiento Regeneración Nacional (morena) y elaborado por la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces (junio 2018). 2. Cuatro mesas de trabajo realizadas por el Conacyt para la integración del PND 2019-2024 y el PECiTI 2021-2024: · El Futuro de la política de ciencia y tecnología. Hacia el Plan Nacional de Desarrollo CIDE/Conacyt, CDMX. 5 de marzo de 2019. · Foro Ciencia por México: Los ejes del nuevo Conacyt en el marco del PND 2019-2024. Conacyt, CDMX. 13 de marzo de 2019. · Ciencia por México: Los ejes del nuevo Conacyt. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Mich. 15 de marzo de 2019. · Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) La perspectiva de Conacyt. Conacyt, CDMX. 5 de marzo de 2019. 3. Aportaciones de la comunidad para la construcción del PECiTI 2021-2024. Acopio de información llevada a cabo por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico con respecto a las ideas principales de reuniones de trabajo realizadas entre el primer semestre de 2018 y hasta el mes de agosto de 2019. Cabe señalar que con la excepción del documento: Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018 y entregado al entonces Presidente Electo el 22 de octubre del mismo año, el resto de los materiales se elaboraron en 2019 y fueron publicados en formato digital. Asimismo, para la elaboración de este documento, se consideraron los siguientes materiales: · Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024 (2018). · Memoria del Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (6 y 13 de marzo de 2019 en la H. Cámara de Diputados). · Diálogos sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Construyendo consensos por México (9 y 11 de abril de 2019 en las instalaciones del FCCyT). · Aportaciones de la comunidad al Plan Nacional de Desarrollo y al diseño del PECiTI 2021-2024. · Foros Estatales de Consulta 2019. Humanidades, Ciencia y Tecnología: Presente y Futuro. Volumen 1. · Foros Estatales de Consulta 2019. Humanidades, Ciencia y Tecnología: Presente y Futuro. Volumen 2. · Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Resultados. · Foros sobre legislación secundaria de la reforma educativa, SEP-ANUIES. 4. Aportaciones de las Dependencias del Gobierno Federal con presupuesto para Ciencia, Tecnología e Innovación. Los cambios que se pretende alcanzar a través de los objetivos, estrategias y acciones planteados en el PECiTI 2021-2024 están enfocados a colocar el interés público por encima de intereses privados, la investigación científica y el desarrollo tecnológico como factores determinantes para el desarrollo nacional integral, a incrementar los recursos y hacer uso eficiente de ellos para asegurar que la población mexicana se beneficie del progreso científico y tecnológico, así como a fomentar el involucramiento de distintos actores públicos, privados y sociales. Todo ello deberá reflejarse en un sector de CTI que contribuya a la solución de problemas nacionales, a que México alcance la soberanía científica, a impulsar el regreso de científicos mexicanos altamente calificados y reconocer adecuadamente la labor que realizan, a acercar la ciencia con la sociedad, a reconocer los saberes tradicionales para la generación de conocimiento científico y tecnológico y a la construcción de ecosistemas de datos que fortalezcan el diseño de políticas públicas. Los mexicanos y las mexicanas ejercerán su derecho a acceder a los beneficios de una ciencia pública que garantice su bienestar y favorezca el cuidado ambiental del país. 6.- Objetivos prioritarios El sector de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá una participación relevante en el logro de los objetivos del PND 2019-2024 a través de diferentes objetivos prioritarios. Partiendo de lo planteado en dicho documento de alcance nacional y de trascendencia sexenal en virtud de que conforme al artículo 21 de la Ley de Planeación, la vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del Presidente de la República, se impulsarán seis objetivos prioritarios que serán la guía y base del quehacer científico, tecnológico y de innovación en México a efecto de alcanzar una verdadera transformación en la materia.
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Promover la formación y actualización de especialistas de alto nivel en investigación científica, humanística, tecnológica y socioeconómica que aporten a la construcción de una bioseguridad integral para la solución de problemas prioritarios nacionales, incluyendo el cambio climático y así aportar al bienestar social. Contexto El progreso tecnológico y la globalización han sido considerados como dos de los principales precursores de crecimiento económico. Otros factores como el crecimiento poblacional han contribuido de manera sustancial en este sentido y también han implicado importantes retos. En los últimos 20 años, la población del país ha crecido en 23% (pasando de 97.5 millones en el 2000 a 119.5 millones en 2015). Este crecimiento de la población se ha visto reflejado en un incremento en la demanda por recursos naturales, en necesidades cada vez más complejas y más problemáticas. Aunado a esto, el país ha experimentado un rápido cambio epidemiológico y demográfico la población está envejeciendo y las principales causas de mortalidad y morbilidad han cambiado en los últimos años. Entender las necesidades de la población y cómo utilizar de forma más eficiente los recursos disponibles para solucionar los problemas prioritarios y contribuir al bienestar de la población representan retos importantes para el país. Es en este sentido que CTI puede contribuir en la generación y aplicación de conocimientos para garantizar el desarrollo humano y bienestar general de la población. Por ello, resulta importante reconocer a la ciencia como una prioridad nacional cuyo conocimiento generado es un bien público, y el acceso al mismo es un derecho humano que debe ser promovido por el Estado. En el caso de México, la inversión en CTI debe ser un imperativo categórico toda vez que el país aún enfrenta grandes retos, como abatir la pobreza, la desigualdad y el rezago social. Estado actual En México hay problemas sustanciales que limitan el desarrollo pleno de la sociedad, refuerzan la desigualdad económica y propician la explotación ambiental. La relación entre bienestar y desarrollo científico y tecnológico ha sido muy estudiada. Se ha mostrado, que mayor inversión en CTI está relacionada con menor desigualdad y mayor bienestar social. Sin embargo, en México no se ha invertido lo suficiente en CTI y el sector enfrenta importantes retos: · Aunque en los últimos años el número de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) pasó de 23,316 en 2015 a 30,548 en 2019, México cuenta con muy pocos investigadores de acuerdo con el tamaño de la Población Económicamente Activa (PEA) y en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento limitado y desigual de la comunidad científica. · En 2016, el país contaba con 0.7 investigadores por cada mil habitantes de la PEA. Mientras que países como Francia, Japón y Singapur, tienen 14.2 veces más investigadores, e incluso países dentro de la región latinoamericana como Brasil y Argentina tienen 2.4 y 4.2 veces más investigadores que México, respectivamente. Además, de acuerdo con la OCDE, el tamaño relativo de la comunidad académica de México no ha variado en los últimos 10 años. · En la actualidad, sólo el 40% (30,548) de los investigadores del país pertenece al SNI, y de este grupo, la mayoría están en una etapa incipiente o inicial de su crecimiento académico. Entre ellos, el 24% están evaluados como candidatos, 53% como nivel I, 15% como nivel II y tan sólo 8% son investigadores consolidados en el nivel III. · En México existe una gran disparidad en la distribución de investigadores por género y área geográfica. Según el padrón del SNI, sólo una tercera parte de los investigadores son mujeres. Si bien esta cifra es mayor que en algunos países desarrollados como Japón, en donde únicamente el 15% de los investigadores son mujeres, existe un largo camino para lograr la paridad de género que se observa en países como Argentina en donde las mujeres representan el 53% de la comunidad académica, según la OCDE. Con respecto a la concentración geográfica de investigadores miembros del SNI, entre 2015 y 2019 el 53.6% se concentraron en la región Centro, 10.9% en Occidente, 10.9% en Noreste, 10.4% en Suroriente, 8.4% en Noroeste y 5.7% en la región Sureste. · En México las empresas invierten poco en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (IDE). Los países que destinan más recursos a las actividades de investigación, desarrollo e innovación, incrementan su competitividad, sin embargo, en México en 2016, el sector empresarial sólo financió el 19% de GIDE. Los resultados de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) muestran que en 2017 sólo el 8.4% de las empresas realizaron proyectos de innovación en colaboración con IES o Centros Públicos de Investigación, y sólo el 7% de las empresas realizaron innovación tecnológica respecto al total de las empresas. · Aunque en México existe el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que ofrece becas para el desarrollo de maestrías y doctorados, existe muy poca capacidad para absorber a los nuevos científicos: dos terceras partes de los becarios se gradúan y pocos encuentran espacios para desarrollarse como investigadores. En estos programas, la tasa de graduación acumulada del PNPC de doctorado, maestría y especialidad es del 64%. Esto implica un importante reto para la incorporación de jóvenes investigadores a instituciones públicas de educación superior. Para subsanar parcialmente la falta de plazas laborales en el sector público, en 2014 se creó el programa de Cátedras Conacyt. De 2014 a 2017, este programa ha incorporado 1,295 cátedras en 115 instituciones. Sin embargo, la demanda de espacios en instituciones de educación superior y centros públicos de investigación es aún mayor que la cantidad de espacios disponibles. · Como resultado de lo anterior, México produce un número muy pequeño de innovaciones y patentes tecnológicas. De acuerdo con datos publicados por el SIICYT (SIICYT, 2016), el número de patentes concedidas a mexicanos en México en 2016 (426), representó 5% del total de las patentes concedidas por el IMPI en ese año, comparado con el 2.5% en 1999. Es decir, sólo una de cada 20 patentes concedidas en México, se dan a mexicanos. Futuro México necesita invertir más en CTI para dar solución a los principales problemas sociales y ambientales. La inversión en ciencia y tecnología es una palanca estratégica del desarrollo económico de los países. Aquellos que más han invertido en IDE en las últimas cinco décadas, tienen niveles de ingreso más altos que los países que dieron menor prioridad. La relación entre desarrollo científico y desarrollo económico se ve claramente en los datos de la OCDE. El camino es claro, para fortalecer a la comunidad académica mexicana, es necesario aumentar la cantidad de investigadores, en especial de investigadoras para eliminar la brecha de género que todavía persiste; fortalecer la capacidad de algunas regiones del país para crear espacios de investigación y con ello disminuir las brechas históricas regionales; y apoyar la generación de egresados de posgrados de alta calidad que se incorporen a la comunidad de científicos, humanistas y tecnólogos del país, comprometidos con la sociedad, el cuidado del ambiente y respetuosos del carácter multicultural de la nación con la finalidad de contribuir a la solución a los problemas prioritarios nacionales y al bienestar general de la población. 6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Alcanzar una mayor independencia científica y tecnológica y posiciones de liderazgo mundial, a través del fortalecimiento y la consolidación tanto de las capacidades para generar conocimientos científicos de frontera, como de la infraestructura científica y tecnológica, en beneficio de la población. Contexto La inversión en ciencia y tecnología es una palanca estratégica del desarrollo económico de los países. Según la OCDE, aquellos países que más han invertido en IDE en las últimas cinco décadas, tienen niveles de ingreso más altos que los países que dieron menor prioridad a esta materia. Estado actual La Ley de Ciencia y Tecnología vigente establece una meta de recursos a investigación científica y desarrollo experimental equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, sin embargo, en los últimos años esta cifra no solo continúa en niveles muy por debajo del mandato legal, sino que presenta una tendencia a la baja de forma alarmante. En 2007 se destinaba el 0.40% del PIB al GIDE, para 2018 esta cifra disminuyó 22%, al destinarse únicamente 0.31% del PIB. El promedio del GIDE con respecto al PIB de países de la OCDE es de 2.37%, es decir, México se encuentra muy por debajo. Incluso países como Japón y Estados Unidos invirtieron siete y cinco veces más, con 3.21% y 2.79% del PIB, respectivamente. México y Chile son los países de este conjunto con menor aportación en este rubro. Cabe destacar que Brasil y México tienen un PIB per cápita muy similar, sin embargo, Brasil destina tres veces más de su PIB al fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas. Este escenario ha tenido consecuencias importantes en el financiamiento de distintas áreas del sector de CTI en México. La ciencia básica ha recibido muy pocos recursos en los últimos años y se ha subutilizado la capacidad de la comunidad científica. Durante el periodo 2013-2018 se destinaron 2,936 millones de pesos a la ciencia básica, esto representa únicamente el 2.7% del total de GIDE para el mismo periodo. Únicamente 12.4% de los proyectos financiados con Fondos Mixtos entre 2002 y 2019 fueron de ciencia básica. Además, menos de la quinta parte de becas nuevas otorgadas en el periodo 2014-2017 fueron destinadas a maestrías y doctorados relacionados con áreas relacionadas con ciencia básica. Lo anterior contrasta con el importante caudal de científicos con el que cuenta el país, 29% de los investigadores del SNI en el periodo 2015-2019 se concentró en las áreas I Físico-matemáticas y de la Tierra y II Biología y Química. A pesar de los esfuerzos de la comunidad científica, el apoyo precario a la ciencia de frontera se refleja en una baja participación de México en el número de publicaciones científicas globales, que es menor a 1%. Según la Web of Science, en el periodo 2010-2017, la participación de publicaciones mexicanas respecto al total del mundo se incrementó de 0.59% a 0.66%, por arriba de algunos países de América Latina como Argentina (0.39%), Chile (0.37%) y Colombia (0.21%). En términos absolutos, las publicaciones de investigadores mexicanos pasaron de 8,636 en 2008 a 14,480 en el 2017, un aumento de casi 68%. Esta última cifra equivale a una productividad de 0.5 publicaciones por miembro del SNI, en ese año. Por lo que respecta al impacto de las citas de las publicaciones mexicanas, en el periodo 2013-2017 éste fue de 0.81, por debajo de Chile, Colombia y Argentina cuyas publicaciones tuvieron un impacto de 1.05, 1.03 y 0.94 respectivamente. Sin embargo, existen algunas áreas en las que las publicaciones mexicanas tienen un impacto más significativo: biología molecular y genética, ciencias espaciales y medicina clínica. Por otro lado, en el sexenio anterior se destinó una cantidad desproporcionada de recursos al Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), con resultados precarios. En el periodo 2013-2018 se transfirieron 17,819 millones de pesos al sector privado a través del PEI. Este programa tiene como objetivo incentivar a nivel nacional la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios. En 2016, se apoyaron 153 proyectos. Los sectores industriales más favorecidos fueron: automotriz (17%), química (13%), farmacéutica (12%), alimentos (10%) y agroindustrial (8%). Sin embargo, el resultado de este programa de estímulos no se vio reflejada, como se esperaría, en una mayor inversión en CTI por parte del sector privado, de hecho, sucedió lo contrario: el gasto público desplazó la inversión privada en desarrollo tecnológico e investigación científica, en 2007, de acuerdo con la OCDE, el sector privado contribuía con el 39% del GIDE en México, y para 2016, este sector financió sólo el 20.6% de la investigación científica y desarrollo experimental, mientras que el resto de los recursos fueron aportados por el gobierno (77%) y otras fuentes (4%). El incremento en los apoyos al sector privado no se vio reflejado en un crecimiento de las innovaciones y patentes tecnológicas nacionales. De acuerdo con datos publicados por el IMPI, el número de patentes concedidas en 2016 a mexicanos en México (426) representó únicamente el 5% del total de las patentes concedidas por el IMPI en ese año, comparado con el 2.5% en 1999. Además, México sigue siendo un país importador de bienes de alta tecnología. A pesar de que en el periodo de 2010 a 2017 el valor de las exportaciones registró un crecimiento promedio anual mayor que el de las importaciones (4.8% vs 2.9%, respectivamente), en 2017 el valor de las exportaciones se vio superado por el de las importaciones con un déficit de 4,222.8 millones de dólares en la balanza tecnológica. Además, durante el periodo 2001-2018 la inversión de las entidades federativas en fondos de investigación fue insuficiente y con una distribución inequitativa. Se invirtieron un total de 14,236 millones de pesos en Fondos Mixtos para la Investigación en este periodo, 57.8% de los recursos fueron aportados por Conacyt, mientras que los estados contribuyeron solo con el 42.2% restante, y esta participación se dio de manera desigual entre entidades, con especial concentración en 3 entidades: Nuevo León, Jalisco y Guanajuato. A partir de los datos aquí presentados, es claro que México tiene un problema grave de bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo experimental, muy por debajo de su mandato legal y del nivel de inversión necesario para que la CTI se convierta en una palanca de desarrollo, como lo han logrado otros países. Además, ha sido baja y desigual la participación las entidades federativas en el gasto en investigación y desarrollo experimental, y se han privilegiado los apoyos al sector privado en detrimento de la inversión en ciencias de frontera en los últimos años en México. La principal consecuencia de esto ha sido generar una dependencia nacional cada vez mayor en el desarrollo de nuevo conocimiento científico y tecnología en el exterior. México enfrenta diversas problemáticas de alta complejidad que requieren soluciones diseñadas específicamente para el contexto nacional y local, muchas de las cuales requieren del desarrollo de nuevo conocimiento y tecnología para atenderlas de manera efectiva en nuestro territorio. No podemos depender de la generación de conocimiento y tecnología en otros países para atender las problemáticas sociales y ambientales que nos aquejan, especialmente las que enfrentan las poblaciones más vulnerables de este país. Por ello, es urgente que se revierta el abandono a las ciencias de frontera y se invierta de manera decidida en el fortalecimiento y aprovechamiento de todas las capacidades científicas de nuestro país para detonar la generación de conocimiento y tecnología mexicana que contribuya con las soluciones a los problemas nacionales y con ello se mejore el bienestar de la población. Futuro Para alcanzar una mayor independencia científica y tecnológica y posiciones de liderazgo mundial, se requiere modificar el enfoque de una ciencia que promueve la competencia entre individuos por una ciencia que favorece la colaboración, que contribuye al fortalecimiento y la consolidación tanto de las capacidades para generar conocimientos científicos de frontera, como de la infraestructura científica y tecnológica, así como un cambio de paradigma del enfoque de mercado hacia una ciencia comprometida con la sociedad, con la riqueza biocultural, la protección al ambiente y los bienes comunes de la nación. 6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Articular a los sectores científico, público, privado y social en la producción de conocimiento humanístico, científico y tecnológico, para solucionar problemas prioritarios del país con una visión multidisciplinaria, multisectorial, de sistemas complejos y de bioseguridad integral. Contexto La política económica implementada en México a partir de la década de los 80, enfocada en insertarse al movimiento globalizador y de libre mercado buscando mayores tasas de crecimiento económico, acompañado de una estrategia de reducción del estado, desregulación y privatización de sectores estratégicos de la economía, ha arrojado resultados poco alentadores en el crecimiento económico de México y simultáneamente ha impuesto altos costos sociales, ambientales y culturales a la sociedad mexicana. Entre 1980 y 2018 el PIB mexicano ha tenido un crecimiento mediocre, con un promedio anual de 2.56%, de acuerdo con el Banco Mundial. Entre los países del G20, México ocupa el penúltimo lugar en desigualdad, únicamente superado por Sudáfrica, que es uno de los países con mayores índices de desigualdad del mundo. En 2018, como resultado de esta acumulación de la riqueza, el ingreso promedio de 10% de la población más rica en México fue 18 veces más alto que el ingreso promedio del 10% más pobre, según datos del INEGI. Por otro lado, en décadas recientes el país ha experimentado altos niveles de devastación ecológica y ambiental. Según la OCDE, en 2015 el 26.8% de las especies de mamíferos mexicanos se encontraban en peligro de extinción. La tasa de deforestación anual promedio en México entre 2005 y 2010 fue de 0.24%, en comparación con 0.14% a nivel mundial, de acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por sus siglas en inglés). Además, existen alrededor de nueve millones de personas sin acceso al agua potable, mientras que, según CONAGUA, el 16% de los acuíferos de las aguas subterráneas se encuentran en condición de sobreexplotación. Todo lo anterior, además de las repercusiones ecológicas, impacta negativamente en la salud de los mexicanos. La OCDE reportó que, en 2017, en México hubo 254 muertes por cada millón de habitantes debido a causas relacionadas a la contaminación, lo que representa un aumento de 60% en este tipo de mortalidad desde 1990. Por lo que respecta al daño al patrimonio cultural de México, el INALI ha documentado la existencia de 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Por otro lado, el Banco Mundial identificó que, de estas 68 lenguas, 62 se encuentran en peligro de extinción. Y de estas, 22 están atravesando por un rápido proceso de reemplazo. Una de las funciones de la política pública del sector de CTI es crear incentivos y estímulos que dirijan el trabajo de investigación e innovación a temas específicos. En un país como México, en el que los recursos destinados al sector son limitados, es fundamental el impulso de políticas públicas orientadas al desarrollo de una ciencia y tecnología al servicio de la sociedad, la riqueza biocultural y el ambiente. Esto último requiere de la articulación productiva entre el estado, la comunidad científica, la sociedad y el sector privado, para la identificación de prioridades nacionales y la generación de conocimiento y de innovaciones que aborden dichas prioridades de manera sustentable y con una visión de bienestar. Adicionalmente, la salud de la población es un área de prioridad nacional para la toma de decisiones en materia de ciencia y tecnología. La combinación de una epidemia de obesidad y sobrepeso, condición en la que se encuentran más del 70% de los mexicanos, con el gradual envejecimiento de la población se espera que para 2050 los adultos mayores de 60 años representarán el 20% del total de la población ponen a México ante una crisis de enfermedades crónicas no transmisibles de alta complejidad y costos. Para abordar este problema tan importante se requieren abordajes novedosos para la prevención y la atención de estas enfermedades, así como un sistema de salud equipado con innovaciones muy efectivas y eficientes para responder a estas problemáticas. Por otra parte, el problema de la violencia en México ha llegado a niveles sin precedentes. Según datos del INEGI, en 2017 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 26, cifra 7 veces mayor al promedio de los países de la OCDE, que es de 3.7. Esta problemática tiene una tendencia marcadamente creciente sin que se hayan observado esfuerzos suficientes por parte del Estado para solucionar este problema que incide fuertemente en el bienestar de la población. En resumen, México enfrenta diversas problemáticas complejas y apremiantes que requieren una visión multidisciplinaria y multisectorial, con la participación de todos los sectores, para encontrar soluciones efectivas para el contexto nacional y local. La comunidad científica tiene un rol fundamental en este sentido, para desarrollar conocimiento y tecnología que contribuyan a la solución de los graves problemas que enfrenta el país. Estado actual Una de las funciones de la política pública del sector de CTI es crear incentivos y estímulos que dirijan el trabajo de investigación e innovación a temas específicos. Sin embargo, la política de CTI se ha enfocado de forma insuficiente en los temas prioritarios del país. En años anteriores, Conacyt usó dos instrumentos para dirigir la política del sector de CTI: los fondos mixtos (FOMIX) y los fondos sectoriales (FOSEC). Un análisis de la utilización de recursos aportados mediante los fondos mixtos entre 2013 y 2018 sugiere que su asignación no necesariamente contribuyó de manera importante a sus objetivos. Aproximadamente 80% del financiamiento se destinaron a la creación y fortalecimiento de infraestructura y sólo el 8% se usó para la investigación científica. Aún más, el 12% de los proyectos financiados con FOMIX fueron ejercidos en un estado distinto al de la convocatoria y el monto promedio de financiamiento de los fondos que se quedaron en su estado fue de 2.2 millones de pesos mientras que el financiamiento promedio de los proyectos que se ejercieron en un estado distinto al de la convocatoria fue de 4.1 millones de pesos. Por otro lado, un análisis preliminar hecho por Conacyt, indica que del total de financiamiento a proyectos de investigación entre 2013 y 2018, sólo 15% de ellos se destinaron a abordar alguno de los problemas sustanciales aquí descritos. Por otra parte, en 2016 el 31.9% del GFIDE por objetivo socioeconómico fue destinado al avance general del conocimiento con FGU. Objetivos prioritarios como salud y ambiente reciben menos recursos, 6.2% y 7.7%, respectivamente. Por otra parte, en el caso de la energía, producción tecnológica industrial, exploración y explotación de la tierra, la participación fue de 16.3%, 7.7% y 4.9%, respectivamente. En la distribución del GFIDE de 2017, no se observó un incremento del gasto en estos objetivos. De hecho, en el tema ambiental se observó una disminución pasando de 4,431 a 3,698 millones de pesos (una reducción nominal de casi 17%). Lo anterior muestra que esta clasificación del gasto no se encuentra alineada con los problemas prioritarios del país. Existe potencial para atender los problemas prioritarios de México. Aún con el apoyo insuficiente que han recibido en años anteriores la comunidad científica y los alumnos de posgrado en el país, México cuenta con científicos y programas de posgrado de calidad para abordar los temas prioritarios. Entre 2013 y 2018, 7% de los investigadores miembros del SNI recibieron algún apoyo para trabajar en alguna de las áreas prioritarias identificadas en este diagnóstico. Por su parte, 16% de los catedráticos es decir los investigadores más jóvenes recibieron financiamiento para trabajar en alguna de esas áreas prioritarias. Lo anterior sugiere que, con el apoyo adecuado, los incentivos correctos y una buena articulación social para abordar los temas clave en el país, la política pública de CTI puede contribuir de manera importante en la solución de los problemas más apremiantes de México. Sin embargo, existe una desarticulación del sector científico con la atención a los problemas prioritarios del país, principalmente por la falta de andamiajes de colaboración y convergencia entre la comunidad académica y tecnológica, así como, la falta de mecanismos de vinculación y diálogo con la gran diversidad de saberes y experiencias que han reunido los sectores sociales, público y privado, en cada una de las problemáticas que afectan el bienestar de la población y del ambiente. La principal consecuencia de esta desarticulación es que no permite la atención urgente y el desarrollo de soluciones integrales, profundas y amplias a las problemáticas que más afectan a la población y al ambiente. Por lo antes mencionado, es claro que México no ha aprovechado el talento de la comunidad científica como una herramienta clave para encontrar soluciones a las problemáticas nacionales. Tampoco ha hecho esfuerzos suficientes por articular a la comunidad científica con los sectores que pueden ayudar a resolver los problemas prioritarios en cada temática. Es urgente revertir esta situación, incrementando la inversión en proyectos investigación orientados a entender y desarrollar soluciones a problemas prioritarios, creando mecanismos efectivos de colaboración entre los distintos sectores y haciendo uso eficiente de toda la capacidad científica del país para atender los retos nacionales. Solo con la participación de la comunidad científica y los sectores sociales, público y privado, se podrá encontrar soluciones efectivas a los problemas prioritarios nacionales, soluciones que permitan reducir la desigualdad, mejorar la salud de la población, la calidad y acceso al agua, reducción de contaminantes, cuidado del medio ambiente, entre tantos otros problemas prioritarios. Futuro La nueva política de CTI en México dará un impulso sin precedentes al desarrollo de una ciencia y tecnología al servicio de la sociedad, la riqueza biocultural y el ambiente. Se apoyarán proyectos de investigación que aborden los problemas prioritarios nacionales, en su complejidad estructural y dinámica, no sólo para comprender sus determinaciones múltiples y heterogéneas, sino para proponer, generar y/o acompañar la realización de acciones concretas y bien estructuradas que incidan en las causas de los problemas y en sus dinámicas de reproducción. Para ello, se crearán mecanismos de colaboración directa y corresponsable entre la comunidad de científicos, humanistas y tecnólogos con los sectores sociales, público y privado, pues de otro modo no sería posible atender ninguna problemática de escala nacional con efectividad, justicia y responsabilidad social. 6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Articular las capacidades de CTI asegurando que el conocimiento científico se traduzca en soluciones sustentables a través del desarrollo tecnológico e innovación fomentando la independencia tecnológica en favor del beneficio social, el cuidado ambiental, la riqueza biocultural y los bienes comunes. Contexto La tecnología es reconocida como el conjunto de sistemas, métodos, procesos, habilidades y capacidades prácticas que, en forma de herramientas, máquinas o procedimientos técnicos, permiten la articulación del conocimiento científico con el bienestar o la satisfacción de necesidades. La tecnología constituye la traducción de un conocimiento (saber) en una actividad (saber hacer). Así, a partir de una serie de conocimientos, se construye una forma de producción, comunicación, o herramientas que contribuyen al bienestar social. En los países de mayor avance socioeconómico, el desarrollo tecnológico se realiza fundamentalmente por grupos de investigación, liderados por miembros de la comunidad científica dentro de los sectores industrial y empresarial; sin embargo, en México se implementaron incentivos que priorizaron el desarrollo científico desarticulado de la vida productiva (factor determinante de la derrama social), dejando de lado la conformación de empresas de base científica y tecnológica, del desarrollo de proyectos científicos con perspectiva de impacto económico y socioambiental y de la generación de patentes que atiendan necesidades de la sociedad.
Estado actual El patrimonio tecnológico de México se genera a través de entidades privadas, instituciones de educación superior y centros de investigación (públicos y privados) y muy poco directamente por la Administración Pública Federal. Cabe resaltar que, como se refiere en la gráfica 1, para muchas entidades extranjeras es importante generar protección industrial en el país. Los desarrollos patentados por extranjeros no se realizan en el país, fortaleciendo la creación de capacidades en universidades, centros y empresas ubicadas en el extranjero. Más aún, según el IMPI, la mayor parte de las patentes que se protegen (95%), están ligadas a un inmediato impacto comercial, pues la mayoría provienen de empresas globales que no necesariamente generan bienestar social en el país. En contraste, sólo el 1.5% de las patentes concedidas en México se generan en entidades mexicanas con presencia comercial local. De esta forma, el objetivo de generar, presentar y obtener patentes de mexicanos y mexicanas en el país, no parece estar ligado con una articulación comercial inmediata o siquiera posible, mucho menos, con un enfoque en la generación de soluciones sustentables a problemas nacionales prioritarios. Las patentes mexicanas nacen parcialmente desarticuladas de las prioridades nacionales, los procesos productivos y comerciales del país. Según datos del reporte 2016 del SIICYT, con datos del IMPI, las 5 instituciones nacionales con mayor número de patentes concedidas para el período 1993-2016 (175 en total) son instituciones académicas o de investigación (Tabla 1). Sin embargo, no existe información sobre su articulación productiva y comercial. Un ejemplo claro de falta de vinculación efectiva con un enfoque de impacto social se observa en el Programa de Estímulos a la Innovación de Conacyt, que durante el periodo de 2013-2018, lideró la vinculación empresarial en el desarrollo de tecnología e innovación en el país. En este mismo periodo, México ganó 7 lugares en inversión en innovación y, al mismo tiempo, perdió 16 lugares en eficiencia, según el Índice Global de Innovación medido por la OMPI. Este programa priorizaba un modelo de vinculación basado en la Triple Hélice (Gobierno-Academia-Industria), desvinculando la importancia de la ciencia básica como generador primario de la cadena de conocimiento aplicado y a la Sociedad como el receptor final de los beneficios. Tabla 1. Principales titulares de patentes nacionales (2016)
Fuente: IMPI, "IMPI en cifras 2017, Cifras 1993-enero/diciembre 2016. Futuro
Asimismo, con base en el desarrollo tecnológico promovido con este modelo, se apoyará la generación de cadenas de valor industrial considerando los ciclos de vida completa de los productos y soluciones tecnológicas, desde su extracción y procesamiento de materias primas, el procesamiento-construcción, instalación y mantenimiento, hasta su reciclado. Se privilegiará la formación de cadenas de valor con alto contenido nacional. En prospectiva se contempla la incorporación creciente de maestros y doctores como líderes de ciencia y tecnología dentro del sector productivo nacional, así como la generación de empresas de base tecnológica creadas por científicos y enfocadas en maximizar el uso eficiente del conocimiento creado o desarrollado en México, con beneficio social y productivo, orientadas siempre al bienestar y la sustentabilidad. Por otra parte, para reducir la brecha entre la productividad científica y tecnológica de nuestro país, es indispensable el mapeo de la comunidad de tecnólogos e innovadores que se encuentran distribuidos dentro y fuera de México y del cual no existe información crítica de su número, ubicación y adscripción, así como la proporción de hombres y mujeres. Eso permitirá lograr una mejor articulación entre los diferentes actores. Otra pieza clave será la integración del sistema de instituciones tecnológicas y politécnicas del país, que engloba una serie de recursos en infraestructura y en desarrollo de talento orientado de origen al desarrollo tecnológico y la innovación. Adicionalmente, se promoverá la creación de regulaciones y otras herramientas adecuadas que detonen un sistema de registro de propiedad intelectual en México, que distinga entre tecnología desarrollada dentro y fuera del país, por mexicanos y extranjeros, asegurando que las derramas de beneficio social se queden en el país, así como también para promover la incorporación de tecnología al sector productivo, amigable con el ambiente y respetuosa de la riqueza biocultural nacional. A partir del marco conceptual antes descrito en el modelo pentahélice y conforme a lo señalado en sentido estricto en el PND 2019-2024, se desarrollará el Plan Nacional de Innovación con base a un Sistema Nacional que lo articule, impulsando el bienestar social y el cuidado del ambiente a través de la Innovación abierta con enfoque en las prioridades nacionales, siempre involucrando a los grupos sociales representativos de la localidad, al gobierno, al sector productivo y a la academia para generar desarrollo sustentable. La pentahélice opera de manera horizontal y equitativa desde su concepción y, por lo tanto, es incluyente. En este sistema se incentivará el desarrollo de tecnología disruptiva, avanzada e intermedia, así como soluciones tecnológicas y técnicas. También se impulsará el rescate de tecnologías ancestrales con miras a generar un marco más equilibrado de desarrollo y su adaptación a zonas, comunidades y nichos en los que sea necesaria para fines de bienestar. El cambio de estrategia proviene de reconocer e incentivar no sólo la actividad de desarrollo de tecnología, sino de su formalización, documentación, articulación productiva y absorción o apropiación de la comunidad beneficiaria. En el camino de esta transformación se formará una nueva generación de tecnólogos e innovadores, orientados y apoyados para esa función. Calificaremos de manera adecuada la contribución tecnológica contemplando la relación con la utilización práctica, productiva, generadora de bienestar, de la búsqueda central de la tecnología. Es necesario percibir al desarrollo de tecnología como una lógica de formación y entrenamiento de grupos multi e interdisciplinarios que se dediquen a la creación de procesos, servicios, productos, métodos y sistemas, considerados como prioritarios. En resumen, se promoverá la maduración de tecnologías nacionales desarrolladas en favor del avance del conocimiento, el bienestar social y cuidado ambiental, que contribuyan a la generación de nuestra independencia tecnológica. Con base en lo anterior, se considera que el modelo propuesto de pentahélice serán un impulsor de bienestar ya que, al generar productos, procesos, y/o servicios; útiles y valiosos para la sociedad con un componente de innovación, se contribuirá con la reducción de la desigualdad, la generación de empleos mejor remunerados, especializados y de mayor duración para profesionales, de la comunidad técnica y científica. 6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Garantizar los mecanismos de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico y sus beneficios, a todos los sectores de la población, particularmente a los grupos subrepresentados como base del bienestar social. Contexto En México existe una brecha abismal en el acceso al conocimiento. Esto inicia desde etapas muy básicas, como la comprensión de lectura, y de manera natural se extiende a conceptos más complejos indispensables para valorar y comprender los mecanismos que generan nuevos conocimientos científicos. Esto dificulta que la ciencia sea vista como una vía para solucionar problemáticas sociales y ambientales que se dan en las diferentes regiones del país. A pesar de que en el país se invierte en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, el conocimiento nuevo generado, pocas veces permea a la gran parte de la población. Es indispensable coordinar estrategias para lograr un alcance universal del acceso al conocimiento. Estado actual Algunos datos que ilustran esta problemática, resultado de la falta de políticas públicas que impulsen de manera efectiva el acceso universal al conocimiento, son los resultados de la ENPECYT 2017 que se realiza a personas de 18 años y más. Estos datos muestran que existe un bajo interés de la población por temas relacionados a la CTI. Por ejemplo, solo el 36% de la población en áreas urbanas señaló tener un interés muy grande o grande por los nuevos inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico. Aunque el nivel de interés por cuestiones ambientales sí alcanza a la mitad de la población (49% declaró tener un interés muy grande o grande en temas de contaminación ambiental), solo el 24% mencionó contar con un nivel de información muy bueno o bueno sobre nuevos inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico, y poco más de la tercera parte de la población (37%) reportó haber realizado alguna consulta relacionada con ciencia y tecnología en cualquier medio de comunicación (12). Además, menos del 1% de los estudiantes mexicanos logran alcanzar niveles de competencia de excelencia en la prueba de Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés). El rendimiento de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA para el área de lectura fue de 423 puntos, 70 puntos por debajo del promedio de la OCDE. En promedio, cerca del 20% de los estudiantes de países de la OCDE no alcanzan el nivel mínimo de competencias en lectura. En México, 42% de los estudiantes no llega a este nivel y la cifra no ha variado desde 2009. En el caso de matemáticas, uno de cada cuatro estudiantes de países de la OCDE no alcanza el nivel básico de competencia. En México, 57% de los estudiantes no alcanzan este nivel y la cifra promedio ha permanecido estable desde 2003. Por otro lado, el reporte Panorama de Salud 2019 indica que México tiene la tasa más alta de sobrepeso y obesidad entre los países miembros de la OCDE, sobrepasando por casi 22 puntos la media de 55.6% de esos países. Por otro lado, se estima que hasta el 15% de los adultos en el país tienen diabetes, un porcentaje que es más del doble del promedio de los países de la OCDE, que es de 7%. Está ampliamente documentado que la principal causa de la epidemia de obesidad en Latinoamérica, es el consumo excesivo de alimentos ultra procesados donde, con un poco más de 4 kg de consumo per cápita a la semana México lidera el consumo de estos productos en la región. Los especialistas coinciden en que entre un 30% y un 40% del factor de riesgo para padecer obesidad se explica por causas genéticas, mientras que entre el 60% y el 70% se debe a factores relativos al estilo de vida, donde la alimentación, la actividad física, el acceso a información científica sobre salud e higiene alimentaria, la cultura y el entorno social, entre otras, juegan un rol determinante. Futuro Por lo anterior, es indispensable coordinar estrategias que contribuyan a lograr el acceso universal al conocimiento y sus beneficios. Para lograrlo, es fundamental tomar en cuenta la alta diversidad del país en el que vivimos. Diferentes regiones implican climas distintos, vegetación distinta, culturas distintas. Para lograr que los avances científicos resulten en el bienestar social es necesario tomar en cuenta estas diferencias. El involucramiento de amplios sectores de la sociedad en la construcción, el impulso y el aprovechamiento de las ciencias y las tecnologías debe promover aspectos esenciales del bienestar, como la salud, la educación, la vivienda, el manejo responsable del ambiente, el uso y aprovechamiento de la información. Según la Organización Mundial de la Salud, la "alfabetización sanitaria" es un concepto que define las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los individuos para acceder a la información, comprenderla y utilizarla, para promover y mantener una buena salud. Ello implica alcanzar un nivel de conocimientos y habilidades que tengan como consecuencia la adopción de medidas tendientes a mejorar la salud personal, familiar y de la comunidad, mediante el cambio de estilos de vida. El establecimiento de políticas públicas comprometidas con un proceso continuo de alfabetización sanitaria, implica un abordaje complejo de estrategias de acceso universal al conocimiento y sus beneficios, donde los individuos no solamente se informan sino que adquieren las habilidades necesarias para continuar obteniendo información que les permita tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades de salud (ciclo de vida, condiciones de salud, entre otras) y de los suyos, como una manera de ejercitar las formas en que opera la ciencia aplicada a la resolución de problemas cotidianos, con base en el pensamiento crítico. El fomento de las vocaciones científicas es una forma de lograr un mayor involucramiento de la sociedad en el acceso al conocimiento. Los programas y planes para atraer a las y los estudiantes a seguir carreras científicas tienen que fortalecerse. Esto va de la mano con la mejora de la enseñanza de las matemáticas y la promoción del pensamiento crítico entre las y los jóvenes. Para tener un mayor alcance es indispensable explorar nuevas formas de comunicación, así como fortalecer los medios tradicionales. Para esto es importante tomar en cuenta el origen multicultural y multilingüe de nuestro país. No es suficiente con garantizar el acceso al conocimiento. Es necesario promover estrategias para que la población se apropie de éste y lo pueda usar en su vida cotidiana, tanto para resolver problemas prácticos, como para la toma de decisiones. El acceso universal al conocimiento propicia sociedades más democráticas. Mediante el fomento al acceso universal del conocimiento se contribuye a la solución del problema público de falta de acceso y aprovechamiento diferenciado (no equitativo) de la población a los beneficios o efectos de la ciencia, la tecnología y la innovación en su bienestar. 6.6.- Relevancia del Objetivo prioritario 6: Articular la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, IES y centros de investigación, para optimizar y potenciar el aprovechamiento y reutilización de datos e información sustantiva y garantizar la implementación de políticas públicas con base científica en beneficio de la población. Contexto En años pasados y hasta la actualidad, las instituciones de gobierno y la academia han generado conocimiento y experiencia de gran valor, sin embargo, este no ha incidido en la mejora de las bases de la política pública mexicana. La construcción de política pública en las diferentes dimensiones de la sociedad y problemas del país, no se ha beneficiado de una coordinación ni de una colaboración entre la comunidad académica, las instituciones de ciencia y tecnología, y las instituciones de gobierno en sus diferentes niveles. Estado actual Las instituciones gubernamentales suelen tener fondos y plazos de acción restringidos, y sus capacidades técnicas son reducidas comparadas con las operativas, lo que afecta tanto la generación de datos como la capacidad de análisis de información, sin que ello permita la elaboración de una política pública fundamentada en un conocimiento amplio y crítico. La investigación desarrollada en instituciones de educación superior y centros de investigación concentra amplios recursos, así como grandes bases de datos, que en su conjunto se nutren de redes de especialistas y reflejan diversos enfoques complementarios, que les otorgan un alto potencial para abordar las problemáticas del país desde su complejidad y, de esta forma, para que la política pública se base en evidencias. Asimismo, al no relacionar las diferentes áreas del conocimiento y formar debates científicos abiertos, así como permitir, por medio de la apertura de los datos, que se involucren más actores de la sociedad civil, estos conocimientos son desaprovechados para la formulación de políticas públicas. La comunidad científica ha mostrado pocos mecanismos de coordinación a nivel nacional que contribuyan a conjuntar y potenciar los conocimientos producidos en una sola dirección y que permitan el mejor aprovechamiento en la solución de los problemas prioritarios del país. Como consecuencia de la baja coordinación entre instituciones tanto académicas como gubernamentales, el riesgo de duplicidad de investigaciones y procesos con objetivos y enfoques similares pero desarticulados, es un riesgo real. De la misma manera, en este contexto, la inversión en infraestructura para el procesamiento de información, su análisis o divulgación no alcanza el mejor uso, rendimiento y durabilidad. Esta desarticulación resulta también en la poca trazabilidad del conocimiento, y la dificultad de identificar las investigaciones y sus resultados para poderlas relacionar y encausar hacia el bien colectivo a través de la toma de decisiones. En este contexto, no existen mecanismos sólidos, claros y duraderos, con los adecuados incentivos para que los diferentes sectores productores de conocimiento nutran el ciclo de la elaboración de políticas, ni para que las instituciones de gobierno puedan expresar necesidades específicas y participar en la creación de temas de investigación y análisis de temas estratégicos. Las necesidades del Estado en materia de CTI han sido poco documentadas. Por un lado, se considera que el sector privado y las instituciones paraestatales son las que más podrían beneficiarse de los productos del sector, y que, salvo por trabajos de consultoría, la comunidad de CTI ha de ocuparse de problemas de frontera que poco tienen que ver con la vida social del país. Muestra de esto es que en los tres años de la convocatoria titulada "Atención a Problemas Nacionales", en este sentido, de 2015 a 2017, sólo el 28% de las propuestas postuladas al Conacyt(13) mencionan a alguna secretaría de Estado o gobiernos estatales o municipales como beneficiarios finales de las investigaciones o colaboradores. Por otro lado, con la aplicación de la política en ciencia y tecnologia que se ha venido implementando en México, las empresas privadas se impusieron como proveedoras de la innovación y la investigación para el Estado, lo que llevó al desmantelamiento y el uso poco eficiente de fondos mixtos que habían sido creados para este efecto. Por estas razones, las necesidades a corto y mediano plazo que el Estado, incluyendo los tres niveles de gobierno y los tres poderes, tienen en materia de investigación e innovación, no son del conocimiento de la comunidad de CTI, lo que conlleva al desaprovechamiento de las habilidades altamente especializadas, las valiosas experiencias de los científicos, tecnólogos y humanistas del país. Solo manteniendo un contacto constante a nivel técnico y operativo entre la comunidad de CTI y los órganos del Estado se podrá lograr un óptimo aprovechamiento del conocimiento y las competencias existentes, así como de la infraestructura técnica que, para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, ha financiado el mismo Estado. Los sistemas informáticos que concentran la información sobre el estado del sector de CTI están enfocados a la operación de los distintos programas del sector. Por ello, se cuenta con una gran variedad de sistemas dirigidos a aplicaciones distintas, dificultando la recopilación de la información con fines de evaluación y de planeación. Esto ha resultado en una constante disminución de la eficiencia de los mecanismos de evaluación y planeación. Un factor importante que ha llevado a este estado es la falta de un análisis riguroso de los procesos que ocurren dentro de las instituciones del sector, así como la incorporación de este análisis para el diseño de sistemas de uso general e interconectables. En materia de interoperabilidad de datos y documentos, existe una gran desarticulación y duplicidad de esfuerzos a lo largo y ancho de la administración pública federal, y del sector de CTI. Distintas entidades de gobierno y diversos grupos de investigación han generado repositorios de distintos tipos y con múltiples enfoques. Si bien estos han servido para mantener un registro duradero y publicable de documentos y datos, la falta de coordinación los ha convertido en sitios aislados de información, resultando imposible para el ciudadano o diversas autoridades, hacer búsquedas en dichos acervos en los que se abarque la totalidad de los citados repositorios. A la falta de coordinación interinstitucional, se suma también la práctica de desestimar la definición y operación de los diversos repositorios. Esto ha ido acompañado de un dispendio importante, así como de una dispersión del conocimiento que resulta en duplicidades innecesarias de esfuerzos. En el caso particular de la comunidad de CTI, esto ha tenido como consecuencia una lenta aplicación de las técnicas computacionales en las diversas ramas de la ciencia, lo que a su vez implica una menor reutilización de los datos producidos por investigadores experimentales y de campo, nacionales. La consecuencia es que México se encuentra en desventaja con otros países, donde los productos crudos del quehacer científico se divulgan exitosamente, permitiendo su reutilización y ayudando a la ciencia y a la tecnología a avanzar a pasos más grandes. Futuro Por lo anterior, es fundamental impulsar estrategias para articular la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y el sector de CTI, así como mecanismos que otorguen coherencia e interoperabilidad de la información y capacidades de las distintas instituciones, para optimizar y potenciar el aprovechamiento de datos e información sustantiva y garantizar la implementación de políticas públicas con base científica. El aprovechamiento de datos originados o recopilados por el sector hacia la toma de decisiones y a su vez el uso de los datos producidos a través de los procesos políticos e institucionales, permitirán fortalecer los resultados de la ciencia y tecnología y dirigirlo hacia el bien común. El aprovechamiento mutuo de la investigación, de la ciencia y tecnología en el ejercicio político y en la satisfacción de las necesidades del país, asegurará un entendimiento más completo, integral y atento a la diversidad, tanto de los problemas que acechan el país, como de las soluciones. Asimismo, la articulación de las capacidades expertas, materiales, informáticas, y de las grandes bases de datos sobre temas estratégicos, potenciará el impacto social del conocimiento en el bienestar de la población. 7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales El sector de ciencia, tecnología e innovación se ha planteado la tarea fundamental de su renovación y reestructuración para la construcción de soluciones robustas y sustentables para los problemas más graves que el país enfrenta. Las Estrategias prioritarias y Acciones puntuales que aquí se presentan, son la base de la nueva articulación entre el gobierno, empresas, academia, ambiente y sociedad en aras de la solución de problemas que reduzcan la marginación, la pobreza en el país y con énfasis en el combate a la desigualdad. Objetivo prioritario 1.- Promover la formación y actualización de especialistas de alto nivel en investigación científica, humanística, tecnológica y socioeconómica que aporten a la construcción de una bioseguridad integral para la solución de problemas prioritarios nacionales, incluyendo el cambio climático y así aportar al bienestar social. Estrategia prioritaria 1.1 Incrementar el presupuesto federal de Becas Nacionales y al Extranjero en una proporción adecuada que permita atender la demanda creciente de estudiantes de posgrado y superar la tendencia histórica para alcanzar al menos 1.5 de investigadores por cada 1000 habitantes de la PEA.
Estrategia prioritaria 1.2 Fortalecer e incrementar la formación en campos prioritarios del conocimiento científico, social y humanístico necesarios para alcanzar la independencia científica y tecnológica del país y aquellos campos en los que el país tiene posición de liderazgo a nivel internacional.
Estrategia prioritaria 1.3 Orientar la formación humanística, científica y tecnológica a la resolución de problemas prioritarios del país en materia educativa, de salud, alimentación, vivienda, seguridad y protección de la riqueza biocultural y el cuidado del ambiente y para enfrentar el cambio climático, de acuerdo con las prioridades establecidas por el PND 2019-2024.
Estrategia prioritaria 1.4 Reducir las brechas y las desigualdades regionales, de género y favorecer la inclusión y el acceso a la educación superior, los beneficios de la ciencia y la tecnología para alcanzar condiciones de equidad, justicia, desarrollo sustentable y bienestar de las mayorías del país.
Estrategia prioritaria 1.5 Promover la formación y actualización de especialistas de alto nivel en investigación científica, humanística, tecnológica y socioeconómica que aporten a la construcción de una bioseguridad integral para la solución de problemas prioritarios nacionales y así aportar al bienestar social.
Objetivo prioritario 2.- Alcanzar una mayor independencia científica y tecnológica, así como de posiciones de liderazgo mundial, a través del fortalecimiento y la consolidación tanto de las capacidades para generar conocimientos científicos de frontera, como de la infraestructura científica y tecnológica, en beneficio de la población. Estrategia prioritaria 2.1 Incrementar las capacidades de la comunidad científica mexicana para la generación de conocimientos de frontera con potencial de impacto en el bienestar social, la protección ambiental, de la diversidad biocultural y de los bienes comunes.
Estrategia prioritaria 2.2 Consolidar la rectoría del Estado en su función de agente articulador de las capacidades de Ciencia, Humanidades y Tecnologías de punta y disruptivas, para colocar al país a la vanguardia en el ámbito científico.
Estrategia prioritaria 2.3 Diseñar políticas públicas en CTI, diferenciadas según las realidades de cada estado y región, que disminuyan las brechas de desigualdad existentes en la comunidad científica del país.
Estrategia prioritaria 2.4 Posicionar a México en la arquitectura internacional por medio de medidas de cooperación internacional en materia científica, tecnológica y de innovación que atiendan a las prioridades nacionales.
Estrategia prioritaria 2.5 Fomentar medidas de cooperación internacional para impulsar la creación de ciencia de frontera orientados al desarrollo tecnológico e innovación, bajo una perspectiva de respeto de los derechos humanos, de la protección de la riqueza biocultural, del cuidado ambiental y de los bienes comunes.
Estrategia prioritaria 2.6 Fomentar la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología, en un marco de bioseguridad integral, así como el fortalecimiento de las capacidades y la infraestructura en la materia para propiciar el goce social de los beneficios de la ciencia y de sus aplicaciones.
Objetivo prioritario 3.- Articular a los sectores científico, público, privado y social en la producción de conocimiento humanístico, científico y tecnológico, para solucionar problemas prioritarios del país con una visión multidisciplinaria, multisectorial, de sistemas complejos y de bioseguridad integral. Estrategia prioritaria 3.1 Vincular a las instituciones del sistema nacional de salud con académicos, autoridades estatales, iniciativa privada, agentes comunitarios y organizaciones sociales para resolver problemas prioritarios en la materia.
Estrategia prioritaria 3.2 Generar mecanismos de vinculación entre los actores del SNCTI involucrados en temas ambientales y de cambio climático, incluidos agentes comunitarios y organizaciones sociales, para resolver los problemas prioritarios en la materia.
Estrategia prioritaria 3.3 Generar mecanismos de vinculación entre los actores del SNCTI involucrados en temas energéticos y de sustentabilidad, incluidos agentes comunitarios y organizaciones sociales, para resolver los problemas prioritarios en la materia.
Estrategia prioritaria 3.4 Generar mecanismos de vinculación entre los actores del SNCTI involucrados en temas sociales, incluidos agentes comunitarios y organizaciones de la sociedad, para resolver los problemas prioritarios en la materia.
Estrategia prioritaria 3.5 Generar mecanismos de vinculación entre los actores del SNCTI involucrados en temas de educación y cultura, incluidos agentes comunitarios y organizaciones sociales, para resolver los problemas prioritarios en la materia.
Estrategia prioritaria 3.6 Vincular a los actores del SNCTI involucrados en temas alimentarios, incluidos agentes comunitarios y organizaciones sociales, para resolver los problemas prioritarios en la materia.
Estrategia prioritaria 3.7 Vincular a los actores del SNCTI involucrados en la prevención de riesgos y desastres naturales, incluidos agentes comunitarios y organizaciones sociales, para resolver los problemas prioritarios en la materia.
Objetivo prioritario 4.- Articular las capacidades de CTI asegurando que el conocimiento científico se traduzca en soluciones sustentables a través del desarrollo tecnológico e innovación fomentando la independencia tecnológica en favor del beneficio social, el cuidado ambiental, la riqueza biocultural y los bienes comunes. Estrategia prioritaria 4.1 Elaborar un ecosistema que identifique e integre a los diferentes actores de desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país para fomentar la independencia tecnológica en favor de la sociedad y el ambiente.
Estrategia prioritaria 4.2 Desarrollar el Plan Nacional de Innovación con base en un Sistema Nacional que vincule el ecosistema de innovación abierta con las prioridades nacionales.
Estrategia prioritaria 4.3 Impulsar la creación de normatividad y otras herramientas que aseguren que los dividendos generados a través de la aplicación del conocimiento se quede en el país, y que la incorporación de tecnología al sector productivo, sea amigable con el ambiente y respetuosa de la riqueza biocultural.
Estrategia prioritaria 4.4 Dirigir los esfuerzos del desarrollo regional, basados en conocimientos científicos y humanísticos, para la solución de los problemas nacionales, a través del desarrollo tecnológico y de innovación, bajo un respeto irrestricto de la riqueza biocultural, el ambiente y los bienes comunes.
Estrategia prioritaria 4.5 Impulsar biotecnologías pertinentes y contextualizadas a las condiciones sociales, ecológicas, económicas y culturales del país, bajo principios de prevención, protección y precaución para mejorar las condiciones de vida de las personas, sin comprometer la supervivencia de las futuras generaciones.
Objetivo prioritario 5.- Garantizar los mecanismos de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico y sus beneficios, a todos los sectores de la población, particularmente a los grupos subrepresentados como base del bienestar social. Estrategia prioritaria 5.1 Atender el rezago en el acceso universal al conocimiento de las ciencias, las humanidades y las tecnologías, y sus beneficios en la ciudadanía para alentar su arraigo y uso cotidiano.
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